Un sistema alimentario fallido

Frente a la creciente inflación alimentaria, los gobiernos de todo el mundo se apresuran para encontrar mecanismos que amortigüen sus impactos sociales y económicos. Ante una población legítimamente indignada por el hecho de que los precios de los productos alimenticios hayan aumentado mucho más rápido que los ingresos. El pasado mes de mayo, el gobierno británico sugirió la adopción de límites máximos voluntarios sobre los precios de los alimentos esenciales. Los ejecutivos de los supermercados respondieron con su habitual buena voluntad. Uno describió la política como “una locura total”, mientras que otro la calificó de “intervención innecesaria, no deseada e injustificada en el mercado”.

En toda Europa, a medida que la inflación de los alimentos ha ido acelerándose desde la pandemia, han proliferado iniciativas similares (véase el artículo de Carolina Alves). Algunos países, como Francia y Grecia, se centraron en la colaboración voluntaria de los minoristas. Otros fueron más allá, imponiendo límites a precios específicos (Hungría) u ofreciendo recortes de impuestos a cambio de reducciones en los precios (España). Al otro lado del Atlántico, la inflación de los alimentos también ha impulsado a los gobiernos a actuar. El gobierno de México ha negociado con los supermercados para establecer una canasta de alimentos básicos a precio fijo. En Brasil, el gobierno de Lula ha tomado la medida menos eficaz de manipular las tasas impositivas sobre algunos productos específicos—se abstuvo de tomar medidas más audaces después de que los vigilantes neoliberales sembraran el pánico al afirmar que los controles estratégicos de precios provocarían escasez. Y en la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani ha comenzado a cumplir su promesa de campaña que consiste en poner en marcha tiendas de abarrotes públicas.

El debate sobre métodos alternativos para garantizar el acceso a los alimentos es bienvenido. Si bien a los economistas convencionales les gusta afirmar que los bancos centrales, que se enfocan en metas de inflación, tienen la situación bajo control, la crisis de asequibilidad está generando que cada vez más políticos rompan con la ortodoxia neoliberal. Existen razones históricas para su preocupación. La Primavera Árabe de la década de 2010 fue impulsada, al menos en parte, por la inflación de los alimentos. Y como este, han habido innumerables episodios en los que un aumento en los precios de los alimentos, percibido como una afrenta a la economía moral compartida, ha llevado a la población a rebelarse.

Sin embargo, esta continuidad histórica también puede resultar engañosa, ya que oculta la singularidad del actual régimen alimentario mundial, el cual determina la variedad de productos en los estantes de los supermercados, así como sus precios. Si bien los picos de inflación alimentaria no son algo sin precedentes, podría decirse que se han vuelto más comunes y pronunciados, ya que este régimen alimentario en particular ha demostrado ser inadecuado para la tarea de alimentar al mundo—especialmente en el contexto de las crisis provocadas por la alteración climática.

Se espera que, en los próximos meses, la combinación de la interrupción en el suministro de petróleo y fertilizantes—debido al cierre del Estrecho de Ormuz—y un fenómeno de El Niño particularmente «intenso”, lleve los precios de los alimentos al alza. El proceso de fortalecer la capacidad estatal para hacer frente a tales crisis—mediante reservas de seguridad, minoristas públicos o políticas fiscales—ya está en marcha, acompañado de un análisis crítico más intenso de la dinámica del propio régimen alimentario. La pregunta es si esas medidas de emergencia podrían crear las condiciones para transformar el abastecimiento mundial de alimentos o si su único propósito es hacer frente a la crisis más reciente. Un esbozo de los orígenes históricos del régimen alimentario mundial nos ayudará a comprender la magnitud del desafío actual y las condiciones para superarlo.

Una avalancha de granos

Desde 1989, la investigación sobre cómo el capitalismo reestructuró la producción mundial de alimentos se ha centrado en el concepto de “régimen alimentario”. Ese año, Harriet Friedmann y Philip McMichael publicaron un artículo pionero que se basaba tanto en la escuela francesa de regulación como en la teoría de los sistemas mundiales, con el objetivo de vincular “las relaciones internacionales de producción y consumo de alimentos con las formas de acumulación, distinguiendo a grandes rasgos los períodos de transformación capitalista desde 1870”. 

La noción de un “régimen” alimentario se inspiró, por lo tanto, en el concepto regulacionista de un “régimen” de acumulación. Friedmann y McMichael identificaron dos regímenes alimentarios, cada uno relacionado con una potencia hegemónica mundial diferente. El primero, bajo la hegemonía británica, duró de 1870 a 1914, mientras que el segundo, bajo la hegemonía estadounidense, se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Investigaciones posteriores han especulado sobre si actualmente vivimos bajo un tercer régimen—una pregunta a la que volveremos más adelante.

Aunque el primer régimen alimentario se estableció hacia 1870, sus orígenes políticos e intelectuales pueden rastrearse hasta aproximadamente medio siglo antes, en el que destaca uno de los debates fundacionales de la economía política. Mientras David Ricardo y Thomas Malthus discutían sobre la determinación de la renta de la tierra y las ganancias en la década de 1810, el debate en Gran Bretaña se centró en los precios de los alimentos—con los terratenientes temiendo que el fin de las Guerras Napoleónicas provocara una caída en los precios de los cereales que redujera sus rentas. Esa inquietud estuvo detrás de la disputa en torno a las llamadas Leyes del Trigo, que resultaron ser una de las luchas políticas definitorias de la época, enfrentando a los terratenientes contra la burguesía industrial emergente.

En una serie de ensayos de 1815, los dos economistas expusieron sus puntos de vista opuestos sobre la controversia y, al mismo tiempo, perfeccionaron sus marcos conceptuales. Malthus se alineó con los terratenientes, abogando por restricciones a la importación de granos extranjeros, mientras que Ricardo defendió el libre comercio. “El interés del terrateniente siempre se opone al interés de todas las demás clases de la comunidad”, afirmó. (El ensayo de Ricardo no solo sentó las bases para su obra principal, que se publicaría unos años más tarde, sino que también incluyó su hipótesis sobre una caída a largo plazo de la tasa de ganancia, que sería retomada críticamente por Marx y que, con el tiempo, se convirtió en uno de los debates clave dentro del marxismo). Inicialmente, los terratenientes se impusieron y lograron establecer restricciones a la importación; sin embargo, las Leyes del Maíz fueron derogadas en la década de 1840, cuando el equilibrio del poder político se volvió en su contra.

La eliminación de las restricciones a la importación desencadenó la formación de lo que Friedmann denominó “el primer mercado regido por los precios en un medio esencial de subsistencia”: un mercado internacional, es decir, con precios mundiales para los alimentos. La consolidación de este mercado requeriría una infraestructura para transportar granos a largas distancias, la cual se implementó durante las décadas siguientes. Entre 1840 y 1880, el cultivo mundial de cereales aumentó un 50 por ciento, y la mitad de ese aumento tuvo lugar en América del Norte y Australia. Durante las tres décadas siguientes, el comercio internacional de productos primarios se triplicó. Solo las exportaciones de trigo de Estados Unidos a Europa “se multiplicaron por cuarenta” en la segunda mitad del siglo XIX. 

La subsistencia básica en Europa comenzó a depender, por primera vez en la historia, del comercio a larga distancia, es decir, de las importaciones de granos procedentes de los “estados colonizadores”: Estados Unidos, Canadá, Argentina, Australia y Nueva Zelanda. En palabras de Karl Polanyi, “una vez que las grandes inversiones destinadas a la construcción de barcos de vapor y ferrocarriles dieron sus frutos, (…) una avalancha de granos se abatió sobre la desdichada Europa”.

Este primer régimen alimentario fue un producto inequívoco de la implacable búsqueda de ganancias por parte del capital, que aprovechó las oportunidades generadas por un número cada vez mayor de trabajadores asalariados urbanos en Europa que necesitaban alimentarse. De esta manera, las ganancias obtenidas mediante la explotación de los trabajadores industriales, la inversión en ferrocarriles en todo el mundo y la compraventa de granos se basaban todas en este nuevo patrón de producción y consumo de alimentos. Los datos del PIB per cápita no son un indicador particularmente confiable para estos períodos. Pero resulta revelador que, según datos del Proyecto Maddison, el Reino Unido y los cinco estados coloniales que le suministraban granos se encontraban entre los ocho países del mundo con el PIB per cápita más alto en 1910; los otros dos eran Suiza y Bélgica.

Con el segundo régimen alimentario, en la segunda mitad del siglo XX, la dependencia de las importaciones de alimentos se globalizó. La creciente mecanización y el uso intensivo de insumos químicos en la agricultura industrial estadounidense, basándose en tendencias ya observables en el primer régimen, creó la necesidad de encontrar mercados para su sobreproducción de granos. La política exterior de “ayuda alimentaria” adoptada en este contexto alteró la producción nacional de alimentos en la periferia global, extendiendo la dependencia de las importaciones desde Europa a la mayor parte del mundo—una situación que se ha agravado aún más en las últimas décadas. Jennifer Clapp escribió en 2020 que: “los países menos desarrollados, como grupo eran exportadores netos de productos agrícolas en la década de 1960, pero ahora son importadores netos”.

En una tendencia parcialmente contraria, la Revolución Verde, “que llevó todo el paquete de semillas, agroquímicos, fertilizantes y maquinaria al mundo en desarrollo a gran escala durante las décadas de 1950 a 1980”, aumentó la producción en algunos países. Sin embargo, su consecuencia final fue incorporarlos al sistema alimentario global dominado por corporaciones extranjeras, desplazando a los agricultores mediante la concentración de la tierra y, al mismo tiempo, generando los mega-barrios marginales que simbolizaron los límites del “desarrollo” periférico. Finalmente, otro aspecto del segundo régimen alimentario fue vincular la agricultura industrial con el capital industrial a través de los productos de la primera, que cada vez abastecen más no a los consumidores finales, sino a las corporaciones de alimentos procesados. Esta fue otra tendencia más que se ha reforzado en las últimas décadas.

Un sistema vulnerable a las crisis

En la década de 2000, Friedmann y McMichael se separaron, al discrepar sobre la caracterización de un posible tercer régimen alimentario, lo que desencadenó un intenso debate en el campo. Uno de los temas cruciales fue el papel relativo de las corporaciones y los Estados tras el auge del neoliberalismo. En opinión de McMichael, en el tercer régimen—al que denominó “corporativo”— “los Estados se vuelven subordinados al capital (global) y siguen las ‘reglas’ impuestas por la ideología del mercado”. Las gigantescas corporaciones agroalimentarias, que cobraron importancia durante el segundo régimen, han ejercido un enorme poder sobre los sistemas alimentarios en los últimos años.

Sin embargo, tal vez la novedad de las últimas décadas no sea una disminución del poder del Estado, sino una reorientación deliberada de la acción estatal a favor del gran capital agroalimentario. En comparación con otras industrias, la producción de alimentos siempre ha estado relativamente más sujeta a regulaciones y políticas estatales, por diversas razones. Con el auge del neoliberalismo, esas regulaciones y políticas se utilizaron con mayor frecuencia para satisfacer las demandas de la gran industria agrícola que para limitarla.

Además, subyacentes a las transiciones de un régimen alimentario global a otro, se pueden identificar tendencias más prolongadas de integración global de la producción alimentaria, mercantilización del acceso a los alimentos y concentración corporativa en curso en todos los eslabones de la cadena de suministro alimentario, que se remontan a principios del siglo XIX. Como escribió Clapp, “los sucesivos regímenes alimentarios son, en parte, producto de los procesos de concentración de este sistema alimentario industrial global, y a su vez se superponen a ellos”. El régimen alimentario actual marca una culminación sin precedentes de estas tendencias, con todas sus fragilidades y rigideces, a lo largo de más de dos siglos.

Tomemos como ejemplo la dieta promedio. Solo los productos de arroz y trigo representan, en promedio, más de un tercio de todas las calorías diarias. Si se suman el maíz, la soya y los productos de origen animal, la proporción aumenta a alrededor del 60 por ciento. Con la mencionada globalización de la dependencia de las importaciones de alimentos, muchos países del Sur Global—y algunos europeos—importan más del 10 por ciento de su consumo total de granos. Los más vulnerables importan más de la mitad (a veces incluso tres cuartas partes) de su consumo. Para abastecerse de esos granos, solo pueden depender de unos pocos países.

En las últimas tres décadas, alrededor del 57 por ciento de todo el trigo (y el trigo mestizo) comercializado internacionalmente ha sido exportado por solo cinco países (Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Canadá y Australia). En el caso del arroz, la situación es aún más grave, ya que el 72 por ciento del total proviene de los cinco principales exportadores (India, Tailandia, Pakistán, Vietnam y Estados Unidos). Por último, en lo que respecta a la soya, los cinco principales (Brasil, Argentina, Paraguay, Estados Unidos y Canadá) representaron el 95 por ciento de todas las exportaciones. Incluso estos “graneros del mundo” no están exentos de la dependencia de las importaciones de alimentos. En Brasil, por ejemplo, la expansión masiva de las tierras dedicadas al cultivo de soya en las últimas dos décadas redujo la superficie dedicada al cultivo de alimentos básicos de la dieta local (como el arroz y los frijoles). El flagelo de la inflación interna de los alimentos afectó incluso a la superpotencia agrícola emergente.

La producción y distribución de esta dieta monótona, procedente de un puñado de países, está controlada por muy pocas corporaciones gigantes. Si bien en muchos casos la producción agrícola y la ganadería se delegan a una multitud de pequeños y medianos agricultores, su autonomía se ha visto severamente restringida por el carácter oligopolístico y oligopsonístico de los demás eslabones de la cadena de suministro. Dondequiera que se encuentren, los agricultores compran sus semillas, fertilizantes, pesticidas, tractores y equipo agrícola a unas pocas empresas—el oligopolio—y venden sus productos a unos pocos comerciantes gigantes—el oligopsonio. A su vez, los propios comerciantes venden los productos básicos a unos pocos fabricantes gigantes de alimentos, quienes disimulan la concentración abasteciendo a los supermercados con una variedad aparentemente amplia de productos alimenticios procesados, que no se distinguen mucho entre sí y que provienen todos de las mismas empresas.

Solo dos empresas controlan el 95 por ciento de la cuota de mercado de aves de cría, mientras que seis corporaciones representan el 60 por ciento del mercado del comercio y la molienda de cacao. El comercio de granos está notoriamente dominado por las empresas ABCD (ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus). Junto con COFCO, su competidor chino, representan el 90 por ciento del mercado. Estos son algunos casos destacados de una lista más amplia que incluye agroquímicos, equipo agrícola, comercio de plátanos y ventas de refrescos carbonatados. Como sostienen Clapp y sus colaboradores, estas empresas gigantes: “desempeñan un papel importante a la hora de determinar a qué alimentos pueden acceder las personas y cuáles pueden permitirse, la remuneración que reciben los productores al vender sus cosechas a las cadenas de suministro de alimentos, qué métodos de producción agrícola se emplean, las condiciones laborales de los trabajadores del sistema alimentario y las oportunidades que tienen los actores del sistema alimentario para participar en las políticas y la gobernanza.”

Se ha debatido si la reciente centralidad de China y Brasil en el régimen alimentario mundial, y el correspondiente auge de corporaciones de estos países—como COFCO y JBS—podrían desafiar la concentración imperante. Sin embargo, hasta ahora no ha sido así. Con la aparición de COFCO, por ejemplo, un oligopsonio de cuatro empresas se transformó en uno de cinco sin cambios significativos en las prácticas ni en las relaciones de poder dentro de las cadenas de suministro agroalimentarias.

Las concentraciones superpuestas—pocos cultivos producidos en unos pocos países, dentro de cadenas de suministro dominadas por unas pocas empresas—dan lugar a un sistema alimentario particularmente vulnerable a las crisis. Y estas crisis se han vuelto más comunes. El aumento de las tensiones geopolíticas ha afectado recientemente al sistema alimentario, interrumpiendo puntos clave de producción (Ucrania) y transporte (Mar Negro, Ormuz) en este sistema interconectado. Mientras tanto, el cambio climático aumenta el riesgo de sequías simultáneas en las regiones productoras, lo que amenaza aún más la seguridad alimentaria mundial. Un estudio de 2020 estimó que el riesgo de que se produzca un fallo simultáneo en múltiples cuencas de producción de cereales una vez en un período de diez años aumentará del 10 por ciento al 34 por ciento para 2050. Esto agravaría aún más la situación.

Según el Índice de Precios de los Alimentos publicado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), tras un episodio significativo de inflación alimentaria a principios de la década de 1970, los precios de los alimentos oscilaron en torno a un nivel relativamente estable durante las tres décadas siguientes. Sin embargo, desde mediados de la década de 2000, el mundo ha experimentado dos grandes crisis de precios de los alimentos: la primera coincidió con la crisis financiera mundial de 2008, mientras que la segunda comenzó durante la pandemia de COVID-19. La recuperación tras la crisis de finales de la década de 2000 fue modesta, manteniendo los precios significativamente por encima de su tendencia previa a la crisis. Y la combinación de la crisis de los fertilizantes con el “súper” El Niño pronosticado para este año, probablemente prolongará la crisis que comenzó con la pandemia. Como era de esperarse, las investigaciones han demostrado una y otra vez que los efectos de estas crisis son más graves en los países más pobres del Sur Global. Cuando surge la escasez, las economías más ricas utilizan sus mayores recursos para garantizar sus suministros, dejando que el resto se pelee por las migajas.

El sistema alimentario mundial no solo no garantiza un flujo estable de alimentos a precios accesibles, sino que además alimenta muchas de las tendencias estructurales que le impiden hacerlo. A través de su impacto ecológico, actúa como su propio sepulturero, tanto a nivel local como global. Los lectores de esta columna ya saben cómo la selva amazónica—un bioma fundamental para el clima del planeta—se ve amenazada por el complejo de la soja y la carne, un nodo clave del actual régimen alimentario. La deforestación impulsada por la ganadería y la soya termina afectando los patrones de lluvia de los que dependen estas actividades productivas. La selva tropical de Indonesia, a su vez, se ve particularmente amenazada por las plantaciones de palma de aceite que abastecen a los fabricantes de alimentos procesados.

En términos más generales, como escriben Martín Arboleda y sus coautores, el sistema agroalimentario globalizado constituye “el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de las fuentes de agua y la erosión del suelo a escala planetaria”. Las estimaciones sugieren que, cuando se toma en cuenta el cambio en el uso de la tierra, el transporte, el empaque, la venta al por menor y los desechos, el sistema alimentario representa entre una quinta parte y un tercio de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. A través de su contribución al calentamiento global, el sistema alimentario mundial—la “comida fósil”—contribuye a generar los fenómenos climáticos extremos que perturban sus propias operaciones.

El futuro de la alimentación

A medida que se fue desarrollando, el actual sistema alimentario mundial se topó con una resistencia constante, especialmente por parte de los movimientos campesinos que se levantaron contra la expropiación, el desplazamiento, la expansión de los monocultivos y el desarraigo de las tradiciones culturales. Estos movimientos ganaron batallas específicas, influyendo en las políticas e instituciones, pero no lograron impedir que las grandes corporaciones agroalimentarias consolidaran su posición dominante. Sin embargo, en la última década, a medida que las patologías del actual régimen alimentario—incluida la inflación de los alimentos—se combinaron con las crisis sociales, económicas y ecológicas generalizadas, provocaron revueltas en serie contra el statu quo.

Aun así, los intereses agroalimentarios dominantes lograron, en su mayoría, mantenerse al margen de la controversia política. De hecho, los movimientos de extrema derecha que surgieron durante este período lograron movilizar a los agricultores—tanto en las Américas como en Europa—en contra de las políticas ambientales, en lugar de hacerlo contra las corporaciones que los subordinan. En algunos casos, estos sectores sociales fueron clave para fortalecer a los partidos políticos reaccionarios, de tal manera que pudieron cerrar el paso a alternativas inclusivas y democráticas a la situación actual—al menos por el momento.

La pregunta es si las medidas de emergencia destinadas a hacer frente a la inflación de los alimentos pueden romper este círculo vicioso y revivir la posibilidad de transformar el suministro de alimentos. Sin duda, hay margen para mitigar los efectos nocivos del sistema actual, diseñando políticas para mejorar los estándares, reducir la concentración a lo largo de la cadena de suministro y moderar la volatilidad de los precios—como con las reservas de estabilización que Isabella Weber y otros han estado defendiendo. No se debe subestimar la importancia de estas medidas en un mundo donde poco menos de una décima parte de la población padece hambre y más de una cuarta parte sufre inseguridad alimentaria moderada o grave.

Sin embargo, es poco probable que cualquier sistema alimentario mercantilizado, basado en empresas con fines de lucro, pueda revertir la tendencia hacia una concentración y centralización cada vez mayores del capital, por usar la expresión de Marx. Los últimos dos siglos sugieren que dicha concentración produce inevitablemente degradación ecológica e inseguridad alimentaria—aunque sus otros impactos negativos (por ejemplo, sobre la desigualdad) pudieran atenuarse. Esta es probablemente la principal lección de la literatura sobre la historia del sistema alimentario global. Al principio, la transformación de la producción y distribución de alimentos por parte del capitalismo aumentó sustancialmente los rendimientos, creando la posibilidad de sustentar a las crecientes proporciones de la población que comenzaron a concentrarse en las ciudades. 

No obstante, ese desarrollo, impulsado por las ganancias más que por el objetivo de proporcionar a la sociedad alimentos saludables en cantidad suficiente, creó un sistema alimentario caracterizado por la acumulación de vulnerabilidades: uno que degradó el medio ambiente y suministró alimentos adictivos y poco saludables, sin poder cumplir, en última instancia, su promesa.

Una alternativa desmercantilizada podría adoptar diversas formas. Una posibilidad consistiría en sustituir el impulso homogeneizador de los últimos dos siglos por una lógica de diversidad basada en prácticas agroecológicas. Esto podría basarse en la resistencia campesina, no para hacer retroceder la agricultura al siglo XVIII, sino para ampliar las formas innovadoras en que las prácticas agroecológicas han logrado conciliar las técnicas modernas con la conservación, renovando una multitud de tradiciones alimentarias, agrícolas y culturales. En palabras de Kai Heron, ese camino significaría “liberar a los productores del mundo para que elijan entre una gama más rica y diversa de tecnologías y relaciones socioecológicas que aquella que ofrece la industrialización capitalista”.

Existe una amplia convergencia entre los investigadores que trabajan en el tema en esa dirección. Sin embargo, algunos en la izquierda siguen mostrándose escépticos. Matt Huber, por ejemplo, ha argumentado que “la tendencia ecosocialista a recurrir a la agricultura a pequeña escala (…) implica hambre, si no inanición, para los mega-barrios marginales del mundo”. De manera similar, George Monbiot ha afirmado que “es imposible alimentar al mundo con agroecología de bajo rendimiento”. Ambos comparten esperanzas en alternativas tecnológicas, como la “carne de laboratorio”, cuyo desarrollo, según Huber, podría prosperar si estuviera libre de las relaciones sociales capitalistas. 

Estos desafíos eco-modernistas son útiles para centrar el debate en cuestiones clave, como la medición de los rendimientos en los sistemas de cultivos mixtos y el papel que desempeñan actualmente los agricultores familiares en el abastecimiento de alimentos. Hay evidencia, por ejemplo, de que las fincas de menos de 2 hectáreas, que sobreviven a la sombra del sistema alimentario global, son responsables de alrededor de un tercio del suministro de alimentos.

En cualquier caso, aceptar que el sistema actual está fallando es un requisito fundamental para trazar estos posibles futuros desmercantilizados, sus implicaciones políticas y ecológicas, y los obstáculos para su realización. En este sentido, es esencial contar con una comprensión detallada del sistema alimentario actual para desarrollar una política que pueda transformarlo, desde las luchas ecoterritoriales en las principales regiones productoras hasta las disputas sobre el abastecimiento de alimentos y los precios en los países importadores. Hay mucho en juego, dado que el statu quo no ofrece más que una inseguridad alimentaria cada vez mayor y fortalece la regresión política. Además, superar esos problemas también puede allanar un camino hacia la resolución de nuestras crisis planetarias más amplias.