La Amazonía como campo de batalla

En noviembre de 2025 se celebró la primera cumbre de la COP en la selva tropical amazónica. Como era de esperar, la preservación de las selvas tropicales ocupó un lugar destacado en la agenda, con todo tipo de debates sobre planes de financiación multilateral y garantías para los pueblos indígenas. Sin embargo, estas conversaciones de alto nivel dejaron de lado muchas de las políticas locales y de las formaciones políticas que resultan igualmente críticas para el futuro del bioma. Para llenar este vacío, pensé que podría ser útil explorar la economía política del medioambiente en Brasil: un país que alberga aproximadamente un tercio de las selvas tropicales que quedan en el mundo y alrededor del 60 por ciento de la Amazonia. Esta es una historia que posee dos dimensiones. Por un lado, la disminución sustancial de la deforestación que, durante un tiempo, convirtió a Brasil en el principal país contribuyente a la reducción mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la aparición de un movimiento de extrema derecha que niega el cambio climático y que ha puesto en peligro estos frágiles logros.

“Este es un campo de batalla disfrazado de naturaleza salvaje”. El diario The Guardian utilizó esta frase el año pasado para describir el brutal homicidio de Dom Phillips y Bruno Pereira, asesinados por ayudar a proteger a las comunidades indígenas de la Amazonía de actividades ilegales. De hecho, esta gran biosfera se considera a menudo un lugar crítico en la batalla contra el colapso climático, mientras que la lucha contra el crimen organizado—desde el tráfico de drogas hasta el acaparamiento de tierras y la minería ilegal—se considera crucial para evitar que la selva tropical alcance su punto de inflexión. Se considera que las políticas medioambientales deben diseñarse para “imponer la ley” a los «ecocriminales». Mientras que el enfoque adoptado por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) en la década de 2000 con respecto al Amazonas se denominó “campaña de represión y control”.

Aunque esta represión logró reducir la deforestación en el corto plazo, también provocó una reacción que posteriormente anuló gran parte de esos avances—especialmente durante la presidencia de Jair Bolsonaro—y que hoy pone en riesgo la supervivencia misma de la selva tropical. Hoy en día, los defensores de la estrategia original del PT están intentando restablecerla bajo el tercer mandato de Luís Inácio Lula da Silva. Su narrativa de las últimas dos décadas encaja perfectamente con el marco del “campo de batalla”: obtuvieron avances en la primera década del nuevo siglo, luego perdieron terreno en la década de 2010, antes de lanzar una contraofensiva en la década de 2020, que esperan que conduzca a una victoria decisiva. 

Sin embargo, estas metáforas militares no siempre reflejan la realidad sobre el terreno. Es cierto que existe una intensa lucha entre los destructores de bosques—el crimen organizado, las empresas agrícolas depredadoras—y los defensores de los bosques—las comunidades indígenas, quilombolas y ribereñas, junto con sus aliados en el aparato estatal—. No obstante, muchos de los 30 millones de personas que viven en la Amazonía brasileña no pueden clasificarse fácilmente en ninguna de estas dos categorías. Al alienar a una parte significativa de esta población, la represión basada en el mando y el control sembró las semillas de su propia ruina. No solo enfrentó a las élites agrarias, sino que también incitó a una “contra-movilización” entre un amplio sector de pequeños y medianos propietarios de tierras. En este sentido, estas políticas medioambientales pueden ser en parte responsables del auge de una política de extrema derecha respaldada por el capital agroindustrial, que en las últimas décadas ha pasado de ser un mero conjunto de intereses sectoriales a convertirse en un movimiento cada vez más asertivo que compite por la hegemonía en la escena nacional.

Para mostrar cómo se desarrolló este proceso histórico, recapitularé brevemente el auge y la caída de la estrategia medioambiental del PT y cómo comprometió al Gobierno con un enfoque erróneo conocido como “ahorro de tierra”, en el que se asumió que existía una compensación de suma cero entre la conservación y la ocupación humana. Aferrándose a una imagen de la Amazonía como una selva virgen, esta orientación contribuyó al giro político hacia la derecha en el país, al tiempo que descuidó los modelos de conservación más prometedores.

Teatro de conflicto

Tras décadas de preocupación mundial por la selva tropical, dramáticos asesinatos de defensores del bosque y desastrosos planes de “colonización” por parte del gobierno militar brasileño, la Amazonía experimentó un cambio notable durante la década del 2000. El período comprendido entre 2004 y 2012 se conoce, en la literatura especializada, como la “construcción de instituciones climáticas”, “el auge de los reformistas” o como la ya mencionada “represión del mando y control”. La historia suele comenzar con el ascenso de Lula a la presidencia en 2003 y la introducción del Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía (PPCDAm) al año siguiente. El primer gobierno del PT, alineado con los movimientos ecologistas e indígenas, se embarcó en un activo proceso de construcción institucional, rompiendo con las tímidas políticas de la década anterior y con el apoyo deliberado del Estado a la deforestación bajo la dictadura militar, entre 1964 y 1985.

La represión basada en el mando y el control no puede entenderse sin tomar en cuenta el DETER, un sistema gubernamental de datos en tiempo real sobre la deforestación, obtenidos a través de imágenes satelitales, que se puso en marcha en 2004. Hasta entonces, los esfuerzos de aplicación de la ley se habían visto comprometidos por el hecho de que los datos solo estaban disponibles con periodicidad anual. Con un nuevo sistema que ofrecía información con mayor frecuencia, los organismos gubernamentales podían imponer con mayor precisión embargos, multas y confiscaciones de maquinaria sobre los implicados en la deforestación ilegal.

Los límites a la deforestación legal en la Amazonía ya se habían endurecido a principios del milenio, cuando el Gobierno aumentó la «reserva legal» mínima en la región —es decir, la parte de una propiedad que no puede ser deforestada—del 50 al 80 %. Aunque esta norma se suavizó con diversas excepciones, la fuerte oposición de los propietarios de tierras sugiere que fue parcialmente eficaz. Además, el Gobierno estableció una serie de unidades de conservación federales y protegió las tierras indígenas, lo que supuso un aumento total de las hectáreas de áreas protegidas de aproximadamente una cuarta parte entre 2004 y 2008. Estas áreas se conocieron como las «barreras verdes» contra la deforestación.

Luchando por adaptarse a este nuevo contexto y sometidos a una intensa presión por parte de los grupos ecologistas, los gigantes del comercio de cereales que se habían convertido en dominantes en la cadena de suministro de la soja—ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus—acordaron una moratoria sobre la soja en 2006. A partir de entonces, se impuso la prohibición de comprar soja procedente de tierras deforestadas. Posteriormente se adoptaron iniciativas similares de autorregulación en la cadena de suministro de la carne de vacuno. Por esa misma época, el Gobierno comenzó a probar herramientas adicionales para cumplir sus objetivos medioambientales. En 2007 empezó a publicar una lista anual de municipios amazónicos con tendencias preocupantes de deforestación, lo que otorgó al Estado federal un mayor poder sobre ellos; y en 2008 se introdujo la prohibición de conceder créditos a los propietarios de tierras que no cumplieran la normativa medioambiental. Los resultados fueron impresionantes. Entre 2004 y 2012, la deforestación en la Amazonia Legal—es decir, la parte brasileña de la selva tropical y partes de la sabana circundante—se redujo de 27,8 a 4,6 mil km2 al año.

Reacción

Sin embargo, al pasar de la década de 2000 a la de 2010, se empezó a observar lentamente un cambio en las tendencias. El número de notificaciones de infracción y confiscaciones de equipos disminuyó de forma continua entre 2008 y 2012. Los embargos también disminuyeron entre 2008 y 2009, antes de recuperarse a partir de 2010. Se podría pensar que estas herramientas se hicieron menos necesarias a medida que se generalizó el cumplimiento de la normativa, pero eso solo sería cierto si las tasas de deforestación se mantuvieran bajas, cuando en realidad comenzaron a aumentar en 2013, deshaciendo más de un tercio de los avances del PT para 2021 (véase la figura siguiente). Esto se debió en parte a que el Congreso cedió a la presión de la industria agroalimentaria y aprobó un nuevo Código Forestal en 2012, que, entre otras medidas regresivas, ofrecía amnistía para una parte significativa de la deforestación ilegal del pasado.

Sin embargo, estos fueron solo los primeros indicios de un cambio más profundo. Tras la destitución del PT de la presidencia en 2016, en un proceso de impeachment impulsado con el apoyo crucial de algunos intereses agrarios, la nueva administración inició un proceso gradual de desmantelamiento de las instituciones medioambientales de la era anterior. Este proceso alcanzó su punto álgido bajo el gobierno de extrema derecha de Bolsonaro. Se debilitaron los organismos encargados de hacer cumplir la ley, se redujeron las áreas protegidas y se nombró a defensores de la deforestación para ocupar puestos clave en el Gobierno. En plena pandemia, el ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro argumentó, en una reunión que posteriormente se filtró a la prensa, que la COVID ofrecía una distracción perfecta que les permitiría desmantelar las políticas medioambientales: una oportunidad para passar a boiada.1[N.T.] Esta frase significa, textualmente, “dejar pasar al ganado”, y se ha utilizado en Brasil para referirse a la instrumentación de un momento de crisis por parte del gobierno de Bolsonaro para reinstalar el sistema de devastación de la selva amazónica en favor de intereses económicos y agroindustriales

La reacción no disminuyó tras el regreso de Lula al poder en 2023. El ejemplo más significativo es la aprobación por parte del Congreso de una ley para eliminar las licencias medioambientales obligatorias y la consulta pública para una serie de actividades, entre las que se incluyen la mayoría de las iniciativas agrícolas, ganaderas y mineras. Lo que los críticos han calificado como la “Ley de la Devastación”, es el acto de desmantelamiento institucional más significativo hasta la fecha, que probablemente acelerará una serie de proyectos propensos a aumentar la deforestación, como la perforación petrolera en la desembocadura del río Amazonas y la construcción de ferrocarriles y autopistas para transportar soja a los puertos del norte de Brasil y Perú. Aunque Lula vetó inicialmente las medidas más perjudiciales, el grupo de presión de la agroindustria ha conseguido restablecerlas, revocando 56 de los 63 vetos.

La legislación a nivel subnacional también ha avanzado en una dirección similar. Desde 2024, varios estados brasileños han aprobado leyes que impiden a las empresas que cumplen la moratoria de la soja, acceder a incentivos fiscales. Aunque estos incentivos estatales son muy limitados en comparación con los federales, las leyes dieron a los grandes comerciantes una excusa conveniente para poner fin a la moratoria el mes pasado.

Es difícil encontrar explicaciones detalladas para la fuerza de este “movimiento antiecológico”. Esto puede deberse, en parte, a la orientación predominante de la literatura sobre políticas medioambientales en Brasil que, como señala Gregory Thaler, se centra principalmente en las diferentes herramientas políticas y su interacción, pero no ofrece una “explicación política que vaya más allá de los factores inmediatos y se centre en los actores y los intereses que generan el entorno político”. Como él mismo afirma, “el carácter político-económico de la transición de la Amazonia brasileña no se ha teorizado de forma eficaz”.

El trabajo de Kathryn Hochstetler es una de las pocas excepciones. Según ella, el énfasis del PT en las medidas represivas no logró crear una base política que garantizara la supervivencia de su proyecto medioambiental. Por el contrario, fomentó una oposición violenta: “Las herramientas de mando y control fueron fundamentales para reducir las tasas de deforestación, pero su propio éxito a la hora de limitar el comportamiento económico privado también impulsó estrategias políticas que contribuyeron a socavar esas mismas herramientas y las instituciones que las respaldaban”. Como ejemplo, cita el aumento del tamaño del grupo de presión de la agroindustria, que pasó de 120 escaños en la legislatura de 2007-2010 a 160 después de 2011: del 23 al 31 por ciento del total.

No obstante, aun cuando la marcha de las fuerzas a favor de la deforestación hacia las esferas del poder fue una parte crucial de la historia, el panorama completo solo se revela cuando se examinan los dilemas de la represión de mando y control a nivel local. Los estudios de municipios específicos, como los realizados por Thaler, Viana y Toni, revelan las líneas de fractura creadas por la presión medioambiental de la década de 2000 y hasta qué punto el empoderamiento político de la agroindustria desde la década de 2010 se basó en el descontento generalizado con la represión.

La conservación de la tierra y sus descontentos

La combinación de políticas medioambientales de la década de 2000 incluía una serie de herramientas con diferentes orígenes, diseñadas para satisfacer las demandas de diferentes grupos: apoyo a las prácticas agroecológicas, políticas centradas en la soberanía alimentaria y reparaciones históricas para las poblaciones indígenas, entre otras. Sin embargo, la lógica general de la represión era la de la conservación de la tierra: contener la deforestación protegiendo algunas zonas de cualquier uso humano, al tiempo que se permitía la “intensificación sostenible” de la agricultura intensiva en capital en otras zonas. La idea de la intensificación sostenible lleva bastante tiempo circulando como una solución técnica para hacer compatible la agricultura capitalista a gran escala con las políticas medioambientales. Su encarnación más reciente se denomina “agricultura climáticamente inteligente”.

Las políticas medioambientales de ahorro de tierra resultaron muy útiles para los gobiernos de Lula en la década de 2000, ya que se enfrentaban a la difícil tarea de satisfacer las demandas de redistribución y medioambientales mediante un modelo de acumulación basado en las exportaciones agroindustriales, dependiente de una integración subordinada a la economía china. Las cifras que figuran a continuación muestran la magnitud del cambio en el caso de la soja, el producto agrícola más comercializado a nivel mundial en términos de valor. La expansión de las tierras de cultivo de soja y las explotaciones ganaderas no solo transformaron el panorama geográfico del país, sino que también proporcionaron acceso a divisas extranjeras. La soja, la carne de vacuno y los productos relacionados representaron alrededor de una quinta parte de las exportaciones de Brasil en los últimos años, frente a menos del 10 por ciento hace dos décadas.

De acuerdo con Thaler, los intereses de las empresas agroindustriales, los funcionarios gubernamentales y los ecologistas convergieron en el Brasil de la década de 2000 para dar lugar a un “complejo de ahorro de tierras”. Su proyecto no tenía un lugar claro para la enorme población de pequeños y medianos propietarios de tierras que pueblan las zonas agrícolas centrales de Brasil. Dados los costes que suponía adaptarse a las nuevas políticas y la dificultad percibida para acceder a las ayudas gubernamentales, el enfoque de ahorro de tierra condujo a lo que Thaler describe como “despojo de los pequeños agricultores”, ya que “mientras los pequeños agricultores luchan, los grandes terratenientes consolidan sus propiedades”. Junto con este sesgo político, la llamada intensificación sostenible tuvo considerables repercusiones en la salud de los pequeños agricultores, provocando lo que Fábio Zuker describió como su expulsión por asfixia, a través de la violencia química de la agricultura intensiva con glifosato. (El complejo de ahorro de tierra también tuvo efectos cuestionables sobre la biodiversidad, según la amplia literatura sobre los efectos rebote y otras consecuencias de la intensificación del cultivo de soja).

Al medir las consecuencias de las medidas del PPCDAm en dos municipios amazónicos, Thaler sostiene que “las medidas punitivas sin los incentivos correspondientes perjudican a los pequeños agricultores, que tienen menos recursos para hacer frente a las multas o invertir en la intensificación”. Hochstetler coincide: “en la medida en que las nuevas políticas agrícolas y de deforestación lleguen a los pequeños agricultores, será su lado punitivo”. Las políticas de ahorro de tierra promovieron así los objetivos de los grandes terratenientes y del gran capital agrario al invadir las propiedades de los grupos menos poderosos, en una forma indirecta de acaparamiento verde.

En su detallado estudio etnográfico sobre la política agroindustrial en Brasil, Caio Pompeia mostró cómo estos “grupos de empleadores agrícolas subordinados política y económicamente” formaron la base de lo que él denomina “agrobolsonarismo”: la unión impía de los intereses agrícolas y la política de extrema derecha. Pompeia describe cómo estos grupos radicalizados, descontentos con la represión del mando y control, se apoderaron de las organizaciones políticas rurales, una tras otra, desde las asociaciones estatales de productores de soja hasta el grupo de presión agroindustrial en el Congreso. Inicialmente, las grandes empresas agroindustriales se resistieron a este movimiento, ya que habían aprendido a convivir con las políticas del Gobierno y a sacar provecho de ellas. Sin embargo, poco a poco, comenzaron a verlo como una oportunidad para eliminar las restricciones medioambientales y ejercer una mayor influencia política. Por lo tanto, comenzaron a colaborar, al principio entre bastidores, con la movilización de extrema derecha desde la base.

En la estructura social brasileña, estos «grupos subordinados de empleadores agrícolas»»» se sitúan por encima de un sector demográfico más amplio cuyos medios de vida se ven más directamente amenazados por el auge de la agroindustria, ávida de tierras: los grupos indígenas, las comunidades ribereñas y quilombolas, y los trabajadores agrícolas, clases populares que alimentan las filas de los defensores de la selva. Sería un error suponer que la represión del PT representó una victoria de sus intereses frente a los de las élites agrícolas. Aquí se desmorona el planteamiento de la «Amazonia como campo de batalla». De hecho, la política de ahorro de tierras fue inicialmente aceptada por las empresas agroindustriales y muchos de los grandes terratenientes, en mayor o menor medida, porque se dieron cuenta de que podían explotarla para acumular más tierras. En lugar de empoderar a los defensores de la selva frente al capital agroindustrial, el programa acabó enfrentando a los primeros con los empleadores agrícolas relativamente subordinados, creando una división política con profundas consecuencias históricas.

Mientras las empresas agroindustriales reforzaban su control sobre el Estado brasileño, aprovechando la creciente dependencia económica de las materias primas, el “agrobolsonarismo” proporcionó una sólida base territorial para una política nacional antiecológica. Cuando el apoyo al PT disminuyó a mediados de la década de 2010, la extrema derecha aprovechó el momento para movilizar al interior del país a los empresarios y los pequeños agricultores. Logró un notable éxito electoral en las zonas dominadas por la soja y la ganadería. Aunque muchos factores complejos contribuyeron a configurar la dinámica electoral, los patrones geográficos del mapa que se muestra a continuación apunta a una conclusión sorprendente: el auge del “agrobolsonarismo” provocó la desaparición, casi total, de los municipios que se inclinaban por el PT en el cinturón agrícola que se extiende desde el sur de Brasil hasta la selva amazónica.

Reacción en los trópicos

Hoy en día, parece estar produciéndose una paradoja persistente en diversos ámbitos de la política climática: abundan los medios tecnológicos para abordar los retos climáticos, pero no existen las condiciones políticas para ponerlos en práctica. Esta tendencia, que algunos han denominado “contraataque verde” se produjo en la Amazonía en la primera década del siglo: la sofisticada identificación por satélite y la detallada legislación lograron frenar la deforestación, pero también desataron fuerzas políticas que han puesto a la selva tropical en una situación aún más precaria.

No hace falta decir que la alternativa no es abandonar el futuro de la selva tropical. El objetivo debe ser construir una nueva alianza que la mantenga en pie. Esta debería incluir a grupos subalternos que van desde los defensores indígenas de los bosques hasta los empleadores agrícolas subordinados, unidos en su oposición a la agricultura corporativa. Concretamente, esto significa comprometerse con alternativas al ahorro de tierra que partan de las múltiples posibilidades de interacción armoniosa del ser humano con la naturaleza. Los biólogos conservacionistas han acuñado el término “compartir la tierra” para describir esta práctica, que implica “el difícil y complicado proceso de armonización agroecológica a través de paisajes de trabajo diversificados”.

Compartir la tierra es mucho más difícil políticamente que conservarla, ya que supone un desafío directo a la agroindustria, pero también es mucho más prometedor. Abre la perspectiva de conciliar las dimensiones ecológicas y sociales de la formulación de políticas para la Amazonía: no partiendo de cero, sino basándose en las prácticas sociales y tradiciones existentes que ya se han aprovechado para resistir la embestida del gran capital agrario. “La agroecología implementada en los proyectos de colonización”, escribe Felipe Milanez, “así como la gestión colectiva de los bosques de nueces de Brasil, las reservas extractivas y la demarcación de las tierras indígenas constituyen espacios de uso común que se enfrentan materialmente a los cercamientos y la expansión de los latifundios”. Esto significaría abandonar la metáfora del “campo de batalla” y re-imaginar un futuro para la Amazonía que deje espacio tanto para la selva tropical como para sus pueblos.