24 de junio de 2026

Análisis

Sin categorizar

De las gigafábricas a los eslabones

¿La revisión del T-MEC promoverá una verdadera integración regional en Norteamérica?

Entre 2024 y 2025, México, Estados Unidos y Canadá—los tres gobiernos del bloque T-MEC, el tratado de libre comercio en la región—anunciaron decenas de miles de millones de dólares en gigafábricas de baterías, plantas de semiconductores y nuevas líneas de ensamble automotriz. Este anuncio se hizo mientras se avecina la revisión del tratado, programada para revisión conjunta oficial a partir del 1 julio de 2026. Sin embargo, ante la falta de cadenas de suministro regionales sólidas, estos cambios no se percibirán de manera uniforme en los tres países ni en los distintos sectores industriales.

Jamieson Greer, el representante comercial de los Estados Unidos, ha planteado que la revisión debe evaluar si las reglas de origen reflejan integración regional real. Marcelo Ebrard, el secretario de economía de México, aceptó mayor exigencia pero condicionada a gradualidad y mecanismos de verificación compartidos. Esa negociación arranca con una brecha visible: los bienes finales del sector industrial mexicano fluyen hacia Estados Unidos con alta preferencia hacia el T-MEC, pero los insumos que los producen provienen mayoritariamente de fuera del bloque. ¿Qué implicaría un cambio en las normas de origen para los tres países del bloque? ¿Serían estos efectos uniformes en todos los sectores industriales, incluso a nivel interno?

El caso mexicano ofrece algunas pistas. De marzo de 2025 a marzo de 2026, el uso del  T-MEC en las exportaciones mexicanas pasó de 44.8 por ciento a 88.7 por ciento, según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el US Customs and Border Protection (CBP).1Cálculo del autor con base en datos del SAT (México) y CBP (Estados Unidos) 2024-2025. El salto no refleja una transformación productiva sino un cambio en incentivos. El 6 de marzo de 2025, el presidente Donald Trump eximió a los productos certificados por el T-MEC de los aranceles del 25 por ciento que había impuesto a las importaciones procedentes de ese país, lo que volvió económicamente irracional exportar sin certificar origen. Lo que cambió fue el expediente, no la cadena de suministro. La estructura subyacente de la industria exportadora mexicana sigue intacta. 

En el sector automotriz, donde los datos son más granulares, México tiene 2,135 empresas de autopartes: 60 por ciento son Tier 1, proveedores directos de las armadoras, mientras que solo 39 por ciento fabrica los insumos que esos proveedores integran. La pirámide está invertida: hay más empresas cerca del ensamble final que en los eslabones anteriores. En una estructura así, cumplir con las reglas de origen agrega entre 1.4 por ciento y 2.5 por ciento en costos equivalentes a arancel, según estimaciones de la Reserva Federal.2 Board of Governors of the Federal Reserve System, “Trade Compliance at What Cost? Lessons from USMCA Automotive Trade,” FEDS Notes, 18 de julio de 2025. No es un impuesto en frontera, sino documentación, certificación y trazabilidad que deben conservarse al menos cinco años. Según testimonios recogidos por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), algunos proveedores prefieren declarar sus partes como “no originarias” antes que completar la verificación, incluso cuando podrían calificar.3Office of the United States Trade Representative, 2022 USMCA Autos Report to Congress y 2024 USMCA Autos Report to Congress. Testimonios de la Motor & Equipment Manufacturers Association (MEMA) sobre carga administrativa de certificación de origen.

Los proyectos anunciados por los países de T-MEC durante los dos años previos tienen ubicación, monto y nombre. Pero los eslabones que los alimentan esos proyectos siguen siendo vagos. Son contratos de suministro, rutinas de calificación técnica y sistemas de trazabilidad entre proveedores que rara vez aparecen en un comunicado de inversión. Por eso la pregunta que abre este análisis no es si Norteamérica puede construir megafábricas. La pregunta es otra: si puede construir lo que falta entre ellas.

Para medir esa brecha con precisión hay que bajar de los agregados a los eslabones. Este análisis se centra en dos bienes transversales, bombas para líquidos y válvulas industriales, utilizados en energía, agua y procesos industriales. Su cadena de insumos incluye motores eléctricos, convertidores estáticos, circuitos de control, sellos de caucho, cableado y partes estructurales. Cada subsistema tiene su propia geografía de producción y su propia vulnerabilidad.

Gran parte del análisis existente trata esa brecha como un solo problema: la dependencia de insumos extrarregionales. En realidad son tres problemas distintos: fallas de coordinación, concentración geográfica de la producción y una ausencia de desarrollo tecnológico. Cada uno responde a un mecanismo diferente y requiere un instrumento específico. Una solución uniforme no resuelve ninguno y puede agravar los otros dos.

La brecha

La magnitud de la asimetría se mide en los flujos comerciales de 2024. México exportó 1,160 millones de dólares en bombas para líquidos y 3,130 millones de dólares en válvulas industriales. El 94 por ciento de esas exportaciones tuvo como destino Estados Unidos o Canadá. Para fabricar esas bombas y válvulas, los tres países importan seis subsistemas críticos: motores eléctricos, convertidores estáticos, circuitos integrados de control, sellos de caucho vulcanizado, arneses de cableado y partes para equipo de procesamiento. En los seis, la mayor parte de las importaciones provienen de fuera del bloque.

El resultado agregado para México: exportó 94 por ciento de sus bombas al bloque, pero solo 24 por ciento de los insumos asociados provino de socios T-MEC. Para Estados Unidos, la asimetría es igualmente pronunciada en electrónica industrial: 99 por ciento de sus importaciones de circuitos procesadores y 84 por ciento de convertidores provienen de fuera del bloque. Las cifras varían en magnitud entre países, no en dirección. Esto no describe una cadena en construcción. Describe una integración asimétrica: el bien final se regionalizó, el eslabón medio no. Pero los seis subsistemas no se atascan por la misma razón. Confundirlos produce política ineficaz.

La capacidad regional existe pero no se conecta. Michigan es el mayor exportador estatal de motores DC en Estados Unidos; Tamaulipas y Chihuahua son exportadores significativos de motores en México. El problema es el contrato: calificar a un proveedor regional exige auditorías cliente por cliente, trazabilidad lote por lote y certificaciones que no son portables entre compradores. Cada contrato nuevo repite el costo de elegibilidad desde cero. Mientras ese costo supere el diferencial arancelario, el ensamblador mantiene a su proveedor extrarregional ya calificado.

Los datos comerciales confirman la desconexión.4Todos los datos comerciales provienen del Observatory of Economic Complexity (oec.world), con fuentes primarias de Economía (México), Census Bureau (Estados Unidos) y Statistics Canada. Clasificación HS6, año 2024. Los índices de Ventaja Comparativa Revelada (VCR) se calculan a nivel subnacional. México importa 1,660 millones de dólares en motores eléctricos con 87 por ciento de origen extrarregional, pese a que al menos cinco estados del bloque (Michigan, Indiana, Illinois, Tamaulipas, Chihuahua) tienen especialización exportadora significativa en ese subsistema. Jalisco es uno de los principales exportadores de partes para equipo de procesamiento y convertidores estáticos en México, pero las exportaciones de esos componentes hacia los estados del noreste mexicano donde se ensamblan bombas y válvulas son mínimas en relación con la capacidad instalada de Jalisco. La distancia logística entre esos estados es inferior a 1,200 kilómetros. Lo que separa el insumo del ensamblador no es la geografía: es el costo de verificación no amortizado.

En convertidores, la región produce pero la oferta es poco redundante. México importa 4,060 millones de dólares con 83 por ciento extrarregional. La producción regional se concentra en pocos polos: Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León en México; Indiana, Illinois y Ohio en Estados Unidos. Fuera de esos seis estados, la capacidad se calculan a nivel subnacional.[/fn] México importa 1,660 millones de dólares en motores eléctricos con 87 por ciento de origen extra regional, pese a que al menos cinco estados del bloque (Michigan, Indiana, Illinois, Tamaulipas, Chihuahua) tienen especialización exportadora significativa en ese subsistema. Jalisco es uno de los principales exportadores de partes para equipo de procesamiento y convertidores estáticos en México, pero las exportaciones de esos componentes hacia los estados del noreste mexicano donde se ensamblan bombas y válvulas son mínimas en relación con la capacidad instalada de Jalisco. La distancia logística entre esos estados es inferior a 1,200 kilómetros. Lo que separa el insumo del ensamblador no es la geografía: es el costo de verificación no amortizado.

En circuitos procesadores, la restricción es de frontera tecnológica. México importa 18,760 millones de dólares con 96 por ciento extrarregional; Estados Unidos importa 28,250 millones de dólares con 99 por ciento extrarregional. Ningún estado del bloque tiene especialización exportadora significativa en este subsistema. Las inversiones del CHIPS Act no producen volumen comercial en nodos maduros de semiconductores industriales antes de 2027-2028. Endurecer los requisitos de origen en este subsistema en julio de 2026 penaliza la importación sin ofrecer alternativa.

Las declaraciones públicas de los principales fabricantes de bombas, válvulas y equipos de control confirman el patrón estructural que muestran los datos comerciales. Pentair, uno de los mayores fabricantes de bombas y sistemas de tratamiento de agua de Norteamérica, reporta en su 10-K de 2024 que sus materiales principales incluyen “componentes electrónicos (incluyendo variadores y motores)” adquiridos en mercados abiertos, y reconoce los desafíos de abastecerse “fuera de Estados Unidos y de países o regiones con infraestructura disminuida.5Pentair plc, Form 10-K, 25 de febrero de 2025, año fiscal 2024. Item 1 (Business): materiales principales; Item 1A (Risk Factors): riesgos de abastecimiento externo. SEC EDGAR, CIK 0000077360. Parker Hannifin, el mayor fabricante de sistemas de movimiento y control del bloque, reporta una exposición arancelaria anualizada de aproximadamente 375 millones de dólares (3 por ciento de su costo de ventas) e identifica explícitamente las restricciones comerciales con China como riesgo material.6Parker Hannifin Corporation, Form 10-K, 22 de agosto de 2024, año fiscal terminado 30 de junio de 2024. Item 1A (Risk Factors): exposición arancelaria y restricciones con China. SEC EDGAR, CIK 0000076334. Illinois Tool Works opera con aproximadamente 40 mil proveedores activos en 55 países; sus diez principales proveedores representan sólo 22 por ciento del gasto total en abastecimiento.7 Illinois Tool Works Inc., Form 10-K, febrero de 2025, año fiscal 2024. Item 1 (Business): base de proveedores y concentración. SEC EDGAR, CIK 0000049826. Esa dispersión geográfica deliberada es en sí misma evidencia de que la industria no encuentra escala suficiente dentro del bloque para sus insumos electrónicos y de control.

Los flujos comerciales y las divulgaciones corporativas convergen en el mismo diagnóstico: la dependencia extrarregional en componentes electrónicos y de control no es accidental ni firma por firma. Es una condición sectorial.

La geografía del desacople

¿Será posible que México se desvincule de los insumos extrarregionales a raíz del aumento de los aranceles? Aquí podemos examinar los principales nodos de la industria manufacturera y las exportaciones, distribuidos entre bombas y válvulas—productos clave que se exportan como productos finales—y motores, convertidores y circuitos integrados—insumos electrónicos fundamentales. Podemos analizar estos productos a través de su contenido de valor regional (CVR), lo que nos permite ver el porcentaje de insumos procedentes de América del Norte.

A través del Índice de Ventaja Comparativa Revelada (VCR), podemos comenzar a entender el problema de la ventaja comparativa.8El índice de Ventaja Comparativa Revelada se calcula a nivel subnacional El VCR presenta la participación del estado subnacional en las exportaciones nacionales de un producto dividida entre la participación de ese producto en las exportaciones nacionales totales. Un VCR por encima de uno indica especialización relativa, mientras que valores superiores a 10 señalan concentración significativa. A diferencia del índice Balassa convencional (que compara países contra el mundo) este cálculo compara estados contra su propio país, por lo que los valores pueden ser mucho más altos: un estado altamente especializado en un producto específico puede registrar VCR de 30, 50 o más. Los datos son de 2024, obtenidos del OEC a partir de fuentes oficiales de cada país.

Indiana registró VCR 45.4 en bombas, 48.7 en motores, 51.0 en convertidores y 44.9 en cableado: el único estado con VCR competitivo simultáneo en los tres subsistemas eléctricos relevantes. Tamaulipas y Michigan comparten ese perfil. Un endurecimiento de los requerimientos de las reglas de orígen para motores y convertidores no generaría costo de sustitución inmediata en estos nodos.

Ohio, por otra parte, es un ejemplo de un nodo de ensamblaje con una dependencia electrónica. El estado exportó 124 millones de dólares en bombas (VCR 31.0) y 524 millones de dólares en válvulas (VCR 35.3), con base predominantemente metalmecánica: ICs en VCR 0.6. Coahuila, Nuevo León e Illinois comparten variantes de ese perfil: ensamble fuerte, electrónica ausente. Un endurecimiento de los requerimientos de las reglas de origen para la electrónica industrial eleva costos en estos nodos sin ofrecer fuente alternativa inmediata.

Jalisco es el caso más nítido de desconexión entre upstream y ensamblaje. Un VCR de 42.7 en partes para equipo de procesamiento de datos, 32.0 en convertidores, 22.0 en ICs. Pero VCR de 0.2 en bombas y 1.1 en válvulas. La capacidad productiva en insumos críticos existe; los contratos de suministro calificado hacia los ensambladores del noreste no existen. La restricción es transaccional, no productiva. Mientras tanto, en Ontario, se exportaron 880 millones de dólares en válvulas (VCR 2.4). El corredor Windsor-Toronto tiene manufactura industrial con integración hacia Estados Unidos, pero la utilización del T-MEC de Canadá alcanzó sólo un 53 por ciento en 2025.

Si las negociaciones del T-MEC de julio endurecieran de manera uniforme las normas de origen en el sector de la electrónica industrial, se produciría un aumento de los costes en Ohio y Coahuila, no habría nuevos contratos en Jalisco y Nuevo León, y el RCV de Ontario no variaría. Cada escenario responde a un instrumento de política diferente, en función de la situación actual de la fabricación y el montaje. Cabe destacar que estos escenarios varían tanto dentro de México, Canadá y Estados Unidos como entre estos países, de modo que los estados a nivel subnacional experimentarían efectos diferenciados como consecuencia de una renegociación del T-MEC.

¿Quién captura qué?

Hasta aquí el diagnóstico ha sido productivo. La siguiente pregunta es distributiva: quién gana cuando esa estructura persiste. La preferencia arancelaria del T-MEC se traduce en margen, volumen más estable y acceso contractual prioritario. Pero calificar exige documentar: trazabilidad de insumos, auditorías de proceso, expedientes de cumplimiento. Ese costo es mayormente fijo. Documentar una exportación de 500 mil dólares puede costar lo mismo que documentar una de 50 millones de dólares. Quién puede amortizar ese costo sobre grandes volúmenes captura la preferencia; quien no, exporta sin ella o se queda fuera.

Los costos fijos se combinan con costos de cambio. Una vez que un fabricante de equipos originales invierte en auditar y validar a un proveedor, sustituirlo implica rehacer el proceso: nueva auditoría, nueva documentación, nuevo periodo de calificación. El resultado es una barrera relacional que protege a incumbentes y desincentiva evaluar alternativas, incluso cuando son competitivas en precio y calidad. La verificación no solo eleva el costo de entrada; produce lock-in contractual. Para un proveedor nuevo (una PYME de Jalisco con capacidad en sellos mecánicos, un taller de Querétaro que fabrica componentes de motor) el obstáculo no es fabricar. Es demostrar ante cada cliente potencial que su producto califica bajo estándares que no se reconocen de forma portable. Ese costo llega antes del volumen y se repite con cada comprador.

La consecuencia política es directa. Los actores mejor posicionados en la renegociación de las reglas no son los proveedores que intentan entrar, sino las empresas que ya internalizaron el sistema. Beneficios concentrados, costos dispersos: una combinación políticamente estable que favorece ajustes al valor de la preferencia existente sin ampliar quién puede acceder a ella. Ese es el núcleo político del problema que la revisión de 2026 hereda.

Pero el costo de esa estructura no es solo distributivo. Es acumulativo. Las capacidades industriales se construyen por repetición: ciclos de producción, iteraciones de calidad, retroalimentación entre proveedor y ensamblador. Cada contrato de suministro calificado que no se establece es un ciclo de aprendizaje que no comienza. El fabricante de convertidores de Jalisco que nunca obtiene un contrato con un ensamblador de Nuevo León no solo pierde una venta: no acumula las corridas de producción, los ajustes de tolerancia y la experiencia de proceso que lo convertirían en un proveedor más competitivo con el tiempo. La no portabilidad de la verificación no bloquea solo el comercio; bloquea el mecanismo de aprendizaje por repetición (learning by doing) que es la vía principal de acumulación de capacidades en manufactura intermedia. El resultado es un ciclo que se refuerza: sin contrato no hay repetición, sin repetición no hay aprendizaje, sin aprendizaje la brecha de capacidades persiste, y la brecha persistente justifica seguir comprando fuera del bloque. La revisión del T-MEC programada para julio de 2026 es el punto institucional donde ese ciclo puede interrumpirse o consolidarse.

Acciones para 2026

La revisión de julio de 2026 tiene un mandato acotado: confirmar o modificar las reglas de origen para categorías específicas de bienes industriales. No puede crear capacidad productiva ni financiar una segunda base territorial. Pero el tratado dispone de tres vías institucionales distintas para las tres fallas que este análisis identifica. Lo que sigue describe cada instrumento y su ruta dentro del marco del T-MEC.

La primera es la portabilidad de la verificación, que podría atender las fallas de coordinación. En motores eléctricos, la capacidad existe en ambos lados de la frontera. El instrumento que corresponde es un sistema de certificación de proveedor portable dentro del bloque: un registro administrado conjuntamente por SAT, CBP y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) donde la elegibilidad de un proveedor regional, una vez auditada por un comprador, sea reconocida por los siguientes sin repetir el proceso completo. El mecanismo reduce el costo marginal de sustitución regional sin requerir nueva inversión productiva. El corredor Jalisco-Nuevo León es el piloto más directo: upstream con VCR superior a 20 en tres subsistemas, ensambladores a menos de 1,200 kilómetros, sin vínculos de suministro verificables en los datos comerciales. Este instrumento puede adoptarse como procedimiento armonizado bajo el Comité de Facilitación de Comercio del T-MEC, sin reabrir el texto del tratado.

En segundo lugar, la revisión del T-MEC podría abordar el problema de la concentración geográfica, que genera dependencias estructurales dentro del bloque. En convertidores estáticos, endurecer el umbral de contenido regional agrava el problema: obliga al ensamblador a depender de una base territorial que ya es estrecha. El instrumento correcto es un mecanismo de calificación preferencial para inversión en capacidad de convertidores en estados actualmente ausentes del mapa (Coahuila, Ohio, Ontario) que amplíe la base antes de que el requisito de origen la haga obligatoria. Ese mecanismo puede articularse como plan de acción sectorial bajo el Artículo 32.10, que es la gradualidad que el Secretario de Economía de México Ebrard condicionó en enero de 2026.

La tercera vía podría centrarse en abordar las dependencias tecnológicas y las carencias estratégicas. En circuitos procesadores industriales, ningún nodo del bloque tiene capacidad a escala. Aplicar un umbral de contenido regional en 2026 penaliza la importación sin alternativa. El instrumento correcto es excluir explícitamente los circuitos procesadores industriales de cualquier endurecimiento de requerimientos de reglas de orígen hasta que exista producción regional verificable, con una cláusula de revisión automática vinculada a un umbral de producción, no a un año calendario. Esto requiere una nota interpretativa en el Anexo 4-B, negociable bilateralmente entre Estados Unidos y México.

¿Cuáles son los prospectos para estos cambios en las negociaciones de julio? La certificación portable es el instrumento de menor resistencia porque no impone costos a ninguna parte. La gradualidad en convertidores requiere acuerdo bilateral México-Estados Unidos. La exclusión de semiconductores enfrenta la menor oposición sustantiva porque los tres gobiernos comparten el problema. Los interlocutores están identificados: la Subsecretaría de Comercio Exterior por México, la Oficina del Representante Comercial bajo Greer por Estados Unidos y el Departamento de Asuntos Globales por Canadá.

Finalmente, un bloque que integra el ensamble pero no el eslabón medio paga un costo que va más allá del comercio. En la cadena de bombas y válvulas, los subsistemas de control electrónico (convertidores de potencia, módulos de control, circuitos integrados) se diseñan, iteran y mantienen en instalaciones de Shenzhen, Penang y Hsinchu. Los trabajadores de las plantas de ensamble en Monterrey o Ciudad Juárez interactúan con el subsistema terminado, no con sus modos de falla ni con sus ciclos de diseño. El aprendizaje técnico que empuja la productividad total de los factores se queda donde se fabrica el componente, no donde se integra el producto.

La ola de subsidios industriales financia activos de gran escala. Pero si una fábrica de semiconductores del CHIPS Act opera en Arizona mientras las bombas industriales de Ohio siguen importando sus circuitos de control de Taiwán, el multiplicador se adelgaza: el empleo directo aparece, los encadenamientos hacia atrás no. Eso vuelve a los subsidios políticamente frágiles. Sin eslabones intermedios regionales, los subsidios compran capacidad instalada, no ecosistema.

La dependencia de Norteamérica en circuitos procesadores (96-99 por ciento extrarregional) y convertidores (83-84 por ciento extrarregional) no es solo un dato comercial. Es una variable estratégica que condiciona la capacidad de la región para sostener su modelo de integración ante presiones externas. Un bloque que exporta bienes finales pero depende de otro para los subsistemas que los sostienen tiene una vulnerabilidad negociadora.

La revisión de 2026 no es una mera formalidad. Llega cuando los subsidios ya fueron asignados, el CAPEX ya se desplegó y los cuellos de botella en insumos críticos siguen abiertos. Los mecanismos para corregir parte del problema existen dentro del tratado; los actores con mandato para negociarlos también. La ventana para usarlos cierra en julio.

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