Levanten el asedio

En agosto de 2021, mientras el Covid azotaba al mundo, el FMI decidió ofrecer un salvavidas financiero a los países en desarrollo. Distribuyó $650 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), un instrumento financiero sumamente eficaz que puede convertirse fácilmente en moneda fuerte. Estados de todo el Sur Global pudieron utilizar estos activos, reconocidos internacionalmente, para adquirir importaciones esenciales —incluyendo vacunas y otros bienes de salud pública—, así como para impulsar sus economías y reforzar sus reservas internacionales. Sin embargo, un país latinoamericano que ya enfrentaba una grave crisis económica fue impedido de acceder a este recurso vital.

Demos un salto a enero de 2026, cuando ese mismo país fue objeto de un ataque criminal por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Su presidente y la primera dama fueron secuestrados y recluidos en una cárcel en Nueva York, donde esperan un juicio por cargos vagos y cuestionables, como el de “narcoterrorismo”. Tras el ataque, la nación enfrenta un bloqueo asfixiante, amenazas de una mayor intervención militar y la posibilidad de que Estados Unidos tome el control de su industria petrolera.

Sin embargo, en un giro extrañamente «esperanzador», funcionarios de la Administración Trump han comenzado ahora a discutir la eliminación de las sanciones dirigidas al sector petrolero y el descongelamiento de los DEG del país, pese a que el gobierno chavista —bajo el liderazgo de la exvicepresidenta Delcy Rodríguez— sigue en pie. Las implicaciones podrían ser importantes. Si se permite que los ingresos petroleros vuelvan a fluir hacia los bancos en Caracas, ello podría sentar las bases para una recuperación económica que, a largo plazo, salvaría muchas vidas. Y si se liberan miles de millones de dólares en DEG para Venezuela, esto podría proporcionar un alivio económico inmediato y ayudar a mitigar la crisis humanitaria en curso. ¿Cómo interpretar este aparente giro por parte de Washington?

Las sanciones se impusieron inicialmente durante la Administración Obama, mediante una orden ejecutiva que declaró —sin mayor explicación— que Venezuela representaba una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional. Luego, la Administración Trump se apoyó en esa orden para imponer sanciones económicas de amplio alcance entre 2017 y 2019, como parte de una política de “máxima presión” destinada a sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Esto incluyó sancionar al Banco Central de Venezuela, incautar activos en el extranjero, prohibir el acceso al endeudamiento en los mercados financieros estadounidenses y golpear el pilar más crucial de la economía: el sector petrolero.

Incluso antes de que las sanciones empezaran a sentirse con fuerza, la economía venezolana ya atravesaba graves dificultades debido a la caída de los precios del petróleo y a políticas gubernamentales desacertadas. La guerra económica de Estados Unidos agravó dramáticamente la situación, desembocando en la depresión más profunda de la historia fuera de un contexto de guerra. El primer año de las sanciones de Trump se asocia directamente con la muerte de miles de personas. Hubo un marcado aumento de la desnutrición y de la mortalidad, especialmente entre los infantes lactantes. El nivel de vida se desplomó y millones emigraron a países vecinos.

Maduro, sin embargo, se mantuvo firmemente en el poder. Así, a comienzos de 2019, los dirigentes más duros de la oposición venezolana —en coordinación con Marco Rubio y altos funcionarios de la Administración, como John Bolton y Mike Pompeo— obtuvieron la aprobación de Trump para un nuevo plan destinado a derrocar al presidente. Juan Guaidó, que acababa de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional (un cargo que rota anualmente), se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela pese a no contar con un mandato nacional. Estados Unidos lo reconoció de inmediato, seguido por los gobiernos de derecha de América Latina y por la mayoría de los Estados europeos.

En cuestión de días, se rompieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. A Guaidó y sus aliados se les concedió acceso a miles de millones de dólares en activos estatales venezolanos retenidos en Estados Unidos. La Administración Trump trabajó para cortar los vínculos del gobierno de Maduro con diversas organizaciones internacionales —como el Banco Interamericano de Desarrollo— y logró que la Organización de los Estados Americanos otorgara estatus de Estado miembro al “gobierno” de Guaidó. Mientras se emitían sanciones estadounidenses más duras contra el sector petrolero venezolano, Bolton y otros funcionarios lanzaban amenazas de intención militar y llamaban a las fuerzas armadas venezolanas a sublevarse.

En medio de estos acontecimientos vertiginosos, pasó casi desapercibido que el FMI había suspendido sus relaciones con Venezuela debido a la “falta de claridad” sobre el liderazgo del país. Dado que una mayoría del poder de voto dentro de la institución —compuesta principalmente por Estados Unidos y los Estados europeos— ya no reconocía a las autoridades venezolanas, el Fondo siguió esa línea y retiró también su propio reconocimiento.

En medio de estos acontecimientos vertiginosos, pasó casi desapercibido que el FMI había suspendido sus relaciones con Venezuela debido a la “falta de claridad” sobre el liderazgo del país. Dado que una mayoría del poder de voto dentro de la institución —compuesta principalmente por Estados Unidos y los Estados europeos— ya no reconocía a las autoridades venezolanas, el Fondo siguió esa línea y retiró también su propio reconocimiento.

Al principio, Maduro mostró poco interés en retomar vínculos con la institución. Venezuela había mantenido relaciones mínimas con el Fondo desde comienzos de los años 2000 y no tenía un programa de financiamiento desde 1997. Pero eso cambió cuando la Junta de Gobernadores del FMI decidió emitir una cantidad sin precedentes de DEG para sus países miembros. Esa asignación proporcionó a los países en desarrollo la liquidez que tanto necesitaban para hacer frente al impacto económico del Covid: 42 canjearon sus DEG por moneda fuerte, otros los utilizaron para saldar deudas con el FMI y al menos 69 los emplearon con fines fiscales.

Para Venezuela, la asignación ascendió a 3.568 millones de DEG, el equivalente a cinco mil cien millones de dólares en ese momento. Pocos países la necesitaban tanto. Durante unas negociaciones de corta duración entre el gobierno venezolano y la oposición durante el mes de septiembre, ambas partes coincidieron en que acceder a esa asignación de DEG era una prioridad máxima. Pero los recursos siguieron embargados y la economía continuó su espiral descendente.

Hoy, bajo la segunda presidencia de Trump, el descongelamiento de los DEG de Venezuela vuelve a estar sobre la mesa, al igual que la posibilidad de un importante préstamo del FMI. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lo dijo. Les ha referido a periodistas que la Administración Trump está “levantando sanciones al petróleo que se va a vender”, y se ha reunido con los jefes del FMI y del Banco Mundial para impulsar el restablecimiento de relaciones. Cabe señalar que los motivos de Washington distan mucho de ser puros: Trump está obsesionado con reactivar el golpeado sector petrolero del país para luego entregarlo a empresas estadounidenses. Pero eso requerirá, entre otras cosas, un retorno a la estabilidad económica del país en su conjunto; de ahí la aparente disposición de la Administración a apartarse —al menos por ahora— de la anterior estrategia de “máxima presión”.

A lo largo de la historia del FMI, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lo general ha impuesto su criterio, gracias a su poder de veto sobre decisiones clave y a la tendencia de sus aliados occidentales a alinearse con Washington en cuestiones de política del Fondo. En este caso, pareció por un momento que el desenlace podría ser distinto. Para que Venezuela pudiera reanudar vínculos con el FMI, haría falta que una mayoría dentro de la institución respaldara el reconocimiento de las autoridades estatales venezolanas. Según algunos reportes, varios gobiernos europeos se mostraron reticentes a plegarse a esta directriz, en parte por las amenazas de Trump de apoderarse de Groenlandia. Pero ahora que Trump está promocionando un “acuerdo marco” sobre Groenlandia con los europeos, podría estarse abriendo una ventana de oportunidad para que cambien de postura.

Si se liberan los casi cinco mil millones de dólares en DEG, esto podría ayudar al Banco Central de Venezuela a combatir la inflación —que se ha disparado tras el ataque estadounidense y el bloqueo petrolero— y a evitar un nuevo episodio de hiperinflación. Los DEG también podrían utilizarse para comprar necesidades urgentes como alimentos y medicinas, encauzando al país hacia la reconstrucción y creando condiciones más favorables para el diálogo entre sus principales actores políticos. En medio de este ataque sin precedentes contra su soberanía, Venezuela podría, paradójicamente, respirar por primera vez en años.

Sin embargo, para que esto ocurra, también debe permitirse que Venezuela reestructure y reprograme su asfixiante deuda externa, que se disparó tras el colapso económico del país. Aquí el peligro es que Washington y los acreedores internacionales presionen a Caracas para que utilice sus DEG y empiece de inmediato a pagar la deuda externa. Trump también podría intentar desviar la totalidad de los ingresos petroleros hacia sus amigos multimillonarios, en lugar de permitir que ese dinero regrese al país. Aún no está claro qué rumbo tomará la Casa Blanca. Pero resulta imprescindible exigir tanto el fin del régimen de sanciones como del congelamiento de los DEG de Venezuela.

Traducido al español por Francesca Emanuele