China Global

A medida que Estados Unidos parece renunciar a su posición de hegemonía mundial, alejándose de las instituciones multilaterales que ayudó a crear, librando guerras militares mal concebidas contra sus enemigos y guerras económicas mutuamente destructivas contra sus aliados, la cuestión del poder de China en la escena mundial ha cobrado un gran protagonismo. A nivel nacional, la economía china—que ya representa el 20 por ciento del PIB mundial—sigue creciendo y se encuentra a punto de alcanzar el estatus de país de altos ingresos. China es la superpotencia manufacturera mundial, con un superávit comercial de 1 billón de dólares y representa casi el 30 por ciento del valor añadido de la industria manufacturera mundial. A nivel internacional, se la señala abiertamente como la única competidora significativa del poder estadounidense, gracias en gran medida a la estrategia global de infraestructura y desarrollo económico de Beijing, que también sigue creciendo. Lanzada oficialmente en 2013, la primera Iniciativa de la Franja y la Ruta invirtió un total acumulado de 1,4 billones de dólares en 150 países, concediendo préstamos e inversiones para infraestructura física principalmente en Asia, África y América Latina. 

En años recientes, China ha emprendido una nueva fase de la Iniciativa, centrada en la tecnología verde y las energías renovables. Mientras que el país invirtió $340 mil millones de dólares en iniciativas de fabricación verde a nivel nacional en 2024, la inversión extranjera directa en tecnologías limpias también ha crecido rápidamente en los últimos tres años. La magnitud de estas inversiones es colosal. Mathias Larsen señala que, en dólares ajustados a la inflación, son significativamente superiores a los $200 mil millones de dólares del Plan Marshall. Resumiendo estos flujos de inversión, Tim Sahay escribe que “las empresas chinas han comprometido más de $227 mil millones de dólares en 461 proyectos de fabricación ecológica en 54 países desde 2011, y el 88 por ciento de la inversión se ha producido sólo desde 2022”. Algunos se han referido a esto como la Iniciativa de la Franja y la Ruta 2.0.

Las dimensiones de estas inversiones extranjeras son significativas, pero el proyecto global de China va más allá de lo político-económico. El liderazgo chino en la transición verde es sin duda la parte más visible y comentada de su agenda de desarrollo internacional, pero esta estrategia también implica una agenda de desarrollo más amplia con cambios normativos y epistémicos. Como veremos, China ha introducido nuevos estándares de gobernanza global y nuevos regímenes de conocimiento. En todos estos ámbitos, China no se limita a imponer su voluntad, sino que trabaja en colaboración con otros países. No es cierto, como sostiene la opinión dominante, que China sea simplemente una nueva potencia hegemónica que se ha hecho a sí misma y que ejerce su influencia en la escena mundial. Más bien, el ascenso de China debe entenderse en términos de su estrecha colaboración con los países del Sur global, que tienen agencia por derecho propio.

En lugar de lanzarse a un juicio retórico que glorifique o demonice la relación de desarrollo de China con el Sur global, este ensayo pone de relieve algunos de los principales focos de controversia que requieren investigaciones empíricas contínuas. Sólo al examinar la dinámica y las consecuencias de esos puntos de controversia podremos determinar si esa relación es un caso de “desarrollo decolonial”—que genera resultados más justos, equitativos y liberadores que los encuentros coloniales del pasado en el Sur— o una nueva variedad de colonialismo, basada en las energías renovables pero que, no obstante, teje nuevas cadenas de dependencia.

Geopolítica de la transición verde

China se ha convertido en el actor más importante y en el líder mundial indiscutible de la transición hacia las energías renovables. Su propia economía está cada vez más impulsada por la energía limpia, lo que la convierte en el primer “electrostado” significativo del mundo. También es el principal productor y exportador de tecnologías limpias a África, Asia y América Latina, donde las élites están replanteándose el desarrollo nacional basándose en redes eléctricas, paneles solares, baterías eléctricas y vehículos de fabricación china.

La mayoría de los análisis de esta tendencia hacen hincapié en los imperativos propios de China e ignoran las fuertes necesidades y deseos de desarrollo de los gobiernos del mundo en desarrollo. Estos últimos están elaborando sus propias visiones sobre la reindustrialización, la movilidad verde y la seguridad de los contenidos nacionales en las cadenas de suministro de energías renovables.1 El Gobierno de Estados Unidos también hizo hincapié en la “reindustrialización”, la “reubicación de la producción” y la “reafirmación” del acceso a los minerales críticos en su Estrategia de Seguridad Nacional para 2025, pero sin llevar a cabo la transición hacia una economía descarbonizada. Algunos países del Sur, como Kenia y Bangladesh, que ya utilizan importaciones chinas de tecnología limpia, están a años luz de Occidente en lo que respecta a la transición hacia la energía verde. En conjunto, el Sur es ambicioso en este sentido, ansioso no sólo de ponerse al nivel de Occidente, sino de dar un salto hacia otro régimen energético. Si lo consiguen, el actual orden político-económico mundial, basado en los productos petroquímicos y los combustibles fósiles, probablemente se verá trastocado, lo que supondrá una ventaja adicional para China.

Lo que ahora se describe como la transición verde es una oportunidad histórica para que los países del Sur alcancen sus propios objetivos climáticos y medioambientales. Es, además, una base para que puedan proporcionar energía asequible a industrias que llevan mucho tiempo lastradas por el déficit energético, al tiempo que permiten la movilidad y el consumo de unos ciudadanos que anhelan un estilo de vida moderno. La reindustrialización, o el desarrollo de la industria transformadora, ocupa un lugar destacado en las agendas de desarrollo nacional. Décadas de neoliberalismo, la privatización de minas y tierras, sumadas a la atrofia de la capacidad y las funciones del Estado, han llevado a la “primarización” en muchos países, frustrando las esperanzas de generar valor añadido. Ahora, muchos gobiernos están trabajando para aprovechar sus dotes naturales en minerales críticos, no tanto para integrar sus economías en las cadenas de valor globales tejidas por las multinacionales occidentales, sino para construir sus propias cadenas de suministro nacionales. Esto implica no sólo la extracción y el procesamiento de minerales, sino también la fabricación de piezas hasta llegar a la producción de bienes “verdes”.

Si el crecimiento dinámico de las cadenas mundiales de materias primas en la efervescente década de los noventa fue impulsado por las empresas capitalistas transnacionales y la ideología dominante del neoliberalismo, el desarrollismo de las cadenas de suministro actual es un proyecto claramente liderado por el Estado, impulsado por la geopolítica y el nacionalismo de los recursos. Y en lugar de cadenas de suministro dispersas a nivel mundial, los gobiernos pretenden ubicarlas dentro de sus fronteras nacionales. Esto ha supuesto una producción verticalmente integrada como estrategia corporativa tanto en Estados Unidos como en China, incluso antes del Covid. 

En el contexto de esta producción verticalmente integrada, el capital extranjero sigue siendo muy codiciado, pero algunos Estados del Sur están reafirmando su mandato de desarrollo. Este es el caso de Indonesia, donde el presidente Joko Widodo impuso una prohibición a la exportación de productos de níquel sin procesar en 2020. De manera similar, en Brasil, el Partido de los Trabajadores presentó la Nova Indústria Brasil en 2024, que incluye una política para la industrialización nacional del litio. Por otra parte, el presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, animado por la carrera mundial por los minerales críticos, prevé que los gobiernos africanos tendrán una posición mucho más fuerte a la hora de negociar con los inversores. Será decisivo cómo los gobiernos del Sur seguirán aprovechando esta nueva ventaja en el futuro. Si los Estados se limitan a competir para ofrecer políticas de concesión, como exenciones fiscales, terrenos gratuitos y una legislación laboral permisiva, sin obtener el compromiso extranjero de localizar la producción y transferir tecnología, los resultados de desarrollo de la transición verde serán insignificantes.

En este sentido, China ocupa una posición contradictoria. En la última década, he conocido a muchos funcionarios de Zambia, Brasil e Indonesia que admiran enormemente el historial de China: sus extraordinarios avances en crecimiento económico, creación de riqueza, reducción de la pobreza, capacidad de gobernanza y progreso tecnológico. Para aumentar el atractivo, China ofrece a estos países soluciones llave en mano, desde la concepción hasta la financiación y la construcción de proyectos de infraestructura, acompañadas de una ideología tentadora de asociación para el desarrollo “Sur-Sur”, en contraposición a la condescendiente relación “donante-receptor” inherente a la ayuda al desarrollo occidental. No debe olvidarse que China tiene su propio objetivo de integración vertical en la producción de energías renovables, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Al igual que en la primera Iniciativa de la Franja y la Ruta, la exportación del exceso de capacidad, la garantía del acceso a minerales críticos y el acceso a los mercados locales y regionales son factores clave. En este sentido, existe el riesgo de que China se convierta en un competidor depredador para los países del Sur que aspiran a asegurar sus propias cadenas de suministro ecológicas nacionales. ¿Estarán dispuestos y serán capaces los países del Sur de aplicar políticas de contenido nacional para obligar a los inversores chinos a localizar sus operaciones? ¿O será más probable que se dediquen a ensamblar piezas fabricadas en China en el Sur?

El historial de China en la obtención de transferencias de tecnología a cambio de acceso al mercado, especialmente en la industria automovilística, puede proporcionar un modelo adaptable. Los investigadores han descubierto que la inversión extranjera china con respaldo estatal responde bastante bien a las demandas locales. Mi propia investigación en Zambia también muestra que la definición amplia de “beneficios” del capital estatal chino —que implica no sólo rendimientos financieros, sino también acceso a minerales locales e influencia política— hace que sus empresas sean menos independientes que el capital extranjero y, por lo tanto, más abiertas a negociar con el Estado anfitrión. ¿Podrán los países en desarrollo con grandes mercados internos y control sobre minerales críticos aprovechar este momento de geopolítica de las cadenas de suministro para reequilibrar su relación con China? No se trata solo de una cuestión de capacidad burocrática. La (re) alineación del poder y los intereses de las clases nacionales arraigadas tendrá un impacto decisivo en las relaciones de los Estados del Sur con China. En Indonesia, por ejemplo, los investigadores dicen que “los intereses oligárquicos, que se están enriqueciendo y empoderando gracias al auge del níquel dominado por China y que, en consecuencia, tienen poco interés en endurecer las salvaguardias ESG, han encontrado aliados en el aparato estatal en general”. Aún se conoce poco cómo las élites político-económicas de otros países definen estratégicamente el papel de su país en la transición verde.

En todo esto, también es necesario comprender mejor el papel de los trabajadores. ¿Deben los trabajadores esperar un mayor o menor poder de negociación en esta nueva economía política de la reindustrialización descarbonizada? Los informes procedentes del Parque Industrial de Morowali, en Indonesia —un importante centro del proyecto de transformación del níquel del país, con una fuerte inversión china— sugieren una historia demasiado familiar de degradación laboral, accidentes mortales y disturbios tanto en la minería como en el procesamiento. Por otra parte, queda por ver si las nuevas plantas de vehículos eléctricos de BYD en Bahía, al noreste de Brasil, y en Subang, Java Occidental, marcarán el comienzo de un nuevo régimen de producción basado en nuevas competencias laborales, con consecuencias para el potencial de negociación de los sindicatos. 

En cualquier caso, la política en el punto de producción viene determinada por el aparato político de la producción. Una cosa está clara: a raíz de la precarización laboral global, es probable que los trabajadores del Sur necesiten el respaldo de sus propios gobiernos para lograr un equilibrio más equitativo del poder de clase en la transición verde. Numerosos estudios han señalado la falta de aplicación de la legislación laboral por parte de los países de acogida como la principal causa de la degradación laboral. Debemos estar atentos a si los Estados del Sur se verán obligados por la presión electoral, en forma de nacionalismo de recursos, a apoyar a sus propios ciudadanos de la clase trabajadora o no. El discurso chino sobre la solidaridad Sur-Sur y el desarrollo beneficioso para todos podría resultar ser sólo superficial si no mejora la capacidad de influencia de los trabajadores.

Reglas, normas y estándares

Existe un ámbito de desarrollo menos material, pero no por ello menos fundamental, que es clave para los crecientes lazos entre China y el Sur global: los estándares y normas cambiantes de la gobernanza global. Fue en la Conferencia Asiático-Africana de Bandung de 1955 cuando China asumió por primera vez su papel de liderazgo, articulando una visión antiimperialista y antihegemónica para un orden mundial más justo e igualitario. El ascenso de China como formidable potencia económica en las últimas tres décadas le ha otorgado finalmente un peso sustancial en las instituciones internacionales para cambiar las reglas del juego. Desde la regulación monetaria internacional y la financiación del desarrollo hasta la definición de los derechos humanos y las normas de ciberseguridad, China ha actuado en alianza con países del Sur “afines” para cambiar las normas globales, aunque de forma desigual e incompleta. En esto, es difícil pasar por alto una paradoja: a pesar de todas sus tendencias autocráticas y represivas en el ámbito interno, China ha sido un actor colaborador en el exterior, defendiendo lo que muchos considerarían cambios progresistas en áreas clave de la gobernanza global. Veamos brevemente algunos ejemplos y sus implicaciones inciertas.

Desde la década de 1980, la República Popular China ha liderado el impulso de los países de ingresos medios y en desarrollo en favor de un orden económico mundial más equilibrado dentro del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. China ha pasado de ser un “seguidor de normas” en las instituciones de Bretton Woods en las que participa a convertirse en un “revolucionario de las normas” y, más recientemente, en un nuevo “creador de normas”, llegando incluso a crear instituciones alternativas al margen de las lideradas por Occidente. Los esfuerzos de China por defender la demanda de larga data de los países del Sur global de una mayor representación en el FMI han tenido, según Kevan Gallagher y Gregory Chin, un gran éxito. La política ha cambiado en varios aspectos. Se han ampliado los derechos de voto de los miembros del Sur y se ha diversificado la cesta de monedas que pueden convertirse en Derechos Especiales de Giro (DEG). El reembolso de los préstamos puede realizarse ahora en materias primas, recursos naturales o suministros energéticos del país prestatario, en lugar de en efectivo.

Dentro del Banco Mundial, la competencia de las propias instituciones financieras chinas ha obligado al banco a acortar la duración de la aprobación de sus proyectos y a destinar una mayor parte de su inversión a infraestructuras. Fuera de las instituciones de Bretton Woods, China ha creado, o co-creado, bancos multilaterales de desarrollo paralelos. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y el Nuevo Banco de Desarrollo son dos ejemplos en los que las normas medioambientales, sociales y de gobernanza son específicas de cada país, en lugar de ser impuestas desde fuera. Alejándose del modelo jerárquico de Bretton Woods, las naciones del BRICS han acordado otorgar a cada miembro fundador el mismo poder de voto en el Banco Nacional de Desarrollo. Es importante destacar que dejan de lado el dólar estadounidense como moneda de contabilidad. A un nivel más conceptual, los bancos multilaterales de desarrollo liderados por China están promoviendo un cambio que se aleja de una agenda de reducción de la pobreza y se orienta hacia un modelo de desarrollo internacional “basado en el crecimiento”.

En materia de gobernanza cibernética, China se ha erigido como un incipiente “emprendedor de normas”, buscando de forma proactiva contrarrestar un modelo de gobernanza fuertemente dominado por los intereses occidentales. También en este ámbito ha sido recibido con gran entusiasmo por los gobiernos del Sur global, recelosos del “colonialismo de datos” como nueva forma de extractivismo. Un conjunto de normas define la posición de China. En primer lugar, la “soberanía cibernética”, como extensión de la soberanía territorial, defiende el derecho de todos los Estados soberanos a decidir sus propias vías de desarrollo cibernético, así como sus propios modelos de regulación cibernética y políticas públicas para un Internet sin injerencias extranjeras. En segundo lugar, China prefiere un enfoque multilateral de la gobernanza del ciberespacio, liderado por los Estados y centrado en la ONU. Esto contrasta con el enfoque transfronterizo, impulsado por la industria y la sociedad civil y con múltiples partes interesadas que promueven muchos Estados occidentales, y que Pekín considera una amenaza para la soberanía cibernética. Una tercera posición normativa consiste en hacer hincapié en el equilibrio entre la seguridad nacional y, por otro lado, el desarrollo de una economía digital competitiva y un mercado de datos. Se trata de una respuesta a la securitización liderada por Estados Unidos y a la politización de la gobernanza cibernética de China en el contexto occidental.

En la práctica, China ha aumentado su presencia estratégica en organismos internacionales de normalización consolidados, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional. Al mismo tiempo, desde 2014, acoge su propia plataforma multilateral denominada Conferencia Mundial de Internet en Wuzhen, en un intento por articular y difundir sus normas preferidas entre los países BRICS y otros países en desarrollo. La financiación gubernamental ha permitido a las empresas chinas elaborar propuestas de normas sólidas para muchas organizaciones de desarrollo de normas, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas. El proyecto de la Ruta Digital de la Seda, liderado por China, en el que ahora participan ochenta países, permite a Pekín promover sus normas cibernéticas y los estándares técnicos que prefiere (por ejemplo, el protocolo IPv6 de próxima generación para los servicios de Internet).

Dentro de las Naciones Unidas, China está intentando reformar la lógica, el contenido y la dinámica de poder del multilateralismo. A diferencia de la mayoría de los Estados occidentales, China aborda el sistema de las Naciones Unidas como una plataforma intergubernamental con una autonomía reducida de la burocracia de la ONU y la marginación de las organizaciones no gubernamentales. China y sus aliados afines han liderado cada vez más las críticas contra el contenido normativo liberal de la concepción de la ONU de un orden mundial basado en su estructura interrelacionada de tres pilares: seguridad, derechos humanos y desarrollo. En este contexto, China ha impulsado la protección de la primacía del Estado —es decir, que los Estados-nación asuman la responsabilidad principal de proteger a sus ciudadanos— en lugar de confiar en que la ONU cumpla esa función, en consonancia con su propia norma de la “Responsabilidad de Proteger” (R2P). En 2023, China firmó una carta con el “Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas” en la que se describía la R2P como “controvertida y divisiva”. 

En el ámbito de los derechos humanos, China ha logrado, de nuevo con el apoyo de un “Grupo de países afines” de unos cincuenta países, en su mayoría del Sur, la aprobación de una resolución que respalda la posición de que las normas de derechos humanos deben ser pluralistas y relativas. Concretamente, la nueva definición incluye ahora el derecho colectivo al desarrollo económico, y no solo los derechos políticos, sociales y civiles del individuo, como subraya Occidente. En la dinámica de poder general de la ONU, los expertos han señalado que los Estados miembros del Sur suelen apoyar la creciente participación de China (o no están dispuestos a expresar sus críticas) y buscan activamente participar en los programas de la ONU patrocinados por China. Entre estos destaca la Iniciativa de Desarrollo Global; ochenta Estados miembros de la ONU ya se han unido al “Grupo de Amigos de la GDI”. Una ONU renovada, en la que se consolide la retirada de Washington del sistema y en la que aumente la participación de los países en desarrollo —con Pekín a la cabeza— supondría un cambio importante para el multilateralismo.

En resumen, China está en camino de convertirse en una potencia revisionista en el orden mundial. Está promoviendo la soberanía (en contraposición a la hegemonía estadounidense), la primacía del Estado (en lugar del multilateralismo de las partes interesadas), el desarrollo impulsado por el crecimiento (en lugar de la reducción de la pobreza y el empoderamiento), las alternativas del Sur (en contraposición a las normas occidentales) y el pluralismo (no el universalismo). En medio de todo esto, cabe preguntarse si las “alternativas” que ofrece China producirán realmente mejores resultados para los implicados. En este caso, no se trata de una simple respuesta de sí o no. A modo de ejemplo: Xi Jinping anunció la Iniciativa de Seguridad Global en 2022. Como una de las tres iniciativas principales —junto con la Iniciativa de Desarrollo Global y la Iniciativa de Civilización Global—, implica ampliar el alcance global de las agencias de seguridad interna de China a los socios del Sur y establecer una arquitectura bilateral y multilateral para la formación y la cooperación policial y de las fuerzas del orden. Como impulso diplomático concertado en materia de seguridad no militar, propaga las normas, estándares y prácticas preferidas por China como “una alternativa al orden de seguridad liderado por Occidente”, en parte porque evita competir con él. Queda por ver si este modelo de seguridad chino supondrá realmente una mejora con respecto al status quo.

Lucha epistémica

Además de estas agendas político-económicas y normativas, podemos vislumbrar un régimen emergente de producción de conocimiento, patrocinado por China pero con la participación activa de académicos del Sur global. El gran número de instituciones de estudios regionales, centros de investigación, redes internacionales y conferencias —tanto dentro como fuera de China— está produciendo nuevas narrativas del desarrollo global, supuestamente desde una perspectiva descolonial arraigada en una alianza Sur-Sur, un desafío implícito a la colonialidad de Occidente y a la jerarquía epistémica existente que privilegia el conocimiento occidental.

El proyecto chino “escritura del mundo” ha impulsado, desde su fundación en 2011, la creación de 450 programas de estudios regionales y de área en casi 200 universidades, movilizando a 20 mil docentes con el objetivo de desarrollar e impartir la visión china del mundo. Coincidiendo con importantes eventos diplomáticos, como el Foro de Cooperación China-África y la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Pekín puso en marcha institutos de investigación dedicados a los estudios internacionales. Disciplinas específicas como la geografía, las relaciones internacionales y los estudios sobre el desarrollo, están a la vanguardia de la producción de conocimiento chino en la escena mundial. Históricamente, los estudios sobre el desarrollo fueron una característica de las instituciones occidentales tras el periodo de descolonización y la Guerra Fría. Estas instituciones inventaron la materia, la técnica y las prácticas del “desarrollo” y del “mundo en desarrollo”. Ahora, los académicos chinos ven la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) como el momento de China para crear su propio conocimiento y narrativa del desarrollo. Entre las instituciones emblemáticas de esta nueva era se encuentran: el Instituto de Cooperación y Desarrollo Sur-Sur de la Escuela Nacional de Desarrollo de la Universidad de Pekín (fundado por Justin Yifu Lin, ex economista jefe del Banco Mundial) y el Centro de Conocimiento Internacional sobre el Desarrollo, con sede en el Centro de Investigación sobre el Desarrollo del Consejo de Estado de China. Por debajo de estas instituciones de ámbito nacional se encuentran las de segundo y tercer nivel, afiliadas a ministerios, universidades y especializaciones políticas. La mayoría de estas instituciones de carácter descendente e impulsadas por las políticas se crearon en la última década aproximadamente. Un investigador ha descrito su objetivo como “traducir la experiencia china en productos de conocimiento concretos y aportar la sabiduría y las soluciones chinas a los retos de desarrollo global”.

La transmisión de conocimientos al mundo en desarrollo adopta varias formas. En primer lugar, al igual que el Banco Mundial, que utiliza seminarios y talleres para difundir su visión, China ofrece sus propios programas de formación para fomentar la adaptación a las prácticas chinas. Según un informe de investigación, entre 1981 y 2009, Pekín acogió a 120 mil participantes en formación procedentes del Sur global, con 4 mil programas en veinte áreas. Tras ese éxito inicial, los programas se ampliaron en la década siguiente, aumentando tanto el número de participantes como el de programas, de modo que entre 2013 y 2018 hubo más de 200 mil participantes en unos 7 mil programas.

Con una duración que oscila entre uno y sesenta días, y que a menudo incluyen visitas in situ y viajes a China con todos los gastos pagados, los programas han abarcado un amplio espectro de prácticas de gobernanza chinas: gestión portuaria, aplicación internacional de BeiDou (el sistema chino de navegación por satélite global), tecnologías de cadena de bloques y de seguridad de la información, el papel de los think tanks en la implementación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, política nacional sobre minorías étnicas, asuntos de nuevos medios, gestión de la población, gestión universitaria, bienestar y ciudades inteligentes. Sea cual sea el tema, se hace hincapié en que la ideología del Partido Comunista Chino y su gobernanza autoritaria contribuyen a su eficacia.

La producción de conocimiento cuenta también con otros medios. China copatrocina conferencias académicas internacionales a gran escala, anuales o bianuales, junto con instituciones académicas de Asia Central, la India o América Latina. En la actualidad existen varias series de libros, publicadas en editoriales académicas y especializadas en inglés, que hacen hincapié explícito en las perspectivas de China, la cooperación Sur-Sur, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, e incluso el pensamiento de Xi Jinping. Por ejemplo, la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China) y la Universidad de Renmin ofrecen conjuntamente un curso en línea de 10 horas de duración sobre las “Implicaciones globales del socialismo con características chinas en la nueva era”, con el objetivo explícito de profundizar en la comprensión del pensamiento de Xi Jinping.

Hasta que no se disponga de un análisis sistemático del contenido de este nuevo corpus de conocimientos, no estamos en condiciones de evaluar su novedad teórica y su validez. Esto no ha impedido que algunos celebren prematuramente la contribución china. En estrecha sintonía con la ideología oficial, pero publicados en prestigiosas revistas académicas en inglés, algunos investigadores sostienen que la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) es un ejemplo de “globalización inclusiva”. La “diplomacia de la armonía” de China se describe como el núcleo de una teoría china de las relaciones internacionales en la que el concepto político tradicional chino de tianxia (todo bajo los cielos) apunta hacia “el mundo descolonizado y posracial imaginado por los pensadores descoloniales del Sur global”. Las preguntas que debemos plantearnos sobre estas propuestas son las mismas que debemos plantearnos sobre toda investigación científica: ¿se basan las afirmaciones en una conceptualización válida, en pruebas empíricas y en metodologías rigurosas?

Hegemonía descolonial: ¿realidad o ideología?

Estos tres elementos clave del proyecto de poder de China —material, normativo y epistémico—, que a menudo se desarrollan con el apoyo de países del Sur global, encajan perfectamente en el concepto gramsciano de hegemonía: dominación basada en la concesión de intereses materiales y en el liderazgo moral e intelectual. Como esbozo minimalista de un proceso en desarrollo, este artículo es una invitación a los investigadores a desentrañar los actores, los intereses y las dinámicas de poder que constituyen el nexo global entre China y el Sur global. Debemos estar abiertos a la posibilidad de resultados, normas y epistemología de desarrollo descolonial, al tiempo que somos plenamente conscientes de que la colonialidad también puede surgir fuera de Occidente y desde el Sur. Abundan los ejemplos contemporáneos: Israel en Palestina, la India en Cachemira, Rusia en Ucrania, China en Xinjiang y Hong Kong. Adoptar una retórica decolonial, apelar a la propia condición de víctima del imperialismo occidental en el pasado, o reivindicar la indigenidad y una epistemología alternativa no garantiza la justicia epistémica ni un cambio de paradigma.

Estas prácticas discursivas pueden incluso enmascarar y propiciar un peligro aún más pernicioso: cooptar como aliados a los impulsos académicos progresistas de Occidente, ávidos de alternativas y dispuestos a renunciar al análisis científico y objetivo de lo que el nexo de desarrollo entre la China global y el Sur Global está generando realmente sobre el terreno. Como observadora participante de los Estudios sobre la China Global desde sus inicios hace dos décadas, no he visto ningún esfuerzo académico sostenido para documentar y evaluar los resultados de desarrollo relativos a los pueblos y comunidades a lo largo de la BRI. Quizás esto dice mucho del poder discursivo de Pekín, que logra impartir una perspectiva de “primacía del Estado” en nuestra comunidad epistémica, el mismo principio que ha defendido en sus prácticas de cooperación para el desarrollo y en las instituciones globales de gobernanza.

No obstante, la tarea de cara al futuro consistirá en dedicar más investigación empírica y análisis pormenorizados a los efectos de la China global tal y como los viven las comunidades afectadas. Los resultados del desarrollo deben medirse no sólo en términos del PIB o de las agendas de las élites estatales, sino en función de lo que resulte beneficioso para quienes viven esos cambios. Sólo así podremos evaluar en qué tipo de potencia hegemónica se ha convertido la nueva China global: si es capaz de mitigar las diversas desigualdades que persisten —tanto dentro de los países del Sur global como entre el Sur y el Norte global— o si la nueva hegemonía de China en materia de energías renovables reproducirá las dinámicas de dependencia que ya conocemos de sobra.