La ilusión de Venezuela

A primera vista, la justificación estratégica de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán parece difícil de definir. Mientras que el presidente Trump ha descrito la campaña en los habituales términos de la liberación democrática, prometiendo derrocar a la República Islámica, el secretario de Estado Marco Rubio la ha presentado como un ataque preventivo. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, se unió a Rubio al afirmar que los objetivos principales son la destrucción de los programas nucleares y de misiles de Irán y el debilitamiento de sus capacidades navales —no exactamente un cambio de régimen, sino una coacción contra sus capacidades—.

Sin embargo, los objetivos bélicos de Estados Unidos no deben buscarse en las sesiones informativas oficiales de la administración Trump, sino en los cambios a largo plazo en la política estatal estadounidense. Desde principios de la década de 2010, Washington se ha alejado cada vez más de las ocupaciones militares a gran escala para orientarse hacia el uso del poder aéreo, los instrumentos financieros, la presión diplomática y la eliminación selectiva de adversarios clave. Ha tratado de imponer su voluntad a otros Estados al tiempo que limita los costes internos y geopolíticos asociados a una presencia militar prolongada, en lo que equivale a un modelo de ingeniería política a distancia.

El episodio venezolano marcó la culminación de este enfoque, demostrando cómo un ataque contra un líder concreto, combinado con la aplicación de una intensa presión externa, puede generar un cambio político sin las cargas que supone el control territorial. Este, al parecer, es el mismo escenario que Washington querría representar en Irán. Trump invocó explícitamente el precedente venezolano cuando, después de ordenar el asesinato de Ali Jamenei, hizo la declaración de que el hijo del ayatolá, Mojtaba Jamenei, sería un sucesor «inaceptable»: «Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy».

Pero, ¿puede Washington simplemente imponer su líder preferido en Irán, como hizo tras la captura de Maduro? Las pruebas sugieren que no puede. La República Islámica tiene una arquitectura de gobierno compleja y una coalición cohesionada de la clase dirigente. A lo largo de tres décadas, Ali Jamenei transformó el cargo de Líder Supremo en un extenso aparato burocrático y de seguridad integrado en un denso entramado de instituciones militares, clericales y económicas. Este «complejo militar-bonyad», como lo he denominado en otras ocasiones, no puede ser derrotado mediante una estrategia de mera decapitación. El resultado más probable de la campaña estadounidense-israelí será reforzar la coordinación securitizada en todo el Estado, al tiempo que se corre el riesgo de un conflicto más amplio en toda la región.

Gestión del régimen

El enfoque actual de Estados Unidos hacia Irán tiene una larga prehistoria. La inestabilidad financiera provocada por la crisis de 2008, junto con la creciente oposición interna a las ocupaciones de Irak y Afganistán y la creciente competencia con China, impulsó una reorientación de la estrategia imperial. En lugar de costosos intentos de cambio de régimen y construcción del Estado en el extranjero, Washington buscó ahora ganar influencia sobre las instituciones existentes en los países objetivo —desde la burocracia estatal hasta el poder judicial y los medios de comunicación— al tiempo que preservaba el margen de maniobra para un conflicto de grandes potencias a más largo plazo en Eurasia y el Indo-Pacífico.

El bombardeo de la Otan sobre Libia en 2011, cuyo objetivo era derrocar a Muamar el Gadafi y que provocó la muerte de 50 mil libios, marcó el inicio de este nuevo enfoque. Aunque los estadistas estadounidenses siguieron utilizando el discurso de la democracia y el humanitarismo, sus sueños de una transformación política generalizada dieron paso a un repertorio de política exterior más limitado: estabilización, lucha contra el terrorismo, gestión de alianzas y protección de los corredores energéticos. Trump ha continuado en esta línea, al tiempo que ha abandonado en gran medida el lenguaje de la democracia y el orden basado en normas que en su día fue la gramática moral del poder estadounidense.

Uno de los pilares de este giro posterior a 2008 fue la expansión de la guerra financiera y comercial como sustituto de las intervenciones terrestres. Las sanciones ya no son una herramienta política marginal, sino un instrumento central para reorganizar un Estado objetivo. Su objetivo es sistémico más que táctico: restringir el acceso a las finanzas, las redes de aprovisionamiento, los mercados de seguros, las rutas marítimas y los sistemas de liquidación, obligando así a terceros a elegir entre la participación en el orden centrado en Estados Unidos y los vínculos comerciales con el país sancionado.

Las sanciones económicas fueron una de las principales armas de la Administración Obama, que Trump complementó posteriormente con aranceles: un instrumento contundente para generalizar las fricciones económicas, elevar los costes de transacción y disciplinar las cadenas de suministro, que a menudo opera junto con controles a la exportación, filtrado de inversiones y restricciones financieras. Esta combinación de sanciones y aranceles ha reforzado la infraestructura de la coacción económica, ampliando las palancas que Washington puede utilizar para castigar, disuadir u obligar a adoptar determinadas formas de comportamiento político.

Otro pilar es el traspaso de la responsabilidad de la coacción externa a los Estados aliados: animándolos a absorber mayores costes en primera línea mientras Estados Unidos proporciona el paraguas de escalada, la inteligencia, la logística y las capacidades de alto nivel. La Otan ofrece el ejemplo más claro. El giro estratégico de Estados Unidos ha ido acompañado de una presión sostenida sobre los socios europeos para que aumenten el gasto en defensa como porcentaje del PIB, lo cual no es tanto una exigencia aislada como una señal estructural de que los compromisos estadounidenses se han convertido en algo condicionado a que los aliados asuman una mayor parte de la carga. En este sentido, también hay más continuidad que ruptura entre Obama y Trump, aunque este último tienda a expresar la misma lógica en términos más ásperos.

Sin embargo, esta reorientación va más allá de Europa. En todo el mundo, Washington busca preservar su dominio estratégico al tiempo que redistribuye las responsabilidades operativas hacia fuera y hacia abajo, lo que le permite ejercer libremente la coacción sin verse envuelto en campañas de duración indefinida para garantizar la estabilización. «Liderar desde atrás» se convierte así en una necesidad operativa. En Oriente Medio, Estados Unidos ha pasado la última década animando a los aliados regionales a vigilar su propio vecindario de una manera que promueva los intereses estadounidenses. Esto fue especialmente evidente tras la Primavera Árabe, cuando el bloque del Golfo liderado por Arabia Saudí ayudó a reprimir o neutralizar los levantamientos populares y a forjar un orden regional alineado con las prioridades tanto del Golfo como de Estados Unidos. La redistribución de responsabilidades también amplió el margen de maniobra de Israel, ya que el respaldo estadounidense a la agresión israelí, especialmente desde el 7 de octubre, se ha mantenido en líneas generales constante a lo largo de las administraciones de Biden y Trump.

La «gestión de regímenes» se presenta así como una solución atractiva a un dilema estratégico recurrente, en el que Washington considera que ya no puede asegurar los resultados deseados —el cumplimiento, la realineación o la neutralización de regímenes hostiles— mediante guerras a gran escala para el cambio de régimen. Este modelo se ha utilizado en Venezuela y en otros lugares para crear una situación política más favorable dentro de un Estado objetivo, al tiempo que se preserva su maquinaria administrativa existente. El protocolo estándar consiste en eliminar a la cúpula, mantener intacta la burocracia y, a continuación, aplicar un alivio de las sanciones, un mayor acceso a los activos y los mercados, y el reconocimiento diplomático para disciplinar a la élite sucesora y llevarla a un acuerdo.

El Estado dentro del Estado

Las características distintivas de la economía política de Irán plantean un problema fundamental para esta estrategia. Desde que asumió el cargo en 1989, Alí Jamenei ha institucionalizado sistemáticamente la Oficina del Líder Supremo. Jamenei siempre careció del carisma de su predecesor, el ayatolá Jomeini, y su prestigio clerical fue más cuestionado desde el principio. Su respuesta a este déficit de legitimidad fue transformar la Oficina en la cima del poder del régimen: un denso complejo burocrático con capacidades paralelas en las esferas de la administración, la política, las finanzas, las comunicaciones, la seguridad, la cultura y los seminarios. Lo que antes era una modesta secretaría de coordinación de unos veinte empleados se convirtió, bajo el mandato de Jamenei, en algo mucho más amplio: un Estado dentro del Estado, un aparato en la sombra compuesto por miles de personas con un amplio alcance extralegal y la capacidad de anular o marginar a los poderes electos. El objetivo de esta institucionalización era garantizar que el sistema pudiera funcionar sin depender de la autoridad personal del Líder Supremo como único hombre fuerte.

Esta expansión institucional tuvo lugar junto con una reestructuración más profunda del bloque gobernante a partir de principios de la década de 1990, que culminó con el auge del complejo militar-bonyad: la actual coalición de la clase dirigente iraní. Al nombrar a figuras clave para instituciones no elegidas y al supervisar el aparato coercitivo del Estado, las fundaciones clave y los sectores económicos estratégicos, la Oficina del Líder Supremo funciona cada vez más como la expresión institucional de los intereses de esta coalición. En otras palabras, la cúspide del régimen no es meramente una persona, sino un nexo de gobierno que reproduce una configuración particular del poder.

Este bloque comenzó a tomar forma a través de las luchas intraelitistas que siguieron al giro hacia la neoliberalización a principios de la década de 1990. Bajo las presidencias de Rafsanjani y Jatamí (1989-2005), una corriente tecnocrática de orientación occidental ganó protagonismo en Irán, promoviendo la privatización, la desregulación y la reintegración en los mercados globales como vía para la reconstrucción de la posguerra. Esas políticas dieron lugar a un panorama de empresas semipúblicas; el poder y la riqueza fluyeron cada vez más hacia entidades como filiales bancarias, fondos de pensiones y organizaciones cuasi gubernamentales que, aunque oficialmente eran privadas, tenían fuertes vínculos con los ministerios estatales y las élites políticas. En este contexto, una nueva capa de burócratas con orientación comercial y gestores con conexiones políticas ganó mayor influencia. Promovieron una política exterior basada en la distensión con Europa y, finalmente, con Estados Unidos, con la esperanza de asegurar entradas de capital, transferencias de tecnología y acceso a los mercados globales.

Sin embargo, este proyecto fue siempre profundamente inestable. La elección de Mahmud Ahmadineyad como presidente en 2005 marcó el ascenso de un modo diferente de formación del Estado neoliberal. Ahmadineyad llevó a cabo una transferencia a gran escala de activos estatales a redes vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y a las principales fundaciones revolucionarias, entre ellas la Fundación Mostazafan, la Fundación para la Ejecución de la Orden del Imán Jomeini (Setad) y la Fundación del Santuario del Imán Reza. De este modo, se transformaron en conglomerados en expansión que combinaban la actividad con ánimo de lucro con la retórica del desarrollo nacional y las misiones benéficas. Mientras la privatización continuaba a buen ritmo, sus beneficiarios estaban ahora cada vez más integrados en el Estado de seguridad.

A finales de la década de 2000, este proceso de reestructuración de la élite había dado lugar a una nueva facción dominante de la clase dirigente. Representado políticamente por el movimiento de los Principistas, el nuevo complejo militar-bonyad se basaba en la lealtad absoluta al Líder Supremo, una nueva orientación estratégica hacia China y Rusia, y la resistencia a la integración con el capital occidental.

Esta coalición llegó a funcionar no solo como un bloque económico, sino como toda la arquitectura de gobierno de Irán. Sus instituciones —la Oficina del Líder Supremo, el IRGC y los organismos de seguridad asociados, las principales fundaciones revolucionarias, el poder judicial y el Consejo de Guardianes— están todas aisladas de la rendición de cuentas electoral. Su liderazgo se reproduce a través de cadenas de nombramientos bajo la autoridad última del Líder Supremo, mientras que la autoridad supervisora del Consejo de Guardianes abarca tanto la legislación como la elegibilidad de los candidatos para instituciones electas como la presidencia y el parlamento. El poder dentro de este sistema se basa en la fusión de la capacidad coercitiva con el control económico, incluyendo el acceso preferencial a los recursos estatales, mecanismos de transferencia opacos, monopolios de contratación y canales para eludir las sanciones. En esas circunstancias, las presiones externas, lejos de debilitar este bloque a menudo han reforzado su dominio.

Ejércitos paralelos

Irán no tiene un único ejército cuyos miembros puedan desertar. Su arquitectura coercitiva es mucho más compleja: un sistema estratificado de fuerzas paralelas, órganos de inteligencia superpuestos y estructuras de mando diferenciadas, diseñado para proteger al régimen tanto de los ataques externos como de las luchas internas por el poder. La estrategia estadounidense de intentar eliminar la cúspide y reorientar la burocracia es, por lo tanto, inaplicable. Junto al ejército regular (artesh), el IRGC tiene la tarea no solo de la defensa territorial, sino también de salvaguardar el propio orden político, a través de las capacidades disuasorias fundamentales del régimen (misiles, drones, elementos clave de la defensa estratégica del espacio aéreo). El desarrollo de este sistema de fuerzas armadas duales fue un intento deliberado de blindar el Estado contra los golpes de Estado. El paralelismo institucional puede crear redundancia, pero también genera restricciones mutuas: ninguna estructura de mando tiene por sí sola la autoridad para hacer que el aparato coercitivo pase de la lealtad a la deserción.

Sin embargo, ni siquiera el IRGC es un actor unificado, sino una federación de centros de poder semiautónomos, entre los que se incluyen la Fuerza Aeroespacial, las Fuerzas Terrestres, la Armada, la Fuerza Quds, los Basij y múltiples unidades de inteligencia y seguridad, cada una con su propio mandato operativo, jerarquía interna e intereses institucionales. Esta fragmentación eleva los costes de transacción de una deserción coordinada. Cuando se produce un conflicto entre tiende a adoptar la forma de negociaciones de alto nivel, regateos, redistribución de poderes institucionales y reordenación de prioridades internas, más que de una ruptura organizativa. La Guardia tiene complejos lazos de lealtad vertical y mecanismos de coordinación horizontal que hacen extremadamente arriesgado para cualquiera de sus fuerzas internas desafiar la estructura de poder o actuar de forma unilateral.

El aparato de seguridad de Irán también opera mediante la duplicación y el solapamiento de competencias. La Organización de Inteligencia del IRGC funciona junto al Ministerio de Inteligencia, mientras que otros organismos afiliados a la Guardia supervisan la vigilancia interna y la labor de contrainteligencia. Fundamentalmente, el nombramiento y la supervisión de las figuras de liderazgo pasan por la Oficina del Líder Supremo. Lo que podría parecer una burocracia desordenada es, por lo tanto, una técnica deliberada de gobernanza. El solapamiento institucional ayuda a garantizar la vigilancia de los vigilantes: minimizando la coordinación conspirativa, aumentando la probabilidad de detección y desalentando la acción colectiva fuera de los canales autorizados.

A nivel operativo, los mecanismos de mando y control de Irán son igualmente capaces de frustrar los objetivos de Washington. Los métodos de coordinación entre las fuerzas ayudan a garantizar la continuidad cuando la estructura es objeto de un ataque, mediante nodos de mando dispersos y la preservación de la capacidad de represalia. Incluso si el enemigo logra decapitar o debilitar el aparato, esto no garantiza en modo alguno el colapso organizativo. El sistema está construido de tal manera que ninguno de sus nodos individuales tiene la autoridad para entregar el conjunto, lo que lo hace particularmente resistente a los golpes.

Estas características estructurales, a su vez, determinan los incentivos de la élite en condiciones de conflicto. Cuando las presiones externas se intensifican, los actores políticos iraníes se inclinan naturalmente a proteger la coalición gobernante —y el sistema que garantiza su autoridad, riqueza y seguridad— en lugar de desertar de ella. Los desacuerdos internos tienden a resolverse mediante negociaciones sucesorias y acuerdos, en lugar de la capitulación de un solo bloque ante las exigencias de EE. UU. La paradoja, pues, es que cuanto más intenta la Administración Trump remodelar la estructura de poder iraní, más cohesionada se vuelve esta. La supervivencia se convierte en su principio organizativo. Su aparato coercitivo —no una jerarquía militar convencional, sino una arquitectura de protección del régimen construida precisamente para desviar este tipo de amenazas— hace que cualquier repetición del escenario venezolano sea extremadamente improbable.

Costos de exportación

Irán difiere de Venezuela en otro aspecto decisivo. La doctrina de disuasión del país se ha basado durante mucho tiempo en la premisa de que cualquier confrontación importante no se limitará al territorio iraní. Esto no significa que Teherán sea lo suficientemente poderoso como para dictar el curso de la escalada. Sin embargo, las capacidades estratégicas de la República Islámica le otorgan la capacidad de imponer costes dispersos y persistentes en todo el Golfo y el Levante.

Esta capacidad es el resultado acumulativo de más de dos décadas de proyección de poder regional, que se remonta a 2003. La invasión estadounidense de Irak rompió el equilibrio regional y creó oportunidades para que Irán expandiera su influencia a través de partidos, milicias y redes armadas afines. Con el tiempo, estas relaciones se fusionaron en lo que comúnmente se conoce como el Eje de la Resistencia: una coalición flexible pero adaptable de actores estatales y no estatales capaz de activar múltiples frentes y complicar la planificación operativa de los adversarios.

Desde 2023, esta red ha estado sometida a una presión sostenida. Las operaciones israelíes contra las fuerzas alineadas con Irán en toda la región, combinadas con el colapso del gobierno de Assad en Siria, han degradado partes del eje y disminuido su profundidad logística. Sin embargo, no ha sido eliminado por completo. Su infraestructura de alianzas, grupos armados y vínculos políticos sigue parcialmente en pie, lo que significa que las perspectivas de Irán no dependen de una única confrontación decisiva. En cambio, puede ejercer presión en múltiples frentes.

Las fuerzas de misiles y drones constituyen el segundo pilar de esta estrategia. La postura de disuasión de Irán se ha construido en torno a capacidades de ataque a distancia: la capacidad de alcanzar bases estadounidenses en todo el Golfo y la región en general, de amenazar a Israel y de poner en riesgo la infraestructura aliada sin tener que igualar el poder aéreo occidental plataforma por plataforma. En la doctrina iraní, estos sistemas no son activos auxiliares, sino instrumentos compensatorios diseñados para contrarrestar la inferioridad convencional e imponer costes a cualquier adversario que contemple operaciones aéreas sostenidas. Esto tiene implicaciones directas para el modelo venezolano, ya que socava la suposición de que la escalada puede contenerse limpiamente. Una campaña destinada a decapitar al liderazgo y degradar el aparato coercitivo desde el aire puede, por el contrario, activar la lógica de represalia que pretende evitar: ataques regionales calibrados, movilización de redes de socios y un teatro de operaciones en expansión en el que la capacidad de dirección política del coercidor se erosiona más rápidamente que su capacidad para destruir objetivos.

Una tercera palanca es geoeconómica, centrada en la capacidad de larga data de Teherán para amenazar con la interrupción del mercado energético mundial a través de los cuellos de botella marítimos. El estrecho de Ormuz ocupa aquí una posición fundamental. Como estrecho paso que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el océano Índico, sirve como principal salida marítima para los exportadores de petróleo del Golfo y como conducto para una parte significativa de los flujos energéticos mundiales. Según la Administración de Información Energética de EE. UU., en 2024 atravesaron el estrecho aproximadamente veinte millones de barriles de petróleo al día, alrededor de una quinta parte del consumo mundial de hidrocarburos. Esto convierte a Ormuz en el punto de estrangulamiento de tránsito petrolero más importante del mundo. Incluso una interrupción parcial puede hacer subir los precios, poner a prueba los mercados de seguros y transporte marítimo, y transmitir presiones inflacionistas a Asia y Europa. Estas externalidades económicas más amplias otorgan a Irán el tipo de influencia sistémica de la que carecía Venezuela.

Disputa prolongada

Aunque estos instrumentos no garantizan el éxito estratégico de Teherán, le brindan múltiples vías para elevar el coste de la coacción y ampliar el círculo de actores afectados por sus repercusiones. La República Islámica no es Venezuela. Es un sistema institucionalizado construido para absorber las perturbaciones, gestionar la sucesión y resistir la presión externa. La decapitación no disuelve esta arquitectura; la activa.

Para Washington, el atractivo de la técnica de «gestión del régimen» es obvio, ya que promete una transformación política sin las cargas que conlleva la construcción del Estado. Sin embargo, las mismas condiciones que la hacen atractiva también la hacen frágil. La coalición gobernante de Irán, su estructura de seguridad y su capacidad para exportar los costes garantizan que Estados Unidos tendrá dificultades para contener la escalada o determinar sus consecuencias políticas. El intento de Washington de lograr una transición controlada puede, por lo tanto, convertirse en algo completamente distinto: una contienda prolongada que genere una inestabilidad creciente en lugar de un rápido acatamiento. La elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo subraya este punto: el sistema aún no se ha roto; se ha reproducido a sí mismo.