La supuesta paradoja peruana

El 28 de julio, Keiko Fujimori, hija del exdictador peruano Alberto Fujimori, tomó posesión como nueva presidenta del país. Tras tres intentos fallidos anteriores por alcanzar el cargo, Fujimori lo consiguió prometiendo poner fin a una década de crisis cada vez más intensas en la política peruana: será la décima presidenta en ocupar el cargo en los últimos diez años en Perú, debido a una serie de destituciones, dimisiones en medio de escándalos de corrupción y frágiles coaliciones partidistas. Ganó la segunda vuelta de las elecciones con el 50,1 por ciento de los votos válidos, el margen más ajustado jamás registrado en unas elecciones presidenciales.

La inestabilidad política del país ha coexistido durante mucho tiempo con una sorprendente estabilidad macroeconómica: una inflación constantemente baja y una moneda sólida. Este contraste entre política y economía se conoce comúnmente como la “paradoja” de la economía política peruana. Se atribuye, tanto a nivel nacional como internacional, a la eficiente tecnocracia del país, en particular a su veterano presidente del Banco Central, Julio Velarde, y a su férrea gestión de la política monetaria del país. Con la promesa de estabilizar la política partidista y garantizar la seguridad macroeconómica mediante la reelección de Velarde, Fujimori se presentó como la única capaz de poner fin a décadas de esta paradoja.

La hipocresía de estas afirmaciones es evidente. Desde 2016, Fujimori y su partido, el derechista Fuerza Popular, han provocado una parte significativa de este caos político al trabajar constantemente para obstaculizar al Gobierno. En 2022, Fuerza Popular conspiró con el Congreso para derrocar al presidente de izquierdas Pedro Castillo en favor de la vicepresidenta de este, Dina Boluarte, quien reprimió de forma sangrienta las grandes protestas que se produjeron tras la destitución y el encarcelamiento de Castillo.1Pedro Castillo anunció una disolución inconstitucional del Congreso que condujo a su destitución expresa y a su encarcelamiento inmediato, pero el Congreso y los actores de la élite ya habían puesto en marcha una campaña contra su Gobierno incluso antes de que asumiera el poder, que incluía intentos de anular las elecciones, un bloqueo generalizado de las reformas, amenazas constantes y un proceso de destitución. En 2026, la mano derecha de Fujimori y vicepresidente electo, Miguel Torres, admitió que su objetivo era poner fin (de forma irregular) al Gobierno de Castillo ejerciendo una presión constante. El Gobierno de Boluarte, tanto ilegítimo como impopular, honró su alianza con Fuerza Popular decretando tres días de luto nacional por la muerte de Alberto Fujimori, quien fue condenado a veinticinco años de prisión por abusos contra los derechos humanos y corrupción, pero indultado por razones humanitarias en 2017.

Además, la propia formulación de la “paradoja peruana” malinterpreta la relación entre las esferas política y económica del país: el declive político y democrático de Perú está, de hecho, íntimamente relacionado con su status quo macroeconómico. Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1993, un modelo de crecimiento centrado en las exportaciones de materias primas extractivas —en particular, las exportaciones mineras— ha generado de forma constante conflictos sociales y medioambientales, al tiempo que ha contribuido muy poco a reducir las marcadas desigualdades territoriales y urbanas, a superar la informalidad o a eliminar de forma duradera la pobreza. Este modelo se basa en la necesidad de una inversión extranjera directa (IED) constante y de una gran acumulación de reservas de divisas, lo que refuerza aún más las industrias extractivas y debilita los motores alternativos de inversión.

La economía peruana del siglo XXI ha logrado evitar de forma persistente el tipo de crisis económicas que han azotado a países vecinos como Venezuela, Bolivia y Argentina, todos los cuales, por diversas razones, sufrieron ajustes en la balanza de pagos que provocaron un aumento de la inflación y recesiones. Pero estabilizar la inflación no equivale a contar con una agenda de desarrollo sólida. El aislamiento del banco central, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), frente al escrutinio público, junto con la reverencia que se le profesa a su presidente, merma las oportunidades de debate democrático sobre las perspectivas de un desarrollo más inclusivo. En su ausencia, el Estado recurre a la fuerza para hacer frente al creciente malestar social.

¿Un milagro económico?

Perú fue un país que se industrializó tarde. Hasta la década de 1960, su antigua y poderosa oligarquía terrateniente se interponía en el camino de la reforma estructural. Luego, en 1968, un gobierno militar liderado por Juan Velasco Alvarado tomó el poder y trató de redistribuir la tierra e impulsar la industrialización. Llevó a cabo una serie de reformas agrarias y nacionalizaciones sectoriales, como la expropiación de las propiedades de la International Petroleum Company, una filial de Standard Oil of New Jersey. Durante unos pocos años, los dirigentes peruanos intentaron remodelar la agricultura y la industria de tal manera que el poder se transfiriera a cooperativas participativas que incorporaran a las poblaciones indígenas rurales, históricamente olvidadas y maltratadas.2Ver Carlos Aguirre and Paulo Drinot, eds., (<)em(>)The Peculiar Revolution: Rethinking the Peruvian Experiment Under Military Rule(<)/em(>) (Austin: University of Texas Press, 2017). 

Esta peculiar forma de capitalismo de Estado alcanzó rápidamente sus límites. El impulso industrializador del país no fue capaz de superar las formas arraigadas de dependencia económica, incluida la dependencia de la importación de bienes de capital y la demanda de dólares. Además, el Estado peruano carecía de la capacidad y del mandato político para alterar estructuralmente las dinámicas de acumulación. La fuerte presión política procedente del propio Gobierno y de las fuerzas armadas acabó finalmente con estas ambiciones de desarrollo.

A partir de finales de la década de 1970, y especialmente tras el “choque de Volcker” de 1979, Perú se vio sacudido por sucesivas crisis de la balanza de pagos, intervenciones del FMI y experimentos políticos por parte de gobiernos democráticos tanto de derecha como de izquierda. Ni los programas de choque ortodoxos y heterodoxos, ni las alternativas gradualistas lograron encauzar la economía del país hacia una senda de crecimiento sostenible y desarrollo industrial. Las crisis se vieron agravadas por la gran migración interna del campo a la ciudad, que aumentaba la mano de obra informal subempleada en las ciudades. La oleada de ataques del grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso y la sucia contraguerra del Estado peruano en la década de los 80 se saldaron con cerca de setenta mil muertos, en su mayoría en comunidades campesinas. La «década perdida» de deuda e hiperinflación adoptó una forma especialmente brutal en el contexto peruano.

Alberto Fujimori fue elegido en 1990 con un programa que rechazaba las políticas neoliberales, pero cambió de rumbo incluso antes de su toma de posesión. El llamado “Fujishock” —una revocación repentina de los subsidios y los controles de precios, así como la instauración de un tipo de cambio flotante que provocó que los productos de primera necesidad duplicaran o triplicaran su precio de la noche a la mañana— fue seguido de profundas reformas estructurales, privatizaciones y el desmantelamiento general del aparato del Estado desarrollista, incluida la eliminación del banco de desarrollo y de las oficinas de planificación. Con el pretexto de combatir la hiperinflación, Fujimori disolvió el Congreso, destituyó al poder judicial y se hizo con el poder dictatorial con el apoyo de los militares. Lo que siguió fue una brutal campaña de detenciones y destituciones que sustituyó a periodistas, jueces y funcionarios públicos por representantes del régimen.

En 1993, Fujimori propuso una nueva Constitución que fue aprobada por un 52 por ciento de los votos en referéndum. Más allá de concentrar el poder político ejecutivo, la Constitución consagró un programa económico al estilo de Pinochet que prohibía las políticas discriminatorias contra la inversión extranjera y la imposición de controles de cambio. Las actividades del Banco Central del Perú se limitaron al mantenimiento de la estabilidad de precios, quedando prohibida la financiación monetaria.

Como economía pequeña y repentinamente abierta en un mundo globalizado, la posición del Perú como exportador dependiente de materias primas, en particular de productos primarios, se afianzó aún más. Un nuevo código minero, reforzado por la Constitución de 1993, privatizó por completo el sector y concedió a los inversores extranjeros el mismo acceso a la industria que a los nacionales.3Ver S. Gruber y J. C. Orihuela, “Deeply Rooted Grievance, Varying Meaning: The Institution of the Mining Canon,” en (<)em(>)Resource Booms and Institutional Pathways: The Case of the Extractive Industry in Peru(<)/em(>), ed. E. Dargent et al. (London: Palgrave Macmillan, 2017), 41–67. Un gran número de concesiones protegidas constitucionalmente ofrecían tanto a las empresas mineras extranjeras como a las nacionales protección frente a la fiscalidad. El cobre y otros metales llegaron a representar más de la mitad de las exportaciones, mientras que un mercado emergente de exportaciones agrícolas constituía en torno al 15 por ciento.

Las interpretaciones habituales de la economía política peruana sitúan las reformas constitucionales como la razón del posterior milagro económico. De hecho, entre 1990 y 1996, la inflación peruana descendió a un solo dígito, y los ingresos procedentes de la privatización y las reformas fiscales saneaban la situación presupuestaria del país. Sin embargo, la realidad macroeconómica del país era compleja. El crecimiento mejoró modestamente, pero era volátil y se situaba, de media, en el 1 por ciento. El banco central se enfrentó a un grave desafío en 1998, cuando Rusia entró en default de su deuda externa. Perú tenía una exposición significativa como consecuencia de su apertura a los flujos extranjeros y de la dolarización impulsada por las reformas de la década de los noventa, y el Banco Central fue incapaz de impedir el inicio de una crisis bancaria debido a los desajustes de divisas en los bancos peruanos. Los efectos recesivos, agravados por desastres naturales como El Niño y la caída política del fujimorismo, se prolongaron hasta 2001.

Cabe destacar que la crisis de 1998 fue decisiva a la hora de definir los mecanismos operativos del banco central peruano para las décadas siguientes, atenuando algunas de las reformas más radicales de 1993. A raíz de ella, los responsables al frente del BCRP, incluidos economistas de izquierdas, introdujeron un nuevo régimen articulado en torno a políticas anticíclicas para contrarrestar las tendencias deflacionistas, la acumulación de reservas de divisas y la gestión tácita de un tipo de cambio flotante. Todo ello se sustentaba en un impulso sostenido hacia la desdolarización —un esfuerzo que se extendió mucho más allá del banco central y que, como explicó en una entrevista el expresidente en funciones del BCRP, Óscar Dancourt, requirió en primer lugar derrotar a quienes abogaban por la adopción directa del dólar, tal y como hizo Ecuador en 2000—. Ninguna de estas características, ni la idea fundamental de gestionar el tipo de cambio junto con la estabilidad de precios, figuraban en la ley orgánica del banco central ni en la Constitución de 1993. Más bien, formaban parte de un proceso de aprendizaje creativo emprendido por un grupo plural de funcionarios que reconocían los riesgos de una financiarización subordinada. Pero, aunque esta moderación del neoliberalismo ayudó a mantener la estabilidad, no alteró de manera fundamental la posición de dependencia del país dentro de la economía mundial.

El “milagro” del crecimiento real llegaría a principios del siglo XXI, tras la dimisión de Fujimori en 2000 en medio de protestas masivas por un escándalo de corrupción y unas elecciones consideradas ampliamente fraudulentas. Entre 2002 y 2013, el PIB de Perú creció a una media del 6 por ciento. La inflación se mantuvo baja y la moneda nacional se apreció debido a las entradas de capital procedentes del auge de las exportaciones del país. Es importante destacar que durante ese período también se observaron reducciones notables en los índices de desigualdad y pobreza —del 50 por ciento al final del gobierno de Fujimori al 20 por ciento en 2018— gracias a políticas sociales específicas, así como al aumento del empleo y al acceso al crédito4El empleo no era necesariamente de alta calidad, y los elevados tipos de interés limitaban los beneficios que obtenían los pequeños prestatarios, lo que significaba que, aunque muchos lograron salir de la pobreza extrema, no por ello alcanzaron necesariamente un nivel de vida razonable

Pero sobre todo, estas tendencias positivas se vieron impulsadas por el auge de las materias primas de la década de los 2000, impulsado por la demanda de los mercados emergentes (en particular, China) y que benefició a las economías de toda América Latina.5Para una comparación, ver José Antonio Ocampo y Luis Bértola, (<)em(>)The Economic Development of Latin America since Independence(<)/em(>) (Oxford: Oxford University Press, 2013). Al finalizar este superciclo, la tasa de crecimiento de Perú se redujo al igual que las del resto del continente, pasando de una media del 6 por ciento en la década de los 2000 al 3,5 por ciento en 2014, y posteriormente a un escaso 1,8 por ciento en los años posteriores al Covid. También se ha producido un profundo cambio de tendencia en las tasas de pobreza en los años posteriores a la pandemia: el Covid puso de manifiesto la precariedad del progreso económico de Perú, dada la rapidez con la que la seguridad económica se desvaneció para millones de personas en la economía informal. Si bien la mejora de los términos de intercambio —superiores incluso a los del “superciclo”— está dando lugar ahora a un crecimiento previsto del 3,2 por ciento, las consecuencias duraderas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como la agitación interna y la amenaza del peor fenómeno de El Niño de la historia este año, ponen en peligro esta recuperación.

Los riesgos del éxito exportador

Las mismas políticas macroeconómicas que generan crecimiento en Perú también generan desigualdad y precariedad. Economistas como Germán Alarco Tosoni y Félix Jiménez sostienen que el éxito de las exportaciones de productos primarios probablemente ha provocado el «síndrome holandés»: los flujos financieros procedentes de la industria minera que aprecian la moneda, desplazan a otras actividades de valor añadido y frenan los motores internos de la demanda agregada.6Recientemente se ha vuelto a plantear una versión de este argumento que hace hincapié en la relación entre la política monetaria y el desarrollo industrial en Germán Alarco, Patricia del Hierro y Luis Rodrigo Díaz, (<)em(>)Banca Central y Política Monetaria en Latinoamérica(<)/em(>) (Lima: Otra Mirada, 2026). La apreciación de la moneda también aumenta la demanda de importaciones, ya que los sustitutos nacionales caen presa del proceso de «reprimarización», lo que ejerce presión sobre la balanza comercial. Estos efectos son más evidentes en el sector manufacturero. El crecimiento experimentado durante la década de los noventa revirtió de forma activa la incipiente industrialización de décadas anteriores, lo que provocó un giro hacia una “desindustrialización prematura”, tal y como ha señalado Jiménez: la contribución de la industria manufacturera al crecimiento económico cayó del 17,7 por ciento en 2003 al 6,4 por ciento en 2015.

También se han producido graves repercusiones en el sector agrícola tradicional. El régimen de libre comercio del país ha hecho que los alimentos importados sean cada vez más competitivos frente a los productos básicos de producción nacional. Esta tendencia se ve reforzada por la preferencia de los sectores de la restauración y la hostelería por insumos estandarizados y de menor coste, como las patatas importadas (a pesar de que Perú sea la cuna histórica de la patata cultivada y siga manteniendo una producción significativa de este producto). A falta de una intervención activa mediante políticas públicas, la agricultura tradicional se encamina hacia el declive, lo que amenaza la seguridad alimentaria del país y los medios de vida de una parte significativa de la población.

El crecimiento económico de Perú ha convertido el empleo informal en una característica esencial de la economía del país. La minería emplea a pocos trabajadores: el sector representa actualmente alrededor del 9 por ciento del PIB y más del 60 por ciento de las exportaciones, pero da empleo directo a menos del 2 por ciento de la población activa. El sector de servicios informales representa alrededor del 70 por ciento de la población activa, pero solo supone el 17 por ciento del PIB. Cabe destacar que la informalidad no se limita al sector informal: aproximadamente una quinta parte de los trabajadores informales están empleados en empresas registradas formalmente, lo que revela que incluso el sector formal del país depende de mano de obra más barata y no regulada. Este modelo perpetúa las jerarquías y las desigualdades regionales, generando pocos vínculos productivos no extractivos entre las diferentes actividades económicas en todo el territorio.7Efrain Gonzalez de Olarte ha expuesto sus opiniones sobre la articulación sectorial y espacial de la economía peruana en diversos trabajos. Un artículo reciente mide las diferencias de productividad entre el sector formal y el informal con ayuda de una tabla de insumo-producto: “Informalidad, productividades e ingresos en el Perú: Análisis sectorial,” Working Paper no. 546, Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 2025.

Además, el superciclo de las materias primas que impulsó la economía también fortaleció a los actores informales e ilegales que siguen desafiando el poder regulador del Estado —desde quienes se dedican a la minería informal hasta los actores del tráfico de drogas que se benefician del potencial de blanqueo de capitales que ofrece la extensa economía de servicios de Lima.8Ver Juan Pablo Luna, Andreas E. Feldmann, y Eduardo Dargent, “Greater State Capacity, Lesser Stateness: Lessons from the Peruvian Commodity Boom,” (<)em(>)Politics & Society(<)/em(>) 45, no. 1 (2017): 3–34; y Zaraí Toledo Orozco, “Informal Gold Miners, State Fragmentation, and Resource Governance in Bolivia and Peru,” (<)em(>)Latin American Politics and Society(<)/em(>) 64, no. 2 (2022): 45–66. Un Estado débil y limitado gobierna a estos actores mediante la “falta de aplicación de la ley”, la “tolerancia” deliberada, o la complicidad descarada, tolerándolos debido a su utilidad para generar empleo, tal y como han argumentado estudiosos como Alisha Holland.9Ver Alisha C. Holland, (<)em(>)Forbearance as Redistribution: The Politics of Informal Welfare in Latin America(<)/em(>) (New York: Cambridge University Press, 2017); y Matías Dewey, Cornelia Woll, y Lucas Ronconi, “The Political Economy of Law Enforcement,” MaxPo Discussion Paper no. 21/1, Max Planck Sciences Po Center on Coping with Instability in Market Societies, Paris, 2021.

El régimen económico abierto de Perú también introduce vulnerabilidades externas, no solo en la balanza comercial, sino en toda la balanza de pagos. El país depende de la IED para evitar cualquier crisis de balanza de pagos. Sin embargo, estas entradas van acompañadas de salidas financieras repentinas y sistemáticas, dado que las condiciones favorables para garantizar una alta rentabilidad de la inversión extranjera —como unas normas reguladoras menos estrictas, condiciones de arbitraje internacional y compromisos que facilitan la salida de capitales, garantizados por unas amplias reservas internacionales— facilitan la repatriación de beneficios. Los flujos financieros a corto plazo, en particular, son propensos a una volatilidad repentina. Los flujos de IED a más largo plazo y la dependencia de las exportaciones generan riesgos para la balanza por cuenta corriente del país, que adolece de un déficit estructural en servicios e ingresos primarios. Tanto las exportaciones de bienes como la inversión extranjera directa dependen de servicios profesionales extranjeros, como el transporte de mercancías, los conocimientos científicos y el asesoramiento jurídico y financiero. Así pues, los rendimientos de la IED financian en última instancia el creciente endeudamiento externo, tanto privado como público.

Esta circulación de capital no sería un problema si los flujos de inversión se orientaran a impulsar el cambio técnico y estructural y a aumentar la complejidad de la producción y las exportaciones del Perú. 10Para más información sobre la importancia del cambio estructural en las economías en desarrollo, ver Gabriel Porcile y Giuliano Toshiro Yajima, “New Structuralism and the Balance-of-Payments Constraint,” (<)em(>)Review of Keynesian Economics(<)/em(>) 7, no. 4 (2019): 517–36.   En cambio, estos flujos están afianzando aún más la «reprimarización». Como señalan los académicos Samuele Bibi y Sebastián Valdecantos en términos minskianos, el perfil de las cuentas externas del Perú, cuando las exportaciones son débiles, adopta la forma de un esquema Ponzi insostenible.

Esta debilidad estructural se ve contrarrestada por el bajo gasto público del país, una amplia mano de obra informal y con salarios bajos, los grandes flujos de remesas de los peruanos emigrados y los términos de intercambio favorables de la cesta de exportaciones del Perú. Las crisis de la balanza de pagos se evitan mediante subidas de los tipos de interés que atraen capital extranjero, requisitos macroprudenciales (de reservas) para frenar los flujos financieros extranjeros especulativos, y la acumulación y gestión de reservas de divisas tanto para intervenir en el mercado de divisas al contado como para disuadir —al señalar la capacidad de realizar nuevas intervenciones— los ataques especulativos contra la moneda peruana.11 Ver Renzo Rossini, “La política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú,” in (<)em(>)Política y estabilidad monetaria en el Perú,(<)/em(>) ed. Gustavo Yamada and Diego Winkelried (Lima: Universidad del Pacífico, 2016). 

De hecho, las cuantiosas reservas de divisas del BCRP se han convertido en una pieza clave de la estabilidad macroeconómica de Perú. La acumulación de reservas de divisas funciona como un seguro frente a un mercado financiero volátil que puede castigar excesivamente a las economías con monedas situadas en niveles inferiores de la jerarquía monetaria, y es una estrategia que han utilizado numerosas economías periféricas desde las inestabilidades de la década de los noventa. Sin embargo, incluso en comparación con otros países latinoamericanos, la acumulación de reservas por parte de Perú es especialmente elevada. No solo ha liderado en América Latina la proporción de reservas de divisas respecto al PIB durante la última década, sino que cuenta con el doble de la cantidad media de reservas del continente.

Las elevadas reservas de divisas otorgan a Perú cierto grado de autonomía en materia de política monetaria, a pesar de la liberalización de la cuenta de capital, lo que permite al banco central reducir la volatilidad del tipo de cambio y enviar señales a los mercados sobre la disponibilidad de divisas líquidas, lo que tranquiliza a los inversores nerviosos. Sus costes de oportunidad son, en cambio, mucho menos comentados.12Por ejemplo, la acumulación de reservas conlleva intervenciones esterilizadas por parte del Banco Central para reducir la oferta monetaria y mantener a raya la inflación. Existe un debate abierto, incluso en el ámbito de la economía heterodoxa, sobre las ventajas o desventajas de tales operaciones. Desde un punto de vista crítico, Eduardo Torijo-Zane ha argumentado que estas compras esterilizadas de divisas (que no son infrecuentes en los países periféricos, pero que son notables en el caso de Perú) cargan los balances de los bancos con títulos del Banco Central de alto rendimiento y sin riesgo. Los bancos operadores primarios se enfrentan a un incentivo persistente para mantener instrumentos del BCRP en lugar de conceder crédito privado productivo, lo que reduce el apetito de riesgo precisamente de las instituciones con mayor capacidad de intermediación. Véase “Bancos Centrales ‘Periféricos’: El Caso de América Latina,” in (<)em(>)Estructura Productiva y Política Macroeconómica. Enfoques Heterodoxos Desde América Latina(<)/em(>). (CEPAL, 2015). Al desviar capital de las inversiones productivas nacionales, la acumulación de reservas encadena al país a una subordinación financiera dominada por el dólar. En lugar de canalizarse hacia proyectos de desarrollo local, estos fondos suelen reciclarse hacia el núcleo financiero mundial: las reservas de divisas se mantienen predominantemente en activos de alta liquidez y considerados seguros, como las letras del Tesoro de Estados Unidos El “miedo a perder reservas” no solo restringe la autonomía política, sino que impulsa una expansión cíclica de la acumulación de reservas con el fin de garantizar continuamente la confianza de los mercados..

Democracia vaciada

En un retroceso respecto a la promesa democrática de transformación social que provocó la caída de Alberto Fujimori a principios del milenio, la economía política del Perú ha sido testigo de un estrechamiento de los vínculos entre las élites gobernantes, los inversores extranjeros y los intereses empresariales nacionales, todos ellos con intereses comunes en los sectores extractivos de la minería, los servicios públicos y la agroindustria. En contraste con la narrativa generalizada de que la inestabilidad política del Perú es fruto de la incompetencia (de la que se exime a su política macroeconómica), estos vínculos sugieren que, tal y como argumentó el fallecido sociólogo peruano Francisco Durand, el fracaso de las instituciones políticas peruanas está directamente relacionado con su captura por parte de las empresas.13Ver Francisco Durand, «El problema del fortalecimiento institucional empresarial,» in (<)em(>)Construir instituciones: Democracia, desarrollo y desigualdad en el Perú desde 1980(<)/em(>), ed. John Crabtree (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2006); y John Crabtree and Francisco Durand, (<)em(>)Perú: Élites del poder y captura política(<)/em(>) (Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2017).

La expansión de la minería, los servicios públicos y el agronegocio ha desencadenado la resistencia popular y, al mismo tiempo, ha reforzado la capacidad represiva del Estado. En 2009, el Gobierno peruano promulgó decretos que permitían a empresas privadas explotar recursos naturales en tierras indígenas de la Amazonía. Después de que los pueblos indígenas awajún y wampis bloquearan las carreteras de la ciudad de Bagua en señal de protesta, el Gobierno envió a la policía, lo que provocó la muerte de al menos diez indígenas y veintitrés agentes de policía, así como más de 150 heridos (los testigos afirman que el número de víctimas civiles se subestimó). El uso excesivo de la fuerza por parte del Gobierno y la consolidación del poder político y económico corren el riesgo de deteriorar aún más la infraestructura para la participación política popular.

En su mayor parte, el carácter extractivista de la macroeconomía peruana ha generado lo que Roger Merino denominó un «Estado cínico»: uno que, aparentemente, pretende responder a las preocupaciones sociales y medioambientales de la población, mientras diluye las regulaciones en busca de inversión extranjera directa. Un ejemplo claro de ello es la presidencia de Ollanta Humala. Humala llegó al poder en 2011 con un programa progresista, prometiendo dar respuesta a las reivindicaciones indígenas, pero, bajo la presión constante de los círculos de la élite y de los medios de comunicación, nombró a figuras conservadoras para dirigir el Ministerio de Hacienda y el Banco Central. Al cabo de seis meses, la mayoría de los ministros de izquierdas habían sido destituidos del gabinete, y el Gobierno traicionó sus promesas de no imponer las industrias extractivas a las comunidades, reprimiendo violentamente las protestas contra una enorme mina de oro en Cajamarca (protestas que, en última instancia, tuvieron éxito).

También se ha hecho cada vez más evidente que el Banco Central tiene menos autonomía tecnocrática de lo que se suele describir. En 2021, la elección de Castillo, un profesor rural de izquierdas, provocó una salida masiva de capitales a corto plazo que ejerció presión sobre el tipo de cambio, que alcanzó el nivel de cuatro soles por dólar —el más alto desde que se introdujo la moneda en 1990—. Tal y como argumentaron en su momento los observadores críticos, el banco central tenía la capacidad de estabilizar el tipo de cambio utilizando sus amplias reservas, pero se abstuvo de hacerlo. Esto puso de manifiesto, o bien —como argumentaron algunos en la izquierda— un intento de presionar al gobierno entrante para que cambiara de rumbo político, o bien los límites a la autonomía política que suponían las reservas acumuladas, debido al temor generalizado a perderlas. En cualquier caso, la turbulencia desestabilizó la ya frágil coalición de izquierda en torno a Castillo.

El próximo Gobierno de Fujimori está llamado a reforzar las fuerzas que subyacen a la denominada “paradoja” del Perú: su modelo de crecimiento extractivista, impulsado por la inversión extranjera directa, y el debilitamiento democrático que este genera. No obstante, su firme control de las riendas del poder estatal traerá consigo cambios significativos. Su partido ha abogado por aumentar los poderes represivos del Estado con el pretexto de combatir la inseguridad y la delincuencia. Sus seguidores han aprobado leyes que otorgan impunidad a la policía y a las fuerzas armadas que reprimen la disidencia, lo que allana el camino para nuevos proyectos extractivos. El sistema internacional de derechos humanos, que en el pasado funcionó como un freno, se ve ahora comprometido debido al giro hacia la extrema derecha del hemisferio liderado por Estados Unidos.

En general, a los líderes de izquierda les cuesta abrirse paso frente a la protección que las élites brindan a las políticas del banco central. Cuando, este año, el aspirante a la presidencia y exdirector del banco central Alfonso López Chau propuso la creación de un fondo soberano, la idea fue descartada como una violación sacrílega de las reservas de divisas que el banco central tanto había costado conseguir.14 Curiosamente, en 2025 Jorge Baca-Campodonico, exministro de Alberto Fujimori y actual asesor de Keiko Fujimori, presentó una propuesta muy similar. La reacción negativa que siguió obligó a López Chau a comprometerse a reelegir a Velarde si resultaba elegido presidente, y a solicitar la aprobación de Velarde para su política económica.

Rechazar la separación entre política y política económica es esencial para romper este patrón. Solo abriendo el espacio de deliberación económica se podrá forjar una nueva agenda de desarrollo democrática.