Fin de la Revolución Bolivariana

En la madrugada del 3 de enero de 2026, mientras los aviones, helicópteros y tropas de élite estadounidenses desarrollaban la operación que culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York, todo el mundo se preguntaba dónde estaba la vicepresidenta del país. Los rumores que invadieron las redes sociales indicaban que se encontraba en Rusia, información que fue desmentida por el Kremlin. Fue solo horas después de la salida de las fuerzas estadounidenses cuando Delcy Rodríguez reapareció exigiendo una prueba de vida del presidente Maduro. En Venezuela, el sabor a una derrota militar catastrófica generaba el interrogante respecto a si la traición interna había sido el elemento que permitió a los Estados Unidos actuar con casi absoluta impunidad.

El mismo día de la intervención, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos gobernaría a partir de ese momento en Venezuela y que estaban en conversaciones con las autoridades venezolanas, quienes se habían comprometido a colaborar y no cometer los mismos errores de Maduro. Contrario a lo que había ocurrido en abril de 2002, cuando los sectores populares y la clase media trabajadora salieron a protestar de manera masiva contra el golpe de Estado y pedir el retorno de Chávez al poder, en esta ocasión las calles permanecieron vacías. Solo ocurrió una movilización poco combativa y reducida, convocada y administrada desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El 5 de enero, la vicepresidenta fue juramentada como presidenta encargada, mediante una figura extraconstitucional definida por el Tribunal Supremo de Justicia como un hecho de fuerza mayor. El 26 de febrero, Delcy Rodríguez afirmaba que Donald Trump era amigo y socio del país, al tiempo que pedía retirar las sanciones para acelerar la agenda bilateral de cooperación. De la retórica antiimperialista se pasó, en solo dos meses, a discursos que buscan superar veinticinco años de distanciamiento entre Washington y Caracas.

Un primer balance de la diplomacia trumpista evidencia que Estados Unidos pareciera controlar todas las opciones de poder actual en Venezuela: la postmadurista representada por Delcy Rodríguez, la de la derechista María Corina Machado y la del centrista Enrique Márquez. En todo caso, la presidenta encargada de Venezuela, hasta hace unos meses mano derecha de Maduro, se comporta como la operadora local de la Estrategia de Seguridad Nacional y el Corolario Trump. Esta nueva situación de poder se puede analizar desde las principales dinámicas internas que ha experimentado Venezuela con la Revolución Bolivariana hasta la transición entre chavismo y madurismo, que es la continuación de un modelo rentista bajo la égida de una nueva burguesía, lo que explica una vulnerabilidad de Venezuela ante el imperialismo estadounidense y el propio faccionalismo dentro del gobierno y las élites.

Después de doce años de madurismo, el sentimiento de esperanza por algo mejor parece ser superior al antiimperialista. El justo llamado de la izquierda revolucionaria a conformar un amplio frente antiimperialista no consiguió el eco esperado. Es una hora menguada para la soberanía del país. Aunque el futuro es incierto, está claro que la intervención estadounidense y la capitulación del gobierno venezolano marcan el fin de la Revolución Bolivariana.

Ciclos históricos de crisis

La crisis venezolana tiene que ver con el modelo de acumulación de capital instaurado en el país como resultado del papel que tiene el comercio de petróleo en todas las esferas del país. Esta situación creó un modelo económico sui generis, al que Celso Furtado 1Celso Furtado, (<)em(>)Ensaios sobre a Venezuela: o subdesenvolvimento com abundância de divisas(<)/em(>) (Brasil: Editorial Lumen, 2008) definía como “subdesarrollo con abundancia de divisas”, basado en la disputa por la renta petrolera y el capital en dólares que ingresa al país por concepto de venta del crudo. Situación que atrofia el aparato productivo, ya que el centro de la acumulación no está en la producción de mercancías, bienes y servicios, sino en el acceso a esta masa de dólares, el diferencial cambiario entre el valor real de la divisa extranjera y el precio preferencial adquirido por la burguesía y la élite burocrática.

Bajo este esquema, las importaciones, más que la producción nacional, adquieren centralidad para el enriquecimiento de las élites locales. El Estado rentista 2 Hossein Mahdavy, “The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran,” en (<)em(>)Studies in the Economic History of the Middle East(<)/em(>), ed. M. A. Cook (Londres: Routledge, 2004) se caracteriza por recibir ingresos masivos resultantes de rentas externas (regalías petroleras) que desarrollan patrones económicos distorsionados, con dependencia exacerbada de la explotación petrolera. Esto genera un precario incentivo para la diversificación productiva y  una cultura social propia de lo que Coronil ha nombrado como “Estado Mágico”. 3 Fernando Coronil, (<)em(>)El Estado mágico: Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela(<)/em(>) (Venezuela: Ediciones Alfa, 1997) Bajo estos parámetros, el economista Asdrúbal Baptista se refirió a la experiencia venezolana como un capitalismo rentista, expresado en desindustrialización, corrupción extendida, rápida concentración de riqueza en pocas manos y crisis cíclicas de empobrecimiento severo en amplias franjas de la población. 4  Asdrúbal Baptista, (<)em(>)El relevo del capitalismo rentístico: Hacia un nuevo balance de poder (<)/em(>)(Caracas: Ediciones Polar, 1997)

El rentismo es el modelo económico que asume la democracia representativa que emergió de la revolución democrático-burguesa de 1958. El nacionalismo petrolero y el antiimperialismo de los instrumentos políticos del statu quo, entre 1942 y 1998, están mediados por la disputa por mayores márgenes de ganancia y acumulación burguesa a partir de la renta petrolera. La explotación petrolera conformó lo que ahora podemos denominar como la “vieja burguesía,” que tenía como figuras emblemáticas a los doce apóstoles 5 “Los doce apóstoles fueron denunciados por el intelectual y político de izquierda Domingo Alberto Rangel e incluyen a Gustavo Cisneros, Lorenzo Mendoza Fleury, Eugenio Mendoza, Diego Cisneros, Ricardo Zuloaga, Miguel Ángel Capriles, entre otros., quienes se habían agrupado en la patronal Fedecámaras y sus satélites. 

El modelo rentista se muestra socialmente exitoso en los períodos de alza de los precios del petróleo e insuficiente en los ciclos de caída de importaciones. El momento de mayor expansión del rentismo ocurrió entre 1973-1978 con el bum de los precios del crudo, creando la ilusión de una sociedad donde la clase media se hacía mayoritaria. En el periodo 1979-1984 se hicieron inocultables los inicios del colapso del modelo rentista de acumulación y gobernabilidad, a partir de la contracción del PIB real per cápita, el aumento de inflación—que comenzó a superar el 7 por ciento—, el endeudamiento externo creciente y el déficit fiscal incipiente. Esto se tradujo en un progresivo deterioro de la calidad de vida.

El modelo reventó en febrero de 1983, con el llamado “viernes negro”. Fue el origen de una crisis estructural que llevaba cuarenta y tres años. Solo la perspectiva de una prolongada crisis estructural permite entender los alcances y dimensiones de los problemas actuales en Venezuela. Sobre todo, porque el estallido de esta crisis significó un terremoto que causó y se vinculó a otras crisis complementarias que, tal y como ocurre con las réplicas, tuvieron su propio sello e impacto, y condujeron a la Revolución Bolivariana. 

Chavismo y Revolución Boliviana

En esencia, la Revolución Bolivariana liderada por Hugo Chávez se enfrentó a la crisis del Estado rentista desde la exaltación de lo nacional-popular. El chavismo tuvo sus orígenes en una épica insurreccional, dos intentos de golpe de Estado ocurridos en 1992 y la construcción de un movimiento político capaz de convocar a amplias franjas de las corrientes histórico-sociales de resistencia a los desmanes del puntofijismo. 6 El Puntofijismo se refiere al acuerdo de gobernabilidad y sucesión presidencial que suscribieron en la década de 1960 los partidos Acción Democrática (Socialdemócrata), COPEI (democracia cristiana) y la Unión Republicana Democrática (liberal). Este acuerdo orientó el modelo de democracia representativa hasta la llegada de Chávez. El chavismo fue un movimiento que aglutinó a diversos sectores políticos, económicos y sociales del país con vocación geopolítica latinoamericana y caribeña, dirigido por un caudillo que intentaba constituir otro modelo de policlasismo. 7 Luis Bonilla-Molina et al., (<)em(>)Historia de la Revolución Bolivariana(<)/em(>) (Caracas: Ediciones MinCi, 2005).

Se trataba de un sistema de gobernabilidad sostenido por medio de la negociación y la conciliación entre clases sociales dominantes y subalternas, capaz de construir equilibrios mediante estructuras de mediación como las centrales sindicales, las organizaciones campesinas, los gremios empresariales y otras instancias de la sociedad civil, a partir del uso de las instituciones de gobierno como árbitro. El policlasismo es una variante de los modelos fordistas que adquirió centralidad en los gobiernos populistas de Latinoamérica y el Caribe, no solo resultantes de elecciones democráticas como la de Chávez (1999-2013), sino incluso de regímenes autoritarios como los de Perón en Argentina, Omar Torrijos en Panamá, o Juan Velasco Alvarado en Perú. Desde una perspectiva marxista, el policlasismo excede las alianzas tácticas entre clases oprimidas e incluye a la burguesía como una forma de frenar la revolución socialista, que fue el caso venezolano.

A partir de 2002, después del golpe militar que involucró al conjunto de la burguesía existente, Chávez decidió emprender una reingeniería social para sustentar su poder. Por una parte, impulsó la construcción del poder popular, democracia participativa y protagónica, que devino en 2005 en el llamado al socialismo del siglo XXI, el Estado Comunal y una nueva internacional. Por otra parte, decidió impulsar la creación de una nueva burguesía bolivariana afín a su proyecto, lo que significó una ruptura radical entre la burguesía criolla y el gobierno. 

Grupos que representaban a la vieja burguesía, como Fedecamaras, se involucraron activamente en el golpe de Estado de 2002. A diferencia de esta burguesía, que durante décadas había construido una narrativa e imaginario que “justificara” su abolengo de clase, la nueva casta burguesa que surge a partir de 2002 está conformada por figuras políticas afines al proceso revolucionario y personajes de su entorno cercano e íntimo, es decir, que de la noche a la mañana habían saltado a ser adinerados, dueños de tierras y lujosas mansiones. Esta nueva burguesía se camufla en los códigos políticos y sociales de la Revolución Bolivariana, pero va teniendo cada vez más la necesidad de asumirse como nueva burguesía. 8 Esta incluye personajes como Arné Chacón (ex militar, vinculado al Banco Real y Baninvest en la crisis bancaria de 2009), Ricardo Fernández Barrueco (ex proveedor estatal a quien se le señala de ser parte de la compra de bancos), Alejandro Andrade (Ex tesorero del país, quien estuvo detenido en los EEUU), empresarios como Raúl Gorrín (figura clave en la superación del paro petrolero de 2002), Alex Saab (prisionero en EEUU, repatriado a Venezuela en negociación entre Maduro y la administración Biden). La diferencia inicial entre la vieja y la nueva burguesía es el nivel de acceso a los mecanismos institucionales de captura de la renta petrolera.    

Estas dos iniciativas políticas—la creación de nueva burguesía y proyecto de Estado comunal con socialismo del siglo XXI— no se mezclaron del todo. Aunque Chávez se convirtió en la figura que establecía sus precarios equilibrios, para el año 2009 ya era evidente que esto no sería fácil. La crisis bancaria de ese año, en la cual figuras del chavismo aparecieron como propietarios de bancos, mostraba la constitución de esa nueva burguesía y explicaba el comportamiento de un sector de la burocracia que boicoteaba los elementos del poder popular comunal.

Esa burguesía se constituyó alrededor del estamento militar, lo que parece explicar las razones por las cuales Chávez no designara a Diosdado Cabello—una de las figuras militares del 4 de febrero de 1992—como su sucesor, con la aspiración que Maduro continuara sosteniendo los equilibrios entre los dos proyectos que fundamentaban la idea de un nuevo policlasismo en Venezuela.

El surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar y desconcentrado fue la estrategia internacional del chavismo expresada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). El liderazgo continental de Chávez logró construir una correlación de fuerzas regionales que derrotó el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). CARICOM, en su lugar, jugaba un papel estelar, especialmente por la influencia subregional de Cuba, a la que Venezuela comenzó a facilitar el petróleo que requería para su sobrevivencia a cambio de cooperación en educación y salud, tanto en el plano militar y de inteligencia.

Desde 2002, cuando Estados Unidos avaló el golpe de Estado contra ese proyecto de Chávez, se mostró que la injerencia norteamericana ha sido una constante del proceso de la llamada Revolución Bolivariana hasta 2026, cuando se produjo la agresión militar directa. Las sanciones fueron precedidas de injerencia desmedida en declaraciones y acciones de la Casa Blanca, el Pentágono y los organismos multilaterales controlados por Estados Unidos.

Madurismo

El madurismo es el resultado de una causa sobrevenida: la muerte de Chávez. Maduro carecía de cualquier épica, no formaba parte de las cúpulas militares, nunca dirigió una lucha obrera de trascendencia ni era reconocido por todos los factores de poder como un líder. En consecuencia, debió construir unos equilibrios del poder nuevos, sumando liderazgos en las áreas que tenía vacíos. Cilia Flores, los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López fueron asumiendo la representación de esta estructura de poder colegiada. Para construir identidad y consolidar su liderazgo, el madurismo debió alejar del poder gubernamental y del partido oficial (PSUV) a las figuras que representaban un vínculo de lealtad con el proyecto nacional-popular policlasista que lideró Chávez. Como resultado, el madurismo es un collage de fuentes de poder fáctico, político, mediático y económico que se decantó por el proyecto de una nueva burguesía.

Maduro no contaba con la fuerza política ni la voluntad ideológica para sostener un equilibrio entre el poder popular y la nueva burguesía que se gestó en el vientre de la Revolución Bolivariana. Optó por el desmontaje de la agenda nacional-popular del socialismo del siglo XXI, basado en el fomento de los consejos comunales, fábricas recuperadas por sus trabajadores, economía social, cadenas productivas sustentadas en movimiento cooperativo y democracia participativa. Su energía política se concentró en la consolidación de la nueva burguesía, mediante la continuación del modelo rentista de acumulación de riqueza. Maduro logró consolidar el bloque de la nueva burguesía, debilitando las representaciones y mediaciones de la vieja burguesía, y dotando al madurismo de una identidad política diferenciada del chavismo.

Maduro logró consolidar el bloque de la nueva burguesía con acceso asegurado a la renta petrolera del clan de ricos que emergió de la crisis del 2002. También logró debilitar las representaciones y mediaciones de la vieja burguesía, incluso partidos políticos de la oposición que fueron intervenidos mediante medidas judiciales o componendas entre factores internos fomentadas por el gobierno. El madurismo no atacó a la vieja burguesía como clase económica, sino a sus representaciones políticas, con la intención de asumir ese rol. A la vieja y la nueva burguesía las une su interés por el control de la renta petrolera, y cualquier diferencia “ideológica” o de vínculos partidarios quedó subordinada al interés principal.

En 2015, Obama declaró a Venezuela como un peligro para la seguridad nacional norteamericana, paraguas que le permitió a Trump en su primer mandato (2017) imponer medidas coercitivas unilaterales. Ya en 2014, antes de las sanciones, la drástica caída internacional de los precios del petróleo hizo que fuera imposible sostener el esquema cambiario, iniciándose una escalada en el precio del dólar, desatando una inflación descontrolada y un deterioro sensible en el poder adquisitivo de la población. La merma de recursos exacerbó el modelo rentista de acumulación, transfiriendo la crisis a los sectores trabajadores y la población para disminuir el impacto en los ingresos burgueses. Las sanciones norteamericanas fueron un intento por impedir la consolidación de la nueva burguesía y boicotear el acuerdo interburgués que inició Maduro en ese periodo. No obstante, sus efectos reales fueron trasladados a la población más que a las élites gobernantes. 

Después de 2018, Maduro trabajó para recomponer la relación económica entre la vieja y la nueva burguesía, aspirando a convertirse en la representación política de este acercamiento, estrategia en la cual Delcy Rodríguez se convirtió en la principal operadora política y en la figura central de la unidad entre las distintas facciones burguesas.9  Esta iniciativa dio sus frutos a partir de 2021, cuando la ahora presidenta encargada fuera invitada especial para inaugurar la(<)a href='https://vpitv.com/lo-ultimo/ultimas_noticias_sobre_venezuela/delcy-rodriguez-participo-en-la-instalacion-de-la-77-asamblea-anual-de-fedecamaras/'(>) 77 Asamblea(<)/a(>) Anual de la Federación de cámaras empresariales y de comercio (Fedecamaras), misma instancia que había dirigido el golpe de Estado de 2002 y colocado a su entonces presidente, Carmona Estanga, al frente del breve gobierno de “salvación nacional”, cuyo decreto de instauración fue firmado por María Corina Machado. El acuerdo interburgués se expresó en la reconciliación pública en 2022 entre el gobierno de la nueva burguesía bolivariana y la patronal Fedecamaras. 

Los efectos de las sanciones sobre la economía venezolana generaron un colapso en la producción petrolera, venta de petróleo con descuentos casi a los niveles de costo de producción, aislamiento financiero y comercial y un impacto en la calidad de vida. La guerra de Ucrania hizo que la administración Biden flexibilizara estas sanciones sobre Venezuela, como el caso de la Licencia General 44 de 2024 que autorizó a Chevron a comercializar el crudo venezolano. La flexibilización de las sanciones mejoró el nivel de ingresos, pero esto no se reflejó en mejoras para la población. Por el contrario, el salario mínimo caía a niveles de 0,4 dólares al mes. En una economía que mostraba síntomas de mejora macroeconómica, la acumulación burguesa rentista se elevó exponencialmente. 

Mientras tanto, el gobierno aprobó legislaciones que limitaban las libertades políticas e intervino judicialmente contra los partidos políticos opositores de derechas y centro que representaban los intereses de la vieja burguesía, con el fin de cooptar a una parte importante de estas representaciones políticas y del liderazgo opositor. Asimismo, el gobierno de Maduro utilizó la alianza cívico-militar-policial para aplastar las revueltas callejeras denominadas “La Salida”, lideradas por Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado (2014). A estas protestas le siguieron las de 2015 contra la escasez de productos básicos, las del 2016 en rechazo a la suspensión del referéndum revocatorio y cuatro meses de protestas violentas del 2017 por el desconocimiento de la Asamblea Nacional y la puesta en marcha de una nueva constituyente. Estos últimos eventos concluyeron con un saldo de más de 160 muertos, en su mayoría jóvenes.

Además, las sanciones sirvieron de justificación al madurismo para iniciar en 2018 un programa de ajuste estructural al estilo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que limitaba el derecho a luchar por aumentos salariales. La organización y libertad sindical se restringieron, se unificaron hacia abajo los salarios, eliminando el concepto de derechos adquiridos. 10Así se denominó a la decisión de la Oficina Nacional de Presupuesto, que consiste en homologar, hacia abajo, salarios y otros beneficios laborales conquistados a lo largo del siglo XX. También se intervinieron todos los partidos de izquierda, poniendo al frente de los mismos a directivas ad hoc funcionales al gobierno. Bajo este esquema, Maduro demostró que, a diferencia de Chávez, tenía la voluntad de ir contra la izquierda y las organizaciones sindicales, limitando sus capacidades de actuación política democrática y de lucha social a través de la institucionalidad.

La caída

En las elecciones presidenciales de 2024, Maduro enfrentaba una pérdida importante de simpatía electoral pero aún contaba con una base social que le apoyaba. Con ese capital reducido, decidió inhabilitar a María Corina Machado y a todos los opositores que tuvieran oportunidad de disputarle su permanencia en el Palacio de Miraflores. Se exacerbó el control de los medios, la represión mediante instrumentos jurídicos como la Ley contra el Odio, el desplazamiento libre por el territorio fue limitado para los candidatos y el aparato represivo adquirió inusitada centralidad. 

En este escenario, el rentismo buscó un acuerdo forzado entre las distintas fracciones de la burguesía venezolana, siendo Corina Machado el electrón libre que ponía en riesgo la acumulación burguesa centrada en el asalto a la renta petrolera. Desde ese momento comenzó la tragedia de la líder opositora, porque como lo demostrarían los hechos posteriores al 3 de enero, incluso Estados Unidos la descartaría como confiable para una transición amigable al capital.

Este periodo se cerró con el ocaso democrático electoral y el escalamiento del autoritarismo que llevó a la cárcel por razones políticas a más de dos mil personas en solo un par de meses.11 Según cifras del Foro Penal Venezolano, en la actualidad permanecen en prisión unos 644 presos políticos. No obstante, a nivel popular se habla de tres categorías de detenidos por opinar o participar en manifestaciones contra el gobierno, los cuales podrían alcanzar varios miles: políticos presos, ciudadanos presos por opiniones políticas, y militares disidentes encarcelados. El madurismo se fue convirtiendo en un bonapartismo sui generis, que garantizaba a los distintos grupos de ricos y poderosos la continuidad del modelo rentista de acumulación burguesa. De allí su avanzada autoritaria, que con un discurso supuestamente socialista interviene y neutraliza los instrumentos de representación política de la clase trabajadora (sindicatos, partidos de izquierda), procurando la aprobación de los Estados Unidos. 

Pero el madurismo no valoró correctamente el papel de la energía en la reconfiguración del orden mundial, aún cuando Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo. Durante la administración Biden, avanzó en la dirección de un acuerdo de estabilización con los Estados Unidos, que no logró sostener con el segundo gobierno de Trump. Finalmente, en septiembre de 2025, Estados Unidos desplegó el cerco militar naval en el Caribe. En esta etapa, Maduro sólo conservaba un discurso radical para mantener cohesionada su base social y apostó por llegar a un acuerdo con la administración Trump que le permitiera mantenerse en el poder. Sin embargo, Maduro sobreestimó el rol del petróleo y las riquezas minerales en esa negociación, asumiendo una actitud displicente y diletante en las negociaciones, lo que aceleró los eventos del 3 de enero de 2026.

Aún no están claras las cadenas de traiciones y colaboraciones de altos funcionarios del gobierno que tuvieron que ocurrir para que la acción militar ocurriera con tanta impunidad. La captura y encarcelamiento del presidente venezolano evidencia que el madurismo había logrado avanzar significativamente en un acuerdo estructural con los Estados Unidos, sólo que ahora se concretó sin la figura del propio Maduro. 

Colonización trumpista

Estados Unidos no está dispuesto a perder su rol hegemónico en Latinoamérica y está  apostando a jugar un papel central en la conformación de ese nuevo orden mundial junto a China y Rusia. A Washington le preocupa el volumen de las inversiones chinas en la región, estimadas por la CEPAL en aproximadamente 650 mil millones de dólares. Precisamente, en la Estrategia de Seguridad Nacional con el Corolario Trump, Venezuela aparece no sólo como una prioridad sino como una posibilidad cierta de avanzar en esta recolonización regional. El país que levantó las banderas de la Revolución Bolivariana posee las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, yacimientos auríferos y de tierras raras, y uno de los más importantes bolsones de biodiversidad y agua del planeta. El inicio del bloqueo militar norteamericano en el Caribe Sur desde agosto-septiembre de 2025 erosionó las alianzas entre Venezuela y la región, en organismos como la CELAC y ALBA.12 El gobierno de Trinidad y Tobago facilitó su territorio para la realización de operaciones militares previas al ataque del 3 de enero, lo que propició el rompimiento del acuerdo de suministro de gas venezolano a esa nación. 

El 7 de enero de 2026, el secretario de Estado Marco Rubio anunciaba la estrategia de tres fases para la transición venezolana. Primero, la estabilización que procura evitar que se genere el caos en Venezuela. El presidente norteamericano y su equipo han demandado la liberación de los presos políticos, la creación de condiciones político-jurídicas para el regreso de los exiliados y realizar las reformas legales que garanticen seguridad institucional y jurídica a los inversionistas extranjeros. La segunda fase denominada “recuperación económica y reconciliación” consiste en reactivar la economía a partir de la apertura al mercado energético para las trasnacionales petroleras, pero también al capital trasnacional interesado en explorar las otras áreas de extractivismo como oro, tierras raras, así como el mercado de la biodiversidad. 

Esta fase implicaría mejorar las condiciones de la población, especialmente sus ingresos salariales que son hoy en día los más bajos del mundo, con un salario mínimo mensual por debajo de medio dólar norteamericano y en un país en el que los productos básicos tienen un valor dos o tres veces superior a la media regional. La tercera fase, denominada «transición política», busca consolidar reformas estructurales en el sistema político venezolano como la legalización de partidos políticos, transparencia, y libertad de prensa y un nuevo Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no queda claro cómo la burguesía rentista venezolana va a situarse en el mediano y largo plazo en esta nueva situación.

Existe, sin embargo, una tensión fundamental entre el modelo rentista nacional representado por el madurismo y el modelo económico transnacional que Estados Unidos pretende implementar. El rodriguismo parece querer tender un puente entre ambos. 

Delcy Rodríguez era conocida entre los revolucionarios bolivarianos como una radical. Su carrera como burócrata se inició en 2003, como directora de asuntos internacionales del Ministerio de Energía y Minas. A pesar de haber sido directora del despacho de Hugo Chávez, nunca fue una persona de confianza del líder de la revolución bolivariana. Fue después de la muerte de Chávez y con el ascenso de Maduro a la presidencia de la República, cuando se inició su carrera meteórica, ocupando responsabilidades al frente del Ministerio de Comunicación e Información (2013-2014), para pasar a la cartera de Relaciones Exteriores (2014-2017), cuando se inició la purga manifiesta en la salida del país de Rafael Ramírez, considerado la figura clave de la industria petrolera en la mayor parte del gobierno de Chávez. Su estilo antidiplomático y de confrontación en los escenarios internacionales contrasta con su posición genuflexa a partir de enero de 2026.13Por eso sorprendió que fuera el motor de la donación de 500 mil dólares—provenientes de Citgo—, que hiciera el gobierno venezolano en 2017 para contribuir a cubrir los gastos de la toma de posesión de la primera presidencia de Donald Trump. Algunos críticos consideran que la buena relación entre Delcy Rodríguez y Donald Trump se comenzó a construir a partir de ese momento. Durante el gobierno del Biden, ella fue la figura comisionada del Grupo de Boston, una red con políticos y figuras de la política norteamericana, en este esfuerzo, mientras su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, coordinó las negociaciones con la oposición promovidas por Noruega, México, el Vaticano y otros integrantes de la comunidad internacional.

Más recientemente, se empieza a despejar el gran interrogante planteado acerca de si los hermanos Rodríguez tienen interés en sostener al “clan de los cuatro” como epicentro del poder político o darán un nuevo paso en la concentración del dominio gubernamental. El desplazamiento de Padrino López al frente del Ministerio de Defensa desde 2014- y la designación del General Gustavo González López, encargado de recibir en el país al director de la CIA, muestra intenciones de reducir el clan a la dupla de los parientes. En estos dos últimos meses los rostros de militares uniformados—ejes del reacomodo del modelo rentista desde 2002—prácticamente han desaparecido de las alocuciones oficiales. Hoy, el jefe del comando sur de los Estados Unidos “cumple” el rol que llegó a ocupar Vladimir Padrino, el alto mando militar bolivariano y el comando estratégico operacional. La renuncia del fiscal general de la República Tarek William Saab y el defensor del pueblo Alfredo Ruiz forma parte del proceso de desmantelamiento de lealtades con Maduro. A comienzos del año había sido sustituida la ministra de salud, a lo cual ha seguido la detención de figuras como Alexander “Mimou” Vargas, exviceministro de Deportes en el gobierno de Maduro.14 Famoso por colocar en una autopista de Caracas la estatua gigantesca de un indígena, elaborada con desechos y por la cual se rumoraba se había cobrado una cifra millonaria. Vargas también había sido el promotor de las “moto piruetas” como un deporte, para complacer a los motorizados que formaban parte de colectivos y fuerzas de choque del madurismo. Es evidente que está iniciándose un tsunami en la administración pública, que procura alcanzar un equilibrio entre los intereses de Trump y Delcy Rodríguez.

No obstante, el rodriguismo tiene un problema para su legitimación como centro del poder político en Venezuela, porque lejos de tener una épica propia, distinta a la de ser hijos de un mártir revolucionario, la sombra del colaboracionismo eclipsa su liderazgo. Por otra parte, las primeras medidas parecieran revelar que tienen la tentación de construir un sistema clientelar de poder alrededor de su reconocimiento. Ello resta capacidad política para liderar una transición que implica gobernar de manera más plural, con correlaciones de fuerza que trasciendan los límites ideológicos y la cercanía a su propio clan. 

Por su parte, la figura de Enrique Márquez, del partido Centrados, podría representar un desafío para la consolidación del poder. 15 Durante la presentación del Estado de la Unión ((<)em(>)State of the Union(<)/em(>)) en febrero de 2026, Trump invitó a Márquez a presentarse ante el público. Marquez, quien fuera preso político y recientemente liberado en Caracas, fue candidato presidencial para las elecciones del 28 de julio de 2024, por un partido llamado Centrados, el cual obtuvo un porcentaje inferior al 1 por ciento. Su campaña promovió la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la libertad de los presos políticos y las luchas sociales.  En Venezuela, una población cansada de la polarización política y sus efectos en el deterioro de la calidad de vida puede encontrar en esta figura una síntesis que encarne la reconstrucción nacional con el mayor consenso posible. Sin embargo, la mayoría de los partidos políticos se encuentran tutelados desde el gobierno, lo cual ha roto el vínculo territorial y la legitimidad de muchos de ellos. La derecha vive una crisis de credibilidad, como efecto de la cooptación funcional de muchos de sus dirigentes y la cohabitación con el madurismo, mientras que el sector del partido Vente, de María Corina Machado, ha sido debilitado por la represión a sus cuadros medios y de base, así como por el agotamiento del discurso de “punto final” y “transición sin chavistas” que la premio Nobel ha desarrollado desde 2024. Su propuesta consistía en sostener e intensificar la polarización, en contra del deseo de estabilización política expresado por Estados Unidos. La izquierda política fue despojada de toda personalidad jurídica y hoy no existe un solo partido legal de esta corriente. La izquierda radical se mueve entre la incapacidad de trabajar en frentes amplios y su vocación de autorreferencia, algo que deberá superar de manera expedita si quiere sobrevivir al huracán desatado.

Horizontes

A partir del 3 de enero, el proceso de desmontaje de lo que quedaba del chavismo se hace de manera rápida, pero ello no pasa por la superación del rentismo. La nueva Ley de Hidrocarburos hace perder el control a Venezuela en la extracción y la comercialización, mientras Estados Unidos asume el papel de vendedor del petróleo venezolano y quien determina los porcentajes y el uso de la renta que ingresa al país. Las leyes de comercio se ajustan a la nueva realidad y la puesta en marcha de la constituyente obrera procura legitimar la eliminación de la Ley del Trabajo vigente para crear una legislación que permita la flexibilización y perpetúe la precarización del mundo del trabajo.

Se comenzaron a liberar los presos políticos y se aprobó una Ley de Amnistía, anunciándose reformas del comercio para facilitar la inversión extranjera, y de todo el andamiaje jurídico institucional. Se trata de una contrarreforma sin precedentes que hace aparecer como tímido el proceso constituyente de 1999. Y mientras esto ocurre, las boinas rojas de los militares bolivarianos se sustituyen por honores a las visitas del director de la CIA John Ratcliffe, el jefe del Comando Sur, General Francis Denovan y el secretario de energía Chris Wright, quienes se pasean por los pasillos del Palacio de Miraflores como si fueran los nuevos amos del valle. 

El movimiento sindical, que vivió una sistemática represión desde 2024, alcanzó un acuerdo unitario para impulsar a partir del año 2026 un cronograma de reclamos y protestas por mejoras salariales, libertad sindical y derechos democráticos, eventos que se comenzaron a concretar con las movilizaciones en febrero y marzo. Dadas las enormes expectativas al respecto, de no resolverse en el corto y mediano plazo, la ilusión podría transformarse en decepción, la pasividad en rabia y la calma en tormenta. 

Cambiar de figuras al frente del gobierno, e incluso la orientación ideológica del mismo, no garantiza la gobernabilidad de Venezuela, mucho menos el proyecto estratégico que ha diseñado Estados Unidos para el país con el propósito de disponer de sus reservas energéticas y minerales. La dupla rentismo-policlasismo había constituido el soporte de la gobernabilidad en Venezuela, y pretender superar de manera abrupta esta estrategia de acumulación y dominación burguesa puede acarrear complicaciones para la propia apertura al capital transnacional que pretende inaugurar la administración Trump. 

Sin embargo, esto pareciera no ser valorado adecuadamente por la clase política venezolana y por la administración norteamericana, quienes consideran que la solución está limitada a la mejora estructural de la economía, y que la cotidianidad de la gente—expresada en el tema salarial—puede esperar. Por el contrario, la frustración derivada de la imposibilidad de alcanzar unos ingresos salariales iguales o mayores a la canasta alimentaria básica puede generar el sentimiento antiimperialista que aún no se ha expresado.

La Revolución Bolivariana ha muerto, pero el anhelo de un cambio estructural no. El rentismo sigue siendo la cultura hegemónica en la acumulación de la burguesía local y el policlasismo el modelo de diálogo y equilibrio entre clases sociales. Como toda nave que surca tempestades sin llegar a puerto seguro, el giro intempestivo a la situación colonial ocurrida a partir del 3 de enero de 2026 no significa un nuevo momento político, sino la continuidad de los extremos, otra cara de lo que venía ocurriendo. Garantizar la policromía política, social y económica, así como superar sin traumas el rentismo, son el gran desafío colectivo. ¿Será esto posible en una situación de instauración colonial?