Después del MAS

Bolivia atraviesa una ola de movilizaciones masivas, con bloqueos de carreteras y demandas de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas siete meses, tras imponerse en el balotaje de octubre de 2025. Las protestas, encabezadas por sindicatos obreros y organizaciones campesinas—algunas vinculadas a sectores afines al expresidente Evo Morales—reflejan un creciente descontento social. Este malestar responde a una profunda crisis económica marcada por la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustible y una inflación elevada que ha encarecido significativamente el costo de vida. El detonante inmediato han sido las medidas de ajuste fiscal—incluidos recortes de gasto y reducción de subsidios—impulsadas por el gobierno de Paz en los últimos meses.

Luego de veinte años de hegemonía electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), el nuevo gobierno prometió transformar el “rostro” de la política boliviana tras el agotamiento del modelo neoestatista extractivista implementado por el MAS a lo largo de dos décadas, el cual terminó por consumir no solo las esperanzas, sino también los recursos de la población boliviana. La victoria de Paz respondió a problemas intrínsecos del MAS, expresados en la división y disputas ocurridas entre dos fracciones al interior del partido, y el severo desgaste gubernamental, producto de la administración del modelo político y económico. Esta situación de crisis en el MAS, se ha expresado en la desconfianza de la población y también en los tradicionales líderes opositores, como Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, quienes han participado en elecciones generales durante las últimas décadas, sin mayor éxito. 

Pero en este proceso se han hecho explícitos dos rasgos fundamentales de la sociedad boliviana. Por un lado, su alta politicidad y la capacidad organizativa que históricamente ha demostrado para incidir en momentos críticos y de definición política, y que se está mostrando nuevamente en este ciclo de protestas. Por otro lado, la debilidad de un sistema de representación político-institucional sólido, lo que deriva en que la acción política quede subordinada a mediaciones clientelares y corporativas que operan con mayor eficacia en la articulación entre el Estado y la sociedad. Estos factores se han visto reforzados durante los gobiernos del MAS, dada su estrecha imbricación con sindicatos campesinos y otras organizaciones afines al partido gobernante, mientras que, en contraste, ha prevalecido la desarticulación de los partidos opositores.

Las elecciones de 2025 se dirimieron entre la debacle del proyecto político del MAS, marcada por el declive económico reflejado en los principales indicadores macroeconómicos, y la emergencia de propuestas liberales. En ese escenario, resultó ganador un candidato que carece tanto de una estructura partidaria consolidada como de una propuesta ideológica claramente definida. Esta situación explica también las debilidades y ambivalencias del nuevo gobierno, enfrentado a un contexto caracterizado por la desinstitucionalización, la crisis económica, las altas expectativas sociales y una persistente conflictividad, lo que lo ha puesto rápidamente tras las cuerdas contra una todavía poderosa capacidad de los simpatizantes del MAS para movilizar sectores importantes de la sociedad.

Auge y caída del MAS

El contexto de salida del MAS del poder en 2025 dista mucho de aquel momento inédito en el cual  accedió a la presidencia en 2005 con mayoría absoluta de votos (53,5 por ciento), una importante legitimidad social y grandes promesas de cambio. El éxito inicial de Evo Morales en las elecciones de 2005, después de un largo ciclo de crisis política y social producto de las promesas incumplidas del modelo neoliberal, generó un clima de gran expectativa alrededor de una alternativa que significaba un cambio profundo en el país.

El MAS llegó a ocupar la presidencia con un fuerte componente discursivo y simbólico en torno al primer presidente indígena en Bolivia. En su momento, significó la sustitución de las antiguas élites en el poder; el potenciamiento de un sistema corporativo de mediaciones entre el Estado y las organizaciones sociales—en particular el movimiento indígena y campesino—, y un giro en las políticas económicas. Este proceso de cambio se inició con un hecho histórico como fue la realización de una Asamblea Constituyente, y la posterior aprobación de una nueva Constitución que daba fin al Estado Republicano, para inaugurar el Estado Plurinacional y Autonómico.

El nuevo modelo económico resultó muy exitoso durante los primeros años, ya que gozó de importantes ingresos económicos debido al elevado precio del gas y los hidrocarburos en el mercado internacional. Además, esta extraordinaria situación económica se reflejó en medidas de redistribución económica a los sectores más vulnerables mediante el otorgamiento de bonos, reducción del costo de servicios públicos, la ejecución de obras de infraestructura en las comunidades rurales, entre otras. Todas ellas influyeron en la reducción de la pobreza y pobreza extrema y otorgaron legitimidad a los gobernantes.

No obstante, aun cuando la estrategia de legitimación social basada en el uso intensivo de recursos estatales fortaleció la gobernabilidad en el corto plazo, limitó la consolidación de inversiones estructurales de mediano y largo plazo. Esta fragilidad se hizo patente pocos años después, frente a la caída de los precios internacionales de los hidrocarburos y el gas, lo que reveló la alta dependencia de la renta extractiva y su impacto en la contracción del crecimiento del PIB.

El siguiente gráfico revela una irremediable caída del PIB a partir de 2014,1En la lectura se deben excluir las caídas abruptas provocadas por el impacto del Covid 19 (2020 y 2021),y de una profunda crisis política, a la cual nos referiremos más adelante, relacionada con la anulación de elecciones, la renuncia inesperada del entonces presidente Morales ante las denuncias de un “golpe de Estado”, y la asunción de un cuestionado gobierno transitorio entre 2019 y 2020. con leves repuntes poco significativos, que persiste hasta el presente. Esta crisis también se expresó en el plano fiscal, en la medida en que la caída de los ingresos hidrocarburíferos coincidió con el gasto público, dando lugar a déficits fiscales persistentes.

Desde 2014 la economía boliviana comenzó a evidenciar una desaceleración del crecimiento, acompañada por una disminución progresiva de las reservas internacionales. Los indicadores macroeconómicos muestran una combinación de presiones inflacionarias y restricciones externas en la economía. Hacia mediados de 2025 la inflación acumulada alcanzó aproximadamente el 25 por ciento interanual, mientras las reservas internacionales se redujeron de manera sostenida, lo que generó tensiones sobre la disponibilidad de divisas y presionó el tipo de cambio en el mercado paralelo.2Facultad de Economía, UMSS (<)em(>)“Posición Académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón sobre la Coyuntura Actual de la Economía Boliviana”.(<)/em(>) (Cochabamba: Documento de trabajo, 2025). En respuesta a estas tensiones, la gestión de gobierno ha recurrido a diversas fuentes de financiamiento, incluyendo el endeudamiento y la utilización de reservas para atender necesidades fiscales inmediatas. 

Evidentemente, no se trata solo de problemas en la gestión económica coyuntural, sino que tiene causas más profundas, relacionadas con los límites del modelo neo-estatista extractivista implementado por el MAS en 2006, mediante el denominado “Modelo Económico Social Comunitario Productivo” (MESCP).3El Modelo Económico Social Comunitario Productivo identifica dos pilares: el sector estratégico que genera excedentes y el sector generador de ingresos y empleo. El modelo identifica cuatro sectores estratégicos: hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. Un esquema que prometía el desarrollo de una economía plural y sostenible, pero que en los hechos terminó afectando a sectores que, en su discurso, buscaba beneficiar. Nos referimos concretamente a los derechos de los pueblos indígenas, que fueron sistemáticamente vulnerados.4La ejecución de megaproyectos sin la aplicación de la Consulta Previa establecida en la CPE y el Convenio 169 de la OIT, tiene casos emblemáticos como la carretera que pretendía atravesar el Territorio Isiboro Sécure Parque Nacional (TIPNIS) en 2011 y otros relacionados con la explotación de hidrocarburos, minería y otros no renovables. Según la Defensoría del Pueblo se identificaron 46 proyectos entre 2013 y 2023 . Ver (<)a href='https://cedib.org/wp-content/uploads/2020/01/InformeAndino-LibroBOL.pdf'(>)CEDIB(<)/a(>), (<)a href='https://www.cejis.org/'(>)CEJIS(<)/a(>), (<)a href='https://www.ftierra.org/index.php'(>)Fundación Tierra(<)/a(>). Por lo tanto, el énfasis neo estatista desarrollista y extractivista de este modelo provocó serias fisuras con sus bases indígenas y entró en colisión con los derechos establecidos en la nueva Constitución Política del Estado (CPE). 

La reacción social a la debacle del modelo económico, provocó el incremento de la conflictividad social. De acuerdo con los datos de la Defensoría del Pueblo, durante 2025, se identificaron 841 conflictos sociales, la mayoría relacionados con derechos económicos y laborales. La fundación UNIR coincide con esta apreciación de incremento de la conflictividad y añade que la principal causa fue la crisis económica. Se trata de la intensificación de movilizaciones de protesta contra la elevación del costo de vida y de la canasta familiar, la escasez de combustibles y la falta de dólares para sostener el comercio y la producción.

En las protestas contra la crisis convergieron distintos sectores sociales como el transporte pesado, los gremiales y comerciantes (tanto minoristas como mayoristas), juntas vecinales, cooperativistas mineros, comités cívicos, trabajadores públicos  del sector de salud y magisterio urbano y rural. A ellos se sumaron las cámaras empresariales, e incluso de obreros y campesinos afines inicialmente al partido de gobierno y que asumieron posturas críticas al finalizar la última gestión (2020-2025). En gran medida alentadas por la división del partido de gobierno.

Los factores político partidarios

Las tensiones en el partido de gobierno se originaron cuando Evo Morales renunció al cargo en 2019, en un contexto de profunda crisis política e institucional relacionado con la conflictividad social generada en torno a las elecciones generales de ese año. Los antecedentes a este hecho político se encuentran en la insistencia del MAS de postular a Morales como único candidato a la presidencia por cuarta vez consecutiva. Esta postulación significó un flagrante vulneración de la voluntad popular expresada en el Referéndum de 2016, en el cual se rechazó la posibilidad de una reforma constitucional que aceptara su habilitación como candidato. Las consecuencias se verificaron durante la realización de las elecciones generales en las que se denunciaron irregularidades, y se desencadenó una eclosión social violenta que duró 21 días, dando paso a un gobierno transitorio.

Después de un año de gestión del nefasto gobierno de Jeanine Añez, se realizaron nuevas elecciones generales (2020), en las cuales el MAS se impuso nuevamente con el 55 por ciento de los votos. Esta vez con un candidato sustituto a Morales: Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía del gobierno de Morales,  quien fue nombrado por iniciativa del propio ex presidente ante su imposibilidad de retornar al país en ese momento. 

Una vez que se consolidó el nuevo triunfo político del MAS y Arce asumió la presidencia con plena legalidad y legitimidad, Evo Morales retornó al país y pretendió incidir en las políticas de gobierno, desde su bastión sindical: el trópico de Cochabamba. La resistencia de Arce a seguir las indicaciones de Morales produjeron tensiones al interior del partido de gobierno y de su bancada parlamentaria. A partir de estos acontecimientos se fueron articulando dos facciones confrontadas: el ala “arcista” y el ala “evista”. Dicha tensión se extendió a las dirigencias y bases de sus organizaciones sociales y al conjunto de  la estructura partidaria.

De esta manera, hacia las elecciones de 2025, las pugnas de poder se agudizaron, primero por la titularidad de la candidatura, y segundo por quien se quedaría con la sigla política del MAS—dada su connotación simbólica y de impacto electoral. Finalmente, después una serie de pulsiones políticas y legales entre Arce y Morales, se definió que el candidato oficial del partido sería Luis Arce Catacora y la sigla del partido se mantendría en el ala “arcista”. Esta situación obligó a Morales a crear una nueva opción política denominada “Evo es Pueblo”, que nunca logró su inscripción en el Órgano Electoral por falta de cumplimiento de requisitos. Tampoco logró habilitar su candidatura con otra sigla, debido a un fallo dictado por el Tribunal Constitucional Plurinacional en diciembre de 2023, que lo inhabilitaba personalmente como candidato a la presidencia. 

Por otra parte, las disputas se trasladaron al espacio legislativo, provocando bloqueos e ingobernabilidad. A ello se sumó una visible división en las organizaciones sindicales de base a lo largo de todo el territorio nacional. Finalmente, esta fractura también se manifestó en el espacio público. Trascendió a los medios de comunicación y a las redes sociales, que comenzaron a amplificar denuncias y ataques mutuos de corrupción y mal gobierno entre ambos sectores. Estas disputas involucraron no solo a los dos líderes, sino también a sus familias y allegados.

Los hechos de corrupción son innegables en ambos gobiernos. En el caso del gobierno de Morales, el episodio más emblemático fue el del Fondo Indígena (Fondioc), ya que involucró directamente a dirigentes sindicales. A ello se sumaron diversas denuncias y acciones legales contra el ex presidente por trata y tráfico de personas, que afectaron su imagen pública. En el gobierno de Arce también pesan acusaciones de corrupción. Actualmente, al menos seis ministros han sido señalados y, en su momento, apartados de sus cargos, al igual que varios presidentes de entidades estatales. Muchas de estas denuncias surgieron y se hicieron públicas en el marco de la disputa entre “evistas” y “arcistas”.

Un dato final que revela la grave tensión al interior del partido de gobierno fue la decisión de la dirigencia del MAS—que había quedado en manos del sector afín al propio Arce—de desistir inicialmente de llevarlo como candidato. En su lugar, optaron por sustituirlo por uno de sus ministros, Eduardo del Castillo. Posteriormente, la ruptura se profundizó con la expulsión pública de Arce de las filas del partido, responsabilizándolo de la crisis económica y de daño económico al Estado. Actualmente, el expresidente Arce se encuentra en la cárcel con detención preventiva, en el marco de las acusaciones en curso por estos delitos.

Este breve recuento histórico muestra el apogeo y posterior declive de la organización política más importante de Bolivia en el siglo XXI. Tras haber llegado al poder con más del 50 por ciento de los votos, veinte años después concluyó disgregada, internamente confrontada y con un respaldo electoral que en 2025 apenas alcanzó el 3 por ciento.

Elecciones sin partidos

Para las elecciones de 2025, la antes unificada estructura del MAS se descompuso en tres alternativas políticas: Alianza Popular, con la candidatura de Andrónico Rodríguez y Mariana Prado; con la sigla del MAS, Eduardo del Castillo y Milan Berna; y MORENA, con los candidatos Eva Copa y Jorge Richter—quienes desistieron de su candidatura en el último momento. Además, es preciso añadir una cuarta opción electoral: el voto nulo, convocada por el propio Evo Morales.

Por su parte, en la primera vuelta de 2025 se presentaron diversas alternativas opositoras: la Alianza Unidad, con Samuel Doria Medina y José Luis Lupo; la Alianza Libre, con Jorge Quiroga y Juan Pablo Velasco; el Partido Demócrata Cristiano, con Rodrigo Paz y Edman Lara; APD Súmate, con Manfred Reyes Villa y Juan Carlos Medrano; la Alianza Pueblo, encabezada por Jonny Fernández; y ADN, con Pavel Aracena y Antonio Saravia.

El día de la elección, Paz obtuvo la primera mayoría con el 32 por ciento de los votos. Le siguieron Tuto Quiroga, de Alianza Libre, con el 26 por ciento, y Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, con apenas el 19 por ciento. Las demás opciones políticas no superaron el 9 por ciento de los votos válidos. Llama la atención el voto nulo promovido por Morales, que alcanzó alrededor del 20 por ciento, equivalente a aproximadamente un millón trescientos mil votos. De este porcentaje, entre un 3 y 4 por ciento corresponde al voto nulo habitual en comicios nacionales previos. Morales, además, se negó a apoyar al joven cocalero Andrónico Rodríguez, quien pudo haber sido su sucesor natural y que apenas alcanzó el 8,5 por ciento de los votos.

Con estos resultados, se procedió a una segunda vuelta electoral, en la que se rearticularon las alianzas políticas. El balotaje dio el triunfo a Rodrigo Paz, con una ventaja de 10 puntos sobre la segunda fuerza, encabezada por Jorge Quiroga. De forma reveladora, la alianza ganadora se impuso en territorios donde el MAS había predominado durante las décadas anteriores, especialmente en el área andina y el centro del país. En contraste, la oposición consolidó su presencia en el oriente, región en la que predominan los grupos empresariales.5 Nos referimos sobre todo a los capitales de la agroindustria centrada en la producción de soja, caña de azúcar y ganadería. Grupos de poder articulados en la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO).

Los resultados de las elecciones de 2025 (en primera y segunda vuelta) resultan llamativos, ya que el triunfo del binomio Paz-Lara fue absolutamente inesperado. Se trataba de candidatos sin partido propio, sin una ideología claramente definida ni un discurso articulado, que habían iniciado su campaña apenas unos meses antes de la primera vuelta. Sus nombres no figuraban en las encuestas sino hasta poco antes de la elección. Apostaron, más bien, por una fuerte presencia en redes sociales y por un tradicional recorrido puerta a puerta en distintas regiones del país.

Uno de los problemas centrales de la democracia boliviana, desde la década de los ochenta, ha sido la difícil construcción de un sistema de partidos políticos sólido. Estos emergieron con ímpetu junto con la recuperación de la democracia durante las décadas de 1980 y 1990. Si bien al principio se establecieron demarcaciones ideológicas relativamente claras en torno a identidades y liderazgos, muy pronto su débil posicionamiento en el escenario electoral condujo a la fragmentación del sistema y a la necesidad de conformar coaliciones para gobernar. Se trataba de acuerdos de gobernabilidad forzada que, en muchos casos, atravesaron fronteras ideológicas y políticas. El sistema de partidos que se había instaurado junto con la era neoliberal pagó las facturas del fracaso de este modelo económico años después.

El declive político electoral del MAS, tras dos décadas de gobierno, también refleja la incapacidad de los partidos para construir alternativas electorales viables para la población. En cambio, existe una oferta fragmentada de opciones que obligan a la conformación de alianzas y acuerdos para habilitar las candidaturas. El préstamo o alquiler de siglas partidarias por parte de líderes personalistas carentes de estructuras institucionales refleja la profunda crisis de militantes y el vaciamiento de contenido ideológico detrás de la disputa electoral.

Institucionalidad en crisis

Uno de los costos más altos del deterioro del sistema político boliviano de los últimos años ha sido la erosión institucional que ha afectado a los cuatro órganos del Estado. El Órgano Legislativo terminó su gestión (2020-2025) dividido, enfrentado y con escasos resultados en términos legislativos. Pasó a la historia como una de las gestiones más ineficientes de la historia democrática. 

Entre 2005 y 2020, el Legislativo estuvo prácticamente controlado por el partido de gobierno, que ostentaba mayoría absoluta y, en su momento, incluso una mayoría de dos tercios en las votaciones internas. En ese contexto, predominó el decisionismo del Ejecutivo, lo que opacó el rol fiscalizador del Parlamento. No obstante, esta situación cambió después de 2020, cuando la bancada oficialista se dividió. El “ala evista” pasó entonces a actuar como un factor de bloqueo e ingobernabilidad, aliándose con los partidos opositores. Si bien este escenario favoreció coyunturalmente a la oposición, también derivó en un contexto de alta ingobernabilidad.

La última gestión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) registró la menor producción legislativa de la última década. Entre 2010 y 2015 se aprobaron 653 leyes; entre 2015 y 2020, 691; y entre 2020 y 2025 apenas 284, en su mayoría de carácter administrativo o de reconocimiento simbólico. Por su parte, el Órgano Judicial atraviesa un momento de fuertes cuestionamientos. Se trata de una institución que arrastra problemas estructurales de larga data, como la ineficiencia, el retardamiento de justicia, la corrupción y la injerencia política.

Esta situación se agravó durante los gobiernos del MAS, en los que la presión del Ejecutivo sobre las autoridades judiciales las volvió funcionales a los intereses políticos del oficialismo. En Bolivia, las altas autoridades de la magistratura son elegidas mediante voto popular, lo que las hace especialmente vulnerables a las pulsiones políticas.

La elección de autoridades judiciales por la vía de las urnas ha sido muy cuestionada por la escasa votación que obtienen las autoridades judiciales, y su débil legitimidad. En las tres experiencias electorales realizadas (2011, 2017 y 2023), la mayoría de los magistrados electos han sido superados por los votos blancos o nulos. Para agravar la situación, la propia elección está supeditada a los intereses coyunturales del poder. 

Por ejemplo, en la última elección realizada en 2023, algunas de las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional no fueron renovadas y persistieron en sus cargos de manera irregular. La actuación de estas autoridades fue claramente parcial durante la gestión de Arce. Primero, actuando contra líderes opositores al gobierno y, después, contra la corriente “evista” con el fin de neutralizar sus anhelos de retornar al poder. 

Finalmente, el deterioro institucional también alcanzó al Órgano Electoral Plurinacional (OEP), aunque en menor medida. De hecho, esta entidad se ha constituido en la única institución capaz de ordenar el sistema político, al haber logrado trascender episodios de grave crisis y garantizar la realización de elecciones generales para dirimir las disputas por el poder. A lo largo de los últimos años, el OEP ha sido objeto de diversas presiones políticas, principalmente por parte del partido de gobierno. Un ejemplo de ello fueron las elecciones de 2019, anuladas tras las irregularidades denunciadas a nivel internacional. Este proceso derivó en la sustitución total de sus autoridades y en la convocatoria a nuevos comicios un año después.

Más adelante, continuó su actuación parcializada en favor del gobierno de Arce, esta vez contra el “evismo”, al bloquear sus posibilidades de mantener la sigla partidaria y permitir la participación de Morales en las elecciones de 2025. Por lo cual, el sector evista declaró una “batalla legal” a las instituciones, entre ellas el organismo electoral y se declaró en movilización permanente con marchas, vigilias y bloqueos de caminos acusando al TSE y al gobierno de Arce de impulsar un “golpe electoral«.Con todo, la reciente coyuntura de crisis social, económica y político institucional descrita, generó un nuevo escenario plagado de preguntas: ¿Se trató solo de un cambio de presidente y una sustitución de las  élites  políticas? ¿Se avecina un nuevo ciclo estatal que compromete un nuevo patrón de acumulación y un nuevo patrón de hegemonía? ¿Estamos frente a una nueva ecuación social? 6 De acuerdo con Zavaleta, una ecuación social implica un “modo de entrecruzamiento entre la sociedad civil, las mediaciones y el momento político-estatal”. René Zavaleta Mercado, (<)em(>)El Estado en América Latina(<)/em(>) (La Paz: Los Amigos del Libro, 1990).

Retorno de la presión obrera y campesina

La fragilidad institucional con la que culminó el proceso electoral de 2025, la grave crisis económica y la gran expectativa social alrededor del binomio ganador, explican la ambigüedad y dificultad de establecer señales claras respecto al rumbo futuro del país.

El nuevo gobierno asumió el mando el pasado 8 de noviembre de 2025. No obstante, las primeras disposiciones se percibieron apenas un mes después. Al principio, se concretó una serie de reuniones con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento e incluso con el Fondo Monetario Internacional para propiciar acercamientos y solicitar préstamos para atenuar la crisis económica heredada. Otra señal temprana fue la de responsabilizar al gobierno del MAS del desfalco económico. A ellos se sumó el retorno de la DEA al país para el control del narcotráfico y el restablecimiento de relaciones internacionales con gobiernos democráticos liberales y de extrema derecha. Y, en consecuencia, el alejamiento de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. 

Pocos días antes de diciembre de 2025, se emitió uno de los primeros decretos supremos relevantes que, entre otras cosas, pretendía dar un giro estructural a la política económica del Estado. En él, se disponía agilizar y flexibilizar el marco regulatorio para atraer capital nacional y extranjero para la inversión en los sectores estratégicos de la economía, sorteando ciertos requisitos legales. Entre ellos, que los contratos de inversión fueran aprobados por el legislativo, optando por decretos supremos con efecto vinculante, si éstos no eran observados por otras instancias en un plazo corto (30 días). Este mecanismo “fast track”, también pasaba por alto, los procesos obligatorios de consulta a los pueblos indígenas que podían resultar afectados, y las regulaciones de protección ambiental. Así, el decreto fue percibido por la opinión pública crítica como una iniciativa orientada a la “privatización tácita de recursos naturales”.

Resulta notable que un actor político como la Central Obrera Boliviana (COB)—que prácticamente había desaparecido del escenario socio político—, se haya revitalizado para asumir medidas contestatarias de protesta con exigencias maximalistas como la abrogación total de dicho decreto. Y que incluso algunas de sus voces más radicales hayan planteado por primera vez la renuncia de Paz. Después de varios días de movilización, se abrió un espacio de negociación, en un lugar definido por la dirigencia de la COB (la ciudad de El Alto), al que acudieron los ministros del área para negociar. Dicho encuentro culminó con la abrogación del decreto. Además, la entidad de trabajadores exigió al gobierno consultarles sobre cualquier otra medida futura que pudiera afectarles.

Aunque el gobierno cedió ante las presiones de la Central Obrera, cabe señalar que, como parte del mismo paquete de reformas, aprobó otro decreto con disposiciones mínimas orientadas a eliminar la subvención estatal a los hidrocarburos. Esta medida fue ampliamente aceptada en un contexto de escasez de combustibles en el mercado, que había provocado un incremento significativo de precios: la gasolina prácticamente se duplicó y el diésel llegó a triplicarse.

No obstante, con el fin de atenuar el impacto, el decreto dispone el incremento salarial en aproximadamente un 20 por ciento (salvo para el sector público); y la aprobación de un Programa Extraordinario de Protección y Equidad (Bono PEPE) para sectores vulnerables, entre los principales. Esto revela que, salvo la disposición referida a los combustibles, no existen cambios sustanciales en términos estructurales. 

Este primer pulso político tiene distintas connotaciones. Por una parte, confirma la debilidad interna y la falta de legitimidad para enfrentar los nuevos desafíos. Las tensiones internas son agravadas por la posición del actual vicepresidente Edman Lara, que se declaró públicamente opositor al gobierno, y defiende los intereses de los trabajadores en reiterados videos de TikTok. Por otra parte, está la reacción de opositores al gobierno que argumentan la falta de autoridad para concretar sus decisiones. 

Probablemente, el aspecto más crítico del gobierno de Paz, a diferencia de sus antecesores, ha sido su posición respecto a la presencia y participación de las organizaciones sociales en el poder público. El presidente ha señalado que gobernaría para las organizaciones sociales, y no con las organizaciones sociales, estableciendo una línea de demarcación clara; lo cual se convirtió en una bomba de tiempo.

A seis meses de haber iniciado su gobierno, Paz enfrenta una crisis social sin precedentes, sin siquiera haber asumido decisiones estructurales de política pública que no pasan de ser un anuncio. El presidente está asediado por la crisis económica, el malestar acumulado y el desencadenamiento de una protesta social de gran magnitud con bloqueos de caminos que tiene paralizado a casi todo el país desde hace más de inicios del mes de mayo de 2026. El costo social de esta protesta es muy alto para los productores, ciudadanos y, en general, para la economía del país.

La posición de los dirigentes tanto de la COB, como de la Federacion de Campesinos Tupac Katari de la zona andina, así como de otros sindicatos campesinos—especialmente de los cocaleros del trópico de Cochabamba—es radical. Ha escalado desde reclamos y demandas económicas concretas como el incremento de salarios y el rechazo preventivo a ciertas políticas anunciadas por el gobierno, hasta la renuncia del presidente.

Estos acontecimientos confirman, por una parte, la debilidad del gobierno y, por otra, el temprano (re)empoderamiento de los sectores populares que ya han asumido una posición política definida y se niegan a participar en escenarios de negociación. En esta movilización social confluyen el malestar frente al gobierno, el descrédito de su discurso ante el incumplimiento de promesas electorales y evidentes intereses políticos. Tal es el caso del ex presidente Evo Morales, quien cuestiona abiertamente al presidente Paz e incentiva la movilización a través de sus redes sociales. Un factor adicional de agravamiento es la reacción de la ciudadanía, profundamente afectada por los bloqueos. Esta situación ha derivado en enfrentamientos entre los propios ciudadanos, en medio de la expectativa de que el gobierno adopte alguna decisión.

En suma, Bolivia atraviesa por un momento crítico, caracterizado por la ausencia de proyectos políticos y liderazgos tanto desde el gobierno y la política institucionalizada, como desde  la sociedad y sus organizaciones campesinas y obreras. Las cuales se encuentran hoy, como en otros importantes ciclos de la política boliviana, movilizadas por el rechazo a los gobernantes, pero sin claridad respecto a lo que podría ocurrir el día después de una posible destitución del presidente.