El Estado y sus trabajadores 

En abril de 1989, una oleada de movimientos prodemocráticos estallaron a lo largo de toda China. Estos movimientos, y su destino político, siguen siendo poco comprendidos hoy día. Las narrativas convencionales suelen presentar a los intelectuales liberales y a la élite estudiantil universitaria como los principales protagonistas del movimiento. Sin embargo, millones de trabajadores y residentes urbanos de clase trabajadora también participaron de forma activa, especialmente durante sus últimas semanas.

Aunque muchos se unieron inicialmente por solidaridad con los estudiantes en huelga de hambre, pronto comenzaron a articular sus propias visiones distintivas de la democracia, exigiendo la sustitución del sistema burocrático por la autogestión de los trabajadores. Establecieron organizaciones de base independientes y gestionadas democráticamente que comenzaron a publicar panfletos denunciando a la “burocracia dictatorial estalinista” por provocar una espiral inflacionista. Argumentaban que el único remedio era poner el control de los bienes de consumo en manos de sus productores. Su retórica mezclaba el discurso de la Revolución Cultural con referencias a otros levantamientos históricos. Un folleto, por ejemplo, instaba a las masas a “tomar por asalto las Bastillas del siglo XX”.

Entre mediados de mayo y principios de junio, estos actores de la clase trabajadora estuvieron en la primera línea de las movilizaciones. Cuando se declaró la ley marcial y los regimientos militares marcharon hacia Pekín, una gran cantidad de gente común acudió en masa a las afueras de la ciudad e intentó obstaculizar su avance. No solo levantaron barricadas y formaron cadenas humanas, sino que también llevaron agua y comida a los soldados, implorándoles que depusieran las armas. Asimismo, organizaron estructuras cuasi milicianas destinadas a vigilar los movimientos del ejército y a garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Los trabajadores de las fábricas organizaron comités de planta, huelgas y paros parciales, mientras abundaban los rumores de una huelga general. Pekín estuvo a punto de convertirse en un territorio autónomo, no muy diferente de los soviets autoorganizados y armados de Petrogrado en los meses transcurridos entre las revoluciones de febrero y octubre. Cuando el Partido lanzó una represión final la noche del 3 de junio para liquidar los movimientos, los trabajadores se defendieron con piedras, neumáticos en llamas, cócteles Molotov y sus propios cuerpos. Cientos de personas sacrificaron sus vidas.

Recuperar el carácter obrero de los movimientos de 1989 arroja una nueva luz sobre la historia reciente de China y permite redefinir la comprensión de la coyuntura. Aquel momento marcó una ruptura fundamental entre dos modalidades de política industrial de clase en la China posmaoísta, especialmente sobre la relación entre el partido-Estado y la clase obrera industrial. Hasta entonces el compromiso político, al menos nominalmente, del partido-Estado con la defensa del estatus social “dominante” de los trabajadores, junto con el marco institucional de la propiedad pública socialista, convertía a la clase obrera en una fuerza político‑económica relevante. Esta posición le otorgaba una capacidad efectiva para disputar el significado mismo del “socialismo” a gran y pequeña escala.

Sin embargo, tras 1989, el partido-Estado cambió de rumbo, desmantelando ambos pilares del antiguo orden. Esto dio lugar a una nueva versión de la clase obrera industrial que se asemejaba mucho más a la imagen clásica del proletariado, trabajando en las “satánicas” fábricas del capital bajo el látigo del mercado laboral y el despotismo de los intereses privados. ¿Cómo se produjo esta transición? ¿Y de qué manera podría afectar el proceso de recomposición de clases en la China contemporánea a las perspectivas a largo plazo de esta gran potencia?

Antes de 1989

Tras la muerte de Mao Zedong en 1976, la alta política china entró en un periodo de lucha por el liderazgo que acabó culminando con el ascenso de Deng Xiaoping. En su afán por consolidar el apoyo popular tras la muerte de Mao, la dirección del partido reconoció la importancia de asegurar el consentimiento amplio de los trabajadores industriales, presentados oficialmente como la “clase dominante” de la sociedad socialista. Entre 1977 y 1979 se implementaron dos aumentos salariales significativos, mientras que el aparato de planificación moderó su énfasis previo en la acumulación acelerada de capital industrial.

En ese contexto, se alentó a las fábricas a destinar una mayor proporción del gasto a satisfacer las necesidades de consumo y subsistencia de los trabajadores. Por un breve período, la dirección del partido proyectó una imagen reformista y relativamente abierta, dispuesta a respaldar un replanteamiento crítico del socialismo chino. Esta coyuntura, a su vez, estimuló a amplios sectores de la clase obrera a ampliar sus horizontes políticos, formular críticas al partido-Estado hasta entonces impensables e imaginar trayectorias socialistas alternativas.

El interés por el modelo yugoslavo de socialismo heterodoxo comenzó a filtrarse desde los círculos intelectuales y de formulación de políticas hacia los trabajadores de base. Mientras el primer grupo observaba a Yugoslavia en busca de lecciones sobre la construcción de un socialismo de mercado, el segundo se sentía atraído sobre todo por lo que percibía como un experimento radical de democracia en el lugar de trabajo. A principios de 1981, los trabajadores de la Fábrica de Calderas de Wuhan sostuvieron que un comité de gestión elegido por los propios trabajadores debía convertirse en el máximo órgano de decisión de la empresa, en lugar de la sección del partido. Estas dinámicas se vieron reforzadas por la oleada de huelgas y la actividad sindical independiente que se expandió en Polonia a comienzos de la década. En cuestión de semanas, no era extraño oír a trabajadores chinos de base referirse al llamado “incidente polaco” y contemplar la posibilidad de organizar una experiencia equivalente.1Una serie de huelgas de estibadores tras la creación de Solidaridad en agosto de 1980, que culminaron en una huelga nacional de «advertencia» de cuatro horas en marzo de 1981, tras la expulsión por la fuerza de los delegados de Solidaridad del Consejo Nacional de Polonia. Entre 1980 y 1981, estallaron huelgas centradas en la demanda de sindicatos independientes en diversas ciudades industriales, entre ellas Shanghái, Wuhan, Shenyang, Anshan, Harbin, Pekín, Chengdu y Taiyuan.

La dirección del partido se apresuró en dar una respuesta. Reacia a tolerar los intentos de la clase trabajadora por forjar una independencia política, pero al mismo tiempo incapaz de romper de manera frontal el vínculo socialista que unía al Estado con los trabajadores, optó por una estrategia basada en concesiones. Se otorgó a las empresas públicas una mayor autonomía para gestionar sus asuntos financieros y se reforzaron las instituciones de democracia laboral en las plantas de producción, aunque siempre dentro de parámetros destinados a reafirmar la autoridad de las secciones del partido. Los años siguientes pasarían a conocerse como la “época dorada” del Congreso de Personal y Trabajadores (SWC). Durante ese período, numerosos trabajadores utilizaron esta institución de base en el seno de las empresas para gestionar colectivamente cuestiones centrales para su reproducción material, como la distribución de viviendas, la asignación de oportunidades laborales para los hijos de los trabajadores, los salarios y las bonificaciones, así como la mejora de servicios sociales clave, entre ellos comedores, guarderías y clínicas.

Las prácticas democráticas en el lugar de trabajo, impulsadas por la apertura política de la primera etapa de la era posmaoísta, tuvieron efectos materiales profundos. Durante una reunión trimestral del Congreso de Personal y Trabajadores (SWC) en la Fábrica de Algodón n.º 12 de Shanghái, los representantes de los trabajadores plantearon un asunto que no figuraba en el orden del día previamente aprobado: las instalaciones sanitarias destinadas a las trabajadoras, que se encontraban saturadas y mal ventiladas.La sala de baños era tan reducida que, en las horas punta, cinco o seis trabajadoras tenían que apretujarse bajo una sola ducha. Según se sabía, en ocasiones algunas de ellas llegaban a desmayarse en ese espacio. La dirección de la fábrica era consciente de esta situación desde hacía años, pero no había intervenido, anteponiendo las exigencias de la productividad por encima de las condiciones laborales. En esta ocasión, sin embargo, el SWC aprobó una resolución para la ampliación y reparación de los baños femeninos y citó al personal directivo a dar explicaciones públicas sobre su inacción. Como resultado, el edificio fue finalmente ampliado y renovado.

Sin embargo, esta época dorada no duró mucho. Estas prácticas comenzaron a generar una creciente irritación entre los responsables políticos, que consideraban que distraían a las empresas públicas de las tareas prioritarias de impulsar la productividad y que, además, contribuían a una crisis fiscal persistente. El agravamiento del caos económico en Yugoslavia llevó a los dirigentes chinos a tomar conciencia de lo que percibían como el “lado oscuro” de la democracia obrera. Este proceso desembocó en un giro político a mediados de 1984, que marginó las instituciones democráticas en el interior de las fábricas y concentró los poderes de gestión en manos de los directores. 

Pese a ello, la dirección del partido seguía intentando mantener un delicado equilibrio. Aunque se apartaba de la democratización del lugar de trabajo, no podía permitirse la apariencia de traicionar el principio según el cual los trabajadores eran los gobernantes últimos de la sociedad socialista. Si bien el impulso disciplinador resultaba evidente en el contenido de la nueva orientación política, debía disimularse en su forma. Esta brecha abrió, paradójicamente, nuevas oportunidades para que los trabajadores participaran en modalidades diversas, sutiles y a menudo sorprendentes de activismo en el lugar de trabajo.

Esto condujo a una situación contradictoria. En algunos lugares, las autoridades estatales animaron a las fábricas a celebrar elecciones para elegir a los directores antes de imponer reformas para concentrar el poder directivo. Las votaciones, altamente performativas y controladas en gran medida desde arriba, tenían por objeto demostrar que la inminente concentración de autoridad contaba con el apoyo popular. Sin embargo, en muchos casos los trabajadores descarrilaron los procesos electorales o los utilizaron para impulsar sus reivindicaciones. Algunos que se presentaron como candidatos a las elecciones fueron descalificados por el Estado pero, a pesar de ello, emprendieron campañas “ilícitas”, pronunciando discursos públicos y repartiendo folletos entre sus compañeros, y a menudo obligando a las autoridades a atender sus reclamos. Otros trabajadores desobedecieron la instrucción impuesta desde arriba de votar por los candidatos favoritos del Estado, o agitaron para destituir a los directores de sus fábricas unos meses después de las elecciones, insistiendo en que, dado que los trabajadores los habían elegido, también debían tener el poder de destituirlos.

Sin embargo, pese a estos episodios de controversia, la segunda mitad de la década de 1980 estuvo marcada por una tendencia general hacia el aumento del despotismo gerencial y la concentración del poder en las empresas públicas urbanas de China. Los directores de fábrica se mostraron cada vez más proclives a imponer decisiones unilaterales sin recabar la opinión de los trabajadores; algunos anularon resoluciones aprobadas por el SWC, mientras que otros adoptaron estilos de gestión abiertamente punitivos, imponiendo multas por no cumplir los objetivos de producción o incluso por tomarse descansos para ir al baño. Dirigentes sindicales denunciaron que muchos directores habían desarrollado lo que describían como «un hábito de autocracia».

Naturalmente, la experiencia de ejercer durante algunos años una democracia laboral relativamente sólida y perder luego ese poder de forma abrupta resultó profundamente dolorosa para amplios sectores de la clase trabajadora, intensificando de manera notable las tensiones en el lugar de trabajo. Más allá de las huelgas esporádicas, el malestar frente a la dirección dio lugar a múltiples formas de resistencia cotidiana, algunas de ellas notablemente creativas. Los trabajadores evadían sus obligaciones, ralentizaban el ritmo laboral, conversaban de manera deliberada durante la jornada, apilaban muebles frente a la oficina del director o incluso organizaban protestas insalubres dentro del taller.

Hacia finales de la década de 1980 se volvió más frecuente que estas expresiones de descontento adoptaran formas de confrontación directa contra los directores de fábrica, varios de los cuales llegaron a contratar guardaespaldas. Este comportamiento rebelde resultaba difícil de contener, tanto porque el despido de trabajadores seguía siendo extremadamente limitado bajo un régimen de propiedad socialista, como por la profunda inversión ideológica del sistema en el estatus de los trabajadores como “maestros” de la sociedad socialista. En 1989, por tanto, la política industrial de China se había vuelto muy problemática. Las tensiones en las plantas de producción estaban en su punto álgido, ya que las expectativas de los trabajadores, condicionadas por décadas de lucha socialista, no se ajustaban al nuevo equilibrio de poder en las fábricas, que se había inclinado a favor de los directores. Esta configuración creó condiciones propicias para el activismo político a gran escala entre sectores de la clase trabajadora. Durante aquellas fatídicas semanas de mayo y junio, el descontento de los trabajadores con sus condiciones cotidianas se intensificó hasta convertirse en una crítica fundamental a la burocracia del partido-Estado y en la articulación de una visión que podría denominarse “democracia socialista”. La capacidad de la dirección del partido posmaoísta para mantener el consenso de la clase obrera industrial se desmoronó de una vez por todas.

El fin del trabajador socialista

Después de 1989, la élite política entró en un periodo de introspección para averiguar cómo reformar la economía política de China tras la crisis que había sacudido de manera fundamental al partido-Estado. Esto planteó necesariamente la cuestión de cómo reestructurar también la política de la clase industrial china.

Algunos políticos—etiquetados retrospectivamente como “conservadores”—propusieron el retroceso de la autonomía económica de base, la afirmación de las cadenas de mando burocráticas en la gestión económica a todos los niveles y el despliegue severo del aparato represivo del partido-Estado para castigar los “delitos económicos menores”, un término tan amplio y vago que podía aplicarse a prácticamente cualquier cosa. Tales medidas habrían significado un régimen de terror no muy diferente del sistema militarizado de gestión política e industrial erigido en 1969-1971 para frenar las movilizaciones rebeldes volcánicas de los primeros años de la Revolución Cultural. Afortunadamente, para la élite gobernante de China los cambios en la economía global hicieron posible una solución mucho menos laboriosa y políticamente costosa: el desmantelamiento del régimen de propiedad socialista y el giro hacia el capitalismo en toda regla.

El auge de las relaciones de propiedad capitalista se aceleró después de 1992, cuando Deng Xiaoping realizó una gira altamente simbólica y muy publicitada por las zonas económicas especiales del sureste de China en apoyo del capital extranjero y privado. El partido-Estado derogó las políticas que hasta entonces habían restringido la escala de la inversión extranjera y el tamaño de las empresas de propiedad privada. Aprovechando el bajo coste de la mano de obra y los recursos naturales, el capital extranjero acudió en masa a China para establecer operaciones manufactureras, mientras que las grandes empresas nacionales crecieron rápidamente. Como resultado, surgieron nuevos centros industriales por toda la costa china, atrayendo a millones de trabajadores migrantes de las zonas rurales del interior del país que acudían en busca de empleo. 

A diferencia de muchos trabajadores urbanos de la década de 1980, que disfrutaban de una seguridad laboral relativamente sólida y podían considerarse legítimamente partes interesadas con derecho a reclamar en sus comunidades laborales, los trabajadores migrantes eran meros jornaleros contratados sobre la base de una relación de trabajo asalariado. Estaban sujetos a un mercado laboral despótico y, en la mayoría de los casos, no contaban con ninguna garantía de condiciones de trabajo y de vida dignas, ni siquiera del pago puntual de sus salarios.

Los empleados de las empresas públicas también experimentaron cambios drásticos en las décadas de 1990 y 2000. El partido-Estado puso en marcha una de las campañas de privatización más trascendentales de la historia, vendiendo la mayoría de las empresas a sus antiguos directivos o a inversores externos, a menudo mediante prácticas opacas de financiación y valoración. Las empresas que permanecieron parcial o formalmente en manos del Estado también fueron objeto de profundas reestructuraciones y, por lo general, se transformaron en sociedades cotizadas en bolsa, sometidas a las expectativas de rentabilidad para los accionistas impuestas por los mercados de capitales.

Estas reformas desencadenaron oleadas de despidos masivos y millones de trabajadores perdieron no solo sus empleos, sino también las prestaciones sociales asociadas y el sentido de pertenencia a una comunidad laboral. Aquellos que lograron conservar su puesto se enfrentaron, en su mayoría, a condiciones sustancialmente más precarias, a través de mecanismos de subcontratación. Una parte de los trabajadores despedidos terminó incorporándose, junto con trabajadores migrantes, a las nuevas fábricas intensivas en explotación de la costa china. Otros, en cambio, lucharon por subsistir en las economías en declive de sus ciudades de origen, recurriendo a ocupaciones informales y altamente precarizadas, como el trabajo doméstico eventual, la venta ambulante, el trabajo sexual, la recolección de residuos o la mendicidad. Aunque el partido‑Estado consiguió implementar este programa en gran medida sin recurrir al uso sistemático de la fuerza física, el proceso generó un inmenso sufrimiento social que, a la postre, los aparatos represivos se vieron obligados a contener.

Según las estadísticas oficiales, la proporción de la mano de obra urbana empleada en empresas públicas descendió del 82 por ciento en 1991 al 27 por ciento en 2005. Aunque resulta difícil determinar con precisión los métodos mediante los cuales se produjeron estas cifras, no cabe duda de que reflejan una transformación profunda de la clase obrera industrial china, tanto en términos de su composición social como de su carácter político. Si bien los trabajadores chinos nunca alcanzaron plenamente el estatus de “maestros” durante la década de 1980, el compromiso oficial del partido‑Estado con ese principio les permitió imaginar nuevas posibilidades políticas y luchar por materializarlas. Desde la década de 1990, por el contrario, el discurso oficial sobre el trabajo industrial y las políticas públicas se caracterizan por tratar a los trabajadores como vendedores de su fuerza de trabajo a cambio de un salario, una concepción cristalizada normativamente en la Ley de trabajo de 1995.

Bajo este acuerdo, el capital pudo mantener el coste de la mano de obra en niveles artificialmente bajos, consolidando el estatus de China como la “fábrica explotadora del mundo” durante más de dos décadas (aunque la fuga del capital manufacturero de China se ha acelerado desde finales de la década de 2010). El coste humano de este régimen laboral se puso de manifiesto en tragedias como el incendio de la fábrica de juguetes Zhili en 1993—del que resultaron 87 muertes—y la serie de suicidios cometidos en 2010 por trabajadores en la planta de Foxconn en Shenzhen a lo largo de cuatro meses.

Los trabajadores han seguido resistiéndose a esta configuración capitalista de la política industrial de clase. Las investigaciones existentes han documentado meticulosamente la dinámica de las huelgas y protestas laborales tanto entre los trabajadores que se enfrentan a despidos en empresas públicas que enfrentan procesos de privatización, como entre aquellos que reclaman salarios y prestaciones en las fábricas explotadoras privadas de la costa china. Sin embargo, el horizonte político que conforma las visiones y estrategias de la resistencia laboral se ha alterado radicalmente. 

Se ha vuelto mucho más difícil para los trabajadores traducir sus quejas concretas en una crítica sistemática de sus lugares de trabajo y de la sociedad en general. Sin un marco institucional que garantice cierto grado de seguridad a los trabajadores y de igualdad fundamental entre estos y los directivos, en tanto comunidades laborales, la resistencia tiende a adoptar formas fragmentadas y episódicas. Las disputas continuas en el lugar de trabajo, centradas en el equilibrio de poder cotidiano entre trabajadores y directivos, son ahora más moderadas. La clase trabajadora ya no representa para la élite gobernante el tipo de amenaza político-económica que representaba en la década de 1980.

La “reforma de mercado” de China reconsidera

Tanto en la literatura académica como en los relatos populares, tanto en China como fuera de ella, el concepto de “reforma de mercado” se ha utilizado para caracterizar la trayectoria de la economía política de China en la era posmaoísta. Según esta interpretación, la historia de la transición económica consistió en pasar de un sistema en el que las actividades económicas se llevaban a cabo bajo la planificación estatal y un mando arriba-abajo, a otro en el que los agentes económicos obtuvieron una libertad cada vez mayor para coordinarse a través de los mecanismos de mercado. Es decir, una transición de una “economía planificada” a una “economía de mercado”. En este paradigma, la tendencia más destacada es la creación de más esferas de actividad de mercado fuera del control estatal y, por lo tanto, los objetos típicos de análisis son los comerciantes y empresarios de base, los capitalistas y expertos extranjeros, los tecnócratas económicos, etc.

Sin embargo, concebir a la “reforma de mercado” como concepto rector desdibuja dos tipos muy diferentes de política industrial de clase que surgieron en la China posmaoísta: el período turbulento previo a 1989, y el acuerdo más restrictivo que surgió a raíz de él. Si bien diversas medidas políticas de los años setenta, ochenta, noventa y dos mil podrían calificarse como reformas de mercado, en realidad operaban bajo parámetros de política de clase y relaciones de propiedad muy distintas. En lo que respecta a esta última, la transformación decisiva no fue simplemente la expansión de la esfera de mercado, sino la ruptura de los lazos entre los productores industriales y los medios de producción sobre los que hasta entonces habían podido ejercer cierta reivindicación política. Reconocer la transición discontinua entre estas dos modalidades de política industrial de clase demuestra que la historia de la reforma y el ascenso económico de la China posmaoísta fue desordenada y tumultuosa, no lineal ni teleológica.

Las implicaciones de la economía política contemporánea de China, y su posición como potencia mundial, son de gran alcance. Durante la última década, la economía china ha entrado en una fase de desaceleración, ya que su motor de crecimiento impulsado por las exportaciones perdió impulso debido tanto a las guerras comerciales como a la competencia de otros países del Sur Global, donde la mano de obra es aún más barata. Muchos analistas, tanto en los debates chinos como en los anglófonos, han argumentado que ahora la estrategia de crecimiento de China debe girar hacia el consumo interno. Sin embargo, a pesar del compromiso retórico del Gobierno chino de impulsar este consumo y medidas políticas cosméticas como el reparto de cupones de descuento y tarjetas regalo, la demanda interna de China sigue siendo débil. 

El proceso histórico esbozado anteriormente permite comprender mejor esta situación. El drástico debilitamiento del poder de la clase trabajadora china desde la década de 1990 refleja la ausencia de una fuerza política capaz de contrarrestar los intereses de la élite del capitalismo de Estado y de presionar al gobierno para que instaure mecanismos sólidos y de amplio alcance de redistribución económica. En lugar de ello, se ha consolidado una combinación que se refuerza mutuamente: un régimen laboral altamente represivo y un patrón de consumo estructuralmente débil.

La desaceleración ha llevado a numerosas empresas a aumentar la intensidad de la mano de obra y a reducir aún más los costes para mantener los márgenes de beneficio. Niveles cada vez más insoportables de explotación, precariedad y movilidad descendente se han generalizado tanto en el sector obrero como en el de los empleados. Esto ha dado lugar a un notable aumento del sentimiento anticapitalista en los últimos años, junto con la nostalgia por el pasado socialista de China, especialmente entre los estudiantes y los jóvenes trabajadores que nunca lo vivieron en primera persona. 

No obstante, los trabajadores chinos siguen careciendo de canales institucionales para actuar colectivamente ante los agravios que sufren, ya que el espacio para la organización sindical se subordina al mandato de Xi Jinping. Esta contradicción entre la acumulación de antagonismos de clase y la ausencia de medios para expresarlos podría resultar difícil de contener. La transformación de la política industrial de clase de China a principios de la década de 1990 sigue marcando sus retos actuales.