24 de abril de 2025

Entrevistas

Salvar el planeta, ¿para quién?

Entrevista a Alfredo Santos, de la CUT Bahía, sobre la oleada de inversiones chinas en este estado del noreste de Brasil y el lugar de la clase trabajadora en el proyecto de reindustrialización verde del país.

El Polo Industrial de Camaçari, en el estado de Bahía, despertó la atención mundial tras el anuncio de la empresa BYD, en 2023, de que instalaría allí su mayor fábrica fuera de China. Inaugurado en 1978, el Polo fue el primer complejo petroquímico planificado de Brasil, una pieza central del proyecto de desarrollo de la industria nacional que se extendió hasta finales de la década de 1980. Históricamente, contribuyó al desarrollo económico, del mercado laboral y a la cualificación de los profesionales licenciados en Bahía. Sin embargo, a partir de la década de 1990, tras la apertura comercial de Brasil y las adversidades generadas por el contexto externo, atravesó algunas crisis de competitividad y significativos cambios estructurales.

En el Polo de Camaçari siempre operaron industrias complementarias a la cadena petroquímica, pero hubo una expansión de sus actividades tras la llegada de la industria automovilística —con la instalación de la empresa norteamericana Ford en los años 2000. Tras dos décadas de actividad, la empresa cerró su planta en este centro, que vive ahora una nueva expansión sectorial: está atrayendo inversiones de fabricantes de vehículos eléctricos y empresas de energías renovables, sobre todo de origen chino. De forma emblemática, la nueva fábrica de BYD se levanta precisamente en la antigua planta de Ford.

A lo largo de los años, el polo petroquímico se ha transformado en un centro industrial en sentido más amplio y ahora se proyecta como un centro industrial verde. Para analizar el papel del Polo de Camaçari en el proyecto de reindustrialización verde de Brasil desde la perspectiva de la clase trabajadora, Maria Sikorski, editora de Phenomenal World, habló con Alfredo Santos, secretario general de la Central Única de Trabajadores de Bahía (CUT Bahía) y coordinador para la prensa del Sindicato de Trabajadores de los sectores Químico, Petroquímico, Plásticos, Fertilizantes y Terminales Químicas (Sindiquímica) en este mismo estado.

Una entrevista con Alfredo Santos

Maria Sikorski: ¿Podría empezar contándonos un poco la historia del Polo de Camaçari y su relación con las diferentes etapas de la política industrial brasileña? 

Alfredo santos: El Polo de Camaçari se construyó entre mediados de los años setenta y principios de los ochenta. Surgió como un modelo tripartito: su composición accionarial incluía capital privado nacional y multinacional y capital estatal brasileño. Había una planta de fabricación de materias primas controlada por una empresa pública, Copene (posteriormente privatizada), responsable por fomentar las industrias de segunda generación. Esa planta petroquímica constituía la base de la cadena productiva de nafta, etileno, propileno, etc. Conviene destacar la importancia de este modelo tripartito porque ejemplifica que la industrialización en Brasil solo se produjo gracias a una fuerte participación del Estado, ya sea de forma directa, como en el caso del Polo Petroquímico de Camaçari, o a través del financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Incluso las empresas privadas, tanto en la época en que se creó el Polo como ahora con las empresas chinas que se han instalado recientemente, contaron con el financiamiento del BNDES. Por tanto, quien financia la industrialización es el Estado brasileño. 

El Polo Industrial de Camaçari siguió en expansión a lo largo de las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, desde la apertura comercial durante el gobierno de Collor (1990-1992) y, de forma más acentuada, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), se enfrentó a una crisis de productividad y competitividad internacional y sufrió recortes de inversión y cierres de fábricas. A principios de los años noventa, este complejo industrial empleaba a más de 30.000 trabajadores directos. A finales de la década, la cifra había descendido a poco más de 10.000.

A partir de 2003, durante el primer gobierno de Lula (2003-2010), el Estado brasileño volvió a invertir en la industrialización, pero ahora de forma indirecta: Petrobras se convirtió en un importante inversor en los llamados “big players” de Brasil. Una de las empresas resultantes de ese proceso es Braskem —de la que Petrobras tiene actualmente el 47 por ciento de las acciones. En ese momento, hubo una cierta recuperación de la competitividad internacional, pero, por otro lado, se observó un proceso de monopolización de las plantas de fabricación de materias primas y la cadena de resinas termoplásticas en todo el país, lo que llevó al cierre de varias empresas que no podían competir con los grandes “players” —y que acabaron convirtiéndose en proveedores de sus propios competidores.

Actualmente, el sector petroquímico brasileño se enfrenta a una crisis gigantesca. Hoy, el Polo de Camaçari no está en condiciones de competir a escala internacional. Un ejemplo es el del sector de los fertilizantes: en Brasil, se importa el 85 por ciento de los fertilizantes utilizados por el agronegocio. La cadena de termoplásticos importa cerca de la mitad de los insumos que utiliza. Esta entrada de productos importados en las cadenas petroquímicas se produce por dos razones. El coste interno de las cadenas es muy elevado en comparación con cadenas más modernas que utilizan gas en lugar de nafta. Las industrias estadounidense, árabe e india exportan un producto a un precio inferior a nuestro coste de producción nacional, debido a la escasa actualización tecnológica de nuestras plantas y a factores ambientales: Estados Unidos, por ejemplo, utiliza gas de fracking, que tiene un coste de producción mucho menor, pero es extremadamente dañino desde el punto de vista ecológico. Brasil no produce gas de fracking e incluso impone restricciones ambientales a su uso. Además, el precio del gas brasileño es muy alto: hasta cinco veces superior al estadounidense. Esto socava la competitividad internacional de nuestra industria petroquímica. Si no hay una política industrial en el país destinada a preservar el mercado interior, la tendencia es que todas esas industrias quiebren.

MS: Se considera, nacional e internacionalmente, que Bahía es una pieza esencial del proyecto de reindustrialización verde de Brasil y la transición energética mundial. Es el estado de la federación que más produce energía renovable de origen solar y eólico del país y viene atrayendo muchas inversiones extranjeras, sobre todo chinas, en estas cadenas productivas. 

Cuando se anunció que en el polo se fabricarían autos eléctricos de BYD y que se instalarían otras empresas chinas del sector de energías renovables, se empezó a decir que Camaçari podría convertirse en un referente de la reindustrialización verde en Brasil. Por ejemplo, cuando BYD anunció la instalación de su fábrica en la antigua planta de Ford, prometió traer al polo etapas de alto valor añadido de la cadena productiva de vehículos eléctricos, incluidas las relativas a investigación y desarrollo, además de crear miles de puestos de trabajo. La CEO de BYD para las Américas, Stella Li, declaró que el objetivo era convertir Camaçari en un “Silicon Valley brasileño”.

Frente a la crisis del sector petroquímico, ¿es posible que la entrada de esas otras cadenas en Camaçari suponga una reactivación de su papel en el desarrollo nacional? 

AS: La instalación de la planta de Ford, en 2001, dio inicio a la cadena automovilística en el Polo de Camaçari. Después de 20 años, Ford cerró sus operaciones y, recientemente, empresas chinas como BYD han empezado a invertir en esta cadena. Otras empresas chinas de energías renovables, como Sinoma y Goldwind, también están instaladas allí. Pero, si bien hay una promesa de que la planta de BYD funcionará realmente como una fábrica, por el momento esas empresas sólo operan como ensambladoras, prácticamente maquiladoras.

Para atraer las operaciones de BYD a Bahía se propusieron algunas ayudas estatales. El gobierno de Bahía, por ejemplo, determinó la exención del impuesto vehicular a los autos eléctricos a partir de 2024. Se ofrecieron subvenciones estatales para que la empresa china se instalara en la antigua planta de Ford, además del financiamiento del BNDES. De momento, BYD solo ensambla sus autos en Camaçari. Hay una promesa de que esto cambiará en el futuro, pero por ahora, las etapas de mayor valor añadido de su cadena no están en Bahía.

El centro petroquímico tiene un gran potencial para producir baterías, pero de momento las baterías de los autos eléctricos no se fabrican allí. Hay potencial para el procesamiento del litio y para la producción de piezas en la industria del plástico. Se podrían fabricar los vehículos allí, pero hasta ahora la promesa de BYD no se concretó.

La cuestión es: ¿qué contrapartida se podría exigir a esas empresas? Este es el papel del Estado brasileño en la reindustrialización. Si las fábricas funcionan como meras ensambladoras, ¿qué ganamos con esto? Ahora bien, si el Estado exigiera que, en un determinado periodo, BYD se beneficiara del litio existente en territorio nacional y fabricara las baterías en Brasil, que utilizara industrias locales para fabricar piezas, es decir, que realmente trajera otras partes de su cadena productiva a Brasil, tendríamos otro escenario.

En el pasado, hubo un debate similar en la industria petroquímica. La política nacional respecto a los productos de la cadena productiva de petróleo —que se abandonó tras el golpe de 2016— determinaba que las industrias que prestaran servicios a Petrobras deberían fabricar una parte de su maquinaria en Brasil. La industria naval del país renació durante ese periodo y, cuando dejó de exigirse un porcentaje de piezas producidas localmente, se produjo otra crisis.

Sin subvenciones o ayuda, la industria brasileña no podrá competir con las industrias extranjeras. No hay industrialización sin participación del Estado. Sin exigir contrapartida a las inversiones [a empresas] extranjeras, ya sean estadounidenses, chinas o de cualquier otro país, el proyecto de industrialización de Brasil se limitará a desempeñar un único papel en la política industrial de otros países. Ninguna empresa decide expandir sus operaciones en otro país de forma altruista. Lo hace por interés propio. Y las inversiones, independiente de su origen, siempre son algo positivo. El tema es qué podemos exigir a los inversores para satisfacer también nuestros intereses nacionales.

Durante muchos años, la industrialización brasileña fue muy dependiente de Estados Unidos. Si simplemente cambiamos el imperialismo estadounidense por el chino, vamos a tener el mismo resultado. No podemos limitarnos a satisfacer los intereses de los que vienen a invertir. A los inversores extranjeros les interesa garantizar sus beneficios. ¿Qué gana el país al subvencionar los beneficios ajenos?

MS: ¿Qué opina el movimiento sindical de Bahía del papel que juega el programa Nueva Industria Brasil (NIB) en la promoción del interés nacional en este proyecto de reindustrialización verde del país?

AS: Hasta ahora, Nueva Industria Brasil es un plan que todavía está en el papel. Es difícil analizarlo sin pensar su impacto real a través de datos, y todavía no se ha demostrado a qué vino. Pero hay algo que es necesario tener en cuenta cuando se habla de industrialización verde: ¿quién pagará el precio?

En el movimiento sindical decimos un poco en broma “bueno, el etanol es un combustible más limpio que la gasolina, pero prefiero trabajar en Petrobras que en una fábrica de producción de etanol”. Reducir el coste de la fuerza laboral no es lo que debería hacer económicamente viable la industria verde. Y lo que observamos es que en los sectores supuestamente más sostenibles de la industria actual están los puestos más precarios. Si el biodiésel tiene un coste de producción superior al del diésel, ¿cómo hacer para que esa alternativa verde llegue a las gasolineras por el mismo precio? ¿Precarizando la mano de obra en la cadena productiva del biodiésel? Imposible. 

Esta es una contradicción que no existe sólo en Brasil, sino en todo el mundo: las industrias sucias, las más antiguas, son las que ofrecen las mejores condiciones de trabajo, incluso desde el punto de vista de la salud de los trabajadores. Basta con comparar las condiciones de trabajo en una refinería de caña de azúcar o para los recolectores en una planta de reciclaje de aluminio. Algunos dirán que los recolectores de residuos no forman parte de la industria del reciclaje, pero lo cierto es que ésta sólo existe en Brasil gracias a ellos. Brasil es el país que más aluminio recicla, no porque tiene un gran proyecto de logística inversa, sino porque hay un montón de miserables que se dedican a recolectar latas para sobrevivir y que, al hacerlo, fomentan una cadena productiva que es extremadamente rentable.

Los autos eléctricos son otro ejemplo: debido a la tecnología que se utiliza, el sector genera menos puestos de trabajo que la industria de los autos de combustión. Es una ingeniería mucho más sencilla: el vehículo eléctrico tiene carrocería, batería y motor, mientras que el de combustión tiene cárter de aceite, correa, filtro, culata, pistón, biela. Es decir, se necesitan varias fábricas más para suministrar los productos y piezas que necesita esta industria.

Las críticas del movimiento sindical a las cadenas de energía renovable siguen esta misma línea. Actualmente, Bahía es el estado que más produce energía limpia en Brasil y básicamente “exporta viento” a las regiones Sur y Sudeste sin ninguna contrapartida para las comunidades donde se instalan los parques eólicos —que tienen un enorme impacto social y ambiental—, o los paneles solares.

Al mismo tiempo, las partes de la cadena productiva que generan más puestos de trabajo, como las fábricas de turbinas, paneles fotovoltaicos y piezas de recambio, no están aquí. Nos quedamos con la peor parte de toda la cadena: la de mayor impacto y menor rentabilidad. Se trata de una reproducción, entre regiones de Brasil, de la misma dinámica global que se observa entre países del centro y de la periferia del capitalismo. ¿Acaso el papel del Nordeste en la industrialización brasileña se reducirá a generar energía y créditos de carbono que se consumirán en el Sur y el Sudeste? El Nordeste es la región de Brasil que más energía solar produce, pero no cuenta con ninguna fábrica de paneles fotovoltaicos. 

En el mismo sentido, creo que el NIB debería incluir un debate geopolítico sobre los objetivos de industrialización verde de Brasil. ¿Vamos a pagar la transición energética de los países que históricamente más contaminan? ¿Será nuestro papel generar energía limpia y créditos de carbono para el consumo de los países del Norte global? Una vez más, será la parte más débil del eslabón la que pagará la transición energética. 

Hasta ahora, al parecer, las partes que tienen menos valor añadido, de menor complejidad y que generan menos puestos de trabajo en las cadenas productivas verdes son las que se quedan en Brasil u otros países periféricos. Se renueva el papel de los países periféricos en la división internacional del trabajo: los empleos más precarios permanecen aquí y los más tecnológicos y bien remunerados en el centro del capitalismo. Así que, desde el NIB, sería necesario crear un diálogo sobre ese interés chino en instalarse en Brasil. Para exigir, por ejemplo, alguna contrapartida a la subvención estatal que nos permita revertir esa situación de subordinación en la división internacional del trabajo.

Por supuesto, estamos a favor de promover la industria verde, pero sostenemos que debería ir acompañada de ayudas estatales. El Estado, y no los trabajadores, debe pagar la transición. Si la viabilidad económica del biodiésel viene de la precariedad de la fuerza laboral, entonces el Estado está imponiendo a los trabajadores que paguen la transición energética. Nosotros, en cambio, estamos a favor de una transición energética realmente justa.

MS: Entonces, ¿cómo se podrían resumir las reivindicaciones del sindicalismo para la reindustrialización verde de Brasil?

AS: La reivindicación del movimiento sindical para la reindustrialización verde es que no se pierda de vista que los trabajadores son una parte fundamental de este proceso. Tanto la cantidad como la calidad, la remuneración y otras condiciones de los puestos de trabajo creados por la industrialización verde deben ser iguales o mejores que las observadas en los procesos de industrialización anteriores. No se puede seguir utilizando, de ninguna manera, la precariedad laboral como mecanismo para hacer económicamente viable la industria verde. La transición energética tiene que ocurrir, el planeta no puede esperar, pero hay que tener en cuenta que los trabajadores también forman parte del planeta. Si sacrificamos a los trabajadores, ¿a quién salvaremos con la transición?  

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