¿Uribismo sin Uribe?

En Colombia, una de las amenazas centrales al legado de la presidencia de Gustavo Petro es la percepción de creciente violencia e inseguridad. Con la agenda de la Paz Total en el limbo luego de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado en la región del Catatumbo, la oposición de derecha busca movilizar votos para las elecciones de 2026 desde una renovada agenda de seguridad. “Hoy más que nunca, Colombia vive una de sus crisis más profundas por la inseguridad que nos azota en el gobierno de extrema izquierda de Gustavo Petro. Todo en nombre de la paz total y las mal llamadas reformas sociales,” dice en uno de sus trinos la senadora del partido uribista Centro Democrático, María Fernanda Cabal, una de las posibles candidatas a la presidencia de Colombia en 2026.

El mensaje de que las condiciones de seguridad se han deteriorado en el país por la apuesta negociadora del gobierno de izquierda de Petro ha sido el punto de ancla para reavivar la percepción de que Colombia necesita una dirigencia política comprometida con una visión militarista del Estado, enfocada en enfrentar militarmente las guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC. Esa idea le ha dado una nueva fuerza al movimiento del uribismo, que más de 20 años después de haber llegado a la presidencia de Colombia y de transformar el espacio político de la derecha, encuentra en la promesa de la seguridad el motivo principal para justificar la necesidad de su oferta política. 

El uribismo ha sido, sin duda, el fenómeno político más influyente de las últimas dos décadas en Colombia. Desde su ascenso a la presidencia en 2002, Álvaro Uribe Vélez, su figura máxima, capturó el espectro de la derecha política mediante una síntesis de seguridad autoritaria, tecnocracia neoliberal y alianzas con sectores militares y económicos, como los ganaderos. Con una combinación urbana y rural de apoyos que se montaron en la promesa de un Estado más eficiente y reducido, y en la idea de que la provisión de seguridad generaría un círculo virtuoso de confianza inversionista en los empresarios, y esto a su vez empleo y desarrollo. 

Su discurso de orden y lucha contra el terrorismo, alineado con la lucha global abanderada por George Bush, consolidó una coalición heterogénea que trascendió los partidos tradicionales y se convirtió en el eje dominante de la política nacional. Sin embargo, el uribismo no solo representó una forma de gobierno, sino también una narrativa política que capitalizó el miedo y la incertidumbre en una sociedad marcada por la violencia. Con el paso del tiempo, las dinámicas del conflicto y del poder cambiaron, poniendo en cuestión la sostenibilidad de este modelo.

Tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016 y el fin de ese conflicto armado, el discurso del uribismo perdió fuerza. Los escándalos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y, después del gobierno de Iván Duque (2018), una crisis de liderazgo, confirmaron esta tendencia. El Centro Democrático (CD), partido creado por Uribe en 2013, ha intentado redefinir su relevancia política en medio de una derecha fragmentada y el ascenso de nuevas demandas sociales representadas en la llegada del líder de izquierda Gustavo Petro al poder. Esta apuesta pasa por una reinvención del movimiento y de su relación con su líder fundador de cara los triunfos recientes de la derecha global y la todavía vigente promesa de seguridad territorial ante el fracaso parcial de los esfuerzos de la Paz Total del gobierno Petro. 

La captura del espacio de la derecha

El ascenso de Álvaro Uribe Vélez en la política colombiana no fue un fenómeno espontáneo, sino el resultado de un proceso que combinó su trayectoria política con una narrativa de seguridad y eficiencia tecnocrática. Desde sus primeros cargos públicos en Medellín en los años ochenta  hasta su llegada a la presidencia en 2002, Uribe construyó una coalición heterogénea que redefinió el espacio de la derecha en Colombia. La articulación de intereses entre actores legales e ilegales, junto con la coyuntura política del fracaso del proceso de paz con las FARC, y la lucha global contra el terrorismo, permitió que su discurso de Seguridad Democrática resonara en diversos sectores de la sociedad.

En 2002, Álvaro Uribe ganó la presidencia en la primera vuelta electoral con el 53 por ciento de los votos. Cuando empezó la campaña apenas tenía un 2 por ciento de intención de voto. Uribe era un político que había forjado sus primeros pasos en la política, desde el poder local en Antioquia. Inició su trayectoria electoral dentro del partido liberal en los años 80s. Fue alcalde de Medellín en 1982, senador (1986–94) y gobernador de Antioquia (1995–97). Como congresista sacó adelante la Ley 100 de 1993, una reforma neoliberal al sistema de salud que tendió hacia la privatización de la prestación del servicio. Pero fue al llegar a la gobernación de Antioquia en 1995 que afianzó su discurso centrado en la seguridad. Desde ese cargo, que ejerció bajo la presidencia del liberal Ernesto Samper (1994–1998), creó cooperativas de seguridad, las llamadas Convivir. Estas cooperativas sirvieron de base para que el paramilitarismo creciera, y se afianzara en algunos territorios del país.

El contexto político de finales de los años noventa favoreció su candidatura presidencial. El fallido proceso de paz con las Farc del gobierno del Conservador y político de élite, Andrés Pastrana, sumado al fortalecimiento militar de la guerrilla, generó un clima de desesperanza que Uribe supo capitalizar. Su discurso de mano dura contrastaba con la percepción histórica de debilidad del Estado. 

El éxito del uribismo se explica, según Gutiérrez Sanín, por su capacidad para articular intereses disímiles bajo una agenda común. Uribe se convirtió en la «bisagra» entre el poder formal e informal, logrando el respaldo de gremios ganaderos como Fedegán, que respaldaron entusiastamente a Uribe y hoy todavía ocupan posiciones destacadas dentro del uribismo (una de sus candidatas a la presidencia es la esposa del actual presidente de Fedegan). Otro sectores clave de apoyo vino de tecnócratas neoliberales, que ocuparon puestos en su primer gabinete de gobierno. Por ejemplo, figuras estrella del neoliberalismo colombiano, como Juan Luis Londoño, fue su ministro de Salud. También se unieron altos mandos militares, empresarios, paramilitares y sectores del narcotráfico.¹ La promesa de seguridad fue el eje articulador de esta coalición, garantizando estabilidad para la inversión económica mientras se debilitaban los actores insurgentes. Su alineación con la estrategia antiterrorista de Estados Unidos tras el 11-S facilitó el respaldo financiero y militar de Washington, consolidando la Seguridad Democrática como el pilar de su gobierno.

Su llegada al poder marcó al menos dos hitos en la historia política del país. Uno de ellos fue que, por primera vez, desde 1958, los partidos tradicionales, esto es, el Liberal y el Conservador, no eligieron al presidente en elecciones nacionales. Ese mismo año (2002) fue cuando estos partidos perdieron más poder político en las elecciones legislativas.². El multipartidismo que se había venido forjando desde la Constitución Política de 1991 alcanzó niveles de atomización inéditos: cerca de 40 partidos ocuparon puestos en el Congreso de la República.³ El Partido Liberal y el Partido Conservador, que habían controlado la arena electoral hasta inicios de los años 1990s, habían representado desde su nacimiento los intereses de las élites económicas del país, tales como terratenientes, cafeteros, empresarios y banqueros.⁴ Uribe y el movimiento político que se gestó en torno a él fue capaz de atraer votantes de esos sectores de la sociedad y de esos partidos con una capacidad para actualizar el conservadurismo tradicional a través de una insistencia en preocupaciones relacionadas con la seguridad ciudadana y el desarrollo económico, y la gestión eficiente del Estado. Análisis electorales muestran que el uribismo ha conseguido resultados electorales significativamente superiores en municipios en los que el Partido Conservador tenía mayor arraigo tradicionalmente.⁵ Así, Uribe y los movimientos que lo apoyaban⁶ocuparon gran parte del espacio hegemónico de ambos partidos tradicionales, especialmente de la derecha en Colombia, un campo ideológico que desde entonces ha quedado atado a la figura tutelar de Uribe.  

El segundo hito que decididamente marcó la llegada de Uribe al poder fue su posicionamiento como un líder no sólo alejado de la clase política tradicional, sino con una oferta programática centrada en la necesidad de confrontar a los grupos insurgentes que durante décadas habían desafiado la soberanía del Estado. Aunque otros gobiernos habían intentado resolver el conflicto a través de diferentes mecanismos –confrontación y diálogos–, no lograron hacerlo de manera duradera. Ese fracaso por parte de la clase política tradicional para resolver un problema de largo plazo en el país catapultó a Uribe como un líder carismático e independiente de los partidos tradicionales, con una propuesta enfocada en la seguridad nacional, y con una base de apoyo social amplia y heterogénea. ⁷

En términos geográficos, su base social de apoyo ha incluido zonas rurales marcadas por un histórico abandono estatal y afectadas profundamente por la violencia de actores armados, como las guerrillas de izquierda de las FARC y el ELN. En estas áreas, las políticas de seguridad lideradas por Uribe recibieron apoyo tras mostrar resultados relacionados con el debilitamiento de las guerrillas. Uribe también atrajo a votantes de clase media y media-alta, en zonas urbanas y rurales, que valoraron su capacidad para garantizar estabilidad social y económica. Sectores empresariales y profesionales encontraron en el uribismo una propuesta que combinaba seguridad con confianza inversionista y desarrollo económico.⁸

Las políticas económicas de Uribe se alinearon con una visión del desarrollo basada en la atracción de inversión extranjera y en la flexibilización laboral. Su gobierno implementó reformas que facilitaron la apertura de mercados y promovieron el emprendimiento en sectores estratégicos. A pesar del crecimiento económico registrado en su administración, estas políticas también generaron desigualdad y precarización en ciertos sectores laborales, lo que evidenció una de las contradicciones de su modelo: un desarrollo económico sostenido en la estabilidad militar, pero con escaso impacto en la reducción de las brechas sociales. El impacto del uribismo se extendió a la configuración de las alianzas internacionales de Colombia. Su relación con Estados Unidos se fortaleció gracias al respaldo de Washington en el marco del Plan Colombia. Además, Uribe promovió acuerdos comerciales con diversas potencias económicas, consolidando una política exterior orientada a la integración en mercados globales. Esta estrategia le permitió proyectar una imagen de estabilidad en el ámbito internacional, aunque también generó críticas sobre la dependencia del país respecto a intereses extranjeros en materia de seguridad y comercio.

Por otra parte, las dinámicas internas del uribismo revelaron tensiones entre sus diferentes sectores de apoyo. Mientras que los tecnócratas neoliberales veían en Uribe un garante de estabilidad económica, los sectores militares exigían un compromiso más firme con la lucha contrainsurgente. Estas diferencias se hicieron evidentes en la transición de su liderazgo hacia nuevas generaciones de políticos que intentaron mantener su legado sin replicar su estilo de gobierno centralizado y confrontativo. A medida que la sociedad colombiana enfrentaba nuevos retos en materia de paz y justicia social, el uribismo tuvo que redefinir su discurso y sus estrategias para seguir vigente en la política nacional.

La bandera de la seguridad

La apuesta por la seguridad se convirtió en el eje central de la política de Álvaro Uribe Vélez, materializándose en la llamada Seguridad Democrática. Esta estrategia tuvo como objetivo principal el enfrentamiento militar contra grupos guerrilleros de izquierda, como las FARC y el ELN, al tiempo que impulsaba negociaciones para la desmovilización de grupos paramilitares, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La política de Uribe redefinió las dinámicas de la guerra y la política en el país, marcando una profunda transformación en la relación entre el Estado y los actores armados.

Este enfoque modificó el panorama electoral. La derecha se fortaleció bajo el liderazgo de Uribe, consolidandose en el poder gracias a los avances militares contra las FARC. Por su parte, la izquierda, que, durante la década de 1990, en el marco de la nueva constitución, logró ganar una porción de poder político legítimo, así como derechos que reconocían sus luchas históricas, enfrentó una creciente estigmatización y amenaza. Algunos sectores de ésta provenían de grupos guerrilleros que se desmovilizaron, tras negociaciones de paz con el gobierno nacional a finales de la década de los 1980s e inicios de los 1990s. La llegada de Uribe al poder facilitó su exclusión bajo la nueva narrativa de seguridad. 

El énfasis en la seguridad no fue un elemento improvisado en la agenda de Uribe. Desde su tiempo como alcalde de Medellín en 1982, promovió iniciativas como Metroseguridad, un programa de financiación de fuerzas de seguridad mediante impuestos locales. Sin embargo, su obsesión con el tema tomó un giro personal tras el asesinato de su padre en 1983, durante un intento de secuestro atribuido a las FARC. Este evento, según sus propias memorias, marcó su vida y consolidó su convicción de que la violencia guerrillera era el principal obstáculo para el progreso del país.⁹

La llegada de Uribe a la presidencia coincidió con un contexto internacional propicio. Su discurso de lucha contra el terrorismo encontró respaldo en la administración de George W. Bush, cuyo gobierno lanzó una ofensiva global contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Bajo esta lógica, Uribe enmarcó a las guerrillas como amenazas terroristas, logrando apoyo militar y financiero de Estados Unidos. La Seguridad Democrática recibió una inyección masiva de recursos a través del Plan Colombia, con una contribución de 7.5 mil millones de dólares en asistencia militar y estratégica. Agencias como la CIA y el Pentágono participaron activamente en el diseño de operaciones que debilitaron a la insurgencia. Este apoyo internacional permitió una modernización sin precedentes de las Fuerzas Militares colombianas. Al inicio de su gobierno en 2002, el gasto militar representaba el 3.2  por ciento del PIB, ascendiendo a 4 por ciento para 2010. En términos absolutos, esto implicó un incremento del presupuesto de defensa de 4.5 billones de pesos a 25 billones de pesos en solo ocho años, lo que representó un crecimiento nominal del 455 por ciento. ¹⁰

Más allá del ámbito estrictamente militar, el éxito de la Seguridad Democrática radicó en su capacidad de posicionar los logros de la guerra como indicadores de éxito gubernamental. La liberación de rehenes, la muerte de comandantes guerrilleros y la recuperación territorial fueron presentadas como pruebas irrefutables de que la política de Uribe estaba dando resultados. Estos avances consolidaron el respaldo ciudadano, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto, donde se percibió una mejora en las condiciones de seguridad. La política de seguridad también promovió la participación ciudadana en labores de inteligencia y control territorial. Se crearon redes de informantes y cooperantes, incentivando a los ciudadanos a proporcionar datos sobre actividades sospechosas. Además, se organizaron frentes de vigilancia en barrios y zonas comerciales, así como patrullas de vigilancia en carreteras. Algunas de estas redes operaban de manera voluntaria, mientras que otras ofrecían incentivos económicos a quienes colaboraran con las fuerzas del Estado. Esta implicación de la sociedad en la guerra generó un apoyo masivo al proyecto de Uribe, al tiempo que reforzaba la idea de que la lucha contra la insurgencia era una responsabilidad colectiva. 

Un elemento clave de la estrategia de Uribe fue la implementación de los consejos comunitarios, espacios en los que el presidente visitaba regiones apartadas y establecía comunicación directa con la ciudadanía. Estos encuentros sirvieron para proyectar su imagen de líder cercano y comprometido con la seguridad de los territorios. En ellos, Uribe intervenía de manera directa en decisiones locales, ordenando acciones inmediatas a alcaldes y funcionarios. Estos eventos fortalecieron su conexión con la población y consolidaron su popularidad, aunque también fueron criticados por promover un modelo de gobierno personalista y centralizado.

El impacto de la Seguridad Democrática no se limitó al ámbito interno. La política de Uribe transformó la percepción internacional sobre Colombia, posicionando al país como un actor clave en la lucha contra el terrorismo. Su gobierno fortaleció las relaciones con Estados Unidos y otras potencias occidentales, lo que le permitió acceder a mayores recursos y apoyo diplomático. Sin embargo, esta estrategia también generó tensiones con gobiernos de la región, especialmente con Venezuela y Ecuador, cuyos líderes denunciaban las incursiones militares colombianas en sus territorios. 

Si bien la Seguridad Democrática fue presentada como un éxito en términos militares, también tuvo efectos colaterales que generaron controversia. Entre ellos, el escándalo de los «falsos positivos» reveló que cientos de civiles fueron ejecutados extrajudicialmente por miembros del Ejército y presentados como guerrilleros abatidos en combate, con el fin de inflar las cifras de eficacia militar. Este caso, que implicó la muerte de al menos 6,402 personas, evidenció las contradicciones del modelo de seguridad implementado por Uribe y sus efectos en los derechos humanos. El debilitamiento de la guerrilla y la desmovilización de los paramilitares reconfiguraron el conflicto, pero no lograron erradicar la violencia. Nuevos grupos emergieron en los territorios dejados por las FARC y las AUC, disputando el control de economías ilegales. Al final de su mandato, aunque el uribismo había consolidado su hegemonía política, persistían retos estructurales en materia de seguridad y justicia social que ponían en cuestión la sostenibilidad de su legado.

Dentro y fuera del poder

Durante el segundo mandato de Uribe (2006–2010) su gobierno estuvo envuelto en grandes escándalos de corrupción. Uno de ellos estuvo relacionado con interceptaciones telefónicas ilegales sin orden judicial, realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a periodistas, a políticos de oposición defensores de derechos humanos y magistrados de las Altas Cortes. El objetivo era desprestigiar y acosar a estos funcionarios. Por otro lado, el escándalo de los “Falsos Positivos” reveló graves violaciones de derechos humanos de civiles asesinados que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate. 

Además de los mencionados, hubo otros casos de corrupción y abuso de poder como el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), donde se desviaron fondos destinados a apoyar a pequeños agricultores hacia grandes terratenientes y empresarios. Todos estos escándalos han sido objeto de numerosas investigaciones y condenas judiciales de las que el expresidente Uribe no pudo escapar. 

A pesar de lo anterior, después del segundo mandato en el poder, Uribe quiso aspirar a una segunda reelección. Para ello, se requería una nueva reforma constitucional que abriera ese camino. La estrategia del presidente fue lograr esa reforma a través de un referendo. Su ambición fue truncada por la Corte Constitucional que lo declaró inconstitucional. En ese escenario, el presidente apoyó la candidatura de Juan Manuel Santos, quien se presentó con el aval del Partido de Unidad Nacional y ganó la elección con el 69 por ciento de los votos. En las elecciones legislativas, ese partido se consolidó como la primera fuerza, logrando el 21 por ciento de los escaños. Aunque Uribe respaldaba a Santos, este último rompió en 2012 la política de Seguridad Democrática de su predecesor. Santos anunció al país el inicio de acercamientos con las FARC y de diálogos de paz en una mesa de negociación en La Habana, Cuba.¹¹Estos acontecimientos generaron una ruptura irreconciliable entre ambos líderes y marcaron un cambio en la estrategia del nuevo gobierno para manejar el conflicto armado en el país. En reacción a esto, Uribe decidió, en 2013, crear un nuevo partido político, el Centro Democrático (CD)¹²que si bien pudo consolidarse, mostró una posibilidad de ruptura dentro del uribismo. La disputa entre la política de seguridad y la apuesta por la paz ayudó a la fragmentación del movimiento, con una facción tecnocrática alineándose con Santos y una base más conservadora y rural cerrando filas con Uribe.¹³

El Centro Democrático participó por primera vez en las elecciones nacionales de 2014. Se consolidó como la segunda fuerza electoral. En el Senado, la lista encabezada por Uribe logró más de dos millones de votos. En la Cámara de Representantes obtuvo alrededor de un millón trescientos mil votos. En las elecciones presidenciales, su candidato desafió la reelección de Santos, y pasó a la segunda vuelta en la cual fue vencido al obtener el 45 por ciento del total de la votación vs el 50 por ciento. 

A pesar de este aparente éxito electoral, algunos estudios mostraron en su momento que en ese momento la base electoral inicial del uribismo (la del 2002 y 2006) se había transformado, y había decrecido en grandes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín. Esto se combinaba con una caída paulatina en la popularidad de Uribe, que descendió por debajo del 60 por ciento al final de su segundo mandato. Además partidos como Cambio Radical y el Partido de la U retiraron su apoyo al CD. Un sector de la tecnocracia del uribismo, abandonó cargos de dirección del uribismo y fue reemplazado por políticos más regionales y lejanos de la tecnocracia neoliberal que inicialmente le dio su apoyo.¹⁴

En el cuatrienio 2014–2018 el CD ejerció la oposición bajo el liderazgo de Uribe. Fue un partido disciplinado y alineado con los intereses del expresidente. A lo largo de la campaña del Plebiscito por la Paz que se llevaría a cabo el 2 de octubre del año 2016, fue un actor clave en la promoción del voto en contra (NO) del acuerdo de paz firmado entre el gobierno nacional y las FARC en septiembre del mismo año. El triunfo de esa opción con el 50.21 por ciento (vs. 49.78 por ciento), obligó al Gobierno de Santos y al grupo guerrillero a ajustar el acuerdo de paz para incluir o suprimir artículos que la oposición consideraba oportunos. El acuerdo reajustado fue firmado a finales de noviembre del mismo año, y a lo largo del último período del gobierno de Santos (2017–2018), se inició el trámite legislativo de algunas de las iniciativas requeridas para su implementación. 

En mayo de 2018 ganó las elecciones presidenciales el candidato del CD, Iván Duque, quien fue apoyado por Álvaro Uribe, quien fue reelegido senador, mientras su partido obtuvo cerca del 16  por ciento de la representación política. En el nivel subnacional, el desempeño electoral del CD ha sido menor que el que ha tenido en el nivel nacional, y con el paso del tiempo (2015, 2019 y 2023), su poder relativo ha disminuido. Una explicación que da cuenta de esto tiene que ver con la incapacidad que ha tenido el partido para proponer soluciones a demandas locales. La bandera principal del partido, enfocada en la seguridad nacional, no responde adecuadamente a los problemas que enfrentan muchos de los municipios del país. Adicionalmente, la centralidad de Uribe en el partido ha impedido la formación de liderazgos locales que estén respaldados por estructuras organizativas o sedes del partido en el territorio.¹⁵ En 2022, el CD no presentó candidatura para las elecciones presidenciales, y en las elecciones legislativas obtuvo el 9.5 por ciento de la representación. Ese año pasó a ser parte de la oposición.¹⁶Una caída de la influencia de Uribe y su partido, que reflejó el momento de cambio electoral en Colombia: los vientos giraban a favor del candidato de izquierda, Gustavo Petro.

El uribismo ante el triunfo de su rival

Algunos factores explican este giro. En primer lugar, la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC produjo la apertura del sistema político: se generaron condiciones para que la antigua guerrilla creara un partido que pudiera participar en elecciones nacionales y regionales. Comunes fue el nombre que adoptó ese partido. Adicionalmente, se creó el Estatuto de la Oposición, que otorga derechos y garantías a los partidos políticos que no hacen parte de la coalición de gobierno y, por último, en 2021, se promulgó una reforma que aprobó la creación de 16 curules para ser ocupadas por víctimas provenientes de las zonas más afectadas por el conflicto armado. Todos estos elementos parecían mostrar unos frutos políticos de la paz con las FARC, y señalaban una tendencia hacia la ampliación de las negociaciones pacíficas sobre el enfrentamiento militar contra las guerrillas. 

En segundo lugar, el desempeño del gobierno de Iván Duque fue muy cuestionado, y facilitó el triunfo de un candidato de la oposición. En el Congreso, no contó con una coalición política suficientemente amplia que apoyara sus iniciativas. Un ejemplo que ilustró esto fue el intento por objetar una de las leyes que reglamentaba el tribunal de justicia creado para juzgar los delitos del conflicto con las FARC.  Esta propuesta no tuvo eco ni en el Congreso ni en las cortes, y empujó a una ola de movilizaciones con creciente descontento por su gobierno. Tuvo lugar un paro nacional entre el 2019 y 2020, la pandemia mundial entre el 2020 y 2021, y el estallido social del 2021. Las protestas estuvieron motivadas por el descontento por el incumplimiento de varios puntos del acuerdo de paz; por el asesinato de líderes sociales en diferentes regiones del país; y por las respuestas represivas por parte de la fuerza pública. Un hecho adicional que se presentó en este momento fue la detención preventiva de Uribe y su posterior renuncia al Congreso en agosto de 2020. Esto como resultado de un proceso penal en su contra por delitos de soborno y fraude procesal.

En tercer lugar, estuvo el surgimiento del Pacto Histórico en 2021, una coalición de partidos y movimientos de izquierda liderada por Gustavo Petro, que obtuvo una votación histórica para la izquierda. Como en esa elección el uribismo no presentó candidato a la presidencia, quien ocupó el espacio del voto de derecha en la segunda vuelta fue el empresario de Bucaramanga hasta entonces no muy visible fuera de su ciudad natal: Rodolfo Hernández. El empresario atrajo con éxito a los votantes de derecha por ser la oposición a Petro, pero su perfil no se identificaba con claridad con ese espectro ideológico. Él mismo, durante la campaña, se declaró como alguien que se diferenciaba ampliamente del uribismo.¹⁷ Un ejemplo que ilustraba esto era su posición favorable con el proceso de paz del gobierno Santos. Más que un candidato con convicciones de derecha, su fuerza electoral vino de su capacidad para atraer un sector de la población insatisfecho con el sistema político en general, y que se dejó atraer por la extravagancia de su campaña enfocada en el uso de tecnologías de información.¹⁸ Un ejemplo que ilustraba esto, era su posición favorable con el proceso de paz del gobierno Santos. Más que un candidato con convicciones de derecha, su fuerza electoral vino de su capacidad para atraer un sector de la población insatisfecho con el sistema político en general, y que se dejó atraer por la extravagancia de su campaña enfocada en el uso de tecnologías de información.¹⁹

Sin candidato y ante el triunfo de Petro, el Centro Democrático optó por presentarse como uno de los partidos de la oposición. Si bien la piedra en la que se sostiene su discurso sigue siendo la seguridad, el partido promovió con gran fuerza otra idea central: la llegada del “Castro-Chavismo” al poder, lo cual significaría un gobierno socialista enemigo de la propiedad privada. 

Como oposición al proyecto de la Paz Total del gobierno Petro, que busca negociar con distintos grupos armados, no todos los integrantes del CD lo votaron negativamente. Esto ilustra diferencias y fracturas. Si bien no hubo votos favorables, una porción importante de senadores se ausentaron en el momento de las votaciones.²⁰El comportamiento no unificado de este partido se ha dado también en votaciones de otros proyectos como la reforma tributaria, la reforma a la salud, la reforma laboral, entre otras. La descoordinación dentro del partido puede ser síntoma de una derecha fragmentada. Con el fin de las Farc, el enemigo natural de la derecha desapareció, por lo que las demandas sociales han encontrado mayor eco en las instituciones y eso ha debilitado la bandera bélica del uribismo. 

En esa fragmentación del uribismo es central una pregunta por la relación del partido con la figura de Álvaro Uribe. Existe un «uribismo institucional», representado por líderes y miembros del Centro Democrático, que buscan proyectar el legado de Uribe hacia el futuro político del país mediante nuevos liderazgos. Ejemplo de esto es la candidatura presidencial de Iván Duque, quien, a pesar de contar con el apoyo de Uribe, buscó dar un nivel de autonomía a su mandato. Por otro lado, hay sectores más críticos dentro del movimiento que reconocen los desafíos de depender exclusivamente del liderazgo de Uribe. Aun así, el llamado «uribismo sin Uribe» todavía no ha logrado consolidarse completamente, pues el movimiento sigue girando en torno a la figura del expresidente como símbolo de cohesión. Esta situación pone sobre la mesa la pregunta sobre cómo el CD se  reorganiza y adapta frente a un escenario cambiante de la derecha global. 

Figuras dentro del uribismo contemporáneo, como la senadora María Fernanda Cabal, exponen una apuesta retórica que cataloga a la izquierda como una amenaza al orden establecido.²¹ La experiencia internacional de Brasil y la elección de Jair Bolsonaro²² le ha servido como referente para un discurso de derecha más agudo, donde las amenazas de Venezuela y la defensa de la propiedad privada de los terratenientes  y ganaderos aparecen como puntos claves de su promesa de gobierno de cara a las elecciones de 2026. Con la reciente victoria de Donald Trump, quién resalta la crisis de las instituciones democráticas vigentes, la derecha colombiana toma nota de nuevos temas, como una desconfianza creciente en el sistema democrático y una agenda de género más politizada. Pero tampoco pierde de vista los temas que los hicieron relevantes en la época de Uribe: una demanda de seguridad acentuada ante el fracaso parcial de los esfuerzos de la Paz Total del gobierno Petro. La derecha actualmente adolece de la ausencia de un liderazgo carismático unificador como lo fue Uribe. Esto ha funcionado como freno natural para la consolidación de una ultraderecha al estilo europeo, brasileño, argentino o salvadoreño.

El uribismo, que alguna vez representó la fuerza política dominante en Colombia, enfrenta hoy una crisis estructural que pone en duda su viabilidad a largo plazo. Su identidad, construida en torno a la guerra contra la insurgencia ha perdido tracción en un escenario político donde la seguridad ya no es la única prioridad del electorado. La fragmentación del partido, la falta de un liderazgo unificador y la incapacidad de renovar su agenda más allá del anticomunismo y la nostalgia por la Seguridad Democrática han reducido su margen de maniobra. Mientras otras derechas en América Latina han logrado adaptarse a nuevas coyunturas con discursos libertarios o religiosos, el uribismo sigue anclado en un modelo alrededor de la seguridad.

Sin embargo, descartar por completo su relevancia sería un error. A pesar de su declive electoral y programático, el uribismo sigue siendo un referente para sectores conservadores y reaccionarios que buscan una alternativa frente al progresismo representado por Gustavo Petro. Su capacidad de supervivencia dependerá de si logra conectar las demandas contemporáneas, como la crisis económica, la seguridad ciudadana y la transformación del Estado. El reto que tiene por delante es construir un movimiento más allá de la figura de Álvaro Uribe. Casi veinticinco años después de su triunfo en la política nacional es una pregunta abierta qué otros caminos tiene su movimiento ante una transformación sísmica de las derechas globales.   

Notas a pie de página