La Cuarta Transformación

El 12 de enero, decenas de miles de ciudadanos mexicanos se dirigieron al Zócalo para escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum rendir su informe sobre los primeros 100 días de gobierno. Su agenda puso en la mesa una serie de reformas ambiciosas, con un alcance extenso: dieciséis leyes nuevas y doce reformas constitucionales que van desde el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y el aumento real del salario mínimo, hasta la recuperación de la propiedad nacional de los recursos naturales y la lucha contra la evasión fiscal. “Que se oiga bien, lejos y fuerte”, dijo Sheinbaum. “No vamos a regresar al modelo neoliberal. . . no vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios… vamos a seguir con el Humanismo Mexicano y con la máxima de ‘por el bien de todos, primero los pobres’”.

Ese lema es central para la “Cuarta Transformación”, el proyecto político-económico inaugurado por el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Fundado durante su propia campaña presidencial, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de AMLO se inspiró en las tres grandes transformaciones anteriores del país: la Guerra de Independencia (1810-1821), la Guerra de Reforma (1857-1861) y la Revolución Mexicana (1910-1917). Un siglo después de la Revolución, AMLO pretendía recuperar la tradición nacional de autodeterminación popular, proponiendo “un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional” para orientar el crecimiento económico hacia los objetivos de la “independencia” y la “democratización política, social y cultural de la nación”. Sheinbaum promete ahora construir el “segundo piso” de este edificio político.

El regreso de la “planificación democrática” a la gobernanza mexicana supondría un cambio radical en la economía política imperante en el país. Durante décadas, el clientelismo ha dictado las dinámicas políticas del país, con periodos electorales marcados por el reparto de bienes, favores y sobornos. Si el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ocupó el poder de forma ininterrumpida desde 1934 hasta 2000, fue admirado en su día por la visión desarrollista de sus Planes Sexenales, en la década de 1980, el partido había adoptado ajustes estructurales radicales y reducido su rol de planificación a la selección de candidatos presidenciales por dedazo. Las administraciones sucesoras del Partido Acción Nacional (PAN), de 2000 a 2012, empujaron las reformas neoliberales aún más. La Cuarta Transformación, en cambio, ha fijado su horizonte en la macropolítica del desarrollismo, convocando a los ciudadanos a exigirle a Morena que rinda cuentas de los “100 compromisos” establecidos al inicio de sus presidencias.

A seis años de su implementación, el proyecto de la Cuarta Transformación le valió a Morena un masivo segundo mandato en las elecciones generales de junio de 2024, asegurándole a Sheinbaum el mayor porcentaje del voto popular en la historia de México y mayorías para su partido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado del Congreso de la Unión. La interpretación de ese mandato, sin embargo, ha provocado el debate tanto de la izquierda como de la derecha, que critican al gobierno por ser superficialmente populista o por estar en deuda con supuestos intereses especiales. ¿Es Morena, como alegan los críticos, simplemente una réplica de la maquinaria corporativa-clientelista del PRI? ¿O será que el margen electoral de Sheinbaum indica un cambio en la percepción que los mexicanos tienen de su gobierno nacional: de un “Estado fallido” a un modelo envidiable de gobernanza posneoliberal? ¿Cómo logró Sheinbaum formar una coalición ganadora para su visión de autodeterminación popular, mientras sus vecinos sufrieron duros reveses en las urnas? ¿Cómo enfrentará la Cuarta Transformación las crecientes amenazas de guerra económica que emanan de la administración Trump?

Herencia

Los relatos sobre la Cuarta Transformación suelen comenzar en 2018, mencionando brevemente los intentos previos de AMLO por llegar a la presidencia antes de pasar a su periodo en el cargo y su planificación para la sucesión. Pero estas narrativas no registran el contexto político-económico crucial del que surgió el Movimiento de Regeneración Nacional: tanto el modo parasitario del capitalismo que vació la economía mexicana, como la desesperación política que engendró en la población.

Al momento de la toma de posesión de AMLO en 2018, la presidencia, los partidos políticos y los gobiernos locales registraban los niveles más bajos de confianza ciudadana en la historia moderna del país. Ochenta y cinco por ciento de la población no expresó ninguna confianza en el presidente, 84 por ciento no tenía confianza en los partidos políticos, 81 por ciento desconfiaba de su gobierno estatal y 77 por ciento desconfiaba de su gobierno municipal. A los legisladores federales no les fue mejor: el 62% de los ciudadanos desaprobaba a sus diputados y el 60% a sus senadores. La fe en el sistema judicial, mientras tanto, se había erosionado tanto por la experiencia cotidiana como por una serie de escándalos: el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, espió a sus ciudadanos con la tecnología Pegasus y despidió al fiscal encargado de investigar las fuentes de financiación ilícita de su campaña presidencial.

El descontento es fruto del fracaso del modelo de desarrollo y de la reducción del espacio político para la “planificación democrática”. Las raíces de estas limitaciones se remontan a una sola fecha. El 12 de agosto de 1982, el gobierno mexicano anunció el impago de su deuda, inaugurando una crisis que se extendería por todo el Sur Global. Para amortiguar la crisis, el Presidente Miguel de la Madrid acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de un préstamo multimillonario condicionado por una receta familiar de ajustes estructurales agresivos. En los cinco años después del rescate de 1983, México experimentó una dramática redistribución de la renta entre el capital (del 48% al 64%) y el trabajo (del 42% al 29%). Los salarios reales de los trabajadores industriales cayeron un 29%, mientras que el poder adquisitivo del salario mínimo cayó un 42%.

En la década de 1990, la pobreza en México se agravó significativamente. El FMI condicionó su nuevo paquete de rescate a nuevas privatizaciones y a la apertura del país a la propiedad extranjera. El 1 de enero de 1994, mientras los zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantaban en armas para defender los territorios indígenas en el estado sureño de Chiapas, el presidente saliente Carlos Salinas de Gortari puso en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), inundando el mercado agrícola mexicano con productos estadounidenses subvencionados y elevando rápidamente la tasa de pobreza extrema del 16 al 28%.

Incluso antes de firmar el TLCAN, el PRI había promovido la represión laboral interna mediante un sistema corporativista de “contratos de protección patronal” que permitía a los jefes sindicales charros llegar a acuerdos con empresarios explotadores, todo ello con la bendición del gobierno, que constituía la tercera parte del modelo tripartito. Para competir con la productividad manufacturera de China, las autoridades mexicanas mantuvieron los aumentos del salario mínimo a la par de la inflación, y a veces por debajo, lo que obstaculizó la productividad y aumentó la pobreza. Al firmar el TLCAN, se intensificó la explotación con el boom de la industria maquiladora a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Entre 1984 y 2002, estas fábricas de mano de obra barata intensiva pasaron de 180.000 a más de 1,1 millones de trabajadores, lo cual representó un cuarto de la mano de obra manufacturera del país. 

La afluencia de productos agrícolas estadounidenses baratos desplazó a casi cinco millones de agricultores mexicanos, mientras que el número de migraciones anuales a través de la frontera entre México y Estados Unidos aumentó un 79% entre 1994 y 2000, a medida que los mexicanos buscaban oportunidades económicas en su país de origen. Estas dinámicas centrífugas se reflejaron en el sistema político mexicano. El año 2000 supuso el fin del reinado del PRI en México, un momento aclamado por los expertos como la caída de la «dictadura perfecta», según la expresión del escritor Mario Vargas Llosa. Pero estos cambios políticos no sólo no corrigieron la dinámica del subdesarrollo, sino que la intensificaron. Lejos de democratizar la economía, los gobiernos entrantes del Partido Acción Nacional (PAN) supervisaron su saqueo, acelerando la extracción a través de empresas mineras extranjeras y grupos financieros por igual. Por otra parte, el modelo neoliberal desencadenó se acompañó de la expansión de los grupos criminales que habían desplazado las rutas del narcotráfico desde Colombia hacia Estados Unidos a través de la frontera con México. La «guerra contra el narcotráfico» declarada por el presidente panista Felipe Calderón en 2006 no hizo sino sumir al país en una mayor desesperación. En 2007, los homicidios per cápita en México ascendían a 9,7 por cada 100.000 habitantes. Sólo tres años después, esa cifra alcanzaba los 22,7.

La espiral de violencia, corrupción y despojo acabó por deshacer la coalición desarrollista del país. Los derechos sobre la tierra, el trabajo y los recursos naturales que la Constitución de 1917 garantizó en su día al pueblo mexicano fueron socavados. Y a medida que las viejas redes corporativistas del PRI se deterioraban y se convertían en maquinarias clientelistas multipartidistas, la competición electoral se convirtió en una división estrictamente local sobre lo que quedaba: un sistema de caciques desinteresados en la planificación del desarrollo, y hostiles a los candidatos aspirantes que amenazaban el arraigado sistema de privilegios políticos. El resultado fue el aislamiento de México en la escena regional. Mientras que varios países de América Latina vieron la llegada al poder de gobiernos socialdemócratas con ambiciosos planes que iban desde la redistribución y la protección social hasta la nacionalización y la industrialización, por su parte, México quedó paralizado.

Confianza

Andrés Manuel López Obrador hizo campaña por la presidencia contra la “mafia del poder” responsable de este declive nacional. Su victoria en 2018—el tercer intento, tras los escándalos de fraude electoral que asolaron sus campañas en 2006 y 2012—se apoyó en el descrédito que los partidos existentes habían acarreado durante las décadas de competencia electoral entre el PRI y el PAN. En su lugar, AMLO y su movimiento crearon una coalición electoral que abarcaba geografías, clases y corrientes ideológicas, invitando incluso a los partidos de derecha en regiones donde la izquierda era históricamente débil. El objetivo era ganar una mayoría limpia, asegurando al mismo tiempo los votos para ambiciosas enmiendas constitucionales. Pero para hacer realidad esa ambición, la Cuarta Transformación tendría primero que restaurar la confianza pública en la democracia mexicana. “Lo que deseamos es purificar la vida pública de México”, dijo AMLO en su discurso inaugural. “No voy a mentir, no voy a robar ni a traicionar al pueblo de México”. Para AMLO, generar confianza en las instituciones de México era una condición previa para transformarlas.

Un canal clave para mantener su popularidad fue la mañanera, una rueda de prensa diaria celebrada en el Palacio Nacional. Invitando regularmente a su gabinete a hacer presentaciones—o simplemente respondiendo a las preguntas de una audiencia de periodistas—la mañanera buscaba comunicar las ambiciones de AMLO directamente a los ciudadanos de México, eliminando al intermediario mediático al que Morena atribuía, en gran parte, la destrucción de la cultura democrática. Desde el punto de vista de los críticos de AMLO, la mañanera fue un ataque a la prensa del país, dada la frecuente denigración del presidente en la cobertura de su administración. Desde el punto de vista del gobierno, sin embargo, la mañanera no era sólo una tribuna; era un dispositivo correctivo para los medios de comunicación hipertrofiados y alineados a la derecha de México. Incluso The Economist, que regularmente arremetía contra el gobierno de AMLO como autoritario, ignorante e imprudente, admitió la “maravilla” de la mañanera, adoptada por su sucesora, Claudia Sheinbaum.

Junto con la mañanera llegó una serie de reformas políticas destinadas a revitalizar la cultura democrática de México. Las consultas populares invitaron a los ciudadanos a votar sobre prioridades gubernamentales controversiales, como la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco, en Ciudad de México, un proyecto acusado de excesivo daño medioambiental. Como resultado de la votación, el aeropuerto se reubicó hacia una base militar en desuso, y en el terreno original se construyó el Parque Ecológico Lago de Texcoco. Una nueva ley federal instituyó elecciones presidenciales revocatorias para permitir a los ciudadanos decidir si el líder debe continuar en el cargo a mitad de su mandato (aunque sólo una quinta parte de los votantes registrados acudieron al referéndum de mitad de mandato de AMLO, éste ganó con el 91,9 por ciento de los votos). Mientras tanto, el gobierno popularizó la idea de la “austeridad republicana” como orientación del gasto público—incluida la reducción, en gran medida simbólica, de los salarios de los altos funcionarios públicos junto con la elevación de los burócratas de bajos ingresos, y la venta por 92 millones de dólares del lujoso avión presidencial. El objetivo era proyectar un sentido de responsabilidad por parte de las desacreditadas autoridades estatales. En consecuencia, la comunicación en torno al proyecto fue tajante: “Es importante que todos sepan cómo se pensaba antes, cómo actuaban las autoridades, como pequeños faraones”, dijo AMLO. “Ahora ya no”.

Si AMLO buscaba reducir los privilegios sociales de los “pequeños faraones” del gobierno, también buscaba redistribuirlos entre sus ciudadanos. El sexenio de AMLO vio una importante renovación del sistema de bienestar del país, y la organización más amplia del mercado laboral para sustentarlo. La Ley de Reforma Laboral de 2019, por ejemplo, introdujo un paquete de reformas que limitaron la subcontratación, obligaron a los empleadores a pagar bonos anuales de reparto de utilidades y rompieron con el sistema explotador de “contratos de protección patronal” respaldados por los poderosos sindicatos charros del país. Ahora los dirigentes deben ser elegidos mediante votación secreta, los contratos ratificados por los afiliados y los conflictos revisados por un mecanismo de arbitraje independiente que sustituya a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tradicionalmente sesgadas en contra de las bases. Para la mayoría no organizada, el gobierno de AMLO no sólo aumentó el salario mínimo real en un 90 por ciento, sino que indexó el nuevo piso a la inflación. Para los mayores, los estudiantes y los campesinos, AMLO introdujo nuevas y amplias formas de seguro social: la Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, las Becas Benito Juárez y Sembrando Vida, respectivamente.

La más trascendental de las intervenciones de AMLO fue la reforma judicial, aprobada por el Senado en los últimos días de su presidencia. La ley, que revisa todo el sistema de nombramientos judiciales, establece elecciones populares para todos los jueces federales, incluido el Tribunal Supremo, cuyos mandatos se limitarán ahora a doce años. Los representantes del poder judicial mexicano se rebelaron; en el mes de agosto, 1.400 jueces declararon una huelga indefinida para oponerse a la reforma. Su reacción palideció en comparación con la de la comunidad inversora internacional, que advirtió que la medida “haría retroceder a México 50 años”. Pero las objeciones de la prensa corporativa fueron anuladas por el Congreso y el Senado, y por el público en general. Para junio de 2024, entre 68 y 75% de los ciudadanos mexicanos estaban de acuerdo con el gobierno en que sus jueces y magistrados fueran elegidos por voto popular. Un año después, el 1 de junio, el país celebrará sus primeras elecciones judiciales.

En contra de las predicciones apocalípticas sobre las “ambiciones salvajes” de AMLO, estas reformas sólo sirvieron para fortalecer las perspectivas de la planeación democrática del desarrollo nacional. Las capacidades del Estado crecieron a través de proyectos de infraestructura construidos en torno a nuevas empresas estatales de ferrocarriles (Maya) y aerolíneas (Mexicana), así como las empresas públicas existentes de petróleo (Pemex) y electricidad (CFE), generando un auge en los estados desatendidos del sur, en particular. Incluso en el sector del automóvil, que los críticos esperaban que se viera obstaculizado por las reformas laborales, se invirtieron 13.400 millones de dólares durante el mandato de AMLO, y la reducción de los aranceles a los vehículos eléctricos reconfiguró la industria automovilística mexicana. “Es muy importante que el sector público, el sector privado y el sector social se unan para impulsar el crecimiento de nuestro país y lograr el bienestar”, dijo AMLO. Para 2023, la inversión bruta de capital fijo en México alcanzó su nivel más alto de la historia.

Coalición

En tan sólo seis años, las políticas de AMLO lograron restaurar la fe del público en un Estado fallido. En 2023, el 54% de los mexicanos tenía una confianza alta o moderadamente alta en el gobierno federal, una cifra significativamente superior a la de sus socios de la OCDE, con un promedio de sólo 39%. Esto ha sido a menudo desestimado, particularmente en las páginas de la prensa económica estadounidense, como el resultado de un mero populismo, una apelación superficial al antielitismo de masas al servicio de la consolidación del poder. Pero para sus militantes, la Cuarta Transformación es un proyecto “nacional popular”. Aunque a veces se ayuda de gestos simbólicos y teatros públicos, su estrategia fundamental es forjar una coalición duradera para llevar a cabo un programa verdaderamente transformador. Lo cual significa no sólo apelar a las masas, sino también atraer a otros poderes fácticos hacia una visión mutuamente beneficiosa del desarrollo nacional, desde las élites industriales del país hasta sus fuerzas armadas.

Los críticos de la Cuarta Transformación han tendido a centrarse aquí: en la proximidad del proyecto a los mismos poderes establecidos a los que una vez acusó de corrupción, o algo peor. A pesar de sus frecuentes críticas a la clase dirigente mexicana, por ejemplo, AMLO mantuvo un consejo de líderes empresariales como asesores cercanos, y en sus seis años de gobierno se negó a subir sus tasas impositivas. (Sin embargo, las acusaciones de laxitud fiscal son exageradas. La ofensiva contra la evasión fiscal se tradujo en un aumento significativo de los ingresos fiscales: el Gobierno recaudó un 4,7% más en 2024 que en 2023, que ya fue un año récord; las últimas cifras indican un aumento aún más espectacular de los ingresos fiscales). Sin embargo, fue esta relación de trabajo con las élites industriales del país lo que permitió a AMLO negociar un acuerdo con el sector privado para limitar los precios de una canasta básica de bienes esenciales, protegiendo a los ciudadanos más pobres del país de la presión inflacionaria que sacudió la economía mundial en los últimos años. Mientras que muchos críticos describen la relación de AMLO con la burguesía nacional como una concesión, otros la ven como un esfuerzo pragmático para lograr la Cuarta Transformación.

La relación de AMLO con las fuerzas armadas puede considerarse de la misma manera. Bajo su administración, el presupuesto del Ejército aumentó un 22%, y el de la Marina un 17%, los militares recibieron nuevas responsabilidades, y la Guardia Nacional, que AMLO creó, fue transferida del control civil al del Ejército. Sin embargo, esta «militarización» también puede entenderse a través de la lógica del modelo nacional popular de la Cuarta Transformación. Un recorrido por los recientes golpes de Estado, arrestos y exilios de líderes de izquierda latinoamericanos—Honduras en 2007, Brasil en 2015, Bolivia en 2019—revela el agudo poder de las fuerzas armadas para moldear las realidades políticas de la región. Al mismo tiempo que desmantelaba las fuerzas de seguridad más despreciadas del país, la Policía Federal, AMLO trató de canalizar las actividades de los militares directamente hacia proyectos de desarrollo, poniéndolos a trabajar en la construcción de aeropuertos, ferrocarriles y hospitales. Para 2024, la mayor parte del presupuesto militar se destinó a tales proyectos de infraestructura.

La “austeridad republicana” también se deriva del pensamiento estratégico de la Cuarta Transformación. Cuando México declaró el default en agosto de 1982, AMLO era un aspirante político de 28 años en el estado de Tabasco, y reunió a sus partidarios para rechazar el programa de ajuste estructural impuesto por el FMI. Así pues, la experiencia del sometimiento de México a través de sus sucesivas crisis de deuda soberana ha informado el enfoque de la Cuarta Transformación sobre la gestión fiscal. Contrario a lo que ocurre en el Norte global—donde un “presupuesto equilibrado” sirve más a menudo como mera excusa para la abdicación de la provisión estatal de bienes públicos—los niveles insostenibles de deuda soberana restringen severamente el desarrollo en el Sur Global y las posibilidades de una “planificación democrática” bajo los dictados de los acreedores extranjeros. Aunque los críticos han subrayado los costos de la frugalidad—y el obstinado compromiso del gobierno con la apreciación del peso como símbolo de la fortaleza macroeconómica del país—el enfoque de la austeridad republicana adoptado por AMLO no era, evidentemente, la austeridad por sí misma. Su objetivo era recuperar la soberanía económica del país y demostrar la responsabilidad del gobierno ante sus ciudadanos.

Con estos flancos alistados en la “regeneración”, AMLO luchó por revertir la erosión del control público sobre el sector energético, la cual había comenzado bajo su predecesor. Durante el último boom petrolero de principios de la década de 2000, los ingresos del petróleo se utilizaron para financiar gastos generales, obligando el severo endeudamiento de Pemex. Desde 2018, el gobierno ha recortado impuestos y restablecido subsidios para estabilizar la empresa estatal. Las reformas estaban en consonancia con la política general dirigida a la renacionalización de los recursos energéticos estratégicos, incluyendo la nacionalización de la industria minera del litio. Y eran un reflejo tanto de la reivindicación de la Constitución de 1917 sobre los recursos naturales que los convirtió en propiedad común de la nación, como de la nacionalización del petróleo en 1938. En esta misma línea, AMLO se enfrentó a la compañía energética española Iberdrola, lo que resultó en la compra por parte del Estado del 55% de las operaciones de Iberdrola en el país. En este contexto, la disputa de AMLO con la monarquía española puede entenderse como algo más que un truco nacionalista barato, sino como una táctica en la lucha por el control de los recursos naturales mexicanos. AMLO libró una batalla similar por la soberanía en el frente legal. La introducción del TLCAN en 1994 trajo consigo una forma entonces novedosa de protección de los beneficios empresariales conocida como Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés). El sistema ISDS permite a las empresas demandar a Estados extranjeros en un sistema jurídico paralelo y opaco por cualquier acción que interfiera con sus beneficios previstos, incluso si estas acciones están dentro de la autoridad del Estado. México es uno de los Estados más demandados del mundo mediante la ISDS, y ha perdido cientos de millones de dólares en casos como Metalclad contra México, en el que una empresa estadounidense de gestión de residuos llevó a México ante los tribunales, y ganó, después de que un municipio mexicano le denegara un permiso para construir una instalación de residuos tóxicos debido a la preocupación por la contaminación del agua y otros riesgos para la salud. Durante las negociaciones del TLCAN, AMLO luchó con éxito para debilitar—si no eliminar por completo—el ISDS, restringiendo los supuestos que justifican una demanda e incorporando nuevos requisitos para que el caso se vea primero en los tribunales nacionales.

Pisos

Si las elecciones federales de junio de 2024 fueron un referéndum sobre el proyecto de AMLO, los resultados fueron contundentes: la votación más alta en la historia democrática de México—un margen de victoria de más de 30 puntos—para la sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum; una coalición supermayoritaria en la Cámara de Diputados y casi lo mismo en el Senado; victorias en siete de nueve gubernaturas; y la alcaldía de la Ciudad de México. Con un mandato popular sin precedentes, llegaron grandes expectativas. En su discurso inaugural, Sheinbaum expuso su plan de 100 promesas para su sexenio, desde programas educativos para una “República lectora” hasta programas agrícolas para una “República justa y rural”, pasando por programas de digitalización para una “República próspera y conectada“. En sus primeros seis meses de gobierno, Sheinbaum ha logrado maniobrar sus mayorías para avanzar significativamente hacia esos compromisos, no sólo conservando las políticas de su antecesor, sino construyendo hacia arriba a partir de los cimientos que él sentó. Así, Sheinbaum está construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, con una estructura visible en tres ámbitos esenciales: alimentos, combustible y medicinas.

AMLO llegó al poder prometiendo frenar la rápida erosión de la soberanía alimentaria nacional, catalizada por el TLCAN. En una nación que había visto quintuplicarse su dependencia de las importaciones de maíz con respecto a los niveles previos al TLCAN, el gobierno de Morena incrementó la producción doméstica de fertilizantes, promovió la agroecología, desplazó las subvenciones agrícolas de los grandes a los pequeños y medianos agricultores, e instituyó un programa de precios garantizados para los mismos, cuyas compras se utilizaban para proporcionar almuerzos a hospitales y escuelas públicas. Más polémico para la agroindustria extranjera, AMLO también intentó prohibir el uso de maíz modificado genéticamente para proteger a los agricultores mexicanos del dumping agrícola estadounidense. Sheinbaum ha retomado la iniciativa donde la dejó AMLO, con un plan para promover la producción nacional de alimentos básicos como frijoles, maíz para tortillas y productos de gama baja de café y chocolate, a la vez que planea proporcionar a los consumidores acceso a productos básicos a precios asequibles a través de Tiendas del Bienestar gestionadas por el gobierno. Mientras Estados Unidos obstaculizaba con éxito las restricciones a la importación de transgénicos de AMLO en el marco del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), Sheinbaum lidera ahora la campaña para enmendar la Constitución nacional con el fin de prohibir la siembra de maíz modificado genéticamente. Y en una nación asolada por las sequías, el plan quinquenal de Sheinbaum para el agua invertirá en nuevos e importantes proyectos de infraestructura, revisará las concesiones a las industrias y promoverá sistemas de riego más eficientes en el uso del agua para la agricultura.

Lo mismo ocurre con la soberanía energética, donde Sheinbaum está llevando adelante los planes de AMLO para la generación pública de energía, por un camino que pronto estará libre de obstrucciones judiciales. A pocas semanas del inicio de la administración de Sheinbaum, el Senado aprobó reformas para reclasificar a Pemex y CFE como entidades totalmente públicas en lugar de “empresas productivas del Estado”, colocándolas bajo un mayor control público sin restricciones por requisitos de generación de ganancias. Las reformas también garantizan una participación pública mayoritaria en el suministro eléctrico nacional, a la vez que mantienen un lugar minoritario para los agentes privados. Sheinbaum ha prometido además una inversión de más de 23.000 mil millones de dólares en infraestructuras energéticas, con un mayor énfasis en las energías renovables, y un programa para instalar paneles solares en los hogares del desértico norte. Ampliando la nacionalización del litio de AMLO, Sheinbaum planea no sólo promover nuevas tecnologías para acelerar la extracción de litio, sino también para avanzar al país en la cadena de suministro con, entre otras cosas, el desarrollo de un microvehículo eléctrico de producción nacional.

El enfoque de AMLO hacia la medicina priorizó la lucha contra la corrupción gubernamental y los distribuidores monopólicos, que, según su argumento, operaban mano a mano para cobrar de más por los medicamentos esenciales. La escasez, aunque no es nueva en México, innegablemente plagó la administración de AMLO, un hecho que los críticos achacan a las políticas de AMLO y a los parcos presupuestos de salud, y los defensores atribuyen a las represalias de las empresas y a los choques de suministro inducidos por Covid-19. Hacia el final de su sexenio, AMLO inauguró una “superfarmacia” gestionada por el gobierno con sede en Ciudad de México destinada a paliar estos desabastecimientos. Sheinbaum ha mantenido la misma orientación general, pero, reconociendo los retos de su predecesor, tomó medidas para mejorar el proceso de adquisiciones del gobierno. Al mismo tiempo, Sheinbaum ha anunciado nuevos planes de inversión en investigación médica y producción nacional de genéricos y vacunas, en un intento de reducir la dependencia a las importaciones médicas. Para que estos medicamentos lleguen a las manos de quienes más los necesitan, Sheinbaum ha lanzado un programa para enviar profesionales de la salud a los hogares de personas con discapacidad y ancianos en todo el país, quienes, una vez recetados, recibirán sus medicamentos en farmacias administradas por el gobierno que funcionarán junto a los bancos gubernamentales existentes.

Horizontes

Todos estos programas pretenden cumplir la máxima de Sheinbaum: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Mientras que los partidos socialdemócratas de la OCDE se han alejado recientemente de tales ambiciones redistributivas—y han sufrido un reajuste de clase que les ha alejado de sus electores de la clase trabajadora—el enfoque nacional popular de Morena pretende aglutinar una amplia coalición bajo la bandera del desarrollo soberano de México. Su éxito en la construcción de esa coalición es difícil de negar. El 3 de marzo de 2025, el índice de aprobación de Sheinbaum alcanzó el 85%, un récord para un presidente mexicano en ejercicio en al menos cincuenta años. Sólo tres presidentes estadounidenses de los que se tiene registro han logrado tal hazaña: inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre, al final de la Guerra del Golfo y después del Día de la Victoria. Incluso el presidente Donald Trump ha parecido unirse al club, calificando a Sheinbaum de “mujer maravillosa” y agradeciéndole que le instruyera sobre las políticas mexicanas de prevención del narcotráfico; citó su respeto por Sheinbaum al explicar el segundo aplazamiento de un arancel del 25 por ciento sobre todos los productos mexicanos.

Sin embargo, la admiración personal de Trump por la presidenta Sheinbaum ha servido de poco para frenar el flujo de amenazas proferidas por su administración contra el país: la imposición de aranceles punitivos; la perspectiva de ataques con drones en suelo mexicano; la externalización forzosa de la vigilancia fronteriza; la represión de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y, en consecuencia, de las remesas de las que depende la economía de México. “Pobre México”, bromeaba el viejo dictador Porfirio Díaz, “tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. La guerra comercial de Trump amenaza ahora con castigar a su vecino por el crimen de la perdurable dependencia económica de México. En 2024, las exportaciones mexicanas a EE.UU. equivalieron al 30% del PIB del país; la misma cifra a la inversa es aproximadamente el 1 por ciento. 

Según una estimación, una combinación de aranceles estadounidenses y mexicanos de represalia contraería la economía de México hasta un 3,4% respecto a su proyección de referencia, y dispararía la inflación hasta un 4%. Según otra estimación, sólo los aranceles de Trump del 25% podrían reducir las exportaciones mexicanas en más de 40.000 millones de dólares, es decir, el 4% del PIB. La escalada de la guerra económica a través de la frontera norte amenaza con descarrilar la coalición cuidadosamente consolidada de Morena. Mientras que algunos sectores podrían en teoría presionar por represalias y socios comerciales alternativos, los más dependientes de las inversiones y el comercio de EE.UU. probablemente presionarían por concesiones. El crecimiento ya se ha ralentizado desde la elección de Trump, y la OCDE predice ahora que México entrará en recesión a finales de año.

En los dos primeros meses de la presidencia de Trump, México ya se ha visto obligado a hacer concesiones para eludir la agresión estadounidense, y puede que tenga que hacer más. Sheinbaum ha extraditado a miembros de cárteles para que sean juzgados en tribunales estadounidenses, ha enviado 10.000 soldados para reprimir la migración en la frontera norte y ha enviado cientos más para combatir el tráfico de fentanilo en el estado de Sinaloa. Pero respaldada por su abrumador mandato popular, Sheinbaum se ha mantenido firme en gran medida. Cuando Trump culpó a México de “permitir” que los migrantes, las drogas y la violencia cruzaran la frontera, el gobierno de Morena invirtió la narrativa demandando a los fabricantes de armas estadounidenses por instigar el flujo de armas hacia México. Sheinbaum ahora ha amenazado con ampliar el caso en respuesta a los planes de Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, señaló de nuevo a Estados Unidos por el comercio de fentanilo y prometió tomar represalias contra los aranceles estadounidenses.

El domingo 9 de marzo, Sheinbaum volvió a convocar a sus simpatizantes al Zócalo. El ambiente era desafiante, con Sheinbaum firmemente declarando: “No podemos renunciar a nuestra soberanía, ni nuestro pueblo puede verse afectado por decisiones tomadas por gobiernos o hegemonías extranjeras”. En toda América Latina, y en todo el Sur global, los movimientos políticos se enfrentan a condiciones similares a las de México hace una década: economías afectadas por dependencias agudas y personas que han perdido la fe en que la política de partidos pueda mejorar sus vidas. La Cuarta Transformación, vista desde esta perspectiva, es ya un logro histórico que rejuvenece una democracia que se consideraba en declive terminal. «Con el pueblo todo; sin el pueblo, nada», desde este punto de vista, es tanto una estrategia como un eslogan: construir y mantener el apoyo popular, para Morena, es la única forma de lograr una transformación verdadera y duradera. Ahora que México se enfrenta a la apuesta de Trump por el dominio hemisférico, la prueba más dura para esa estrategia puede estar aún por llegar.