Crisis de Plausibilidad

Chile dio un giro oscuro en las elecciones generales de 2025. El candidato de extrema derecha José Antonio Kast ganó la presidencia con el 58 por ciento de los votos, superando a su rival comunista Jeannete Jara en la segunda vuelta por un margen significativo, mientras que su alianza electoral Cambio Por Chile aumentó su representación en la Cámara de Diputados. Con una de las tasas de participación más altas en décadas, gracias a un nuevo sistema de voto obligatorio, más de 7 millones de personas votaron a favor del optimista programa de «ley y orden» de Kast, que aboga por una represión de la delincuencia, los sindicatos y la migración, el retorno a los principios del libre mercado y la derogación de las políticas sociales progresistas. Su toma de posesión marca el fin de una breve apertura política para la izquierda del país, que impulsó a Gabriel Boric al poder en 2022 tras una ola de protestas generalizadas que desafiaron el orden constitucional chileno. Las esperanzas de desmantelar las estructuras neoliberales heredadas de la dictadura de Pinochet parecen ahora enterradas en un futuro previsible.

Se han ofrecido diversas explicaciones para este cambio de rumbo. El resultado de las elecciones se ha descrito como una reafirmación del conservadurismo innato del pueblo chileno, una expresión del sentimiento anti-gobierno, un síntoma de la creciente preocupación por la delincuencia o un reflejo de las tendencias regionales más amplias. Sin embargo, estas interpretaciones suelen pasar por alto lo que distingue a la coyuntura chilena. No se ha producido una conversión masiva y repentina hacia la derecha. Más bien, el modelo económico existente en el país, fundado tras la dictadura, se ha visto afectado por lo que podría denominarse una «crisis de plausibilidad».

Este modelo se basaba no solo en la promesa de crecimiento, sino también en una mayor integración nacional. Se suponía que la estabilidad macroeconómica se traduciría en mejores condiciones de vida para la mayoría. Chile combinó una rápida expansión con una reducción significativa de la pobreza y un aumento de los salarios reales. El modelo funcionó lo suficiente, durante el tiempo suficiente, para crear un consenso sobre cómo se vería el progreso.

Sin embargo, incluso en su fase más exitosa, el acuerdo de integración posterior a 1990 contenía un desplazamiento. La promesa de movilidad se basaba en una combinación de gasto social específico, disciplina macroeconómica y ampliación del acceso a servicios organizados de forma privada y semiprivada. Esta integración basada en el acceso se convirtió en un sustituto de los derechos, financiada a través de los balances familiares, los mercados de crédito y un sistema mixto de prestación pública y privada. El conflicto distributivo se convirtió en un proyecto a largo plazo. Los gobiernos pueden pedir paciencia, porque se espera que los beneficios lleguen más adelante.

Si bien esta idea pudo tener sentido en la década de 1990, desde el cambio de milenio parece cada vez más descabellada. El sistema educativo, como herramienta de movilidad social, no cumplió sus promesas. Los procesos constitucionales para reformular la Constitución de 1991 funcionaron temporalmente para hacer comprensibles las reformas graduales como pasos hacia un acuerdo más amplio. Pero una vez que ese horizonte se cerró con las derrotas en los plebiscitos de 2022 y 2023, la lenta reforma comenzó a parecer menos un progreso y más una deriva.

El cambio decisivo no es que la redistribución haya dejado de ser importante, sino que la política parece incapaz de generar un futuro. En ese contexto, la experiencia de gobierno de Gabriel Boric se entiende como un problema de sincronización bajo restricciones. En medio del estancamiento, el endeudamiento y el cansancio institucional, la política de «seguridad» de la derecha logró ganar terreno. Para comprender cómo se desarrolló este proceso y cómo la izquierda podría reorientarse bajo el próximo gobierno de Kast, debemos echar la vista atrás a la trayectoria de Chile tras Pinochet.

El pacto

Chile salió de la era de la dictadura en 1990 con una economía muy liberalizada que debía mucho a la Escuela de Chicago. La transición democrática del país combinó una disciplina macroeconómica continuada con un aumento del gasto social. Esto dio lugar a un peculiar acuerdo de desarrollo. En lugar de volver a la sustitución de importaciones o a una estrategia industrial dirigida por el Estado, las élites buscaron la «estabilidad» mediante la preservación de partes clave del orden económico de Pinochet, además de una mayor inclusión social a través de una redistribución selectiva y programas sociales.

A medida que los indicadores comenzaron a mejorar durante la década siguiente, este pacto fue aceptado por amplios sectores de la población. Entre 1990 y 1998, el crecimiento real del PIB de Chile fue de un 7,3 por ciento anual, mientras que el PIB real per cápita aumentó una media del 5,6 por ciento anual y los salarios reales crecieron cerca de un 4 por ciento anual a lo largo de la década. La pobreza se redujo drásticamente, del 38,6 por ciento al 21,7 por ciento, mientras que la pobreza extrema cayó del 12,9 por ciento al 5,6 por ciento. Aunque estos avances no eliminaron la desigualdad ni crearon una economía de altos salarios para la mayoría de los chilenos, hicieron que el objetivo de la integración pareciera alcanzable. Parecía que el crecimiento, la estabilidad y la redistribución gradual podían darse simultáneamente.

Las implicaciones políticas fueron significativas, ya que las instituciones del país comenzaron a ejercer una autoridad real y los hogares comunes y corrientes consideraron que las dificultades que estaban atravesando eran una situación temporal y no una condición estructural.
Sin embargo, el acuerdo posterior a 1990 desplazó la promesa de movilidad hacia un canal institucional específico. A medida que el aumento de la productividad y la convergencia salarial seguían siendo desiguales, los hogares comenzaron a considerar la movilidad no como una certeza del mercado laboral, sino como un proyecto educativo. Se necesitaban credenciales para hacer realidad la perspectiva de progreso. La «masificación» de la educación superior se aceleró rápidamente durante este período. Los análisis oficiales muestran que la matriculación neta entre las personas de 18 a 24 años aumentó del 13 por ciento en 1990 al 27,5 por ciento en 2006, y luego al 30,8 por ciento en 2009.

Este aumento tuvo una doble función. Simbólicamente, representaba la inclusión, la dignidad y la promesa de una identidad profesional para la nueva generación de chilenos. Institucionalmente, funcionaba como un mecanismo de integración sustitutivo, en una sociedad en la que los derechos universales en materia de salud, pensiones, vivienda y asistencia seguían siendo limitados o segmentados. Existía una sensación cada vez mayor de que el esfuerzo educativo podía compensar las desigualdades estructurales. Así, todo el acuerdo político se basó en los beneficios de la educación.

Este era un punto de gran vulnerabilidad. Cuando la movilidad social depende de las credenciales educativas, estas se convierten naturalmente en objeto de un intenso escrutinio. Si la calidad de la oferta resulta desigual, si la absorción del mercado laboral está segmentada o si pagar la educación significa endeudarse en exceso, la situación puede volverse políticamente explosiva. En otras palabras, la educación solo puede desempeñar un papel estabilizador si sus costos no se consideran punitivos.

Fue el régimen de créditos estudiantiles de Chile el que encendió esta mecha. Creado en 2005, el Crédito con Aval del Estado (CAE) institucionalizó el acceso financiado con deuda como un pilar fundamental de la expansión. Integró la expansión de la educación superior en los circuitos financieros y redefinió el significado social del acceso, que ya no era solo una cuestión de admisión y matrícula, sino una obligación a largo plazo. Se estableció un vínculo directo entre las condiciones macroeconómicas, los balances de los hogares y la legitimidad política. A finales de 2021, una caracterización oficial de la población deudora del CAE informó de que más de un millón de estudiantes se habían acogido al plan de crédito y que la morosidad había aumentado de forma persistente desde 2015, alcanzando el 48 por ciento a finales de 2021. El mismo informe muestra que la morosidad era de alrededor del 77 por ciento entre los que no completaron sus estudios.

La apertura de la educación superior chilena, por lo tanto, no fue una simple historia de ampliación de oportunidades, sino más bien una compleja red de provisión mercantilizada y arquitectura financiera que trasladó el riesgo a los hogares. Esto creó las condiciones para una política de decepción, en la que las expectativas no cumplidas dieron lugar al resentimiento popular. Aunque este último se evitó mientras la economía siguió creciendo, acabó saliendo a la luz cuando el ciclo expansionista se ralentizó y el sueño de la integración comenzó a desmoronarse.

Estudiantes en revuelta

Esta desaceleración produjo una serie de convulsiones políticas, en 2006, 2011 y 2019, cada una de las cuales expresó la misma tensión subyacente: el acceso a la educación se estaba expandiendo más rápidamente que la capacidad para garantizar una calidad decente y asegurar los resultados deseados. En una sociedad aún organizada en torno a la oferta privatizada y el crédito, el sistema se mostró incapaz de cumplir sus promesas. Con la experiencia vivida de la movilidad social ahora mediada por los problemas de las matrículas y la deuda estudiantil, el conflicto distributivo se centró en el sector educativo.

En 2006, los estudiantes de secundaria lanzaron la llamada «Revolución Pingüino». Lo que comenzó como una serie de demandas concretas sobre cuestiones como el coste del transporte y las tasas de examen, pronto se convirtió en una crítica global de la desigualdad educativa. El movimiento volvió a situar el debate sobre la educación en la agenda nacional y puso de manifiesto las disparidades del sistema. En 2011, la atención se centró en la educación superior. Durante los dos años siguientes, las federaciones universitarias y otros actores sociales más amplios participaron en movilizaciones que apuntaban directamente a los intereses del mercado en la educación, como la provisión con fines lucrativos y la financiación de la deuda. El movimiento logró vincular los balances financieros de las familias a cuestiones más amplias de legitimidad política.

Esas dos oleadas cambiaron la base política para la siguiente década, legitimando un vocabulario de derechos sociales y aumentando las expectativas sobre el ritmo al que la política institucional debería traducirse en mejoras materiales. Esta nueva perspectiva asertiva alimentó el levantamiento social de 2019, que se desencadenó inicialmente por una subida de las tarifas del transporte público y pronto se transformó en una lucha masiva contra la desigualdad, la deuda y el alto coste de la vida. Cuando los manifestantes pidieron una reforma de la educación, la sanidad y las pensiones, exigiendo que sirvieran al público en lugar de a los especuladores, el Estado se sumió en una crisis.

La única forma de calmar la situación era iniciar un proceso constitucional que se había negociado en el Congreso. El detonante político fue el Acuerdo para la Paz Social y una Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, en el que los partidos se comprometieron a una salida institucional mediante un plebiscito con dos preguntas. Se preguntaría a los votantes si querían una nueva constitución y qué órgano debía redactarla. En diciembre de 2019, esa hoja de ruta se formalizó mediante una enmienda constitucional, la Ley 21.200. En ella se establecían las normas de funcionamiento del órgano constituyente y se fijaba la secuencia de etapas. El plebiscito, pospuesto debido a la pandemia, se celebró finalmente el 25 de octubre de 2020. La participación fue alta para los estándares de la era del voto voluntario, con un 50,9 por ciento. Ese día, la opción «Aprobado» obtuvo el 78,27 por ciento de los votos. El mecanismo de la Convención Constitucional también se impuso de manera decisiva, con el 78,99 por ciento de los votos.
Políticamente, el resultado funcionó como un mandato sustitutivo con una legitimidad cuantitativa abrumadora.

No se trataba simplemente de cambiar un texto. Se abrió una vía para reordenar el contrato social en condiciones democráticas, con un horizonte explícito de mayor igualdad. Esa expectativa se vio reforzada por el diseño institucional del propio órgano. En la elección de los miembros de la convención, celebrada los días 15 y 16 de mayo de 2021, se eligieron 155 representantes. Se aplicó la paridad de género. Se incluyeron 17 escaños reservados para los pueblos indígenas. También hubo una presencia inusualmente fuerte de listas independientes. El mensaje del mecanismo tenía dos caras. Por un lado, pretendía ampliar la base sociopolítica del proceso. Por otro lado, señalaba que el nuevo pacto no sería un acuerdo de élites, sino una producción institucional capaz de absorber las presiones y demandas de las bases.

La Convención se instaló el 4 de julio de 2021 y se abrió una intensa fase de organización y redacción. Se eligió una mesa directiva, se definieron las comisiones, se aprobaron las normas de procedimiento, se establecieron los métodos de trabajo y se fijó un calendario de deliberaciones. Desde el principio, su arquitectura combinó las aspiraciones participativas con exigentes restricciones de procedimiento.1 Entre las características más destacadas se encuentra la Ley 21.200, que estableció que las disposiciones constitucionales y las normas de votación debían ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de los miembros en ejercicio. La Convención tampoco podía modificar esos quórumes ni los procedimientos para la adopción de acuerdos. Este umbral elevado se diseñó como garantía de la amplitud multipartidista. También introdujo una tensión persistente entre la transformación y la capacidad práctica para cerrar acuerdos. Al mismo tiempo, el proceso buscaba mantener la legitimidad mediante mecanismos de participación destinados a dar importancia a la opinión de los ciudadanos. Las normas de participación pública, aprobadas por el Pleno en octubre de 2021, crearon una estructura interna con una comisión política y una secretaría técnica. También se implementaron una plataforma digital y un registro público para canalizar las propuestas. Uno de los instrumentos más visibles fue la Iniciativa Popular de Norma. Cualquier persona o grupo podía proponer disposiciones a nivel constitucional. Si una propuesta alcanzaba 15 000 firmas de al menos cuatro regiones, adquiría un estatus comparable al de una propuesta presentada por los miembros de la convención y debía ser debatida y votada. También se contemplaron las reuniones autoconvocadas, que eran espacios deliberativos organizados desde dentro de la sociedad. Se incluyó también la idea de un plebiscito dirimente, como forma de desbloquear las disposiciones que no alcanzaban los dos tercios pero sí los tres quintos en una segunda votación, aunque su viabilidad dependía de ajustes institucionales adicionales. La promesa era combinar la representación electoral con una participación efectiva, aportaciones trazables y alcance territorial. De ese modo, el texto final podría presentarse como la síntesis de una deliberación pública ampliada.

La política chilena se reorganizó en torno al momento constituyente y dio cabida a una nueva generación de líderes. Gabriel Boric llegó a La Moneda tras las elecciones presidenciales de 2021, que registraron la mayor participación electoral de la historia del país. La apuesta era canalizar el malestar a través de las instituciones, reconectar la democracia con la protección social y dar orientación política al prometido ciclo de transformaciones. Para gran parte de la coalición y el electorado de Boric, el Gobierno y la Convención parecían dos piezas de la misma ola. La esperanza era que la protesta se convirtiera en una arquitectura institucional para crear un cambio material sostenible.

Boric y el carácter vinculante de la estabilización

Boric se enfrentó a un camino difícil desde el principio. Su administración asumió el cargo mientras el ciclo constitucional aún estaba abierto, con la esperanza de que el proceso pudiera proporcionar una base renovada de legitimidad. Esa expectativa se desvaneció rápidamente. El 4 de septiembre de 2022, en el plebiscito obligatorio, el borrador de la Convención Constitucional fue rechazado por un amplio margen.2El «Rechazo» obtuvo el 61,86 por ciento frente al 38,14 por ciento del «Apruebo». La participación también fue excepcional, superior al 85 por ciento del electorado, lo que cambió el perfil del electorado efectivo en relación con la era del voto voluntario.

La derrota de 2022 eliminó el vehículo institucional que podría haber ampliado el espacio para la reforma. Ese cierre se profundizó después de que el segundo intento también fracasara. Se puso en marcha un nuevo proceso, más controlado, con bases predefinidas, una comisión de expertos y una revisión técnica de admisibilidad, que culminó en otro plebiscito. El 17 de diciembre de 2023, el segundo texto propuesto fue nuevamente rechazado. El «en contra» ganó con un 55,76 por ciento frente al 44,24 por ciento del «a favor». Dos derrotas consecutivas consolidaron un efecto de fatiga y reforzaron la lección de que las alternativas percibidas como demasiado alejadas del votante medio probablemente serían castigadas. El resultado práctico fue una lógica vinculante más fuerte de secuencia, cautela y gobernabilidad. El espacio para una redistribución ambiciosa se redujo aún más, no solo por las limitaciones macroeconómicas, sino porque el mandato simbólico de una rápida refundación había sido rechazado dos veces en las urnas.

Ese cierre político se produjo además de las restricciones macroeconómicas. El ciclo pandémico había creado una base inusualmente alta de capacidad estatal a los ojos de los hogares, al tiempo que dejaba unas condiciones macroeconómicas que requerían estabilización. En la propia planificación fiscal del Gobierno, la estrategia se organizó en torno a la convergencia hacia unos equilibrios estructurales más estrictos, con el objetivo de reducir el déficit estructural que se había ampliado durante el periodo de emergencia. En 2022, la consolidación fiscal fue dramática. Las cuentas y resúmenes presupuestarios oficiales indican que el año cerró con un superávit efectivo de alrededor del 1,1 por ciento del PIB y una disminución real del gasto público de aproximadamente el 23,1 por ciento con respecto a 2021, una contracción excepcional en las últimas décadas.

La reducción de la incertidumbre y las menores expectativas de inflación son valiosas, pero no se traducen en una mejora visible en la vida cotidiana a la velocidad que necesitan las coaliciones reformistas. Las restricciones tampoco desaparecieron tras el ajuste inicial. En 2024, los informes fiscales oficiales documentaron un déficit efectivo de alrededor del 2,9 por ciento del PIB y un déficit estructural de alrededor del 3,2 por ciento del PIB, lo que confirma que la tensión fiscal se reconfiguró en lugar de resolverse.

La inflación añadió un segundo canal, más corrosivo. La inflación anual cerró 2022 en el 12,8 por ciento y alcanzó un máximo del 14,1 por ciento en agosto de ese año. La política monetaria se volvió contractiva. La tasa de política monetaria de Chile alcanzó un máximo del 11,25 por ciento antes de descender gradualmente hasta alcanzar el 5,0 por ciento en diciembre de 2024. La desinflación protege los salarios reales a medio plazo, pero lo hace mediante instrumentos que enfrían el crédito y la inversión, con efectos desiguales sobre el empleo y la precariedad. Esto es especialmente perjudicial cuando los hogares tienen altos niveles de deuda de consumo y educativa y comparan la restricción actual con el recuerdo de las transferencias masivas durante la pandemia.

Por lo tanto, la política social operó dentro de una paradoja. Se esperaba que el Estado actuara a gran escala porque lo había hecho recientemente. El mejor ejemplo es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El IFE se creó como una transferencia extraordinaria durante la pandemia y se amplió con el tiempo, culminando en la fase IFE Universal. En julio de 2021, la comunicación oficial del Gobierno indicaba que el IFE Universal llegaba a 15.805. 563 personas y 7.676.627 hogares.

El informe resumido oficial de julio de 2021 también señalaba que el 95,8 por ciento de las personas inscritas en el registro social de hogares recibían el IFE en ese momento. En el aspecto fiscal, una cuenta oficial de Dipres informó de que el IFE costó 24.600 millones de dólares entre 2020 y 2021.

Por lo tanto, volver a los instrumentos específicos supuso un colapso de las expectativas. El Gobierno de Boric sí que puso en marcha medidas importantes. En septiembre de 2022 se activó el Copago Cero para los usuarios de Fonasa en la red pública, eliminando los copagos en la atención institucional. Los informes oficiales del Ministerio de Salud indicaron que, entre septiembre de 2022 y mayo de 2024, se beneficiaron 1 510 227 personas y el ahorro total se estimó en 202 000 millones de pesos. En septiembre de 2025, el Gobierno informó de que 1 919 190 personas se habían beneficiado directamente desde su implementación. La política salarial también cambió, de modo que el salario mínimo mensual aumentó a 539 mil pesos para los trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años.

Estas políticas abordaron los gastos sanitarios a cargo de los usuarios, respaldaron los salarios formales y protegieron a grupos específicos. Sin embargo, en el contexto de la reciente inflación, la fragilidad del mercado laboral, el endeudamiento generalizado y un entorno de cierre posconstitucional, muchos hogares percibieron estas medidas como una contención más que como una promesa creíble de mejora sostenida. En otras palabras, las políticas no pudieron reconstruir la integración de la mayoría con la rapidez suficiente bajo las restricciones de la estabilización y en las condiciones políticas creadas por dos derrotas constitucionales.

El fracaso de la reforma fiscal del Gobierno en marzo de 2023 dificultó aún más su capacidad para financiar una agenda universal más amplia. Sin nuevos ingresos permanentes, la ambición redistributiva se ve obligada a moverse en estrechos márgenes. Aunque la agenda de pensiones se aprobó en enero de 2025, sus efectos no siempre se percibieron como inmediatos. Una política que se aplica gradualmente a lo largo de varios años puede ser fiscalmente responsable y socialmente significativa, pero no lograr un alivio inmediato en el período que importa electoralmente.

Por qué ganó Kast

La victoria de José Antonio Kast en diciembre de 2025 marcó la cristalización de una larga secuencia política en la que la promesa de integración se volvió inverosímil, mientras que la experiencia cotidiana de inseguridad y pérdida de control se convirtió en el hecho político más legible. En la segunda vuelta presidencial, Kast obtuvo el 58,16 por ciento de los votos frente a Jeanette Jara, con el 41,84 por ciento con 11.367.113 votos emitidos. La magnitud del margen es importante, pero lo más significativo es lo que ese margen condensaba. Kast no ganó porque Chile se volviera de repente ideológicamente homogéneo. Ganó porque una gran parte del electorado llegó a considerar el orden, la disciplina y la aplicabilidad como las únicas promesas que aún parecían ejecutables dentro de una economía limitada y un panorama institucional fatigado.

Kast no es un recién llegado que apareció al final del ciclo. Es una figura veterana de la derecha chilena que profesionalizó su candidatura a través de la repetición, la construcción del partido y la disciplina en la agenda. Formado como abogado, construyó una carrera local temprana y más tarde ocupó el cargo de diputado durante varios mandatos. Se presentó por primera vez a la presidencia en 2017 como un outsider respecto a las coaliciones de derecha mayoritarias, luego regresó en 2021 y de nuevo en 2025. Esa trayectoria creó una marca política capaz de sobrevivir a las derrotas, absorber los agravios y normalizar un vocabulario de derecha más duro dentro de la competencia democrática. En 2021, Kast ya era capaz de liderar la primera vuelta y forzar una segunda vuelta, en la que obtuvo el 44,13 por ciento de los votos. Incluso en la derrota, ese resultado lo consolidó como algo más que un candidato de protesta. Señaló que una oferta de extrema derecha podía convertirse en un polo estable de representación, especialmente cuando el centro-derecha parecía fragmentado y la izquierda gobernante se veía obligada a adoptar una política de moderación.

El vehículo organizativo de esa oferta es el Partido Republicano de Chile. Kast fundó y lideró el partido tras romper con la antigua derecha conservadora, construyendo un partido que se posiciona como más intransigente en materia de orden público, control de la inmigración y conservadurismo cultural que la derecha tradicional que surgió del período de transición. La derecha dominante en Chile ha equilibrado históricamente la favorable actitud hacia las empresas y la ortodoxia macroeconómica con una voluntad pragmática de gobernar dentro del consenso posterior a 1990. El partido de Kast se diseñó para explotar la percepción de que este pragmatismo se había vuelto indistinguible de la inercia administrativa. Su ventaja comparativa era prometer claridad, jerarquía y rapidez, y tratar el lenguaje de los derechos no como un horizonte, sino como una fuente de desorden e indisciplina fiscal.

Kast también debe interpretarse como un producto de una infraestructura transnacional de derecha que ahora funciona como un atajo geopolítico dentro de la competencia nacional. Mucho antes de la segunda vuelta de 2025, se había integrado en redes que conectan la organización conservadora adyacente al CPAC con actores europeos y latinoamericanos. Su aparición en el CPAC Brasil junto a Javier Milei y Jair Bolsonaro, y su reunión posterior a la victoria con Milei, hicieron que esa alineación fuera públicamente legible. Su posterior gira europea como presidente electo incluyó una agenda compartida con Santiago Abascal en Bruselas, una reunión con Viktor Orbán en Budapest y una parada en Roma con Giorgia Meloni, todo ello organizado en torno a un repertorio familiar de seguridad, migración y orden.

La victoria de Kast se basó en varios mecanismos. El primero es el agotamiento de la promesa de movilidad. Cuando la expansión educativa se convierte en un sustituto de los derechos universales, puede estabilizar una sociedad muy desigual durante mucho tiempo, pero solo si los beneficios siguen siendo creíbles. Si las mejoras son lentas, parciales o administrativamente complejas, muchos votantes interpretan el retraso no como la paciencia que requiere la democracia, sino como una prueba de que el sistema no puede cumplir sus promesas.

El segundo mecanismo es el cansancio institucional tras el ciclo constitucional. La apertura constitucional que comenzó tras el levantamiento de 2019 creó un período en el que el gradualismo podía narrarse como un movimiento hacia un destino colectivo. El fracaso de ese proceso erosionó la creencia de que la política puede traducir el conflicto en acuerdos vinculantes. La consecuencia relevante es psicológica y estratégica, más que un simple rechazo de la izquierda3La autoridad estatal chilena encargada de la migración ha documentado que las entradas irregulares alcanzaron un máximo en 2021 con 56 585 casos, y luego disminuyeron en los años siguientes, incluyendo 44 235 en 2023, con nuevas reducciones registradas para 2024 Los votantes se muestran más dispuestos a cambiar horizontes ambiciosos por instrumentos de control inmediatos, recompensando lo que parece aplicable. El discurso de Kast se construye precisamente para ese entorno.

Un tercer mecanismo es el reordenamiento del miedo cotidiano en torno a la seguridad y la migración. No es necesario que un país tenga niveles catastróficos de homicidios para que la inseguridad se vuelva dominante. Las cifras oficiales de homicidios en Chile siguen siendo bajas para los estándares regionales, pero el debate público se ha visto influido por la percepción de un cambio cualitativo, la dinámica del crimen organizado y el control territorial en barrios específicos, lo que amplifica el miedo incluso cuando los promedios nacionales avanzan lentamente. En ese contexto, una política de ley y orden puede convertir ansiedades dispares en una demanda unificada. La migración se fusionó con esa demanda. En la narrativa de Kast, el problema es la pérdida de control, la solución es la reafirmación del control.

Un cuarto elemento es la forma en que la experiencia política se convierte en una ventaja en condiciones de decepción. Las repetidas candidaturas presidenciales de Kast, junto con las victorias electorales intermedias de su partido, señalaron un impulso y normalizaron su presencia. En las elecciones de 2023 para el Consejo Constitucional, el Partido Republicano de Chile obtuvo el 35,41 por ciento de los votos y veintitrés escaños, convirtiéndose en la lista más votada en esa contienda. Ese resultado sirvió como prueba de que el partido no era una reacción temporal, sino una organización duradera capaz de ganar.

En conjunto, estos mecanismos ayudan a explicar por qué la victoria de Kast fue al mismo tiempo un giro hacia la derecha y un evento sancionador. Expresó una demanda de orden que surgió del estancamiento, el endeudamiento y el cansancio institucional, y recompensó a un actor que había pasado casi una década construyendo un vehículo organizativo coherente para esa demanda. En una economía abierta con restricciones de estabilización, en un entorno posconstitucional en el que los horizontes colectivos son débiles y en un panorama social en el que el miedo y el control dominan la percepción cotidiana, la oferta ganadora tiende a ser aquella que convierte la frustración difusa en una única promesa ejecutable. Eso es lo que ofreció Kast, y por eso la victoria debe entenderse como la culminación de un ciclo más largo y no como una conversión repentina.

Estrategia socialista en una economía abierta

¿Cómo es un programa económico socialista creíble en una pequeña economía abierta como la de Chile, donde el tipo de cambio, el equilibrio externo y las expectativas financieras limitan el margen de redistribución, y donde la reproducción social se ha organizado durante décadas a través de servicios privatizados, derechos segmentados y crédito barato? Una respuesta viable debe ser compatible desde el punto de vista macroeconómico y materialmente legible.

De ello se desprenden dos lecciones políticas. La primera es que la estabilidad debe reivindicarse como parte de una estrategia de clase, en lugar de cederla a la tecnocracia conservadora. La inflación y la depreciación de la moneda castigan primero a los grupos de ingresos bajos y medios, porque aumentan el costo de los productos básicos y erosionan los salarios más rápidamente de lo que se ajustan los contratos. El pico de inflación del 14,1 por ciento en 2022 y el pico de la tasa de política monetaria del 11,25 por ciento no son solo datos macroeconómicos. Son acontecimientos distributivos con consecuencias políticas. Una estrategia socialista que trate la estabilidad macroeconómica como una mera restricción externa se percibirá como una resignación. Una estrategia que ignore la estabilidad será castigada a través de canales de inflación y depreciación que destruirán rápidamente la legitimidad popular.

La segunda es que, para la izquierda chilena, el modelo de «integración» basado en el acceso tiene un límite estructural que se vuelve fatal en situaciones de volatilidad y crisis. Cuando la inclusión está mediada por los presupuestos familiares, las condiciones crediticias y los precios de mercado, cualquier choque macroeconómico se traduce inmediatamente en estrés cotidiano, y la legitimidad se erosiona más rápido de lo que las reformas pueden repararla. El problema se agrava cuando la expansión de la política social funciona principalmente como un canal de financiación indirecta para la provisión privada, porque el aumento del gasto público puede experimentarse menos como un alivio universal que como una transferencia al gran capital privado que captura rentas en sectores esenciales. En ese contexto, la promesa de integración pierde credibilidad no solo porque es vulnerable a las crisis, sino también porque su significado distributivo se vuelve ambiguo.

Por lo tanto, una agenda para la desmercantilización de la política social en Chile debe entenderse como una transformación del costo de vida y no como una retórica doctrinal antimercado. Los ciudadanos evalúan los proyectos a través de reducciones concretas en el gasto obligatorio. La renta, el transporte, los copagos sanitarios, la energía y la asistencia son los verdaderos campos de batalla. Copago Cero es importante desde el punto de vista analítico porque señala el tipo de plataforma universal que puede reducir los gastos de bolsillo directamente a gran escala. Los 202 000 millones de pesos que, según se informa, ahorrará la política a los beneficiarios entre septiembre de 2022 y mayo de 2024 muestran la magnitud del alivio que puede generar el diseño universal cuando se aplica a través de una red pública dominante. 4Instituto Nacional de Estadísticas, 2023; Banco Central de Chile, 2024. La misma lógica se aplica a la vivienda y la asistencia. El Estado debe ampliar las plataformas universales que funcionan como opción predeterminada o como referencia reguladora que disciplina los precios privados, de modo que el gasto público se convierta en un alivio verificable en lugar de un flujo de pagos mediado a proveedores con poder de mercado.

Es poco probable que un programa de izquierda creíble en Chile se parezca a una sustitución total del sector privado. Debería parecerse a una reconfiguración gradual pero irreversible del papel del sector público. Esto significa banca de desarrollo, contratación pública y orientación de las inversiones para cambiar la estructura de la oferta que subyace al costo de la vida. Significa plataformas públicas en materia de salud, asistencia, transporte y energía que reduzcan la volatilidad de los precios y la exposición a los gastos de bolsillo. Significa endurecer la regulación en los mercados cautivos y mejorar las normas laborales que refuerzan la predistribución. Y requiere una base impositiva que pueda financiar la permanencia. El fracaso de la reforma fiscal de 2023 ilustra la fragilidad de la redistribución sin una arquitectura de ingresos estable.

Por último, la izquierda debe reconstruir un discurso de integración más allá del acceso, que no dependa de momentos excepcionales. Las transferencias por la pandemia crearon un punto de referencia que no puede replicarse de forma permanente. Por lo tanto, un proyecto sostenible debe traducir el recuerdo de la escala en un tipo diferente de permanencia. No cheques de emergencia, sino reducciones permanentes del costo de vida y mejoras permanentes en la seguridad del suministro.

Ese es el verdadero significado de la crisis chilena para la izquierda tras la victoria de Kast. El electorado no solo votó a la derecha. Votó en contra de la inverosimilitud. Reconstruir la credibilidad requiere un programa que produzca mejoras visibles en la seguridad material y que, al mismo tiempo, sea compatible con la estabilidad en una economía abierta. Sin eso, el reformismo volverá a ser castigado y la demanda de orden seguirá desplazando a la demanda de derechos.

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