As consequências econômicas da guerra

Mientras las bombas caen sobre Irán, sembrando destrucción y miseria, puede parecer fuera de lugar centrarse en las consecuencias económicas de la guerra, en particular en aquellas que afectan a sociedades alejadas del conflicto. Sin embargo, en este caso, las posibilidades de frenar la escalada dependen de los intereses contrapuestos que han sido arrastrados a ella, incluidos los de las clases dominantes en el núcleo del sistema capitalista.

La actual ola de agresión imperial ha suscitado escasa oposición por parte de estas clases, en parte porque uno de sus efectos ha sido redistribuir aún más la riqueza hacia arriba. Cuando se interrumpe el comercio del petróleo, muchos gigantes petroleros aumentan su poder de negociación, pudiendo elevar sus márgenes de beneficio mientras los compradores se apresuran a adquirir cualquier barril disponible. Esto es lo que Isabella Weber y Evan Wasner—apoyados en el concepto de Abba Lerner—, han descrito como «inflación de los vendedores«. Como han demostrado, los efectos distributivos de la crisis energética de 2022, desencadenada por la guerra en Ucrania, beneficiaron a Estados Unidos ya que las empresas con sede en ese país representaron alrededor de un tercio de los ingresos netos totales obtenidos por las empresas petroleras y gasísticas que cotizan en bolsa ese año.

Los ganadores fueron los que se encuentran en la cima: más de la mitad de los beneficios petroleros de 2022 fueron acaparados por el 1 por ciento más rico de la población de Estados Unidos, mientras que la mitad más pobre de la sociedad solo logró obtener el 1 por ciento del total. Un desequilibrio obsceno: el 50 por ciento para el 1 por ciento más rico, el 1 por ciento para el 50 por ciento más pobre. En una serie de artículos recientes escritos junto con Gregor Semieniuk, Weber ha defendido que, a falta de una respuesta política radicalmente diferente, la actual guerra en Irán está abocada a producir resultados similares. 

Sin embargo, aquí debemos hacer una pausa para considerar una cuestión relacionada. Dado que el petróleo es un sector de importancia sistémica, su precio afecta al de muchos otros bienes y servicios. Cualquier cambio influye rápidamente en la tasa general de inflación y empuja a los bancos centrales a actuar. La herramienta convencional de las autoridades monetarias—el aumento de los tipos de interés—contribuye poco a resolver la crisis energética. Se limita a trasladar la carga del ajuste hacia las clases trabajadoras, aumentando el desempleo para intentar mitigar la subida del nivel de precios.

En regiones de la periferia global como América Latina, los tipos de interés tienden a aumentar aún más (véanse las figuras a continuación), ya que los países se apresuran a defender sus monedas frente al agotamiento de la liquidez global. Allí, el impacto de la política monetaria sobre el desempleo suele ser menos pronunciado, pero los tipos de interés más altos influyen en la lucha de clases de otra manera: aumentan la parte de los ingresos que recae en los rentistas, transfiriendo cada vez más los ingresos recaudados por los sistemas fiscales regresivos hacia los ricos, al tiempo que agravan la servidumbre por deudas de la gran mayoría. Así pues, tanto en el Norte como en el Sur, las crisis petroleras conducen a una redistribución al alza de los ingresos y la riqueza, tanto directamente a través de los beneficios del petróleo, como indirectamente a través de los efectos de la política monetaria.

Explorar las repercusiones económicas de las guerras y de los choques petroleros puede permitirnos imaginar políticas alternativas—más allá del régimen de metas de inflación—que protejan a quienes se encuentran en la base y trasladen la carga hacia quienes están en la cúspide. Si tales medidas fueran implementadas, las guerras podrían dejar de ofrecer beneficios tan fáciles y elevados rendimientos financieros, y las fuerzas que las han impulsado quizá podrían debilitarse. En este artículo se analizará brevemente el razonamiento teórico que sustenta la política monetaria convencional, que tiende a ofrecer la misma solución problemática ante cualquier crisis de precios. 

En esta contribución se examina la reacción de los bancos centrales ante la crisis energética de 2022, tanto en los países ricos como en los países latinoamericanos con regímenes consolidados de metas de inflación (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, según la clasificación de la CEPAL). Esto ayudará a arrojar luz sobre nuestra actual situación, poniendo de manifiesto lo que podría suceder en los próximos meses si los Estados redoblan la apuesta por la misma estrategia.

Inflación salarial

La teoría económica dominante lleva más de medio siglo proporcionando munición para una política monetaria contraria a los intereses de los trabajadores, al centrarse en una interpretación particular de la inflación plasmada en la «curva de Phillips». En el artículo de 1958 que dio inicio a este debate, el economista A. W. Phillips no se ocupaba de la inflación de precios, sino más bien de la relación entre el desempleo y las variaciones salariales. Su análisis se centraba en un argumento muy plausible: que un bajo nivel de desempleo fortalece la posición de los trabajadores, creando condiciones favorables para aumentos salariales. «Cuando la demanda de mano de obra es alta y hay muy pocos desempleados», escribió, «cabría esperar que los empleadores subieran los salarios con bastante rapidez, ya que cada empresa y cada sector se verían continuamente tentados a ofrecer un poco más que los salarios vigentes para atraer a la mano de obra más adecuada de otras empresas y sectores». Casi un siglo antes, en El capital, Marx había destacado el mismo mecanismo, al examinar la dinámica cíclica del ejército de reserva industrial de mano de obra.

En 1960, cuando Paul Samuelson y Robert Solow bautizaron una curva con el nombre de Phillips, introdujeron una modificación crucial en su análisis. La relación que analizaron no era la existente entre el desempleo y la inflación salarial, sino más bien entre el desempleo y la inflación. La hipótesis subyacente era que, siempre que la escasez en el mercado laboral impulsara al alza los salarios nominales, las empresas simplemente trasladarían esos mayores costos a precios más altos. El poder de los trabajadores para apropiarse de una mayor parte de los ingresos se veía efectivamente contenido por el poder de mercado de las empresas. Y, lo que es más importante, se consideraba que la inflación estaba impulsada fundamentalmente por la inflación salarial.

Para aclarar las cosas, resulta útil comparar esta visión con otra opuesta, planteada por Richard Goodwin en 1967. En su modelo—un intento explícito de formalizar el análisis de Marx—partió de la regularidad empírica original de Phillips (entre el desempleo y las variaciones salariales) y prescindió de las variaciones de precios. Como resultado, durante los períodos de auge, cuando el ejército de reserva industrial de mano de obra se agota, los trabajadores reducen los beneficios. La crisis que se produce a continuación restablece el excedente de población y, con él, los beneficios. Los ciclos económicos, según esta interpretación, son ciclos de rentabilidad y desempleo.

En las economías capitalistas contemporáneas, abstraerse por completo de la inflación—como hizo Goodwin—resulta engañoso, ya que las luchas distributivas se reflejan, al menos en parte, en las variaciones de precios. Sin embargo, Samuelson y Solow fueron demasiado lejos en la dirección opuesta, al descartar la posibilidad de que los trabajadores incrementaran sus salarios reales, con lo cual ignoraron las reducciones cíclicas de las ganancias. Al hacerlo, sentaron las bases para el argumento de que la política antiinflacionaria que actúa a través del mercado laboral no perjudica a los trabajadores, ya que sus intentos de presionar por salarios más altos resultarían inútiles: los aumentos salariales nominales serían completamente absorbidos por la inflación.

Samuelson y Solow escribían en una época en la que los macroeconomistas creían que su principal reto era garantizar el pleno empleo. La sombra del desempleo masivo de la década de 1930 y sus consecuencias políticas—el fascismo, ante todo—aún se cernían con fuerza. Con su Curva de Phillips, sugirieron que el pleno empleo era alcanzable, pero que podía tener un coste en términos de inflación. Los responsables políticos, afirmaban, tenían un «menú de opciones«: bajo desempleo con mayor inflación, o baja inflación con mayor desempleo.

A finales de la década de 1960, Milton Friedman y Edmund Phelps cuestionaron esta visión, alegando que, una vez que los gobiernos comenzaran a aprovechar ese menú, las expectativas de inflación se ajustarían y la propia inflación subiría aún más. Su trabajo marca el momento en que los macroeconomistas abandonaron el pleno empleo como objetivo. A partir de entonces, la mayoría aceptó que mantener el desempleo cerca de su «tasa natural«, como la denominaba Friedman, era el único objetivo real. Se consideraba que cierto nivel de desempleo era inevitable o, al menos, no estaba sujeto a la política macroeconómica. Para reducir dicha «tasa natural», los gobiernos tendrían que recurrir a otras medidas, principalmente recortando los derechos laborales. Este cambio de política sería una de las características clave del neoliberalismo: la política económica debía centrarse en la estabilidad de precios, más que en el pleno empleo, y la política de empleo implicaba reformas estructurales de las instituciones del mercado laboral.

Un efecto poco señalado sobre el giro propuesto por Friedman respecto a la política monetaria fue la consolidación de una visión limitada de la inflación, heredada de Samuelson y Solow, según la cual esta se debe simplemente a la inflación salarial. El sistema de objetivos de inflación que se impuso en la década de 2000—es decir, el régimen de política monetaria en el que los bancos centrales modifican los tipos de interés para intentar alcanzar un objetivo predefinido de tasa de inflación—adoptó precisamente esta teoría. Desde esta perspectiva, cada vez que la inflación aumenta, incluso si está impulsada, por ejemplo, por una crisis del petróleo procedente del extranjero, la única solución posible es aumentar el desempleo para reducir la inflación salarial y, de este modo, volver a llevarla hacia su objetivo.

En un influyente análisis, Olivier Blanchard y Ben Bernanke afirmaron que «la inflación de la era pandémica se debió principalmente a las interrupciones en el suministro y a los fuertes aumentos de los precios de los alimentos y la energía». Sin embargo, las implicaciones políticas que extraen parecen curiosamente ajenas a esto: «devolver la inflación de precios al objetivo puede requerir un período de desempleo ligeramente más alto». Aunque se niegan a ver la reciente inflación como un clavo, no pueden evitar argumentar que lo que se necesita es el proverbial martillo de las subidas de tipos de interés que provocan desempleo.

Si la inflación fuera causada habitualmente por mercados laborales ajustados, los objetivos de inflación funcionarían bastante bien en sus propios términos. Pero ahora que la inflación es mucho más a menudo el resultado de perturbaciones en la oferta—geopolíticas o relacionadas con el clima—los límites de la teoría tradicional de la inflación son aún más evidentes, y la necesidad de teorías y políticas alternativas es más acuciante. Se podría empezar por examinar los cuatro factores diferentes que impulsan la inflación, como han sugerido Lance Taylor y Nelson Barbosa-Filho: los costes salariales, los beneficios, los precios de importación y los impuestos indirectos.

Una vez que la inflación es interpretada desde esta perspectiva, podemos imaginar una variedad de políticas para abordar las crisis del petróleo u otras perturbaciones de los precios, haciendo frente a la emergencia y abordando sus causas más profundas: desde gravar los beneficios extraordinarios hasta nacionalizar el sector energético, desde controles de precios selectivos hasta una descarbonización planificada. La cuestión se convierte entonces en un asunto político: ¿cómo se repartirá el mayor coste del petróleo entre los trabajadores, las industrias consumidoras de petróleo, las empresas petroleras y el Gobierno? No hay una respuesta fácil en el contexto de nuestras sociedades adictas al petróleo. Sin embargo, una combinación de políticas cuidadosamente diseñada podría atenuar de forma plausible el impacto de las crisis sobre los más vulnerables, al tiempo que aumenta la resiliencia a largo plazo de la economía y aborda la crisis climática.

Culpar a la víctima

Volvamos a 2022. ¿Cómo afrontaron los países ricos la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania y las posteriores sanciones a Rusia? Ante el aumento de la inflación con respecto al año anterior, como consecuencia de las interrupciones en el suministro provocadas por la COVID-19, los bancos centrales intentaron inicialmente esperar a que la situación se resolviera por sí sola, con la esperanza de que se produjera un rápido cambio de tendencia. Sabían que su herramienta habitual—los tipos de interés—no era la más adecuada para la tarea que tenían entre manos. Y temían que subir los tipos de interés en medio de la frágil recuperación pospandémica pudiera desencadenar una caída repentina de los precios de los activos que amenazara la estabilidad financiera. De hecho, tras más de una década comprando activos en grandes cantidades para evitar la deflación cuando los tipos de interés habían alcanzado el llamado límite inferior cero, los bancos centrales se encontraban ahora ante otra burbuja de activos y se vieron obligados a actuar como creadores de mercado de último recurso.

En ese momento, sin embargo, un poderoso bloque deflacionista movilizó a los halcones de la inflación para empujar a las autoridades monetarias a actuar. Argumentaban que una reacción lenta de los bancos centrales podría desanclar las expectativas de inflación, que se habían mantenido firmemente estables gracias a décadas de adhesión al régimen de metas de inflación. Una vez que se pierde ese anclaje, los precios y los salarios tenderían a dispararse, repitiendo episodios como la estanflación de la década de 1970, y el control de la inflación se vería comprometido. Más allá de gestionar las expectativas, sostenían, sería necesaria una política monetaria restrictiva para contener los efectos de segunda ronda derivados del aumento del precio del petróleo y evitar su propagación al conjunto de la economía.

Estos argumentos técnicos ignoraban en general la ineficacia del tipo de interés como herramienta. Sin duda, unos tipos más altos en Nueva York, Londres y Fráncfort no pondrían fin a la guerra en Ucrania y, por lo tanto, no abordarían la fuente última de la inflación. Tampoco tendrían un efecto significativo sobre la demanda de energía que pudiera moderar el aumento de los precios. (De hecho, una investigación reciente del FMI concluyó que los países con objetivos de inflación no obtuvieron mejores resultados que los que no los tenían en 2022-23, a pesar de haber «endurecido la política monetaria de forma más rápida y decisiva»). Por lo tanto, insistir en una política monetaria restrictiva como respuesta a una crisis de oferta implicaba, en esencia, gestionar una media: dado que no se esperaba que los precios del petróleo y el gas bajasen, para volver a situar la inflación en el objetivo era necesario que los precios de otros bienes y servicios se redujeran en términos reales.

Se suponía que esta reducción debía lograrse a través del mercado laboral: aumentando el desempleo y reduciendo el poder de negociación de los trabajadores, de modo que ellos asumieran la carga mientras que los márgenes de beneficio quedaran en gran medida protegidos, en consonancia con el marco teórico analizado anteriormente. Era poco habitual que esta estrategia de desinflación se reconociera abiertamente, ya que sus efectos son, por naturaleza, impopulares, pero hubo excepciones. En 2022, Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, declaró que los trabajadores debían contribuir al esfuerzo de desinflación moderando sus reivindicaciones salariales. Sin «moderación en la negociación salarial», afirmó, la inflación «se descontrolará». ¿Culpar a la víctima?

Sin duda, los gobiernos no dejaron la tarea exclusivamente en manos de los bancos centrales, como hubieran deseado los economistas convencionales. En cambio, en muchos países se introdujo un conjunto de medidas para amortiguar el golpe. Tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea se impusieron límites máximos a los precios de la energía, y Westminster los financió en parte mediante los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras. Sea como fuere, los defensores de la lucha contra la inflación acabaron imponiéndose y estas políticas se combinaron con la habitual subida de los tipos de interés.

A mediados de 2023, poco más de un año después del inicio de la guerra en Ucrania, el tipo de interés oficial en Estados Unidos y el Reino Unido subió de poco más del cero al 5 por ciento, un nivel que no se alcanzaba desde el periodo previo a la crisis financiera de 2008. En la zona del euro, el tipo de interés oficial alcanzó un máximo del 4 por ciento: una cifra sin precedentes desde la introducción del euro. Los efectos sobre el mercado laboral eran previsibles: en Estados Unidos la tasa de desempleo siguió una tendencia al alza a partir de 2023, mientras que en el Reino Unido continuó la trayectoria ascendente que había comenzado el año anterior. Los responsables de los bancos centrales volvieron a hacer que Friedman y Phelps se sintieran orgullosos, utilizando los instrumentos contundentes a su disposición para disciplinar a las clases trabajadoras.

El paraíso de los rentistas

Esta abrupta contracción monetaria marcó el inicio de una fase bajista en el ciclo financiero mundial. En momentos como este, tal y como argumentaba Adam Tooze, la política monetaria se ve sujeta a un «efecto de arrastre«: «Una vez que la Reserva Federal toma medidas y el dólar se fortalece, los demás países o bien suben sus tipos de interés o se enfrentan a una fuerte devaluación, lo que aviva aún más la inflación». Esta vez, sin embargo, asistimos nada menos que a «la endurecimiento de la política monetaria más exhaustivo que ha visto el mundo».

Los países latinoamericanos que se rigen por objetivos de inflación actuaron de forma decisiva. En Perú y Chile, las tasas de política monetaria, que se habían situado por debajo del 1 por ciento tras la pandemia de COVID, aumentaron hasta alcanzar, respectivamente, el 7,75 por ciento y el 11,25 por ciento en 2023. En Brasil y Colombia, el nivel mínimo posterior a la pandemia había sido algo más elevado—2 por ciento y 1,75 por ciento, respectivamente—, mientras que el endurecimiento monetario llevó las tasas por encima del 13 por ciento en 2023. En México, el aumento fue del 4 por ciento al 11,25 por ciento. En cierto sentido, la estrategia pareció funcionar, aunque con un enorme costo fiscal y distributivo. Mientras que el dólar se apreció a nivel mundial en 2022, alcanzando un «máximo de 20 años«, el real brasileño, el peso mexicano y el sol peruano se desmarcaron de la tendencia, fortaleciéndose frente al dólar. En Chile y Colombia, la moneda se depreció, pero en menor medida que en muchas otras economías periféricas. Al haber evitado depreciaciones masivas, estas economías latinoamericanas cosecharon los beneficios en términos de sus tasas de inflación. Entre 2021 y 2022, la tasa de inflación media cayó en Brasil, subió solo moderadamente en México y Perú, y alcanzó los dos dígitos únicamente en Chile y Colombia.

En los países ricos, se espera que el aumento de los tipos de interés oficiales desincentive el endeudamiento de las empresas y los consumidores, reduciendo la demanda y debilitando el mercado laboral. En la periferia, por su parte, los tipos de interés estructuralmente más altos, los mercados de crédito segmentados y el papel relativamente más restringido que desempeña el endeudamiento hacen que este canal de transmisión sea por lo general más débil. La política monetaria espera influir en la inflación principalmente a través del tipo de cambio, gestionando las entradas y salidas de capital. De hecho, según las estimaciones de la CEPAL, la desinflación se produjo tanto en Brasil como en México sin que se produjera una desaceleración de la producción entre 2022 y 2024. En Colombia y Chile, por el contrario, la depreciación empujó la demanda a la baja, reduciendo la inflación de la forma habitual. (Perú fue la excepción en este caso, ya que evitó la depreciación pero se enfrentó a una desaceleración de la producción).

¿Es posible, por tanto, afirmar que en el caso de Brasil y México la política monetaria no trasladó los efectos negativos de la crisis a los trabajadores? En realidad, no. La redistribución al alza en este caso no fue impulsada por capitalistas que se aprovechan de la debilidad del mercado laboral, sino por rentistas que aumentaron sus ingresos a través de sus carteras de bonos del Estado y la expropiación de los trabajadores endeudados. (En las economías periféricas, el mercado laboral tiende a ser estructuralmente más débil que en las economías centrales, dada la mayor proporción de contratos de trabajo precarios y la informalidad generalizada. La cuestión es simplemente que el endurecimiento monetario de 2022-23 no debilitó el mercado laboral de forma significativa con respecto a 2021).

Regularmente se supone que un aumento de los tipos de interés tiene un impacto negativo en los activos de quienes poseen deuda pública, ya que reduce el valor de mercado de los bonos existentes con tipos prefijados. Sin embargo, en el caso de Brasil, no solo una parte significativa de los bonos públicos tiene tipos variables, lo que significa que se ven favorecidos por el endurecimiento monetario; el mantenimiento estructural de tipos de interés extraordinariamente altos también crea abundantes oportunidades para que los ricos se apropien de una parte cada vez mayor de los ingresos fiscales. De tal forma, en las economías financieramente subordinadas, cuando la política monetaria logró defender el valor de la moneda tras la crisis de 2022, los trabajadores fueron expropiados tanto directa como indirectamente por la clase rentista, aunque se haya preservado el mercado laboral. Estas economías latinoamericanas solo podrán desarrollar métodos menos perjudiciales para hacer frente a las crisis de precios si gestionan sus cuentas de capital de manera que reduzcan su vulnerabilidad frente al ciclo financiero mundial.

Ormuz y los ricos

¿Podemos esperar que el año 2026 sea como el 2022 en relación con la inflación y la redistribución? La magnitud del impacto provocado por los bloqueos del estrecho de Ormuz parece ser mayor que la causada por la guerra en Ucrania. El alcance de su impacto depende de cuánto duren los bloqueos y de cómo actúen los responsables políticos a esta perturbación. En cuanto a los precios, la comparación es inevitable: tan pronto como comenzaron los ataques en marzo, el precio del petróleo se disparó por encima de los 100 dólares, tal y como ocurrió en 2022. Y no se trata solo del petróleo: la grave perturbación también ha afectado al suministro de gas natural, fertilizantes, aluminio, helio, azufre y muchas otras materias primas.

El aumento de los precios volverá a plantear la cuestión de si el régimen convencional de metas de inflación está a la altura de las circunstancias. Si los bancos centrales deciden que lo está, es probable que pongan fin a la actual flexibilización monetaria iniciada en 2024 y, una vez más, trasladen la carga a los trabajadores, sin abordar ni la urgencia inmediata ni sus causas profundas.

En América Latina, mucho depende de los mercados de divisas. Incluso economías como la de Brasil y México, que podrían beneficiarse de los precios más altos obtenidos por sus exportaciones de petróleo, se verían afectadas si la crisis provocara un cambio de tendencia en el ciclo financiero mundial. Hasta ahora, las monedas brasileña y colombiana se han apreciado, pero la peruana se ha depreciado ligeramente. Las turbulencias en los tipos de cambio y las depreciaciones más significativas se han limitado a Chile y México. Si los bancos centrales del Norte optan por la contracción, es probable que las presiones de depreciación se extiendan por toda la región, y los bancos centrales suban los tipos de interés, canalizando los ingresos fiscales ganados con tanto esfuerzo hacia los rentistas, mientras que los pobres pagan la factura de otra “guerra lejana”.