El limbo argentino

La rotunda victoria electoral de Javier Milei en octubre de 2025 transformó el panorama político argentino. Lo que parecía ser un gobierno vacilante, consumido por los escándalos y las tensiones cambiarias, se convirtió en la consolidación del poder del mandatario argentino, contra todo pronóstico. Su partido, La Libertad Avanza, duplicó su representación parlamentaria y ganó proyección nacional, imponiéndose en quince provincias. Ese inesperado respaldo de las urnas —concedido más por el agotamiento social y el miedo al caos que por un entusiasmo genuino —permitió al gobierno libertario avanzar con una contrarreforma laboral de una brutalidad sin precedentes, desmantelando protecciones históricas y flexibilizando el mercado laboral con la aquiescencia de una oposición fragmentada y de un sindicalismo mayoritariamente pasivo, que en muchos casos parece concebirse a sí mismo como mero administrador de prestaciones para un núcleo cada vez más reducido de trabajadores formales.

Todo esto ocurre en un escenario de profunda crisis económica, donde el desempleo comienza a ser un problema estructural, el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones se desploma y la precariedad laboral se ha vuelto la norma para millones de personas. En un contexto donde cualquier poder es frágil y la legitimidad se construye sobre arenas movedizas, el siguiente análisis reconstruye el camino que llevó a este punto crítico. Más que la consolidación de un poder absoluto, este triunfo se siente como una «segunda oportunidad» otorgada por una sociedad que, aunque golpeada por una crisis económica que parece no tener fin, no encontró una alternativa clara en la oposición. 

Hoy, el liderazgo de Milei se apoya en un equilibrio de fuerzas muy particular: la alianza pragmática con los gobernadores, el “guiño” del poder económico local y un respaldo estratégico de Estados Unidos que mira a la región con los viejos ojos de la Doctrina Monroe. Lo que este resultado electoral nos confirma es que la vieja forma de hacer política en Argentina ha cambiado. Ya no se busca el consenso a través de grandes partidos y extensas alianzas, sino la construcción provisoria mediante una polarización constante y negociaciones directas con sectores fragmentados. Sin embargo, detrás de esta foto de victoria, queda la duda de si este resultado es una solución definitiva o si solo ha logrado maquillar, por un tiempo, las profundas grietas que aún atraviesan al país.

Menos votos, más poder

En los comicios de octubre de 2025, La Libertad Avanza alcanzó el 40,2 por ciento de los votos a nivel nacional, consolidándose como la primera minoría frente a un peronismo que, pese a competir con listas fragmentadas, retuvo un piso cercano al 32 por ciento. Estos resultados sentencian la inviabilidad de terceras vías, reduciendo el tablero político a una confrontación binaria que define los términos de la disputa hacia las presidenciales de 2027. Al aglutinar el voto antiperonista—una identidad reactiva y transversal a una parte de la sociedad argentina—, Milei ha logrado sostener su base y desplazar a las otras fuerzas de derecha,  incluido el PRO, partido liberal-conservador del expresidente Macri (2015-2019), cuyo apoyo fue fundamental para el balotaje de 2023. Mientras tanto, el peronismo se confirma como la única fuerza con músculo real para dar la pelea, a pesar de sus propias dudas y tropiezos estratégicos.

Sin embargo, este triunfo encierra una paradoja central. Entre aquel balotaje de 2023 y las legislativas de 2025, el oficialismo perdió más de cinco millones de votos, pasando de 14,5 a 9,3 millones. El 60 por ciento del electorado no se identifica con el mileísmo: un 32 por ciento votó a la oposición y cerca del 34 por ciento se expresó mediante una abstención récord, la más alta desde el retorno de la democracia en 1983. Esto permite inferir que lo que observamos no es el afianzamiento ideológico de un proyecto con más retórica que prestaciones, sino una «segunda oportunidad» condicionada que revela una crisis de legitimidad estructural. En este contexto, la estrategia libertaria consiste en operar como una minoría intensa que capitaliza la fragmentación ajena y la creciente desconexión de la sociedad con la política profesional.

En términos concretos, a partir de diciembre de 2025, el espacio libertario no solo duplicará su presencia en la Cámara de Diputados, sino que también ampliará significativamente su bancada en el Senado. Allí, se renovaba un tercio de las bancas en 8 de los 23 distritos electorales del país. En la Cámara Baja, donde todas las jurisdicciones tenían cargos en juego, el peronismo (Fuerza Patria) mantuvo 45 de sus 46 bancas. Provincias Unidas, una alianza de gobernadores que buscó constituirse como tercera vía, logró tan solo siete bancas, mientras que el Frente de Izquierda obtuvo cuatro. Este resultado electoral fortalece, sin duda, al gobierno, ya que bajo la nueva conformación del Congreso, tiene la posibilidad de blindar los vetos a sus iniciativas de ajuste y ampliar su capacidad para marcar la agenda parlamentaria, tal y como lo demostró con la aprobación del presupuesto general hacia finales de año y la reducción presupuestaria en materia de ciencia, educación y universidades. 

Territorialmente, el mileísmo ha trascendido su origen metropolitano para nacionalizarse, imponiéndose en 15 de las 24 jurisdicciones. Este avance resulta particularmente significativo en el Conurbano bonaerense y en los grandes centros urbanos del interior, como Córdoba, Mendoza y Rosario. La geografía electoral de La Libertad Avanza amalgama dos realidades sociales contrastantes: por un lado, sectores precarizados y clases medias empobrecidas donde el rechazo a la «casta» canaliza la frustración de quienes han visto pauperizar su calidad de vida velozmente en la última década. Esto es especialmente significativo entre jóvenes que ya no encuentran en el peronismo una herramienta de ascenso social. 

Otro bastión del apoyo electoral a Milei son los corredores productivos en áreas de agro-servicios, donde prima un ideario anti-impuestos y una demanda de «orden» pro-mercado. La ruptura con el pasado peronista parece ser la única salida posible a los problemas históricos de ambos sectores, y La Libertad Avanza la única fuerza capaz de llevarla a cabo. De ahí el acierto del eslogan de campaña: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

La nacionalización de la marca libertaria 

No obstante, esta alianza de clases es precaria y se sostiene fundamentalmente en la incapacidad de la oposición para articular una alternativa creíble y en la desafección masiva hacia la política. Pero pese a esta apatía evidente, pocos comicios de medio término habían generado tanta especulación, tantas narrativas cruzadas y tanto nerviosismo en los medios y en la clase política. En medio de la indiferencia de buena parte de la población, los círculos de poder, los medios y el universo más politizado percibían esta elección como un parteaguas cuyo resultado podría o bien poner fin al ciclo político de Milei—y desencadenar turbulencias económicas de consecuencias inciertas—o bien relanzar su gobierno, como efectivamente sucedió. 

Esta inquietud tiene su fundamento en la notoria transformación del sistema de partidos y del sistema político que sufre Argentina a raíz de la irrupción libertaria y cuyo desenlace aún está abierto. El contraste con el pasado fue el eje central de la campaña libertaria; sin embargo, para lograr un alcance nacional, Javier Milei debió cimentar su armado político en alianzas pragmáticas con poderes locales. Este proceso de nacionalización fue liderado por Karina Milei, señalada como la estratega principal y responsable de tejer acuerdos coyunturales en cada provincia. La confección de las listas priorizó tanto a figuras ajenas a la política tradicional como a perfiles técnicos desconocidos, una apuesta que capitalizó con éxito el persistente clima antipolítico y los bajos niveles de participación electoral.

Esta expansión de La Libertad Avanza (LLA) supuso una reconfiguración del mapa partidario y de los mecanismos históricos de construcción política en Argentina. Mientras que el peronismo y el radicalismo—las dos grandes estructuras partidarias del siglo XX—operaron durante décadas sobre redes territoriales sólidas y una militancia masiva, hoy estos modelos se perciben como vestigios ineficientes de un pasado distante. La Libertad Avanza, fundada apenas en 2021, rompió con esa tradición: sin gobernadores, sin estructura territorial previa y con una representación legislativa mínima, alcanzó la victoria en 2023, erigiendo a Milei como el primer presidente auténticamente outsider de la historia argentina.

Pese a esta debilidad estructural, Milei ha demostrado una notable osadía política para forjar acuerdos de gobernabilidad y proyectar su fuerza hacia las elecciones de medio término, apoyándose en el carisma y la trascendencia nacional de su figura. Esto ha implicado una profunda alteración del discurso público, en el que el oficialismo se posiciona como la ruptura definitiva frente a un pasado calificado de populista, corrupto o «woke», acusado de haber conducido al país a la ruina económica.

2025, el vertiginoso año libertario

Lo que hace sorprendente el resultado electoral de 2025 es el camino sinuoso que recorrió el oficialismo para llegar hasta allí. El propio Milei planteó los comicios como un plebiscito sobre su gestión, una apuesta que, hasta el día anterior, parecía casi suicida. Cabe recordar que el 2024 había sido un año dorado para Milei, dado que su gran propaganda consistía en haberle puesto un freno de mano a la inflación—aunque el precio fuera un ajuste brutal y un peso sostenido artificialmente—.  En contraste, durante todo el 2025 el gobierno avanzó entre errores, daños autoinfligidos y un pantano de escándalos y torpezas mediáticas, atrapado en su propia retórica y ante números económicos que encendían varias alarmas. 

En el mes de febrero surgió el escándalo de la criptomoneda Libra, promovida públicamente por Milei en sus redes sociales, lo que impulsó una fuerte suba, seguida, en cuestión de minutos, de un colapso que dejó a más de 1.000 damnificados y pérdidas de unos 280 millones de dólares. La caída derivó en denuncias penales y pedidos de juicio político en Argentina y Estados Unidos, donde se investiga si el presidente participó en una maniobra fraudulenta. En abril comenzaron a producirse turbulencias en el tipo de cambio, y el gobierno tuvo que acudir a un préstamo del Fondo Monetario Internacional por 20 mil millones de dólares para sostener el valor del peso y armar un esquema para salir de los controles de cambio que había heredado de las administraciones anteriores.

Este préstamo consolidó a Argentina como el mayor deudor del FMI, al concentrar un abrumador 34 por ciento del crédito total del organismo; tras la aprobación en 2025 de un nuevo paquete de 20 mil millones de dólares, la deuda total asciende a 65 mil millones de dólares, una cifra que supera incluso a la de naciones en conflicto bélico como Ucrania. Al mismo tiempo, este préstamo revela la existencia de un reciclaje de tecnócratas en la gestión del estado, ya que, como bien observa María Haro Sly, el equipo económico de Milei “no representa una nueva y audaz vanguardia, sino un grupo de tecnócratas ya conocidos, provenientes de experimentos neoliberales anteriores, muchos de los cuales culminaron en crisis estrepitosas.”

Este mal año del presidente se agravó en julio, cuando comenzó una puja de vetos y rechazos de decretos en el Congreso, lo que complicó la gobernabilidad y la iniciativa política del oficialismo. Otro gran escándalo sucedió en agosto, cuando salieron a la luz audios en los que se denunciaba que Karina Milei, hermana del presidente y principal operadora política de La Libertad Avanza, cobraba sobornos a los prestadores de servicios y de medicamentos del Estado. Y en septiembre, otro más, cuando se conoció que su principal candidato en la Provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, estaba siendo financiado por un narcotraficante con un pedido de extradición desde los Estados Unidos Este conjunto de escándalos alcanzó su momento más crítico dos días antes de las elecciones con la renuncia de dos ministros de su gobierno.

Cabe considerar que el problema más complejo se presentó en el frente en el que el gobierno se consideraba más fuerte: el económico. En las semanas previas a los comicios, nuevas tensiones cambiarias impulsaron el valor del dólar al alza y provocaron micro-devaluaciones del peso, lo que puso en riesgo el programa antiinflacionario. Esta dirección económica, piloteada por el ministro de Economía, Luis Caputo, no se fundamenta en la ortodoxia liberal de contener la emisión monetaria, sino en la estrategia de abaratar artificialmente la divisa quemando las reservas en dólares del Banco Central en el mercado cambiario local.

¡Es la inflación, estúpido!

​​Para el programa macroeconómico del gobierno, contener la apreciación del dólar, bajar la inflación y estabilizar la macroeconomía significan básicamente lo mismo, por lo que la volatilidad del tipo de cambio es un factor político de primer orden. El problema es que esta política antiinflacionaria se basa en la disponibilidad de reservas en dólares del Banco Central, por lo que cuando estas empiezan a escasear, el nerviosismo crece. Y tal cosa es lo que sucedió días antes de la elección, cuando los mercados y la población comenzaron a ponerse nerviosos ante la escalada del valor del dólar y su posible traslado a precios, lo que amenazaba con una aceleración inflacionaria y el retorno de viejos traumas, en particular el de la hiperinflación de 1989. Como señala Mercedes D’Alessandro, la pérdida de poder adquisitivo con el solo correr de las horas marcó la experiencia vital de una sociedad que, en la década siguiente, pagó muy alto el costo de la estabilidad monetaria: congelamiento salarial, destrucción de la industria, privatizaciones, endeudamiento externo y aumento del desempleo. Sin embargo, cada promesa de “orden macroeconómico” sigue siendo, hasta la actualidad, un mensaje que combina temor y esperanza futura.

Por ello, para la mayoría de los argentinos, la inflación sigue siendo la vara principal con la que se mide el éxito o el fracaso de su gestión, y es ahí donde el gobierno encontró su mayor fortaleza. En octubre de 2025, el índice mensual de 2,3 por ciento y un anual de 31,3 por ciento contrastaron con fuerza frente al fantasma del 160 por ciento que había dejado el gobierno peronista de Alberto Fernández (2019-2023). Esta «victoria» provisoria sobre los precios también le permitió a Milei conservar una parte vital del apoyo popular—incluso cuando el bolsillo de la gente sentía el rigor del ajuste—, disciplinar a la oposición y absorber completamente buena parte del espacio de centro y a toda derecha.

Sin embargo, esta política macroeconómica, centrada en contener la inflación mediante el control del tipo de cambio, tiene profundas consecuencias en la microeconomía. En el último año, las ventas minoristas bajaron más del 26 por ciento y el consumo masivo, un 7,5 por ciento interanual, y en algunas áreas llegó a casi el 17 por ciento, lo que empujó a la economía hacia un escenario de estancamiento con inflación. Aunque la inflación mensual descendió de forma acelerada en bienes de consumo, este logro tuvo un alto costo social: salarios y jubilaciones quedaron rezagados y se profundizó la desigualdad. Al mismo tiempo, el sector industrial registró niveles de capacidad ociosa similares a los de la pandemia y la desocupación comenzó a convertirse en un problema estructural.

Esta obsesión con la inflación no es solo política o económica, sino también social, y es aquí donde se evidencian las fortalezas y los límites del programa de Milei. La moneda es mucho más que un instrumento comercial; es el andamiaje simbólico que sostiene la relación de confianza entre la ciudadanía y el Estado. Representa la posibilidad de planificar el futuro y constituye el signo primordial de la organización social. En el contexto actual, el peso ha logrado recuperar sus funciones como unidad de cuenta y medio de cambio, pero aún no se ha convertido para la ciudadanía en una reserva de valor confiable. Las expectativas de intercambio en pesos se han calmado, pero no así las de ahorro, que siguen subordinadas a la cotización del dólar, lo que deja al peso como una herramienta para el presente, pero incapaz de vertebrar una visión de largo plazo.

“Yankees come home”

Entonces, fue en este contexto caótico que, asfixiado por el incremento casi diario del dólar, el gobierno debió recurrir a la ayuda de Donald Trump y del Departamento del Tesoro estadounidense en una maniobra tan inesperada como efectiva. El acuerdo estableció una línea de intercambio de divisas (swap) de hasta 20 mil millones de dólares entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Tesoro, que además adquirió bonos argentinos. Estos fondos se destinaron, por un lado, al pago de vencimientos con el FMI y, por otro, a intervenciones cambiarias para frenar la escalada del dólar en el mercado informal y reducir drásticamente la volatilidad antes de las elecciones. Se trató de uno de los paquetes de asistencia directa más grandes jamás concedidos por Estados Unidos a América Latina, así como de una intervención explícita en la política electoral de un país extranjero pocas veces vista.

Este pacto con Washington funcionó como un salvavidas electoral para el gobierno libertario, sin el cual difícilmente habría llegado con competitividad a los comicios. La alianza se cimentó tanto en la afinidad ideológica como en el interés geopolítico estadounidense de contener la expansión de China en la región a través de su principal socio local. A su vez, el entendimiento derivó en un nuevo marco de cooperación comercial en el que Argentina se comprometió a facilitar el ingreso de productos estadounidenses—desde fármacos y tecnología hasta maquinaria y vehículos—, con contrapartidas hasta ahora poco claras por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, la geopolítica de este pacto apunta al desplazamiento de China de la región, que se convirtió en el principal destino de exportación de soja y carne argentina en 2024‑2025. Por ello, la  presión de Washington para desenganchar a Buenos Aires de la influencia china puso en cuestión también la arquitectura material de la balanza comercial argentina.​ En un primer momento las entidades rurales celebraron la baja de las retenciones a las exportaciones, bajo la sospecha de que un alineamiento demasiado rígido con Trump podría poner en riesgo la relación con su principal comprador. Para un país que exporta a China fundamentalmente commodities agroindustriales, existe una amenaza creíble de un desvío de comercio por parte de China hacia otros proveedores “más confiables”, como Uruguay o Brasil. Pero, finalmente, la victoria electoral transformó esa posible desconfianza del sector en un alineamiento incondicional con el gobierno libertario.

La racionalidad del voto exhausto

Bajo tales consideraciones, el interrogante persiste: ¿cómo logró entonces ganar la elección? En primer lugar, es necesario tener en cuenta el temor al riesgo inminente de una crisis mayor provocada por la disparada del dólar y la vuelta de una inflación que desorganiza la vida cotidiana de los trabajadores. El voto a Milei bien pudo estar dictado por cierto pánico de una sociedad agotada por una crisis que lleva más de 10 años y que cada vez reduce más el margen para la subsistencia de las familias. El temor de que el peso se devalúe, los salarios pierdan aún más poder adquisitivo y el precio de la canasta básica se dispare, puede haber operado una racionalidad de corto plazo en el electorado.

Si bien en Argentina menos del 5 por ciento de la población económicamente activa opera con divisas de forma regular, existe una percepción generalizada de que cuando el dólar sube, los ciudadanos se empobrecen un poco más, pues el valor real de sus ingresos se erosiona. En este sentido, la campaña de Milei se concentró en alimentar este temor, mostrando que si no era confirmado en las urnas, podría advenir un caos económico con consecuencias impredecibles. En una población con márgenes cada vez más estrechos, esta psicología del día a día no es menor. En definitiva, el voto a Milei se mostró como una garantía de que el lunes posterior al domingo electoral no estallaría todo por los aires.

Al mismo tiempo, en estas elecciones parece haber primado una voluntad de darle una segunda oportunidad al gobierno. Un sentimiento que está en consonancia con la percepción de que un cambio de rumbo a mitad de camino exigiría más energía de la que una sociedad exhausta está en condiciones de aportar. Si consideramos el rotundo fracaso de los dos gobiernos anteriores—el liberal de Mauricio Macri (2015-2019) y el peronista de Alberto Fernández (2019-2023)—y la desorientación de la oposición para articular una agenda propia, no resulta extraño que buena parte de la población haya optado por refrendar provisoriamente al oficialismo.

El peronismo: entre la nostalgia y el laberinto

Si bien la inflación dejó de ocupar el centro de las preocupaciones, la calidad de vida ha empeorado durante este período. Desde la llegada del nuevo gobierno, los salarios reales sufrieron una fuerte contracción que supera el 15 por ciento y, en algunos sectores—como determinados trabajadores estatales—, se acerca al 40 por ciento. Estas pérdidas salariales se registraron en un contexto de deterioro general de las fuentes de ingresos de los hogares. En particular, las jubilaciones y pensiones—que absorbieron una parte sustancial del ajuste del gasto público—experimentaron una reducción significativa: en términos reales, el haber mínimo vigente es un 7,2 por ciento inferior al de noviembre de 2023 y acumula una caída superior al 25 por ciento respecto de diciembre de 2017. Paralelamente, la economía informal se ha detenido debido a la caída de la actividad económica y, como señalamos, el desempleo se está convirtiendo en un problema cada vez más grave en el modelo libertario.

La oposición peronista ha sido incapaz de capitalizar el descontento social generado por este contexto. Su falta de propuestas concretas durante la campaña reveló un temor no declarado en público: el profundo rechazo social provocado por la gestión de Alberto Fernández, marcada por la inflación, la falta de iniciativa y diversos escándalos. El resultado del 26 de octubre confirmó este declive; bajo el sello Fuerza Patria, el espacio cayó al 31,7  por ciento a nivel nacional y perdió bastiones históricos como la provincia de Buenos Aires. Aunque conserva las bancadas más numerosas en el Congreso, el peronismo ha perdido su capacidad de bloqueo parlamentario autónomo de la que gozaba hasta ahora. 

Esta derrota evidencia que el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner ya no basta para cohesionar al movimiento. Esto desató la consolidación de un bloque de gobernadores peronistas que se cuentan entre los principales sostenes políticos del gobierno de Milei, otorgando a sus representantes parlamentarios la facultad de aprobar o vetar leyes en negociaciones individuales. Actualmente, el espacio peronista enfrenta un reordenamiento entre un kirchnerismo debilitado, el peronismo disperso de los distritos nacionales sin proyección nacional y el peronismo de la Provincia de Buenos Aires. Este último intenta reorganizarse bajo la figura de Axel Kicillof, actual gobernador y representante del ala progresista.A su vez, fuerzas sociales ligadas al peronismo como el sindicalismo, naufragan sin poder intervenir en esta constelación. El debate oscila entre la resistencia frontal a las reformas de Milei y una adaptación pragmática de cara a las nacionales del 2027. El desafío central sigue siendo resolver el acertijo económico de cómo estabilizar el país y recuperar el crecimiento—estancado desde 2011—sin recurrir a ajustes brutales ni al caos inflacionario. Lo cierto es que aquellos años “dorados” de crecimiento con inclusión y recuperación de las capacidades estatales, apalancados por el precio internacional de las commodities, que se vivieron durante el kirchnerismo (2003-2014), hace tiempo que son un recuerdo muy lejano y su evocación nostálgica seduce muy poco.

La motosierra ideológica 

¿Qué se puede esperar tras una victoria clara pero aún frágil? En primer lugar, es seguro que el gobierno acelerará su agenda conservadora y antifeminista. Esta postura se materializó en medidas simbólicas y legislativas, como la declaración de 2025 como el «Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad», o el impulso de proyectos para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Este hito del movimiento feminista enfrentará seguramente un nuevo asedio en 2026, amparado en la nueva configuración parlamentaria y en el fortalecimiento de alianzas con sectores religiosos.

En este marco, hay que considerar la aparición en la política de grupos evangélicos, que ya cuentan con ocho bancas afines. Si bien el peso de este espacio está muy lejos de la densidad y capilaridad que tiene en Brasil, el hecho de que más del 15 por ciento de la población profesa esta fe lo convierte en un factor social considerable. A pesar de ello, no es claro que esto tenga una traducción al plano político, ya que no existe un bloque evangélico o una estrategia confesional unificada, ni tampoco es claro que los feligreses de estas iglesias definan sus opciones políticas con base en sus creencias religiosas.

Lo que resulta innegable es que la aguja política en Argentina se ha movido hacia posiciones cada vez más drásticas. Ejemplo claro de esto fue el discurso de Milei en Davos, que no fue solo un evento aislado, sino el lanzamiento de un manifiesto global contra lo que él denomina la «izquierda woke», una batalla cultural que no se queda en los atriles. Esta ofensiva ha bajado a la realidad con acciones directas: desde la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad hasta el recorte de programas críticos para las víctimas de violencia de género. En este nuevo mapa de poder, las universidades y los organismos científicos también han quedado en la línea de fuego. El gobierno los ha señalado como usinas de «adoctrinamiento» comunista, transformando en nuevos enemigos a desmantelar lo que antes eran pilares de inclusión y ascenso social.

La ofensiva contra el trabajo

La victoria electoral ha impulsado al gobierno para emprender las reformas estructurales que ambiciona. En particular, tres reformas económicas que desde hace tiempo están sobre la mesa: la laboral, la tributaria y la previsional. Esta avanzada tuvo su hito más notorio a comienzos de este año con la sanción de la Reforma Laboral, una ofensiva brutal y sin precedentes contra el trabajo, los sindicatos y los mecanismos de protección laboral. Esta nueva legislación contó con el apoyo de buena parte de la oposición que, entre oportunismo, falta de reacción y desprestigio, acompañó una medida que lleva a otro nivel el desmantelamiento neoliberal de los resguardos sociales. El gobierno libertario esgrimió un argumento simple y refutado en múltiples ocasiones: que la flexibilización laboral permitirá la creación de empleo formal, en una situación de recesión y caída de las ganancias.

Nuevamente, el discurso libertario responde a la demanda de los sectores empresarios promercado que buscan reducir las cargas impositivas y, al mismo tiempo, lo presenta como solución para los segmentos de la población empobrecida y precarizada. En concreto, la llamada “Ley de modernización laboral” introduce cambios sustantivos en la Ley de Contrato de Trabajo y modifica el régimen de negociación colectiva. Según el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, la profundidad de esta reforma debe medirse en tres puntos neurálgicos: 1) la transferencia de recursos del trabajo al capital, 2) el debilitamiento de los sindicatos y los cambios en el derecho a la huelga; 3) los cambios en la Ley de Contrato de Trabajo que fortalecen el poder de los empleadores y la disciplina laboral. 

Algunas precisiones sobre la reforma que dan una idea de su radicalidad. La nueva ley introdujo un cambio de paradigma en las indemnizaciones por despido mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). En el nuevo esquema, la parte empleadora aporta mensualmente un porcentaje del salario (entre el 1 y el 2,5 por ciento, dependiendo del tamaño de la empresa), pero se compensa con una reducción equivalente en las contribuciones que hoy financian el sistema público de seguridad social. En la práctica, los despidos de las empresas privadas se pagarían con recursos que serán tomados del sistema público de seguridad social (ANSES) lo que profundizará la desfinanciación de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, y reducirá los seguros médicos sindicales. Esto ocurre en un contexto en el que jubilados y jubiladas se movilizan cada miércoles para reclamar un aumento en sus ingresos, y que, con esta reforma, se volverá aún más difícil atender. 

Otro punto crucial de la reforma es el cambio de los convenios laborales que ahora serán realizados por empresa y no por rama, lo que fragmenta las negociaciones salariales, aumenta el poder de los empleadores y destruye el poder de los sindicatos. La ley también elimina el principio de “ultraactividad”, que garantiza la vigencia de los convenios colectivos vencidos hasta la firma de uno nuevo, para evitar que las condiciones laborales queden sin regulación durante períodos de conflicto o de negociación. 

Este principio ha sido un importante mecanismo de defensa de las condiciones de trabajo, al garantizar la estabilidad de las protecciones y regulaciones laborales en situaciones cambiantes o en negociaciones estancadas. La ley promueve un recorte que roza lo antidemocrático del derecho a la huelga. Por un lado, se amplía el número de actividades consideradas “esenciales” (sin que ello implique un reconocimiento de ningún tipo) y, por lo tanto, con posibilidades limitadas de ir a huelga. Se les exige a los sindicatos que el llamado a la asamblea no afecte el desarrollo de las actividades laborales y que cuente con la autorización del empleador en relación con horarios y duración. 

Otros cambios relevantes se centran en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo, en particular en la organización del tiempo de trabajo, las indemnizaciones y las licencias. El proyecto libertario propone una mayor flexibilidad en el régimen de vacaciones, que podrán fraccionarse en períodos mínimos de una semana y otorgarse en cualquier momento del año. La implementación del denominado “banco de horas” y la reorganización de los horarios según las necesidades productivas constituyen otra novedad a favor del capital. La idea del “banco de horas” consiste en acumular horas de trabajo que se compensan a posteriori con días de descanso, lo que implica abolir el régimen de horas extras. Como aspecto novedoso, el proyecto de ley incluye un capítulo específico para el trabajo en plataformas que, en la práctica, no amplía derechos, pero que responde regresivamente a una problemática específica de un segmento de trabajadores. 

Enmarcada en los discursos de «modernización» y «competitividad», la iniciativa gubernamental resucita una premisa de dudosa solidez empírica: la idea de que la desregulación del mercado de trabajo es un paso obligado para la creación futura de puestos de calidad. Sin embargo, la evidencia reciente contradice este postulado. Desde el comienzo de la gestión de Milei, el empleo asalariado en el sector privado no ha mostrado signos de recuperación. Por el contrario, se registra una merma superior a 280 mil puestos formales. Paralelamente, han ganado terreno las ocupaciones más inestables, como el trabajo autónomo y por cuenta propia, frecuentemente mediadas por aplicaciones digitales. Este fenómeno ha ido de la mano del aumento de asalariados que, a pesar de tener un empleo registrado, se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y de la extensión del pluriempleo como única vía para afrontar la crisis. Lejos de disminuir el desempleo estructural, la pérdida de derechos y la creciente precarización han exacerbado la incertidumbre laboral.

La debilidad del enfoque flexibilizador no es solo práctica, sino también conceptual. Desde la perspectiva de la economía ortodoxa, el desempleo es una distorsión originada por salarios elevados o por trabas normativas. No obstante, esta visión omite la función orgánica que desempeña la desocupación en el sistema capitalista. Siguiendo la clásica noción de «ejército industrial de reserva» de Marx, un conjunto de trabajadores desocupados o subempleados actúa como un mecanismo de presión que disciplina a quienes aún conservan su empleo, limitando su poder de negociación. Lejos de ser una imperfección que el mercado tiende a corregir, esta reserva de mano de obra es un engranaje clave para la acumulación. En este sentido, el propósito medular de la reforma no es fomentar el empleo, sino profundizar ese control. Al abaratar los costos del despido, erosionar la negociación colectiva y multiplicar las figuras contractuales precarias, se otorga al capital un mayor margen de acción. La amenaza latente de quedar desempleado o de sufrir un deterioro de las condiciones laborales constituye, así, una eficaz herramienta de disciplinamiento social.

Un capitalismo a dos velocidades

Para buena parte de la clase trabajadora, la flexibilización ya es una realidad cotidiana: la informalidad alcanza al 43,2 por ciento de los trabajadores y el incumplimiento de los derechos laborales básicos se ha vuelto moneda corriente. En este contexto, la advertencia de que un gobierno de ultraderecha “viene por tus derechos” choca con la experiencia cotidiana de millones de personas para quienes esos derechos dejaron de ser efectivos hace tiempo. Ese desfase explica, en parte, por qué sectores que hoy no llegan a fin de mes ven caer su poder adquisitivo y padecen la precariedad estructural, consideran plausible “probar algo nuevo” y dan su voto al experimento “libertario”. 

El modelo económico de Milei está asentado en un combo antiinflacionario que combina el control (no declarado) del tipo de cambio, el ajuste fiscal, la contención de los salarios, la apertura de las importaciones y la reducción de impuestos para las grandes fortunas. Sin embargo, esta desinflación está anclada en una fuerte política ortodoxa de ajuste fiscal y monetario que ha provocado una caída drástica del consumo, los salarios y las jubilaciones, a la vez que ha encarecido el país en dólares, afectando al turismo receptivo, mientras se favorece el turismo emisivo de los sectores con capacidad de ahorro.

El modelo promueve una «reestructuración reaccionaria» del capitalismo local, virando hacia una economía de servicios y de exportación primaria intensiva en energía (Vaca Muerta), minería (litio) y agroindustria. A través de incentivos como el RIGI, se prioriza la atracción de capital transnacional y grandes grupos locales, ofreciéndoles seguridad jurídica y facilidades para la remisión de utilidades, acompañada de narrativas fantasiosas como las de convertir a Argentina en el “cuarto polo mundial de IA” mediante la producción energética. Este diseño posiciona a los inversores externos como los grandes ganadores, mientras que el empresariado de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMe) y las trabajadoras y trabajadores enfrentan el cierre de empresas, la pauperización salarial y el aumento del desempleo.

Repolitizar la precariedad

Para sostener este esquema frente al descontento social, el gobierno complementa su política económica con violencia y represión del conflicto social, lo cual ya ha sido advertido por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El deterioro de la calidad de vida dio lugar a múltiples luchas, protestas y movilizaciones en todo el país. El cierre de empresas o la reducción de personal multiplicó las situaciones de conflicto y generó intensas manifestaciones de miles de trabajadores despedidos, aunque, en general, se mantuvieron desarticuladas entre sí, en un contexto marcado por la desorientación y la pasividad de la Confederación General del Trabajo. 

La Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTQI+, realizada el 1 de febrero de 2025 en repudio al discurso del presidente en el Foro de Davos, no produjo el quiebre esperado ni logró consolidarse como un espacio de resistencia a largo plazo, aunque sí mostró una gran capacidad de movilización en una coyuntura particular. En todo caso, han habido algunas protestas que lograron gran atención y adhesión popular por su fuerte carácter simbólico en el imaginario de la clase media argentina: las movilizaciones de jubilados, trabajadores de universidades y del Hospital Garrahan (uno de los hospitales pediátricos más prestigiosos de Latinoamérica), así como las protestas contra los recortes en los subsidios por discapacidad. Esto muestra que la lucha social todavía está activa y que el gobierno está muy lejos de gozar de la capacidad hegemónica de la que se jacta.

Por ello, una agenda de resistencia frente a la avanzada libertaria no puede limitarse a esperar pasivamente el desgaste provocado por errores o por la crisis. La resistencia existe y el clima de protesta no se ha calmado, pero se encuentra desarticulado y carece de una representación sólida en el ámbito político. Cualquier freno a este proyecto excluyente requiere reconectar la movilización social con la representación política; es en esa articulación renovada entre sindicatos, partidos y movimientos donde reside la clave para torcer una historia aún no decidida.