Régimen de imposición

El 30 de septiembre, cientos de agentes federales realizaron una redada en un complejo de 130 apartamentos en el barrio de South Shore, en Chicago. Tras descender desde un helicóptero Black Hawk, los agentes, armados con rifles, lanzaron granadas aturdidoras, derribaron puertas y sacaron a los residentes de sus apartamentos, atándolos y deteniéndolos durante horas. La operación, que aparentemente tenía como objetivo un supuesto bastión de la banda venezolana Tren de Aragua, se saldó con treinta y siete detenciones, en su mayoría de inmigrantes venezolanos. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó unas dramáticas imágenes en las redes sociales junto con un pie de foto ominoso: «A todos los extranjeros ilegales delincuentes: la oscuridad ya no es su refugio. Los encontraremos». Más tarde, el DHS admitió que solo dos de los detenidos pertenecían realmente a alguna banda.

La redada de South Shore es un microcosmos del nuevo régimen impuesto por los partidarios de la línea dura en materia de inmigración del DHS, el Departamento de Justicia y la Casa Blanca. Las comunidades afectadas por esta campaña de represión conocen bien sus características, desde el uso indiscriminado de la fuerza hasta el abandono del debido proceso, pasando por acusaciones vacías de criminalidad y violencia teatral. Las consecuencias de estas tácticas están bien documentadas: un veterano atacado y arrastrado a una oficina local del ICE en Portland; la candidata al Congreso Kat Abughazaleh tirada al suelo fuera de un centro de tramitación de inmigración en Chicago; un ciudadano mexicano tiroteado mortalmente mientras huía de los agentes del ICE; un hombre de 79 años empujado violentamente por agentes de la Patrulla Fronteriza; el contralor de Nueva York Brad Lander y el alcalde de Newark Ras Baraka arrestados por agentes del ICE bajo falsos pretextos. Y ahora, el brutal asesinato de Renee Nicole Good en Minneapolis, seguido de los intentos de la administración Trump de difamarla como «terrorista doméstica».

Las medidas represivas y las operaciones de choque y pavor del ICE se llevan a cabo junto con redadas más rutinarias, en las que los algoritmos de reconocimiento facial y los caprichos de los agentes —en lugar de la situación legal, los documentos de identificación o el proceso judicial— deciden cada vez más quién es detenido y deportado. Dado que la oposición pública a la agencia alcanza su punto álgido en muchas ciudades, vale la pena detenerse a preguntarse si este aterrador espectáculo representa algo realmente nuevo. Desde una perspectiva, el actual régimen de aplicación de la ley refleja métodos tradicionales de la política estadounidense, acentuados por la guerra global contra el terrorismo, que incluyen la interiorización de la frontera en el territorio continental de Estados Unidos, la vigilancia policial racializada, el uso de la deportación contra enemigos ideológicos y las frecuentes invocaciones de emergencias o estados de excepción mal definidos.

Sin embargo, estos mismos métodos se han transformado en las últimas décadas por las culturas organizativas de extrema derecha que operan dentro del Estado. La segunda administración Trump los ha aprovechado para crear una fuerza policial nacional omnipotente, con sede en el DHS y dotada de enormes recursos por el «One Big Beautiful Bill». Al reconfigurar las líneas de autoridad y distorsionar las funciones de las agencias, está planteando un desafío existencial a los términos de orden existentes que rigen los derechos de los no ciudadanos, al tiempo que convierte la ciudadanía en sí misma en una categoría más flexible. ¿Cómo debemos entender esta última mutación del aparato de seguridad interna creado por la administración Bush, ampliado por Obama y mantenido por Biden? ¿Qué dinámicas institucionales están impulsando la escalada de la guerra contra los migrantes?

Para responder, primero debemos examinar el programa de inmigración de Trump hasta la fecha: hasta qué punto el marco existente ha sido remodelado por este reciente aumento de las detenciones y deportaciones. A continuación, podemos analizar cómo las propias agencias sentaron las bases para este proyecto durante las últimas décadas, a medida que se transformaban en actores rebeldes con sindicatos cada vez más radicalizados, lo que contribuyó al avance de la extrema derecha a nivel nacional.

Ofensiva interior

La primera medida del Gobierno en la transformación de la policía federal consistió en eliminar sistemáticamente las barreras legales e institucionales para la aplicación de la ley de inmigración. Las medidas ejecutivas desmantelaron las agencias de control, expusieron datos y espacios sensibles a las autoridades de inmigración, ampliaron la expulsión «acelerada» e ignoraron el debido proceso para los residentes legales y los ciudadanos. Millones de personas han quedado inelegibles para las audiencias de fianza y asilo, mientras que se ha revocado el estatus de protección temporal (TPS) a un grupo tras otro. Estas medidas se produjeron junto con una ruptura con la tendencia de quince años de alejamiento de la aplicación de la ley en el interior. El ICE ha desplazado ahora su atención de la frontera entre Estados Unidos y México a las grandes ciudades, aumentando la tasa de detenciones en el interior a un ritmo alarmante, y los datos del Gobierno muestran que el ICE está en camino de deportar a más de 300 mil no ciudadanos este año.1Muchos comentaristas han señalado que los datos recientes del Gobierno deben considerarse poco fiables e imposibles de verificar. Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Nacional de Inmigración, señala que un comunicado de prensa del DHS de diciembre en el que se presumía de 605 mil «deportaciones» desde enero está (<)a href='https://x.com/ReichlinMelnick/status/1983226102521712752'(>)inflado(<)/a(>) artificialmente por las devoluciones administrativas en la frontera y las salidas autodeclaradas mediante la aplicación CBP Home, ninguna de las cuales constituye una «expulsión» formal. No obstante, una cifra más realista reflejada en un informe de agosto sugiere que las expulsiones en el primer año de Trump han superado con creces la media anual de (<)a href='https://bipartisanpolicy.org/article/interior-enforcement-under-the-trump-administration-by-numbers-part-one-removals/'(>)218(<)/a(>) mil expulsiones internas durante el primer mandato de Obama.

Estos ataques institucionales se complementaron con nuevas inversiones masivas en el aparato de control interno. El verano pasado, el emblemático proyecto de ley nacional de Trump destinó la asombrosa cifra de 171 mil millones de dólares al control de la inmigración hasta 2029. Un vistazo a las partidas presupuestarias revela la magnitud de la inversión: 46 mil millones de dólares para completar el muro fronterizo; 45 mil millones para ampliar los centros de detención de inmigrantes; 18.200 millones para instalaciones e iniciativas fronterizas; y 30 mil millones además del presupuesto base de 9.600 millones del ICE para reforzar las operaciones de deportación y expulsión. El presupuesto anual del ICE se triplicó hasta alcanzar unos 28 mil millones de dólares hasta 2029, lo que lo convierte en la mayor agencia federal encargada de hacer cumplir la ley del país.2Esta cifra aumentará a 30 mil millones de dólares anuales si se aprueba el presupuesto del presidente para el año fiscal 2026

La legislación resolvió la inminente «crisis de liquidez» del ICE, al tiempo que aumentó su ejército de abogados, funcionarios de deportación y otro personal de apoyo. Reforzó los vínculos materiales que conectan a las agencias de control de la inmigración de Estados Unidos como grupo de interés con las industrias de defensa, tecnología y prisiones privadas, y ahora promete involucrar más profundamente a la policía estatal y local de los distritos cooperativos en la labor de control de la inmigración.

El DHS no perdió tiempo en hacer uso de los nuevos fondos. Se anunciaron una serie de generosos incentivos de contratación, entre los que se incluyen la condonación de préstamos estudiantiles y una bonificación por firma de 50 mil dólares, para facilitar la contratación de 10 mil nuevos agentes del ICE.3Los solicitantes de la Patrulla Fronteriza también reciben incentivos de hasta 30 mil dólares, dependiendo de su destino. En octubre, el ICE tenía dificultades para examinar a más de 150 mil solicitantes en su proceso de contratación. Suponiendo que se cumplan los objetivos de contratación federales, el número total de agentes de deportación del ICE aumentará de 6 mil a 16 mil, mientras que los agentes de la Patrulla Fronteriza pasarán de unos 20 mil a 23 mil. Estos aumentos se ajustan en gran medida a la historia de las agencias de aumentos periódicos de financiación en momentos en que la política fronteriza ocupa los titulares; sin embargo, marcan una nueva era para el equipo de Ejecución y Retirada (ERO) de ICE, cuyo nivel de personal se había estancado desde el anterior aumento de la aplicación de la ley en el interior bajo los mandatos de Bush y Obama.

Los registros de gasto federal muestran que, en octubre, el ICE también había aumentado el gasto en armas en un 600 por ciento en comparación con 2024, principalmente en armas pequeñas y blindajes. Otros 25 millones de dólares en contratos se han destinado a software de reconocimiento facial y vigilancia para localizar y detener a la creciente lista de objetivos de la agencia. Estas inversiones reflejan no solo una fuerza en expansión, sino también una fuerza cada vez más militarizada y tecnificada, que planifica operaciones sostenidas en ciudades estadounidenses. Se ha convertido en una práctica habitual que los agentes de inmigración y los agentes federales aliados utilicen tácticas de control de multitudes, como gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y balas de goma, junto con una fuerza física excesiva para «controlar»a los manifestantes y detener a los objetivos no ciudadanos.

De la cantidad a la calidad

Aunque las cifras anteriores son impresionantes desde cualquier punto de vista, el cambio aquí no es meramente cuantitativo. El nuevo régimen de aplicación de la ley fusiona a las fuerzas del orden federales y a otro personal en un todo interoperativo, centrado en las deportaciones masivas y la vigilancia ideológica. La Casa Blanca ha destinado al menos 33 mil empleados federales adicionales a las funciones del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB), procedentes del Departamento de Justicia, la Oficina de Prisiones, la Administración para el Control de Drogas, el FBI, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Los empleados de la FEMA ahora tienen la tarea de clasificar miles de solicitudes de empleo del ICE, mientras que los fondos de emergencia de la agencia han sido desviados para financiar los campos de detención. Un informe publicado en diciembre por los demócratas del Senado muestra que se han desviado 2 mil millones de dólares de los fondos del Pentágono para la aplicación de la ley de inmigración. El número de agentes de inmigración adjuntos es aún mayor si se cuentan las tropas de la Guardia Nacional que ocupan ciudades estadounidenses o la policía local que ha sido incorporada a los grupos de trabajo de inmigración.

Estas medidas ya han comprometido otras obligaciones del DHS, incluidas las más alineadas con las justificaciones morales de la propia administración para las deportaciones masivas, como la lucha contra las redes de tráfico de drogas o de personas con fines sexuales. Incluso los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia encargada de tramitar las solicitudes de ciudadanía, asilo y permisos de trabajo, se han transformado en un brazo ejecutor, sin reparos en detener incluso a los inmigrantes cuando acuden a las ceremonias de naturalización.

La represión también se beneficia de la flexibilidad que desde hace tiempo existe en las competencias del ICE y de la propia Patrulla Fronteriza. En teoría, la jurisdicción del ICE es el «interior» —cárceles, lugares de trabajo y comunidades—, mientras que la de la CBP es la «frontera». Sin embargo, en la práctica, sus actividades a menudo se solapan. Mientras que Biden envió rápidamente recursos del interior a la frontera, Trump ha desviado recursos de allí para impulsar las expulsiones en el interior. Esto no solo permite disponer de mano de obra adicional, sino que los agentes de la Patrulla Fronteriza también pueden operar con poca transparencia o supervisión, disfrutando de una autoridad especial para interrogar y detener a personas dentro de una amplia «zona fronteriza» de 100 millas ocupada por más de 200 millones de personas. En otras palabras, mientras la situación en la frontera se mantenga tranquila, esta fluida interoperabilidad permite a ambas agencias centrar sus esfuerzos al interior.

Los datos sobre detenciones indican el alcance total de este aumento. Cuando se desglosan las cifras de detenidos por agencia de detención, vemos que la proporción de detenciones del ICE aumentó del 28 por ciento del total de detenidos en enero al 82 por ciento al 13 de diciembre. Los mismos datos muestran que el número total medio de detenidos alcanzó los 50 mil en junio, una cifra que no se veía desde 2019, y superó los 65 mil a finales del año pasado, la más alta de la historia.

Hasta ahora, los nuevos detenidos han sido hacinados en lo que ya era un sistema extenso de centros de detención mal mantenidos y improvisados, superando con creces la capacidad máxima de 41.500 personas justificada por el presupuesto anterior del ICE. Si bien se estima que los 45 mil millones de dólares de financiación adicional ampliarán la capacidad de detención en «al menos 116 mil camas», es poco probable que estos recursos mejoren las condiciones de los reclusos. El trato atroz está integrado en el diseño institucional del sistema de detención. Dado que los procedimientos de inmigración pueden durar meses o incluso años, las audiencias de fianza suspendidas están canalizando ahora a más detenidos hacia centros de detención ya superpoblados. Esto, a su vez, supone una mayor presión para los equipos de gestión de la custodia y servicios sanitarios del ICE. Supuestamente responsables de mantener los estándares de detención y administrar la asistencia médica, tienen un largo historial de negligencia y abuso, que sin duda se agravará a medida que los socios con ánimo de lucro del ICE se apresuren a contratar personal para las prisiones privadas en rápida expansión.

Las nuevas líneas de financiación también han marcado el comienzo de una era de federalismo en materia de inmigración. El ICE depende en gran medida de la cooperación de las oficinas policiales estatales y locales para realizar su trabajo (de ahí la frustración expresada por el «zar de la frontera», Tom Homan, con las medidas de las ciudades santuario). Programas como los acuerdos 287(g) crean esos vínculos entre el ámbito federal y el local, subvencionando los costes de detención y facultando a las autoridades locales para realizar detenciones por motivos de inmigración. En la práctica, estas iniciativas multiplican los posibles lugares —como controles de tráfico, espacios públicos y cárceles— en los que una persona puede encontrarse con las autoridades de inmigración. Además de los 10 mil millones de dólares en reembolsos para los «estados fronterizos», otros 3.500 millones de dólares en reembolsos estatales y locales hasta 2029 están permitiendo a los estados cooperantes invertir en la aplicación de la ley de inmigración. La avalancha de recursos podría financiar miles de iniciativas de control en condados republicanos con escasos recursos económicos, con al menos 730 nuevos acuerdos firmados desde enero de 2025. 4Esto supone un total de 866, frente a los 135 acuerdos activos al final del año fiscal 2024. Muchas localidades han (<)a href='https://www.americanimmigrationcouncil.org/fact-sheet/287g-program-immigration/'(>)tenido dificultades(<)/a(>) en el pasado debido a la insuficiencia de los reembolsos federales por los gastos de policía y detención generados por estas asociaciones federales. Para poner esta cifra en perspectiva, los condados de Mecklenburg y Alamance, en Carolina del Norte, gastaron 5,3 y 4,8 millones de dólares respectivamente en su primer año de funcionamiento del programa 287(g), mientras que en el condado de Prince William, en Virginia, los costes anuales de control de la inmigración, que ascendieron a 6,4 millones de dólares, obligaron a la ciudad a aumentar los impuestos sobre la propiedad y a recurrir a un fondo de reserva.

Redefiniendo la criminalidad

En abril, Homan intentó chantajear a las ciudades prometiendo más detenciones colaterales si las autoridades locales no cooperaban con el ICE: «Las ciudades santuario van a obtener exactamente lo que no quieren: más agentes en su comunidad porque… ahora tenemos que enviar a todo un equipo a buscar al malo». Esta oferta era claramente falsa. La idea de que las ciudades santuario podían escapar del ICE sacrificando a los inmigrantes «delincuentes» se veía contradicha tanto por las asombrosas cuotas de deportación de la administración Trump —estadísticamente imposibles sin detenciones de personas no delincuentes— como por el alto porcentaje de detenidos sin antecedentes penales. De las personas detenidas y encarceladas por el ICE desde principios de octubre, el 72 por ciento no ha cometido ningún delito. Muchos más detenidos han sido atrapados en la mira por infracciones menores, como multas de estacionamiento o cargos no violentos relacionados con drogas. Las recientes amenazas de la administración de «desnaturalizar» a los ciudadanos nacidos en el extranjero por motivos ideológicos sugieren que los actos de protesta o desobediencia civil podrían significar pronto la deportación de decenas de millones de estadounidenses.

Esto forma parte de un intento sistemático más amplio de redefinir la criminalidad para implicar a un mayor número de inmigrantes y activistas, por ejemplo, ampliando la definición legal de «terrorismo» para incluir diversas formas de disidencia política, o designando el fentanilo como «arma de destrucción masiva». Junto con estos juegos de palabras, el nuevo régimen de aplicación de la ley ha adoptado una visión más amplia del trabajo policial en materia de inmigración. Como se jactó un director de campo del ICE en un evento de contratación en Arlington el año pasado, lo que diferencia a la agencia de otras fuerzas del orden es que «[el ICE] es experto en impedir que se creen víctimas… impedimos que las cosas sucedan… antes de que sucedan».

La «criminalidad» ha sido durante mucho tiempo el eje conceptual de las contradicciones del sistema de inmigración. Durante décadas, los legisladores proinmigración lograron reformas parciales separando a los inmigrantes «malos» de los «buenos», aplicando a los primeros duras sanciones penales o la deportación, mientras aumentaban la entrada de los segundos. Este enfoque tenía dos ventajas: en primer lugar, las medidas legislativas contra los inmigrantes «delincuentes» permitían a los responsables políticos aplicar políticas de inmigración expansionistas a costa de los derechos de los no ciudadanos; en segundo lugar, otorgaba a los ejecutivos una mayor discrecionalidad administrativa para utilizar las deportaciones como moneda de cambio política: aumentando o disminuyendo la tasa en función de lo que resultara conveniente en un momento dado. Este acuerdo convenía a los empresarios que dependían de los migrantes, ya que les permitía seguir teniendo acceso a una gran reserva de trabajadores no ciudadanos. Sin recurso a la ley, los más de nueve millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos están en gran medida bajo el poder de los empleadores.

Esta dinámica profundizó la división legal entre ciudadanos y no ciudadanos en las décadas previas a la guerra contra el terrorismo. A partir de entonces, las nuevas inversiones en seguridad fronteriza permitieron que las agencias de inmigración florecieran como incubadoras irresponsables de una agenda de extrema derecha dentro del DHS. Esta es la base sobre la que se ha construido la administración Trump. Ahora que el capital organizado ya no ejerce una influencia moderadora sobre la política de inmigración, sino que favorece los recortes fiscales, la desregulación y los acuerdos secretos sobre la aplicación de la ley de inmigración, las fuerzas que ahora manejan la maquinaria del Estado han abandonado el statu quo de la aplicación selectiva de la ley y han dado un giro hacia una estrategia de deportaciones masivas. Para comprender plenamente esta transición, debemos examinar más de cerca la política institucional del ICE y la Patrulla Fronteriza, tal y como se ha desarrollado desde la era Bush en adelante.

Agencias rebeldes

La supervisión laxa y los controles internos débiles han plagado al DHS desde su fundación. Más allá de llevar a cabo políticas públicamente controvertidas, como la separación de familias, los agentes de la Patrulla Fronteriza se han visto implicados en numerosos escándalos, entre ellos secuestros y violencia sexual, uso irracional de la fuerza, abusos de menores, publicación de mensajes racistas en páginas privadas de redes sociales y corrupción generalizada.

La crisis de disciplina es una consecuencia del estado de seguridad interna que se reformó para satisfacer las exigencias de la guerra contra el terrorismo. Como ha documentado el periodista de investigación Garrett Graff, la rápida expansión del ICE, que pasó de 9 mil agentes antes del 11-S a 21 mil durante la presidencia de Obama, provocó una drástica reducción de los criterios de contratación, mientras que la CBP careció de un proceso coherente de asuntos internos hasta 2014. Un informe de ProPublica señala que las investigaciones por conducta indebida se convirtieron en una competencia entre «los supervisores locales de la CBP; la unidad de asuntos internos de la CBP a nivel nacional; el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional; la oficina de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional; y, en ciertos casos, el FBI y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos». El propio departamento de asuntos internos de la CBP, con falta de personal, no estaba preparado para manejar el creciente volumen de investigaciones disciplinarias de la agencia.

La ausencia de rendición de cuentas coincidió con una crisis de autoridad en el DHS. Si bien tanto el ICE como la CBP se han beneficiado de la remodelación del estado de seguridad por parte del DHS, sería erróneo considerar a estas agencias como beneficiarias pasivas de las reformas puestas en marcha por la guerra contra el terrorismo. En todo caso, la relación ha sido a menudo al revés: los actores militantes dentro del ICE y la Patrulla Fronteriza han explotado la controversia política sobre la inmigración para aumentar sus recursos, autonomía y poder dentro del DHS, configurando activamente el Departamento a su imagen y semejanza. Esta movilización política se llevó a cabo principalmente a través de sus respectivos sindicatos, el Consejo Nacional del ICE (NIC) y el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza (NBPC). Como organizaciones encargadas de promover los intereses materiales de los agentes de base, ambas se convirtieron en incubadoras de proyectos de extrema derecha. Ambas también encontraron un aliado obvio en Trump, quien a su vez veía a los sindicatos como una base de poder potencial en el DHS.

Las energías insurreccionales dentro del NIC y el NBPC se hicieron especialmente pronunciadas durante el primer mandato de Obama, cuando el precario equilibrio entre la protección y el castigo de los inmigrantes comenzó a tambalearse. A pesar de que Obama ordenó un número récord de expulsiones internas en un intento inútil de crear una coalición en torno a una reforma migratoria integral, figuras clave dentro del ICE y la Patrulla Fronteriza se rebelaron contra lo que consideraban políticas de «fronteras abiertas» excesivamente complacientes. Esta división sentó las bases para una prolongada lucha de poder dentro de las agencias de inmigración entre las facciones más pragmáticas y las radicales, que ya no veían lugar para la amnistía en el cálculo más amplio del sistema de inmigración de Estados Unidos.

En 2010, el jefe del sindicato del ICE, Chris Crane, presentó una moción de «desconfianza» contra el entonces director del ICE, John Morton, alegando su apoyo a las reformas de amnistía, así como la insuficiencia de personal. Más tarde, Crane demandó a la administración Obama por la orden ejecutiva de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y tuvo que ser escoltado a la fuerza fuera de una rueda de prensa del Senado en 2013 en la que se anunciaba una ley de compromiso en materia de inmigración. Mientras tanto, la Patrulla Fronteriza se sentía cada vez más maniatada por las restricciones institucionales, ya que se veía afectada por repetidos escándalos de corrupción y abusos, lo que provocó un aumento de las tensiones con la Casa Blanca de Obama.

El punto de inflexión se produjo en 2016, en medio de la creciente politización de los agentes de base, cuando el NIC y el NBPC decidieron apoyar a Trump: su primer respaldo político. «Todas las personas responsables de los problemas que azotan hoy a Estados Unidos se oponen al Sr. Trump», afirmó la NBPC, advirtiendo que «si no protegemos nuestras fronteras, las comunidades estadounidenses seguirán sufriendo a manos de las bandas, los cárteles y los delincuentes violentos que se aprovechan de los inocentes». La NIC también denunció a Hillary Clinton como una «radical de las fronteras abiertas» cuyas políticas obligarían a los agentes a «violar su juramento de defender la ley».

La estrategia dio sus frutos cuando Trump ganó las elecciones y recompensó a las agencias con mayores poderes de ejecución, recursos y prestigio. Pero, aunque veía a la nueva administración como un aliado, el NIC no dudó en criticar a Trump cuando supuestamente cedió ante las fuerzas proinmigración. Los representantes sindicales afirmaron que la administración Trump había «traicionado» sus promesas al mantener el equipo de ICE de Obama (esto incluía a Homan, entonces director en funciones de ICE, acusado de despilfarro y mala gestión). Crane publicó una carta abierta en la que afirmaba que Trump continuaba con las políticas de la era Obama de falta de personal, corrección política y acuerdos con las ciudades santuario. «No creo que haya un grupo de agentes del orden», escribió, «más odiado por sus propios líderes y directivos que los agentes de las Operaciones de Control y Expulsión del ICE».

En 2017, la NBPC ejerció su ahora considerable influencia para destituir a Mark Morgan, un director reformista y el primer director externo de la agencia, tras solo siete meses, resentida por su supuesto apoyo a las disposiciones de la Reforma Migratoria Integral sobre el camino hacia la ciudadanía. En ese momento, el presidente del sindicato, Brandon Judd, comentó en una entrevista con Fox News que los inmigrantes son «peores que los animales, en mi opinión… Los animales no tratan a otros animales como la MS-13 trata a otros seres humanos». Este compromiso inquebrantable con la política antimigrante por parte de estas poderosas organizaciones contribuyó sin duda a empujar aún más a la derecha a la primera administración Trump.

De hecho, la crisis de autoridad en el DHS había comenzado a preocupar incluso a los más fervientes defensores de la guerra contra el terrorismo. En el punto álgido de las protestas de Black Lives Matter en junio y julio de 2020, el jefe del DHS de la era Bush, Michael Chertoff, advirtió del creciente politismo dentro de su antigua agencia, advirtiendo que el personal del DHS había comenzado a «operar con uniformes de camuflaje sin insignias identificativas claras». Chertoff también afirmó que los funcionarios de inmigración habían estado ignorando deliberadamente las solicitudes de DACA, en abierto desafío a una sentencia del Tribunal Supremo.

Esta opinión fue respaldada discretamente por un grupo bipartidista de varios exsecretarios y secretarios en funciones de Seguridad Nacional que actuaron como asesores en un estudio del Atlantic Council de 2020 sobre el «Futuro del DHS«. El informe detallaba una crisis de moral derivada de las críticas a la separación de familias, el descontento interno con las llamadas políticas de «captura y liberación» y el despliegue de ICE y CBP en las protestas de Black Lives Matter. También se planteaba si «sería beneficioso un cambio en la cultura de la Patrulla Fronteriza», citando la denuncia de Graff de 2019 sobre la disidencia entre las bases de la CBP:

La mayoría de los agentes de la Patrulla Fronteriza que prestan servicio en la actualidad se alistaron para realizar un trabajo duro en una agencia cuasi militar que protege al país contra terroristas y traficantes de drogas. En cambio, se han encontrado sirviendo como una agencia humanitaria más mundana: la primera línea de acogida del país para las familias de migrantes que se entregan con mucho gusto tras cruzar la frontera. La CBP no tiene la cultura necesaria para afrontar este reto, ni cuenta con el personal ni el apoyo del resto del Gobierno.

Tras las elecciones de 2020, la administración Trump intentó utilizar los sindicatos de ICE y CBP como palanca para socavar la administración entrante de Biden.5El sindicato de ICE elogió a Trump por promover «las políticas fundamentales necesarias para restaurar la seguridad migratoria, incluyendo… el aumento de la aplicación de la ley en el interior y la seguridad fronteriza, el fin de las ciudades santuario, el fin de la política de captura y liberación, las detenciones obligatorias… y la cancelación de la amnistía ejecutiva y las directivas de no aplicación». El subsecretario interino de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, futuro artífice del Proyecto 2025, declaró unilateralmente que todos los cambios en la política del DHS que afectaran a los agentes tendrían que ser aprobados por el sindicato del ICE. Cuando esa estrategia fracasó, los agentes del ICE continuaron desafiando las directrices federales de la nueva administración en materia de aplicación de la ley. En 2022, el NIC presentó una queja ante el Departamento de Trabajo en la que solicitaba «autonomía» de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno y pedía una auditoría de su organización matriz, la AFL-CIO, que Crane calificó de «organizaciones de extrema izquierda» con sesgos «contrarios a la aplicación de la ley».

Hipertrofia

¿Cómo debemos entender la etapa final de los sindicatos del ICE y la Patrulla Fronteriza? Lo que llama la atención de estas organizaciones es hasta qué punto sus inversiones materiales e ideológicas en la vigilancia de la inmigración tienden a reforzarse mutuamente. Los detractores de la inmigración llevan mucho tiempo argumentando que restringir el número de inmigrantes ayudará a proteger los intereses laborales de los ciudadanos nativos. A menudo, la conexión entre ambos es muy incierta. Pero para los agentes del ICE y de la frontera, cuyo sustento depende literalmente del nivel de aplicación de la ley de inmigración, no podría estar más claro. Para quienes están en primera línea de la guerra contra los inmigrantes, la política nativista se combina con incentivos materiales directos para apoyar políticas de tolerancia cero que buscan eliminar todas las formas de amnistía. Esta es precisamente la cultura institucional que la administración Trump ha tratado de aprovechar al cerrar la división de derechos civiles del DHS y la oficina del defensor del pueblo para detenidos.

A finales de octubre de 2025, una importante purga de los dirigentes del ICE en todo Estados Unidos —que, según se dice, fue orquestada por el asesor informal de Trump, Corey Lewandowski— otorgó un mayor control de las operaciones de deportación al personal de la Patrulla Fronteriza. Como resultado, el hombre que ahora lidera la carga es Gregory Bovino, un veterano de la Patrulla Fronteriza que ejemplifica la cultura cowboy de la agencia y cuyas redadas de inmigración sin límites en las zonas rurales de California habían impresionado a la administración. Con la bendición del Tribunal Supremo, Bovino ha llevado su característico estilo de detenciones indiscriminadas y perfiles raciales agresivos a las ciudades santuario «enemigas».

El cambio se produjo en medio de unas cifras de expulsiones que no alcanzaron el objetivo declarado por la Administración. Esto sugiere que, aunque el ICE acumula cifras de detenciones formales en el interior de Estados Unidos, es la Patrulla Fronteriza la que se convertirá en la fuerza dominante dentro del régimen de control ampliado. La expansión numérica del ICE servirá como vehículo para extender la mentalidad paramilitar de la CBP por todo el interior. Como señaló un portavoz del DHS a NBC News: «la administración cree que el ICE no está haciendo su trabajo», mientras que la CBP «hace lo que se le dice».

La estrecha relación entre el ICE/CBP y Trump ha comenzado ahora, paradójicamente, a limitar el margen de maniobra del propio Trump. Su instinto de aislar a los agricultores y hoteleros de una aplicación excesiva de la ley fue frustrado por Stephen Miller, quien rápidamente retiró una orden de «suspender la aplicación de la ley en los lugares de trabajo». Poco después, la Casa Blanca dio un giro de 180 grados y destacó la necesidad de «ampliar masivamente» la aplicación de la ley en los lugares de trabajo, a falta de un «acuerdo» del Congreso. El episodio sugirió que las líneas de autoridad que conectan a Trump con la aplicación de la ley de inmigración han socavado las propias directivas del presidente. Ahora, con Bovino tomando las riendas, esta dinámica seguramente se profundizará.

Aunque la realidad del sistema de inmigración ha estado oculta durante mucho tiempo a gran parte de la población estadounidense, los cambios en la opinión pública sugieren que muchos están viendo ahora lo radical que es realmente el marco existente. Los recientes acontecimientos en Minneapolis y otros lugares reflejan sus excesos extrajudiciales, con tácticas que exceden las exigencias de la misión y castigos impuestos por el simple hecho de castigar. La agenda de Trump en materia de inmigración —la ilegalidad lograda mediante la hipertrofia de la aplicación de la ley— ha quedado al descubierto. A medida que el ICE y la CBP siguen creciendo en fuerza y autonomía, diversos grupos (residentes legales, trabajadores federales, activistas) se han convertido en los objetivos tradicionales de las medidas de control de la inmigración, sin poder confiar en normas que puedan limitar el poder duro del Estado.

Las prácticas tradicionales de estas agencias se adaptan bien a nuestro momento actual de ciudadanía flexible y desaparición del debido proceso. Su espectacular expansión supone una mejora sin precedentes del aparato de seguridad nacional. Pero, aunque esta evolución es profundamente preocupante, no es repentina ni inexplicable, ni se trata simplemente de un proyecto impuesto desde arriba por la administración Trump. El flujo incondicional de dinero, equipos y recursos hacia el DHS y sus subagencias de inmigración —supervisado por múltiples administraciones anteriores— ya les había permitido operar con una responsabilidad mínima durante décadas. Esto, a su vez, alimentó una política antimigrante cada vez más asertiva entre las bases de la agencia, cuyos sindicatos militantes lucharon para anular la resistencia tanto de los empleadores como de los responsables políticos. Tanto los demócratas como los republicanos, siguiendo esta lógica bipartidista, pasaron años inclinándose hacia la derecha en materia de inmigración. Los recursos ilimitados han permitido así el crecimiento del régimen de aplicación de la ley de extrema derecha; para detenerlo será necesario tener en cuenta sus fundamentos presupuestarios e institucionales.