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La construcción de un orden posneoliberal está en curso. Dado que no hay un horizonte poscapitalista en discusión cualquier proyecto progresista comprometido con tendencias concretas de desarrollo histórico tiene que partir del hecho de que el posneoliberalismo no surgirá de la misma forma como surgieron, a partir del liberalismo, el New Deal estadounidense, el Estado de Bienestar europeo o el desarrollismo nacional latinoamericano, cuyos acuerdos fueron constituidos, justamente, sobre la “amenaza comunista”. Cien años atrás eran tres las posibilidades objetivas de desarrollo: capitalismo tipo New Deal, capitalismo fascista y comunismo. Como China no es comparable a lo que fue la Unión Soviética –no es un modelo exportable–, lo que le queda a los países aún democráticos de hoy es una elección entre el posneoliberalismo de tipo trumpista y un posneoliberalismo de tipo progresista que aún no encuentra un modelo propio.
La nueva elección de Donald Trump enterró el proyecto progresista de “transición dentro del orden”. La victoria del republicano dejó claro que los casos atípicos fueron elecciones como la de Biden o Lula da Silva, y no el éxito de Bolsonaro y del propio Trump. El posneoliberalismo en su versión trumpista tiende a ser dominante. La oportunidad del campo progresista está en construir un verdadero programa opositor alternativo teniendo en cuenta esa tendencia. Como defendí anteriormente, “alcanzar nuevos patrones de gobernanza global puede significar la diferencia entre la guerra y la paz” – y para muchos países del sur global, “cierto alivio de sus deudas y algún financiamiento para obtener tecnologías necesarias para una transición energética efectiva”. La tarea urgente de las próximas dos décadas, por lo menos, es evitar guerras generalizadas y conseguir avanzar algo de la transición energética.
Así como ocurrió en el ascenso del liberalismo y del neoliberalismo, la solidificación de un orden posneoliberal no sucederá de forma homogénea alrededor del mundo. Identificar los diferentes patrones de dependencia de países del sur global y sus posibles tendencias de desarrollo exige encontrar buenos puntos de apoyo para estudios comparados entre equipos de diferentes países y regiones. Propongo como punto de apoyo la idea de “trampa neoextractivista” y presento aquí, en grandes líneas y de forma inacabada, mi entendimiento de cómo se armó la trampa neoextractivista en Brasil. Sugiero entender por trampa neoextractivista el conjunto de obstáculos estructurales que bloquean el camino para una transición ecológica orientada hacia el combate contra las desigualdades. Lo que también significa: el conjunto de obstáculos estructurales que bloquean una interdependencia por asociación libre y autónoma entre países y regiones.
Proponer la idea general de “trampa neoextractivista” como punto de partida y foco de investigación significa poner en cuestión formulaciones que utilizaron la misma “trampa” con otros objetivos. Pienso aquí en definiciones como “trampa de ingreso medio” o “trampa de bajo crecimiento”. Superar usos como esos de la idea de “trampa” significa, antes que nada, reestablecer la centralidad de la dependencia y de la emergencia climática, ideas que en esas formulaciones parecen limitadas, por decir lo mínimo. Se busca, en síntesis, la conexión entre el neoliberalismo y el neoextractivismo, tanto en términos de los últimos cuarenta años de la historia brasileña como en relación con las actuales tendencias de reorganización posneoliberal del capitalismo que se diseñan globalmente, pensándolas desde sus periferias. El neoextractivismo, así como el neoliberalismo, no puede ser pensado únicamente en términos económicos. La noción de trampa neoextractivista tiene un carácter verdaderamente multidimensional: ambiental, económico, cultural, político, social, geopolítico, tecnológico. La noción misma de trampa neoextractivista tiene que ser entendida por medio de una propuesta de investigación de carácter interdisciplinario y colaborativo.
Ese punto de partida se apoya, a su vez, en dos elementos de diagnóstico. En primer lugar, la emergencia ambiental tiene una característica inédita cuando se piensa en patrones de dependencia: dejar atrás a los países periféricos en la transición ecológica significa comprometer la transición a nivel planetario. No es que no pueda suceder, evidentemente, ya que no faltan indicios de que ese camino autodestructivo es el que se está tomando. Pero alcanzar una transición ecológica exitosa no dejará de producir –en las circunstancias actuales, al menos– nuevos patrones de dependencia, aunque ahora moldeados y limitados por la emergencia ambiental. Divisar tendencias de desarrollo rumbo a nuevos patrones de dependencia posneoliberal actualmente en construcción exige comprender el legado de la dependencia neoliberal en todas sus dimensiones.
El segundo elemento de diagnóstico está en que el horizonte de acción actual se caracteriza por una marcada división política que, en los países aún democráticos, encuentra, de un lado, una derecha sin miedo de aliarse a la extrema derecha y, del otro, un nuevo progresismo. Esa auténtica división –no se trata de una mera polarización– es parte integral de la propia “trampa”. Es una división que estimula al mismo tiempo que rebaja el horizonte político, creando una verdadera camisa de fuerza para restringir el campo de acción de la izquierda que quiere evitar a toda costa la victoria del autoritarismo.
Cuando se trata de actuar y pensar en la situación de emergencia en que nos encontramos, no podemos ignorar esas limitaciones, pues corremos el riesgo de caer en el escenario de la militarización de los conflictos, perder la democracia que existe y, al final, inviabilizar cualquier transición ecológica. Al mismo tiempo, no podemos permitir que el horizonte rebajado de la política actual restrinja al mismo nivel nuestro horizonte teórico, que debe proyectarse más allá de la guerra de trincheras del presente.
En los últimos cuarenta años Brasil experimentó un cambio estructural en la correlación de fuerzas sociales, económicas y culturales. La globalización con el principio de las “ventajas comparativas” reforzó la primarización y produjo la desindustrialización de diversas economías del sur global –especialmente de América Latina, proceso que transformó a los países de la región en dependientes de commodities–.1 En el caso brasileño, la actividad agropecuaria y la extracción mineral ocuparon todo el espacio perdido por la industria de transformación –al punto de que algunos autores consideran que la manufactura está “al borde de la extinción”, en términos de participación del PBI o de productividad y exportaciones–.2
En 2018, después de más de treinta años de la democracia menos limitada que el país tuvo, Brasil vio el retorno de una extrema derecha desinhibida que, a trancos, lideró una nueva coalición social, política y económica que llegó al poder presidencial con Jair Bolsonaro. Desde entonces, la derecha sin miedo de aliarse a la extrema derecha hizo propio el lugar de representante de esa nueva coalición formada y consolidada a lo largo de cuarenta años de neoliberalismo. Ese es el terreno sobre el cual se arma la trampa neoextractivista en el país hoy –y sobre el cual se disputa el futuro–.3 Ese es el terreno sobre el cual se arma la trampa neoextractivista en el país hoy –y sobre el cual se disputa el futuro–.
Redemocratización y neoliberalismo en Brasil
La marca característica del neoliberalismo brasileño está en que su ascenso coincide con el proceso de redemocratización del país, a mediados de la década de 1980, después de 21 años de dictadura militar. A diferencia, por ejemplo, de casos como el Reino Unido, con la elección de Margaret Thatcher, en 1979, o de Estados Unidos, en que el marcador histórico es asociado a la elección de Reagan, en 1980. El caso brasileño difiere, igualmente, de la implantación del neoliberalismo en Chile, realizada por una dictadura en un país periférico. Esa marca característica del proceso brasileño de implantación de la regulación neoliberal no es exclusiva. En otros países, como Portugal, Argentina y España, neoliberalismo y redemocratización también coincidieron. Se trata de comprender, por lo tanto, la especificidad del caso dentro del grupo de países que guardan esa marca histórica característica.
En 1985, cuando el poder presidencial pasó a una coalición civil de oposición a la dictadura militar brasileña, quien lideró la transición para la democracia fue el progresismo: una alianza de sectores originarios de la izquierda con sectores de la derecha democrática –además de tránsfugas del autoritarismo dispuestos a someterse al liderazgo progresista.4 Junto con fuerzas de una nueva izquierda –de la cual el Partido de los Trabajadores (PT), fundado en 1980, pretendía ser el gran representante–, se hizo la Constitución de 1988, documento por excelencia del liderazgo progresista. Más allá del establecimiento de instituciones democráticas, la alianza progresista que lideró la transición estableció el combate a todos los tipos de desigualdad como prioridad principal –así debe ser entendida la creación, en 1990, de una institución tan extraordinaria como el Sistema Único de Salud (SUS), que tuvo como modelo el NHS británico–.
Delante de la hegemonía del progresismo en el proceso constituyente, lo que le quedó a la derecha heredera de la dictadura militar fue construir una trinchera defensiva. No se trata de decir que esa táctica defensiva no haya conseguido victorias importantes, comenzando por la no responsabilización de los agentes de la dictadura por sus crímenes. Apenas se trata de enfatizar que en ese primer período de redemocratización la base social y política de la dictadura en declive no tuvo fuerza para controlar y dirigir el proceso.
El legado de la dictadura militar fue una profunda crisis económica marcada por la hiperinflación y por una deuda externa impagable. De ahí la gran turbulencia política, social y económica de un proceso de adaptación al orden neoliberal que se dio simultáneamente a una transición a la democracia. El emblema de esa dificultad es el propio texto de la Constitución de 1988, marcado por el desarrollismo nacional que prevaleció por medio siglo y que sólo posteriormente –y de a poco– fue adaptado a la modernización propia de la era neoliberal.
El acuerdo político liderado por el progresismo fue guiado por el principio de sumar y no de confrontar. No solo a causa de la directriz sistemática de evitar responsabilizar agentes de la dictadura por sus crímenes, sino especialmente porque el combate a las desigualdades optó por vías distintas a un cambio estructural de la tributación de la riqueza y el patrimonio. Fue un acuerdo que consiguió hacer que los estratos más pobres, marginalizados y discriminados fueran mínimamente favorecidos, pero siguiendo la directriz de que los demás estratos mantuvieran sus posiciones dominantes, conquistadas y preservadas durante el período dictatorial.
La contrapartida del gobierno sobre el acuerdo acomodaticio de la redemocratización fue una configuración peculiar del sistema político. Desde 1994 –en las elecciones marcadas por el lanzamiento del Plan Real de estabilización político-económica– hasta por lo menos la reelección de Dilma Rousseff (2011-2016, PT) en 2014, la gran mayoría de los partidos políticos formaba una masa relativamente indiferenciada de máquinas políticas: ancladas en el Estado, en él se reproducen, funcionando como empresas de venta de apoyo parlamentario. Con raras excepciones, todos los partidos siempre estuvieron en el gobierno, cualquiera fuese el gobierno y cualquiera fuese la candidatura que apoyaron en la elección presidencial. Lo que se tuvo en ese período fue un modelo de gestión política basado en la formación de supercoaliciones, limitando la oposición nominal a una franja parlamentaria. A eso se dio el nombre de presidencialismo de coalición. 5 La administración de supercoaliciones sucedía en condiciones de creciente fragmentación partidaria que tendía no sólo a ser ineficiente, sino a bloquear la implementación del programa de gobierno de la coalición vencedora en la elección presidencial. Al mismo tiempo, servía al acuerdo político acomodaticio que mantuvo en un ritmo lento y controlado el combate a las desigualdades y la propia profundización de la democracia.
En el ajuste que controló la inflación realizado por el Plan Real, iniciado en 1993, la salida de la estrategia de no confrontación fue un aumento de la carga tributaria en 2002 –al final de ocho años de gobierno de Fernando Henrique Cardoso (PSDB)–, de un nivel del 25 por ciento a cerca de 31,5 por ciento del PIB. El número creció dos puntos porcentuales más hasta 2006, bajo el gobierno de Lula (PT, 2003-2010), cuando el sistema político estableció que ese sería el porcentaje límite. Con pequeñas variaciones, esa es la carga tributaria que prevalece hasta hoy. 6
Cerrado el camino del aumento de la carga tributaria, los gobiernos liderados por el PT, especialmente entre 2003 y 2013, encontraron en el boom de los commodities (2003-2011) un nuevo medio para enfrentar las desigualdades sin desafiar el acuerdo acomodaticio de la redemocratización.7 A pesar de la crisis de 2008, la estrategia siguió operante hasta su completo agotamiento, a mediados de la década de 2010. Fue cuando una recesión severa, iniciada ya a finales de 2014, pero cuyos efectos sólo fueron sentidos efectivamente a partir de 2015, se instaló durante dos largos años, hasta el final de 2016. El PIB brasileño retrocedió 7,2 por ciento en el período, el PIB per cápita 9,1 por ciento, superando los números de la crisis de 1930-1931 en el país. Simultáneamente, desde 2015 hasta inicio de 2019, una operación judicial “anticorrupción” –inspirada en la Operación Manos Limpias italiana, de inicio de los años 1990–, la llamada Operación Lava Jato, reveló y corroyó los fundamentos ilícitos del sistema político de las últimas décadas, estableciendo un estado de pánico permanente en la política oficial, que entró en modo autodefensa máxima. A partir de la reelección de Dilma Rousseff en 2014, pasando por su destitución en 2016, siguieron diez años de intensa crisis.8
El fin del acuerdo acomodaticio de la redemocratización se refleja en el presupuesto público del país. Hoy, 95 por ciento del presupuesto está comprometido en partidas con gastos obligatorios. Un gobierno, sea el que sea, dispone sólo del 5 por ciento del presupuesto para realizar el programa con que fue electo. A partir de 2015, el Congreso Nacional fue progresivamente mordiendo una parte sustantiva de ese 5 por ciento de uso discrecional del gobierno, llegando hoy al 20 por ciento de ese total (o 1 por ciento de todo el presupuesto federal del país). Se trata de un outlier en cualquier comparación internacional. La aplicación de los recursos es altamente opaca e ineficiente, además de fortalecer la reproducción de la misma correlación de fuerzas dominante en el parlamento desde 2018. Ese cambio afectó profundamente el patrón anterior de gobierno, reduciendo el dominio del poder ejecutivo.9 Como reflejo de ello, la inversión pública en Brasil alcanzó mínimos históricos en la última década.
Vale notar aún que la posibilidad de soslayar ese acuerdo por medio del endeudamiento de las familias ya fue utilizada, habiendo alcanzado también bajo ese aspecto el límite de la redemocratización.10 Cabe señalar, además, los efectos de la internalización de la deuda pública a partir de mediados de los años 2000. En ese momento, Brasil no sólo eliminó prácticamente su deuda en dólares sino que acumuló reservas del orden de US$300.000 millones –que protegen al país de crisis cambiarias como las de los años 1990–. Al mismo tiempo, en 2024, el servicio de la deuda representó cerca del 16 por ciento de todos los gastos públicos. La internalización de la deuda tuvo como contrapartida política, por lo tanto, un empoderamiento aún mayor del sistema financiero. En un contexto de agotamiento de las posibilidades de transformar el acuerdo acomodaticio de la redemocratización, grandes tenedores de títulos públicos son también actores decisivos para el congelamiento de una correlación de fuerzas, con una coalición redistributivista que se ve políticamente dominada por una coalición antirredistributivista.
Eso significa que dentro de la actual correlación de fuerzas no hay espacio fiscal para financiar una transición ecológica en el país, incluso bajo la forma limitada de una transición meramente energética.11 No hay perspectivas de que habrá financiamiento externo necesario para tanto12 y ello a pesar de que es difícil imaginar un país mejor posicionado en términos estratégicos para realizar esa transición que Brasil: más del 80 por ciento de su energía viene de fuentes renovables, posee la segunda mayor área forestal del mundo (en la región amazónica), tiene las mayores reservas renovables de agua dulce del planeta, dispone de enorme potencial en términos de generación de energía solar y eólica (que ya representa casi un cuarto de toda la energía eléctrica producida en el país), más allá de otros recursos que pueden ser movilizados para la transición. 13
Fin del acuerdo acomodaticio: neoextractivismo y disputas redistributivas
Independientemente del carácter ultrajante de la concentración de la riqueza, de las desigualdades, las discriminaciones, y de la pobreza en el país, la coalición liderada por la derecha sin miedo estableció como excesivo e inaceptable, el limitado pacto acomodaticio de la redemocratización. A pesar de los efectos redistributivos manifiestamente limitados del acuerdo de redemocratización, y de las discriminaciones históricas y de desigualdades persistentes, el lema implícito de esa coalición es: la redistribución brasileña ya fue demasiado lejos.
Es así que la división política se da –en Brasil, pero tal vez no sólo en Brasil– en términos de una división entre una coalición redistributivista y una coalición antirredistributivista.14 O sea, no se trata sólo de considerar el espacio entre “proyectos de mundo” incompatibles en términos de valores. En Brasil las llamadas guerras culturales y nociones catch-all como “emprendimiento” no son “guerras de valores” sino auténticas guerras redistributivas. La disputa entre proyectos de mundo es una disputa en torno a cuáles desigualdades merecen o no ser combatidas y de qué manera.15
Al mismo tiempo, ambas coaliciones comparten el neoextractivismo legado por el período neoliberal. 16 La coalición de derecha sin miedo se siente a sus anchas en la posición neoextractivista, pero el regreso de Lula a la presidencia, a inicio de 2023, por decisivo que sea, tampoco representa un abandono de la posición neoextractivista por parte de la coalición del nuevo progresismo.17 Hoy, si el nuevo progresismo decide abandonar esa posición, dejará de ser competitivo en las elecciones. Y si las coaliciones progresistas son derrotadas, la coalición opositora, liderada por la extrema derecha, no dudará en pisar el acelerador del neoextractivismo, usando sus resultados inmediatos para triunfos político electorales y, para una consolidación del régimen. Al mismo tiempo, si el progresismo no suelta el neoextractivismo, la coalición opositora liderada por la extrema derecha ya habrá vencido, pues su programa económico habrá vencido.
La explotación de petróleo es emblemática de ese estado de cosas en el caso brasileño, debido a su creciente importancia en la economía del país.18 En 2016 Brasil se convirtió, por primera vez, en exportador líquido de petróleo y, en 2024, en el principal productor de América Latina. El petróleo y sus derivados llegaron en 2024 a la primera posición en términos de valor exportado total. La compañía estatal Petrobras, la principal productora, “está planeando un aumento tan rápido en la producción de petróleo que puede tornarse la tercera mayor productora mundial hasta 2030”, siendo que “ya extrae casi tanto petróleo bruto por año como ExxonMobil”.19
La contradicción que genera este proyecto de expansión se observa en la disputa dentro del gobierno en torno de la explotación del petróleo próximo a la desembocadura del Río Amazonas. En 2023, Petrobras divulgó un estudio en el que estima que hay cerca de 5,6 mil millones de barriles de petróleo en el bloque del Margen Ecuatorial, en el estado de Amapá. Mientras tanto, el órgano regulador ambiental brasileño, el Ibama, negó la licencia a Petrobras para iniciar cualquier tipo de exploración. La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, defendió el parecer del Ibama y resaltó que el punto de vista técnico del órgano no debe sufrir interferencias políticas. Por su parte, el gobierno brasileño, y el mismo Lula, defienden la explotación y se mueven en dirección a su autorización.20
En la trampa neoextractivista abundan las contradicciones. Petrobras es probablemente hoy en día el único polo de producción y transferencia de tecnología de amplio alcance instalado en el país.21 El complejo del petróleo en Brasil superó por mucho, por ejemplo, los impresionantes logros de la empresa estatal de producción de tecnología agropecuaria, la Embrapa, y su magnitud impide comparaciones con la dinámica y competitiva industria aeronáutica brasileña, representada por la Embraer. Es difícil, hoy, imaginar una articulación entre empresa y universidad que pueda competir con aquella consolidada por Petrobras para liderar una transición (por lo menos) energética en el país.
La consolidación electoral competitiva de la coalición antirredistributivista en Brasil muestra que el problema va mucho más allá que simplemente manipulación, desinformación y violencia. La victoria del neoliberalismo sobre las formas anteriores de regulación del capitalismo fue definitiva: no hay vuelta posible a los modelos anteriores de sociedad. Mucho de ello se debe al hecho de que el neoliberalismo estableció raíces sociales profundas22 tornando ilusorio el voluntarismo político de “volver” a una forma anterior de regulación capitalista. Mientras el campo de la derecha sin miedo se siente a sus anchas en el neoextractivismo, el campo del nuevo progresismo continua en ese modelo con conciencia de que se trata de una contradicción flagrante con su propio programa. Es en la disputa entre la coherencia neoextractivista de la derecha sin miedo y la contradicción del nuevo progresismo que se jugará el futuro del país. Un país que depende cada vez menos de sí mismo, como es propio de un país dependiente.
Este ensayo retoma argumentos presentes en los textos “A New Dependency Theory Moment” (The Ideas Letter, 18 de abril de 2024), “Why It Is So Hard for Latin America to Move Away from Neoliberalism and Neoextractivism: The Case of Brazil” (Carnegie Endowment for International Peace, 31 de julio de 2024) y “O Centrão sem medo e a encruzilhada do PT” (revista piauí, no. 204, septiembre de 2023).
Este ensayo fue traducido del portugués al español por Santiago Gomez.
Según el criterio de la UNCTAD, 17 países latinoamericanos estarían en esa categoría, Brasil entre ellos. En el caso brasileño, “the share of commodity exports increased from 44.3 per cent in 1998-2002 to 62.8 per cent in 2013-2017. While all commodity groups increased their share in total merchandise exports, agricultural exports grew the most, by 390 per cent and accounted for 42.8 per cent of the increase in export value during the period. And even though non-commodity exports grew by 160 per cent, their share in total exports fell, accounting for 29.1 per cent of the growth of exports” (Commodity-Dependence: A Twenty-Year Perspective, UNCTAD, 2019, p. 28). Un análisis retrospectivo que abarque todo el siglo XX y que llega hasta el momento actual en sus efectos negativos puede encontrarse en José Antonio Ocampo, “Commodity-led Development in Latin America” (in: Gilles Carbonnier; Humberto Campodónico; Sergio Tezanos Vásquez (orgs.), Alternative Pathways to Sustainable Development: Lessons From Latin America, Brill Nijhoff: Leiden/Boston, 2027. Aquí se trata de una mera indicación de la tarea mucho más amplia y fundamental de presentar la transformación estructural de la economía brasileña en el período neoliberal. Se resalta también que esta es apenas una de las muchas dimensiones de la posición de Brasil como país “en una trampa neoextractivista”, como busco indicar a lo largo de este texto.
La participación de la industria de transformación en el PBI de Brasil llegó a ser el 35,8% en 1985, pasó a 13,8% en 1998 y bajó a 11,3% en 2021, al mismo tiempo en que su participación en las exportaciones cayó de un nivel cercano al 80% en 1997 a otro en torno del 50%. Esos puntos porcentuales fueron tomados por la agropecuaria (8,1p.p.) y la extracción mineral (19,7p.p.). (Claudio Considera e Juliana Trece, “À beira da extinção”, texto de discusión #6, IBRE/FGV, 7 de octubre de 2022). Esa es una mera constatación y no una propuesta de “reindustrialización” para volver a un momento anterior o algo parecido. Porque el problema de un país como Brasil es, antes, la trampa neoextractivista en que se encuentra. Se trata de una trampa política, económica, social y cultural. No se trata, por lo tanto, de la “reindustrialización”, sin más, sino antes determinar cuáles políticas industriales serán necesarias y adecuadas para buscar salir de la trampa neoextractivista. Sobre ello, ver el informe de autoría de Adriana Mandacaru Guerra, Tim Sahay, Renato H. de Gaspi e Bentley Allan, “Nova política industrial para um novo mundo: aproveitando as oportunidades do Brasil na transição energética”, de febrero de 2025.
Un intento de reconstrucción del proceso de formación de esa coalición puede ser encontrado en Limites da Democracia. En ese libro busco mostrar también que una importante base de movilización e involucramiento de esa coalición está en una organización no institucionalizada que llamo partido digital bolsonarista. La relación entre esa organización y partidos formales, institucionalizados, con todas sus tensiones y conflictos, es, en verdad, uno de los puntos fuertes de la coalición bolsonarista. Sobre la digitalización de la política a partir de mediados de los años 2000, ver igualmente Limites da democracia.
Una reconstrucción precisa de esos desarrollos en los últimos 40 años puede ser encontrada en Perry Anderson, Brazil Apart: 1964-2019, London: Verso, 2019.
Sobre la fragmentación partidaria entre 1991 y 2019, ver Andréa Freitas e Glauco Peres da Silva, “Das manifestações de 2013 à eleição de 2018 no Brasil: Buscando uma abordagem institucional”, Novos Estudos Cebrap, v. 38, n. 1, jan.-abr. 2019.
Ese paradigma explicativo siempre consideró como irrelevantes los trazos que señalé aquí como centrales: formación de supercoaliciones parlamentarias y de gobierno, y adhesión al gobierno de turno sea cual sea y sea cual sea el candidato que el partido que adhiere haya apoyado en la elección presidencial. Sobre mi propuesta alternativa de caracterización de ese modelo y otros puntos importantes desarrollados en este texto, ver Marcos Nobre, Imobilismo em movimento: da redemocratização ao governo Dilma, São Paulo: Companhia das Letras, 2013 e Limites da Democracia, obra citada.
Para un análisis de los impactos del boom de commodities y de su agotamiento en el modelo económico brasilero, ver Laura Carvalho, Valsa Brasileira: do boom ao caos econômico, São Paulo: Todavia, 2018.
En síntesis genérica, pero útil e ilustrativa, de la concentración de riqueza, de la desigualdad y de la pobreza en las décadas de 2000 y 2010: “la primera década del siglo XXI fue la mejor ya vivida por el país en términos distributivos. Entre 2001 y 2011, el ingreso medio de las familias creció más del 30%, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini cayó más de 10% y las tasas de extrema pobreza y de pobreza retrocedieron, respectivamente 4 y 12 puntos porcentuales” (Rogério J. Barbosa; Pedro H. G. Ferreira de Souza; Sergei S. D. Soares, “Desigualdade de renda no Brasil de 2012 a 2019”, Dados, 16 de julho de 2020). Ese proceso se invirtió en la segunda mitad de la década de 2010. Para que se tenga una idea de ese retroceso, según los números de ese mismo artículo, el coeficiente de Gini en 2019 (0,543) fue prácticamente igual al del año 2012 (0,541). Para fines comparativos, recuérdese que, en 2001, el coeficiente era de 0,593).
Raul Bonfim; Joyce Hellen Luz; Vitor Vasquez, “Mandatory Individual Amendments: a Change in the Pattern of Executive Dominance in the Brazilian Budgetary and Financial Cycle”, Brazilian Political Science Review, 17 (2), 2023.
Lena Lavinas, Eliane Araújo e Pedro Rubin, “Income transfers and household debt. The advancing collateralization of social policy in the midst of restructuring crises” (Revista de Economia Política, 44 (2), 2024), muestran que el endeudamiento de las familias en relación a sus ingresos prácticamente se triplicó en el período de 2005 a 2020, pasando de un nivel de 20% para otro cercano al 60%. Ese cambio afecta la estructura misma de la política social, como se muestra en el texto.
Delante de ese estado de cosas, no es de espantar que hayan surgido propuestas de “flexibilizar” el presupuesto, o sea, abandonar gastos obligatorios en salud, educación y beneficios sociales vinculados al sistema previsional, por ejemplo. Se trata de una propuesta coherente con la posición antirredistributiva de la coalición bolsonarista más allá de lo (poco) que fue realizado desde el comienzo de la redemocratización. Pero la correlación de fuerzas es a tal punto restrictiva que la propuesta no deja de encontrar eco en sectores relevantes de la coalición del nuevo progresismo.
En el ya mencionado Valsa Brasileira, Laura Carvalho utiliza la figura irónica de “hada de la confianza”, creada por Paul Krugman en 2017, para recordar que las políticas de austeridad no produjeron las prometidas recompensas en términos de inversiones y gastos del sector privado.
Como muestra el ya mencionado informe de autoría de Adriana Mandacaru Guerra, Tim Sahay, Renato H. de Gaspi y Bentley Alla, “Nova política industrial para um novo mundo: aproveitando as oportunidades do Brasil na transição energética”: “En el nuevo escenario geopolítico los países más relevantes serán aquellos con gran potencial para energía solar e eólica, reservas de minerales críticos, recursos de biomasa y capacidad de producción de hidrógeno. El tamaño de Brasil y sus riquezas de recursos naturales otorgan al país el potencial de tornarse una potencia líder en recursos. Súmese a eso su capacidad en manufactura avanzada y agricultura mecanizada, Brasil puede ser una potencia de primer orden en el nuevo sistema energético mundial, al lado de China, de Estados Unidos y de Rusia”.
Una de las principales tareas cuando se trata de identificar patrones de dependencia es circunscribir con la máxima claridad posible esos bloques y coaliciones en nivel nacional-periférico en sus conexiones internas con sociedades centrales, tarea aún por realizar. En los límites de este texto y de esta propuesta, lo máximo que puedo hacer es enunciar la cuestión y buscar señalar algunos de los elementos estructurantes que considero para formular una hipótesis de investigación. Una primera visión de conjunto en lo que se refiere específicamente a la inversión externa puede ser obtenida consultando los gráficos compilados en “Governo desenha janela para atrair investimentos estrangeiros diretos”, Folha de S. Paulo, 11 de enero de 2025. Ese cuadro debe ser comprendido apenas en términos de una primera aproximación ilustrativa del argumento. Es fundamental realizar estudios detallados sobre la evolución de la inversión extranjera directa en Brasil según la participación por país sede de control final y relacionarlo con las exportaciones y la balanza comercial para alcanzar un cuadro de partida abarcador. Y eso no es sólo en los intercambios entre el Norte y el Sur Global, sino también para los intercambios Sur-Sur, que igualmente presentan sus cadenas de dependencia específicas.
Arlie R. Hochschild, al comienzo de su libro, se hace a sí misma preguntas para las cuales no tiene respuestas a esa altura: “Small farmers voting with Monsanto? Corner drugstore owners voting with Walmart? The local bookstore owner voting with Amazon? If I were a small business owner, I would welcome lower company taxes, sure, but strengthening the monopolies that could force me out of business? I didn’t get it” (Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right, New York: The New Press, 2016, p. 10). Entiendo que la respuesta, al final del libro, muestra la fuerza de las transformaciones neoliberales que hicieron con que la escasez de recursos públicos para políticas compensatorias producidas por la propia regulación neoliberal se haya vuelto fuente de división entre grupos subalternos y no disputas de clase en sentido tradicional. En vista de la escasez de recursos, grupos sociales subalternos prefieren oponerse a la continuidad de políticas de redistribución en lugar de buscar un entendimiento sobre políticas redistributivas específicas. Esos grupos buscan congelar la correlación de fuerzas producida por el neoliberalismo. Lo que al mismo tiempo exige, bajo muchos aspectos, dejar el propio neoliberalismo para atrás. El segundo gobierno de Donald Trump surge aquí como patrón y modelo.
Cada uno a su manera, ambos representantes de la división actual son herederos legítimos del neoliberalismo. Los términos en que Gary Gerstle (The Rise and Fall of the Neoliberal Order: America and the World in the Free Market Era, Oxford: Oxford University Press, 2022) describió la configuración de la disputa en Estados Unidos aclaran los detalles del proceso sucesorio: uno de los lados es heredero del “neovictorianismo” (el neoliberalismo conservador de Ronald Reagan en la década de 1980), el otro es heredero del “cosmopolitismo” (el neoliberalismo progresista consolidado a partir de la gestión de Bill Clinton en los años 1990). La diferencia de la nueva generación de la división es que en muchos lugares la derecha sin miedo, heredera del neovictorianismo, es ahora explícitamente controlada por la extrema derecha. El nuevo progresismo, a su vez, antes el propio establishment, en buena parte de los países aún democráticos, está aún en busca de una nueva configuración en vista de la nueva hegemonía de la derecha sin miedo.
Sintetizando un esfuerzo colectivo en América Latina de desarrollar la noción de “neoextractivismo”, Maristella Svampa. (Neo-extractivism in Latin America. Socio-environmental Conflicts, the Territorial Turn, and New Political Narratives, Cambridge: Cambridge University Press, 2019) resume ese estado de cosas en las fórmulas “neoextractivismo” y “neoextractivismo progresista”. Hasta donde sé, mientras tanto, los análisis de Svampa no involucran específicamente la utilización de la noción de “trampa”, como busco hacer aquí.
Otro ejemplo emblemático aquí es el de la agropecuaria. Sobre eso, ver el artículo de Fernando Rugitsky, “O curral do mundo: agronegócio e transição ecológica no Brasil”, Phenomenal World, 21 de agosto de 2024, que también explora otros aspectos de las contradicciones de la coalición del nuevo progresismo en el poder en el país. Para una compleja comprensión antropológica-política del “mundo del agro”, ver Caio Pompeia, Formação política do agronegócio, São Paulo: Elefante, 2021.
M. Bearak, “Brazil’s Clashing Goals: Protect the Amazon and Pump Lots More Oil”, The New York Times, 13 de marzo de 2024.
Como afirmó Cibele Vieira en una entrevista a Hugo Fanton: “Las Guyanas ya están explorando en torno del Margen Ecuatorial. La disputa con Venezuela tiene relación con eso. En el mundo de hoy, dejar de usar energía fósil aún no es una opción viable. El Margen Ecuatorial será explotado, por Brasil o por otro país. Nuestro entendimiento es que nuevas fronteras tienen que ser explotadas, en esa concepción de que las ganancias deben ser invertidas en la transición energética”, Phenomenal World, 7 de marzo de 2024. En sentido semejante, ver la entrevista de César Loza a Camilo Andrés Garzón, Phenomenal World, 18 de septiembre de 2024. El caso colombiano es tanto más interesante porque los resultados de la decisión del gobierno de Gustavo Petro de no celebrar acuerdos de explotación de gas y petróleo serán muy probablemente paradigmática para pensar la lógica de la trampa neoextractivista, dada la dependencia de Colombia de ese commoditie. Al respecto, ver una vez más Phenomenal Word, que publicó una entrevista de Salomón Kalmanovitz a Camilo Andrés Garzón, el 1 de agosto de 2024.
“Petrobras batió, por tercer año consecutivo, el récord de depósito de patentes, con 142 pedidos registrados en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), superando las marcas obtenidas en los dos últimos años (…). La empresa también superó la marca de 1.200 patentes activas, manteniendo el liderazgo entre depositarios nacionales, incluyendo empresas y universidades, y aguarda la confirmación del INPI para saber si alcanzó el récord nacional. El plan estratégico de la empresa, divulgado recientemente, prevé inversiones de US$3,6 mil millones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) de 2024 a 2028, la mayor en la historia de la empresa, con previsión de aumento de aportes en descarbonización y nuevas energías en torno del 30% en 2008”. “Petrobras bate recorde de depósito de patentes em 2023”, Agencia Fapesp, 16 de enero de 2024.
Pienso aquí en trabajos como el de Camila Rocha (Menos Marx, mais Mises: O liberalismo e a nova direita no Brasil, São Paulo: Todavia, 2021), Angela Nagle, Kill All Normies: Online Culture Wars From 4Chan And Tumblr To Trump And The Alt-Right, Winchester, Reino Unido: Zero Books, 2017), Verónica Gago (La razón neoliberal: Economías barrocas y pragmática popular, Madrid: Traficantes de Sueños, 2015), Carlos Alba Vega; Gustavo Lins Ribeiro; Gordon Mathews (orgs., La globalización desde abajo, la otra economía mundial, Ciudad de Mexico: Fondo de Cultura Económica/El Colegio de México, 2015), además del ya mencionado libro de Arlie R. Hochschild (Strangers in their Own Land: Anger and Mourning on the American Right, N. York: The New Press, 2016).
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