Entre Bolívar y Monroe

Siete años después de que Estados Unidos suspendiera unilateralmente las relaciones diplomáticas con Venezuela y tres meses tras el secuestro de Nicolás Maduro, la bandera venezolana volvió a ondear en la embajada del país en Washington. La agresión militar de Trump contra Venezuela el 3 de enero marcó el inicio de una nueva ronda de radicalización de la política exterior estadounidense. Pero las secuelas de la captura del jefe de Estado de un país soberano fueron bastante contradictorias en relación con la ofensiva inicial: Estados Unidos nunca reconoció la legitimidad del actual mandato de Maduro, pero la intervención imperialista no impidió que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, elegida por Maduro, asumiera el mando. Desde entonces, Venezuela negocia, aunque desde una posición evidentemente asimétrica, una nueva etapa de su relación con Estados Unidos.

Esta entrevista se realizó en un contexto de recrudecimiento del conflicto geopolítico en América Latina, en el que las tensiones entre la soberanía nacional y la injerencia externa volvieron a ocupar un lugar central en la política interna e internacional—esta vez, con elementos inéditos. Lo ocurrido en Venezuela revela no solo la persistencia de una lógica histórica de dominación hemisférica, sino su renovación: fue la primera acción militar directa de Estados Unidos al sur de Panamá. El episodio fue el punto culminante de la dominación militar del Gran Caribe, que se inició con un intenso proceso de militarización, marcado por bombardeos contra un centenar de embarcaciones a lo largo del Caribe y del Pacífico colombiano. El resultado fue la ruptura de la frágil, pero relevante, esfera de influencia bolivariana en la región. En Venezuela, el hecho de que el chavismo siga en el poder puede verse tanto como una demostración de la solidez del aparato estatal construido desde la Revolución Bolivariana o de la eficacia del pragmatismo promovido por el emergente «rodriguismo» en el país, como del elemento «Donroe» de la fase actual de la doctrina estadounidense en relación con el continente. El «cambio de régimen» dejó de ser el objetivo central de Estados Unidos en la búsqueda del control geopolítico de la región.

Las dinámicas internas de Venezuela no pueden analizarse al margen de las presiones económicas, financieras y militares procedentes del Norte. Las sanciones, el bloqueo y las operaciones de desestabilización allanaron el camino para el desarrollo de la política interna del país. Hoy en día, el caso venezolano es un laboratorio de nuevas formas de intervención imperial. En este sentido, la voz de los actores políticos vinculados al proceso bolivariano tiene una relevancia particular.

Más allá de la adhesión o la crítica que puedan suscitar sus posiciones, sus testimonios permiten acceder a una interpretación del conflicto que suele quedar marginada en los grandes circuitos mediáticos internacionales. Para aportar un contrapunto, Maria Fernanda Sikorski, editora de Phenomenal World, conversó con Roy Daza, diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sobre la coyuntura actual y las transformaciones estructurales que atraviesa el país. Roy Daza es vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, presidente del Grupo de Amistad Parlamentaria con Brasil y miembro de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía.

Entrevista con Roy Daza

Maria sikorski: ¿Podemos comenzar abordando la estrategia diplomática adoptada tras la captura del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, así como la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada? ¿Cuáles han sido los principales ejes de la política internacional desde ese momento? ¿Qué objetivos persigue la diplomacia venezolana en coordinación con países aliados y organismos multilaterales?

roy daza: En doscientos años de vida republicana, Venezuela no había sido bombardeada. Nunca sostuvo guerra alguna con otro país del mundo, y hasta los más graves conflictos internos se resolvieron por la vía política. En este contexto, la aplicación de lo que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, denomina Diplomacia Bolivariana de Paz, no es una casualidad, sino la expresión de una constante histórica y una pieza fundamental del pensamiento humanista del comandante Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro.

Esta política, tal y como lo expuso la presidenta en su alocución ante la Asamblea Nacional el 15 de enero, parte del reconocimiento de la confrontación histórica entre la Doctrina Monroe y la doctrina de Simón Bolívar. Sobre esa base, se definen tres grandes objetivos para la República en esta etapa: exigir la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama y diputada, Cilia Flores; mantener la paz y la estabilidad de la nación; y continuar el desarrollo del programa de gobierno conocido como el Plan de las Siete Transformaciones.

El Gobierno Bolivariano emplea toda su capacidad diplomática para exponer su verdad, consciente de la intensidad y persistencia de la campaña mediática dirigida contra Venezuela desde hace años. Asimismo, plantea la necesidad de una acción coordinada de las instituciones internacionales para poner fin al bloqueo. En línea con la orientación política del presidente Nicolás Maduro, los bolivarianos aspiramos a que dichas instituciones cumplan con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y las convenciones de Viena. En este sentido, se sostiene que la mayoría de las naciones del mundo condenan el ataque armado y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y exigen su liberación inmediata. Ahora bien, también se reconoce que el pueblo venezolano debe apoyarse, en última instancia, en sus propias fuerzas. De allí la vigencia de la enseñanza del presidente Maduro: “Ante las adversidades, calma y cordura, nervios de acero, e intensa movilización popular”.

Ahora, esta interrogante no puede abordarse sin mencionar los antecedentes de los abominables sucesos del 3 de enero de 2026, que dejaron como saldo trágico el secuestro del presidente y de la primera dama Cilia Flores, la muerte de ciento seis héroes y más de doscientos heridos, en el marco del bombardeo a la ciudad de Caracas y los estados Miranda y La Guaira.

Hay que subrayar que la decisión del presidente Barack Obama en 2015 de declarar a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad de los Estados Unidos fue un exabrupto. Dicha declaración sirvió de base para la adopción de medidas coercitivas unilaterales—las sanciones económicas—que tienen el expreso propósito de asfixiar a la economía venezolana, como lo han declarado los voceros del gobierno estadounidense. Ello se tradujo en el bloqueo de las transacciones financieras internacionales, provocando una caída abismal de las importaciones y afectando al mercado interno, a las inversiones y a la reposición de capital de las empresas privadas y estatales. En síntesis, derivó en una profunda paralización de la economía. Este ataque directo y sostenido contra nuestra economía coincidió, además, con una caída abrupta de los precios del petróleo, agravando sus efectos. 

Además del bloqueo económico, en el plano político, en 2017, las fuerzas de la derecha continental impulsaron un cerco diplomático contra el país. Paralelamente, grupos fascistas emprendieron una campaña de violencia en las calles, con un saldo de más de cien muertos, decenas de heridos y daños a la infraestructura. Todo eso estuvo acompañado por una intensa campaña mediática. La migración masiva, un fenómeno inédito en la historia nacional, fue impulsada tanto por la crisis económica derivada de las sanciones como por una campaña engañosa promovida por sectores de la ultraderecha interna. Finalmente, en 2019, durante el primer gobierno de Donald Trump, se impusieron sanciones directas contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela, profundizando aún más el cerco económico.

La ultraderecha se concentró en solicitar la intervención militar de potencias extranjeras en Venezuela, promover operaciones de mercenarios y respaldar intentos de invasión. Asimismo, impulsó la instauración de un espurio “gobierno interino” en 2019. Este proceso provocó una ruptura en la oposición: un sector se distanció del ala fascista y optó por establecer acuerdos con el Gobierno Bolivariano. Ello hizo posible que se convocara a las elecciones legislativas de 2020 y se recuperara la Asamblea Nacional, institución que estaba en manos del extremismo. En medio de la pandemia, las fuerzas patrióticas y la oposición democrática avanzaron por la vía del diálogo, lo que contribuyó, a la postre, a cierta estabilización del escenario institucional y a una recuperación progresiva de la economía.

Ms: El Plan de las Siete Transformaciones fue presentado como programa de gobierno para el período presidencial 2025–2031. ¿Podría desarrollar sus principales directrices—modernización económica, independencia plena, paz, seguridad e integridad territorial, dimensión social, transformación política, ecología y geopolítica—y explicar qué factores llevaron al presidente Maduro a definir estas prioridades?

RD: El Plan de las Siete Transformaciones es producto de una discusión larga, en las estructuras del partido y del gobierno, así como de una amplia consulta popular realizada en comunidades y con movimientos sociales. Este no es un detalle, es una fórmula política sin la cual no se comprende lo que denomino la cohesión social, un fenómeno que trasciende el mero acuerdo político. Cabe una interrogante: ¿cómo es posible que el gobierno lograra resistir diez años de bloqueo económico, comercial y financiero? La respuesta remite a un hecho central: la Revolución Bolivariana cuenta con un consenso social y cultural, porque es un proceso histórico. No se trata únicamente de una coyuntura política, sino de la continuidad de un proyecto de largo aliento. Es, en última instancia, la ruta trazada por Simón Bolívar.

Las 7-T tienen como base un hecho que conviene abordar de manera sucinta: el agotamiento histórico del capitalismo rentístico. Es decir, el momento en que la renta dejó de ser la locomotora de la economía y se convirtió en una rémora, en un obstáculo para el desarrollo del conjunto de la economía. Conviene, no obstante, explicar qué se entiende por capitalismo rentístico: es una forma de desarrollo capitalista que se apoya de manera sostenida en la renta internacional de la tierra; es un capitalismo de carácter nacional; y un modelo en el que la gestión de la renta petrolera corresponde al Estado. Por ello, los factores imperialistas no solo buscan el control de los yacimientos de hidrocarburos, sino también el dominio de la “renta petrolera”.
La caída de los precios del petróleo, el bloqueo a las transacciones financieras internacionales—que nos obligó a default, es decir, a suspender el pago de la deuda externa—la drástica reducción del ingreso de divisas que generó escasez, la campaña para provocar la migración, y, en 2019, las sanciones directas a PDVSA para torpedear la producción petrolera indican la magnitud de los problemas que confrontamos cuando llega a nuestra tierra la pandemia. La recuperación económica, que cerró 2025 con un crecimiento cercano al 9 por ciento, se debe a una política económica correcta, al esfuerzo de nuestros trabajadores del campo y la industria, y a la participación activa del empresariado nacional, que apostó por Venezuela.

La Primera Transformación (1/T) se orienta a profundizar un nuevo modelo económico productivo de la pequeña, mediana y gran industria, además de consolidar la soberanía agrícola. La 2/T se centra en los servicios públicos, la infraestructura y la construcción de ciudades humanas. La 3/T tiene como eje la seguridad ciudadana—con los cuadrantes de paz—y la defensa de la nación.

La 4/T plantea un programa integral de protección social, vinculado al sistema de misiones sociales y a la garantía de la gratuidad en educación y salud. La 5/T busca la transformación política, especialmente a la participación protagónica de los ciudadanos y las ciudadanas en los planes de gobierno nacionales, estatales y municipales mediante nuevos métodos de gestión. La 6/T incorpora un debate impulsado por el presidente Maduro en torno al desarrollo de la ciencia y la tecnología, articulado con el pensamiento humanista bolivariano. Este constituye uno de los grandes retos del pueblo, sobre el cual se avanza con energía, con atención al asunto de la crisis climática, el uso de la inteligencia artificial y la aplicación del conocimiento científico en la producción, la educación y la salud. Finalmente, la 7/T tiene que ver con nuestra política de paz, la integración latinoamericana y caribeña y la marcha de la humanidad hacia un mundo pluripolar y multicéntrico.

Ms: La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela presenta características sin precedentes en la historia reciente. Frente a este escenario, ¿qué tipo de alianzas—tanto nuevas como ya existentes, como la CELAC y el ALBA—resultan necesarias para defender la soberanía de Venezuela y, en general, de los países latinoamericanos? Asimismo, considerando las limitaciones del sistema de las Naciones Unidas, ¿cuál es el papel que deben desempeñar la cooperación regional y las alianzas con otros países del mundo?

RD: El panorama político latinoamericano y caribeño cambió y en la actualidad la correlación de fuerzas resulta desfavorable para el proceso de integración. No obstante, nosotros, los bolivarianos, entendemos esa realidad como un fenómeno temporal. La unidad latinoamericana y caribeña tiene bases económicas y políticas sólidas, y es una alternativa válida para nuestros pueblos. En este sentido, aspiramos a que la CELAC juegue un papel relevante, así como el ALBA, y estamos convencidos de que la bandera de Unasur volverá a ondear libremente.

La integración no es una quimera, sino que se sustenta en diversos factores. En primer lugar, la economía mundial continúa siendo interdependiente y globalizada. Los grandes problemas de la humanidad—como el cambio climático, las crisis económicas, las migraciones y la ampliación de las desigualdades sociales a escala universal—no fueron resueltos durante la era unipolar, por el contrario, se agravaron. Las cuestiones relativas a la seguridad internacional solo pueden abordarse eficazmente si todos los actores asumen compromisos. Por estas razones, la construcción de un nuevo consenso mundial es una tarea de todas las fuerzas democráticas. El dilema actual no es entre un nuevo orden y un viejo orden, sino entre el orden y la barbarie.

El mundo contemporáneo cambia a una velocidad sin precedentes. La multipolaridad es un proceso complejo y multifacético, y comprender las tendencias generales de la situación mundial exige un esfuerzo sistemático, continuo y colectivo. El análisis de los fenómenos sociales, económicos, culturales y políticos debe basarse en los principios filosóficos de la dialéctica y del materialismo histórico, sin dejar de lado el noble oficio de la diplomacia, que implica dialogar y alcanzar acuerdos firmes y duraderos. Resulta contrario al interés de la humanidad que las guerras determinen las relaciones entre los Estados. En el contexto actual, se plantea la necesidad de renovar la Carta de las Naciones Unidas, compromiso surgido tras las dos guerras mundiales del siglo XX con el propósito de erradicar los conflictos bélicos y las causas que condujeron a tales catástrofes.

Ms: ¿Cómo está hoy la situación interna en Venezuela? ¿Se puede hablar de una coalición anti-intervencionista, con algún nivel de cooperación entre el PSUV y sectores de la oposición democrática? La aprobación de la Ley de Amnistía parece haber sido un paso importante hacia la estabilización, pero ¿qué viene ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos concretos para recuperar la estabilidad política y social en el país?

RD:  En Venezuela existe un consenso en torno a un asunto clave: vivimos un nuevo momento político; es tiempo de superar la polarización. Los factores fascistas de la oposición están disminuidos y desacreditados; estos sectores solo promueven la violencia, mientras que esta República es democrática. Ahora se registra un acuerdo de largo alcance entre el chavismo y la oposición democrática. La puesta en marcha de la Ley de Amnistía ha sido un paso decisivo para alcanzar la convivencia democrática a la que todos aspiramos. Además, la Comisión Presidencial para la Paz y la Convivencia está en pleno desarrollo en todo el territorio nacional. A ello se suma la exitosa Consulta Popular Nacional del 8 de marzo, que expresa la profundización de nuestra democracia participativa y protagónica y la generación de un clima político favorable a los consensos.

Todo aquel que quiera comprender el proceso político venezolano tiene que estudiar su democracia radical, comunera y captar que las multitudinarias manifestaciones populares—desde el 4 de enero hasta este momento—son el cimiento de la estabilidad política y social actual. El pueblo movilizado en las calles es la fuerza social que impulsa la convivencia democrática.

Ms: ¿Podría hablar más sobre el modelo de democracia comunera del país? ¿En qué se diferencia el modelo de democracia de Venezuela de otros modelos de representación indirecta y cómo se relaciona con los poderes del Estado? ¿Qué papel desempeñan las consultas populares en este esquema, especialmente en relación con la toma de decisiones a nivel comunitario y la gestión de políticas públicas?

RD: El colapso del sistema político que durante cuarenta años gobernó a Venezuela, conocido como el Pacto de Punto Fijo, tuvo muchas razones. Sin embargo, la más importante, a mi juicio, fue el marginamiento de las grandes mayorías populares. Los dos partidos hegemónicos, Acción Democrática y el socialcristiano Copei, terminaron funcionando como uno solo: la élite política se unió a la élite económica, un poder real, vinculado a los grandes medios de comunicación, mientras que el pueblo llano quedó excluido.

Cuando las grandes mayorías emergieron en la rebelión popular de febrero de 1989 y en los años siguientes, el Pacto de Punto Fijo quedó desenmascarado: ese modelo político nunca fue plenamente democrático. Había elecciones y ciertas libertades políticas, pero el pueblo trabajador fue marginado. Cuando apareció la crisis económica, toda la estructura política del Estado se fractura. Además, se produjo un hecho que no es ajeno a nuestra historia: el “núcleo duro” del sistema, en términos de Nicos Poulantzas, se rompió. ¿Cuál es ese núcleo duro? La Fuerza Armada. La rebelión de los jóvenes militares el 4 de febrero de 1992 fue una consecuencia directa del estallido popular de 1989. La masacre de más de tres mil ciudadanos de los barrios populares conmocionó a toda la sociedad, y por supuesto, también, a los militares patriotas, movimiento del cual emergió un líder histórico: el comandante Hugo Chávez.

Vale decir, la Revolución Bolivariana es un fenómeno profundamente democrático: irrumpe contra las élites y la Constitución de 1999 define el nuevo sistema político. Lo de las comunas y las consultas es una peculiaridad del proceso venezolano.  El comandante Chávez retomó las ideas fundacionales de Simón Rodríguez, filósofo socialista y maestro del libertador Simón Bolívar. 

Las tesis de Simón Rodríguez—a las que denomina topoarquía—incluyen la educación teórica y práctica, en la que, además del castellano, se enseñen las lenguas originarias; la igualdad de derechos entre las mujeres y los hombres; y todo ello en el marco de una comunidad que trabaja y se educa unida. Asimismo, propone que no debemos buscar en otras latitudes el modelo de las nuevas repúblicas que surgieron con la independencia, sino que debíamos ser originales. Insistió una y mil veces en que para construir repúblicas había que formar ciudadanos. Su frase más conocida es: “o inventamos o erramos”.

Los consejos comunales y las comunas son un proceso complejo y cambiante, con avances y retrocesos, como todo fenómeno social. La idea se fue consolidando poco a poco, con la fuerte oposición de la derecha, que no admite la idea del gran poeta nacional, Aquiles Nazoa: “creo en los poderes creadores del pueblo”. La derecha tiene una concepción elitista de la política y no puede aceptar que las fuerzas populares detenten el poder.

Más adelante, y en medio de agudas dificultades, el presidente Nicolás Maduro aporta al proceso de construcción de una nueva relación entre el Estado y la sociedad la proposición y ejecución de las consultas a escala nacional, de manera simultánea, con la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas desde los quince años. De este modo, se incorpora el sufragio universal al proceso comunitario, y la consulta que se circunscribía a lo local, pasa a ser una realidad nacional. Es un salto cualitativo en pleno desarrollo. Desde abril de 2024 se han realizado siete Consultas Populares Nacionales; la última fue el 8 de marzo de este año y fue la de mayor participación, lo cual no es casual.

En este proceso, las comunidades, organizadas en circuitos comunales, proponen proyectos, los priorizan, los deciden mediante elección, los controlan y los ejecutan. No cabe duda de que se trata de la sociedad retomando funciones que había delegado al Estado. Los recursos para estos proyectos son aportados por un ente constitucional, el Consejo Federal de Gobierno, con el apoyo de gobernaciones y alcaldías.

La democracia venezolana parte de un principio fundamental: la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce de manera directa o indirecta mediante el sufragio universal. A la existencia de los consejos comunales y las consultas se suma que, en cada circuito comunal, existen una sala de autogobierno, un mapa de necesidades y un plan de acción para cada comuna. Se trata de una concepción integral que ahora incorpora también la elección de los jueces de paz en todo el territorio nacional y la reestructuración de los parlamentos comunales.

Esa es una realidad, pero el poder popular también se expresa de manera determinante en las elecciones. En 26 años se han realizado 32 procesos electorales—regionales, municipales y nacionales—y existe una institucionalidad democrática, tanto en los cinco poderes públicos (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y ciudadano), como en las 335 alcaldías y concejos municipales y en las 24 gobernaciones y consejos legislativos.

La facción fascista de la oposición, que tiene el apoyo de la canalla mediática internacional, nunca reconoce las elecciones—excepto cuando obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional en 2015, o cuando triunfa en alcaldías o en gobernaciones—. Su posición es la de no reconocer la Constitución de 1999 ni las instituciones del Estado, porque su propuesta central es la instauración de una dictadura mediante el uso de la fuerza para derrocar al Gobierno Bolivariano y destruir la democracia. Muy por el contrario, la oposición democrática participa en las elecciones, promueve acuerdos y se deslinda de los fascistas. Los chavistas afirmamos: “dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada”.

Ms: Me gustaría abordar la reforma de la Ley de Hidrocarburos aprobada poco después de la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. Esta reforma flexibiliza la participación del sector privado—incluido capital extranjero—en la explotación petrolera en Venezuela, abriendo el sector a nuevas inversiones y modificando el rol tradicional de PDVSA. Paralelamente a su aprobación, Estados Unidos suspendió algunos aspectos de las sanciones económicas, permitiendo ciertas transacciones en el sector energético. Sin embargo, se mantienen restricciones clave sobre PDVSA y el sistema financiero venezolano, así como mecanismos de control sobre los pagos internacionales.

En este contexto, ¿qué cambios se esperan en la economía venezolana? ¿Qué margen de maniobra tiene el país para reactivar la producción petrolera y avanzar en la recuperación económica? Y, en una perspectiva más amplia, ¿cómo se plantea Venezuela transitar desde el modelo rentista basado en el petróleo hacia una economía más diversificada?

RD: La producción petrolera supera en este momento el millón de barriles diarios; la caída de los primeros días de enero ha sido superada. El levantamiento parcial de algunas medidas coercitivas contra la industria petrolera confirma la denuncia que hemos sostenido: las sanciones constituyen la principal causa de los problemas económicos de Venezuela. 

Los recientes acuerdos con Shell, Chevron, ENI y Repsol, así como los entendimientos con Colombia en materia de gas, demuestran que Venezuela es—y seguirá siendo—un factor importante en el mercado energético internacional.

La reforma a la Ley de Hidrocarburos ratifica elementos clave de la Ley Orgánica de 2002 y adecúa la legislación a la nueva realidad del mercado y a la correlación de fuerzas a escala global. Es conocido que la política petrolera de la Revolución Bolivariana ha sido la búsqueda de la estabilidad del mercado. También es sabido que los precios del petróleo son un asunto esencialmente político, y como tal hay que tratarlo.

Un análisis fundamentado en la economía política es un requisito indispensable para abordar el tema del “capitalismo rentístico” en Venezuela, particularmente a partir de los aportes teóricos de Carlos Marx. Empero, es posible afirmar que la conjunción de diversos factores internos y externos abrió una nueva etapa de la economía venezolana. Tal fenómeno fue captado por el presidente Nicolás Maduro, quien avanzó en la formulación de una nueva política económica el 16 de agosto de 2018—doce días después del atentado contra su vida y la de todo el alto mando político y militar—. 

El viraje estratégico explica por qué fue posible retomar el camino del crecimiento económico en medio del bloqueo. Resulta evidente que se generaron las bases para la recuperación del aparato productivo, esta vez contando con la conciencia de la clase trabajadora y la participación del empresariado nacional, sobre todo en el área de la producción de alimentos. A título de ejemplo: ya producimos 29 de los 37 productos de nuestra canasta esencial de alimentos, bajamos la vulnerabilidad nutricional de 37.5 por ciento a solo un 3 por ciento a finales de 2023 y este año llegaremos a 2 por ciento.

Actualmente, Venezuela produce más del noventa por ciento de los alimentos que consume, una relación inversamente proporcional a la que existía antes del viraje de la política económica iniciado en 2018. La participación del capital privado interno es fundamental, así como también un hecho de la vida real: nuestra clase trabajadora, con su alta preparación y conciencia política, ha sido capaz de avanzar en los llamados “motores productivos” en medio del bloqueo económico. Lamentablemente, algunos analistas no acuden a la ciencia, sino a la especulación, y no alcanzan a captar cómo se dirige una economía en condiciones adversas ni cómo se aplica una política progresiva de distribución del ingreso. El problema de la economía venezolana en este tiempo no es si está diversificada o no, sino la aplicación de medidas coercitivas que asfixian su funcionamiento.

Ms: ¿Qué papel desempeñó la nueva política económica implementada en 2018 en la estabilización del país durante la pandemia? A pesar del choque económico global y del endurecimiento del bloqueo económico por parte de Estados Unidos en 2019, Venezuela logró revertir una prolongada caída del PIB—que alcanzó un 30 por ciento en 2020—para volver a terreno positivo en 2021, con un crecimiento cercano al 1 por ciento. En este contexto, ¿en qué medida estas políticas contribuyeron a ese punto de inflexión y al inicio del proceso de recuperación económica?

RD: El crecimiento económico está estrechamente vinculado al fracaso del plan del ala fascista de la derecha, que instaló un “gobierno interino” en 2019 y promovió intentos de invasión y golpe de Estado. La ultraderecha quedó desenmascarada como antinacional y corrupta; no obstante, el daño económico ocasionado es incuantificable, ya que fue promotora de las sanciones económicas y se apropió de recursos que Venezuela tiene en el exterior. Hay que subrayar un hecho: en septiembre de 2019 se alcanzó un acuerdo entre el chavismo y la oposición democrática. Se convocaron elecciones de la Asamblea Nacional en 2020; las fuerzas democráticas recuperaron el parlamento y la derecha fascista perdió su posición institucional.

Además, la producción de petróleo se recuperó parcialmente con la participación de una empresa estadounidense durante el gobierno de Joe Biden, lo que aportó recursos para recuperar las misiones sociales. Sin embargo, el factor más importante tiene dos vertientes: por un lado, la clase obrera de las industrias básicas se unifica y recompone la producción de servicios y de extracción de gas y petróleo; por otro, entra en juego el empresariado nacional, junto con la acción del capital nacional y de algunas empresas extranjeras que operan en el país en diversas áreas. La cooperación con países aliados también adquiere gran relevancia. Está claro, y así lo hemos dicho muchas veces: “levanten las sanciones económicas y nosotros recuperamos la economía en breve plazo”. En 2025, Venezuela cerró con un crecimiento de casi el 9 por ciento, y las predicciones de la CEPAL para 2026 son que vamos a seguir liderando el crecimiento económico de América Latina.

Ms: A pesar de la suspensión parcial de algunas sanciones, Estados Unidos ha mantenido restricciones explícitas que limitan las transacciones de Venezuela con países como Rusia y China. En este contexto, ¿cómo quedan los acuerdos bilaterales con estas dos potencias? ¿En qué medida pueden sostenerse o adaptarse bajo estas condiciones?

RD: Venezuela tiene una definición muy clara con respecto a las relaciones con todos los países. Los cambios bruscos de la situación internacional están en el centro de nuestros análisis. Es un tiempo de incertidumbres. Los acuerdos que están en desarrollo tienen diversas características; sin embargo, el país avanza en sus vínculos con todos los gobiernos con los que mantiene relaciones diplomáticas, comerciales y políticas sin entrar en juegos de suma cero. El Gobierno Bolivariano ratificó su alianza estratégica con la Federación Rusa y su relación “a todo tiempo y a toda prueba” con la República Popular China.

Ms: El hecho de que Donald Trump y el Gobierno de Estados Unidos hayan negociado directamente con la presidenta encargada Delcy Rodríguez—y posteriormente hayan reconocido oficialmente su autoridad como jefa de Estado—refleja un reconocimiento de su papel en la conducción del país en ausencia del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, este reconocimiento se ha producido en un contexto complejo y, en un primer momento, al margen de los canales diplomáticos tradicionales.

Por un lado, esta situación dificultó, por ejemplo, que Venezuela iniciara un proceso de renegociación de su deuda externa. Por otro, el reconocimiento formal de Delcy Rodríguez como presidenta encargada implicaría, necesariamente, el reconocimiento de que Nicolás Maduro es el presidente de facto del país y, por lo tanto, que goza de inmunidad como jefe de Estado, aun encontrándose en Estados Unidos en condición de prisionero de guerra. ¿Cuál es su interpretación política de esta situación?

RD: En primer lugar, hay que decir que el presidente Nicolás Maduro es el jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela, y como tal tiene la inmunidad que le corresponde a todos los jefes de Estado. El Tribunal que lo juzga no tiene competencia para hacerlo y debe ponerlo en libertad de manera inmediata. El Presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados por la fuerza de su casa, mediante una operación militar del Ejército de los Estados Unidos en un país con el cual no está en guerra. El Presidente Maduro es un prisionero de guerra y es un hombre decente, defensor de su pueblo y del legado del comandante Hugo Chávez. 

En segundo término, el seis de marzo de 2026, el gobierno de Estados Unidos informó de manera oficial el reconocimiento al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y las relaciones diplomáticas están en proceso de restablecimiento pleno.  Hay que recordar que la ruptura de las relaciones en 2019 fue una decisión unilateral del gobierno estadounidense. En este momento están abiertas tanto la embajada de Estados Unidos en Caracas como la de Venezuela en Washington.

Ms: Tras el reconocimiento de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, ¿Cuáles son los próximos pasos para el país? ¿Está en condiciones Venezuela de recuperar el acceso a sus activos depositados en Estados Unidos, considerando las disputas legales y los mecanismos de control aún vigentes? Asimismo, en un contexto de flexibilización parcial de sanciones—que ha permitido ciertas operaciones con PDVSA pero mantiene restricciones clave sobre el sistema financiero—, ¿cómo avanzan las negociaciones para una eventual suspensión más amplia de las sanciones que afectan a PDVSA y al Banco Central de Venezuela? ¿Qué obstáculos persisten en este proceso y qué escenarios se contemplan a corto plazo?

RD: Es imprescindible señalar que las conversaciones con el gobierno del presidente Trump se mantienen. La demanda inmediata de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es el levantamiento total y definitivo de las sanciones económicas. Mientras éstas se mantengan, la inversión privada extranjera se ralentiza y la fluidez de las transacciones se convierte en un problema serio. Los activos de Venezuela—entre otros, la empresa Citgo—deben retornar a nuestro país: son propiedad de la República.

Ms: ¿Por qué la Revolución Bolivariana es percibida por Estados Unidos como una amenaza de tal magnitud? ¿Qué revela esto sobre el peso político de Venezuela y qué mensaje proyecta hacia otros países de la región?

RD: En ningún momento de la historia—ni ahora ni, con toda seguridad, en el futuro—Venezuela constituye una amenaza para la seguridad de Estados Unidos ni para ningún otro país. Sobre nuestra nación se construyó un relato falso, absurdo y grotesco, con el objetivo de torpedear los alcances políticos de la Revolución Bolivariana, especialmente porque el proceso democrático venezolano representa un desafío para otros sistemas políticos desgastados y plutocráticos. Además, la iniciativa de impulsar la integración y la unidad de América Latina y el Caribe es, en nuestro caso, una realidad tangible y comprobable. No solo hablamos de integración, la hemos puesto en práctica.

Resulta obvio que los 303 mil millones de barriles de petróleo que se encuentran en nuestro subsuelo constituyen la verdadera razón de los ataques. Todo el mundo sabe que nuestros inmensos recursos naturales son un potencial económico envidiable. Nuestro mensaje a otras naciones es unir esfuerzos para restablecer el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. La ruta adoptada para superar hechos tan graves como el del 3 de enero exige una gran fortaleza moral. El chavismo es la principal fuerza política de Venezuela y el soporte de su democracia; empero, el desafío actual requiere del concurso de todas las fuerzas democráticas del continente.

Ms: ¿En qué medida se ha contrapuesto históricamente la doctrina de Bolívar a la Doctrina Monroe? Y, en ese marco, ¿qué representa la denominada doctrina “Donroe” en términos de actualización o reformulación de la estrategia bolivariana?

RD: La estrategia de la Revolución Bolivariana es la de la unidad de América Latina y el Caribe. Se trata de un mandato constitucional y de la expresión más genuina del pensamiento del libertador Simón Bolívar. Nuestra región dispone de recursos naturales estratégicos para el mundo y cuenta, además, con una amplia experiencia política en espacios de integración como Caricom, Mercosur, el SICA, Unasur, la Comunidad Andina, el ALBA y la CELAC. Y, por encima de todo, posee un bien fundamental: la paz, sin la cual ningún proyecto beneficioso para la humanidad es posible.

En contraste, la estrategia de la Doctrina Monroe es la dominación hegemónica, que es expuesta de manera nítida por sus voceros principales. Resulta evidente que la Doctrina Bolivariana y la Doctrina Monroe se contraponen; mientras la doctrina bolivariana promueve la soberanía y la integración regional, la doctrina Monroe tiene como objetivo afirmar la influencia y el control de Estados Unidos en el hemisferio. En este nuevo momento, el desafío consiste en contar con la capacidad y la eficacia política necesaria para gestionar esta contradicción. El pueblo de Venezuela tiene un proyecto histórico y un mandato legado por el comandante Hugo Chávez: ¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!