Green Dreams

“Industrial policy is suddenly fashionable again; even those who once condemned it now claim they always supported it.” —Ha-Joon Chang

Por décadas, México se apartó del camino de la política industrial, confiando en que los mercados y la apertura comercial bastarían para impulsar una trayectoria de desarrollo deseable. El resultado ha sido un crecimiento lento, una estructura productiva dual y una baja capacidad de innovación. Hoy, con el lanzamiento del Plan México y un nuevo gobierno que promete alinear productividad, sostenibilidad y justicia social, se abre una gran ventana de oportunidad para sentar las bases de una política industrial verde como proyecto de Estado que trascienda en el tiempo.

La crisis de la deuda de 1982 marcó el giro hacia una agenda de reformas neoliberales derivadas del Consenso de Washington que abogaban por la liberalización comercial, la apertura a la inversión extranjera, la privatización y la disciplina fiscal. Bajo esta lógica, se asumió que el Estado no debía intervenir para promover sectores estratégicos y que las políticas industriales generaban distorsiones, por lo que se instaló la idea de que “la mejor política industrial es no tener política industrial”. En contraste, entre 1940 y 1970, el país había aplicado políticas industriales activas bajo un modelo de sustitución de importaciones que promovió la industrialización mediante instrumentos como la protección arancelaria, la banca de desarrollo y las empresas públicas, logrando un crecimiento promedio real del 6 por ciento anual para este periodo.1Banco de México, Crecimiento Histórico del PIB en México (1901-2020) https://www.banxico.org.mx/TablasWeb/informes-trimestrales/octubre-diciembre-2020/99B59D58-4537-4A19-A036-81D90F013EF1.html

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1994, consolidó este enfoque al priorizar la apertura comercial, la facilitación de la inversión extranjera directa (IED) y el crecimiento orientado a la exportación. Esta estrategia se basó en los bajos salarios como ventaja competitiva y careció de políticas coordinadas para generar mayor valor agregado, articular encadenamientos productivos locales, impulsar la adopción tecnológica y fortalecer capacidades nacionales. El TLCAN fue un mecanismo clave para consolidar la integración de México con la economía estadounidense, profundizando la dependencia estructural del país respecto a su vecino del norte. 

Derivado de este proceso, se produjo un desplazamiento de los sectores tradicionales —como textiles, calzado, muebles y agricultura a pequeña escala— hacia industrias como la automotriz, aeroespacial, electrónica y agroexportadora. Generando una estructura productiva dual: por un lado, complejos exportadores integrados a las cadenas globales pero concentrados en procesos de ensamblaje con bajo contenido nacional de ingeniería y diseño; y, por otro, un amplio tejido de micro y pequeñas firmas, atrapadas en la informalidad y con acceso limitado a financiamiento, tecnología y capital humano calificado. La ausencia de políticas activas para articular proveedores locales, fomentar la innovación y escalar la sofisticación de las exportaciones impidió que las ganancias de competitividad de los “nuevos” sectores se extendieran al resto de la economía. En consecuencia, la productividad total de los factores se estancó y el país registró tasas de crecimiento del PIB inferiores al 2 por ciento anual entre 1990 y 2014 2 Claudia Schatan, Transformación productiva, empleos y retos para la formación de capital humano en México, Fundación Friedrich Ebert Stiftung, México, diciembre de 2018, disponible en: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/15311.pdf muy por debajo de lo necesario para reducir la pobreza, cerrar brechas salariales y sostener un proceso de convergencia con economías de ingreso medio alto.

¿Realmente no hubo políticas productivas?

En ausencia de una estrategia federal coherente, varios estados —entre ellos Querétaro, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes— desarrollaron iniciativas propias que articularon clústeres, atrajeron inversión extranjera y promovieron la formación de capital humano especializado. Como bien lo ha documentado Tijerina, Nuevo León y Querétaro se convirtieron en dos destacados laboratorios de política industrial en el país: el primero, a través de una ley estatal de fomento y una red de clústeres que hoy explican casi una décima parte de las exportaciones manufactureras mexicanas; el segundo, gracias a dieciocho años de continuidad institucional en su Secretaría de Desarrollo Sustentable, que le permitió escalar del sector automotriz al liderazgo nacional en aeronáutica. La lección parece clara: los gobiernos estatales y municipales, más cercanos a las empresas, universidades y trabajadores, desempeñan un papel crucial en articular proveedores, fomentar la innovación y aumentar el contenido nacional de las exportaciones. Esta experiencia sugiere que una política industrial verde para México debe diseñarse con una perspectiva subnacional, fortaleciendo las capacidades técnicas y financieras de los gobiernos locales y coordinando las políticas e incentivos en torno a una visión nacional de largo plazo.

Mientras esto sucedía en México y en la mayoría de los países latinoamericanos, en otras regiones del mundo, países como Corea del Sur, Vietnam y China pusieron en marcha políticas industriales sólidas y bien coordinadas que les permitieron transformar sus aparatos productivos, desarrollar empresas nacionales exitosas y competitivas a nivel global, así como generar capacidades tecnológicas propias. Entre 1980 y 2020, China registró un crecimiento anual real promedio de 9.2 por ciento , Vietnam de 6.6 por ciento y Corea del Sur de 5.5 por ciento 3 Banco Mundial, (<)a href='https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=CN-VN-KR&start=1980'(>)https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2020&locations=CN-VN-KR&start=1980(<)/a(>) mientras que México apenas alcanzó un 2.2 por ciento. Hoy, frente a una nueva ola de reindustrialización verde, potencias como la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil han comenzado a movilizar cientos de miles de millones de dólares en inversión pública, marcos regulatorios favorables e innovación tecnológica para liderar la transición ecológica.

Consecuencias del modelo mexicano

En los últimos 24 años el PIB mexicano creció, en promedio, apenas 1.7 por ciento anual, mientras que la manufactura —históricamente considerada motor de expansión— lo hizo a un ritmo aún menor de 1.5 por ciento entre 2000 y 2023. En consecuencia, el PIB por habitante se mantuvo prácticamente estancado, con una variación promedio de sólo 0.5 por ciento anual. 

Entre 1990 y 2022, la productividad total de los factores (PTF) de la economía mexicana disminuyó, en promedio, un 0.57 por ciento anual. Esto se explica en buena medida por la alta incidencia de la informalidad laboral. En el 2021, el 55.8 por ciento de la población ocupada trabajaba en la informalidad y generaba apenas el 23 por ciento del PIB, mientras que el 44.2 por ciento restante —empleo formal— aportaba el 76.3 por ciento. 

Este bajo dinamismo productivo limita la generación de empleo de calidad, perpetúa la pobreza y amplía las brechas salariales. En 2022, el 36.3 por ciento de la población (46.8 millones de personas) estaba en pobreza multidimensional, y el 7.1 por ciento (9.1 millones) en pobreza extrema; además, el 43.5 por ciento no alcanzaba el ingreso mínimo necesario para cubrir la canasta básica. Con un crecimiento tan débil, México no genera ni la base fiscal ni el impulso inversor necesario para transitar hacia una economía más sofisticada y sostenible. Con una recaudación equivalente al 17.3 por ciento del PIB en 2022, la más baja de la OCDE, el Estado carece de margen para financiar programas sociales e inversiones estratégicas. En particular, la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación (CTI) alcanzó apenas el 0.27 por ciento del PIB en 2022, frente a un promedio de la OCDE del 2.73 por ciento, y muy por debajo de economías como Corea del Sur (5.21 por ciento), Alemania (3.13 por ciento) o Brasil (1.15 por ciento en 2020).

Los tiempos están cambiando

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la narrativa oficial se alejó decididamente del neoliberalismo y comenzó a reconocer la importancia del papel del Estado en la economía y de las políticas industriales. En los seis años de la administración, cada una de las tres titulares de la Secretaría de Economía presentó su propia propuesta de política industrial. Paralelamente, el gobierno promovió proyectos emblemáticos de infraestructura, y reforzó el papel de empresas estatales como PEMEX y CFE. Sin embargo, estas iniciativas carecieron de un marco integral que las vinculara con el impulso de sectores estratégicos, el desarrollo de clústeres tecnológicos o la implementación de incentivos a la innovación que generaran efectos de arrastre sobre el resto de la economía. El fortalecimiento de las empresas públicas se logró con resultados dispares y sin una estrategia clara para transitar hacia sectores de mayor valor agregado y sostenibilidad.

Por otro lado, el Ejecutivo federal priorizó una agenda social y laboral que logró avances significativos, particularmente en la reducción de la pobreza (del 41.9 por ciento en 2018 al 36.3 por ciento en 2022) y el aumento del empleo formal, impulsados por el incremento sostenido del salario mínimo y la regulación de la subcontratación. Sin embargo, las políticas sociales —que éste y otros gobiernos progresistas latinoamericanos han priorizado en las últimas décadas— tienen límites definidos en gran medida por la estructura de la matriz productiva, así como por las capacidades fiscales e institucionales de los estados. En este caso, estos logros no se tradujeron en una estrategia de transformación productiva capaz de revertir la baja productividad, reducir la alta informalidad o ampliar de forma sustancial la base fiscal. 

Este giro en la narrativa —que se alejaba decididamente del enfoque neoliberal— no vino acompañado de un fortalecimiento institucional del aparato económico del Estado. El caso de la Secretaría de Economía resulta particularmente ilustrativo: sus capacidades operativas y técnicas se han visto significativamente erosionadas en los últimos años. Su presupuesto se redujo de representar el 0.5 por ciento del gasto federal en 2013 a solo el 0.2 por ciento en 2019, y se eliminaron unidades importantes en el ámbito de normatividad, promoción de exportaciones, la atracción de inversión extranjera y el apoyo al emprendimiento sin que se destinaran recursos o estructuras alternativas para suplir esas funciones. Como resultado, la Secretaría quedó limitada para articular e implementar una política industrial robusta y de largo plazo.

La agenda ambiental también fue relegada durante esta administración. El presupuesto real de la Secretaría del Medioambiente cayó de alrededor de 82 mil millones de pesos en 2017, a 39 mil millones de pesos en 2019. A la par, se extinguieron fideicomisos que eliminaron fuentes estables de financiamiento para mitigación y adaptación. Los proyectos emblemáticos (Tren Maya, Refinería Olmeca) avanzaron con evaluaciones de impacto exprés y consultas sociales cuestionadas, mientras que en el sector eléctrico la cancelación de subastas de renovables y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que prioriza el despacho fósil de la CFE, detuvieron nuevas inversiones solares y eólicas. Esta combinación de recortes, proyectos fósiles prioritarios y vacíos regulatorios ha minado la capacidad del Estado para cumplir sus metas climáticas y sentar las bases de una transición sostenible. En conjunto, estas decisiones demuestran la ausencia de un enfoque transversal que integre las esferas energética, económica, laboral y ambiental en una política industrial verde y de alto valor agregado.

¿El inicio de una política industrial verde?

Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, la transformación productiva ha comenzado a tener un mayor protagonismo tanto en el discurso oficial como en la formulación de políticas públicas. Esta administración reconoce explícitamente la necesidad de articular el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la justicia social mediante una estrategia de desarrollo productivo de largo plazo, orientada a una prosperidad compartida. El Plan México, concebido como la política marco para avanzar en esta dirección, se perfila como el eje articulador de esta visión: busca impulsar la industrialización, fortalecer el contenido nacional en las cadenas de valor y reorientar el modelo económico hacia sectores de mayor valor agregado.

Con Claudia Sheinbaum, científica de formación y exintegrante del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la agenda medioambiental también ha cobrado mayor importancia. Durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, impulsó iniciativas destacables, entre ellas el proyecto Ciudad Solar, la construcción de dos plantas de reciclaje consideradas entre las más modernas de América Latina, y un modelo de movilidad sustentable avanzando hacia el transporte eléctrico y la expansión de la infraestructura ciclista. 

Ahora, desde la presidencia, ha elevado la agenda ambiental a una prioridad estratégica. Entre las acciones recientes destacan la promoción de trenes eléctricos, la aprobación de reformas legales secundarias para acelerar la transición energética, el impulso del primer autobús eléctrico mexicano, y un programa piloto de economía circular en Tula, Hidalgo. También se han empezado a articular iniciativas como la creación de la primera armadora nacional de vehículos eléctricos —en el marco del proyecto Olinia — y el lanzamiento del programa Sol del Norte en Mexicali, que contempla la instalación de 5,500 paneles solares en viviendas con una inversión de 200 millones de pesos. En este nuevo enfoque, el Estado vuelve a posicionarse como un actor estratégico del desarrollo, utilizando a las empresas públicas —en particular CFE y LitioMX— no solo como operadoras, sino como instrumentos clave de planeación e inversión en la transición energética y productiva.

La llegada de funcionarios con sólida formación técnica y experiencia internacional a posiciones clave del gabinete —como Alicia Bárcena (ex Secretaria Ejecutiva de la CEPAL) en Medio Ambiente, Marcelo Ebrard en Economía, Luz Elena González en Energía, Rosaura Ruíz en Ciencia y Tecnología, Julio Berdegué en Agricultura y Vidal Llerenas en la Subsecretaría de Industria y Comercio— sienta bases prometedoras para la consolidación de una estrategia de transformación productiva sostenible. A esto se suma la creación del Consejo Empresarial liderado por Altagracia Gómez, que introduce un mecanismo institucional para articular al sector privado con las prioridades del nuevo modelo de desarrollo. Los primeros meses de esta administración ya muestran señales de una coordinación entre dependencias más fluida —una condición indispensable— en comparación con el sexenio anterior, lo cual representa un avance significativo hacia una política industrial más coherente, adaptable y con proyección de largo plazo.

A diferencia de otros países de la región, México cuenta con una base productiva relativamente sofisticada, lo que le brinda una plataforma realista y ambiciosa para impulsar una transformación verde. Dispone de abundantes recursos renovables, una proximidad estratégica a Estados Unidos y una base manufacturera consolidada. Sectores como el automotriz, el aeronáutico, el emergente ecosistema digital y segmentos clave de la cadena de semiconductores ofrecen un punto de partida concreto para avanzar hacia una mayor complejidad económica sostenible. Sobre estos cimientos, el país tiene la oportunidad de diseñar una nueva generación de políticas industriales verdes que respondan simultáneamente a los desafíos del contexto geopolítico y climático, así como a la urgencia de un desarrollo más justo, resiliente y con visión de futuro.

En este contexto, impulsar una política industrial verde exige cambiar el enfoque hacia la acción climática y la sostenibilidad: dejar de pensarlas como una condición restrictiva y asumirlas como palancas estratégicas —capaces de desencadenar ciclos virtuosos de inversión, innovación, creación de empleo y competitividad—. El giro acelerado de los mercados internacionales hacia estándares verdes, tecnologías limpias y cadenas de valor bajas en carbono pueden convertir la sostenibilidad en ventaja competitiva. Retrasar esta transición no solo implicaría riesgos ecológicos y sociales sino también económicos, pues amenazaría el acceso a mercados estratégicos y expone al país al rezago tecnológico en sectores intensivos en carbono con bajo valor agregado.

México cuenta con ventanas de oportunidad en industrias emergentes, por lo que su estrategia debe anclarse en principios de viabilidad ecológica desde el inicio, lo que implica priorizar sectores basados en energía limpia, promover esquemas de upgrading ambiental y consolidar la economía circular. Sin embargo, llevar todo esto a la práctica exige más que recursos, pues demanda coaliciones políticas sólidas, hojas de ruta orientadas por misión y estructuras institucionales capaces de aprendizaje continuo. En este marco, el Estado debe ir más allá de la regulación y actuar como inversionista de primera instancia, orientando tecnológicamente las trayectorias productivas y diseñando políticas con criterios de equidad territorial, inclusión social y justicia ambiental. Sólo así la política industrial verde podrá reconfigurar, en lugar de reproducir, las actuales estructuras de poder y desigualdad.

El Plan México 

El Plan México ofrece buenos motivos para ser optimistas sobre la posibilidad de implementar, por fin, una política industrial robusta y sostenible. Además de ser un documento técnicamente sólido y bien estructurado, se ha convertido en una referencia para articular políticas clave orientadas a una transformación productiva y enfrentar las tensiones derivadas de los aranceles anunciados por Donald Trump. Entre sus características más relevantes, destaca la participación activa del Estado, que recupera un rol protagónico en la definición de una visión de largo plazo y en la coordinación interinstitucional. Incorpora una visión más amplia que las propuestas presentadas en años anteriores, incluyendo estrategias en áreas clave como energía, infraestructura, comunicaciones, educación e innovación, articuladas bajo una visión productiva común. Asimismo, apuesta por un enfoque territorial diferenciado, que reconoce las desigualdades regionales y busca enfrentarlas mediante políticas específicas.

Como objetivos centrales, plantea la creación de empleo de calidad, el fortalecimiento del mercado interno, el impulso del contenido nacional y la sustitución de importaciones. También establece metas concretas en materia de formación y empleo, como la capacitación anual de 150 mil técnicos y la creación de 1.5 millones de empleos en los sectores estratégicos. En términos de inversión pública, se contempla la ejecución de 145 proyectos energéticos a cargo de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), la creación de un fondo para financiar PYMES y el desarrollo de infraestructura clave como trenes de pasajeros, carreteras, aeropuertos y 100 parques industriales. Como lo señala el secretario de Economía, Marcelo Ebrard en un reciente artículo: “La prioridad es enfocarse en la transformación productiva del país. Esto implica diseñar e implementar una política industrial que fortalezca el contenido nacional de las exportaciones, reduzca la dependencia de importaciones fuera de la región y desarrolle capacidades productivas más avanzadas.”

Para impulsar los sectores estratégicos, el Plan prioriza un conjunto de herramientas de política pública, incluyendo el uso de compras públicas, los incentivos fiscales, la digitalización de trámites, el financiamiento vía banca de desarrollo, y una política energética coherente con la transición verde. Entre los sectores definidos como prioritarios se encuentran la industria automotriz y de electromovilidad, semiconductores, farmacéutica y biotecnología, agroindustria sostenible, química y petroquímica, textil y calzado, aeroespacial, tecnologías digitales y gestión del agua.  

A pesar del momento político favorable y del diseño ambicioso del Plan México, persisten obstáculos estructurales que podrían comprometer la viabilidad de una política industrial verde, inclusiva y sostenida en el tiempo. A continuación se presentan algunos de los más relevantes.

México enfrenta una fuerte presión fiscal que se ha ido acrecentando en años recientes. Al cierre de 2024, el déficit fiscal alcanzó un nivel del 5.7 por ciento del PIB 4(<)a href='https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-4-informes-sobre-la-situacion-economica-las-finanzas-publicas-y-la-deuda-publica-al-cuarto-trimestre-de-2024?idiom=es&utm_source=chatgpt.com'(>)https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-4-informes-sobre-la-situacion-economica-las-finanzas-publicas-y-la-deuda-publica-al-cuarto-trimestre-de-2024?idiom=es&utm_source=chatgpt.com(<)/a(>) algo no visto en muchos años, lo que obligó a un proceso de consolidación basado en recortes de gasto en lugar de una reforma fiscal integral. Esta debilidad fiscal limita severamente la capacidad del Estado para impulsar la inversión pública, entre 2000 y 2023, la formación bruta de capital fijo en México promedió apenas 22.7 por ciento del PIB, frente al 39.1 por ciento observado en el Este de Asia en el mismo periodo.

El diseño e implementación de una política industrial verde requiere capacidades estatales complejas y especializadas. Sin embargo, la estructura institucional actual presenta importantes debilidades. Ejemplos ilustrativos son los casos de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que han sufrido recortes de personal y presupuesto importantes en los últimos años. Las políticas industriales modernas requieren de amplios equipos de personas especializadas en una diversidad de temas que el país debe formar, atraer y retener para poder implementarlas de manera efectiva. 

La debilidad institucional no es solo técnica, sino también política. México enfrenta una economía política marcada por coaliciones de élites que históricamente han operado bajo esquemas de captura del Estado, privilegios fiscales, contratos públicos a modo y baja competencia. Esta es una de las críticas más comunes que se han hecho a la poca eficacia de las políticas industriales en América Latina y debe ser abordada de forma explícita para evitarlos errores del pasado y no convertir estas políticas en mecanismos de extracción de rentas para grupos económicos cercanos al poder político. 

La política proteccionista de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump debilitó la integración económica que México había construido durante tres décadas. La imposición de aranceles al acero, los autos y los electrónicos, así como la presión para relocalizar cadenas de suministro, pusieron en evidencia la vulnerabilidad que implica depender de un solo mercado que absorbe más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas. La próxima renegociación del T-MEC será un proceso clave para definir la posición estratégica de México en América del Norte y explorar nuevas oportunidades de integración productiva. Resulta particularmente preocupante el caso del sector automotriz, estratégico para la economía nacional, que enfrenta de forma simultánea presiones arancelarias, un proceso acelerado de electrificación y una creciente automatización.

Una condición indispensable para movilizar inversión —nacional y extranjera— es la certeza jurídica. Sin embargo, diversos actores del sector privado han expresado preocupación por el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la ambigüedad normativa en sectores clave. La recientemente aprobada reforma al Poder Judicial ha intensificado las inquietudes sobre el respeto al Estado de derecho, la autonomía judicial y la previsibilidad regulatoria. A ello se suman antecedentes como la cancelación de proyectos renovables, cambios retroactivos en contratos públicos y la incertidumbre en el sector eléctrico. Estos factores han deteriorado el ambiente de negocios y pueden frenar inversiones de largo plazo, especialmente en sectores intensivos en capital y tecnología. Reconstruir la confianza exigirá una estrategia permanente y compromisos para fortalecer el Estado de derecho, brindar certeza a las reglas, garantizar la autonomía de los reguladores y abrir espacios de diálogo con el sector productivo. 

De la ambición al aterrizaje: lo que está en juego

El éxito de una política industrial verde no dependerá únicamente del impulso presidencial o del volumen de recursos disponibles, sino de la capacidad del Estado para diseñar, coordinar y ejecutar estrategias complejas de manera consistente en un entorno cambiante. En la historia de México abundan los ejemplos de planes bien intencionados que naufragaron por falta de capacidad operativa. Para evitar ese destino, se requiere una arquitectura de gobernanza que combine liderazgo central al más alto nivel, coordinación intersecretarial y articulación territorial, además de una estructura capaz de dar continuidad más allá de los ciclos políticos, evitar capturas y responder a los desafíos técnicos y políticos del proceso de transformación productiva. 

Gobernar esta agenda implica superar tres obstáculos históricos: la fragmentación institucional, la debilidad fiscal y la desconexión entre políticas públicas y capacidades territoriales. En este marco, el reto no es solo diseñar nuevas instituciones, sino fortalecer las existentes, dotarlas de personal calificado, estabilidad presupuestal y capacidad técnica. La experiencia mexicana y la evidencia internacional muestran que sin capacidades estatales sólidas, incluso las estrategias mejor diseñadas terminan desdibujándose.

En el caso de México, esto implica articular de manera efectiva al Ejecutivo federal con tres ámbitos fundamentales: el sector privado, los gobiernos estatales, la academia y la ciudadanía. Esta articulación requiere mecanismos estables, reglas claras y canales de diálogo permanentes, yendo más allá de encuentros simbólicos. En esta línea, comienzan a surgir iniciativas que buscan generar conocimiento aplicado y fomentar el diálogo multiactor sobre las políticas industriales sostenibles, como el Co-Lab de Política Industrial Oxford-México, una plataforma que busca promover la colaboración entre investigadores, el sector público y actores del sector productivo.

También está en juego la posibilidad de transformar el músculo fiscal del Estado. Con una recaudación de apenas 17 por ciento del PIB —la más baja de la OCDE— México no cuenta hoy con los recursos necesarios para sostener un proceso ambicioso de transformación productiva. Si bien el contexto obliga a prudencia fiscal, también abre una discusión impostergable: ¿cómo alinear una estrategia de industrialización con un nuevo pacto fiscal progresivo que permita financiar bienes públicos estratégicos? La intención de fortalecer la banca de desarrollo, movilizar fondos verdes y diseñar nuevos instrumentos de financiamiento no será suficiente sin un horizonte fiscal que asegure recursos estables, previsibles y asignados estratégicamente. 

El fortalecimiento institucional es otra condición indispensable. La política industrial verde no puede implementarse con estructuras debilitadas ni con equipos técnicos limitados. Revertir el proceso de erosión institucional en áreas clave como economía, ciencia, energía y medio ambiente es tan urgente como complejo. Implica reconstruir capacidades técnicas, reactivar la cooperación interinstitucional y conectar los sistemas de conocimiento con las prioridades del desarrollo productivo. Sin esta base, el riesgo es que la política se fragmente, sea inconsistente o se concentre únicamente en objetivos de corto plazo.

A nivel territorial, el reto principal es construir una política industrial que reconozca y potencie las capacidades y vocaciones productivas de cada región. El Plan México ha dado un primer paso en esta dirección al identificar sectores estratégicos diferenciados por región; sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para apropiarse de la estrategia y traducirla en acciones concretas. Replicar, adaptar y escalar estas experiencias podría fomentar una cultura de transformación productiva descentralizada, basada en la colaboración, el aprendizaje institucional y la innovación desde los territorios. Para ello, es indispensable definir de forma clara y estratégica los criterios para seleccionar sectores prioritarios, considerando factores como el potencial de encadenamientos locales, el desarrollo de capacidades tecnológicas, la generación de empleo formal, el impacto ambiental, la geopolítica y la inclusión social. Cuando las estrategias se diseñan desde los territorios y responden a sus condiciones específicas, las políticas dejan de ser impuestas y empiezan a ser apropiadas. 

Finalmente, la inversión extranjera directa, que históricamente se ha tratado como un fin en sí misma, debe ser reconsiderada como una palanca para el desarrollo estratégico. Atraer capital es necesario, aunque no suficiente. Lo fundamental es canalizar esa inversión hacia objetivos bien definidos, como el desarrollo de proveedores, la transferencia tecnológica, la formación de talento y la sostenibilidad ambiental. Para lograrlo, es indispensable construir una nueva institucionalidad que reemplace la lógica pasiva del pasado por una estrategia activa, con enfoque sectorial y prioridades claras. La experiencia internacional demuestra que esto puede lograrse cuando el Estado tiene claridad sobre el tipo de inversión que busca, las condiciones bajo las cuales se acepta y las contrapartidas que exige.

En última instancia, lo que está en juego es la posibilidad de construir un nuevo contrato productivo, basado en capacidades propias, inclusión social y sostenibilidad. Esta transformación no puede descansar exclusivamente en el diseño técnico ni en la coyuntura política actual. Requiere liderazgo estratégico, institucionalidad fuerte y una comunidad amplia que la respalde. Si México logra articular esa base, esta vez la política industrial podría dejar de ser una promesa inconclusa y convertirse, por fin, en una palanca para un desarrollo transformador y duradero.

Entre las oportunidades y el riesgo

México se encuentra en un momento excepcional para reorientar su modelo de desarrollo hacia una política industrial verde, inclusiva y de largo plazo. La combinación de legitimidad política, alineación institucional y activos productivos en marcha crea una ventana de oportunidad que no se había visto en más de cuatro décadas. La presidenta Claudia Sheinbaum no solo llegó al poder con un respaldo contundente —61 por ciento de los votos—, sino que ha mantenido niveles históricos de aprobación ciudadana y cuenta con el respaldo legislativo suficiente para avanzar reformas estructurales sin bloqueos significativos. A esta legitimidad se suma un gabinete técnico que ha comenzado a operar de manera coordinada. Sin embargo, esta ventana de oportunidad es limitada.

El verdadero desafío ya no es si debe existir una política industrial verde, sino cómo gobernar su ejecución con eficacia, transparencia y visión transformadora. El país ha sido testigo de múltiples estrategias que, por falta de coordinación, financiamiento o capacidades institucionales, terminaron desdibujándose. Hoy, hay una hoja de ruta en gestación—el Plan México— que puede convertirse en el eje articulador de esta transformación, siempre y cuando se sienten las bases con acciones contundentes en los próximos meses.

Asegurar el éxito de esta agenda implica actuar simultáneamente sobre tres palancas clave: una arquitectura de gobernanza estratégica y participativa, un sistema financiero sólido y progresivo que garantice inversión sostenida, y un Estado con capacidades técnicas e institucionales para liderar procesos de transformación complejos. Sobre esta base, será posible territorializar la estrategia, coordinar con gobiernos subnacionales, seleccionar sectores con criterios de impacto estructural y canalizar la inversión extranjera hacia los objetivos nacionales.

Pero incluso con estos ingredientes, la captura de las políticas por intereses particulares, la fragmentación burocrática y el cortoplacismo político podrían desactivar el potencial de la reindustrialización verde. A ello se suma la posibilidad de choques externos —cambios en la política comercial de Estados Unidos o crisis energéticas— que exigen resiliencia institucional. Por eso es fundamental construir mecanismos de rendición de cuentas, participación ciudadana y evaluación constante, que garanticen que esta transformación responda al interés público y no a agendas privadas.

Lo crucial ahora es contar con liderazgo estratégico, capacidades técnicas y talento político para combinar estos ingredientes en una receta propia: una política industrial verde hecha en México. Para lograr esto se necesitarán aliados con una visión común y la construcción de una comunidad amplia que involucre a universidades, sector privado, centros de investigación, sindicatos, sociedad civil, organismos multilaterales y cooperación internacional. Solo con un ecosistema plural y colaborativo será posible sostener esta agenda transformadora en el tiempo, blindarla frente a los vaivenes políticos y convertirla en una política de Estado con legitimidad social.5 Lebdioui, A. (2024). (<)em(>)Survival of the greenest: Economic transformation in a climate-conscious world(<)/em(>). Cambridge University Press

El reto, en el fondo, es transformar una coyuntura favorable en una política de Estado, con proyección multianual y vocación estructural. Si México logra consolidar esta visión —anclada en la sostenibilidad, la innovación y la inclusión—, no solo avanzará hacia un modelo de desarrollo más justo y resiliente, sino que podría convertirse en un referente regional y global de cómo un país de ingreso medio puede reindustrializarse sin repetir los errores del pasado.