Cuando el hurac\u00e1n Mar\u00eda azot\u00f3 Puerto Rico en septiembre de 2017, la isla qued\u00f3 s\u00fabitamente desconectada: toda su red el\u00e9ctrica colaps\u00f3, cerca del 80 por ciento de los cultivos agr\u00edcolas fue destruido y gran parte de la infraestructura de telecomunicaciones qued\u00f3 pr\u00e1cticamente inutilizada. Las carreteras, los puentes y una importante presa sufrieron graves da\u00f1os. Las inundaciones destruyeron viviendas y miles de personas se quedaron sin hogar. Los da\u00f1os econ\u00f3micos fueron colosales, estimados en unos cien mil millones de d\u00f3lares. La reconstrucci\u00f3n y las reparaciones tras la tormenta se vieron plagadas de obst\u00e1culos y a\u00fan siguen en curso. <\/p>\n\n\n\n
El hurac\u00e1n provoc\u00f3 el apag\u00f3n m\u00e1s largo<\/a> de la historia de Estados Unidos\u2014que dur\u00f3 casi un a\u00f1o en algunas zonas\u2014y la red el\u00e9ctrica de Puerto Rico sigue en mal estado, propensa a cortes habituales en ciudades y pueblos. De los miles de millones de d\u00f3lares que Washington asign\u00f3 para la reconstrucci\u00f3n, incluidos 20 mil millones destinados a restablecer la red el\u00e9ctrica, apenas una parte lleg\u00f3 a Puerto Rico, obstaculizada en gran medida por la deficiente gesti\u00f3n federal<\/a> bajo la primera administraci\u00f3n de Trump.<\/p>\n\n\n\n Puerto Rico, situado en el mar Caribe, flanqueado por la Rep\u00fablica Dominicana y las Islas V\u00edrgenes, est\u00e1 expuesto a los huracanes\u2014de los cuales Mar\u00eda fue un caso especialmente grave. Pero los fen\u00f3menos meteorol\u00f3gicos extremos no son los \u00fanicos obst\u00e1culos a los que se enfrentan los 3,2 millones de habitantes del archipi\u00e9lago. La espectacular cat\u00e1strofe del hurac\u00e1n Mar\u00eda atrajo la atenci\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n, pero Puerto Rico ya se encontraba en medio de una profunda crisis. Los apagones, el acceso desigual al agua potable, el desempleo galopante y el estancamiento hab\u00edan sido caracter\u00edsticas de la vida en el archipi\u00e9lago. En este contexto, la tormenta no hizo m\u00e1s que agravar los problemas existentes. <\/p>\n\n\n\n Tras haber soportado una profunda recesi\u00f3n durante diez a\u00f1os, Puerto Rico anunci\u00f3 finalmente en 2015 que no podr\u00eda hacer frente al pago de cerca de 72 mil millones<\/a> de d\u00f3lares de deuda, a lo que se sumaban otros 50 mil millones<\/a> en obligaciones de pensiones sin financiaci\u00f3n. En junio del a\u00f1o siguiente, el Congreso de los Estados Unidos aprob\u00f3\u2014y el presidente Barack Obama promulg\u00f3\u2014la Ley de Supervisi\u00f3n, Gesti\u00f3n y Estabilidad Econ\u00f3mica de Puerto Rico, mejor conocida por sus \u201coptimistas\u201d siglas: PROMESA.<\/p>\n\n\n\n La ley dio lugar a una de las mayores reestructuraciones similares a una quiebra de la historia de Estados Unidos, supervisada por un \u00f3rgano de control\u2014conocido localmente como La Junta\u2014que concentr\u00f3 la autoridad econ\u00f3mica en sus propias manos. Este ente, integrado por siete miembros nombrados por el presidente Obama, asumi\u00f3 el control total de las finanzas de Puerto Rico, con el objetivo de preservar los activos de los tenedores de bonos, al tiempo que ordenaba al gobierno local de San Juan que realizara recortes dr\u00e1sticos, suprimiendo muchos programas sociales y abandonando importantes proyectos de infraestructura. Los resultados han sido transformadores. Desde la perspectiva de la junta de supervisi\u00f3n fiscal, el proceso constituye un \u00e9xito, pues la deuda se ha reducido casi a la mitad. Para gran parte de la sociedad puertorrique\u00f1a, sin embargo, representa una calamidad: el gasto social ha sido recortado dr\u00e1sticamente y la capacidad de decisi\u00f3n econ\u00f3mica ha quedado subordinada a un grupo de personas no electas con sede en Washington.<\/p>\n\n\n\n Diez a\u00f1os despu\u00e9s de la promulgaci\u00f3n de PROMESA, la junta de supervisi\u00f3n fiscal sigue en funciones. Seg\u00fan la legislaci\u00f3n, la condici\u00f3n para la retirada de este organismo es la recuperaci\u00f3n fiscal y econ\u00f3mica de Puerto Rico. Determinar el momento en que se ha logrado esto sigue siendo una cuesti\u00f3n ambigua, pero est\u00e1 claro que no se consultar\u00e1 a los residentes ni tampoco a los representantes electos de Puerto Rico al respecto. Si no se abordan las condiciones estructurales que llevaron a la promulgaci\u00f3n de la ley PROMESA\u2014una arquitectura financiera colonial que fomenta el comportamiento depredador y una constituci\u00f3n que limita radicalmente los poderes soberanos del archipi\u00e9lago\u2014, la situaci\u00f3n en Puerto Rico seguir\u00e1 deterior\u00e1ndose.<\/p>\n\n\n\n La econom\u00eda pol\u00edtica contempor\u00e1nea de Puerto Rico tiene sus ra\u00edces en la historia colonial del territorio, que comenz\u00f3 con la llegada de los espa\u00f1oles a finales del siglo XV. El archipi\u00e9lago, compuesto no s\u00f3lo por la isla de Puerto Rico, sino tambi\u00e9n por Vieques, Culebra y otras 140 islas peque\u00f1as, islotes y cayos, qued\u00f3 integrado a una econom\u00eda imperial articulada inicialmente en torno a la miner\u00eda y, posteriormente, a la agricultura de plantaci\u00f3n. Esta \u00faltima sustentada principalmente en el cultivo de az\u00facar y caf\u00e9, llevado a cabo por el trabajo forzado de poblaciones esclavizadas de origen africano. Tras la Guerra Hispano-Estadounidense, Espa\u00f1a cedi\u00f3 Puerto Rico a Estados Unidos a trav\u00e9s del Tratado de Par\u00eds de 1898. Esto supuso una reorganizaci\u00f3n de las instituciones pol\u00edticas, la propiedad de la tierra, las relaciones comerciales y la econom\u00eda del archipi\u00e9lago, integr\u00e1ndolo de manera cada vez m\u00e1s estrecha a los mercados estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n Fue en este contexto cuando el Congreso de los Estados Unidos promulg\u00f3 la Ley Foraker de 1900, que establec\u00eda el gobierno civil y las instituciones econ\u00f3micas del archipi\u00e9lago, al tiempo que exim\u00eda al territorio del impuesto federal<\/a> sobre la renta (la imposici\u00f3n de dicho impuesto habr\u00eda supuesto reconocer a Puerto Rico como parte de la Uni\u00f3n) y de otras regulaciones financieras. A partir de 1901, los \u201cCasos Insulares\u201d del Tribunal Supremo de los Estados Unidos establecieron a Puerto Rico como un \u201cterritorio no incorporado\u201d, es decir, una jurisdicci\u00f3n que pertenec\u00eda a los Estados Unidos, pero que no formaba parte de ellos plenamente y, por lo tanto, estaba sujeta a la amplia autoridad del Congreso en virtud de la Cl\u00e1usula Territorial. Las pol\u00edticas monetarias estadounidenses devaluaron la moneda local y los bienes inmuebles, lo que aceler\u00f3 el despojo de tierras y facilit\u00f3 las adquisiciones de tierras a gran escala por parte de las empresas azucareras estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n En 1917, el Congreso de los Estados Unidos promulg\u00f3 la Ley Jones-Shafroth, que impon\u00eda la ciudadan\u00eda estadounidense a los puertorrique\u00f1os al tiempo que reforzaba a\u00fan m\u00e1s la autoridad del Congreso sobre los asuntos pol\u00edticos y econ\u00f3micos del archipi\u00e9lago. Otro efecto importante de la Ley Jones fue la \u201ctriple exenci\u00f3n fiscal\u201d, que exim\u00eda a los bonos del Gobierno puertorrique\u00f1o de impuestos a nivel municipal, estatal y federal, lo que los hac\u00eda especialmente atractivos para los inversores estadounidenses. La Ley de la Marina Mercante de 1920 limit\u00f3 a\u00fan m\u00e1s la autonom\u00eda puertorrique\u00f1a al exigir que todo el comercio mar\u00edtimo entre el archipi\u00e9lago y Estados Unidos se realizara en buques estadounidenses que cumplieran los requisitos, lo que increment\u00f3 considerablemente el coste de la vida. <\/p>\n\n\n\n En los a\u00f1os posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno federal trat\u00f3 de transformar Puerto Rico en un centro industrial orientado a la exportaci\u00f3n. La denominada Operaci\u00f3n Bootstrap combin\u00f3 mano de obra de bajo costo, exenciones fiscales locales, incentivos federales y acceso irrestricto al mercado estadounidense para atraer corporaciones manufactureras, profundizando la integraci\u00f3n de la econom\u00eda puertorrique\u00f1a a los circuitos de acumulaci\u00f3n de capital de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n En 1952, el Congreso aprob\u00f3 la Constituci\u00f3n puertorrique\u00f1a, que estableci\u00f3 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (una traducci\u00f3n libre de \u201cCommonwealth of Puerto Rico\u201d) y permiti\u00f3 a los puertorrique\u00f1os elegir su propio gobierno local, aunque permaneciendo subordinados a Estados Unidos. Fruto de un amargo conflicto entre los puertorrique\u00f1os\u2014muchos de los cuales prefer\u00edan la independencia o la condici\u00f3n de estado de pleno derecho\u2014, la nueva Constituci\u00f3n tambi\u00e9n daba prioridad al pago de la deuda frente a cualquier otro gasto. La r\u00e1pida industrializaci\u00f3n trajo consigo el crecimiento econ\u00f3mico durante las d\u00e9cadas de 1950 y 1960, pero en la d\u00e9cada de 1970 ya mostraba signos de agotamiento. El aumento de los costes laborales, la mayor competencia internacional y la crisis mundial del petr\u00f3leo afectaron a una econom\u00eda muy dependiente del petr\u00f3leo importado, mientras que el desempleo se manten\u00eda persistentemente alto. A medida que el crecimiento se ralentizaba, el Gobierno comenz\u00f3 a depender de las transferencias federales y del endeudamiento p\u00fablico para mantener las infraestructuras, el empleo y el gasto p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n El art\u00edculo 936<\/a> del C\u00f3digo de Rentas Internas de Estados Unidos, introducido en 1976, ten\u00eda por objeto revitalizar el desarrollo animando a las empresas estadounidenses a establecerse en Puerto Rico. Para ello, permit\u00eda a las empresas que cumplieran los requisitos repatriar los beneficios generados en Puerto Rico sin pagar el impuesto federal sobre sociedades, lo que hac\u00eda que el archipi\u00e9lago resultara a\u00fan m\u00e1s atractivo para el capital estadounidense\u2014en particular para las industrias intensivas en conocimiento, como la farmac\u00e9utica, la fabricaci\u00f3n de dispositivos m\u00e9dicos, la electr\u00f3nica y los servicios financieros\u2014. En cierta medida, la exenci\u00f3n fiscal funcion\u00f3 y, en 1995, la industria manufacturera representaba aproximadamente el 42 por ciento del PIB<\/a>. <\/p>\n\n\n\n Esto gener\u00f3 m\u00e1s del 30 por ciento del sistema bancario puertorrique\u00f1o y represent\u00f3 aproximadamente el 17 por ciento del empleo total. Sin embargo, los beneficios fueron limitados. Los beneficios generados por las empresas acogidas a la Secci\u00f3n 936 estaban controlados en gran medida por empresas estadounidenses y, lo que es m\u00e1s importante, la econom\u00eda de Puerto Rico se hab\u00eda vuelto cada vez m\u00e1s dependiente de una disposici\u00f3n fiscal federal sobre la que el Gobierno puertorrique\u00f1o no ejerc\u00eda ning\u00fan control.<\/p>\n\n\n\n Los gobiernos puertorrique\u00f1os hab\u00edan recurrido al endeudamiento, al menos desde mediados del siglo XX, para financiar infraestructuras y empresas p\u00fablicas, pero a partir de la d\u00e9cada de 1980, la creciente deuda p\u00fablica pas\u00f3 a asumir la carga de compensar la disminuci\u00f3n de la capacidad fiscal y los d\u00e9ficits presupuestarios persistentes. En la d\u00e9cada de los noventa, el gobierno del Partido Nuevo Progresista de Pedro Rossell\u00f3 intent\u00f3 estimular la econom\u00eda<\/a> y financiar proyectos p\u00fablicos mediante la contrataci\u00f3n de grandes sumas de deuda\u2014aproximadamente 10.500 millones de d\u00f3lares durante el primer mandato de Rossell\u00f3 y otros 13.700 millones durante el segundo\u2014pero el endeudamiento p\u00fablico creci\u00f3 m\u00e1s r\u00e1pido que la econom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Al llegar al nuevo milenio, el modelo de desarrollo de Puerto Rico se estaba volviendo insostenible. La liberalizaci\u00f3n del comercio\u2014incluidos los acuerdos de libre comercio como el TLCAN\u2014y el aumento de la competencia internacional debilitaron algunas de las ventajas de las que hab\u00eda dependido la estrategia de industrializaci\u00f3n de Puerto Rico. En 1996, el Congreso hab\u00eda iniciado una eliminaci\u00f3n gradual de la Secci\u00f3n 936 a lo largo de diez a\u00f1os, ya que los cr\u00edticos estadounidenses llevaban tiempo argumentando que facilitaba una erosi\u00f3n excesiva de la base impositiva federal; y, aunque la supresi\u00f3n definitiva de dicha disposici\u00f3n en 2006 no provoc\u00f3 por s\u00ed sola la crisis econ\u00f3mica de Puerto Rico, s\u00ed elimin\u00f3 uno de los pilares centrales en torno a los cuales se hab\u00eda organizado la econom\u00eda, en un momento en que la industria nacional<\/a> ya se encontraba sometida a una presi\u00f3n creciente por la globalizaci\u00f3n. Ese a\u00f1o, Puerto Rico entr\u00f3 en recesi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En lugar de desarrollar un sistema tributario capaz de generar ingresos suficientes para sustituir los beneficios en declive asociados al modelo de desarrollo existente, el acceso a los mercados financieros sustituy\u00f3 cada vez m\u00e1s a la capacidad fiscal y al desarrollo econ\u00f3mico, y se emitieron bonos con mayor frecuencia para cubrir d\u00e9ficits de funcionamiento, refinanciar obligaciones existentes y hacer frente al servicio de las deudas anteriores. La Corporaci\u00f3n de Financiaci\u00f3n del Impuesto sobre las Ventas de Puerto Rico (COFINA<\/a>), creada a ra\u00edz de la recesi\u00f3n para emitir bonos \u201cextraconstitucionales\u201d, personific\u00f3 esta transformaci\u00f3n al titulizar los futuros ingresos por el impuesto sobre las ventas, convirtiendo de hecho los futuros flujos de ingresos p\u00fablicos en activos financieros que pod\u00edan venderse a los inversores a cambio de financiaci\u00f3n inmediata. <\/p>\n\n\n\n La triple exenci\u00f3n fiscal de Puerto Rico facilit\u00f3 a\u00fan m\u00e1s este proceso al mantener una fuerte demanda de sus bonos entre los inversores estadounidenses. En consecuencia, las instituciones financieras, los suscriptores de bonos, las agencias de calificaci\u00f3n crediticia, las aseguradoras y, finalmente, los fondos de cobertura asumieron un papel cada vez m\u00e1s importante en la gobernanza fiscal de Puerto Rico. A medida que se deterioraba la solvencia de Puerto Rico, el endeudamiento se encarec\u00eda cada vez m\u00e1s y una parte cada vez mayor de los recursos p\u00fablicos se destinaba al pago de las obligaciones existentes.<\/p>\n\n\n\n Dado que los puertorrique\u00f1os son ciudadanos estadounidenses y pueden desplazarse libremente entre el archipi\u00e9lago y los Estados Unidos, la migraci\u00f3n se present\u00f3 r\u00e1pidamente como una respuesta al aumento del desempleo y a las medidas de austeridad. El consiguiente descenso de la poblaci\u00f3n fue tanto una consecuencia de la crisis como un factor que la agrav\u00f3. La salida de residentes en edad de trabajar y de profesionales redujo la base impositiva, debilit\u00f3 el consumo interno y ejerci\u00f3 una presi\u00f3n adicional sobre las finanzas p\u00fablicas, generando un c\u00edrculo vicioso entre la contracci\u00f3n econ\u00f3mica, la migraci\u00f3n, la disminuci\u00f3n de los ingresos y el endeudamiento.<\/p>\n\n\n\n Cuando Alejandro Garc\u00eda Padilla asumi\u00f3 el cargo en 2013, la deuda de Puerto Rico ascend\u00eda a 67 mil millones de d\u00f3lares y las obligaciones con los fondos de pensiones sumaban otros 50 mil millones. A medida que los inversores municipales convencionales se mostraban cada vez m\u00e1s reacios a conceder pr\u00e9stamos al Gobierno, Puerto Rico pas\u00f3 a depender en mayor medida de inversores de alto riesgo, como los fondos de cobertura. A medida que la crisis se agravaba, los ingresos segu\u00edan disminuyendo y al Gobierno le resultaba cada vez m\u00e1s dif\u00edcil cumplir con sus obligaciones b\u00e1sicas. La respuesta de las agencias de calificaci\u00f3n crediticia fue rebajar la calificaci\u00f3n de la deuda de Puerto Rico, y Moody\u2019s, Fitch Ratings<\/em> y Standard & Poor\u2019s<\/em> acabaron situando sus bonos en territorio especulativo, o \u201cbasura\u201d. Estas rebajas limitaron a\u00fan m\u00e1s el acceso de Puerto Rico al cr\u00e9dito, lo que aument\u00f3 sus costes de financiaci\u00f3n e intensific\u00f3 las presiones fiscales. A medida que las inversiones se paralizaban, aumentaron los incentivos y exenciones fiscales para las empresas en un intento por detener la hemorragia. En 2004, exist\u00edan aproximadamente cuarenta leyes de exenci\u00f3n fiscal para el sector privado; en 2020, tras m\u00e1s de una d\u00e9cada de crisis, hab\u00eda m\u00e1s de noventa leyes de exenci\u00f3n fiscal, lo que limitaba un flujo sustancial de ingresos para el Gobierno.<\/p>\n\n\n\n La magnitud de la crisis se hizo p\u00fablica finalmente cuando, el 29 de junio de 2015, el gobernador Garc\u00eda Padilla declar\u00f3 que la deuda del archipi\u00e9lago era \u201cimposible de pagar\u201d. La deuda, que en aquel momento ascend\u00eda aproximadamente a 72 mil millones de d\u00f3lares, se distribu\u00eda en cuatro categor\u00edas: bonos de obligaci\u00f3n general respaldados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; bonos respaldados por el impuesto sobre las ventas emitidos por la COFINA; obligaciones de empresas p\u00fablicas, como la Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica de Puerto Rico (PREPA); y deudas asociadas a municipios y otras entidades. Todav\u00eda pasar\u00edan algunos meses antes de que comenzaran los impagos. El 1 de mayo, Puerto Rico incurri\u00f3 en impago<\/a> de bonos por valor de 442 millones de d\u00f3lares. A este le sigui\u00f3 un segundo impago<\/a> importante el 1 de junio, cuando el Gobierno no pudo reembolsar 2 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n La deuda de Puerto Rico se hab\u00eda estructurado, desde el principio, de tal manera que las posibilidades de reembolso eran escasas: gran parte de la deuda del territorio se gener\u00f3 a trav\u00e9s de instrumentos financieros complejos y, a menudo, abusivos. Tal y como ha demostrado el Action Center on Race and the Economy<\/a>, aproximadamente 36 mil millones de d\u00f3lares de los m\u00e1s de 70 mil millones de deuda no corresponden al pr\u00e9stamo original, sino a los intereses acumulados sobre tan solo 4 300 millones de d\u00f3lares en bonos de revalorizaci\u00f3n de capital suscritos por bancos de Wall Street. Los bonos de revalorizaci\u00f3n de capital<\/a>, al igual que los pr\u00e9stamos r\u00e1pidos, aplazan el pago de cualquier inter\u00e9s\u2014a tipos que superan el 700 por ciento en el caso de Puerto Rico\u2014hasta alcanzar el vencimiento final. Otras pr\u00e1cticas financieras abusivas incluyeron esquemas de refinanciaci\u00f3n de tipo \u201cscoop-and-toss<\/a>\u201d, deuda a tipo variable o hipotecas de tipo ajustable, permutas de tipos de inter\u00e9s y valores a tipo de subasta, todos los cuales permitieron que las obligaciones de intereses se incorporaran al nuevo capital a lo largo del tiempo. Estos mecanismos ampliaron los plazos de amortizaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de lo que permit\u00eda la Constituci\u00f3n puertorrique\u00f1a, al tiempo que aumentaban significativamente el pasivo total, incorporando una inestabilidad fiscal a largo plazo en la estructura de la deuda.<\/p>\n\n\n\n Los bancos de Wall Street<\/a>, las entidades financieras<\/a>, los fondos de cobertura<\/a> y los bufetes de abogados desempe\u00f1aron un papel decisivo a la hora de configurar la magnitud y la estructura del endeudamiento de Puerto Rico, y se beneficiaron de su expansi\u00f3n. Los bancos cobraron comisiones sustanciales y refinanciaron repetidamente las obligaciones de formas que generaban ganancias inmediatas para las entidades financieras, al tiempo que agravaban la exposici\u00f3n a largo plazo de Puerto Rico. ReFund America<\/a> estima que UBS, Citigroup, Goldman Sachs y Barclays han obtenido 1.600 millones de d\u00f3lares en comisiones por las operaciones de \u201cscoop and toss\u201d de Puerto Rico desde el a\u00f1o 2000, una cantidad que ahora forma parte de la deuda pendiente de Puerto Rico. <\/p>\n\n\n\n Posteriormente, los fondos de cobertura adquirieron bonos en dificultades con importantes descuentos y se posicionaron para obtener acuerdos favorables a trav\u00e9s de litigios. Tal y como ha documentado la organizaci\u00f3n de investigaci\u00f3n y activismo Hedge Clippers<\/a>, incluso tras la devastaci\u00f3n causada por el hurac\u00e1n Mar\u00eda en 2017, los fondos de cobertura presionaron al Gobierno puertorrique\u00f1o para que diera prioridad al pago de la deuda, argumentando que los fondos federales de ayuda en caso de cat\u00e1strofes pod\u00edan utilizarse para ese fin. La deuda p\u00fablica se convirti\u00f3 en un mecanismo de extracci\u00f3n, transfiriendo riqueza al exterior mientras se dejaba que el archipi\u00e9lago absorbiera las consecuencias sociales y econ\u00f3micas de los ajustes estructurales impuestos para pagarla.<\/p>\n\n\n\n Puerto Rico carec\u00eda de muchas de las competencias pol\u00edticas y jur\u00eddicas de las que disponen los Estados soberanos a la hora de intentar responder a esta crisis econ\u00f3mica. En 1984, el Congreso hab\u00eda modificado el C\u00f3digo de Quiebras<\/a> para excluir expl\u00edcitamente a Puerto Rico y a sus corporaciones p\u00fablicas de las protecciones de quiebra municipal del Cap\u00edtulo 9. Al no tener acceso al Cap\u00edtulo 9, las corporaciones p\u00fablicas de Puerto Rico, fuertemente endeudadas, no pod\u00edan solicitar una reestructuraci\u00f3n de sus obligaciones supervisada por los tribunales ni obtener las protecciones frente a la ejecuci\u00f3n de los acreedores que ofrece la quiebra municipal. <\/p>\n\n\n\n Esta exclusi\u00f3n, que limitaba la capacidad del territorio para reestructurar sus deudas, hab\u00eda adquirido cada vez m\u00e1s importancia a medida que la crisis fiscal se agravaba a partir de 2006. El Gobierno de San Juan promulg\u00f3 su propia ley de reestructuraci\u00f3n en 2014, pero fue r\u00e1pidamente anulada<\/a> por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 2016, al sostener que el C\u00f3digo Federal de Quiebras prevalec\u00eda sobre la legislaci\u00f3n local. El Tribunal razon\u00f3 que Puerto Rico no pod\u00eda legislar en un \u00e1mbito reservado al Congreso, a pesar de que se le excluyera de las protecciones de ese mismo marco federal.<\/p>\n\n\n\n Esta decisi\u00f3n puso de manifiesto una contradicci\u00f3n fundamental en el estatuto jur\u00eddico de Puerto Rico. El territorio no es un estado y, por lo tanto, carece de autoridad soberana y de protecciones clave; sin embargo, se le trata como a un estado a efectos de determinadas cuestiones federales. El contraste con Detroit ilustra las consecuencias pr\u00e1cticas de esta relaci\u00f3n colonial. Ante unas deudas de aproximadamente 18 mil millones de d\u00f3lares<\/a>, Detroit recibi\u00f3 autorizaci\u00f3n del estado de M\u00edchigan para declararse en quiebra municipal al amparo del Cap\u00edtulo 9 en 2013, lo que le permiti\u00f3 reestructurar sus obligaciones mediante un proceso judicial federal establecido. <\/p>\n\n\n\n Puerto Rico y sus corporaciones p\u00fablicas, por el contrario, hab\u00edan quedado expresamente excluidos de ese mismo mecanismo y, tal y como estableci\u00f3 el caso del Tribunal Supremo, no pod\u00edan crear un proceso de reestructuraci\u00f3n alternativo por su cuenta. Solo el Congreso pod\u00eda resolver este punto muerto, ya fuera ampliando las protecciones concursales existentes o creando un nuevo marco jur\u00eddico. Con la creaci\u00f3n de PROMESA, opt\u00f3 por lo segundo.<\/p>\n\n\n\n La ley PROMESA no solo cre\u00f3 un mecanismo para reestructurar la deuda de Puerto Rico, sino que instaur\u00f3 un nuevo centro de autoridad pol\u00edtica que se situaba por encima de las instituciones del propio gobierno electo de Puerto Rico. A La Junta, compuesta por siete miembros, se le otorgaron amplios poderes para certificar planes fiscales y presupuestos, revisar la legislaci\u00f3n y los contratos p\u00fablicos, exigir informaci\u00f3n a los organismos p\u00fablicos y, lo que es m\u00e1s importante, obligar al gobierno puertorrique\u00f1o a cumplir con los requisitos de la ley PROMESA. El art\u00edculo 108<\/a> de la ley PROMESA proh\u00edbe expl\u00edcitamente al gobernador y a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ejercer \u201ccontrol, supervisi\u00f3n, vigilancia<\/a> o revisi\u00f3n\u201d sobre la junta. Cuidadosamente aislada de los mecanismos habituales de rendici\u00f3n de cuentas democr\u00e1tica y supervisi\u00f3n local<\/a>, la ley PROMESA sent\u00f3 as\u00ed las bases institucionales de un gobierno paralelo, autorizado por el Gobierno federal, capaz de anular decisiones fiscales y presupuestarias clave tomadas por las instituciones elegidas de Puerto Rico.<\/p>\n\n\n\n La ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica en la que surgi\u00f3 la junta de supervisi\u00f3n reflejaba en cierta medida esta relaci\u00f3n, ya que no surgi\u00f3 en San Juan. El 30 de septiembre de 2016, sus siete miembros se reunieron para celebrar su primera sesi\u00f3n p\u00fablica<\/a> en la ciudad de Nueva York, a m\u00e1s de mil millas del archipi\u00e9lago que se les hab\u00eda encomendado supervisar. Durante la reuni\u00f3n, que fue interrumpida por manifestantes<\/a>, el \u00f3rgano de vigilancia orden\u00f3 al gobernador Garc\u00eda Padilla que presentara un nuevo plan fiscal\u2014en un plazo de semanas\u2014que cumpliera con las directrices establecidas por sus integrantes.<\/p>\n\n\n\n Era dif\u00edcil pasar por alto los ecos coloniales: un \u00f3rgano no elegido, creado por el Congreso y reunido en Manhattan, estaba determinando los par\u00e1metros fiscales dentro de los cuales tendr\u00eda que operar el gobierno elegido de Puerto Rico. La junta acabar\u00eda por establecer una presencia f\u00edsica en Puerto Rico, pero su autoridad proced\u00eda de Washington D. C., y no de la legislaci\u00f3n puertorrique\u00f1a, de los votantes puertorrique\u00f1os ni del consentimiento de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.<\/p>\n\n\n\n El T\u00edtulo III de la ley PROMESA constituy\u00f3 el otro pilar fundamental de esta nueva arquitectura de gobierno al establecer el mecanismo jur\u00eddico para la reestructuraci\u00f3n de la deuda de Puerto Rico en el marco del sistema judicial federal de Estados Unidos Bas\u00e1ndose en elementos<\/a> de los cap\u00edtulos 9 y 11 del C\u00f3digo de Quiebras de Estados Unidos, cre\u00f3 un r\u00e9gimen territorial de quiebra espec\u00edfico en el que solo la junta de supervisi\u00f3n tiene la autoridad para iniciar procedimientos y aprobar las condiciones de reestructuraci\u00f3n. En mayo de 2017, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, nombr\u00f3 a la jueza Laura Taylor Swain para supervisar los procedimientos del T\u00edtulo III, actuando en nombre de Puerto Rico y de varios de sus organismos. R\u00e1pidamente se convirti\u00f3 en la reestructuraci\u00f3n del sector p\u00fablico m\u00e1s grande y costosa de la historia de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n El 4 de febrero de 2019, la jueza Taylor Swain aprob\u00f3 el acuerdo de COFINA<\/a> y confirm\u00f3 su plan de reestructuraci\u00f3n, lo que la convirti\u00f3 en una de las mayores reestructuraciones de bonos municipales de la historia de Estados Unidos. As\u00ed, unos d\u00edas m\u00e1s tarde, la antigua deuda de COFINA, por un valor de 17 600 millones de d\u00f3lares, se canje\u00f3 por 12 20 millones de d\u00f3lares en nuevos bonos de COFINA, que se dividieron en varios bonos con intereses corrientes y bonos de revalorizaci\u00f3n del capital, cuyos pagos globales vencer\u00edan en las pr\u00f3ximas d\u00e9cadas, los \u00faltimos de ellos en 2058. El plan de ajuste de COFINA implica pagos por un total de 32 300 millones de d\u00f3lares a lo largo de 40 a\u00f1os<\/a>, lo que exige prorrogar durante ese mismo per\u00edodo el impuesto sobre las ventas y el consumo de Puerto Rico\u2014el m\u00e1s elevado de cualquier jurisdicci\u00f3n estadounidense. <\/p>\n\n\n\n Casi cinco a\u00f1os despu\u00e9s, en enero de 2022, la jueza Taylor Swain confirm\u00f3 el Plan de Ajuste del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para reestructurar 33 mil millones de d\u00f3lares en pasivos contra s\u00ed mismo, la Autoridad de Edificios P\u00fablicos y el Sistema de Jubilaci\u00f3n de los Empleados; y redujo los pasivos por pensiones de m\u00e1s de 55 mil millones de d\u00f3lares a 7 mil millones. La Iniciativa de Responsabilidad P\u00fablica<\/a> estim\u00f3 que, en la reestructuraci\u00f3n, los fondos de cobertura obtuvieron 1.100 millones de d\u00f3lares de beneficio. <\/p>\n\n\n\n El plan de ajuste incluye pagos en efectivo por valor de 7 mil millones de d\u00f3lares destinados a los fondos de cobertura, procedentes de los ahorros generados por las medidas de austeridad impuestas por la junta de supervisi\u00f3n en los a\u00f1os anteriores. Estas medidas de austeridad incluyen recortes de las pensiones del 8,5 por ciento para todos los jubilados cuya pensi\u00f3n mensual supere los 1.500 d\u00f3lares. Si se suman a los recortes en las prestaciones de los empleados en activo, el plan de ajuste supone una reducci\u00f3n total del gasto en pensiones del 19,3 por ciento.<\/p>\n\n\n\n Cientos de abogados, consultores, asesores y analistas financieros de m\u00e1s de treinta empresas participaron en el proceso, cuyos honorarios fueron sufragados por los contribuyentes puertorrique\u00f1os. Cada parte implicada cont\u00f3 con sus propios equipos de expertos jur\u00eddicos y financieros. Las empresas de consultor\u00eda, como McKinsey<\/a>, desempe\u00f1aron un papel fundamental en el an\u00e1lisis de los presupuestos, la elaboraci\u00f3n de planes fiscales, la negociaci\u00f3n con los acreedores, la coordinaci\u00f3n de los procedimientos, la redacci\u00f3n de la legislaci\u00f3n y el dise\u00f1o de intervenciones pol\u00edticas que iban mucho m\u00e1s all\u00e1 de la reestructuraci\u00f3n de la deuda. Desde 2017 se han gastado m\u00e1s de 1.500 millones de d\u00f3lares<\/a> en estos profesionales, y las estimaciones de Espacios Abiertos<\/a> sit\u00faan el total por encima de los 2 mil millones de d\u00f3lares. La mayor parte de estos fondos ha ido a parar a empresas con sede en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Es importante destacar que todo esto ocurri\u00f3 en contra de los deseos expresos de los pol\u00edticos locales, los actores gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, que impugnaron repetidamente la autoridad de la junta ante los tribunales, sin \u00e9xito. De hecho, cada proceso judicial, ya fuera ante los tribunales de distrito de Estados Unidos o ante el Tribunal Supremo, no hizo m\u00e1s que ampliar a\u00fan m\u00e1s el poder del \u00f3rgano, permiti\u00e9ndole consolidar su control sobre la pol\u00edtica fiscal y aislarla a\u00fan m\u00e1s de las demandas de la sociedad civil y del Gobierno. En conjunto, estas decisiones hicieron algo m\u00e1s que resolver disputas jur\u00eddicas aisladas; afianzaron una nueva distribuci\u00f3n del poder.<\/p>\n\n\n\n Las versiones dominantes sobre PROMESA, incluidas las de los antiguos<\/a> miembros de la junta<\/a>, presentan la intervenci\u00f3n federal como un ajuste de cintur\u00f3n dif\u00edcil pero necesario, al servicio de la recuperaci\u00f3n del crecimiento tras d\u00e9cadas de estancamiento y mala gesti\u00f3n fiscal. Seg\u00fan esta versi\u00f3n<\/a>, la buena labor de la junta de control ha permitido proteger las pensiones, restablecer la disciplina fiscal y volver a situar la econom\u00eda de Puerto Rico cerca de la estabilidad. Sin embargo, lo que estas narrativas optimistas suelen omitir es cualquier reconocimiento de los costes sociales que ha acarreado el proceso en curso de la ley PROMESA. <\/p>\n\n\n\n Entre 2019 y 2023, La Junta vet\u00f3 o intent\u00f3 anular trece leyes<\/a> promulgadas por el Gobierno puertorrique\u00f1o que consideraba contrarias a sus objetivos fiscales, incluidas medidas relacionadas con el seguro m\u00e9dico, los salarios y prestaciones del sector p\u00fablico, las ayudas por la pandemia para los trabajadores sanitarios, las pensiones y la reforma laboral. Las consecuencias han sido de gran alcance. Desde 2006, han cerrado 673 colegios p\u00fablicos<\/a> y la Universidad de Puerto Rico ha sufrido profundos recortes; en 2022, el presupuesto de la universidad se hab\u00eda reducido<\/a> en un 56 por ciento con respecto a la cifra anterior a PROMESA. Las tasas de matr\u00edcula casi se han triplicado<\/a>.<\/p>\n\n\n\n En 2019, la junta de supervisi\u00f3n exigi\u00f3 reformas sanitarias que redujeran el gasto previsto en 638 millones de d\u00f3lares<\/a> anuales para el ejercicio fiscal de 2024. Estos objetivos implicaban un ahorro acumulado de aproximadamente 1.800 millones de d\u00f3lares entre los ejercicios fiscales de 2020 y 2024. Aunque esos recortes nunca llegaron a aplicarse a la escala inicialmente prevista, la pandemia de COVID-19 y la ampliaci\u00f3n temporal del financiamiento federal a trav\u00e9s de Medicaid aliviaron significativamente las presiones presupuestarias sobre el sistema de salud, lo que llev\u00f3 a la junta a moderar sus objetivos de austeridad. Sin embargo, el sistema sanitario de Puerto Rico sigue enfrentando una considerable incertidumbre fiscal, particularmente ante la posibilidad de que disminuyan los fondos federales extraordinarios.<\/p>\n\n\n\n Este a\u00f1o, los responsables gubernamentales<\/a> advirtieron de que se acercaban a un precipicio fiscal que dejar\u00eda al Gobierno incapaz de sufragar los servicios b\u00e1sicos de Medicare si el Congreso no prorrogaba la financiaci\u00f3n. Los ayuntamientos tambi\u00e9n se enfrentaron a recortes por valor de 900 millones de d\u00f3lares<\/a> entre 2016 y 2026, lo que ha llevado a cuarenta y tres de ellos a la quiebra. Algunos gobiernos locales han perdido hasta el 60 por ciento<\/a> de sus presupuestos, todo ello mientras lideraban las respuestas ante desastres como las continuas tormentas, huracanes y terremotos, as\u00ed como la pandemia de COVID-19.<\/p>\n\n\n\n La Autoridad de Energ\u00eda El\u00e9ctrica de Puerto Rico (PREPA),famosa por los apagones en todo el archipi\u00e9lago, ha sido uno de los principales objetivos de La Junta. Desde su creaci\u00f3n, este organismo hab\u00eda dejado clara su intenci\u00f3n de privatizar esta empresa p\u00fablica. \u201cSolo la privatizaci\u00f3n permitir\u00e1 a la PREPA atraer las inversiones que necesita para reducir los costes y proporcionar un suministro el\u00e9ctrico m\u00e1s fiable\u201d, escribieron cuatro miembros del \u00f3rgano de vigilancia fiscal en un art\u00edculo de opini\u00f3n<\/a> publicado en el Wall Street Journal en junio de 2017. El organismo contrat\u00f3 a McKinsey para elaborar planes detallados de privatizaci\u00f3n \u201crespaldados por modelos financieros y la participaci\u00f3n del mercado\u201d. Desde que comenz\u00f3 la privatizaci\u00f3n en 2021, las facturas de electricidad han aumentado un 40 por ciento<\/a>, mientras que las tarifas del agua han subido un 30 por ciento. Al mismo tiempo, se han destinado 1.500 millones de d\u00f3lares<\/a> al pago a los tenedores de bonos de la PREPA. La transformaci\u00f3n de la empresa de servicios p\u00fablicos se ha caracterizado por la controversia, los conflictos de intereses, los fallos persistentes en el servicio, los apagones rotativos y la escasez de agua<\/a>, lo que ha obligado a los puertorrique\u00f1os a pagar m\u00e1s por unos sistemas el\u00e9ctricos y de agua cada vez menos fiables.<\/p>\n\n\n\n A medida que se han reducido los servicios p\u00fablicos, se ha promovido a Puerto Rico como centro financiero extraterritorial. En virtud de la Ley 60 de 2019<\/a>, el gobierno local ha ofrecido ventajas fiscales extraordinarias a particulares y empresas dispuestos a trasladarse al archipi\u00e9lago o a estructurar sus actividades empresariales a trav\u00e9s de \u00e9l. Bancos internacionales, sociedades de capital riesgo, gestores de patrimonios, fondos de inversi\u00f3n alternativos, aseguradoras cautivas internacionales, inversores en criptomonedas y m\u00e1s de cinco mil personas con un elevado patrimonio se han beneficiado de estos incentivos. El sector de los servicios financieros ha celebrado este cambio como prueba de que Puerto Rico est\u00e1 \u201cabierto a los negocios\u201d.<\/p>\n\n\n\n La ley PROMESA no establece una fecha fija para la disoluci\u00f3n de la junta de control, pero el art\u00edculo 209<\/a> de la ley estipula que la junta dejar\u00e1 de existir una vez que Puerto Rico demuestre un acceso adecuado a los mercados de cr\u00e9dito a corto y largo plazo a tipos de inter\u00e9s razonables. El Gobierno tambi\u00e9n est\u00e1 obligado a cerrar al menos cuatro ejercicios fiscales consecutivos con presupuestos equilibrados. Mientras tanto, diez a\u00f1os despu\u00e9s de su llegada a San Juan, la junta sigue certificando presupuestos, supervisando planes fiscales, revisando la legislaci\u00f3n y autorizando la privatizaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n Cuando finalmente se retire, como alg\u00fan d\u00eda deber\u00e1 hacerlo, \u00bfen qu\u00e9 medida recuperar\u00e1n los puertorrique\u00f1os el control de su propia econom\u00eda y de sus propios procesos pol\u00edticos y jur\u00eddicos? Algunas \u00e1reas de la toma de decisiones fiscales volver\u00e1n inevitablemente al Gobierno puertorrique\u00f1o, pero \u00bfsupondr\u00e1 esto el restablecimiento de la soberan\u00eda pol\u00edtica y econ\u00f3mica? A falta de un cambio estructural, Puerto Rico seguir\u00eda estando, como lo ha estado durante mucho tiempo, sujeto a los poderes plenarios del Congreso y sin control soberano sobre muchos de los acuerdos jur\u00eddicos y econ\u00f3micos que contribuyeron a provocar la crisis econ\u00f3mica en primer lugar. <\/p>\n\n\n\n Es probable que los cierres de colegios, las subidas de las matr\u00edculas, el deterioro de los servicios p\u00fablicos, los apagones persistentes, la desinversi\u00f3n municipal y la reorientaci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos hacia consultores y acreedores\u2014medidas promulgadas durante la ley PROMESA\u2014perduren m\u00e1s all\u00e1 de la propia Junta de Control. Esto se debe, en parte, a que las obligaciones de servicio de la deuda continuar\u00e1n durante d\u00e9cadas, ya que el Gobierno sigue renunciando a ingresos sustanciales a trav\u00e9s de los incentivos y exenciones fiscales<\/a> que siempre han sido fundamentales para su estrategia de desarrollo econ\u00f3mico, pero con un nuevo \u00e9nfasis en los servicios financieros y en la reubicaci\u00f3n de inversores acaudalados en el archipi\u00e9lago. La extraordinaria emigraci\u00f3n<\/a> hacia Estados Unidos desde 2006 plantea un reto adicional. Aunque la intensidad de la emigraci\u00f3n se ha ralentizado, la poblaci\u00f3n sigue disminuyendo, lo que genera nuevos problemas para el crecimiento.<\/p>\n\n\n\n El futuro bienestar socioecon\u00f3mico de Puerto Rico tras la disoluci\u00f3n de la junta de control no depende \u00fanicamente de su capacidad para incrementar el gasto p\u00fablico, sino de su aptitud para estructurar un modelo fiscal y de desarrollo que genere recursos orientados al inter\u00e9s colectivo, superando la din\u00e1mica de austeridad para los residentes e incentivos para el capital m\u00f3vil. La ley PROMESA puso al descubierto las formas contempor\u00e1neas de gobernanza colonial estadounidense, pero tambi\u00e9n gener\u00f3 una d\u00e9cada de resistencia por parte de los puertorrique\u00f1os, que se han negado a aceptar que este sistema sea normal, necesario o justo. La capacidad de recuperar la capacidad de decidir colectivamente c\u00f3mo se recaudan, distribuyen e invierten los recursos p\u00fablicos determinar\u00e1 lo que suceda despu\u00e9s de la Junta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cuando el hurac\u00e1n Mar\u00eda azot\u00f3 Puerto Rico en septiembre de 2017, la isla qued\u00f3 s\u00fabitamente desconectada: toda su red el\u00e9ctrica colaps\u00f3, cerca del 80 por ciento de los cultivos agr\u00edcolas fue destruido y gran parte de la infraestructura de telecomunicaciones qued\u00f3 pr\u00e1cticamente inutilizada. Las carreteras, los puentes y una importante presa sufrieron graves da\u00f1os. Las […]<\/p>\n","protected":false},"author":467,"featured_media":34476,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[729],"tags":[],"issue":[],"newsletter":[],"region":[1013,1178],"sector":[1061],"theme":[1091,1103],"series":[],"class_list":["post-34519","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","region-america-latina-y-el-caribe","region-eeuu","sector-finanzas-y-seguros","theme-financiamento-y-desarrollo","theme-geopolitica-es"],"acf":[],"yoast_head":"\nOr\u00edgenes de la emergencia fiscal<\/h3>\n\n\n\n
Deuda p\u00fablica<\/h3>\n\n\n\n
La Junta<\/h3>\n\n\n\n
Austeridad<\/h3>\n\n\n\n
Diez a\u00f1os despu\u00e9s<\/h3>\n\n\n\n