{"id":23427,"date":"2025-04-10T14:51:10","date_gmt":"2025-04-10T14:51:10","guid":{"rendered":"https:\/\/phenomenalworld.org\/sin-categorizar\/wages-of-citizenship\/"},"modified":"2025-05-05T16:13:28","modified_gmt":"2025-05-05T16:13:28","slug":"salarios-de-ciudadania","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/phenomenalworld.org\/es\/analisis\/salarios-de-ciudadania\/","title":{"rendered":"Sueldo de ciudadan\u00eda"},"content":{"rendered":"\n

La cruzada de la administraci\u00f3n de Trump por transformar el sistema migratorio estadounidense ha incluido cambios radicales dirigidos a aumentar las capacidades del Estado para localizar y \u201cremover\u201d (es decir, expulsar) a quienes residen en el pa\u00eds sin contar con ciudadan\u00eda. La administraci\u00f3n ha empoderado a agentes migratorios para adentrarse en espacios antes<\/a> considerados \u201csensibles\u201d, como escuelas o iglesias, suspendido el debido proceso para personas no ciudadanas que residen en el pa\u00eds legalmente y establecido c\u00e1rceles migratorias m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras de Estados Unidos. <\/p>\n\n\n\n

Lleg\u00f3 a un acuerdo<\/a> con el Servicio de Impuestos Internos [IRS o Internal Revenue Service<\/em>] para usar aquellos datos tributarios que alguna vez estuvieron fuera del alcance de la autoridad migratoria con el fin de localizar a unos 7 millones de trabajadores indocumentados. En este momento, se est\u00e1n realizando aparatosos operativos de deportaci\u00f3n en todo el pa\u00eds: el Departamento de Seguridad Nacional [DHS o Department of Homeland Security<\/em>] presume<\/a> que ha llevado a cabo 113 mil detenciones y m\u00e1s de 100 mil deportaciones desde que Trump asumi\u00f3 su cargo en enero. Estas cifras nos hablan de un incremento en las detenciones y deportaciones \u201ccolaterales<\/a>\u201d que probablemente incrementar\u00e1n tras la revocaci\u00f3n<\/a> de los permisos de trabajo de 530 mil migrantes legales de Cuba, Nicaragua, Hait\u00ed y Venezuela por parte del Servicio de Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas [ICE o Immigration and Customs Enforcement<\/em>] que tuvo lugar 25 de marzo. Estos migrantes ahora tienen treinta d\u00edas, es decir, hasta el 24 de abril, para salir del pa\u00eds antes de convertirse en el blanco de esfuerzos de detenci\u00f3n y deportaci\u00f3n.Estas medidas draconianas eran de esperarse. Sin embargo, lo que est\u00e1 menos claro es si estas ofensivas amenazar\u00e1n a la alianza inc\u00f3moda entre el gobierno federal y quienes emplean<\/a> a trabajadoras y trabajadores de las industrias agricultoras, de construcci\u00f3n, alimenticias y hospitalarias. <\/p>\n\n\n\n

A pesar de que la \u201cGuerra contra el terrorismo\u201d lanzada en 2001 redefini\u00f3 los l\u00edmites del poder ejecutivo en cuanto a la vigilancia y detecci\u00f3n de extranjeros en el pa\u00eds, los lugares de trabajo han permanecido relativamente impermeables durante las \u00faltimas dos d\u00e9cadas. La resiliencia de este arreglo refleja un inter\u00e9s claramente hegem\u00f3nico por mantener una fuerza laboral barata y d\u00f3cil, lo que asegura precios bajos y ganancias altas; un flujo vital de trabajadores de la salud y de cuidados de las infancias; una fuente<\/a> cr\u00edtica de trabajadoras y trabajadores futuros y casi 100.000 millones de d\u00f3lares<\/a> en ingresos tributarios estatales, locales y federales. Esto engloba la perspectiva de las y los empleadores en Estados Unidos, encapsulada en la noci\u00f3n de las \u201cempresas santuario<\/a>\u201d, seg\u00fan la cual la segmentaci\u00f3n del mercado laboral ha impulsado al crecimiento de las empresas.)proyecta(<)\/a(>) que el segmento de la fuerza laboral que incluye a trabajadores nacidos en Estados Unidos con padres nacidos en dicho pa\u00eds experimentar\u00e1 una contracci\u00f3n de 8.2 millones de trabajadores entre 2015 y 2035. Las y los inmigrantes y sus hijas e hijos que nazcan en Estados Unidos representar\u00e1n casi todo el crecimiento, proyectado en 18.2 millones de personas netas, de la poblaci\u00f3n adulta de \u00f3ptima edad laboral en este periodo. \" class=\"footnote\" id=\"footnote-1\" href=\"#footnote-list-1\">1<\/a>El problema de la reproducci\u00f3n de la fuerza laboral es particularmente \u00e1lgido. Se (<)a href='https:\/\/www.dallasfed.org\/~\/media\/documents\/research\/papers\/2020\/wp2005.pdf'(>)proyecta(<)\/a(>) que el segmento de la fuerza laboral que incluye a trabajadores nacidos en Estados Unidos con padres nacidos en dicho pa\u00eds experimentar\u00e1 una contracci\u00f3n de 8.2 millones de trabajadores entre 2015 y 2035. Las y los inmigrantes y sus hijas e hijos que nazcan en Estados Unidos representar\u00e1n casi todo el crecimiento, proyectado en 18.2 millones de personas netas, de la poblaci\u00f3n adulta de \u00f3ptima edad laboral en este periodo. <\/span><\/p>\n\n\n\n

Reformar este sistema m\u00e1s all\u00e1 de las iniciativas de ley m\u00e1s punitivas<\/a> se vislumbra como un ejercicio in\u00fatil<\/a>. El fracaso de una reforma integral en el Congreso ha llevado a que la pol\u00edtica migratoria (y muchas otras ramas de la pol\u00edtica) quede bajo el dominio de las acciones ejecutivas. Sin embargo, el sistema migratorio estadounidense no se basa en la aplicaci\u00f3n de las leyes migratorias, sino en su no aplicaci\u00f3n<\/em> selectiva. Las y los empleadores han llegado a confiar en que el Estado ignorar\u00e1 su explotaci\u00f3n de la mano de obra indocumentada toda vez que se les permite amenazar a sus trabajadores con la deportaci\u00f3n de manera cre\u00edble. La consecuencia ha sido el fortalecimiento del poder de negociaci\u00f3n de los empleadores en contra de todos <\/em>los empleados: se deprimen los salarios, se debilitan a los sindicatos y la pol\u00edtica del trabajo logra distanciarse de la negociaci\u00f3n colectiva y de la regulaci\u00f3n de salarios y horas de trabajo. Este inter\u00e9s en mantener una fuerza laboral d\u00e9bil y desorganizada ha impulsado a los pol\u00edticos estadounidenses, de manera consciente o no, a adoptar el rol del jefe caprichoso, pues se amenaza a porciones significativas de la fuerza laboral en Estados Unidos con la deportaci\u00f3n. Sin embargo, si Trump se puede permitir la implosi\u00f3n de este arreglo es porque la precariedad del trabajador indocumentado representa el futuro <\/em>de las relaciones laborales en Estados Unidos, no su pasado.<\/p>\n\n\n\n

El derecho laboral y migratorio en Estados Unidos<\/h3>\n\n\n\n

Durante mucho tiempo, el consenso entre estudiosos de la inmigraci\u00f3n ha sido que los factores de atracci\u00f3n econ\u00f3mica, y no el emprendimiento criminal o el \u201cim\u00e1n del welfare\u201d <\/em>(mal concebido como el otorgamiento indiscriminado de apoyos gubernamentales), han sido el principal impulsor de la migraci\u00f3n M\u00e9xico-Estados Unidos. Este entendimiento estuvo detr\u00e1s de los esfuerzos por imponer penalizaciones econ\u00f3micas a empleadores en la d\u00e9cada de los a\u00f1os 50, as\u00ed como la tendencia a exigir que las y los empleadores verificaran que sus empleados tuvieran estatus legal para trabajar en los a\u00f1os 70. Bajo esta l\u00f3gica, si las y los empleadores pudieran cooptarse como detectores de migrantes indocumentados en el punto de contrataci\u00f3n, entonces los migrantes potenciales se quedar\u00edan sin incentivos para emprender el viaje migratorio en un principio. <\/p>\n\n\n\n

A su vez, la fuerza laboral indocumentada, que ya no tendr\u00eda buenos prospectos de empleo, ser\u00eda orillada a la autodeportaci\u00f3n. Como alguna vez lo plante\u00f3 el abogado prorestricci\u00f3n Kris Kobach en un art\u00edculo<\/a> sobre \u201cenforcement by attrition<\/em>\u201d, o la idea de dificultar tanto la vida de los migrantes indocumentados que se autodeportar\u00edan, publicado en 2008: \u201c\u00bfqu\u00e9 si todos<\/em> los inmigrantes ilegales tuvieran dificultades para encontrar empleo en Estados Unidos mientras los riesgos de la aplicaci\u00f3n [de la ley inmigratoria] fueran a incrementar para todos?\u201d<\/p>\n\n\n\n

La Ley de Reforma y Control de Inmigraci\u00f3n de 1986 [IRCA o Immigration Reform and Control Act<\/em>] marc\u00f3 el comienzo de un experimento federal para controlar la inmigraci\u00f3n a trav\u00e9s del mercado laboral. Las \u201csanciones a los empleadores\u201d contempladas bajo la ley delegaron a una vasta porci\u00f3n de la autoridad de vigilancia<\/a> a los empleadores privados, poniendo bajo su discreci\u00f3n la verificaci\u00f3n de documentos identitarios, as\u00ed como el almacenamiento de historiales del I-9 (un formulario utilizado para verificar la elegibilidad de empleo de los trabajadores). Las empresas estar\u00edan sujetas a auditor\u00edas aleatorias y se abrir\u00edan investigaciones a partir de denuncias. Quienes no se apegaran a la ley enfrentar\u00edan castigos civiles y criminales cuya seriedad depender\u00eda de la frecuencia y gravedad de la ofensa. Este cambio legal en la manera de regular a la inmigraci\u00f3n fue significativo, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ahora, gracias a la IRCA, adem\u00e1s de las decenas de miles de miembros del personal del Servicio de Inmigraci\u00f3n y Naturalizaci\u00f3n [INS o Immigration and Naturalization Service<\/em>] habr\u00eda millones de detectores migratorios nuevos y privados: los empleadores mismos.Como tambi\u00e9n fue el caso con los esfuerzos por vigilar el trabajo no autorizado en las d\u00e9cadas de los a\u00f1os 50 y 70, una vez m\u00e1s, los grupos empresariales intervinieron<\/a> para amoldar a la ley seg\u00fan sus propias necesidades. <\/p>\n\n\n\n

Los cabilderos ganaron ciertas provisiones claves<\/a> que impulsaron una relaci\u00f3n radicalmente asim\u00e9trica: la IRCA contemplar\u00eda que un esfuerzo de \u201cbuena fe\u201d del empleador por verificar documentos constituir\u00eda una defensa afirmativa contra de cualquier acusaci\u00f3n de violar a la ley, crear\u00eda un formato de atestaci\u00f3n firmado por el empleado (lo cual desplazar\u00eda la responsabilidad del empleo ilegal desde los empleadores hacia los empleados mismos) y requerir\u00eda que los empleadores aceptaran cualquier documento que aparentara ser razonablemente genuino \u201ca primera vista\u201d. De manera conjunta, estas provisiones hacen que se requiera una cantidad de pruebas imposible de que el empleador viol\u00f3 la ley de manera \u201cconsciente\u201d. Este contexto legal, que combina una inmunidad funcional para las y los empleadores con una autoincriminaci\u00f3n de parte de los empleados, inclin\u00f3 todav\u00eda m\u00e1s el balance de poder en el lugar de trabajo para favorecer a los primeros.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

El Congreso dise\u00f1\u00f3 las sanciones contra los empleadores para asfixiar el mercado laboral de la mano de obra indocumentada. Sin embargo, la coalici\u00f3n detr\u00e1s de la ley incluy\u00f3 a activistas laborales y de derechos civiles que aclararon que la meta de mejorar los salarios y trabajos de las y los estadounidenses no deber\u00eda \u201climitar el alcance del t\u00e9rmino \u2018empleado\u2019 en absoluto\u201d, seg\u00fan la definici\u00f3n de la Ley Nacional de Relaciones Laborales [NLRA o National Labor Relations Act<\/em>], ni \u201climitar los poderes de . . . agencias de est\u00e1ndares laborales o \u00e1rbitros laborales que remedien a las pr\u00e1cticas injustas cometidas en contra de las y los empleados indocumentados\u201d. Estos comentarios reflejaron algo m\u00e1s all\u00e1 de las negociaciones complicadas entre las coaliciones, con sus respectivos puntos de encuentro y desencuentro, en el Congreso. Apuntaron a una tensi\u00f3n<\/a> m\u00e1s profunda en las teor\u00edas sobre el comportamiento del empleador. \u201cLa adopci\u00f3n de sanciones contra empleadores dejar\u00eda a los trabajadores indocumentados sin la protecci\u00f3n de la Ley Laboral\u201d escribi\u00f3 un organizador del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios [SEIU o Service Employees International Union<\/em>] y abogado inmigratorio para refugiados en 1983, cuando una propuesta de ley anterior sobre sanciones a empleadores transitaba por el Congreso. <\/p>\n\n\n\n

La propuesta fomentar\u00eda el crecimiento de un \u201cflujo de trabajadores de bajo ingreso que no podr\u00eda sindicalizarse ni remediar las pr\u00e1cticas injustas de sus empleadores\u201d. Los intentos de la IRCA por forzar a estas piezas poco compatibles han amoldado el derecho migratorio y laboral de Estados Unidos durante los \u00faltimos cuarenta a\u00f1os. <\/p>\n\n\n\n

La versi\u00f3n final de la IRCA consider\u00f3 a la protecci\u00f3n de los derechos laborales de los trabajadores indocumentados como no solo compatible, sino complementaria a la detecci\u00f3n de estos mismos trabajadores en el punto de contrataci\u00f3n. Pero esto fue puro pensamiento m\u00e1gico. El plan de la IRCA de resolver a la inmigraci\u00f3n no autorizada de una vez por todas, a trav\u00e9s de una amnist\u00eda masiva conjugada con controles reforzados en las \u00e1reas del trabajo y la frontera, fracas\u00f3. La inmigraci\u00f3n no autorizada continu\u00f3 de manera desenfrenada y, como consecuencia, las pol\u00edticas migratorias y laborales se vieron profundamente enfrentadas. A pesar de la intenci\u00f3n de la legislaci\u00f3n, el que la pol\u00edtica inmigratoria entrara al espacio laboral puso en conflicto a los reg\u00edmenes regulatorios existentes. El significado mismo y la legitimidad de la relaci\u00f3n de empleo se puso en juego. \u00bfLa identidad legal de los trabajadores indocumentados incluir\u00eda su reconocimiento como miembros de una comunidad de \u201cempleados\u201d con derechos a un salario, horario y negociaci\u00f3n colectiva? \u00bfO, m\u00e1s bien, los trabajadores indocumentados y no ciudadanos estar\u00edan sujetos a la remoci\u00f3n bajo la ley inmigratoria?<\/p>\n\n\n\n

La canibalizaci\u00f3n del derecho laboral<\/h3>\n\n\n\n

Los intentos por \u201carmonizar\u201d legalmente las metas incompatibles de proteger y castigar a los trabajadores indocumentados desde mediados de los a\u00f1os 80 han distorsionado las relaciones del empleo. A lo largo de los a\u00f1os 70 y 80, los derechos de los trabajadores indocumentados se hab\u00edan considerado un asunto \u201carreglado<\/a>\u201d. La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo [NLRB o National Labor Relations Board<\/em>] afirm\u00f3 repetidamente que los trabajadores indocumentados ten\u00edan estatus de \u201cempleados\u201d con derecho a negociaciones colectivas, pagos retroactivos y recontrataci\u00f3n seg\u00fan la ley laboral federal. Se encontr\u00f3 que un vasto repertorio de represalias en contra de los trabajadores migrantes constitu\u00edan \u201cpr\u00e1cticas laborales injustas\u201d, entre ellas: amenazas a reportar el estatus inmigratorio de los trabajadores, la organizaci\u00f3n de redadas del INS y acondicionar el pago<\/a> a la presentaci\u00f3n de documentos identitarios.)dejado el pa\u00eds y vuelto a entrar(<)\/a(>) de manera ilegal y tambi\u00e9n cuando las leyes estatales (<)a href='https:\/\/casetext.com\/admin-law\/amays-bakery-noodle-co-inchttps:\/\/casetext.com\/admin-law\/amays-bakery-noodle-co-inc'(>)existentes(<)\/a(>) sobre derecho laboral prevalec\u00edan.\" class=\"footnote\" id=\"footnote-2\" href=\"#footnote-list-2\">2<\/a> Se aplicaron medidas para remediar estas situaciones, incluso en casos en que las y los trabajos despedidos hab\u00edan (<)a href='https:\/\/casetext.com\/admin-law\/la-mousse-inc'(>)dejado el pa\u00eds y vuelto a entrar(<)\/a(>) de manera ilegal y tambi\u00e9n cuando las leyes estatales (<)a href='https:\/\/casetext.com\/admin-law\/amays-bakery-noodle-co-inchttps:\/\/casetext.com\/admin-law\/amays-bakery-noodle-co-inc'(>)existentes(<)\/a(>) sobre derecho laboral prevalec\u00edan.<\/span> <\/p>\n\n\n\n

La aplicaci\u00f3n de la Ley de Normas Justas de Trabajo [FLSA o Fair Labor Standards Act<\/em>], que es la ley sobre salario y horario de Estados Unidos, alguna vez fue vista como funcionalmente necesaria y legalmente incontrovertible entre hacedores de pol\u00edticas. Las administraciones presidenciales de Nixon, Ford, Carter y Reagan buscaron asegurar la aplicaci\u00f3n de salarios y horarios en aquellas industrias con alta incidencia de trabajadores indocumentados en todo el mercado laboral estadounidense.<\/p>\n\n\n\n

Fue en la cuesti\u00f3n de la negociaci\u00f3n colectiva que la Suprema Corte comenz\u00f3 su lenta canibalizaci\u00f3n de las protecciones laborales. En 1976, las y los trabajadores de Sure-Tan Inc., empresa de fabricaci\u00f3n de cuero, autorizaron al Sindicato de Trabajadores del Cuero en Chicago para representarlos en una negociaci\u00f3n colectiva con su empleador. Para fragmentar al sindicato, el presidente de la empresa envi\u00f3 una carta al INS para solicitar una revisi\u00f3n del sitio laboral y as\u00ed deportar a sus empleados. Cuando la NLRB sentenci\u00f3 a la empresa a cesar y desistir con dicha pr\u00e1ctica laboral injusta y pagarles retroactivamente a los trabajadores deportados, la empresa apel\u00f3 a la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de las cortes. Ocho a\u00f1os despu\u00e9s, en 1984, la Suprema Corte emiti\u00f3 un fallo seg\u00fan el cual la carta al INS s\u00ed constitu\u00eda un acto injusto pero que, dado que los trabajadores fueron deportados, no eran elegibles para la recontrataci\u00f3n ni para recibir salarios retroactivos. <\/p>\n\n\n\n

En efecto, la identidad legal del \u201ctrabajador\u201d se subordin\u00f3 a la del residente legal. A pesar de que el caso Sure-Tan, Inc. v. NLRB <\/em>no fall\u00f3 sobre si aquellos trabajadores indocumentados que permanecieran dentro de Estados Unidos ser\u00edan elegibles para recibir compensaciones laborales, el C\u00f3nsul General de la NLRB durante la administraci\u00f3n de Reagan emiti\u00f3 lineamientos nuevos para permitir que las y los empleadores efectuaran recontrataciones bajo la condici\u00f3n de recibir pruebas del estatus legal del trabajador. Sin dicha prueba, la NLRB no buscar\u00eda aplicar la recontrataci\u00f3n ni el pago retroactivo. Para cuando la IRCA entr\u00f3 en vigor, las protecciones laborales que supuestamente preservaba ya hab\u00edan sido ahuecadas por las agencias y cortes encargadas de interpretar y aplicar a la ley. Los trabajadores indocumentados ahora ser\u00edan acorralados para cometer fraude de identidad y as\u00ed recibir protecciones laborales. Mientras tanto, los empleadores, protegidos por los amplios vac\u00edos legales de la ley, seguir\u00edan utilizando la amenaza a la deportaci\u00f3n con impunidad.En 2002, la Suprema Corte opin\u00f3 sobre si los trabajadores indocumentados en territorio estadounidense tendr\u00edan derecho a pagos retroactivos bajo la NLRA. <\/p>\n\n\n\n

En el caso de Hoffman Plastic Compunds, Inc., <\/em>la Corte revirti\u00f3 una orden de pago retroactivo emitido por la NLRB en contra de la empresa, que ya hab\u00eda sido encontrada culpable de violar a la ley laboral al despedir a Jos\u00e9 Castro por organizaci\u00f3n sindical, bajo el argumento<\/a> de que la IRCA hab\u00eda alterado al \u201cpanorama legislativo\u201d al \u201chacer \u2018forzosamente\u2019 que el empleo de inmigrantes ilegales fuera central para \u2018la pol\u00edtica de la ley inmigratoria\u2019\u201d. Como resultado, cualquier trabajador que hubiese obtenido un empleo de manera fraudulenta al usar documentos falsificados no ser\u00eda elegible para recibir pagos retroactivos.)Hoffman (<)\/em(>)cre\u00f3 una brecha en el capital organizado. Los empleadores testificaron que las exenciones a la protecci\u00f3n laboral le dar\u00edan una ventaja injusta a quienes violaran la ley, ya que no ser\u00edan sujetos a las mismas cargas regulatorias.\u00a0\" class=\"footnote\" id=\"footnote-3\" href=\"#footnote-list-3\">3<\/a>\u00a0Michael Wishnie se\u00f1ala que (<)em(>)Hoffman (<)\/em(>)cre\u00f3 una brecha en el capital organizado. Los empleadores testificaron que las exenciones a la protecci\u00f3n laboral le dar\u00edan una ventaja injusta a quienes violaran la ley, ya que no ser\u00edan sujetos a las mismas cargas regulatorias.\u00a0<\/span><\/p>\n\n\n\n

Al enfatizar los aspectos punitivos de la verificaci\u00f3n de estatus contemplados bajo la IRCA de manera selectiva, mientras se minimizaba la importancia de las protecciones de la ley laboral, la Corte termin\u00f3 por omitir, en la pr\u00e1ctica, la mitad de la relaci\u00f3n empresarial: es decir, las obligaciones laborales de las y los empleadores, sin importar el estatus legal. <\/p>\n\n\n\n

El resultado de estos desarrollos ha sido disuadir a los trabajadores de ejercer sus derechos en cuanto a salarios, horarios y negociaciones colectivas, toda vez que los empleadores pueden usar la ley inmigratoria para protegerse a s\u00ed mismos de la ley laboral. Estos casos de alto perfil que se desenvolvieron en la NLRB y en la Suprema Corte no son m\u00e1s que la punta del iceberg. Una investigaci\u00f3n liderada por el abogado laboral Michael Wishnie en 2004, por ejemplo, encontr\u00f3 que 102 de los 184 negocios donde hubo redadas del INS hab\u00edan sido objeto de investigaciones o procedimientos por parte de agencias laborales; un estudio del Instituto de Pol\u00edtica Econ\u00f3mica del 2009 encontr\u00f3 que, de 1,004 elecciones de la NLRB, los empleadores amenazaron con contactar a ICE en el 50 por ciento de los casos en que hab\u00eda una mayor\u00eda de trabajadores indocumentados y en el 41 por ciento de los casos en que hab\u00eda una mayor\u00eda de inmigrantes de llegada reciente.<\/p>\n\n\n\n

El r\u00e9gimen federal de aplicaci\u00f3n de la ley<\/h3>\n\n\n\n

El llevar a empleadores poco escrupulosos a la justicia ha sido un pilar de la ret\u00f3rica alrededor de la aplicaci\u00f3n de la ley laboral. El \u201cregreso\u201d a la aplicaci\u00f3n de la ley en los lugares de trabajo ha estado entre las prioridades de todas las administraciones presidenciales desde los a\u00f1os 90. Las redadas militarizadas que han puesto a trabajadores en el blanco de la detenci\u00f3n y deportaci\u00f3n se convirtieron en un legado<\/a> de la presidencia de George W. Bush, durante la cual un representante de ICE explic\u00f3 que \u201cestamos buscando una mayor gama de investigaciones, acuerdos c\u00edvicos [de pago] y multas penales\u201d. La l\u00edder del DHS bajo Obama, Janet Napolitano, lament\u00f3<\/a> que s\u00f3lo 135 de las 6 mil personas detenidas durante los operativos en lugares de trabajo que transcurrieron en 2009 fueron empleadores y prometi\u00f3 que se enfocar\u00eda en \u201cempleadores y supervisores para su enjuiciamiento, a trav\u00e9s de investigaciones cuidadosamente planificadas\u201d. Cuando el INS se convirti\u00f3 en ICE con la creaci\u00f3n de la Ley de Seguridad Nacional [Homeland Security Act<\/em>] en 2002, los informes de la agencia ante el p\u00fablico en ocasiones han caracterizado a sus detenciones \u201cpenales\u201d en sitios laborales como generalmente dirigidas hacia empleadores explotadores.<\/p>\n\n\n\n

Esta ret\u00f3rica no corresponde a la realidad. Las multas civiles por violaciones del formulario 1-9 han sido el mecanismo de aplicaci\u00f3n principal de sanciones a empleadores. Despu\u00e9s de un largo periodo de declive<\/a> en los a\u00f1os 90 y a principios de los 2000, estas multas llegaron a un bajo de 0 d\u00f3lares en 2006 antes de crecer gradualmente durante el segundo t\u00e9rmino presidencial de George W. Bush. Las penas administrativas empezaron a acentuarse durante la \u00e9poca de Obama y llegaron a un m\u00e1ximo hist\u00f3rico de $22.597.109 d\u00f3lares en el a\u00f1o fiscal 2016. Sin embargo, el incremento en las multas no significa que las investigaciones en los sitios laborales fueran de gran alcance: al contrario. En todos los a\u00f1os, este tipo de investigaciones abarcaron a menos del 1 por ciento de los m\u00e1s de 7 millones de establecimientos empresariales que operan en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

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Aunque no tenemos datos anuales completos sobre las multas civiles, la tendencia general ha sido investigar a cada vez menos empleadores. No se ha llegado al pico de m\u00e1s de 11 mil investigaciones desde 1989. Los casi 27 millones de d\u00f3lares en multas acumuladas durante los \u00faltimos dos a\u00f1os de la presidencia de Biden s\u00f3lo correspondieron a 360 empresas. Estos patrones de aplicaci\u00f3n de la ley reflejan una tradici\u00f3n de largo aliento que nos remite a la idea de tratos \u201ccooperativos\u201d con empleadores contemplada en la IRCA. Un informe<\/a> de campo de 1989, sobre la aplicaci\u00f3n de IRCA, encontr\u00f3 un \u201c\u2018consentimiento general\u2019 de que era necesario proceder con cautela y otorgarle deferencia a la comunidad empresarial\u201d ya que \u201cla aplicaci\u00f3n de la ley de manera arbitraria o de alto perfil podr\u00eda llevar a la revocaci\u00f3n de las provisiones de sanciones\u201d en el Congreso. Las instrucciones operativas del INS recomendaron \u201cestrategias\u201d al estilo de un tir\u00f3n de orejas, entre estas la negociaci\u00f3n rutinaria para aminorar las multas y enfocar los recursos de aplicaci\u00f3n en aquellos que hab\u00edan violado a la ley de manera repetida y exagerada. Como lo expres\u00f3<\/a> un empleador: \u201cAntes [de la IRCA], el INS entraba con actitud agresiva. Ahora llegan de manera mucho m\u00e1s conciliadora\u201d. <\/p>\n\n\n\n

En contraste con las leves multas a empleadores, la cantidad de juicios en contra de personas indocumentadas ha incrementado de manera dram\u00e1tica y desproporcional. Desde finales de los a\u00f1os 90, la agenda de Clinton expandi\u00f3 el abanico de delitos por los que las y los inmigrantes podr\u00edan ser enjuiciados y deportados. Entre 1996 y 2002, el promedio anual de juicios por ofensas relacionadas con la inmigraci\u00f3n aument\u00f3 en un 87 po ciento comparado con la d\u00e9cada entre 1987 y 1996. Los enjuiciamientos anuales promedio incrementaron en otro 182 por ciento durante el segundo t\u00e9rmino presidencial de Bush, llegando a sus cifras nunca antes vistas durante los dos t\u00e9rminos presidenciales de Obama. A pesar de ciertos picos peri\u00f3dicos durante los dos a\u00f1os que transcurrieron a la mitad de la primera presidencia de Trump, las cifras fueron bastante consistentes antes de caer de manera precipitada en 2020, bajando una vez m\u00e1s durante la presidencia de Biden.<\/p>\n\n\n\n

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Esta ca\u00edda reciente debe entenderse dentro de un contexto m\u00e1s amplio que incluye a las directivas<\/a> fluctuantes bajo el Departamento de Justicia de Trump, las devoluciones<\/a> en la frontera por COVID-19 y la decisi\u00f3n que tom\u00f3 la administraci\u00f3n de Biden de incrementar vertiginosamente<\/a> los recursos en la frontera sur en el momento en que la \u201ccrisis\u201d migratoria devino particularmente politizada.<\/p>\n\n\n\n

El aumento en las detenciones no deja ver claramente qu\u00e9 partes de la relaci\u00f3n empleadora est\u00e1n en el blanco de las sanciones contra empleadores. Durante cada a\u00f1o desde el 2005, las \u201cdetenciones administrativas\u201d y penales de empleados por su presencia ilegal han sobrepasado por mucho a la detenci\u00f3n de empresarios y empleadores.4<\/a> Las detenciones administrativas son aquellas llevadas a cabo por ICE, abrumadoramente en contra de trabajadores, bajo la autoridad de ICE, con una orden administrativa. Tanto administradores de ICE como jueces de inmigraci\u00f3n pueden proveer dichas \u00f3rdenes administrativas.<\/span> <\/p>\n\n\n\n

Durante los dos t\u00e9rminos de Obama, las y los empleadores representaron el 39 por ciento de las detenciones criminales en sitios de trabajo y el 13 por ciento del total de detenciones en sitios de trabajo (penales y administrativas). Durante el primer t\u00e9rmino presidencial de Trump, las detenciones cayeron precipitosamente a 11 y 4 por ciento de las detenciones penales y totales en sitios laborales, respectivamente. No contamos con datos sobre la aplicaci\u00f3n de la ley en sitios laborales para la \u00e9poca m\u00e1s reciente, pero los datos de ICE para 2021 y 2022 sugieren que ha habido un declive en las detenciones en lugares de trabajo en general, lo cual refleja al enfoque de Biden de reducir a las detenciones \u201cmasivas\u201d en sitios de trabajo.<\/p>\n\n\n\n

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El historial de enjuiciamientos corporativos por cr\u00edmenes de inmigraci\u00f3n apunta a lo mismo. Los datos del Registro de enjuiciamientos corporativos de la Universidad de Duke y de la Universidad de Virginia demuestran que los enjuiciamientos corporativos por cr\u00edmenes inmigratorios no han superado los 30 casos anuales desde el 2001. Mientras que los enjuiciamientos experimentaron un repunte relativo durante la \u00e9poca del DHS, estos casos suelen depender<\/a> de estrategias que se valen de acuerdos econ\u00f3micos y tratos con la fiscal\u00eda que tienen como resultado multas simb\u00f3licas, protocolos de adhesi\u00f3n a la ley (como la implementaci\u00f3n de E-Verify) y la reestructuraci\u00f3n de la fuerza laboral (despedidas y deportaciones) que da\u00f1an a las y los trabajadores pero que no hacen mucho por frenar el empleo y la explotaci\u00f3n sist\u00e9micos de los indocumentados en el mercado laboral. A pesar de ciertos \u201cgoles\u201d altamente publicitados, como una multa de 95 millones de d\u00f3lares impuesta<\/a> a una empresa de jardiner\u00eda de alcance nacional en el a\u00f1o 2017, el n\u00famero de enjuiciamientos corporativos en materia inmigratoria ha estado en declive a lo largo de las administraciones de Trump y Biden.<\/p>\n\n\n\n

Los estados y el programa E-Verify<\/h3>\n\n\n\n

Mientras que las campa\u00f1as de autorizaci\u00f3n laboral que transcurrieron desde los a\u00f1os 50 hasta los 80 fueron impulsadas por las estrategias organizacionales de sindicatos nativistas y de la Asociaci\u00f3n Nacional para el Progreso de las Personas de Color [NAACP o National Association for the Advancement of Colored People<\/em>], estos grupos ya hab\u00edan abandonado a dicha pol\u00edtica para finales de los a\u00f1os 90. Las sanciones a las y los empleadores perdieron su credibilidad entre las personas liberales que las apoyaban cuando, en 1990, un informe de la Oficina de Rendici\u00f3n de Cuentas Gubernamentales [GAO o Government Accountability Office<\/em>] encontr\u00f3 evidencias de \u201camplia discriminaci\u00f3n\u201d, lo cual result\u00f3 ser una realidad poco conveniente dado que la Federaci\u00f3n Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales [AFL-CIO o American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations<\/em>] cada vez depender\u00eda m\u00e1s de la comunidad latina inmigrante como base organizacional. Sin embargo, la causa perdida de la verificaci\u00f3n laboral fue retomada por los estados, que buscaron revertir a las d\u00e9cadas de aplicaci\u00f3n an\u00e9mica de la ley. Este resurgimiento de \u201csanciones a empleadores\u201d refleja ciertos desplazamientos m\u00e1s amplios en las pol\u00edticas de la restricci\u00f3n que ciertas coaliciones defendieron. Desde el 2007, la verificaci\u00f3n laboral ha sido un proyecto generalmente liderado por legisladores ideol\u00f3gicamente conservadores con percepciones complejas y, en ocasiones, contradictorias<\/a> sobre las virtudes de la restricci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La Ley de Trabajadores Legales de Arizona [LAWA o Legal Arizona Workers Act<\/em>] aprobada en 2007 se convirti\u00f3 en la primera ley estatal desde 1986 en retar al monopolio del gobierno federal en materia de la aplicaci\u00f3n de la ley laboral. Arizona fue mucho m\u00e1s all\u00e1 de la IRCA al exigirle la verificaci\u00f3n electr\u00f3nica a todo empleador privado e impuso penas estrictas para quienes no se adhirieran, incluyendo la muy presumida \u201cpena de muerte a la empresa\u201d. Otras leyes anteriores que hab\u00edan empoderado a los estados para criminalizar y detener a personas indocumentadas hab\u00edan sido rechazadas<\/a> por las cortes federales como presunciones inapropiadas de una autoridad que deber\u00eda ser federal. Sin embargo, en el 2011, la Suprema Corte emiti\u00f3 un fallo (en el caso Chamber of Commerce v. Whiting<\/em>) seg\u00fan el cual los mandatos de verificaci\u00f3n laboral a nivel estatal, como LAWA, s\u00ed ser\u00edan constitucionales de acuerdo con una provisi\u00f3n opaca de la IRCA que otorga exenciones para permisos de \u201clicencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Desde la entrada en escena de LAWA, m\u00e1s de veinte estados han impulsado esquemas de verificaci\u00f3n laboral estrictas. Las m\u00e1s formalmente estrictas de estas se distribuyen geogr\u00e1ficamente entre los \u201cnuevos estados de destino<\/a> [migratorio]\u201d del Sur. Estos incluyen al Cintur\u00f3n del Sol (Arizona, California, Florida, Nevada, Nuevo M\u00e9xico, Texas, Georgia, y Carolina del Sur), el Oeste y a la Costa del Golfo, los cuales experimentaron cambios demogr\u00e1ficos acelerados en los a\u00f1os 90 y 2000. Caracterizados por sus leyes en torno al \u201cderecho a trabajar\u201d, mercados hist\u00f3ricamente segregados y pobreza rural, estos estados cuentan con mayor\u00edas republicanas atrincheradas, con trifectas en los gobiernos estatales (es decir, mayor\u00edas en las tres ramas del gobierno) que reflejan una agenda anti-Inmigrante cada vez m\u00e1s disciplinada.<\/p>\n\n\n\n

Ahora que el sentimiento nacional sobre la inmigraci\u00f3n vuelve a ensombrecerse, las nuevas iniciativas de ley en torno a la verificaci\u00f3n laboral en bastiones republicanos como Idaho<\/a>, Nebraska<\/a>, Ohio<\/a> y Utah<\/a> buscan expandir o endurecer a las penas contra empleadores de acuerdo con las leyes de verificaci\u00f3n laboral ya existentes. El cambio de escala en la aplicaci\u00f3n de la ley laboral, para dejarla en manos de los estados y de las coaliciones locales detr\u00e1s de \u00e9stos, han producido reg\u00edmenes de aplicaci\u00f3n estatal m\u00e1s punitivos . . . pero para los trabajadores. Incluso las leyes estatales m\u00e1s estrictas incluyen exenciones generosas para las peque\u00f1as empresas, trabajadores agr\u00edcolas y empleadores de trabajadoras dom\u00e9sticas. Estas leyes toman prestada la arquitectura de la IRCA, que asume que los empleadores que utilicen el sistema E-Verify, aunque sea de manera selectiva, act\u00faan de \u201cbuena fe\u201d. Pero sus defensas afirmativas son incluso mayores. <\/p>\n\n\n\n

Mientras que la IRCA proh\u00edbe que los empleadores utilicen o busquen informaci\u00f3n sobre el estatus migratorio de sus empleadas y empleados con el prop\u00f3sito de promover represalias, las leyes estatales protegen a aquellos empleadores que repentinamente opten por \u201cverificar\u201d a sus empleadas y empleados ante cualquier queja de despido indebido como resultado de alguna examinaci\u00f3n de E-Verify.5<\/a>\u00a0Estos incluyen a Arizona, Utah, Alabama, Mississippi y Tennessee.<\/span> Las empresas suelen usar estas \u201creverificaciones\u201d apresuradas como excusa<\/a> para llevar a cabo despedidas masivas, incluso en estados que no requieren el E-Verify, lo cual acaba desarraigando a las personas.<\/p>\n\n\n\n

El caso de Carolina del Norte es particularmente revelador. El estado presume uno de los programas de verificaci\u00f3n laboral m\u00e1s robustos del pa\u00eds: ha investigado a 30 mil 173 empleadores desde el 2012, o el 26% de los negocios que operan en el estado. )pausado(<)\/a(>) por el gobierno federal.\" class=\"footnote\" id=\"footnote-6\" href=\"#footnote-list-6\">6<\/a>El programa E-Verify de Utah depende de un programa de trabajo temporal que ha sido (<)a href='https:\/\/www.ksl.com\/article\/38402645\/utahs-controversial-guest-worker-program-could-face-repeal'(>)pausado(<)\/a(>) por el gobierno federal.<\/span> Las empresas que no cumplen con la ley, que equivalen a una sexta parte de las investigadas desde el 2018, deben entregar reportes trimestrales sobre sus contrataciones nuevas durante un a\u00f1o. Sin embargo, el sistema de auditor\u00eda ha privilegiado m\u00e1s a la escala que a la aplicaci\u00f3n sustantiva de la ley. En 2011, Catherine Templeton, la entonces jefa del Departamento del Trabajo, Licencias y Regulaciones de Carolina del Norte, recort\u00f3 el departamento de auditor\u00eda, pasando de 22 empleados a tan s\u00f3lo tres, toda vez que recort\u00f3 los fondos de 2 millones a 250 mil d\u00f3lares. Las auditor\u00edas de sitios laborales se convirtieron en auditor\u00edas remotas, con un sistema de \u201cauditor\u00eda en papel\u201d que depend\u00eda bastante de que las y los empleadores \u201cautorreportaran<\/a>\u201d su cumplimiento ante el Departamento del Trabajo de Carolina del Norte. Asimismo, un reporte<\/a> investigativo del 2017 revel\u00f3 que ninguna de las empresas de Carolina del Sur puestas en periodo de prueba por sus violaciones al programa E-Verify han experimentado la suspensi\u00f3n o revocaci\u00f3n de sus licencias para operar como negocio.<\/p>\n\n\n\n

Este patr\u00f3n familiar se repiti\u00f3 cuando, en 2023, el gobernador de Florida Ron DeSantis firm\u00f3 una de las leyes inmigratorias estatales m\u00e1s punitivas de la \u00faltima d\u00e9cada. Junto con aquellas provisiones draconianas que han requerido de revisiones inmigratorias en hospitales, controles de emisi\u00f3n de identificaciones m\u00e1s estrictos y sanciones penales por transportar a personas de un estado a otro, la ley SB 1718 impulsada en Florida repunt\u00f3 al programa E-Verify del estado para extender los requisitos de verificaciones laborales a toda empresa privada con 25 o m\u00e1s empleados. De manera poco sorprendente, DeSantis ha sido ampliamente criticado<\/a> por no haber enjuiciado a un solo empleador desde la aprobaci\u00f3n de SB 1718. En un patr\u00f3n familiar, DeSantis ha criticado a los legisladores de Florida por no apropiarse de fondos suficientes para aplicar la ley, toda vez que ha promovido medidas<\/a> meramente simb\u00f3licas en contra de aquellos empresarios que no cumplen con la ley. Mientras que una ley inmigratoria aprobada de manera apresurada impone sanciones incluso m\u00e1s agresivas<\/a> contra migrantes, incluyendo a la pena de muerte en algunos casos, no contiene provisiones que expandan la financiaci\u00f3n o el alcance de la aplicaci\u00f3n de la ley en los lugares de trabajo.Las pol\u00edticas de la no aplicaci\u00f3n y del no cumplimiento<\/a> han sido apuntaladas por las limitaciones t\u00e9cnicas del E-Verify mismo. <\/p>\n\n\n\n

Mientras que los avances<\/a> en biometr\u00eda y la mayor integraci\u00f3n de bases de datos p\u00fablicas y privadas tienen el potencial de perfeccionar el pan\u00f3ptico en los lugares de trabajo, la realidad es que E-Verify sigue arrastrando el hecho de que su uso es selectivo, los protocolos pueden ser burlados y existe un amplio \u201ccumplimiento fraudulento\u201d que ha llevado a muchos a desacreditar a la herramienta como un lastre innecesario y poco efectivo para las y los empleadores: un reporte<\/a> del 2009 encontr\u00f3 que alrededor de la mitad de los trabajadores no autorizados utilizan documentos de identidad fraudulentos para obtener autorizaciones de trabajo bajo E-Verify. Mientras que un estudio de seguimiento<\/a> publicado en 2012 report\u00f3 que el 94 por ciento de las \u201cno confirmaciones finales\u201d fueron fielmente otorgadas a trabajadores no autorizados, este n\u00famero distrae de las altas cifras de individuos que han sido err\u00f3neamente confirmados como autorizados para el empleo utilizando n\u00fameros de seguridad social fraudulentos. A su vez, la primera administraci\u00f3n de Trump recort\u00f3 los fondos<\/a> para E-Verify en un 8 por ciento.<\/p>\n\n\n\n

La marcha hacia la ciudadan\u00eda<\/h3>\n\n\n\n

A pesar de que existen pol\u00edticas formalmente \u201cduras\u201d, la constante ausencia de una aplicaci\u00f3n de la ley significativa nos hace preguntarnos por el prop\u00f3sito real de estas leyes. Al igual que con la IRCA, su aplicaci\u00f3n d\u00e9bil no ha salvado a los trabajadores indocumentados de los efectos perversos de una divisi\u00f3n legal del trabajo cada vez m\u00e1s profunda. Las pol\u00edticas de verificaci\u00f3n estatales han estado ligadas<\/a> a salarios m\u00e1s bajos por hora, menor movilidad en el mercado laboral y mayores tasas de informalidad y autoempleo<\/a> entre los trabajadores indocumentados. Mientras que economistas han producido investigaciones que demuestran que los mandatos de E-Verify reducen el empleo para trabajadores indocumentados, el hecho de que existan menos posibilidades<\/a> de empleo formal en estados con E-Verify ha orillado a las y los trabajadores indocumentados hacia las sombras, con el fin de eludir a los esquemas de verificaci\u00f3n.)National Bureau of Economic Research(<)\/em(>)) publicado en 2020 estima que los mandatos estatales de E-Verify (<)a href='https:\/\/www.nber.org\/papers\/w26676'(>)redujeron el empleo(<)\/a(>) entre trabajadores probablemente no autorizados en hasta un 19%. En un (<)a href='https:\/\/www.dallasfed.org\/-\/media\/Documents\/research\/pubs\/everify.pdf'(>)modelo(<)\/a(>) hipot\u00e9tico creado por la Reserva Federal de Dallas, la poblaci\u00f3n trabajadora no autorizada cay\u00f3 por debajo de estas proyecciones, en cifras de dos d\u00edgitos, en cinco de los nueve estados que tienen mandatos E-Verify para empleadores privados: vemos a Alabama (57%), Arizona (33%), Mississippi (83%), Utah (34%), Georgia (14%); Carolina del Norte (sin cambios); Carolina del Sur (sin cambios significativos).\" class=\"footnote\" id=\"footnote-7\" href=\"#footnote-list-7\">7<\/a> Un estudio del Departamento Nacional de Investigaci\u00f3n Econ\u00f3mica ((<)em(>)National Bureau of Economic Research(<)\/em(>)) publicado en 2020 estima que los mandatos estatales de E-Verify (<)a href='https:\/\/www.nber.org\/papers\/w26676'(>)redujeron el empleo(<)\/a(>) entre trabajadores probablemente no autorizados en hasta un 19%. En un (<)a href='https:\/\/www.dallasfed.org\/-\/media\/Documents\/research\/pubs\/everify.pdf'(>)modelo(<)\/a(>) hipot\u00e9tico creado por la Reserva Federal de Dallas, la poblaci\u00f3n trabajadora no autorizada cay\u00f3 por debajo de estas proyecciones, en cifras de dos d\u00edgitos, en cinco de los nueve estados que tienen mandatos E-Verify para empleadores privados: vemos a Alabama (57%), Arizona (33%), Mississippi (83%), Utah (34%), Georgia (14%); Carolina del Norte (sin cambios); Carolina del Sur (sin cambios significativos).<\/span> Las leyes de E-Verify de hecho duplicaron<\/a> los niveles de autoempleo en Arizona. Otros estados han experimentado declives<\/a> en el empleo de la fuerza laboral agricultora, probablemente por el desplazamiento de trabajadores del sector agricultor hacia trabajos \u201cextraoficiales\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Las coaliciones cambiantes han revertido la l\u00f3gica del \u201cmedio para llegar a un fin\u201d que estuvo detr\u00e1s de las sanciones a empleadores. En vez de ver a las restricciones del mercado laboral como un medio para fortalecer los poderes de negociaci\u00f3n de los trabajadores nativos, como fue el caso en las preparaciones para presentar la IRCA, los esfuerzos recientes han posicionado a las reformas anti-inmigratorias y a los esquemas de verificaci\u00f3n laboral como sustitutos del modelo de la relaci\u00f3n capital-trabajo del New Deal, que, despu\u00e9s de la Gran Depresi\u00f3n propuso programas de apoyos sociales para los m\u00e1s pobres. Esto explicar\u00eda por qu\u00e9 grupos que se posicionan diametralmente en contra de la organizaci\u00f3n laboral, como ALEC<\/a> y el Heritage Foundation<\/a>, han escrito propuestas de pol\u00edticas y apoyado leyes draconianas para la verificaci\u00f3n laboral. Para estas organizaciones, la aplicaci\u00f3n de la ley en los lugares del trabajo complementan, mas no contradicen, al proyecto de convertir a la fuerza laboral en un producto maleable y barato. <\/p>\n\n\n\n

Esta es la finalidad del ahora infame Proyecto 2025<\/a> del Heritage Foundation. Esta amplia gu\u00eda de pol\u00edticas propone una estrategia doble que reclama acciones legislativas y administrativas para \u201climitar a las clases de inmigrantes elegibles para autorizaciones de trabajo\u201d mientras que reemplaza el modelo adversarial de las relaciones laborales del New Deal con \u201cun modelo m\u00e1s cooperativo que se lleve a cabo de la mano de los gestores [de las empresas], que se enfoque exclusivamente en el lugar de trabajo\u201d. Adem\u00e1s de suplantar a los sindicatos con un modelo \u201ccooperativo\u201d con los empleadores, el documento sugiere que se elimine el \u201cempleo para todas y todos\u201d del mandato de la Junta de la Reserva Federal (que dirige la pol\u00edtica monetaria de Estados Unidos), que se promueva la \u201cexperimentaci\u00f3n y la reforma\u201d al permitir que los estados busquen exenciones a las leyes laborales federales y que los est\u00e1ndares de empleo se abran a la negociaci\u00f3n de manera \u201csustantiva\u201d a nivel de calle. <\/p>\n\n\n\n

La anulaci\u00f3n de las protecciones laborales y de empleo se acompa\u00f1an de planes para retirar progresivamente a las visas temporales H-2A y H-2B, agregar cuotas m\u00ednimas de ciudadanos empleados en contratos federales y relajar las garant\u00edas en contra de la discriminaci\u00f3n para que \u201cempleadores privados puedan mostrar preferencia por nuestros propios paisanos [estadounidenses]\u201d. Entonces, la pregunta que se presenta para la era de Trump no es si el Estado por fin \u201caplicar\u00e1\u201d a las leyes de inmigraci\u00f3n. M\u00e1s bien, la pregunta es \u00bfbajo qu\u00e9 condiciones se aplicar\u00e1n estas leyes? Podemos detectar una cierta inclinaci\u00f3n en el hecho de que Trump ha asediado a los sindicatos de trabajadores federales y la NLRB, as\u00ed como en la expansi\u00f3n de la gama de deportaciones. Es posible que la o el trabajador indocumentado no sea una reliquia del pasado, sino un modelo para un futuro en que todos los trabajadores devengan prescindibles, o incluso deportables, sin protecci\u00f3n alguna.<\/p>\n\n\n\n

Existen caminos alternos posibles. En 2021, el DHS public\u00f3 un memor\u00e1ndum<\/a> en que anunci\u00f3 un desplazamiento estrat\u00e9gico en la ley laboral: se busc\u00f3 reducir la demanda por el \u201cempleo ilegal\u201d al no solo poner en el blanco a  los empleadores, sino al \u201cincrementar la disposici\u00f3n de los trabajadores a reportar violaciones a la ley\u201d. En 2023, el secretario del DHS Alejandro Mayorkas anunci\u00f3 una pol\u00edtica nueva, llamada Acci\u00f3n Diferida para el Cumplimiento de la Ley Laboral [DALE o Deferred Action for Labor Enforcement<\/em>], en que se utilizar\u00eda la discreci\u00f3n para el enjuiciamiento<\/a> que presume el departamento con el fin de proteger a trabajadores no ciudadanos involucrados en acciones laborales de la deportaci\u00f3n y remoci\u00f3n. El programa inscribi\u00f3 a 7 mil 700<\/a> trabajadores a partir de octubre del 2024. Al igual que con otros usos de la discreci\u00f3n de enjuiciamiento que les otorgan amnist\u00eda a v\u00edctimas de cr\u00edmenes violentos y tr\u00e1fico humano, DALE otorg\u00f3 dos (y eventualmente cuatro) a\u00f1os de amnist\u00eda a aquellos trabajadores que participaban en disputas laborales. Este fue un peque\u00f1o paso hacia adelante. Cualquier pol\u00edtica que realmente pueda considerarse protrabajadora requerir\u00eda de al menos tres elementos: el fin de la pol\u00edtica brutal de detenciones y deportaciones administrativas, una amnist\u00eda general para los 13.7 millones de trabajadoras y trabajadores indocumentados que ya se encuentran en el pa\u00eds y un cambio en las tendencias de la pol\u00edtica exterior estadounidense y del desarrollo internacional que dan pie a la migraci\u00f3n laboral forzada en un principio. Esto implicar\u00eda nada menos que cambiar el sentido com\u00fan bipartidista del sistema pol\u00edtico estadounidense.<\/p>\n\n\n\n

Las sanciones a empleadores, en muchos sentidos, encarnaron el esp\u00edritu del momento. Al entrar en vigor en un momento de populismo \u00e1lgido y una holgada desregulaci\u00f3n, el r\u00e9gimen de aplicaci\u00f3n de la ley inmigratoria en los lugares de trabajo fue una pol\u00edtica \u201cprotrabajadora\u201d simb\u00f3lica que consigui\u00f3 una amnist\u00eda mientras se fortaleci\u00f3 el poder del empleador sobre la fuerza laboral dividida del futuro: un futuro que ahora es nuestro presente. Lo que queda es una provisi\u00f3n reguladora intrusiva que se aplica de manera selectiva. Toda vez que gran parte de la comunidad empresarial quiz\u00e1s no estuvo de acuerdo con convertirse en la nueva vigilancia del estatus migratorio, la ley les ha otorgado a los empleadores un alto nivel de discreci\u00f3n para recolectar informaci\u00f3n sobre el estatus migratorio de sus empleados y utilizarla de manera agresiva, con consecuencias m\u00ednimas para los empleadores mismos. Esto ha tenido el efecto perverso de fomentar un inter\u00e9s por promover leyes inmigratorias punitivas entre aquellos empleadores que dependen de migrantes. Durante cuatro d\u00e9cadas, esta arma se ha utilizado de manera activa. Pero las escalas de la justicia tan poco equilibradas del mercado laboral, que oponen a los derechos y obligaciones laborales contra la regulaci\u00f3n de la ciudadan\u00eda, se est\u00e1n inclinando hacia un solo bando a tal grado que se podr\u00edan desplomar.
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