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El Polo Industrial de Camaçari, en el estado de Bahía, despertó la atención mundial tras el anuncio de la empresa BYD, en 2023, de que instalaría allí su mayor fábrica fuera de China. Inaugurado en 1978, el Polo fue el primer complejo petroquímico planificado de Brasil, una pieza central del proyecto de desarrollo de la industria nacional que se extendió hasta finales de la década de 1980. Históricamente, contribuyó al desarrollo económico, del mercado laboral y a la cualificación de los profesionales licenciados en Bahía. Sin embargo, a partir de la década de 1990, tras la apertura comercial de Brasil y las adversidades generadas por el contexto externo, atravesó algunas crisis de competitividad y significativos cambios estructurales.
En el Polo de Camaçari siempre operaron industrias complementarias a la cadena petroquímica, pero hubo una expansión de sus actividades tras la llegada de la industria automovilística —con la instalación de la empresa norteamericana Ford en los años 2000. Tras dos décadas de actividad, la empresa cerró su planta en este centro, que vive ahora una nueva expansión sectorial: está atrayendo inversiones de fabricantes de vehículos eléctricos y empresas de energías renovables, sobre todo de origen chino. De forma emblemática, la nueva fábrica de BYD se levanta precisamente en la antigua planta de Ford.
A lo largo de los años, el polo petroquímico se ha transformado en un centro industrial en sentido más amplio y ahora se proyecta como un centro industrial verde. Para analizar el papel del Polo de Camaçari en el proyecto de reindustrialización verde de Brasil desde la perspectiva de la clase trabajadora, Maria Sikorski, editora de Phenomenal World, habló con Alfredo Santos, secretario general de la Central Única de Trabajadores de Bahía (CUT Bahía) y coordinador para la prensa del Sindicato de Trabajadores de los sectores Químico, Petroquímico, Plásticos, Fertilizantes y Terminales Químicas (Sindiquímica) en este mismo estado.
Una entrevista con Alfredo Santos
Maria Sikorski: ¿Podría empezar contándonos un poco la historia del Polo de Camaçari y su relación con las diferentes etapas de la política industrial brasileña?
Alfredo santos: El Polo de Camaçari se construyó entre mediados de los años setenta y principios de los ochenta. Surgió como un modelo tripartito: su composición accionarial incluía capital privado nacional y multinacional y capital estatal brasileño. Había una planta de fabricación de materias primas controlada por una empresa pública, Copene (posteriormente privatizada), responsable por fomentar las industrias de segunda generación. Esa planta petroquímica constituía la base de la cadena productiva de nafta, etileno, propileno, etc. Conviene destacar la importancia de este modelo tripartito porque ejemplifica que la industrialización en Brasil solo se produjo gracias a una fuerte participación del Estado, ya sea de forma directa, como en el caso del Polo Petroquímico de Camaçari, o a través del financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Incluso las empresas privadas, tanto en la época en que se creó el Polo como ahora con las empresas chinas que se han instalado recientemente, contaron con el financiamiento del BNDES. Por tanto, quien financia la industrialización es el Estado brasileño.
El Polo Industrial de Camaçari siguió en expansión a lo largo de las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, desde la apertura comercial durante el gobierno de Collor (1990-1992) y, de forma más acentuada, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), se enfrentó a una crisis de productividad y competitividad internacional y sufrió recortes de inversión y cierres de fábricas. A principios de los años noventa, este complejo industrial empleaba a más de 30.000 trabajadores directos. A finales de la década, la cifra había descendido a poco más de 10.000.
A partir de 2003, durante el primer gobierno de Lula (2003-2010), el Estado brasileño volvió a invertir en la industrialización, pero ahora de forma indirecta: Petrobras se convirtió en un importante inversor en los llamados “big players” de Brasil. Una de las empresas resultantes de ese proceso es Braskem —de la que Petrobras tiene actualmente el 47 por ciento de las acciones. En ese momento, hubo una cierta recuperación de la competitividad internacional, pero, por otro lado, se observó un proceso de monopolización de las plantas de fabricación de materias primas y la cadena de resinas termoplásticas en todo el país, lo que llevó al cierre de varias empresas que no podían competir con los grandes “players” —y que acabaron convirtiéndose en proveedores de sus propios competidores.
Actualmente, el sector petroquímico brasileño se enfrenta a una crisis gigantesca. Hoy, el Polo de Camaçari no está en condiciones de competir a escala internacional. Un ejemplo es el del sector de los fertilizantes: en Brasil, se importa el 85 por ciento de los fertilizantes utilizados por el agronegocio. La cadena de termoplásticos importa cerca de la mitad de los insumos que utiliza. Esta entrada de productos importados en las cadenas petroquímicas se produce por dos razones. El coste interno de las cadenas es muy elevado en comparación con cadenas más modernas que utilizan gas en lugar de nafta. Las industrias estadounidense, árabe e india exportan un producto a un precio inferior a nuestro coste de producción nacional, debido a la escasa actualización tecnológica de nuestras plantas y a factores ambientales: Estados Unidos, por ejemplo, utiliza gas de fracking, que tiene un coste de producción mucho menor, pero es extremadamente dañino desde el punto de vista ecológico. Brasil no produce gas de fracking e incluso impone restricciones ambientales a su uso. Además, el precio del gas brasileño es muy alto: hasta cinco veces superior al estadounidense. Esto socava la competitividad internacional de nuestra industria petroquímica. Si no hay una política industrial en el país destinada a preservar el mercado interior, la tendencia es que todas esas industrias quiebren.
MS: Se considera, nacional e internacionalmente, que Bahía es una pieza esencial del proyecto de reindustrialización verde de Brasil y la transición energética mundial. Es el estado de la federación que más produce energía renovable de origen solar y eólico del país y viene atrayendo muchas inversiones extranjeras, sobre todo chinas, en estas cadenas productivas.
Cuando se anunció que en el polo se fabricarían autos eléctricos de BYD y que se instalarían otras empresas chinas del sector de energías renovables, se empezó a decir que Camaçari podría convertirse en un referente de la reindustrialización verde en Brasil. Por ejemplo, cuando BYD anunció la instalación de su fábrica en la antigua planta de Ford, prometió traer al polo etapas de alto valor añadido de la cadena productiva de vehículos eléctricos, incluidas las relativas a investigación y desarrollo, además de crear miles de puestos de trabajo. La CEO de BYD para las Américas, Stella Li, declaró que el objetivo era convertir Camaçari en un “Silicon Valley brasileño”.
Frente a la crisis del sector petroquímico, ¿es posible que la entrada de esas otras cadenas en Camaçari suponga una reactivación de su papel en el desarrollo nacional?
AS: La instalación de la planta de Ford, en 2001, dio inicio a la cadena automovilística en el Polo de Camaçari. Después de 20 años, Ford cerró sus operaciones y, recientemente, empresas chinas como BYD han empezado a invertir en esta cadena. Otras empresas chinas de energías renovables, como Sinoma y Goldwind, también están instaladas allí. Pero, si bien hay una promesa de que la planta de BYD funcionará realmente como una fábrica, por el momento esas empresas sólo operan como ensambladoras, prácticamente maquiladoras.
Para atraer las operaciones de BYD a Bahía se propusieron algunas ayudas estatales. El gobierno de Bahía, por ejemplo, determinó la exención del impuesto vehicular a los autos eléctricos a partir de 2024. Se ofrecieron subvenciones estatales para que la empresa china se instalara en la antigua planta de Ford, además del financiamiento del BNDES. De momento, BYD solo ensambla sus autos en Camaçari. Hay una promesa de que esto cambiará en el futuro, pero por ahora, las etapas de mayor valor añadido de su cadena no están en Bahía.
El centro petroquímico tiene un gran potencial para producir baterías, pero de momento las baterías de los autos eléctricos no se fabrican allí. Hay potencial para el procesamiento del litio y para la producción de piezas en la industria del plástico. Se podrían fabricar los vehículos allí, pero hasta ahora la promesa de BYD no se concretó.
La cuestión es: ¿qué contrapartida se podría exigir a esas empresas? Este es el papel del Estado brasileño en la reindustrialización. Si las fábricas funcionan como meras ensambladoras, ¿qué ganamos con esto? Ahora bien, si el Estado exigiera que, en un determinado periodo, BYD se beneficiara del litio existente en territorio nacional y fabricara las baterías en Brasil, que utilizara industrias locales para fabricar piezas, es decir, que realmente trajera otras partes de su cadena productiva a Brasil, tendríamos otro escenario.
En el pasado, hubo un debate similar en la industria petroquímica. La política nacional respecto a los productos de la cadena productiva de petróleo —que se abandonó tras el golpe de 2016— determinaba que las industrias que prestaran servicios a Petrobras deberían fabricar una parte de su maquinaria en Brasil. La industria naval del país renació durante ese periodo y, cuando dejó de exigirse un porcentaje de piezas producidas localmente, se produjo otra crisis.
Sin subvenciones o ayuda, la industria brasileña no podrá competir con las industrias extranjeras. No hay industrialización sin participación del Estado. Sin exigir contrapartida a las inversiones [a empresas] extranjeras, ya sean estadounidenses, chinas o de cualquier otro país, el proyecto de industrialización de Brasil se limitará a desempeñar un único papel en la política industrial de otros países. Ninguna empresa decide expandir sus operaciones en otro país de forma altruista. Lo hace por interés propio. Y las inversiones, independiente de su origen, siempre son algo positivo. El tema es qué podemos exigir a los inversores para satisfacer también nuestros intereses nacionales.
Durante muchos años, la industrialización brasileña fue muy dependiente de Estados Unidos. Si simplemente cambiamos el imperialismo estadounidense por el chino, vamos a tener el mismo resultado. No podemos limitarnos a satisfacer los intereses de los que vienen a invertir. A los inversores extranjeros les interesa garantizar sus beneficios. ¿Qué gana el país al subvencionar los beneficios ajenos?
MS: ¿Qué opina el movimiento sindical de Bahía del papel que juega el programa Nueva Industria Brasil (NIB) en la promoción del interés nacional en este proyecto de reindustrialización verde del país?
AS: Hasta ahora, Nueva Industria Brasil es un plan que todavía está en el papel. Es difícil analizarlo sin pensar su impacto real a través de datos, y todavía no se ha demostrado a qué vino. Pero hay algo que es necesario tener en cuenta cuando se habla de industrialización verde: ¿quién pagará el precio?
En el movimiento sindical decimos un poco en broma “bueno, el etanol es un combustible más limpio que la gasolina, pero prefiero trabajar en Petrobras que en una fábrica de producción de etanol”. Reducir el coste de la fuerza laboral no es lo que debería hacer económicamente viable la industria verde. Y lo que observamos es que en los sectores supuestamente más sostenibles de la industria actual están los puestos más precarios. Si el biodiésel tiene un coste de producción superior al del diésel, ¿cómo hacer para que esa alternativa verde llegue a las gasolineras por el mismo precio? ¿Precarizando la mano de obra en la cadena productiva del biodiésel? Imposible.
Esta es una contradicción que no existe sólo en Brasil, sino en todo el mundo: las industrias sucias, las más antiguas, son las que ofrecen las mejores condiciones de trabajo, incluso desde el punto de vista de la salud de los trabajadores. Basta con comparar las condiciones de trabajo en una refinería de caña de azúcar o para los recolectores en una planta de reciclaje de aluminio. Algunos dirán que los recolectores de residuos no forman parte de la industria del reciclaje, pero lo cierto es que ésta sólo existe en Brasil gracias a ellos. Brasil es el país que más aluminio recicla, no porque tiene un gran proyecto de logística inversa, sino porque hay un montón de miserables que se dedican a recolectar latas para sobrevivir y que, al hacerlo, fomentan una cadena productiva que es extremadamente rentable.
Los autos eléctricos son otro ejemplo: debido a la tecnología que se utiliza, el sector genera menos puestos de trabajo que la industria de los autos de combustión. Es una ingeniería mucho más sencilla: el vehículo eléctrico tiene carrocería, batería y motor, mientras que el de combustión tiene cárter de aceite, correa, filtro, culata, pistón, biela. Es decir, se necesitan varias fábricas más para suministrar los productos y piezas que necesita esta industria.
Las críticas del movimiento sindical a las cadenas de energía renovable siguen esta misma línea. Actualmente, Bahía es el estado que más produce energía limpia en Brasil y básicamente “exporta viento” a las regiones Sur y Sudeste sin ninguna contrapartida para las comunidades donde se instalan los parques eólicos —que tienen un enorme impacto social y ambiental—, o los paneles solares.
Al mismo tiempo, las partes de la cadena productiva que generan más puestos de trabajo, como las fábricas de turbinas, paneles fotovoltaicos y piezas de recambio, no están aquí. Nos quedamos con la peor parte de toda la cadena: la de mayor impacto y menor rentabilidad. Se trata de una reproducción, entre regiones de Brasil, de la misma dinámica global que se observa entre países del centro y de la periferia del capitalismo. ¿Acaso el papel del Nordeste en la industrialización brasileña se reducirá a generar energía y créditos de carbono que se consumirán en el Sur y el Sudeste? El Nordeste es la región de Brasil que más energía solar produce, pero no cuenta con ninguna fábrica de paneles fotovoltaicos.
En el mismo sentido, creo que el NIB debería incluir un debate geopolítico sobre los objetivos de industrialización verde de Brasil. ¿Vamos a pagar la transición energética de los países que históricamente más contaminan? ¿Será nuestro papel generar energía limpia y créditos de carbono para el consumo de los países del Norte global? Una vez más, será la parte más débil del eslabón la que pagará la transición energética.
Hasta ahora, al parecer, las partes que tienen menos valor añadido, de menor complejidad y que generan menos puestos de trabajo en las cadenas productivas verdes son las que se quedan en Brasil u otros países periféricos. Se renueva el papel de los países periféricos en la división internacional del trabajo: los empleos más precarios permanecen aquí y los más tecnológicos y bien remunerados en el centro del capitalismo. Así que, desde el NIB, sería necesario crear un diálogo sobre ese interés chino en instalarse en Brasil. Para exigir, por ejemplo, alguna contrapartida a la subvención estatal que nos permita revertir esa situación de subordinación en la división internacional del trabajo.
Por supuesto, estamos a favor de promover la industria verde, pero sostenemos que debería ir acompañada de ayudas estatales. El Estado, y no los trabajadores, debe pagar la transición. Si la viabilidad económica del biodiésel viene de la precariedad de la fuerza laboral, entonces el Estado está imponiendo a los trabajadores que paguen la transición energética. Nosotros, en cambio, estamos a favor de una transición energética realmente justa.
MS: Entonces, ¿cómo se podrían resumir las reivindicaciones del sindicalismo para la reindustrialización verde de Brasil?
AS: La reivindicación del movimiento sindical para la reindustrialización verde es que no se pierda de vista que los trabajadores son una parte fundamental de este proceso. Tanto la cantidad como la calidad, la remuneración y otras condiciones de los puestos de trabajo creados por la industrialización verde deben ser iguales o mejores que las observadas en los procesos de industrialización anteriores. No se puede seguir utilizando, de ninguna manera, la precariedad laboral como mecanismo para hacer económicamente viable la industria verde. La transición energética tiene que ocurrir, el planeta no puede esperar, pero hay que tener en cuenta que los trabajadores también forman parte del planeta. Si sacrificamos a los trabajadores, ¿a quién salvaremos con la transición?
Esta semana fue el aniversario de 61 años del golpe militar en Brasil, en medio de una coyuntura democrática liberal inestable en el país. Recientemente, el Supremo Tribunal Federal (STF) acusó a Jair Bolsonaro de un intento criminal de golpe de Estado en el contexto de las elecciones de 2022, un acontecimiento que ha puesto las memorias del terror de la dictadura militar en el centro del debate público, así como las amenazas actuales del autoritarismo. Hugo Fanton, editor de PW, conversó con Frei Betto, fraile dominico y escritor brasileño que fue encarcelado dos veces por la dictadura militar por su trabajo social y político.
Frei Betto participó en la creación de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), una forma de organización incentivada por la Teología de la Liberación, que consistía en grupos reunidos en áreas específicas–ya sea favelas, escuelas o fábricas–para discutir la Biblia en el contexto de la realidad política y social que se vivía. Esto se convirtió en uno de los principales mecanismos de resistencia a la dictadura y de lucha por la democracia en el país. Frei Betto es también autor de libros que retratan esta experiencia, como Cartas desde la cárcel y Bautismo de sangre, obras que describen las acciones entre bastidores del régimen militar y los crímenes cometidos contra la humanidad.
En un momento en que las fuerzas autoritarias avanzan no solo en Brasil sino también alrededor del mundo, ahora bajo el renovado liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos, debemos recordar los procesos de transición que han resultado en el ascenso de autoritarios previos, y luchar para garantizar que los horrores del pasado no se vuelvan a repetir.
Entrevista con Frei Betto
Hugo Fanton: Este 1 de abril se cumplen 61 años del golpe militar en Brasil. ¿Podría contextualizar este golpe de Estado que dio lugar en 1964?
Frei Betto: Después de la Segunda Guerra Mundial, marcada por la victoria de los Aliados contra el fascismo, hubo una ola de democratización, que llevó a los sectores populares a organizarse cada vez más y a reclamar sus derechos. En Brasil, Getúlio Vargas volvió al poder en 1950. Había gobernado el país bajo un régimen dictatorial durante 15 años, pero había concedido grandes beneficios a la clase trabajadora, por lo que fue considerado el «padre de los pobres». A principios de los años 50, sectores conservadores de la sociedad conspiraron para derrocar su régimen, porque no coincidían con las políticas distributivas que buscaban mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Después de un atentado fallido a su vida, la conspiración derechista llevó Vargas al suicidio en 1954. Así fue que Brasil entró en un periodo de gran inestabilidad política.
Sin embargo, a principios de la década de 1960, la cultura brasileña vivió un periodo de renovación: la música de bossa nova era “nueva”, el cine, la literatura, e inclusive la economía, todo era “nuevo”. Brasil vivió durante estos años un sueño febril progresista de emancipación, donde se le dio libertad a los movimientos sociales, como las ligas campesinas y el movimiento estudiantil. En resumen, fue un periodo efervescente, con mucha creatividad y muchos logros inesperados, tanto en la política como en la economía. Todo esto fue castrado por el golpe militar del 1 de abril de 1964, el cual derrocó al régimen progresista de João Goulart.
Las políticas de João Goulart no tenían un tinte comunista. Él era un terrateniente demócrata, sensible a las demandas populares. Sin embargo, las clases dominantes no esperaban que este movimiento de la sociedad exigiera todo tipo de derechos, o que los sectores populares desafiaran los privilegios e intereses de las elites al exigir una reforma agraria. A diferencia de países vecinos, como Bolivia y Perú, en Brasil nunca se había dado una reforma agraria, a pesar de sus dimensiones continentales. Esta amenaza a los privilegios de las clases dominantes llevó al golpe de estado que inauguró la dictadura militar en Brasil, con apoyo de la Casa Blanca. Este tipo de colaboración ocurrió en todo el continente latinoamericano.
Como reacción al intento de reforma agraria presidido por Goulart, las Fuerzas Armadas, subvencionados y guiados por el gobierno de Estados Unidos, dieron el golpe de Estado de 1964, desmantelando así la Constitución brasileña e instaurando un régimen de terror que duró 21 años. Yo mismo fui víctima de sus horrores.
HF: ¿Cómo afectó esto a su vida en aquel momento?
FB: Fui detenido como dirigente estudiantil durante 15 días en junio de 1964, unos meses después del golpe de Estado. Luego, en 1969, ya trabajando como fraile dominicano, fui detenido de nuevo por mi labor de apoyo a la resistencia y a la lucha por la redemocratización del país. Permanecí en prisión cuatro años, hasta 1973. Fue un período de golpes militares generalizados en la región: Argentina, Uruguay, Chile, con mucha crueldad, torturas, desapariciones de quienes luchaban por otro sistema social, en este caso el socialismo, o por la mera redemocratización de sus países. Fue un período muy trágico en la historia de América Latina, todo financiado y patrocinado por la Casa Blanca.
Al comienzo de la dictadura, algunos líderes liberales y democráticos, como Rubens Paiva, retratado en la película “Aún estoy aquí” (2024) pensaban que el golpe sería sólo un período de reordenamiento de las clases dominantes, bajo la tutela de los militares. No pensaban que habría torturas, desapariciones, fusilamientos, en fin, toda la crueldad que se documenta en el libro «Brasil Nunca Mais», editado por el cardenal Dom Paulo Evaristo Arns y el pastor Jaime Wright.
A pesar de estas expectativas iniciales, la dictadura se recrudeció. El comportamiento de los militares se hizo cada vez más violento, asesino y genocida. Sobre todo a partir del Acto Institucional nº 5 de diciembre de 1968, que muchos analistas consideran como el golpe dentro del golpe. A partir de ese momento las cosas empeoraron. Fue precisamente a partir de entonces cuando las fuerzas democráticas empezaron a resistir a los militares, a la dictadura, tanto por medios pacíficos como armados. Grupos y partidos empezaron a armarse para enfrentarse al poder militar de la dictadura. Esto supuso un gran desgaste para el régimen militar.
HF: ¿Cómo fue el trabajo de resistencia a lo largo de los años setenta? ¿Qué destacaría del rol o la labor de la resistencia permanente y cotidiana, en un contexto extremadamente desfavorable?
FB: Hubo un periodo en que esta resistencia fue clandestina, ya fuera pacíficamente o mediante la lucha armada. Pero, a partir de mediados de los años 70, adquirió la dimensión de una lucha de masas a través de huelgas sindicales, sobre todo cuando el movimiento sindical, liderado por Lula, denunció que la política económica de la dictadura era falsa, una gran mentira para encubrir la dinámica real de la economía. Las grandes corporaciones sindicales empezaron a movilizarse, sacando a la calle a miles de personas para exigir derechos laborales. Esto fue socavando progresivamente los cimientos de la dictadura.
El consenso que existía en la sociedad brasileña de que los militares habían librado al país del comunismo llegó a su fin a medida que la gente era cada vez más consciente de las atrocidades practicadas por los militares. Para que esto ocurriera, también fue muy importante la transformación del movimiento sindical, ya que al principios de la dictadura el sindicalismo oficial se oponía a la movilización popular.
Brasil siempre ha tenido organizaciones de base. Y a partir de los años 60, a través de los sectores progresistas de la Iglesia Católica, se formaron las Comunidades Eclesiales de Base (Cebs). Esta forma de organización le dio origen a lo que hoy se conoce como teología de la liberación. Las Cebs no llamaron la atención de la dictadura, porque las consideraba una cuestión religiosa. Fue un gran error por parte de los militares, porque las Cebs, partiendo de una lectura de la Biblia desde la perspectiva de los oprimidos y abrazando el método de la pedagogía liberadora de Paulo Freire, empezaron a formar militantes para movimientos populares, movimientos sindicales y, más tarde, movimientos partidarios.
Luego, entre los años 60 y 70, hubo una gran difusión del catolicismo progresista. Esta forma de organización de base se hizo presente en las favelas, fábricas y escuelas, dando lugar a una nueva forma de oposición sindical, el sindicalismo combativo, que acabó ocupando los espacios del sindicalismo que hasta entonces había estado ligado a la dictadura. Como resultado de esta organización social y de la lucha que emprendió, hubo una apertura para nuevos partidos en Brasil. Entre ellos, surgió el Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Lula.
Este es el proceso que fue aglutinando a las fuerzas populares y socavando el régimen dictatorial, lo que condujo al declive de la dictadura, marcado por acontecimientos como el regreso de los exiliados y la creación de grandes asociaciones nacionales de organización de los trabajadores y las clases populares, como la Central Única dos Trabalhadores (CUT) y el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Ahora, lamentablemente, este proceso, esta acumulación organizativa, se ha perdido en los últimos años, lo que ha llevado a la elección de Bolsonaro y a un gran debilitamiento de las fuerzas progresistas. Al mismo tiempo, este debilitamiento forma parte de un fenómeno más amplio: el fortalecimiento de la derecha global.
HF: ¿Cómo se explica este nuevo auge del autoritarismo?
FB: Una vez conquistada la democracia por el fracaso del propio régimen dictatorial, fracaso social, económico y político, pensamos que Brasil no volvería a tener un gobierno autocrático. Pero la situación mundial no siempre es lineal, es más bien cíclica. Y hoy, en mi opinión, estamos viviendo una ola, no de democratización de las naciones, sino de autoritarismo con sesgo fascista.
Esto ocurre en todos los continentes, y ahora se ha agravado con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Ya no vale el chiste que se contaba en América Latina de que nunca había habido un golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay embajada norteamericana en Washington. Trump intentó dar un golpe de Estado, pero ahora vuelve a la presidencia con un apoyo masivo de la población estadounidense y con pretensiones autocráticas.
Este sesgo autoritario está de moda en todo el mundo y se debe a varios factores. Durante la Guerra Fría, existía una bipolaridad, con los países capitalistas hegemonizados por Estados Unidos y, en el Este, el socialismo, en la Unión Soviética y en China. Esto creó un cierto equilibrio de poder. Creo que la mayor conquista del socialismo no tuvo lugar en ningún país socialista, sino en Europa Occidental: las clases trabajadoras conquistaron muchos de sus derechos, garantizados por ley, porque la burguesía europea temía que los trabajadores abrazaran la vía del socialismo y del comunismo. El bienestar de la clase obrera en Europa nunca fue tan sólido como en este periodo de posguerra que duró hasta 1989.
Con la caída del Muro de Berlín, la élite mundial se quitó la máscara. Y con el cambio del patrón de acumulación capitalista de la producción a la especulación, estas élites tienen ahora muchos más ingresos y poder. Hoy tenemos un mundo dominado, por un lado, por los especuladores y, por otro, por estas figuras del Big Tech que no producen nada, sólo procesan nuestro conocimiento e información, pero lo convierten en mercancías y poder.
Siempre hemos hablado de globalización y siempre he criticado esta expresión: lo que realmente tenemos es una globo-colonización, la colonización del planeta por un sistema de sociedad que es capitalista, un sistema hedonista, consumista, que convierte a los seres humanos en mercancías, porque nuestra dignidad intrínseca no vale nada, lo único que importa son los bienes que poseemos o los que no poseemos. Cuanto más bienes materiales poseemos, más aceptados somos en la sociedad. Hay un proceso acelerado de dominación, haciendo que los lazos sociales se deshagan cada vez más, debido a la creciente dependencia de los teléfonos móviles, todo se reduce a este pequeño aparato que no me exige tener relaciones cara a cara, asociativas, sindicales o partidarias.
Hay una fuerte tendencia al individualismo con las redes, porque se erosionan los lazos asociativos y, al mismo tiempo, se acentúa el narcisismo. La lógica de las redes y del posting produce un juego narcisista y una gran dependencia de estas Big Techs que no existen para facilitar nuestra comunicación sino para vender productos.
HF: ¿Hay un paralelismo entre Bolsonaro y el golpe militar de 1964, entre ahora y lo que vivimos en la dictadura?
FB: Sí, porque Brasil, a diferencia de Argentina, Chile y Uruguay, nunca ha castigado a sus torturadores y asesinos. Al contrario, ha creado un mecanismo extraño desde el punto de vista jurídico, que es la amnistía recíproca. En lugar de ser denunciados, juzgados y condenados, los torturadores y asesinos eran amnistiados al mismo tiempo que luchaban contra la dictadura. Esto significó que la cultura de la dictadura se preservó en los cuarteles del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Y consideran que el golpe de 1964 fue un avance, una revolución, y no la instauración de una dictadura. Bolsonaro es hijo de esta formación militar con fuerte sesgo nazi-fascista.
Sin embargo, hoy en día, las Fuerzas Armadas se inclinan más por esta democracia burguesa limitada, no quieren volver a la dictadura. No veo ninguna posibilidad de un nuevo golpe. Ahora, veo la posibilidad, no de Bolsonaro, que es inelegible, sino de que alguien más de la misma formación militar sea elegido en 2026 como presidente de la República por la vía democrática. Creo que los progresistas tenemos que intensificar nuestro trabajo, porque el riesgo está ahí. Hay una tendencia en la sociedad brasileña a apoyar el nazifascismo que cunde entre estos grupos de Bolsonaro. Creo que hay un riesgo muy grande. Así que tenemos que volver al trabajo de base y ponernos las pilas con las redes digitales. Somos muy reactivos, no somos proactivos en las redes digitales.
HF: ¿Qué impacto tiene la administración Trump en esta situación?
FB: Trump va a gobernar autocráticamente, ignorando las leyes, a los jueces, como está haciendo ahora con la deportación de venezolanos a El Salvador. La cuestión es cómo reacciona la justicia estadounidense, hasta qué punto tiene fuerza para pararle los pies. Pero todo esto dependerá mucho del comportamiento de su gobierno. Ya, en sus dos meses de mandato, está generando una gran decepción. En 60 días de gobierno, su prestigio ya se está yendo por el desagüe. El desgaste es grande. La parte más sensible del cuerpo humano, que es el bolsillo, es lo que más pesa en Brasil, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. ¿Qué impacto tendrá su gobierno en el bienestar de la gente? Es demasiado pronto para hacer una evaluación, pero pronostico un gobierno extremadamente autocrático, al borde de lo que sería una dictadura descarada.
Comentarios desactivados en Brasil en un orden mundial en limbo
La atención mundial ha sido capturada recientemente por las elecciones en el corazón del capitalismo: la contienda que resultó en la reelección de Donald Trump para un segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, en Brasil, los comicios municipales, a pesar de su carácter local, dieron indicios del porvenir politico, especialmente sobre la disputa presidencial de 2026. En octubre de 2024, los votantes brasileños acudieron a las urnas para elegir alcaldes y concejales. Entre las disputas, la de São Paulo fue quizás la más reveladora. Además de ser el principal colegio electoral del país, la ciudad exhibió posibles tendencias políticas, como el ascenso de un nuevo liderazgo de extrema derecha—el antes desconocido Pablo Marçal—y la unificación de todas las fuerzas a la derecha del centro para derrotar a la izquierda.
Para abordar los resultados electorales y reflexionar sobre el momento actual, Hugo Fanton, editor de Phenomenal World, conversó con André Singer, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de São Paulo (USP). La entrevista, realizada el 13 de diciembre de 2024, explora la relación entre la estructura de clases y el comportamiento político en Brasil; analiza las autocracias de Trump y Bolsonaro y el recrudecimiento del sesgo fascista en la coyuntura actual; y examina el “mimetismo” reciente entre Estados Unidos y Brasil. Además, presenta reflexiones a partir del libro O Segundo Círculo (Editora Unicamp), publicado en Brasil en septiembre pasado, para pensar las relaciones entre centro y periferia en tiempos de guerra. La referencia al infierno de Dante sugiere un agravamiento de la crisis, desde 2008, a niveles cada vez más aterradores, lo que intensifica los flagelos sufridos por los pueblos y reduce las posibilidades de salidas pacíficas. Para caracterizar este momento, se defiende el uso del término “interregno”, en referencia a las disputas por la dirección global y la formación de nuevas relaciones de hegemonía.
Entrevista con André Singer
Hugo Fanton: El desempeño de Pablo Marçal en las elecciones municipales de São Paulo llamó la atención de todo el país el año pasado. ¿Es su victoria síntoma de alteraciones en el panorama político brasileño? ¿Qué podemos esperar para las elecciones presidenciales de 2026?
André Singer: Pablo Marçal, un influencer de internet, fue un candidato inesperado, no previsto por los actores políticos. Surgió de la nada, apoyado por un partido que no tiene representación en el Congreso Nacional, pero alcanzó un millón setecientos mil votos. Fue una votación extraordinaria en la contienda electoral más importante del año: la de la ciudad de São Paulo, el mayor colegio electoral del país, de un tamaño comparable, por ejemplo, al de Portugal. Por muy poco—una diferencia de apenas 50 mil votos—no llegó a la segunda vuelta. Esto evidenció cuestiones que no estaban claras dentro del campo de la derecha en el espectro político: un hombre joven, de 37 años, sin ningún respaldo más allá de su propia capacidad de comunicación, logró movilizar al electorado de extrema derecha en São Paulo contra Jair Bolsonaro. No en el sentido de oponerse a Bolsonaro, sino de ser independiente, porque Bolsonaro ya había sellado una alianza con el candidato del Movimiento Brasilero Democrático (MDB), el alcalde de la ciudad, Ricardo Nunes.
Para ser reelegido, Nunes nombró como vicealcalde a un aliado de Bolsonaro, proveniente de la Policía Militar, con el objetivo de consolidar una alianza formal no solo con el partido de Bolsonaro—el Partido Liberal (PL)—, sino con el propio Bolsonaro. Cuando Marçal comenzó a subir en las encuestas, Bolsonaro se encontró en una situación complicada. En un primer momento, intentó desautorizar a Marçal a favor de Nunes. Sin embargo, las bases bolsonaristas se rebelaron contra Bolsonaro y lo obligaron a dar marcha atrás, intentando conciliar con Marçal en oposición a Nunes.
En ese momento, la candidatura de Nunes se vio seriamente amenazada por el posible abandono de las bases bolsonaristas. Fue entonces cuando emergió la figura que, a mi parecer, fue la gran ganadora de todo el proceso electoral de 2024: el gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Él fue el gran impulsor de la candidatura de Nunes. Sin embargo, Tarcísio tiene una deuda con Bolsonaro porque, a pesar de no haber sido nunca un político—era un administrador que incluso trabajó en el gobierno de Dilma Rousseff—, fue elegido en 2022 como candidato al gobierno del estado gracias a la designación de Bolsonaro, quien le aseguró la victoria con el apoyo masivo del bolsonarismo en el interior del estado. Ahora, en 2024, Tarcísio se vio obligado a tomar una decisión: respaldar a Nunes o a Marçal y Bolsonaro. Optó por el primero, y eso salvó la reelección de Nunes, llevando al propio Bolsonaro a retractarse de su apoyo a Marçal y asumir una postura más neutral. En la práctica, Bolsonaro tuvo que distanciarse de las elecciones en São Paulo porque no logró encontrar una posición adecuada. Sin embargo, aunque Tarcísio se posicionó en contra de Bolsonaro en ese momento, nunca dejó de insistir en la necesidad de reincorporarse a la candidatura de Nunes. Es decir, Tarcísio comprendió que, si la derecha se unifica, puede ser competitiva.
Tarcísio representa lo que yo llamo el “bolsonarismo Shrek”: no exhibe los mismos rasgos de radicalismo que Bolsonaro o Marçal. Es una figura híbrida, proveniente del campo de la extrema derecha, pero que se presenta de otra manera, quizás de forma más aceptable para la derecha no extremista. El alcalde Ricardo Nunes sigue el mismo perfil. No es una figura de extrema derecha, pero ha adoptado varias de sus banderas porque también entendió que la unidad es indispensable.
Las elecciones municipales de São Paulo pueden entenderse, relativamente, como un anticipo de elementos que podrían repetirse en las presidenciales de 2026. Por supuesto, Brasil es diferente de São Paulo, por lo que no debe haber una extrapolación automática. Sin embargo, algunos aspectos de lo ocurrido aquí podrían ser útiles para comprender ciertos factores de 2026. La elección de 2024 demostró la fuerza de la extrema derecha tras la derrota de 2022. Fue la primera vez que la extrema derecha volvió a las urnas y se mostró potente—no lo suficiente para ganar, pero sí para competir. Y dejó claro que, sí hay unidad, la derecha puede ganar la elección.
HF: ¿Cuáles son los impactos de las victorias municipales del partido del interior, es decir, los partidos de las áreas rurales de Brasil, en relación con los sectores de la derecha tradicional y la “confederación bolsonarista”? ¿Está en marcha un un distanciamiento gradual de la figura de Bolsonaro o será que el escenario poselectoral apunta a una reafirmación de la extrema derecha y a Bolsonaro como el polo aglutinador de las derechas en el país? ¿Es posible, desde ya, vislumbrar una reedición de la disputa entre el lulismo y un candidato directamente respaldado por Bolsonaro?
AS: El realineamiento electoral, tal como propuse en 2006,1 sigue vigente, sobre todo en lo que respecta a la base de la pirámide social, que ha dado varias señales de que continúa siendo lulista. Una de esas señales es la evaluación del gobierno de Lula realizada por Datafolha a principios de octubre pasado: en el conjunto del electorado, la aprobación como “óptimo y bueno” es del 36 por ciento. Sin embargo, en la base de la pirámide, esta proporción sube al 46 por ciento. En todos los otros segmentos que no forman parte de la base de la pirámide, ronda alrededor de 27 por ciento. Es una diferencia considerable. Es como si el país estuviera dividido en dos bloques, en dos mitades sociales, donde la mitad inferior apoya al gobierno y la mitad superior tiende a no apoyarlo. Esto me lleva a pensar que el lulismo sigue en pie. Otro elemento que apunta en esta dirección es que la única victoria importante del PT en las elecciones municipales fue en Fortaleza, una de las principales capitales del Nordeste, que es el centro del subproletariado, esa fracción de clase que está, técnicamente, en la base de la pirámide. En este sentido, el realineamiento persiste. Sin embargo, la novedad radica en un desplazamiento dentro del campo de la clase media, que comenzó, desde el punto de vista partidario, con el vaciamiento del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB) y la migración de estos sectores hacia la extrema derecha a partir de 20162.
Uno de los factores en juego—y que también quedó muy claro en las elecciones municipales de 2024—es el intento de Bolsonaro de construir, por primera vez, un partido que organice y sustituya al PSDB: el PL. Hasta ahora, él se había negado a hacerlo. Primero, se afilió al Partido Social Liberal (PSL) del cual se desvinculó durante su mandato. Luego, lanzó un partido propio que, abandonado en el camino, terminó disolviéndose. Finalmente, se unió a un partido de larga trayectoria, el PL, cuya principal dirigencia se ha dispuesto a convertirse en el gran organizador del bolsonarismo. Ahora, el bolsonarismo cuenta con un vehículo partidario que tuvo un buen desempeño en las elecciones. Es el partido que disponía de más recursos del Estado para hacer campaña, gracias a su mayor bancada en la Cámara de Diputados, y obtuvo buenos resultados en octubre.
Pero esto tiene un precio: como cualquier fuerza que entra de lleno en el juego institucional, hay un efecto de normalización. De alguna manera, es atraída hacia las reglas, implícitas o explícitas, del juego electoral. En el caso brasileño, la regla implícita es que estos partidos deben comportarse como lo que Fernando Henrique Cardoso, cuando aún era solo un científico político hace 40 años, llamaba un “partido ómnibus”: partidos que no tienen una identidad homogénea, en los que se puede entrar y salir en cualquier momento, y que, por lo tanto, tienen secciones regionales y locales con características muy distintas entre sí. Esto da lugar a situaciones muy extrañas, pero que ocurrieron en estas elecciones, como alianzas locales entre el PL y el PT. Es algo poco común, pero sucedió en Brasil, lo que da una idea a los observadores extranjeros de la complejidad de la vida partidista brasileña.
El PSDB fue reemplazado en parte por el PL, pero también, en parte, por el Partido Social Demócrata (PSD), dirigido por un político de trayectoria tradicional, Gilberto Kassab. En el estado de São Paulo, sobre todo en el interior, el PSD ha venido absorbiendo la antigua maquinaria del PSDB, que sigue siendo muy fuerte y cuenta con una estructura consolidada en un estado de la federación con gran poder político. Con ello, estamos presenciando una reconfiguración en el campo hacia la derecha del centro político. Por un lado, la extrema derecha ha conseguido un vehículo partidario y, por otro, se ha fortalecido un partido del llamado “centrão”, que es el término usado para lo que yo, en términos conceptuales, denomino el “Partido del Interior”, representado por el PSD, que no pertenece a la extrema derecha. El desafío para la derecha es determinar si habrá unidad entre el PSD y el PL. Tal como ocurrió en São Paulo, la derecha y la extrema derecha pueden presentarse separadas en la primera vuelta y unificarse en la segunda.
Ahora bien, ¿cuáles son las incógnitas por los momentos? Primero, si Bolsonaro va a insistir en ser candidato, aunque esté jurídicamente inhabilitado para competir. Hay varias señales de que sí, y en esto le sigue el ejemplo al expresidente Lula en 2018: aunque fue excluido de la contienda, dejó hasta el último momento el reconocimiento de que no podría postularse y solo entonces designó a Fernando Haddad como su sustituto. Esto crea muchas complicaciones para la candidatura, porque, por ejemplo, si Tarcísio quiere postularse a la presidencia de la República, deberá convertirse en un nombre de alcance nacional y, para ser reconocido, necesita moverse en el escenario político. Sin embargo, si Tarcísio se lanza abiertamente, confrontará a Bolsonaro y, con ello, entrará en contradicción con una de sus premisas fundamentales, que es acertada: separada, la derecha pierde; necesita unificarse. Esta es la ecuación que Tarcísio debe resolver. La otra gran incógnita es si Marçal, o algún candidato similar, podría replicar a nivel nacional lo que ocurrió en la ciudad de São Paulo. Es una pregunta difícil, porque Brasil no es São Paulo. Brasil es un país continental, gigantesco, muy heterogéneo, con características diversas según la región, la religión, la edad, el género, entre otros factores. Pero no es imposible, como lo han demostrado fenómenos políticos anteriores como Jânio Quadros, Fernando Collor y el propio Bolsonaro.
HF: ¿Cuál es la relación entre esta dinámica de las fuerzas políticas y la estructura de clases del país?
AS: Primero, la base de la pirámide. Como mencioné antes, creo que el lulismo sigue en pie en este sector. Por ejemplo, una de las victorias más significativas en Brasil fue la de João Campos (PSB) en Recife, quien lideró la coalición que apoyó a Lula en 2022 y que contó con su respaldo nuevamente en 2024. Recife es una de las principales capitales del país desde el punto de vista político. Ya hablamos de la victoria específica del PT en Fortaleza, y también está el triunfo de Eduardo Paes (PSD) en Río de Janeiro, donde, con el apoyo de Lula, la coalición ganadora infligió una derrota importante a Bolsonaro en su cuna política y principal bastión. No es poca cosa. El bolsonarismo sigue siendo muy fuerte en el sur del país, donde ganó en las tres capitales, y tuvo una victoria significativa en el Centro-Oeste, además de un buen desempeño en algunas capitales del Nordeste. No obstante, tanto las elecciones como las encuestas muestran que la base de la pirámide sigue alineada con el lulismo por los momentos.
El segundo escalón corresponde a aquellos que, según los institutos de investigación, tienen ingresos familiares mensuales de entre 2 y 5 salarios mínimos. Aquí comienza a notarse una división clara. La candidatura de Pablo Marçal en São Paulo tuvo una presencia significativa en este sector. Sin embargo, su mayor apoyo provino de quienes tienen ingresos más altos. La extrema derecha crece en función de la renta. Lo mismo ocurrió con Bolsonaro. En este sentido, hay una oposición de clase al lulismo: cuanto mayor es el ingreso, más se oponen estos sectores intermedios a la base de la pirámide. Esta es la contraposición fundamental en juego desde el punto de vista social. Los que ganan entre 2 y 5 salarios mínimos son muy relevantes en términos numéricos, representando más del 30 por ciento del electorado brasileño, mientras que más del 40 por ciento se encuentra en la base de la pirámide. Estos dos segmentos son los que deciden la elección, ya que los de ingresos más altos no tienen el peso numérico suficiente para influir en el resultado. Pero este sector de 2 a 5 salarios mínimos está dividido. La extrema derecha tiene influencia en aquí, pero no ha logrado capturarlo por completo—sigue siendo un espacio en disputa. De hecho, diría que este es el sector que definirá la elección de 2026.
En tercer lugar, tenemos el segmento de los sectores intermedios, aquellos con ingresos familiares mensuales superiores a 5 salarios mínimos. Aquí también hay una división, que es triple: entre la extrema derecha, la derecha y una pequeña franja de clase media progresista. En São Paulo, la candidatura de izquierda de Guilherme Boulos tuvo dificultades en la base de la pirámide y mostró un crecimiento entre los sectores de mayor ingreso, de forma similar a la primera configuración del PT hasta 2002.
Finalmente, el cuarto escalón corresponde a las clases dominantes, que ni siquiera aparecen en las encuestas de opinión. No tienen importancia numérica, pero sí estructural en términos de clase. Creo que una parte de la clase dominante ya ha consolidado su apoyo a la extrema derecha, especialmente el sector vinculado al agronegocio. El PL, por ejemplo, tuvo un excelente desempeño en las ciudades con mayor facturación en el agronegocio. Esto también se aplica al empresariado del comercio y la construcción civil, sectores económicamente influyentes. La gran incógnita es qué hará la burguesía cosmopolita, ya que en 2022 se alió con la candidatura de Lula con muchas dificultades, como he analizado en otros trabajos.3. Este sector del empresariado más moderno decidió respaldar a Lula en la segunda vuelta de 2022 en un contexto de gran tensión e incertidumbre, que persiste hasta hoy. Los dos primeros años de su mandato han estado marcados por un debate central en el gobierno: la cuestión de la austeridad. Este sector de la burguesía exige un recorte del gasto público que sea compatible con lo que ellos consideran un equilibrio fiscal que garantice estabilidad para esta fracción del capital. Se trata de una coalición muy frágil y profundamente dividida, de modo que podría surgir una candidatura con características aparentemente de derecha—pero no de extrema derecha—que resulte atractiva para esta burguesía cosmopolita. Esta incógnita seguirá sin resolverse en los próximos dos años.
HF: Al abordar los fenómenos de Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, usted presentó la idea de “autocracia con sesgo fascista”. ¿Podría explicar, en términos generales, este concepto y cómo debemos entenderlo ahora a la luz de los nuevos acontecimientos: la elección de un Trump aún más radicalizado y, en el caso de Brasil, tanto el fenómeno de Marçal como los impactos de la inelegibilidad y los procesos judiciales contra Bolsonaro?
AS: Desde el punto de vista empírico, lo que se pudo comprobar durante el gobierno de Bolsonaro es una tendencia hacia un régimen autocrático. No tengo elementos empíricos para afirmar que avanzaba hacia un régimen de tipo fascista, pero sí autocrático, en un sentido específico, ya que estaba orientado hacia su propio fortalecimiento. Entiendo “autocrático” en un sentido muy particular: un tipo de régimen centrado en la figura del líder. Esto lo diferencia, por ejemplo, del régimen militar tecno-burocrático de 1964, que no tenía un liderazgo destacado y se organizaba en torno a un aparato institucional. El sesgo fascista radica en haber activado, o intentado activar, el inconsciente de las masas. Y digo “masas” deliberadamente, porque la idea de activación del inconsciente proviene del análisis que hizo la Escuela de Frankfurt del fascismo histórico, y este inconsciente atraviesa las clases sociales. Por supuesto, puede seguir existiendo una base de clase, pero no se restringe a ella, porque se comunica directamente con el inconsciente. En este tipo de comunicación que activa el inconsciente, el individuo que la recibe no es consciente de ello; es un tipo de comunicación que no es racional. Es por esto que surge lo que Adorno llama un “sistema delirante”. Por ejemplo, en 2021, las redes bolsonaristas comenzaron a difundir que la mayoría de los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) estaban recibiendo dinero de China para viabilizar la rehabilitación jurídica del expresidente Lula y, con ello, esclavizar al pueblo brasileño a China. Esto no se presentó como una metáfora, sino como un hecho. Y ese “hecho” es completamente delirante: coloca a quienes creen en él en una esfera inaccesible para aquellos que intentan dialogar de manera lógica.
Es la misma esfera en la que se encuentran las personas que creen que la Tierra es plana. Pero no sirve de nada debatir, porque quienes creen en ello no lo hacen por razones conscientes, racionales o lógicas. Creen porque este tipo de discurso es el reflejo de una activación inconsciente. Esto no existía en la política brasileña antes de la llegada de Bolsonaro. Es una novedad que caracteriza el sesgo fascista.
Sigo la política de Estados Unidos desde la distancia, por lo que puedo estar equivocado, pero mi impresión es que la victoria de Trump en noviembre pasado se dio en un contexto de agudización de este sesgo fascista. Mi análisis está centrado en Brasil, pero, ya que se ha hecho la pregunta, me arriesgo a dar una opinión sobre Estados Unidos. ¿Por qué hablo de una intensificación del sesgo fascista? Porque, por ejemplo, al prometer la deportación de millones de personas, Trump está participando activamente de este sistema delirante. Recordemos la fábula que circuló en las redes de que los inmigrantes estaban devorando mascotas en el interior de Estados Unidos: eso es parte de un sistema delirante, ¿verdad? Así que, dado que estamos frente a este tipo de fenómeno—diferente de lo que tradicionalmente aprendimos en el análisis político—, es difícil prever qué hará Trump cuando asuma el cargo. Sin embargo, a juzgar por el tono de su campaña, estamos ante una profundización de este sesgo fascista.
En el caso de Brasil, entiendo que este rasgo fue plenamente adoptado en la campaña de Pablo Marçal en la elección de São Paulo. Fue una candidatura de extrema agresividad. No una agresividad lógica, sino una diseñada para impactar el inconsciente, al punto de que este candidato lanzó insultos y provocaciones a los demás contendientes en tal medida que, durante un debate público—para conocimiento de los lectores extranjeros—, recibió un golpe con una silla de otro candidato. Marçal llevó esta violencia incluso a otro debate posterior, en el que uno de sus asesores golpeó al publicista de la campaña de otro candidato. Estos episodios, que podrían parecer meras anécdotas, en mi opinión, forman parte de un tipo de comunicación que es mucho más efectiva que las simples palabras. Son actos de gran violencia que activan el inconsciente de las masas. Por eso, el fenómeno Marçal es muy significativo: evidencia la existencia de un espacio social para este tipo de política, que defino como de sesgo fascista.
HF: El libro publicado en septiembre pasado, O Segundo Círculo, busca situar a Brasil en el mundo. ¿Cómo se posiciona el país hoy en comparación con el período de inicios de los años 2000? ¿Cómo pensar a Brasil en este nuevo escenario de una posible bipolarización entre China y Estados Unidos?
AS: Como país periférico, Brasil sufre hechos que emanan del centro del sistema, pero, al mismo tiempo, los procesa de acuerdo con su propia estructura de clases. Como mostró el profesor Fernando Rugitsky en su libro “O Brasil no Inferno Global», en este momento, Brasil tiende a ocupar la posición de proveedor de materias primas, más o menos procesadas, para su uso industrial en Asia. Hablando en términos metafóricos, Brasil está volviendo a ser el granero del mundo, o al menos de una parte del mundo.
Mientras tanto, el tercer vértice de este triángulo—Estados Unidos y Europa—sigue controlando el sistema global mediante mecanismos financieros. Lo que no sabemos es si la bipolarización entre Estados Unidos y China, que fue el tema central de “O Segundo Círculo», generará inversiones industriales chinas o del bloque Estados Unidos.-Europa en Brasil. Hasta ahora, ha habido algunas inversiones industriales chinas en el país, como la planta de BYD en Camaçari. No estoy seguro de si estos proyectos tienen la escala suficiente para señalar un cambio estructural o una reversión de la tendencia predominante, que es la desindustrialización. Del mismo modo, no tengo conocimiento de una transferencia significativa de tecnología avanzada, lo cual sería fundamental para considerar la posibilidad de revertir esta tendencia. La misma pregunta se plantea con respecto al bloque liderado por Estados Unidos en oposición a China, porque Brasil, siendo un actor relevante en el escenario internacional, podría beneficiarse de esta división negociando concesiones con ambos lados para avanzar en lo que ha sido un proyecto histórico de una parte de la sociedad brasileña: salir definitivamente del llamado “atraso”.
En comparación con los inicios de los años 2000, cuando Lula ganó su primera elección presidencial, la gran novedad es que Brasil está mucho más desindustrializado y reprimarizado. Esto explica, en parte, que la confederación bolsonaristahaya sido derrotada en 2022 por menos de un 1 por ciento de los votos, a pesar de la catástrofe humanitaria que representó la gestión de Bolsonaro frente a la pandemia de Covid-19. También hay una transformación estructural hacia una economía más orientada a los servicios en detrimento de la industria, algo que está directamente relacionado con la confederación bolsonarista, que agrupa fracciones de la clase dominante vinculadas al agronegocio y al sector servicios. Por lo tanto, hoy, la situación desde el punto de vista de un proyecto de desarrollo es mucho más difícil que hace 20 años.
Desde la perspectiva de la redistribución del ingreso, el impacto también ha sido negativo, porque, debido a la precarización del trabajo, las perspectivas de mejores empleos, mejores salarios e incluso de una prosperidad en un entorno de justicia social para los emprendedores—dado que el emprendimiento es hoy un fenómeno relevante dentro de la clase trabajadora—se han vuelto cada vez más remotas. Lo que ha crecido en Brasil es el trabajo precarizado, una explotación más agresiva de la mano de obra y la creciente ocupación de espacios por parte del crimen organizado. El desafío de cómo articular un nuevo programa frente a esta coyuntura actual es, diría yo, una de las cuestiones más angustiosas de este momento.
HF: En el primer capítulo del libro usted defiende el uso de la palabra “interregno” para pensar la crisis global. ¿Podría comentar cuál es el aporte analítico de emplear este concepto?
AS: La propuesta del artículo es que pensemos el interregno, en términos de Gramsci, como un período de lucha entre fuerzas que aún no tienen hegemonía, pero que buscan alcanzarla. Por lo tanto, se trata de un enfoque propiamente político, que considera el interregno como un periodo de disputa entre estas fuerzas. Intentamos interpretar el fenómeno de Biden como un nuevo americanismo, es decir, como el intento de organizar una nueva dirección política. Creo que este planteamiento no pierde validez con la derrota electoral, porque, de hecho, en la primera mitad de su gobierno, Biden incorporó algunas de las banderas de la izquierda del Partido Demócrata, a pesar de no haber pertenecido nunca a ese campo. En un escenario de disputa por una nueva dirección, Biden articuló un programa que consideramos una posible propuesta de nuevo americanismo. El problema es que esta dirección perdió la elección. Ahora estamos en un momento distinto, en el que es necesario comprender por qué perdió, por qué esta estrategia no logró consolidarse. Lo cierto es que, en la lucha interna, fue derrotada por otra corriente, el trumpismo, que ahora presentará una contra-dirección para intentar resolver los problemas que la anterior no pudo abordar.
Por ejemplo, hay un conjunto de análisis que señalan la difícil condición de vida del ciudadano medio estadounidense, sin mencionar a los sectores situados en la base de la pirámide en Estados Unidos, que es distinta de la brasileña. ¿Cómo abordará Trump este escenario? Si seguimos la idea del interregno, entendemos que esta nueva fuerza política busca ofrecer otra dirección. También podríamos pensar en términos globales: ¿qué dirección ofrece China? Estamos hablando de un proceso de liderazgo que se proyecta simultáneamente hacia el interior de los países y hacia el exterior, lo cual fue precisamente lo que Biden intentó articular, aunque de manera contradictoria, con una política social progresista hacia el interior y una postura beligerante hacia el exterior. Sería pertinente analizar también qué está proponiendo China para el Sur Global y, al mismo tiempo, para su propia economía. La cuestión central es cómo se articula todo esto desde el punto de vista de las fuerzas que compiten por la hegemonía mundial. Creo que la utilidad de la idea de interregno radica en su enfoque en las líneas de conflicto entre fuerzas políticas que compiten en un periodo en el que no hay una hegemonía claramente definida.
HF: En ese mismo libro aparece la idea de paralelismo entre Brasil y Estados Unidos, un mimetismo reciente entre ambos países. Tocamos un poco este tema a través del concepto de autocracias de sesgo fascista, es decir, el paralelismo entre Trump y Bolsonaro. ¿Podría presentar, en términos generales, los principales aspectos de este paralelismo y su implicación para comprender el lugar de Brasil en el mundo?
AS: Lo que nos llevó a la idea de mimetismo fue la constatación de que, desde 2016, la política brasileña comenzó a parecerse a la política estadounidense. Fundamentalmente, porque el expresidente Jair Bolsonaro, a partir de cierto momento, comenzó a copiar literalmente todas las acciones de Trump, en algunos casos hasta en los detalles. El punto culminante de este proceso de imitación fue el levantamiento del 8 de enero de 2023, cuando una multitud brasileña invadió y destrozó las sedes de los tres poderes en Brasilia, imitando lo que ocurrió el 6 de enero de 2021 con la invasión del Capitolio en Estados Unidos. Fue una especie de performance imitativa con consecuencias extraordinarias, ya que muchas de esas personas siguen en prisión hasta hoy, pagando un precio altísimo por participar en este sistema delirante. Ese episodio fue el clímax de un largo proceso de copia.
A partir de ahí, nuestra investigación nos llevó por caminos diversos. Por ejemplo, el filósofo Roberto Mangabeira Unger sostiene que no hay país en el mundo más parecido a Estados Unidos que Brasil, dado el grado de aislamiento de ambos países, sus dimensiones continentales, su mirada predominantemente hacia dentro y su relativo aislamiento del resto del mundo. Es importante recordar que Brasil tiene una tradición histórica de dar la espalda a América Latina y mirar primero hacia Europa y luego hacia Estados Unidos. También es un hecho que Brasil ha copiado históricamente fórmulas norteamericanas, como la adopción del presidencialismo, aunque esto también es común en otros países de América Latina. Finalmente, hay un elemento más actual y que es el núcleo de la discusión: ambos países han experimentado un proceso de desindustrialización paralela.
Por supuesto, Estados Unidos es el centro del sistema y Brasil es un país periférico, por lo que sus dinámicas son diferentes. Sin embargo, curiosamente, ambos han atravesado un proceso de desindustrialización y, como consecuencia, han visto el fortalecimiento relativo del agronegocio en su estructura política. A partir de esto, surge una pregunta clave: ¿qué significa que las regiones interiores de ambos países se vuelvan hacia la extrema derecha? Este es un elemento estructural que puede ayudar a comprender lo que llamamos este extraño mimetismo, porque, a pesar de las similitudes, Brasil y Estados Unidos son países muy distintos. Uno es central y el otro es periférico, tienen formaciones sociales diferentes y tradiciones políticas divergentes. Un ejemplo de ello es que Estados Unidos tiene un sistema históricamente bipartidista, mientras que Brasil presenta un multipartidismo extremo con una fragmentación partidaria sin comparación. Entonces, ¿qué explica estas extrañas similitudes que hemos estado viendo? Creo que un factor clave es la desindustrialización. Esta discusión también nos lleva a formular hipótesis sobre hasta qué punto la victoria de Trump en Estados Unidos podría influir en Brasil. Estos canales de comunicación entre ambos países no existían antes, pero ahora deben ser observados con mucha más atención.
HF: Frente a este escenario, ¿cómo podemos reflexionar sobre la izquierda y el futuro de la izquierda en Brasil?
AS: En términos coyunturales, veo tres grandes desafíos. El primero es prestar mucha atención al impacto de los recortes presupuestarios en programas que garantizan ingresos y beneficios para la base de la pirámide, ya que esto podría tener un efecto fatal para el lulismo, que se sostiene fundamentalmente en este sector. Posibles recortes en el salario mínimo, en el Beneficio de Prestación Continuada o en el abono salarial, que van dirigidos directamente a la base de la pirámide, deben ser observados con el máximo cuidado desde una perspectiva política.
El segundo desafío es responder a la percepción, compartida tanto en Estados Unidos como en Brasil, de que el aumento del costo de vida está afectando no solo a la base de la pirámide, sino también al segmento inmediatamente superior, es decir, aquellos que tienen ingresos familiares de entre 2 y 5 salarios mínimos mensuales. Este impacto es tan fuerte que incluso los indicadores agregados de la economía parecen irrelevantes para la población. Hay crecimiento económico, disminución del desempleo y aumento de la masa salarial, pero cuando se realizan encuestas, el pesimismo sobre la economía sigue creciendo. Esto sugiere que, para el ciudadano común, la vida sigue siendo muy difícil. Esta percepción puede estar relacionada con la ola de inflación en el costo de vida a nivel mundial, derivada de la disrupción de las cadenas productivas por la pandemia de covid-19 y, posteriormente, por las guerras. Los precios del petróleo y la energía impactan toda la estructura de precios y, en particular, el costo de vida. Por lo tanto, el segundo desafío es diseñar políticas de defensa de la economía popular para evitar que los efectos de la economía global sigan golpeando a los sectores de menor ingreso.
El tercero, y más difícil, es formular un programa capaz de disputar el voto de quienes tienen ingresos de entre 2 y 5 salarios mínimos mensuales. No son la base de la pirámide, pero son trabajadores altamente precarizados. Por ejemplo, un repartidor de aplicación que trabaja en motocicleta en São Paulo no se encuentra en la base de la pirámide. Puede parecer contraintuitivo, pero en el caso brasileño, pertenece al sector intermedio, no al de los más pobres. ¿Cuál es el proyecto que puede disputar a este electorado que mostró una fuerte inclinación a apoyar a Marçal en São Paulo? Tiene que ser un proyecto de desarrollo nacional. No puede ser otra cosa que un proyecto de desarrollo. Pero, ¿cómo pensar un proyecto de desarrollo en un contexto global tan adverso como el que describí antes? Para terminar con una ironía, diría que es algo que hay que hacer ya. Pero, ¿cómo hacerlo? No lo sé.
Esta entrevista fue traducida del portugués al español por Aminta Zea.
Desde 1999, Mercosur y la Unión Europea (UE) negociaban un acuerdo de asociación birregional en tres aspectos: comercial, político y de cooperación. En diciembre de 2024, tras un cuarto de siglo de negociaciones, se anunció su conclusión durante la cumbre de Mercosur en Montevideo, con la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. El acuerdo aún debe someterse a una revisión jurídica antes de ser enviado para la aprobación de los órganos competentes. Por decisión de la Unión Europea, la aprobación se dividió: la parte comercial del acuerdo depende únicamente del Parlamento Europeo, mientras que los componentes político y de cooperación deben ser tramitados en los parlamentos nacionales. Del lado de Mercosur, el texto debe ser aprobado por todos los parlamentos nacionales, pero el acuerdo puede entrar en vigor bilateralmente entre la UE y cualquier país del bloque sudamericano que lo ratifique.
Una versión anterior del acuerdo había sido anunciada en 2019, bajo el liderazgo particular, del lado de Mercosur, de Jair Bolsonaro. Sin embargo, las negociaciones de ese año fueron abandonadas tras nuevas exigencias ambientales por parte de la Unión Europea, que encontraron resistencia en el entonces presidente brasileño, pero fueron interpretadas como proteccionistas incluso por sectores progresistas del Mercosur. Con el nuevo gobierno de Lula, las negociaciones se reanudaron en 2023. Aunque el nuevo texto es más moderado, sigue recibiendo críticas de organizaciones y gobiernos en ambos lados. En la Unión Europea, la resistencia proviene principalmente de sectores agrícolas en Francia, Países Bajos y Polonia, que temen la competencia con los productores de Mercosur. En este lado del Atlántico, las preocupaciones provienen en su mayoría de la sociedad civil y la academia, centrándose en el potencial del acuerdo para reforzar la primarización de la pauta exportadora de los países del bloque y debilitar los actuales esfuerzos de reindustrialización. Algunos de los cambios de la versión actual en comparación con la de 2019 incluyen una mayor flexibilidad para la implementación de políticas públicas y requisitos en compras gubernamentales, compromisos ambientales más estrictos y nuevos instrumentos de revisión y reequilibrio, además de plazos más largos para la liberalización del comercio o la reducción arancelaria en determinados sectores.
Maria Fernando Sikorski, editora de Phenomenal World, conversó con Marta Castilho, coordinadora del Grupo de Industria y Competitividad de la Universidad Federal de Río de Janeiro (GIC-UFRJ) y profesora de Economía en la misma institución, sobre las perspectivas del acuerdo para Mercosur y, en particular, para Brasil, así como sobre los riesgos que la liberalización comercial representa para el desarrollo nacional y regional en el lado sudamericano.
Entrevista con Marta Castilho
Maria Sikorski: ¿Podría describir los cambios en el entorno político y económico desde el inicio de las negociaciones de la asociación en 1999 hasta su conclusión en 2024? ¿Por qué el acuerdo siguió siendo relevante y cómo han cambiado las relaciones comerciales entre Mercosur y la Unión Europea (UE) a lo largo de este tiempo?
Marta Castilho: Este acuerdo comenzó a negociarse en un momento en que la Unión Europea era un bloque de 15 países. La perspectiva de Mercosur era obtener acceso a la Unión Europea de entonces con ciertas ventajas en comparación con Europa del Este, que en esa época tenía una estructura industrial relativamente similar a la nuestra, pero que con el tiempo se integró fuertemente con la industria de Europa Occidental. Ese quizá haya sido el cambio más significativo desde el inicio de las negociaciones, ya que en aquel momento el panorama era algo más prometedor para nuestra industria.
Desde el comienzo, sin embargo, siempre quedó claro—y esta fue una de la razones de la demora en las negociaciones, al menos hasta mediados de la década de 2010—que Mercosur veía en el acuerdo una posibilidad de aumentar sus exportaciones de productos agrícolas. Por lo tanto, el apoyo interno al acuerdo provenía principalmente de los sectores vinculados al agronegocio, mientras que la industria, en cambio, era más cautelosa, defendiendo una apertura comercial más gradual por temor a la competencia europea.
Además, es importante recordar que las empresas europeas tienen una fuerte presencia en nuestra región, con numerosas filiales de multinacionales establecidas aquí, y su postura también ha variado a lo largo de las negociaciones. Por ejemplo, una de las mayores productoras de pollo del mundo es una empresa francesa con operaciones en nuestra región. Hubo un momento en que esta empresa defendía la liberalización del comercio—lo que contrasta con las quejas actuales de los franceses—porque les interesaba producir el pollo aquí y exportar la carne a Europa. Estas fluctuaciones ocurrieron en diversos sectores. La industria automovilística es otro ejemplo importante, al igual que el sector químico y varios de sus subsectores, debido a la fuerte presencia de empresas europeas en nuestra región. En general, en Europa hubo un gran interés en la apertura del mercado de productos industriales de Mercosur, más allá de facilitar los flujos de servicios. En contrapartida, se observaba una resistencia aumentada a la entrada de productos agrícolas.
MS: En 2019, se anunció una versión anterior del acuerdo, pero no fue ratificada por el Parlamento Europeo. ¿Cuáles son los principales cambios en el texto actual?
MC: Un factor relevante es que, en los últimos cinco años, entre la versión de 2019 y la de 2024, tuvo lugar la pandemia. En 2019, los países europeos ya daban señales de una reactivación de las políticas industriales, con nuevas estrategias relacionadas con la industria 4.0, la digitalización y otros avances. La pandemia evidenció ciertas vulnerabilidades en estos países y los llevó a incorporar explícitamente políticas orientadas a la internalización de la producción y a la ampliación de la autonomía de ciertos sectores y segmentos con respecto al exterior. Esto modificó los intereses comerciales de la UE en torno al acuerdo, así como los términos de la negociación entre los dos bloques.
Un reflejo de esto es el interés por los minerales en general y, en particular, por los minerales críticos, ligados al desarrollo de baterías y otras tecnologías asociadas a la digitalización o la descarbonización. En este aspecto, Mercosur es un paraíso, una fuente riquísima de minerales. Uno de los cambios más recientes es el creciente apetito de Europa por minerales provenientes de nuestra región y, en ese sentido, el hecho de que la UE ha comenzado a ver con malos ojos cualquier iniciativa de proteger o gravar las exportaciones de estos bienes. Este es un aspecto nuevo que pasó a formar parte de las negociaciones entre 2019 y 2024, y un punto clave es que Mercosur logró pensar estratégicamente en el sector de minerales críticos y asegurar la posibilidad de imponer algunas condicionalidades.
En Brasil, este es un debate abierto. No es una discusión ya resuelta, y hay posiciones diversas, por ejemplo, entre el gobierno de Minas Gerais y sectores del gobierno federal. Sin embargo, existe un debate sobre el desarrollo de una estrategia para los minerales críticos que vaya más allá de la simple explotación y exportación como materia prima, con la intención de aumentar el grado de procesamiento y, eventualmente, producir baterías y otros bienes internamente.
Otro cambio entre el texto de 2019 y el de 2024 fue la cuestión de las compras públicas. Mercosur logró asegurar la utilización de este instrumento como una política de desarrollo productivo. Europa ha utilizado las compras públicas durante mucho tiempo, pero el acuerdo de 2019 eliminaba la posibilidad de que Mercosur empleara ciertos mecanismos. El bloque consiguió revertir esto y acercar los términos del acuerdo a las reglas ya existentes dentro de Mercosur. Esta fue una de las partes más positivas de la renegociación.
MS: ¿Cuáles son los efectos de la separación de las partes comercial, política y de cooperación del acuerdo, considerando que las cláusulas comerciales entran en vigor tras la aprobación del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales de Mercosur, mientras que las cláusulas políticas y de cooperación dependen de la aprobación de cada parlamento nacional de la UE?
MC: El acuerdo de asociación refleja una tradición europea de abordar aspectos que van más allá del comercio en negociaciones de este tipo, a diferencia de la tradición anglosajona, por ejemplo. Así, el acuerdo con Mercosur incluye una parte comercial, una de cooperación y otra de diálogo político. Esto es un aspecto positivo porque, por ejemplo, la parte de cooperación puede compensar ciertas pérdidas derivadas de las cláusulas comerciales. La apertura comercial puede ser equilibrada con perspectivas de cooperación para el desarrollo técnico en áreas donde los europeos están más avanzados, como la tecnología, y en otras donde nosotros tenemos potencial de intercambio, como la bioeconomía y la salud tropical.
Lo que ocurre ahora es que, por una cuestión pragmática y estratégica, el acuerdo ha sido desmembrado. Esto se debe a que un acuerdo comercial es más fácil de negociar y aprobar. El trámite, incluso dentro de la UE, es más ágil: si se trata sólo de la parte comercial, no requiere la aprobación de todos los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Un acuerdo de asociación en su conjunto necesitaría pasar por todas las instancias nacionales, lo que podría retrasarlo debido a las discrepancias que hemos visto, por ejemplo, por parte de Francia, Polonia y los Países Bajos. Para los europeos, se trata de una cuestión pragmática. Pero, desde mi punto de vista, para Mercosur es un error estratégico, porque el bloque pierde la oportunidad de aprovechar los posibles beneficios de los otros aspectos del acuerdo, especialmente el de cooperación.
MS: Porque es posible que sólo se apruebe el acuerdo comercial y los otros aspectos sean postergados indefinidamente.
MC: Exactamente, porque no hay necesidad de aprobarlos. No se va a someter a votación algo que se sabe que no será aprobado. Los intereses europeos ya están contemplados en el acuerdo comercial. Por ejemplo, algunas reglas ambientales incluidas en el texto actual no comprometen las principales legislaciones europeas, como el mecanismo de ajuste de carbono en frontera—el CBAM—y el mecanismo de reforestación: estos quedan fuera del acuerdo comercial.
MS: Quiero hablar sobre los principales aspectos del acuerdo comercial y cómo impactan a diferentes sectores del Mercosur. ¿Podemos comenzar por la cuestión de los aranceles y las cuotas arancelarias?
MC: El acuerdo comercial abarca numerosas disciplinas. Una de ellas es la de aranceles y cuotas arancelarias (aunque las cuotas sean, técnicamente, barreras no arancelarias, ambos temas suelen tratarse conjuntamente). Las cuotas se utilizan con frecuencia en los productos agrícolas: se aplica un arancel bajo a una cantidad determinada de exportaciones dentro del acuerdo y, una vez superada esa cantidad, el arancel pasa a ser el mismo que se cobra a otros socios comerciales. Entre los países del Mercosur, se adopta un arancel común para los productos agrícolas. En el acuerdo actual con la UE hay una variedad de cuotas arancelarias para distintos productos, un aspecto que fue mantenido del texto de 2019. En algunos casos, la cuota aumentó y la tarifa dentro de la cuota disminuyó, pero en otros, aunque la tarifa dentro de la cuota se redujo, la cantidad establecida es menor a lo que ya exportábamos en 2019 y 2020. Además, existen mecanismos que permiten a los europeos revisar esas cantidades—otro aspecto que se mantuvo del texto de 2019. Por lo tanto, existe una posibilidad de mejorar el acceso de Mercosur al mercado agrícola de la UE, pero la liberalización no es tan amplia como algunos sectores esperan o anuncian.
MS: ¿Considerando el volumen que ya exportamos?
MC: Exactamente. Pero algunos sectores se benefician. Los productores de carne bovina, por ejemplo—no es casualidad que los productores franceses estén tan reticentes, porque es uno de los productos en los que se amplió la cuota y se redujo la tarifa. El arroz, por ejemplo, es un producto cuya cuota fue reducida, pero con una disminución arancelaria. Hay situaciones diversas según el producto agrícola.
MS: ¿Y en relación con los productos industriales del Mercosur?
MC: Ese es nuestro mayor problema, por diversas razones. Los aranceles para los productos industriales en Europa ya son muy bajos: en general, rondan el 5 por ciento, mientras que los nuestros están en torno al 13 por ciento. Lo que ganamos con la reducción arancelaria en Europa es muy poco, y ellos ya tienen acuerdos comerciales con muchos otros países. Nuestro margen de preferencia es menor.
Además, hay un problema de asimetría muy grande. Tanto en términos de competitividad como en el tamaño de los sectores industriales. No tenemos la competitividad suficiente para “invadir” los mercados europeos, mientras que el potencial de ganancia de Europa con la liberalización es mucho mayor.
MS: La impresión general de las evaluaciones críticas sobre el acuerdo es que, en el caso de Mercosur, el agronegocio se beneficiaría en exceso y la industria saldría perjudicada. Pero, según lo que está diciendo, el sector agrícola no necesariamente se beneficia tanto, salvo en ciertos productos.
Ante esto, ¿cuáles serían las condiciones para la implementación de este acuerdo que permitirían que la industria sudamericana se beneficie, o al menos que el impacto negativo de la competencia con la industria europea sea mitigado?
MC: La liberalización comercial y arancelaria ya está acordada y probablemente será implementada. Es decir, desde el punto de vista comercial, hay poco por hacer. Lo que necesitamos ahora es, por un lado, incentivar la productividad y la competitividad de la industria local—y eso es una tarea nuestra: desarrollar políticas industriales y de desarrollo productivo, utilizar las compras públicas de manera estratégica, implementar políticas tecnológicas—y, por otro lado, eventualmente emplear algunas herramientas de ajuste previstas en el propio acuerdo, como el mecanismo de requilibrio. En esta última versión del texto, se han añadido ciertos mecanismos destinados a corregir posibles “inundaciones” de productos, es decir, ingresos repentinos y masivos de productos en determinados sectores. Aún no se han definido los instrumentos específicos, pero al menos el acuerdo prevé la posibilidad de ajustes.
Sin embargo, habrá competencia entre nuestra producción industrial y la europea. Lo que podemos hacer es utilizar los instrumentos internos disponibles para mejorar la competitividad de nuestra producción y aprovechar los mecanismos comerciales existentes, tanto nacionales como aquellos previstos en el acuerdo.
MS: Siguiendo con el tema de la competitividad, los aranceles aduaneros, especialmente para países como los de América del Sur, son un instrumento clave para la protección y el fortalecimiento de la industria nacional. ¿Un acuerdo comercial de esta naturaleza con la UE no socava los esfuerzos de reindustrialización en la región?
Las empresas europeas tienen superioridad tecnológica y productiva, acceso a crédito en condiciones más favorables y mayores incentivos estatales. En cambio, las empresas brasileñas, por ejemplo, enfrentan tasas de interés muy altas, escasez de crédito, inestabilidad cambiaria y deficiencias logísticas y de infraestructura. Los aranceles podrían compensar, aunque sea parcialmente, la falta de competitividad de la industria brasileña y sudamericana. ¿No estamos renunciando a una herramienta clave de política industrial? ¿Existe el riesgo de que el acuerdo refuerce el proceso de reprimarización de la economía brasileña, un patrón que se ha consolidado en las últimas décadas?
MC: Totalmente. El acuerdo lo hace tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, a través de la reducción arancelaria. Aunque se ha extendido un poco el calendario de reducción de aranceles para automóviles, especialmente para aquellos con nuevas tecnologías—por ejemplo, la eliminación de aranceles para vehículos eléctricos puede tardar hasta 30 años—, la versión actual no revisó la reducción arancelaria que ya se había prometido en 2019. Hemos renunciado a una herramienta que nos habría permitido fortalecer la industria nacional frente a un socio comercial fuerte, lo que hace que la tarea de la reindustrialización sea aún más difícil.
Pero más allá de los aranceles, hay otras cuestiones clave, como las compras públicas y la propiedad intelectual. Estas están más relacionadas con estrategias a largo plazo. Es una victoria para Mercosur haber asegurado el instrumento de compras públicas. Y es importante destacar que esto ha sido un punto fuerte del actual gobierno brasileño, que insistió mucho en ello. Ahora comenzaremos a utilizar este instrumento de manera explícita, como lo hacen los países desarrollados. Las compras públicas son un mecanismo muy interesante porque no sólo permiten al Estado incentivar determinados sectores a través de márgenes de preferencia y condicionalidades, sino que también pueden inducir ciertos comportamientos. Por ejemplo, si se exige que las compras públicas sean sostenibles, las empresas que proveen insumos al Estado tendrán que adoptar prácticas sostenibles. Y esto también se aplica a las empresas extranjeras, no sólo a las nacionales: si una empresa extranjera quiere ser proveedora del Estado, se le puede exigir, por ejemplo, que realice transferencias tecnológicas.1
En cuanto a la propiedad intelectual, tengo la impresión de que no hubo avances ni retrocesos con respecto a las tendencias de 2019, que simplemente establecían compromisos un poco más estrictos que los ya asumidos por los países en el marco de la OMC.
Comparando con versiones anteriores, parece que hasta 2013 o 2014 el gobierno brasileño tenía una visión estratégica en las negociaciones, marcada por una perspectiva de desarrollo productivo y autonomía. Esa postura se fue diluyendo hasta 2019. Es posible que ahora haya una ligera mejora, pero aún así, muchos de los elementos negociados bajo supuestos bastante liberales siguen presentes en el texto. El capítulo comercial prácticamente no fue modificado.
MS: ¿Cuál podría ser el impacto del acuerdo en los intentos de reindustrialización en Brasil?
MC: La cuestión de la reindustrialización y del intento de desarrollar un modelo productivo más dinámico desde el punto de vista tecnológico y con mayor autonomía se ve comprometida por la parte comercial del acuerdo. Algunas disposiciones—como las compras gubernamentales, por ejemplo—y ciertos mecanismos de salvaguardia y reequilibrio representan avances en comparación con 2019. Pero no son suficientes.
Algunos factores clave para Brasil son el hecho de que contamos con un gran mercado consumidor y que somos una plataforma de exportación para América del Sur. Por lo tanto, corresponde a los gobiernos brasileños intentar imponer algunas condicionalidades para compensar las pérdidas a lo largo de la vigencia del acuerdo. El sector de los minerales es un ejemplo claro. El gobierno puede ejercer control sobre las condiciones de explotación de los minerales en territorio nacional. Existe cierto margen de maniobra para negociar con los inversionistas; por ejemplo, estableciendo que ciertos beneficios solo podrán ser aprovechados si se agregan más etapas de producción dentro del país. Pero esto dependerá de cómo se gestionen aquí los instrumentos de política industrial, tecnológica, fiscal y tributaria. También dependerá de las condiciones macroeconómicas, del crecimiento, de las tasas de interés, entre otros factores.
Además, es fundamental que el gobierno brasileño comparta los beneficios que obtiene con los demás países del Mercosur. El problema de este acuerdo es que tiende a reforzar una especialización regresiva cada vez mayor, un proceso que se ha intensificado desde los años 2000 en Brasil y en la región. Si comparamos las exportaciones brasileñas a la UE en 2003, 2013 y 2023, es evidente la creciente primarización de la pauta exportadora. Y el acuerdo tiende a consolidar aún más nuestra especialización en productos agrícolas y minerales.
Principales productos exportados por Brasil para la Unión Europea en 2003, 2013 y 2023.
Posição
2003
2013
2023
1
Soya, incluso triturada
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro calcinadas (cenizas de piritas)
Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos
2
Tortas y otros residuos sólidos de la extracción del aceite de soya
Tortas y otros residuos sólidos de la extracción del aceite de soya
Tortas y otros residuos sólidos de la extracción del aceite de soya
3
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro calcinadas (cenizas de piritas)
Soya, incluso triturada
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras de café; sucedáneos del café con contenido de café en cualquier proporción
4
Jugos de frutas (incluidos los mostos de uva) o de productos hortícolas, no fermentados, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras y películas de café; sucedáneos del café con contenido de café en cualquier proporción
Soya, incluso triturada
5
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras de café; sucedáneos del café con contenido de café en cualquier proporción
Pastas químicas de madera, a la soda o al sulfato, excepto pastas para disolución
Minerales de cobre y sus concentrados
6
Pastas químicas de madera, a la soda o al sulfato, excepto pastas para disolución
Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto aceites crudos; preparaciones no especificadas ni comprendidas en otras posiciones, que contengan en peso un 70 por ciento o más de aceites de petróleo o de minerales bituminosos, los cuales deben constituir su elemento principal
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro calcinadas (cenizas de piritas)
7
Carnes y despojos comestibles, frescos, refrigerados o congelados, de aves de la posición 0105
Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos
Pastas químicas de madera, a la soda o al sulfato, excepto pastas para disolución
8
Alumínio en formas brutas
Jugos de frutas (incluidos los mostos de uva) o de productos hortícolas, no fermentados, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes
Jugos de frutas (incluidos los mostos de uva) o de productos hortícolas, no fermentados, sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar u otros edulcorantes
9
Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos
Tabaco no manufacturado; desperdicios de tabaco
Aceites de petróleo o de minerales bituminosos, excepto aceites crudos; preparaciones no especificadas ni comprendidas en otras posiciones, que contengan en peso un 70 % o más de aceites de petróleo o de minerales bituminosos, los cuales deben constituir su elemento principal
10
Tabaco no manufacturado; desperdicios de tabaco
Minerales de cobre y sus concentrados
Ferroaleaciones
Elaboração: GIC-IE/UFRJ com dados da SECEX.
Por esta razón, es fundamental fortalecer la articulación industrial regional dentro del Mercosur. Aunque existen dificultades políticas evidentes, en algunos sectores hay una coordinación efectiva que no sólo no debe perderse, sino que debe reforzarse, incluso a través de mecanismos como las compras públicas o fondos regionales, para que el bloque entre en esta «asociación» con la UE de manera más cohesionada. El gobierno uruguayo, por ejemplo, está muy satisfecho con el acuerdo, sobre todo porque el gobierno liberal que participó en las negociaciones veía con buenos ojos la especialización. Uruguay exporta carne y su sector no enfrenta los problemas ambientales que marcan la producción brasileña en la Amazonia y el Cerrado. Entonces, si Brasil quiere obtener beneficios del acuerdo, lo ideal es que se articule con sus vecinos y cree estrategias que permitan redistribuir parte de las ganancias, fomentando alianzas con estos países e incentivando la producción industrial dentro del bloque.
MS: La posición oficial del gobierno brasileño es que el acuerdo ofrece una serie de ventajas para el Mercosur. Entre ellas, el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios destaca un mayor acceso al mercado europeo—lo que también atraería más inversión extranjera directa—, la reducción del costo doméstico de insumos y bienes de capital para la industria—ya que podríamos importarlos sin aranceles—y el aumento de la competitividad de nuestros productos en el mercado internacional, fortaleciendo la diversificación de socios comerciales, la modernización de la industria, la integración con las cadenas productivas de la UE y el interés de otros actores en firmar nuevos acuerdos con Mercosur para acceder a este mercado. ¿Cómo ve este argumento?
MC: Este es un argumento muy antiguo sobre la liberalización comercial. Es el mismo que se utilizó en los años 90: que podemos importar para exportar, que liberalizar las importaciones puede generar ganancias de productividad debido a la adquisición de insumos y bienes de capital más baratos, lo que haría que la industria nacional ganara competitividad y que el país se convirtiera en exportador de productos industrializados. Lo que ha sucedido desde entonces es que Brasil y la región se han convertido progresivamente en exportadores de bienes menos sofisticados. Es decir, desde que llevamos a cabo un gran experimento de liberalización en la década de 1990, no hemos visto evidencia de los efectos positivos de una apertura comercial sobre las exportaciones.
No creo que ahora vayamos a presenciar un gran círculo virtuoso de crecimiento en la economía brasileña, impulsado por la inversión extranjera directa o por la ganancia de competitividad de las exportaciones debido a un mayor acceso a insumos europeos, especialmente en el contexto actual. ¿Vamos a participar en las cadenas de valor europeas? No. Europa ya tiene sus cadenas productivas establecidas y está tratando de protegerse de la entrada de los chinos y de otros países asiáticos. Está intentando consolidar sus cadenas dentro del espacio europeo tanto como sea posible. Lo que haremos es especializarnos aún más en proveer materias primas para estas cadenas. La inversión extranjera que podemos recibir estará relacionada con empresas que vienen aquí a aprovechar algunos factores internos que tenemos, como los recursos naturales y un significativo mercado consumidor regional. Pero esto no implica automáticamente una modernización de la industria ni una integración con las cadenas productivas europeas.
Esta entrevista fue traducida del inglés al español por Aminta Zea.
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El impacto global de las ideas de Michael Manley, líder político jamaicano, sigue sintiéndose hoy. Como cabeza del Partido Nacional del Pueblo —People’s National Party (PNP) en inglés— desde 1969 hasta 1992, y especialmente durante su primer período como primer ministro de Jamaica entre 1972 y 1980, Manley promovió una amplia gama de reformas ambiciosas guiadas por propuestas de socialismo democrático y descolonización económica. Manley reconoció que, al igual que muchos otros países, Jamaica había obtenido la independencia constitucional, pero seguía ligada a una economía mundial estructurada por legados coloniales. Estas ideas impulsaron su agenda internacionalista.
Junto con otros líderes como Julius Nyerere, de Tanzania, Manley fue uno de los principales portavoces durante la década de 1970 de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) —New International Economic Order en inglés—, que planteaba principios más igualitarios para la cooperación entre los países del Sur Global. A pesar de la implementación exitosa de muchas reformas, las políticas de Manley enfrentaron una fuerte oposición tanto de grupos en Jamaica como de actores internacionales, especialmente Estados Unidos. Su gobierno luchó con las difíciles circunstancias económicas de la década de 1970 y perdió las elecciones en 1980 después de varios años de medidas de austeridad impuestas por el FMI.
Anthony Bogues es el profesor Asa Messer de Humanidades y Estudios Africanos en la Universidad de Brown. Ha escrito extensamente sobre la historia intelectual, cultural y literaria del Caribe y África, y sobre la vida y las ideas políticas de Michael Manley. A finales de la década de 1980 también fue asesor de Manley. Más recientemente, ha apoyado esfuerzos para reconfigurar la visión política del PNP.
En esta entrevista, Bogues reflexiona sobre la vida y el legado de Michael Manley, cuyo centenario se celebró el mes pasado. Considerando la influencia de Manley en la política jamaicana e internacionalista, la conversación explora su formación política en el movimiento obrero jamaicano, sus esfuerzos ambiciosos por descolonizar la economía de Jamaica, así como su papel en la escena global en temas que van desde el embargo estadounidense a Cuba hasta el FMI. Bogues discute la herencia de repensar la visión filosófica del socialismo democrático en Jamaica, y expresa su esperanza en una mayor unidad en el Caribe.
Una entrevista con el profesor Anthony Bogues
will kendall: ¿Puede contarnos sobre su relación con Michael Manley? ¿Cómo llegó a conocerlo y cómo se desarrolló su relación?
anthony bogues: Lo conocí después de las elecciones de 1980, un momento crítico en la historia de Jamaica. Ese año marcó un período de crisis política y violencia extrema: más de 800 personas murieron entre el inicio del año y las elecciones en octubre. Desde finales de la década de 1970, yo era un periodista de izquierda que trabajaba en la Corporación de Radiodifusión de Jamaica —Jamaican Broadcasting Corporation—. Las elecciones fueron en octubre, y con el Partido Laborista de Jamaica (de línea conservadora) en el poder, me despidieron en diciembre. Durante la campaña electoral, los conservadores nos amenazaron a mis colegas y a mí, diciéndonos que nunca volveríamos a trabajar en Jamaica.
Después de mi despido, consideré hacer un doctorado. No obstante, dos miembros prominentes del PNP —el entonces secretario general del partido D.K. Duncan y la exesposa de Michael Manley, Beverley Manley— me buscaron para pedirme que trabajara como investigador para el partido. Acepté, y esa decisión me llevó a trabajar en la secretaría del partido; me convertí en secretario de la Comisión de Educación Política, y fue así como conocí a Michael Manley. Con el tiempo, nos volvimos muy cercanos. Cuando él asumió nuevamente como primer ministro en 1989, me pidió que fuera a Jamaica House —el equivalente al 10 de Downing Street en el Reino Unido—. Aunque todavía quería hacer mi doctorado, al final decidí aceptar. Tuvimos desacuerdos políticos, pero nuestra relación se profundizó. Trabajé con él como su asistente especial y lo que hoy se llamaría jefe de gabinete.
En una ocasión, tuvo que visitar la Casa Blanca. Normalmente, el primer ministro iría acompañado por el ministro de relaciones exteriores, pero Manley insistió en que yo estuviera presente en la reunión privada en la Oficina Oval con el presidente George Bush padre. Cuando la reunión comenzó, entendí sus razones. Había tres temas principales en la agenda. El primero era el problema de las drogas, que empezaba a generar serias dificultades para muchos estados caribeños. El segundo era la deuda multilateral de Jamaica y la región. El tercero era el embargo sobre Cuba. El plan era que el primer ministro Manley hablara con Fidel Castro. Más adelante, el expresidente Jimmy Carter visitaría Cuba para avanzar en las negociaciones. La Casa Blanca se mantendría al margen hasta que quedara claro que las conversaciones y negociaciones habían llegado a un cierto punto. La única condición de Estados Unidos era que Cuba liberara un número de prisioneros políticos.
Después de esa reunión, fuimos a Cuba y hablamos con Fidel, quien nos dijo: “Nosotros no tenemos prisioneros políticos.” Cuando transmitimos esa respuesta a Brent Scowcroft, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, el acuerdo colapsó. Esas fueron algunas de las cosas en las que Michael y yo estuvimos involucrados y que marcaron la base de nuestra relación. Continuamos siendo cercanos incluso después de que él dejó el cargo. Cuando Michael falleció, yo estaba haciendo mi posdoctorado en la Universidad de Howard en Estados Unidos y volé de inmediato a Jamaica para ayudar a organizar su funeral.
WK: ¿Podría describir el ambiente social y político en el que creció Michael Manley? Por un lado, están los contextos de clase y raza en Jamaica, como el clasismo de la clase terrateniente basado en el color de piel, y por otro, el “sindicalismo político” del movimiento obrero y su relación con los dos partidos de masas.
AB: Michael nació en 1924, cuando Jamaica seguía firmemente bajo el dominio colonial británico. Nació en una familia de clase media alta, y su padre era uno de los abogados más importantes del Caribe. Su madre, nacida en el Reino Unido, se convirtió en una artista muy reconocida e influyente en la comunidad artística de Jamaica. Ambos padres vivieron sus vidas bajo un fuerte sentido de servicio público. Su madre era conocida por desafiar la representación distorsionada de las personas negras en las colonias; una de sus obras más importantes se titula Negro Aroused. Su padre, Norman Manley, servía activamente a la clase trabajadora, además de representar a clientes importantes. Como becario Rhodes en Londres, Norman Manley también desarrolló ideas socialistas fabianas.
En 1938, varios disturbios obreros estallaron en todo el país y en el Caribe en general. Las huelgas obligaron a la oficina colonial británica a reflexionar sobre el manejo adecuado para este movimiento sindical emergente. Antes de 1938 ya existía en el Caribe la Asociación Universal de Desarrollo Negro —Universal Negro Improvement Association en inglés—, fundada por Marcus Garvey. Esto es importante porque, más adelante, muchos garveyistas se unieron al PNP. Después de los disturbios obreros en la década de 1930, surgieron el Sindicato Industrial Bustamante —Bustamante Industrial Trade Union (BITU) en inglés— y el PNP, liderado por Norman Manley: un movimiento sindical organizado y un movimiento nacionalista anticolonial. Esa era la configuración política de la época.
He argumentado que el PNP fue un movimiento de masas anticolonial que se transformó en un partido político en 1944 con la llegada del sufragio universal para adultos. El BITU era un movimiento sindical de masas vinculado a Bustamante, quien originalmente era miembro del PNP; fue encarcelado por sus actividades sindicales y, tras su liberación, abandonó el partido y fundó el Partido Laborista de Jamaica —Jamaica Labour Party (JLP)— en 1943. Como el movimiento sindical estaba ligado a ese partido, cuando Bustamante dejó el PNP, Norman Manley y otros líderes del partido crearon el Congreso de Sindicatos como contrapeso al BITU. En ese sentido, ambos partidos estaban arraigados en la década de 1940 en actividades organizadas por la clase trabajadora. Se podría decir, siguiendo etiquetas convencionales, que el JLP es de centroderecha y el PNP de centroizquierda, pero es importante notar que ambos partidos mantenían una relación con los movimientos de masas que ya no existe hoy en día.
El PNP también tenía conexiones inmediatas con el Partido Laborista Británico y el socialismo fabiano. Stafford Cripps, el ex canciller de la hacienda —con tendencias de izquierda— estuvo presente en la conferencia inaugural del PNP; si bien el objetivo principal del PNP en su nacimiento era la independencia política, también tenía una base socialista.
Michael creció en este ambiente, escuchando en casa las discusiones políticas de su padre. Tanto su madre como su padre estaban activamente involucrados en la vida pública. Asistió a la misma escuela colonial de élite a la que había ido su padre, el Jamaica College, tras lo cual estudió brevemente en McGill en Canadá antes de trasladarse a Londres. En LSE, su mayor influencia fue Harold Laski, el socialista inglés y posteriormente presidente del Partido Laborista. Inicialmente, bajo la influencia de su madre, quería estudiar crítica de arte, pero al terminar los requisitos de latín optó por un título en Gobierno/Ciencia Política.
El socialismo de izquierda de Laski, que estaba más a la izquierda del Partido Laborista en ese momento, tuvo una gran influencia en su pensamiento. También lo hizo el grupo de la West Indian Students’ Union, que incluía figuras como Errol Barrow, quien más tarde sería primer ministro de Barbados, y G. Arthur Brown, quien se convertiría en gobernador del Banco de Jamaica. Elsa Goveia, la extraordinaria historiadora guyanesa que se convirtió en la primera catedrática de Historia de las Indias Occidentales en la Universidad de las Indias Occidentales, también era parte de ese grupo. Esta no era la generación de los años 20 y principios de los 30 que había llegado a Londres, que incluía figuras como C.L.R. James, George Padmore, Amy Ashwood Garvey y el jugador de críquet Learie Constantine. Esta era una generación explícitamente anticolonial que se reunió en Londres en los años 40 y 50, principalmente como estudiantes. También era una generación federalista. Se consideraban a sí mismos no solamente como participantes en la vida política de Guyana, Barbados y Jamaica por separado, sino como promotores de una Federación del Caribe Anglófono.
Cuando Michael regresó a Jamaica a finales de los años 40, decidió seguir una carrera como periodista político. Comenzó a trabajar en un periódico llamado el Public Opinion, donde publicaba una columna notable titulada Root of the Matter. Políticamente se unió al partido como un miembro ordinario, pero cuando el partido se dividió en 1952, comenzó a desempeñar un papel más activo. Esta división fue provocada por las crecientes presiones de la Guerra Fría. En Jamaica, durante el período de agitación anticolonial del siglo XX, los marxistas alineados con la Unión Soviética, liderados por Richard Hart y otros, junto con el izquierdista radical Ken Hill, se volvieron increíblemente influyentes tanto dentro del PNP como en el movimiento sindical. Los sectores de derecha del partido comenzaron a preocuparse cada vez más por expulsar a los marxistas y a la izquierda del partido, y lo lograron durante la conferencia del partido en 1952.
Después de la división, Michael participó en una campaña interna que buscaba articular las diferencias entre el comunismo y el socialismo democrático. En este proceso, sus ideas políticas se fueron afinando al asistir a cientos de reuniones del partido y al participar en debates entre sus miembros. En el momento era solamente un periodista y una figura menor dentro del PNP; sin embargo, yo argumentaría que su posterior participación en el movimiento sindical fue quizá la más formativa. Se introdujo en el movimiento sindical cuando un miembro del PNP y líder sindical lo invitó a observar negociaciones laborales. Según cuenta la historia, durante la reunión de negociación, el líder sindical salió inesperadamente y dejó a Michael a cargo de la discusión. Escuchar la lista de quejas de los trabajadores en esa reunión fue lo que lo convirtió en sindicalista. Su trabajo en el sector del azúcar y la bauxita lo puso en contacto con la clase trabajadora organizada y lo transformó en el político que llegó a ser.
Neil Warner: Después de convertirse en primer ministro, Manley describió su programa de reformas económicas y políticas como la búsqueda de un “tercer camino”, contrastándolo con el modelo puertorriqueño (enfocado en atraer inversión extranjera) y el modelo cubano (basado en el marxismo-leninismo y la planificación centralizada). ¿Cómo describiría Ud. este enfoque? ¿Cuáles fueron las reformas más importantes y exitosas que impulsó?
AB: Después de que Jamaica obtuviera la independencia en 1962, la sociedad jamaicana no se descolonizó de manera sustantiva. Las plantaciones seguían siendo poderosas. Las jerarquías raciales y de clase permanecían intactas. El orden social dominante seguía estando construido sobre la base de la opresión de los negros.
Como resultado, la descolonización siguió siendo uno de los objetivos centrales de Manley en los años 70. Sin embargo, no se podía buscar la descolonización sin plantear preguntas fundamentales sobre la igualdad, la justicia y la estructura de la economía nacional. En su primer libro, La política del cambio —The Politics of Change en inglés—, Manley desarrolla ideas sobre cómo cambiar la estructura colonial de la sociedad jamaicana. Esto implicaba derogar leyes coloniales como la Ley del Amo y el Sirviente —Master and Servant Law—, proponer programas públicos como la educación gratuita, y situar a la población negra en el centro de la sociedad jamaicana. En su práctica política, intentó desmantelar los legados del viejo orden colonial.
Este fue un período de reorganización para la economía jamaicana. El azúcar era una de las industrias más importantes de la sociedad jamaicana. En el proceso de descolonización surgió una pregunta: ¿Podrían los trabajadores, cuyos ancestros habían sido esclavos, participar en la reestructuración de la industria? Esta era una cuestión tanto histórica como política, dada la historia de la isla como colonia esclavista productora de azúcar. A finales de los años 70, mis colegas y yo fuimos a Westmoreland, una zona productora de azúcar, para ayudar a transferir esas tierras a los trabajadores para que pudieran funcionar como cooperativas. Ese era solo uno de los programas impulsados por Manley. Otro fue el de alfabetización; casi el 80 por ciento de la población jamaicana era analfabeta como resultado del colonialismo británico. Quienes éramos jóvenes en ese momento estuvimos profundamente involucrados en estos programas.
En sus negociaciones con las empresas de bauxita, Michael optó por negociar tarifas de compensación más altas en lugar de nacionalizar la industria. La bauxita es una industria extractiva y, por lo tanto, finita, por lo que tenía sentido que buscáramos obtener las mejores condiciones posibles durante el período de extracción. ¿Cómo resumiría yo las reformas de los años 70? En pocas palabras: impulsó un programa de descolonización total.
Todas estas reformas incomodaron a muchos miembros de la élite nacional jamaicana. Para los años 80, la oposición de la élite y de las multinacionales se había cristalizado. Como lo demuestran documentos recientes de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos —US National Security Agency—, el país también se preocupó por las reformas de Manley y actuó en consecuencia; recordemos que esto ocurría en plena Guerra Fría. Además, Michael apoyaba a Cuba y su intervención en Angola en nombre del Movimiento Popular de Liberación de Angola — People’s Movement for the Liberation of Angola (MPLA) en inglés—, un movimiento radical. En ese momento, el MPLA luchaba contra la expansión sudafricana, que no solamente buscaba expandir el apartheid sino también debilitar la lucha contra el apartheid dentro de Sudáfrica. Todos estos factores confluyeron en la década de 1980.
Nw: Este año se cumple el quincuagésimo aniversario de la declaración del Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), un programa liderado por países del Sur Global para reestructurar las reglas del sistema económico internacional y acabar con el colonialismo económico y la dependencia. Manley fue reconocido como uno de los defensores más influyentes del NOEI. ¿Puede hablarnos sobre el papel que jugó Manley en esta iniciativa?
ab: Manley comprendió que, aunque países como Jamaica habían logrado la independencia constitucional, seguían estando ligados a una economía mundial estructurada por el colonialismo, lo que Kwame Nkrumah denominó “neocolonialismo”. Transformar la economía mundial requería, por ello, alterar los mecanismos de fijación de precios y desarrollar independencia tecnológica y energética. Producimos las materias primas, pero no fijamos sus precios y dependemos de la importación de maquinaria y petróleo para procesarlas. Como estaba profundamente comprometido con la democracia política y económica, Manley también se preocupaba mucho por el auge de las corporaciones multinacionales.
Estos problemas solamente podían abordarse mediante lo que Julius Nyerere de Tanzania y otros llamaban el Sindicato de los pobres. En el núcleo del NOEI estaba la idea de un nuevo orden económico mundial. Se basaba en la necesidad, expresada en 1979 en Arusha, Tanzania, de “completar la liberación de los países del Tercer Mundo de la dominación externa.” Por lo tanto, los países del Tercer Mundo debían unirse para tener voz en la estructura y funcionamiento de la economía mundial. Nyerere y Manley formaban un equipo clave en el NOEI. Ambos crecieron en excolonias británicas, pero también compartían la percepción de que una amenaza real para las sociedades poscoloniales era el surgimiento de una élite nacional que imitara a los antiguos gobernantes coloniales. Nyerere desarrolló la Declaración de Arusha, que en realidad buscaba cauterizar el poder de la nueva élite y su capacidad de corromper al estado. Michael no llegó tan lejos, pues estaba operando en una cultura política diferente. Sin embargo, sus ideas sobre el socialismo y la descolonización se enfocaban sobre todo en limitar el poder de la élite para usar el estado en su propio beneficio.
El NOEI contó con el apoyo de Willy Brandt y otros miembros de la Internacional Socialista. James Callaghan, quien era primer ministro del Reino Unido en ese entonces, terminó respaldándolo. Esto se convirtió en una campaña internacional para repensar la estructura de la economía global y reconfigurarla para beneficiar a los países recién independizados. Esto no era lo mismo que el Movimiento de Países No Alineados —Non-Aligned Movement en inglés—, que era más bien un movimiento político que económico. Sin embargo, Nyerere y Manley transformaron el Movimiento de Países No-Alineados en una fuerza que desafiaba tanto las estructuras económicas como las políticas del mundo en ese momento.
WK: Ud ha hablado sobre el trauma causado por dos derrotas políticas, ideológicas y militares en el Caribe: la derrota electoral de Michael Manley en 1980 y la derrota de la Revolución Granadina en 1983. Manley fue primer ministro de Jamaica por última vez entre 1989 y 1992, un período en el que su gobierno pareció estar más reconciliado con el capitalismo. ¿Qué pensaba él sobre este cambio?
ab: Los problemas que Jamaica enfrentaba con el FMI eran en realidad problemas globales. La revista Development Dialogue ofreció un análisis sofisticado sobre estos problemas en un número especial editado por tanzanos y jamaicanos. Dentro del PNP también hubo un enorme debate sobre el FMI – uno de los principales actores que aseguraron la derrota de Manley en las elecciones de 1980. Los programas de ajuste estructural fueron muy severos y pedían explícitamente la reversión del programa de reformas que él había iniciado. Esto, combinado con los precios del petróleo, la desestabilización política y el aumento de la violencia, contribuyó a su derrota.
Durante la década de los 80 hubo tres figuras clave en el mundo: Margaret Thatcher, Helmut Kohl y Ronald Reagan. Estos tres líderes tenían una intención clara de acabar con todos los movimientos progresistas, tanto a nivel nacional como internacional, ya fuera la huelga de los mineros en el Reino Unido, el NOEI o el movimiento contra el apartheid. Como dijo Margaret Thatcher: “No existe la sociedad, sólo existen los individuos.” Stuart Hall llamó a este momento una revolución en las ideas y en las prácticas sociales.
Después de la derrota de Manley en 1980, hubo una reunión en Cancún en 1981, presidida por Reagan. Julius Nyerere asistió para representar la postura del NOEI. Cuando llegó el momento de discutir este punto en la agenda, Ronald Reagan simplemente dijo: “Siguiente tema.” Nadie protestó. Manley comenzó a darse cuenta de que el mundo había cambiado drásticamente; no obstante, seguía siendo un político que debía llevar a su partido a la victoria.
Tuvimos muchas conversaciones durante ese período. Una vez me dijo, citando a Hamlet, que “el tiempo está fuera de quicio” para personas como él. En su opinión, Jamaica, con solo 2,5 millones de habitantes, no podía ir por sí sola contra la corriente mundial. En ese sentido, la nueva pregunta que había que hacer no versaba sobre cómo abandonar todas las esperanzas de transformación, sino sobre cómo mitigar los peores efectos del mercado. Quiero hacer un énfasis aquí: esta no era una dirección que él asumiera con entusiasmo, pero era el único camino realista que podía ver.
Hay muchas historias inéditas de ese período; por ahora me referiré a una. Cuando el PNP llegó al poder en 1989, una de las primeras cosas que hicimos fue visitar todos los países de la Internacional Socialista. Manley se reunió con Felipe González en España; le dijo que Jamaica tenía un grave problema con las reservas de divisas y que no quería acudir al FMI. Le preguntó, “¿Nos puedes ayudar?”. González respondió: “Hablen con nuestro ministro de finanzas.” Todos los líderes hicieron lo mismo: dejaron la decisión en manos de sus ministros de finanzas, porque no podían decir que sí sin más. Cada ministro de finanzas, a su vez, nos preguntó si teníamos un acuerdo preestablecido con el FMI.
Manley me envió al Banco Interamericano de Desarrollo para negociar un acuerdo menos severo. Había algunas personas latinoamericanas allí, y también teníamos a un jamaiquino con un puesto importante en el banco. En Washington, me reuní con ellos para desayunar y lo primero que me dijeron fue que Jamaica debía privatizar la Corporación Jamaicana Estatal de Comercio —Jamaica State Trading Corporation—; una agencia que estaba rebuscando medicamentos baratos en todo el mundo para luego suministrarlos a los hospitales públicos. Les dije que, si proponíamos esto ante el Parlamento, la población se opondría a su intervención en nuestra soberanía nacional. Su respuesta fue clara: “Como país deudor, Uds. no tienen soberanía.” Dejé mi cuchillo y tenedor sobre la mesa, me levanté y le dije al primer ministro que esto no iba a funcionar.
Manley enfermó y se retiró; yo terminé mi doctorado y seguimos en contacto. A medida que envejecía, estaba cada vez más convencido —la siguiente es una frase suya— de que la izquierda democrática debía afirmar una contranarrativa en oposición al dogma neoliberal. Incluso comenzamos a trabajar juntos en un libro sobre la necesidad de un tipo de democracia distinta y la base ideológica y filosófica de una izquierda democrática moderna. No obstante, su enfermedad empeoró y el proyecto quedó en pausa; para ser sinceros, sentí que yo no debía continuarlo sin él.
WK: Recientemente, Ud. lideró una comisión para replantear y reafirmar la visión filosófica del PNP. ¿Qué motivó ese esfuerzo y cómo fue esa experiencia? ¿Qué piensa hoy acerca de temas como la soberanía?
ab: Una vez se retiró Michael Manley, personas como yo comenzamos a sentir que el partido había perdido su visión y ambición; empezamos a alejarnos. Sin embargo, hace un par de años, miembros de la nueva dirigencia me pidieron que los ayudara a revivir la identidad filosófica del partido. Acepté por dos razones: la primera, que mencioné públicamente, fue porque Michael había dejado claro en nuestras muchas conversaciones que era responsabilidad de mi generación volver a poner en la agenda las ideas progresistas y profundamente democráticas. La segunda razón: sentí que aquellos de nosotros en la izquierda realmente necesitábamos retomar parte del trabajo que Manley y yo habíamos comenzado a discutir antes de su muerte. Era una oportunidad para trabajar con un grupo de camaradas y articular nuestra posición.
Para lograr esto seguí un modelo democrático de política. Pasé mucho tiempo en las circunscripciones; iba y venía entre Estados Unidos y Jamaica, realizando encuestas, entrevistando personas y practicando una escucha profunda. Luego de completar ese proceso el año pasado, redactamos nuestras impresiones y presentamos un documento titulado Dónde estamos —Where we Stand—, que luego fue aprobado por el partido. Posteriormente, nos dedicamos a traducir estos principios en políticas económicas. Recibimos 602 recomendaciones de los delegados del partido en la conferencia anual de septiembre pasado sobre cómo reestructurar la economía jamaicana. Aún no puedo compartir esos detalles, pero creo que es seguro decir que hay una base para el proceso de transformación de la sociedad jamaicana. Sin embargo, aún está por verse si tendremos éxito.
La pregunta sobre la soberanía sigue siendo importante. Vuelvo al escritor y novelista caribeño George Lamming, quien argumentó que la cuestión de la soberanía es central para nosotros en el Caribe. Si me pregunta, le diría que la única soberanía real que podemos tener en el Caribe es un Caribe unido. Me refiero a todo el Caribe: anglófono, francófono, hispano, neerlandés y demás. Primero debe surgir en la imaginación, a través de la convicción de que no estamos a merced de fuerzas económicas y políticas externas. Tenemos que imaginar más allá de lo que se nos ha dado. Es importante que estemos unidos en este esfuerzo, pues la estructura de la economía global no permite la soberanía individual en el sentido económico. La cuestión de la soberanía comienza, entonces, con un horizonte político. Nos exigirá en el Caribe una serie de emprendimientos económicos conjuntos, así como fortalecer nuestra capacidad para intervenir en el mundo a nivel de la política global. Esto implica configurar nuevas relaciones y alianzas globales fuera de la política de las grandes potencias. Todavía existen superpotencias que dominan el mundo, pero dada la multiplicidad de crisis actuales, se necesitan nuevas formas. Creo que ese es uno de los legados contemporáneos de Michael Manley.
Este texto fue traducido del inglés por Eduardo Gutiérrez.
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Antes del 7 de octubre de 2023, la normalización diplomática y económica entre Israel y los Estados árabes parecía ser la trayectoria central de la política regional en el Medio Oriente. Dado que la posibilidad de un acuerdo con Irán había sido descartada, este camino representaba los planes estadounidenses para la región, en un consenso bipartidista iniciado por los Acuerdos de Abraham de Donald Trump y continuado por la administración de Biden. En la agenda de Arabia Saudita también se vio un giro hacia la relajación de tensiones con Irán mientras se buscaba la normalización con Israel. Todo parecía apoyar la declaración del Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, una semana antes de que Hamás lanzara su incursión en el sur de Israel, que «la región del Medio Oriente está más tranquila hoy de lo que ha estado en dos décadas.”
Después del 7 de octubre, se especuló si lo que Hamás buscaba era interrumpir esa trayectoria y evitar que Arabia Saudita se uniera a sus vecinos del Golfo (Emiratos Árabes Unidos y Bahréin) en la breve lista de Estados árabes que han normalizado relaciones con Israel. En esto, ciertamente ha habido éxito: aunque la administración Biden ha seguido impulsando el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel durante el genocidio en Gaza, los desafios persisten. En los últimos meses, el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman ha dejado claro, tanto ante el Consejo de la Shura como a través del ministro de Relaciones Exteriores, Faisal bin Farhan, y en declaraciones al Financial Times, que la normalización dependerá del establecimiento de un Estado palestino independiente.
En los últimos meses, sin embargo, ha emergido un contramovimiento liderado por EEUU e Israel que parece estar socavando alternativas a la normalización mediante una intensa ofensiva militar en la esfera de influencia de Irán. La caída del régimen de Assad podría marcar un punto de inflexión. Dependiendo de la dirección diplomática que adopte el nuevo gobierno —ya sea alineándose con las potencias del Golfo o intensificando la confrontación con Israel mientras incursiona en territorio sirio— el cambio de régimen podría convertirse en un indicador clave de la viabilidad del programa de normalización. Gran parte de ello dependerá del enfoque que adopte la nueva administración de Trump, que podría restablecer la influencia de los arquitectos de los Acuerdos de Abraham en los círculos de poder estadounidense, definiendo así su postura hacia Israel y la región.
Para comprender el papel particular de los Estados del Golfo en el Medio Oriente, su relación con la cuestión palestina y la historia de la normalización, hablamos con Elham Fakhro, investigadora de la Iniciativa de Medio Oriente de la Escuela Harvard Kennedy de Harvard y autora del nuevo libro The Abraham Accords.
Una entrevista con Elham Fakhro
Jack gross: Empecemos con los Acuerdos de Abraham firmados en septiembre de 2020 ¿Quiénes fueron los involucrados?
Elham fakhro: El círculo cercano de Trump es muy pro-Israel. Por ejemplo, David Friedman, exembajador en Israel, inicialmente fue abogado de Trump antes de que este fuera candidato presidencial. Después de que se anunciara su candidatura, Friedman empujó para convertirse en su asesor y moldear la postura de Trump sobre Israel y Palestina desde el principio. Se revirtió el respaldo del Partido Republicano a la solución de dos Estados y se insistió en el supuesto antisemitismo de la UNRWA. El mismo Friedman incluso fue líder de una organización que recauda fondos para los asentamientos.
Luego, por supuesto, está Jared Kushner. Su familia es amiga del primer ministro Netanyahu. Se cuenta que en su adolescencia, a Kushner lo sacaban de su habitación porque Netanyahu se iba a quedar en la casa. Durante la administración Trump, Mike Pompeo se convirtió en el primer secretario de Estado en visitar un asentamiento. Tanto Friedman como Pompeo han hablado de este conflicto en términos religiosos. Friedman ha declarado sin reservas que cree que Trump fue enviado por Dios para salvar al Estado de Israel.
A Trump se le aconsejó desde el principio que involucrar a los palestinos en las negociaciones de paz era inútil, y luego fue persuadido a adoptar una serie de políticas claramente pro-Israel: trasladar la embajada a Jerusalén y retractarse del memorando Hansell de 1978, que establece la posición del gobierno estadounidense sobre la ilegalidad de los asentamientos israelíes. Si se lee la biografía de Friedman, queda muy claro que trabajó junto a Netanyahu para influir en la política de Estados Unidos, y no al contrario. Convenció al presidente de cortar la ayuda a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo [UNRWA, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East], algo que Netanyahu buscaba lograr.
Todo esto llevó a un boicot por parte de los líderes palestinos, con el primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohammad Shtayyeh, declarando que «los derechos del pueblo palestino no estaban a la venta». Posteriormente, Kushner tuvo la intención de presentar un plan para resolver la ocupación, pero se retrasó debido a la postulación a reelección de Netanyahu. Durante el verano de 2019, Trump lanzó el componente económico de un nuevo plan de prosperidad y paz en Manama. Fue significativo porque los palestinos no asistieron. Finalmente, la administración Trump decidió tampoco invitar a los israelíes y, en su lugar, involucró a los Estados del Golfo como intermediarios en este proceso diplomático por primera vez.
La decisión representó una nueva estrategia de alineación geopolítica. Por ejemplo, el componente económico del plan de paz se presentó en Manama, y durante el evento se habló mucho sobre el extremismo iraní como la verdadera amenaza en la región. Fue una oportunidad, especialmente para los líderes de Bahréin, de expresar cuán alineados estaban con la administración Trump. La Casa Blanca también intentó involucrar a los Estados del Golfo como inversores financieros en el plan propuesto.
jg: ¿Cómo se llegó a la presentación y firma de este plan en Washington? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos? ¿Qué decía el plan sobre la cuestión de la independencia del Estado palestino?
ef: Poco después de la reunión de Manama, Netanyahu y Benny Gantz llegaron a Washington para el lanzamiento del aspecto político del plan: intercambios de tierras para los palestinos y, a cambio, permiso para la anexión de parte de Israel de un tercio de Cisjordania. A los palestinos se les ofreció tierra en el Sinaí, que se vincularía con otros territorios palestinos mediante un futuro tren de alta velocidad, que dependería de inversiones, presumiblemente financiadas por capital del Golfo, a cambio de estos intercambios de tierras. Pero no había garantía de la independencia del Estado palestino.
En lugar de un Estado, a los palestinos se les ofreció una moratoria en la construcción de asentamientos durante algunos años, tiempo durante el cual podrían decidir si querían continuar las negociaciones o no. No había nada sobre el derecho de retorno. El plan fue, por supuesto, rechazado por los líderes palestinos. El día en que se anunció este rechazo, Netanyahu declaró abiertamente sus intenciones de anexar Cisjordania. Esto causó sorpresa y frustración entre los funcionarios de Trump que no apoyaban la anexión unilateral.
Los funcionarios de Trump estaban divididos entre los seguidores de Friedman, que respaldan la postura de Netanyahu, y figuras como Kushner, que querían una versión menos extrema de la anexión. Trump también estaba descontento: su equipo quería ver a Netanyahu involucrado en el proceso que habían planteado.
Fue entonces cuando los Emiratos Árabes Unidos (EAU) intervinieron. El embajador de los EAU, Yusuf al Otaiba, se reunió con Kushner en Washington y escribió un editorial en junio de 2020, cuya publicación original fue realizada en hebreo y en uno de los principales periódicos de Israel. Él argumentó en nombre de los EAU que la anexión no era aceptable, y que los planes de anexión y las conversaciones sobre la normalización eran contradictorios. Para los lectores israelíes, sugirió la posibilidad de la paz y enfatizó las similitudes sobre las diferencias. Esto sembró la semilla que originaría los Acuerdos de Abraham.
Durante la pandemia, Kushner y su asesor Avi Berkowitz viajaron a Israel para persuadir a Netanyahu de no anexar Cisjordania. Era plausible que las amenazas de Netanyahu fueran una maniobra electoral dirigida a los colonos extremistas y a los sectores más alineados con la derecha política israeli. Los EAU ya le habían indicado a Kushner que estaban dispuestos a la normalización a cambio del paro a la anexión. Esto formó efectivamente la base de los Acuerdos de Abraham, anunciados en agosto de 2020 a través de las redes sociales de Trump. Un mes después, Bahréin también quería unirse.
jg: ¿Cuál fue el impacto inmediato del anuncio de los Acuerdos de Abraham en 2020?
ef: Inicialmente, los anuncios desencadenaron una avalancha de peticiones en los Estados del Golfo por parte de todo tipo de grupos de la sociedad civil que criticaban las decisiones de los EAU y Bahréin. La respuesta se desarrolló en gran medida en línea debido a la pandemia. Los académicos religiosos lo condenaron, y grupos de la sociedad civil lideraron la oposición. Habríamos visto más protestas de no haber sido por la pandemia.
No obstante, la nueva relación comenzó a afianzarse y desarrollarse.
En los primeros dos años después del acuerdo, el comercio bilateral entre los EAU e Israel, las dos economías más significativas involucradas en los Acuerdos de Abraham, alcanzó los 2.000 millones de dólares. Ahora se proyecta que alcanzará los 4.000 millones de dólares en los primeros cinco años, impulsado por inversiones significativas de los fondos soberanos de los Emiratos en startups y empresas tecnológicas israelíes, así como por el turismo israelí a Dubái. El turismo no va en ambas direcciones: en diciembre de 2020, alrededor de 70 mil turistas israelíes visitaron Dubái, mientras que aproximadamente 3 mil emiratíes visitaron Israel. Sin embargo, existe una reticencia a la normalización a nivel popular, sin mencionar el continuo compromiso con los derechos de los palestinos.
En el ámbito militar, EEUU trasladó a Israel de la zona de Mando Europeo de los Estados Unidos [EUCOM, United States European Command] al Mando Central de los Estados Unidos [CENTCOM, United States Central Command], que cubre los Estados del Golfo y los países árabes. Con esto se buscaba profundizar el compromiso no solo entre Israel y los Estados árabes que estaban normalizando relaciones, sino también con la comunidad más amplia de Estados árabes que no habían normalizado.
También hubo una coordinación económica significativa. La industria del diamante, donde convergen los intereses de Dubái e Israel, se ha convertido en una de las principales áreas de comercio. Hay acuerdos entre universidades, think tanks y otros similares para promover la cooperación. Particularmente en el primer año después de la firma del acuerdo, hubo un gran impulso estatal por involucrar a Israel tanto en los Emiratos Árabes Unidos como en Bahréin.
Los Estados del Golfo e Israel en el siglo XX
jg: Me pregunto si pudieras situar los Acuerdos de Abraham en una historia más larga: ¿Cómo han visto los Estados del Golfo la cuestión palestina durante el último siglo? Desde la Revuelta Árabe de 1936 y el Plan de Partición de 1947 hasta la creación de Israel y la Nakba, la Guerra de los Seis Días y la Guerra del Yom Kipur, ¿qué indican estos momentos sobre el desarrollo del poder político en el Golfo Pérsico?
ef: Cada una de estas coyunturas ha generado un apoyo inequívoco a nivel popular en todo el mundo árabe hacia los palestinos. En 1936, cuando las noticias sobre huelgas laborales y revueltas armadas contra los colonos sionistas llegaron al Golfo a través de la radio y los periódicos, se realizaron esfuerzos de recaudación de fondos en varios lugares, incluido Bahréin. El Emir de Sharjah, uno de los siete emiratos de lo que hoy son los EAU, incluso hizo una donación personal a la causa. La solidaridad con los palestinos se debió al creciente sentimiento nacionalista-popular árabe y de la oposición al dominio británico, un enemigo colonial empeñado en dividir a la región.
El anuncio del plan de partición en 1947 desató disturbios en los nacientes Estados del Golfo. En Bahréin, trabajadores y estudiantes se declararon en huelga durante tres días. En 1967, hubo actos similares de solidaridad, y los gobernantes comenzaron a involucrarse. El jeque Zayed de Abu Dhabi en ese momento envió ayuda a las tropas en el frente del conflicto. Hubo una participación directa de un contingente kuwaití bajo el mando egipcio en 1967, en contraste con el período previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobernante advirtió a los ciudadanos que no enviaran dinero (presumiblemente porque los británicos, que controlaban Kuwait en ese momento, no querían ver el surgimiento de la solidaridad antiimperialista en el mundo árabe).
dylan saba: La Guerra de Yom Kipur en 1973 vio a los Estados árabes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo [OPEP, Organization of the Petroleum Exporting Countries] lanzar recortes drásticos en la producción y prohibiciones de ventas que afectaron profundamente la economía política global. ¿Cómo moldearon estos eventos el futuro de la unidad política de los Estados del Golfo?
ef: Los recortes en la producción de petróleo y el embargo de exportación que comenzaron con esa guerra fueron uno de los casos más exitosos de acción coordinada entre los Estados del Golfo. Los precios del petróleo se cuadruplicaron en dos meses. Los altos precios del petróleo perduraron por muchos años después del embargo y generaron ganancias extraordinarias para los Estados del Golfo. También provocó varios cambios dentro de los Estados Unidos. La administración de Nixon dio inicio a un proyecto de largo plazo destinado a diversificar los suministros de energía más allá del petróleo de Medio Oriente. Paralelamente, se emprendió con gran determinación un esfuerzo diplomático por resolver el conflicto árabe-israelí. Tanto Nixon como Kissinger comenzaron a reconocer la estrecha relación, percibida por los líderes árabes, entre las negociaciones de paz para poner fin a la guerra y las dinámicas de los mercados energéticos globales.
Los primeros acuerdos de desenganche egipcio-israelí en 1974 allanaron el camino para los posteriores Acuerdos de Camp David en 1978 y el tratado de paz entre Egipto e Israel de 1979. El resultado del embargo petrolero en los Estados Unidos fue una diplomacia a largo plazo: ambos partidos políticos se dieron cuenta de que se necesitaba resolver el conflicto árabe-israelí. Este proceso le enseñó a los Estados del Golfo lo exitosa que podía ser la coordinación. La unidad política y económica más fuerte llegó poco después con el Consejo de Cooperación del Golfo, que los Estados del Golfo formaron en respuesta al estallido de la guerra Irán-Iraq en 1980.
jg: ¿Cómo surgió el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en estos años? ¿Existían diferentes visiones de cooperación entre los fundadores?
ef: Los seis países que conforman el CCG—Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos— se encontraron vulnerables a la Guerra Irán-Iraq. Los EAU evitaron tomar partido en el conflicto, adoptando públicamente una postura de no alineación. Con el tiempo, los líderes de esos Estados reconocieron que establecer alianzas formales podría ser clave para abordar sus preocupaciones de seguridad a largo plazo. Otro evento crucial fue, por supuesto, la revolución iraní de 1979, que tuvo enormes repercusiones en la región. Para las naciones del Golfo, marcó el inicio de una relación de seguridad más estrecha con Estados Unidos. Estos tres acontecimientos—el embargo de la OPEP en 1973, la revolución iraní de 1979 y la Guerra Irán-Iraq, especialmente la ofensiva iraní de 1982—fueron decisivos para una mayor colaboración entre los países del Golfo.
jg: En otras palabras, nos narras el período de formación del CCG durante la Guerra Irán-Irak como el momento en que los Estados del Golfo comenzaron a aumentar el gasto militar con los nuevos ingresos petroleros y se convirtieron en importantes compradores de armas. ¿Cómo han sido moldeados los Estados del Golfo por esta salida de armas para su nueva riqueza?
ef: Los años inmediatamente posteriores a la revolución iraní fueron un verdadero punto de entrada para la expansión de EEUU en la región, y los líderes del Golfo le dieron la bienvenida con entusiasmo. La retórica de Irán hablaba de exportar su revolución. La región estaba en alerta alta, especialmente en países como Arabia Saudita y Bahréin, con poblaciones chiítas significativas pero gobernantes sunitas. La respuesta entre los miembros del CCG fue hacer todo lo posible para acercar a los estadounidenses a la región como un elemento disuasorio. Como resultado, su gasto en defensa creció dramáticamente. En Bahréin, el gasto en defensa alcanzó el 8.5% del PIB en 1982, dos años después de la revolución iraní. La Quinta Flota de la Armada de los Estados Unidos trasladó su cuartel general al país. Ese fue el momento en que comenzaron a ver a los Estados Unidos como el protector necesario.
De Oslo al acuerdo nuclear con Irán
ds: ¿Cómo se relacionaron los Estados del Golfo con los Acuerdos de Oslo? ¿Vieron una posible resolución a la cuestión palestina—y, por ende, a la cuestión de la normalización—o fueron más cautelosos?
ef: Al comienzo del proceso de Oslo, había mucho optimismo en los Estados del Golfo de que este problema finalmente podría resolverse. Basado en la idea de que las conversaciones de paz terminarían con la creación de un Estado palestino, Omán y Qatar comenzaron a abrir sus puertas a Israel estableciendo oficinas comerciales preliminares en sus capitales. Sin embargo, ambas oficinas comerciales fueron cerradas cuando la solución de dos Estados no se materializó. En el caso de Qatar, esto ocurrió en parte como resultado de la presión tanto de Arabia Saudita como de Irán. En el año 2000, tanto Arabia Saudita como Irán amenazaron con retirar su asistencia de una cumbre islámica que se estaba planeando en Doha. Qatar cerró la oficina comercial, y un año después estalló la Segunda Intifada.
A lo largo de este período, los Estados del Golfo estaban en su mayoría comprometidos con la idea de «tierra por paz»—la interpretación legal internacional de la Resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU—que había regido todas las discusiones de paz árabe-israelíes desde 1967. Incluso durante esta primera ola de diálogo posterior a Oslo, el equilibrio general de poder en la región significaba que la normalización dependía de la creación de un Estado palestino. Así que cuando las perspectivas de esa vía se desmoronaron con el colapso de las llamadas negociaciones de paz durante la presidencia de George W. Bush, los Estados del Golfo, a su vez, retrocedieron el proceso de normalización.
jg: El año 2006 fue clave para dos eventos importantes que marcaron la creciente influencia de Irán en la región y el temor de los Estados del Golfo hacia esa influencia. Este temor se exacerbó durante la presidencia de Barack Obama con el acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán. ¿Cómo llegamos de aquí al proyecto de los Acuerdos de Abraham bajo Trump?
ef: En 2001, Arabia Saudita lanzó la Iniciativa de Paz Árabe, que representó una ruta para la normalización basada en la fórmula de «tierra por paz». Respaldada por la Liga Árabe, también incluía la condición de que Israel se retirara de los territorios ocupados, que en ese momento incluían Cisjordania, los Altos del Golán y también el Líbano, y reconociera un Estado palestino establecido.
Dos acontecimientos en 2006 empezaron a acercar estratégicamente a varios Estados del Golfo con Israel. En primer lugar, Irán anunció que había logrado enriquecer uranio por primera vez y puso en marcha un programa nuclear. En segundo lugar, Hezbolá logró expulsar a Israel del Líbano. Ambos sucesos enviaron una clara señal a los líderes del Golfo sobre el ascenso de Irán, junto con sus aliados y fuerzas subsidiarias, como una potencia significativa en la región. Al igual que en 1979, la región se enfrentaba nuevamente a la posibilidad de una fuerza rival que pudiera amenazar su posición a largo plazo.
Es en este momento cuando comenzamos a ver un acercamiento visible hacia Israel fuera de los parámetros de la cuestión palestina. La normalización de las relaciones económicas y el progreso hacia la creación de un Estado palestino comenzaron a desvincularse. En 2007, los EAU comenzaron a adquirir tecnología israelí para un sistema de gestión de tráfico y datos satelitales israelíes para vigilar el programa nuclear de Irán. A puertas cerradas, los israelíes, los Estados Unidos y funcionarios de varios Estados del Golfo—Bahréin, Arabia Saudita y los EAU—entraron en discusiones, más tarde reveladas por WikiLeaks, sobre la amenaza representada por Irán.
Desde la perspectiva del Golfo, estas conversaciones durante los años de la administración de Obama se centraron en cómo convencer a Estados Unidos de adoptar una postura más firme contra Irán, invocando mayores sanciones y aislamiento. Israel les parecía útil para obtener influencia en Washington.
ds: ¿Cómo se entiende la tensión o continuidad entre el movimiento de los Estados del Golfo contra el acuerdo nuclear con Irán, el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), y la ejecución de los Acuerdos de Abraham por parte de la administración Trump?
ef: La relación de los Estados del Golfo con Irán ha tenido dos fases: la primera, de 2006 a 2019, fue más confrontacional; la segunda, que creo que todavía estamos viviendo, se caracteriza por la desescalada, con el mensaje abrumador de construir lazos positivos y evitar conflictos.
Entre 2006 y 2019, los Estados del Golfo querían sanciones. Algunos incluso apoyaron en silencio la acción militar directa contra Irán. Ellos compartían con Netanyahu la opinión de JCPOA como un acuerdo que facilitaba la carrera de armas iraní, en lugar de obstaculizarla. Los Estados del Golfo querían que el JCPOA se centrará en la producción de misiles iraníes, una amenaza que, según argumentaban, estaba a la par con un programa nuclear.
Dos eventos llevaron a cambios en el enfoque. El primero fue el ataque a los petroleros que tuvo lugar frente a la costa de los EAU en el verano de 2019, dirigido a cuatro petroleros de tres nacionalidades diferentes. El siguiente fue el ataque a Aramco en Arabia Saudita. Ambos eventos provocaron un verdadero cambio de pensamiento para Arabia Saudita y los EAU, especialmente porque ocurrieron durante la administración de Trump. Con la ausencia diplomática de EEUU, e Irán sugiriendo de manera indirecta que los ataques fueron una represalia por la retirada de Trump del JCPOA, los Estados del Golfo comenzaron a inclinarse hacia la diplomacia con Irán. Tras esos ataques de 2019, los EAU e Irán organizaron múltiples intercambios diplomáticos. Y significativamente, Arabia Saudita e Irán restauraron sus relaciones después de siete años, en un acuerdo mediado por China. En los últimos meses han habido otras visitas, muy interesantes, entre ministros saudíes e iraníes en Doha, lo cual habría sido impensable hace algunos años. Así que los líderes del Golfo están enfocando sus esfuerzos hacia la desescalada con Irán. Están enviando un mensaje claro de que no quieren quedar atrapados en medio.
jg: La Primavera Árabe fue otra fuente de inestabilidad para las potencias del Golfo ¿Podrías hablar un poco sobre cómo impactó el 2011 a estos gobiernos y, por extensión, cómo ven el desacuerdo popular respecto a la normalización?
ef: Varios factores llevaron a este acercamiento entre los Estados del Golfo e Israel. El primero fueron los eventos de 2006. El segundo fue el ascenso de esta nueva generación de líderes del Golfo, menos interesados en la cuestión israelí-palestina y mucho más enfocados en la supuesta amenaza de Irán. Estos líderes tienden a ser más educados en Occidente, son pro-estadounidenses, y no tienen el mismo compromiso con el nacionalismo árabe que sus padres solían tener.
El tercero fue la Primavera Árabe, donde nuevamente hubo una convergencia entre los líderes del Golfo y Netanyahu en cuanto a las alianzas diplomáticas. En ese momento, Netanyahu describió la Primavera Árabe como otro 1979, otra amenaza a la seguridad de Israel. Mientras tanto, los Estados del Golfo estaban preocupados de que los movimientos pro-democracia pudieran empoderar a elementos islamistas en la región y amenazar la supervivencia estatal a largo plazo. Tanto Netanyahu como los líderes del Golfo coincidieron en que la Primavera Árabe era una amenaza para el statu quo regional.
La represión de la sociedad civil es, de hecho, lo que hace posible la normalización. Por ejemplo, Bahréin tuvo una rebelión similar a los movimientos masivos que vimos en otras partes de la región, y las fuerzas del CCG se movilizaron para darle fin. Los acuerdos con Israel son profundamente impopulares. Solo son posibles porque la representación popular está ausente. Incluso antes de la normalización, se realizaron encuestas regularmente en todo el mundo árabe preguntando si la población apoyaría las relaciones con Israel. En el Golfo, entre el 85 y el 95% de la población se opone consistentemente. La normalización no podría haber ocurrido salvo a través de la represión, y esto solo ha continuado después del 7 de octubre.
El 7 de octubre y los acuerdos de Abraham hoy
ds: ¿Cómo ha influido el 7 de octubre en la cuestión de la normalización?
ef: Los Estados del Golfo no quieren ver una escalada entre Israel e Irán. Saben que están atrapados en el medio y sufrirían, como mínimo, impactos indirectos en sus economías. El genocidio en Gaza ha puesto límites a una línea de tiempo más agresiva, no necesariamente porque los regímenes estén conmovidos por las muertes palestinas, sino porque la indignación popular dentro de sus países ha dejado más claro que nunca que los Acuerdos de Abraham y la legitimación que le otorgan a Israel son profundamente impopulares.
Pero para mí, el 7 de octubre y el año transcurrido desde entonces han sido la prueba definitiva del transcurso de la normalización. Incluso después de lo que Israel ha hecho en Gaza y en el Líbano—el costo brutal en vidas civiles y el sufrimiento, la dramática desestabilización de la región—el objetivo de la normalización ha sobrevivido entre los Estados del Golfo. No han expulsado a embajadores ni han hecho nada sustantivo para interrumpir sus relaciones con Israel.
ds: La tecnología militar y la inteligencia han sido un gran atractivo para que los Estados del Golfo, particularmente los Emiratos Árabes Unidos, busquen la normalización con Israel. Sin embargo, el 7 de octubre representó, en muchos aspectos, un fracaso de ambos activos en teoría estratégicos ¿Influye esto en la evaluación que los Estados del Golfo hacen de su relación con Estados Unidos e Israel, especialmente considerando que Irán, de alguna manera, podría verlos como aproximaciones parciales de Estados Unidos?
ef: Uno de los impulsores de la normalización es, sin duda, la capacidad de adquirir tecnología de Israel. Aunque el 7 de octubre fue un fracaso en términos de seguridad para Israel, eso no disminuye la utilidad que los Estados del Golfo ven en su tecnología, en especial, la tecnología antimisiles.
Cuando se firmaron los Acuerdos de Abraham, no se mencionó ni una sola palabra sobre seguridad o tensiones con Irán; todo se centraba en la cooperación económica, los lazos entre pueblos y el comercio. Esta es una omisión muy llamativa, porque estos Estados ahora están involucrados en el tipo de diplomacia de segunda fase hacia Irán, dejando de lado un enfoque activamente antagónico. Aún quieren adquirir armas e inteligencia de Israel para protegerse de futuros ataques de Irán, pero al mismo tiempo no quieren provocar ataques futuros de grupos cercanos a Irán al involucrarse en este lenguaje militar confrontacional. Si se observa el primer año de los Acuerdos, no se mencionan las transferencias tecnológicas o militares.
Esto cambió en el segundo año de los Acuerdos. En enero de 2022, los Emiratos Árabes Unidos fueron impactados por tres ataques con misiles. Como respuesta, los EAU le solicitaron a Israel públicamente y por primera vez tecnología antimísiles y contra drones. Israel les proporcionó el sistema Barak, que los Emiratos desplegaron poco después. Los líderes emiratíes creen que fue Israel, en lugar de Estados Unidos, quien les dio su protección. Varios días después, Israel envió un equipo a los Emiratos para investigar cómo ocurrieron los ataques. Bahréin, en contraste con Arabia Saudita y los Emiratos, desde un principio hizo declaraciones aprobatorias sobre la presencia del Mossad en el país. Esto muestra un enfoque diferente, y más confrontacional hacia Irán.
En el ámbito de la gobernanza interna, los softwares espía israelíes, como Pegasus, han ayudado a los Estados del Golfo a manejar la disidencia interna. Antes del 7 de octubre, existía la percepción de que Israel había gestionado con éxito una ocupación permanente, apoyándose en tecnología de vanguardia para lograrlo. La transferencia de conocimientos, tanto sobre la tecnología como en el enfoque organizativo para vigilar a una población sometida, resultó valiosa para los Estados del Golfo.
El uso de software espía en los Emiratos Árabes Unidos ha sido documentado como herramienta para vigilar a algunos de sus disidentes más prominentes. En mi libro mencioné el caso de Ahmed Mansour, quien fue blanco de múltiples ataques. Aunque el origen del tipo de software de vigilancia utilizado para rastrearlo es confuso—se vende a través de Chipre u otros lugares—una parte era ciertamente israelí. Bahréin ha sido menos hábil en este sentido. El descontento en Bahréin ha sido mucho más visible que en los Emiratos, e involucra a una sección mucho más amplia de la sociedad. Durante su Primavera Árabe, Bahréin recurrió a formas más típicas de represión, como arrestos e interrogatorios. Pero no me sorprendería que Bahréin también adquiriera un software espía más sofisticado.
ds: Mencionaste cómo los Estados del Golfo, al promover una narrativa específica sobre la normalización, han relegado la cuestión palestina y presentan el conflicto árabe-israelí como algo antiguo o superado, que ahora puede gestionarse en lugar de negociarse. El 7 de octubre fue tanto una reacción a ese enfoque como una ruptura con esa narrativa.
ef: Esta es precisamente la lógica detrás de la normalización: la cuestión palestina es irresoluble; por lo tanto, no vale la pena dedicar demasiado tiempo a intentar solucionarla. Pero, a la vez, ¿por qué permitir que se obstaculice el fortalecimiento de lazos con un socio útil? El cambio generacional de liderazgo en el Golfo puede definirse así.
Este punto de vista fue compartido por los funcionarios estadounidenses en la administración Trump. Pero el 7 de octubre mostró que, en realidad, la cuestión palestina no puede ser contenida. Incluso si no te preocupas realmente por la ocupación, su explosión en un conflicto devastador tiene implicaciones para la estabilidad regional y económica. Tomemos los ataques de los hutíes en el Mar Rojo o los misiles lanzados ocasionalmente desde Yemen; esto se convierte en un problema inmediato para Arabia Saudita, que está desarrollando la meca futurista de Neom justo en el Mar Rojo. El 7 de octubre disipó la narrativa de la normalización y demostró que no se puede simplemente ignorar la cuestión de la independencia palestina.
Por supuesto, otra consecuencia del 7 de octubre ha sido la contundente manifestación de apoyo árabe hacia los palestinos. Esto ha desmontado el mito asociado a los Acuerdos de Abraham de que las poblaciones del Golfo han dejado de preocuparse por los palestinos y están dispuestas a normalizar relaciones sin cuestionamientos. En el caso de Estados más expuestos al descontento social, como Arabia Saudita, el costo político de la normalización se ha incrementado significativamente.
ds: Parece que, a pesar de que la guerra ha dificultado mucho la normalización, la administración Biden ha intentado resolver la guerra con la normalización misma. ¿Es esta una posición desesperada de la administración Biden? ¿O realmente existe la posibilidad de un acuerdo en el que la normalización juegue un papel central, y los Estados del Golfo acepten la administración externa de Gaza?
ef: El enfoque de Brett McGurk, Tony Blinken, Jake Sullivan, entre otros, es exactamente ese: un acuerdo en el que se involucre a Arabia Saudita, ofreciendole la normalización y un Estado palestino—o al menos un camino hacia un Estado palestino— a cambio de un acuerdo de defensa. Los funcionarios saudíes han aclarado en varias ocasiones que para ellos conformarse lo minimo sería la creación de un Estado palestino. Y lo que están buscando de Estados Unidos es algo bastante significativo: no solo un acuerdo de seguridad vinculante, sino algo similar a un acuerdo del Artículo 5 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el que, si Arabia Saudita es atacada, Estados Unidos se vea obligado a responder. Además de eso, quieren tecnología avanzada antimisiles y acceso a un programa nuclear civil.
La normalización con Arabia Saudita está lejos de ser un hecho, y creo que los funcionarios estadounidenses han sido demasiado optimistas. La estrategia a largo plazo de EEUU es delegar sus políticas regionales a una alianza de monarquías suníes del Golfo y a Israel. Pero hay varios puntos problemáticos con esto. El primero es si el Congreso alguna vez le daría a Arabia Saudita lo que está pidiendo. En segundo lugar, está la exigencia de un Estado palestino, al que el actual gobierno en Israel— el más alineado con la derecha en su historia—no accedería. Ningún líder israelí apoya esto, y las elecciones presidenciales de Estados Unidos, desde el punto de vista del mundo árabe, fueron un concurso entre lo malo y lo peor—ya se le ha dado carta blanca a Netanyahu, y no hay razón para esperar que el segundo mandato de Trump sea diferente.
Entonces, la pregunta es: ¿estarían dispuestos los saudíes a aceptar la normalización sin un Estado palestino? Algunos afirman que el príncipe heredero no considera que un Estado palestino sea una prioridad y que cualquier gesto simbólico sería suficiente. Por otro lado, hay quienes creen que sería un riesgo demasiado alto generar descontento entre su población interna. Arabia Saudita lideró la Iniciativa de Paz Árabe y no quiere perder su influencia, y mucho menos alienar a millones de musulmanes fuera del Golfo que son firmemente pro-palestinos.
Este ensayo fue traducido del inglés al español por Isabel Tamayo.
En 2023, cumpliendo las promesas de campaña de convertir a Colombia en un líder en la transición energética global, el presidente Gustavo Petro anunció que el país suspendería nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas. El anuncio, aunque celebrado por defensores del medioambiente, ha sido recibido con escepticismo por parte de distintos actores políticos, que han señalado la dependencia de Colombia al petróleo para sus necesidades energéticas, los ingresos estatales y el empleo en Ecopetrol, con participación mayoritaria del Estado.
La Unión Sindical Obrera (USO), que representa a los empleados de Ecopetrol, apoyó firmemente la campaña presidencial de Petro, pero en este momento enfrenta tensiones con el gobierno. Mientras que Ecopetrol es la empresa petrolera más grande de Colombia y uno de los activos clave de la economía colombiana, la USO es uno de los sindicatos más antiguos del país, además de ser uno de los más perseguidos: casi 900 afiliados han sido víctimas de homicidio, amenazas y exilio a lo largo de los últimos años.
La USO está pasando por un momento determinante, al apostar por la descarbonización de la economía mediante una empresa que hasta ahora ha sido la punta de lanza de la producción de hidrocarburos en el país. La cuestión es que el presidente quiere convertir a Ecopetrol en un líder de tecnologías limpias. Cómo se haga esta transición, y el efecto que tendrá en los más de 25 mil trabajadores de la industria de hidrocarburos es el problema fundamental que ha atravesado las relaciones entre el gobierno nacional y los trabajadores de la industria en estos dos primeros años del gobierno de Petro.
Recientemente, una decisión de la Junta Directiva de Ecopetrol ha puesto a prueba las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de la industria. Se han frenado nuevas inversiones, que alcanzan hasta unos 3.600 millones de dólares, en la cuenca del Permian, un campo fronterizo entre Texas y Nuevo México. La petrolera colombiana llevaba más de año y medio estudiando el sitio, donde se usa la técnica fracking. El negocio iba en la dirección de generar más utilidades y barriles de petróleo para la empresa—una ampliación estimada del 9 por ciento de su producción de barriles—pero fue rechazado por la Junta Directiva, cercana al presidente Petro, por razones ambientales y económicas. La decisión ha generado polémica entre los trabajadores de la industria de hidrocarburos que creen que los planes de descarbonización del gobierno no deberían consistir en dejar de producir más barriles de crudo.
Phenomenal World entrevistó a César Loza, presidente del sindicato de Ecopetrol (USO) para discutir la historia del sindicalismo en la industria de los hidrocarburos, los planes de transición energética del gobierno Petro para la empresa Ecopetrol y su visión propia de cómo sería una transición energética favorable para los trabajadores.
Una entrevista con Cesar Loza, Presidente de la USO
camilo garzón: ¿Cómo interpreta la llegada de Petro al poder y el efecto que eso tiene en Ecopetrol?
cesar loza: Nosotros coincidimos con este gobierno en que debe haber una transición energética, de tal forma que se tenga una matriz de energías limpia y poco a poco dejar de depender de los combustibles fósiles. En eso tenemos coincidencia, pero también tenemos fuertes diferencias. Nosotros consideramos que para que la transición energética sea sostenible tienen que darse tres elementos fundamentales. El primero, voluntad política. Distintos actores tienen que tener voluntad política para que haya una transición energética. Hoy tienen voluntad los trabajadores, las comunidades locales, los gremios, las empresas, gobiernos locales y el gobierno nacional, así que en este punto hay pocos desacuerdos. El segundo elemento son las fuentes de energía: energía eólica, solar, geotérmica. En esto también estamos sincronizados ya que Colombia tiene un potencial fuerte para desarrollar estos sectores. Pero hay un tercer elemento sin el cual no se puede hacer la transición energética, y son los recursos económicos. Nosotros hemos dicho: los recursos económicos para la transición energética deben salir de la misma industria del petróleo y el gas. Pero esa realidad no la ha entendido el gobierno. El presidente Petro permanentemente habla de transición energética, pero ¿de dónde va a salir el recurso para hacer eso? Cualquier gobierno, de izquierda o derecha, que presente una propuesta de una reforma tributaria —como ya ha presentado el gobierno de Gustavo Petro en su primer año— para aumentar el recaudo tributario y de ahí sacar recursos para hacer una transición energética, va a ser totalmente impopular. Eso no va a pasar.1
Nosotros le hemos dicho al presidente, al ministro de Hacienda, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al presidente de Ecopetrol, que apoyamos una curva básica con rigor técnico de un tope de producción de barriles, ejemplo, 750.000 u 800.000, y que todo lo que se produzca de ahí en adelante sea para invertir en la transición energética. Pero obviamente para eso se requiere una industria robusta y fuerte. Al contrario, lo que hemos notado es que hay desinversión en los diferentes campos petroleros, y obviamente eso causa una diferencia sustancial con el gobierno. Un ejemplo de esa desinversión es que Ecopetrol tomó la decisión de recortar el presupuesto de inversión de 4.500 millones de dólares a 2.500 millones de dólares para este año. La decisión tendrá impacto en la exploración y producción de petróleo y gas y va en contra del marco fiscal de mediano plazo contemplado para 2026, donde se esperaba que la empresa aumentara su producción a 850 mil barriles por día de crudo. Sin embargo, al ritmo actual, no se podrá llegar a esa cifra.
Por ejemplo, el 4 de marzo, Andrés Camacho, el ministro de Minas y Energía, manifestó en una entrevista que un reto grande en el país era la búsqueda del millón de barriles. Posteriormente, lo dijo el ministro de Hacienda. Recientemente se creó un comité interinstitucional, liderado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con el fin de reactivar la industria. La USO pidió ser incluida en ese comité, porque nos beneficia construir la política de entorno para poder desarrollar la industria. Sin embargo, se notan intereses en conflicto, por ejemplo, el ministerio de Ambiente está en contra la idea de fortalecer la capacidad de producción de la industria.
cg: Para dar un poco de contexto: ¿Cuál ha sido históricamente el rol del sindicato de la USO en Ecopetrol?
cl: La USO fue fundada clandestinamente el 10 de febrero de 1923 en Barrancabermeja, es decir que ya tiene más de 100 años. La organización sindical se caracterizó, en principio, por defender los derechos de los trabajadores que laboraban al servicio de una empresa multinacional norteamericana llamada Tropical Oil Company. La empresa tenía a su cargo la explotación del pozo “Infantas 2”, descubierto en el corregimiento de El Centro, en Santander. El pozo se venía explotando desde 1918 y es allí donde nació la industria.
La USO al principio se caracterizó por defender los derechos de los trabajadores y dignificar sus condiciones con la bandera de los “tres ochos” (ocho horas de trabajo, ocho de estudio y ocho de descanso) que venía de la revuelta de Haymarket en Chicago. Posteriormente entró en la agenda política más amplia cuando adelantó una huelga en 1948, conocida como la “huelga patriótica”, también desde Barrancabermeja, en la que se solicitaba, además de condiciones laborales dignas y la nacionalización del petróleo, que el Gobierno de la época, que era conservador, no prorrogara la concesión de Mares. Esta venía de 1909 cuando el presidente Rafael Reyes entregó a Roberto de Mares la concesión para explotar el petróleo en las selvas del Carare Opón, en la región del Valle Medio del Magdalena.
A raíz de esa huelga se logró que el gobierno conservador limitará a la Tropical Oil Company su explotación del petróleo en la región, hasta el 25 de agosto de 1951. También accedió a que se revertiría la concesión al Estado después de esa fecha. Es así que surge la Empresa Colombiana de Petróleos, que sale a la luz en agosto de 1951, como resultado de la huelga. Por eso decimos nosotros que la USO fue la encargada de crear Ecopetrol. Desde entonces, la Unión Sindical Obrera se ha caracterizado por defender el petróleo como patrimonio público de los colombianos y los derechos de los trabajadores. En principio, el sindicato era un sindicato de base, es decir, de empresa. Posteriormente, hace aproximadamente unos veinticinco años, nos acogimos al sindicato de industria. Hoy representamos a los trabajadores de la industria de hidrocarburos en Colombia y no sólo a Ecopetrol.
Nuestro sindicato es un sindicato de izquierda que defiende la propiedad pública, el patrimonio público y las condiciones de los trabajadores. Pero también hay mucho pragmatismo. A los trabajadores les interesa tener una organización sindical que defienda sus derechos, su empresa, su fuente de empleo y su convención colectiva. La organización sindical tiene, por supuesto, una alineación con la izquierda, con los gobiernos progresistas, pero las coyunturas políticas van cambiando. Nosotros al Gobierno de Santos lo apoyamos en la reelección porque había una coyuntura de construcción de paz que el Gobierno estaba llevando a cabo a través de la negociación con la guerrilla de las FARC. Nosotros tomamos la decisión de apoyarlo a pesar de que era un candidato de derecha.
Hoy, la estructura orgánica del sindicato se compone de una Junta Directiva Nacional compuesta por veinte miembros y el presidente. Hay 28 juntas regionales distribuidas a lo largo y ancho del país y la máxima instancia deliberativa del sindicato es una Asamblea Nacional de Delegados. En la industria de los hidrocarburos somos aproximadamente unos 25 mil, y en Ecopetrol tenemos aproximadamente unos 16 mil trabajadores, pero eso depende de los ciclos de trabajo. El número de afiliados a la USO en el grupo empresarial Ecopetrol puede ser de unos 9.000 trabajadores y el resto son trabajadores de servicio de contratistas y otras operadoras. Hay otros sindicatos minoritarios, pero nosotros somos el sindicato beligerante, que hace la movilización y que adelanta la acción política2
cg: ¿Cuál es el aporte general que hace Ecopetrol a la economía colombiana?
cl: Después de la recaudación tributaria vía impuestos, Ecopetrol es la principal fuente de ingresos del país. En el año 2023, le entregó a la nación $58 billones de pesos. Esta cantidad es equivalente al 4 por ciento del PIB y también equivale a las tres reformas tributarias de los últimos 5 años. En la más reciente reforma tributaria aprobada por el Congreso, en 2022, el gobierno intentó hacer que las empresas mineras y petroleras pagaran más impuestos, pero la Corte Constitucional tumbó este año esa disposición, que le supuso ingresos al gobierno en 2023 por casi $7 billones de pesos, y ahora tiene que devolver.
El aporte de Ecopetrol siempre ha sido significativo para las finanzas públicas. Sin el aporte de la empresa, el gobierno tendría que hacer unas tres reformas tributarias al año. Me refiero a que si Ecopetrol se privatiza, la empresa pagará regalías e impuestos, pero por efecto de utilidades no generaría nada. Lo que significa que la diferencia solo se podría cubrir con reformas tributarias. Por eso es importante defender los aportes que dependen en buena medida del nivel de ingresos y utilidades de Ecopetrol.
También juega como un factor importante el precio internacional del crudo. Si el crudo tiene buen precio, los ingresos para la nación van a ser mejores. Por ejemplo, los precios se han mantenido por encima de los 80 dólares por barril durante los últimos tres o cuatro años. Esto después de la crisis del coronavirus, cuando los precios se desplomaron a niveles negativos. Inclusive, empresas perdieron ganancias al tener que pagar el crudo a 20 dólares para que los buques lo almacenaran, porque no había ni transporte, ni terminación. La caída de precios más reciente se dio en el 2014, cuando hubo una crisis de precios internacionales que tuvo un impacto negativo para los trabajadores de la industria a nivel global, pero especialmente en Colombia, donde los precios fluctuaron dramáticamente, desde 118 dólares por el barril de Brent a 37 dólares en 2015.
cg: Cuéntennos acerca de la relación de la USO con gobiernos recientes en Colombia.
cl: La lucha del movimiento sindical ha sido constante, pero hemos tenido gobiernos con los que nos ha tocado mucho más difícil. Por ejemplo, los dos gobiernos de derecha de Álvaro Uribe (2002–2010) fueron contraproducentes para el movimiento sindical en Colombia y particularmente para la USO. En el año 2003 fuimos a una huelga durante el gobierno Uribe. Al frente de Ecopetrol estaba Isaac Yanovich, un presidente reaccionario anti-obrero que odiaba al sindicato. Esa huelga tuvo un alto costo para el sindicato y supuso el despido de 253 empleados. A través de esa huelga la USO desafío la privatización de Ecopetrol. En el país se venía dando un proceso de privatización de las empresas públicas, como Telecom, y el sindicato tenía información de que iban a hacer lo mismo con Ecopetrol.
Aún con las huelgas que evitaron la total privatización, con Uribe la empresa recibió dos grandes golpes. Uno a través del decreto 1760 de 2003, que le quitó todo el protagonismo que tenía Ecopetrol en materia de contratación petrolera, de asociaciones y de manejo de las regalías. Se le pasó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El otro gran golpe fue la ley 1118 de 2006 que convirtió a Ecopetrol en una sociedad por acciones con una autorización de venta de hasta el 20 por ciento de las acciones. A través de ese decreto se le cambió la naturaleza económica a Ecopetrol y se convirtió en una empresa de economía mixta, es decir, con propiedad mayoritaria del Estado (88 por ciento) pero también de accionistas particulares. Además, contra el movimiento obrero, vinieron reformas laborales y pensionales. Por todo esto, la administración de Uribe fue uno de los gobiernos con más conflictos para el movimiento sindical. Al margen de esas tensiones, la historia del sindicato ha estado marcada por la violencia y la represión.
cg: Explique un poco más a que se refiere con violencia y represión.
cl: Nuestro sindicato ha sido víctima de la guerra sucia en Colombia. Entre finales de los años 80 y comienzos de los 2000, tenemos registrados más de cien asesinatos entre dirigentes y activistas de la USO, producto de la guerra. La Comisión de la Verdad documentó 865 hechos victimizantes, entre 1986 y 2019, contra integrantes del sindicato. Hay actores que han aceptado la violencia física contra dirigentes sindicales o incluso al interior de Ecopetrol se posicionaron algunos actores que generaron violencia contra los movimientos sindicales.
Aury Sará Marrugo, presidente de la USO en Cartagena, fue asesinado el 5 de diciembre del 2001. Salvatore Mancuso, uno de los máximos excomandantes de las autodefensas de Colombia, ha aceptado que fueron secuestrados y torturados dirigentes sindicales. También se aceptó en versiones de la Ley Justicia y Paz (que fue un marco jurídico para facilitar la desmovilización de los paramilitares durante el gobierno de Álvaro Uribe) que uno de los funcionarios de seguridad de Ecopetrol tenía vínculos con paramilitares. Eso, por supuesto, supuso que muchos líderes del sindicato prefirieran no manifestarse públicamente. En síntesis, nosotros hemos sido víctimas de la guerra sucia que se ha dado contra el movimiento sindical en Colombia.
cg: Además de las diferencias que la USO ha tenido con el gobierno, ¿cómo está la relación del sindicato con la Junta Directiva de Ecopetrol y su Presidente Ricardo Roa?
cl: Con la junta de Ecopetrol tenemos buenas relaciones. De hecho, nos han habilitado espacios en las reuniones que ellos han hecho en Barrancabermeja y en Bogotá con la vicepresidencia de talento organizacional, pero hay decisiones que no dependen de la Junta de Ecopetrol, sino del gobierno nacional. Esto quiero que quede claro porque la relación entre la USO y Ecopetrol es buena, pero hay decisiones que dependen del gobierno nacional.
Una diferencia concreta es que nosotros creemos en la necesidad de la transición energética, pero esto no significa dejar de producir petróleo y gas. Hay que seguir produciéndolos, es el negocio tradicional de Ecopetrol, y además garantiza el abastecimiento energético nacional. Si no encontramos nuevas reservas, esto va a poner en aprietos a Ecopetrol y a la economía del país, porque solamente tenemos reservas de hidrocarburos para siete años. Hoy tenemos una producción en barriles equivalentes a 758 mil barriles diarios, que incluye la producción que se hace con fracking en la cuenca Permian en Estados Unidos. Ese contrato se extiende hasta el 2025. Hoy tenemos 580.000 barriles de crudo, sin contar el gas. Si a esos barriles le quitamos los 64.000 barriles que aporta la cuenca Permian, al finalizar el próximo año nos queda una producción de 516.000 barriles de crudo. Si se le aplica un factor de declinación del 10 por ciento, al cabo de 2 años vamos a tener 374.000 barriles. Es decir, vamos a tener que importar crudo para cargar nuestras propias refinerías, pero con el agravante de que no vamos a tener nada que exportar. Este es un tema que nos preocupa como sindicato y le debería preocupar al país. Hay que explorar más, sí o sí.
En dos años, si no hay nuevos hallazgos, no vamos a tener suficiente crudo para cargar las dos refinerías más grandes del país: Cartagena y Barrancabermeja. Hoy se importan algunos barriles de crudo para poder tener las cargas que demanda la refinería de Cartagena, es decir, se importa por un tema eminentemente técnico, pero también se exporta. Colombia exporta más de 300.000 barriles de crudo.
El actor más importante en materia de hidrocarburos en Colombia es Ecopetrol. La empresa garantiza la autosuficiencia energética y refina 440.000 barriles al día, transporta más de 1.100.000 barriles entre derivados y crudo, produce 7 de cada 10 barriles y genera el 80 por ciento del gas del país. Entonces no se puede dejar de invertir en el negocio tradicional, no solamente por un tema de abastecimiento energético, sino también por un tema de ingresos para las arcas de la nación.
cg: Otra preocupación de la USO ha sido la generación de empleo. ¿Qué propuestas ha hecho la USO a Ecopetrol para que la transición energética de la empresa no resulte en la pérdida de empleos?
cl: En una reciente Asamblea estatutaria de Ecopetrol, se aprobó que la empresa sea considerada como una empresa de energías y no solamente de petróleo y gas. Hay que tener en cuenta que las grandes empresas petroleras del mundo están adoptando el mismo esquema. Por ejemplo, Equinor, empresa estatal de Noruega, gestionó en el año 2018 una transformación administrativa interna, volviéndose empresa generadora de energías.
Una estrategia similar puede permitir que Ecopetrol lidere la transición energética en Colombia, pero se requieren cuantiosos recursos y un cambio en la regulación. Actualmente, la petrolera no puede vender energía limpia, sólo generarla para su autoconsumo. Nosotros consideramos que, en términos generales, la transición energética en Colombia la debe liderar Ecopetrol, para que quede en manos del Estado. De lo contrario, el negocio va para empresas privadas o multinacionales y, por supuesto, eso contribuye a encarecer la energía.
Además, hay una situación de orden laboral que nosotros queremos mencionar. Los empleos que genera la industria del petróleo y el gas en el país son empleos de calidad, son empleos dignos: muy bien remunerados gracias a la lucha de la Unión Sindical Obrera y de los trabajadores de las comunidades. Mientras que los empleos que generan las fuentes de generación energética alternativas como la energía solar, son empleos con salarios bajos, que no tienen abundante mano de obra como suele ocurrir en los centros de generación eléctrica. Entonces, realmente la calidad del empleo es diferente y hay que garantizar que los empleos de las energías limpias sean también dignos y con protecciones. Dentro de Ecopetrol se podría hacer esto, ya que es una empresa con una trayectoria de garantías laborales para sus trabajadores.
cg: ¿Cómo se ven en el marco más amplio de movimientos internacionales de trabajadores del petróleo, por ejemplo, con los sindicatos de empresas como Petrobras y Pemex?
cl: Lula tiene un gobierno de izquierda, pero yo no he escuchado que esté promoviendo dejar de producir petróleo y gas en Brasil. Al contrario, ellos cada vez vienen incentivando más la explotación offshore. El reto que tienen es llegar a 6 millones de barriles. Eso no significa que no estén alineados con la transición energética, sino que van trabajando en las dos vías. A pesar de que el gobierno está comprometido con la transición, no hay riesgo sobre el empleo de la industria petrolera porque ellos siguen explotando.
En cambio, aquí se considera que hay que dejar de depender lo más pronto posible de los hidrocarburos. Eso no va a ocurrir por razones técnicas y socioeconómicas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en una región como el Valle Medio del Magdalena, que históricamente ha dependido de la industria petrolera al ser foco de producción, explotación, refinación y transporte? Uno tiene que hacer una transición socioeconómica para que la gente, en vez de depender del petróleo, dependa de otras potencialidades económicas del territorio, pero eso no se hace de la noche a la mañana.
cg: En Colombia hay un debate sobre los subsidios a la gasolina y el diesel. El gobierno Petro, en línea con su política de desincentivar los hidrocarburos, ha tomado decisiones para quitar parte de esos subsidios, lo que ha repercutido en un aumento de los precios de la gasolina y ahora del diesel, una medida muy impopular entre el gremio de los transportadores. ¿Qué piensa la USO de esta medida de quitar esos subsidios?
cl: El presidente Petro buscó, desde agosto de 2022, desmontar el conocido Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado en 2007, con la idea de evitar las fluctuaciones de precio. La intención era que el fondo se alimentaría al cobrar más alto al precio internacional del petróleo cuando estuviera bajo, y convertiría ese superávit en un subsidio de la gasolina cuando el crudo estuviera alto. Pero desde su creación ha sido deficitario, por lo que el Estado tuvo que subsidiar el fondo. Petro decidió inicialmente quitar el incentivo de la gasolina y ahora anuncia que lo hará con el diesel también. Desde julio de 2022, el precio de un galón de gasolina ha aumentado de 9.46 pesos a 14.546 pesos, un incremento del 61 por ciento en términos nominales y del 40 en precios constantes (ajustando la inflación).
En Colombia hay una estructura de precios de los hidrocarburos donde un 35 por ciento de estos son impuestos. El otro elemento que contribuye a que nuestros combustibles sean caros es que se tiene como referente el combustible que se compra en el Golfo de México. Ese precio es un referente internacional que se traslada al país. Por eso se dice que el gobierno subsidia con determinado dinero cada galón de gasolina, claro, porque en el Golfo de México el galón de gasolina tiene un precio superior. Entonces, por eso el gobierno aplicó una tarifa de liberación de precios que funciona para equipar a los precios del Golfo de México. Eso lo hizo con la gasolina y es lo va a hacer con el petrodiesel.
Recientemente el ministro de Hacienda dijo que el incremento en el diesel iba a ser de 6.000 pesos, 2.000 este año y 4.000 el año siguiente en dos incrementos. Eso va a generar una inconformidad social, porque los transportadores ya amenazaron con paralizar la producción, y, de hecho, ya lo hicieron con movilizaciones este mes.
Nosotros desde la USO hemos dicho que ojalá se trabajara con rigor académico y técnico para generar una nueva estructura de precios donde se paguen menos impuestos y eso permita que los combustibles sean más baratos. Otra opción es que a Ecopetrol se le diga que el barril de crudo, después de que lo procese y lo entregue en puntos de abastecimiento, va a tener un margen de utilidad por refinarlo, aunque eso no ha sido posible por una razón muy sencilla: en la medida en que la estructura de precios cambie, esos impuestos se reducen y entonces los ingresos para las regiones van a ser menores. Entonces, acá hay un problema estructural que está fundamentado en la forma como se define el precio del combustible.
Todo esto debería ser un debate de carácter público porque la gente se pregunta, por ejemplo, si hoy se importa el 20 por ciento de la gasolina que se consume en el país, pero el diesel se produce totalmente en el país con nuestros crudos, ¿por qué tienen que tasar las cuentas de la gasolina y del petrodiesel con los precios del Golfo de México si gran parte se produce acá? Ese es un debate que lleva mucho tiempo en el país. Desde el sindicato consideramos que se debería cambiar la estructura de precios en el país sin que eso implique pérdidas para Ecopetrol o implique no tener tributación por ese efecto.
cg: Finalmente, ¿cómo ve usted la exploración futura de petróleo y gas?
cl: Un ejemplo se ve en lo que ha pasado en el proyecto Komodo 1, que es la perforación de un pozo offshore a 40 km de Santa Marta, que busca marcar una posible provincia gasífera donde puedan estar las reservas de gas que el país necesita para los próximos años. Pero este proyecto está temporalmente suspendido por una decisión del Ministerio de Ambiente, que le pidió a la autoridad ambiental suspender el trámite hasta que se tuviera más información sobre sus impactos. La situación es contraproducente para Ecopetrol y para el abastecimiento energético que necesitamos garantizar. Hay una solicitud en el despacho de la ministra para que más de 80 pozos estratigráficos se puedan convertir a pozos productores, pero no se han dado avances en esa solicitud.
Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a que es necesario que los entes del gobierno se coordinen en la vía de fortalecer la exploración en Colombia, incluso con los mismos 300 contratos que el país tiene firmados. Otro ejemplo fue precisamente el que salió a la luz pública hace un par de semanas, y fue que Ecopetrol desistió de hacer un negocio de aproximadamente 3.600 millones de dólares en Estados Unidos al no comprarle a Oxy un porcentaje de los activos de la empresa CrownRock. Este proyecto iba en la dirección de incrementar la producción de barriles de la empresa en un 9 por ciento, pero la Junta de Ecopetrol dijo estar en desacuerdo por razones fiscales y porque, finalmente, el gobierno se opone al uso de la técnica fracking. Nosotros no estamos diciendo que la decisión debió ser otra, pero si le planteamos a la Junta de la empresa que esos 3.600 millones de dólares que no se usaron los traigan e inviertan en el país.
Entonces, no puede ser que todos los proyectos para ampliar la producción queden parados sin una alternativa clara de cómo puede crecer económicamente la empresa. Por ahora no hemos recibido una respuesta del gobierno frente a esa solicitud. Hemos pedido en reiteradas ocasiones reunirnos con el presidente Petro, pero no ha sido posible.
El 28 de agosto, Israel lanzó su mayor ofensiva militar en Cisjordania desde la Segunda Intifada, ocurrida hace más de dos décadas. La operación, denominada “Campamentos de Verano”, tuvo como objetivo las ciudades de Jenin, Tulkarem y Tubas, ubicadas en el norte del territorio, y resultó en la muerte de treinta y nueve palestinos. Además, el ejército dejó 150 heridos, arrestó a decenas de personas y destruyó infraestructura clave. Varios tramos de carretera fueron destrozados, las fachadas de comercios arrasadas por bulldozers y las líneas de agua y electricidad quedaron gravemente dañadas.
A pesar de las declaraciones de funcionarios de seguridad israelíes que indicaban que las redadas podrían marcar el inicio de una prolongada operación militar, se ha producido la retirada de algunas ciudades del norte. Mientras tanto, las tropas siguen activas, con redadas y arrestos reportados durante el fin de semana en Nablus y Hebrón (El ejército israelí también mató a una activista turco-estadounidense en una manifestación al sur de Nablus el pasado viernes al dispararle en la cabeza).
La reciente operación terrestre y los bombardeos aéreos, lejos de representar la apertura de un nuevo frente en Gaza o la frontera con el Líbano, son en realidad una intensificación de la actividad militar de Israel en el territorio. Las fuerzas israelíes ingresan a la Cisjordania ocupada a su antojo, con frecuencia bajo el pretexto de atacar a los combatientes de la resistencia palestina. Desde el 7 de octubre, más de 650 palestinos han sido asesinados en Cisjordania y Jerusalén del Este, de los cuales más de 150 eran niños. Días antes del inicio de la Operación Campamentos de Verano, soldados colonos atacaron Wadi Rahal, un pueblo cercano a Belén, y asesinaron a un hombre palestino. Dos semanas antes, algunos colonos llevaron a cabo un pogromo en la aldea de Jit, incendiando viviendas y matando a otro hombre. Incluso antes de octubre, el año 2023 ya había sido el más mortífero para los palestinos en Cisjordania.
Estos hechos se enmarcan en el contexto del genocidio en curso por parte de Israel en Gaza y de una ocupación militar que lleva vigente desde 1967. Esta ocupación, que es considerada ilegal por la comunidad internacional, se vuelve cada año más arraigada y violenta, de maneras muy profundas.
La mañana después de que comenzaran las recientes incursiones en el territorio, hablamos con Fathi Nimer sobre las redadas, las condiciones en Cisjordania desde octubre y la historia de la anexión y ocupación. Nimer ha trabajado en el Arab World for Research and Development, la Universidad de Birzeit y el Centro de Estudios de Derechos Humanos de Ramallah. Actualmente es investigador de políticas palestinas en Al-Shabaka.
Una entrevista con Fathi Nimer
JACK GROSS: En septiembre 11, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lanzaron un ataque en varios lugares de Cisjordania, con informes de ataques aéreos en Nur Shams, bombardeos en Faraa, redadas en Beit Fajjar y un cerco en Jenin. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre lo que ha ocurrido? ¿Fue una operación limitada o una escalada más sostenida?
FATHI NIMER: Los rumores de una operación más intensa en Cisjordania han estado circulando durante los últimos meses y, de hecho, durante los últimos dos o tres años. Una razón detrás de ello es el surgimiento de diferentes grupos de resistencia, particularmente en los campos de refugiados, que son de los pocos lugares donde los palestinos pueden organizarse con menor interferencia, ya sea de la Autoridad Palestina (AP) en su papel de coordinadora de seguridad o del aparato de inteligencia de Israel.
Estas áreas se han convertido en centros de los nuevos grupos de resistencia armada que Israel pensaba que había eliminado. Desde que comenzó el genocidio, los grupos en Cisjordania han intentado desviar los recursos de las FDI de Gaza. Podemos darnos una idea de la amenaza que estos grupos representan, ya que por primera vez en casi veinte años, Israel está recurriendo a bombardear estos campamentos desde el aire. No pueden seguir con incursiones terrestres sin costo alguno; la estrategia típica es arrestar, asesinar y bombardear de manera directa. Han estado haciendo esto durante diez meses en Cisjordania, pero no han logrado los resultados deseados. Con un gran ataque, las FDI creen que pueden infligir suficiente daño para disuadir la resistencia.
Los lugares que las FDI han estado atacando guardan una cierta relevancia. Jenin es conocida como un sitio de resistencia desde la Segunda Intifada, y en el pasado ha sido objeto de toques de queda prolongados y asesinatos selectivos más que otras ciudades de Cisjordania. Pero algunos de los lugares bajo asalto de las FDI en este momento, como Jericó, por ejemplo, no han estado asociados con la resistencia armada. La situación en Cisjordania ha empeorado de forma tan acelerada en los últimos años, y aún más desde la coyuntura de octubre, que incluso áreas que en el pasado no habían sido objeto de ataques armados, ahora se están viendo involucradas.
Aunque el enfoque actual de las FDI se centra en el norte de Cisjordania, esto no representa el final de la historia. Paralelamente, la Autoridad Palestina está llevando a cabo una intensa campaña de seguridad en Nablus. En este tipo de operaciones en Cisjordania, no siempre es evidente cuál es la diferencia entre las Fuerzas de Seguridad Nacional de Palestina y las Fuerzas de Defensa de Israel, ya que ambas trabajan en conjunto con el objetivo compartido de neutralizar la resistencia armada y cualquier desafío al monopolio del poder que ejerce la AP.
Es importante tener en cuenta que estos acontecimientos se han venido acumulando hasta llegar a esto durante algunos años. Creo que el 7 de octubre aceleró el proceso, pero íbamos hacia este nivel de escalada porque la política de Israel es, como siempre, golpear con la mayor fuerza posible sin abordar las presiones subyacentes. Cuando las causas profundas permanecen sin cambios, en definitiva habrá una resistencia continua.
Otra cosa a destacar es que, evidentemente, Israel puede bloquear y llevar a cabo un genocidio en Gaza sin repercusiones locales, pero hay cientos de miles de colonos en Cisjordania. Cisjordania es un territorio pequeño, con colonos distribuidos por todas partes; por diseño y por necesidad, los asentamientos están construidos para evitar un territorio palestino contiguo que pueda convertirse en un Estado. Los palestinos están rodeados de colonos israelíes, y los colonos israelíes están rodeados de palestinos. Esto significa que, a todos los efectos, un confinamiento total es imposible.
La estrategia de Israel puede ser «vivir por la espada», pero la espada se extiende a tres frentes activos: Gaza, Líbano y ahora Cisjordania, y con la participación periódica de otros grupos en la región. En esta situación, ¿puede Israel desplegar grupos de soldados en cada asentamiento, poniendo un tanque en cada esquina? Esto afectaría su preparación de combate en estos otros frentes.
No verás este análisis en la dirigencia política, que solo se dedica a propagar bravuconadas. Sin embargo, entre el liderazgo militar existe una comprensión: si Cisjordania realmente se desata y estalla una rebelión, será un problema mucho mayor para ellos que cualquier otro frente que les preocupe, ya que las poblaciones están demasiado entrelazadas en este punto.
DYLAN SABA: En Cisjordania, como mencionaste, ha habido un aumento en la actividad de resistencia durante los últimos años, especialmente en lo que se denominó la Intifada de la Unidad en 2021. Algo característico de ese momento y de los años siguientes es la aparición de grupos de resistencia palestinos que no están afiliados a las facciones históricas de la política palestina. ¿Sigue siendo así o ha habido un regreso a la resistencia política faccional en Cisjordania?
FN: Mi impresión es que esto sigue siendo así. En general, los jóvenes están muy desilusionados con los aparatos formales de los partidos. Si somos honestos, la mayoría de las facciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) han sido desmovilizadas en gran medida. Fatah sigue alineado con la Autoridad Palestina (AP), y por lo tanto no está interesado en una escalada; esto no es cierto para todas las corrientes dentro de Fatah, pero las facciones pro-resistencia han sido fuertemente marginadas desde el final de la Segunda Intifada.
En la década de los 2000, incluso tuvimos a un estadounidense, el general Keith Dayton, que vino y presidió lo que se llamó una reforma del sector de seguridad. Los detalles de este episodio son complejos, ya que implican tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos e Israel, y cooperación con la inteligencia jordana y el ejército egipcio, pero lo que hizo, en pocas palabras, fue crear un nuevo grupo de soldados entrenados por los estadounidenses, leales al liderazgo de la AP, pero no a Fatah como partido político en sí. La antigua fuerza de seguridad fue desmantelada, y esta nueva fuerza, entrenada por los Estados Unidos, la reemplazó. Estas son las mismas fuerzas que reprimen protestas, incluso con medios letales, en toda Cisjordania.
Y tiene sentido; de manera inevitable, la mayoría de las protestas se convierten en protestas contra la AP, porque este es el cuasi-gobierno que participa en la represión directa de los palestinos. La asfixiante atmósfera política en Cisjordania genera mucho temor hacia el mukhabarat, el estado de inteligencia, en un estilo típicamente árabe, pero aquí en Cisjordania solo tenemos las capacidades represivas del Estado sin el Estado real.
Volviendo a tu pregunta sobre los grupos de resistencia actuales. Es importante entender que estos atraviesan las facciones; los jóvenes se afilian a diferentes grupos partidarios sin el aval oficial de esos grupos. Creo que esta es una de las principales razones por las que han sido difíciles de reprimir y cooptar. No es fácil dominarlos mediante estrategias de represión frontal o sobornos. Lo anterior fue muy evidente con la Guarida del León, un grupo de la Ciudad Vieja de Nablus que ganó cierta prominencia en 2021. La AP no pudo sobornarlos con trabajos en el aparato de seguridad, e Israel llevó a cabo una campaña de un año para asesinar a cada líder de ese grupo, pero no logró desmantelarlo por completo. Es posible que esta sea parte de la razón por la que el ataque israelí es tan severo y devastador. El mensaje intencionado es que su poder es abrumador y que resistir es ridículo. Y creo que ese mensaje intencionado explica gran parte de la política de «seguridad» israelí en Cisjordania.
DS: Has señalado varias amenazas que los palestinos en Cisjordania están enfrentando y han enfrentado desde antes del 7 de octubre: amenazas de incursiones militares israelíes, violencia de los colonos y de la AP. ¿Cómo entiendes la relación entre estas diferentes fuerzas represivas en Cisjordania?
FN: El objetivo de colonización del Estado israelí es obtener la mayor cantidad de tierra palestina, con la menor cantidad posible de palestinos.
Incluso cuando no se dice de manera explícita, ese imperativo sigue animando el núcleo de la política israelí. Cada una de las fuerzas opresivas que mencionaste está orientada hacia ese objetivo. En el caso de los colonos, son tropas subcontratadas que llevan a cabo la colonización de Cisjordania. Es un error ver a los colonos y al Estado como separables.
Cuando los colonos acosan a los palestinos, son protegidos por el ejército israelí, que, al ser un ejército de reclutamiento, también incluye a colonos enlistados. De hecho, hay unidades enteras que solo incluyen a colonos. (Una de esas unidades, como recordarás hace unos meses, se suponía que recibiría sanciones de parte de Estados Unidos, pero el país retrocedió, porque incluso ese gesto simbólico de aplicar la Ley Leahy fue demasiado para la administración de Biden).
Así que estas fuerzas trabajan de la mano. Los colonos son más directos en el robo de tierras, y ven al ejército como demasiado lento y cauteloso en su método de anexión. El ejército ve a los colonos quizás como una vergüenza a nivel internacional, pero al final del día, ambos tienen el mismo objetivo, que es maximizar la posesión de tierras palestinas.
Existen muchos métodos de expropiación, y la expansión mediante asentamientos es solo una forma de anexión en Cisjordania. Las reservas naturales se usaron para anexar muchas tierras palestinas, y en las colinas del sur de Hebrón designaron una franja entera de tierra como una «zona de tiro militar cerrada», anexada presumiblemente para fines militares, pero que fomentaba el asentamiento ilegal.
A pesar de la retórica israelí que sugiere lo contrario, una evaluación del período posterior a Oslo indica que la Autoridad Palestina ha sido una de las mejores inversiones para Israel: ellos mantienen el control de las fronteras y el espacio aéreo, mientras que la AP se encarga de todo el “trabajo sucio”, como la educación, la recolección de basura, la atención médica, las preocupaciones de seguridad de Israel y toda la desagradable administración básica que, según el derecho internacional, debería ser responsabilidad del ocupante. Y deben hacerlo bajo condiciones extremas y restrictivas.
La Autoridad Palestina fue creada en teoría como un cuerpo interino para establecer un Estado palestino en cinco años. Surgió del proceso de Oslo y, más específicamente, de Oslo II. Pero los parámetros del poder de la Autoridad Palestina eran muy limitados, entonces y ahora. La Autoridad Palestina carece de cualquier autonomía o soberanía real. En este punto, es un cuerpo administrativo glorificado. Uno de los aspectos de Oslo II es que hubo algo llamado el Protocolo de París, que es el sistema económico de la Autoridad Palestina y cómo gestionaría su economía y qué relación tendría con la economía israelí, porque a todos los efectos, la economía israelí absorbe a la economía palestina. Y eso también fue por diseño, a través de un proceso de des-desarrollo que comenzó desde el principio de la ocupación, donde instauraron todas estas leyes para impedir que los palestinos compitieran de alguna manera con los israelíes y para inundar los mercados palestinos con productos israelíes. De esta manera, los palestinos son una base de consumidores cautivos, y también una fuerza laboral cautiva, tanto dentro de las fronteras de Israel como en los asentamientos de Cisjordania.
JG: ¿Puedes profundizar en cómo se divide Cisjordania en términos legales, militares y de infraestructura? ¿Qué son las Áreas A, B y C, por qué existen estas distinciones y qué significan para los palestinos que viven bajo ocupación? ¿En qué medida se han intensificado las restricciones sobre el movimiento y la actividad económica de los palestinos en Cisjordania desde el 7 de octubre?
FN: Como parte del marco de Oslo, Cisjordania se divide en Áreas A, B y C. El Área A es la más pequeña. Está bajo control palestino, teóricamente—pues no hay nada bajo control palestino real. En el Área B, se supone, hay un control compartido, entre la AP en el lado de los asuntos civiles y las FDI en «seguridad». El Área C, que comprende la mayor parte de la superficie terrestre de la región, está bajo un control completo por parte de Israel y forma la mayor parte de lo que se suponía que sería el «Estado palestino», tras el proceso de paz. Es en este contexto que la Autoridad Palestina mantiene su programa político impulsado por la solución de dos Estados.
A los palestinos no se les permite tener su propia moneda ni recaudar sus propios impuestos. Israel recauda impuestos por todo, en particular, el IVA e impuestos de importación, lo que significa que, si Israel quiere congelar o apropiarse de esos ingresos, puede hacerlo. Lo hacen a menudo cuando quieren ejercer algún tipo de presión sobre la Autoridad Palestina. Esto significa que ni siquiera podemos cambiar nuestras tarifas, nuestros impuestos, o nada de eso. Tenemos una unión fiscal, pero tampoco se nos permite cambiar nada de eso. También hay proyectos como el Comité Conjunto de Agua, que determina cómo se distribuye el agua—una reformulación nominal de lo que era antes de la AP—que otorga poder de veto al ejército israelí sobre cualquier cosa relacionada con el agua. Al final del día, es Israel quien determina qué palestinos reciben agua, porque ellos otorgan los permisos.
Por ejemplo, no se nos permite cavar para obtener agua más allá de una profundidad específica, y si te atrapan haciéndolo, vendrán y verterán cemento en el pozo. Si quieres cavar para obtener agua, tienes que solicitar un permiso. Por supuesto, los permisos tienen una tasa de rechazo de más del 98 por ciento. Esto ocurre incluso en el Área A, que supuestamente está bajo control total de la AP.
Podemos trazar un paralelo entre el sistema de agua y muchas otras restricciones sobre los recursos en la mayor parte de Cisjordania porque este sistema de control afecta todo. Incluso si quieres construir una casa, necesitas un permiso. No solicitas un permiso a tu gobierno, la AP. No, solicitas un permiso a la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) del ejército israelí. Y te deseo buena suerte al intentar conseguir uno. Por eso escuchamos tanto sobre las demoliciones de casas, que no solo se ejercen punitivamente contra personas condenadas por «terrorismo», sino contra familias sujetas al régimen de permisos de Israel. Las condenas por terrorismo, por cierto, también ofrecen una visión muy interesante de los tribunales militares de Israel, ya que el 99.7 por ciento de los casos terminan en condena. Básicamente podrían acusarte de, quién sabe, cultivar un árbol en tu cabeza, y aún así podrías ser condenado porque el sistema funciona de esa manera. No hay una forma real de apelar a nada, si es que tienes un juicio para comenzar. En el caso de la detención administrativa, ni siquiera tienes un juicio ni un debido proceso. Más de 3,600 palestinos están actualmente detenidos de esta manera. Simplemente te ponen en prisión durante seis meses, esto podría repetirse de manera indefinida, y en muchos casos el abogado ni siquiera está al tanto de cuál es el cargo. Muchas personas han pasado diez o veinte años en detención administrativa sin saber por qué.
Todos estos diferentes sistemas hacen que vivir en Cisjordania sea muy difícil, especialmente en el Área C, que está bajo completo control israelí. El Área C es predominantemente rural, y el objetivo es que tantos palestinos como sea posible se muden de estas áreas rurales, donde su hábitat obstruye el acceso a varios recursos, a los centros urbanos, que se encuentran en el Área A, como las principales ciudades de Ramallah, Nablus y la mayor parte de Al Jalil.
¿Qué está sucediendo ahora, desde el 7 de octubre? La vida, como he descrito, ya era difícil en estas áreas. Pero desde octubre, las cosas se han vuelto mucho más difíciles y mucho más impredecibles.
Puede que haya visto imágenes de Ben-Gvir repartiendo rifles a los colonos. Se han distribuido más de 100,000 armas desde el inicio de la guerra, y los colonos utilizan estas armas para acosar, atacar y disparar a los palestinos en Cisjordania sin mucho sentido. El ejército, por supuesto, los acompaña.
Más de 150,000 palestinos trabajan al otro lado de la Línea Verde, y a todos se les prohibió cruzar para obtener su sustento después de octubre. Solo como un ejemplo de un cambio, mi familia tiene una pequeña granja en un pueblo llamado Kufr Ein, que está a treinta minutos de Ramallah. Desde el 7 de octubre, con los colonos yendo de un lado a otro y el cierre de los puestos de control, ahora nos toma más de una hora llegar, porque tenemos que tomar un camino muy indirecto por pequeñas carreteras y a través de pueblos palestinos que no tienen la infraestructura para este tipo de tráfico.
Incluso antes de octubre, se estimaba que se desperdician 60 millones de horas de trabajo cada año debido a las restricciones de movimiento impuestas a los palestinos. Las restricciones de movimiento incluyen puestos de control, carreteras de desviación, el muro de separación, el régimen de permisos y otras diversas dificultades.
Todas estas dificultades nos impiden incluso adaptarnos al sistema de ocupación en el que vivimos, porque no quieren una economía palestina real ni autosuficiencia para los palestinos. Un ejemplo claro de esto es que las cooperativas agrícolas, que una vez fueron la columna vertebral de la economía palestina en la década de 1980, fueron blanco de Yitzhak Rabin, quien era Ministro de Defensa en ese momento. Rabin instruyó al ejército para imponer toques de queda en los pueblos palestinos durante las cosechas para que sus cultivos se pudrieran en el campo.
En la década de 1960, Moshe Dayan afirmó que cortar la electricidad de Hebrón sería una forma de control mucho más eficaz que mil operativos para dispersar disturbios, y tenía razón. La elección que se presenta, por ejemplo, al mudarse del pueblo de tu familia para trabajar al otro lado de la Línea Verde—lo que resulta en menos palestinos en las áreas donde los colonos israelíes quieren establecer asentamientos—es entre sufrir la privación o volverse una pieza más dócil del sistema.
JG: Más allá del control militar directo sobre los palestinos y sus medios de vida en Cisjordania, se han dado esfuerzos para transferir parte de ese control militar al control civil israelí. En la primavera de 2023, tras una votación del partido Likud en 2017 para buscar la anexión formal y completa de Cisjordania, un acuerdo entre Smotrich y el Ministro de Defensa Yoav Gallant comenzó a transferir una serie de poderes del control militar al control civil, un paso claro hacia la anexión de jure y no solo de facto. Esta transferencia de autoridades se ha acelerado en el último año. ¿Puedes contarnos sobre estos movimientos, qué representan tanto como cuestión de la política de colonización de Israel como en el terreno para los palestinos en Cisjordania?
FN: Siempre que Israel hace algo de jure, típicamente ya ha sido establecido de facto.
Vimos esto con Jerusalén del Este, que fue tratada como parte de Israel durante décadas, en clara violación del derecho internacional. Y luego, en la década de 1980, fue como: “sabes qué, hagámoslo de jure,” y aprobaron la Ley de Jerusalén, que declaró a Jerusalén unificada como la capital de Israel. La reacción a ese movimiento se ha calmado, a nadie le importa ya. Así es también como van a cambiar el statu quo con respecto al Noble Santuario. Han negado cualquier intención de cambiar su estatus durante mucho tiempo, pero lo están haciendo ahora.
La anexión de Cisjordania ha sido un objetivo abierto del bloque pro-asentamiento durante mucho tiempo. También es simplemente una posición típica de la derecha en Israel en general.
Por muy interesante que sea, discutir escenarios de soberanía es un ejercicio académico en este momento, porque los hechos sobre el terreno están determinando todo. Algunos poderes para emitir permisos, como mencionaste, han sido transferidos a una autoridad civil, lo que es una enorme violación de la Cuarta Convención de Ginebra y de la ley de ocupación. Para que una ocupación sea legal, necesita ser temporal; ese es un concepto fundamental del derecho internacional de los derechos humanos y uno que los tribunales israelíes repiten con frecuencia. Pero dado el traslado de cientos de miles de colonos al territorio ocupado, es claramente un engaño delirante llamar a la ocupación temporal. Simplemente no se invierten miles de millones de dólares en un área o se construye infraestructura permanente para ejercer control permanente si es temporal. Y no se transfiere el control a una autoridad civil si se está llevando a cabo una ocupación militar temporal. Hay evidencia muy clara desde hace décadas de que tienen la intención de anexar la Cisjordania.
Entonces, ¿qué significarán estos nuevos movimientos para los palestinos? Creo que el mayor efecto que tendrá sobre los palestinos es que, en lugar de una tasa de rechazo de permisos del 98 por ciento, veremos una tasa de rechazo del 100 por ciento, una diferencia de grado o de velocidad. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo se ve la anexión de jure? No creo que quieran tomar el control de la Zona A por completo. Creo que preferirían tener una Autoridad Palestina aún más disminuida, tal vez gobernada por alguien como Mohammed Dahlan, en la Zona A, mientras toman el control completo de la Zona B y la Zona C.
Ya están comenzando a entrelazar asentamientos en la Zona B, lo cual fue un gran tema de noticias cuando ocurrió por primera vez hace una década, pero ahora se ha normalizado. Los parámetros de los Acuerdos de Oslo han estado colapsando lentamente durante un tiempo, pero creo que es seguro decir que se han roto por completo.
Incluso si se logra un alto al fuego, no volveremos a como estaba antes. Ni siquiera la Cisjordania o Gaza, ni siquiera dentro del ’48, donde los ciudadanos palestinos de Israel están básicamente viviendo bajo el régimen de un estado militar en este momento. Algunos colegas que viven dentro de Israel describen un nivel de censura similar a como era antes de 1967, cuando vivían bajo gobierno militar.
Después de la retirada de Gaza en los años 2000, nadie quería considerar la posibilidad de una reocupación. Los israelíes estaban contentos de liberarse de la carga. Pero ahora hay personas que realmente piden la limpieza étnica de Gaza, para vaciarla y restablecer asentamientos allí; esto es un cambio radical con respecto a la última década. Si un regreso a la colonización directa es factible nuevamente en un área como Gaza, eso representa una amenaza significativa para Cisjordania. El statu quo aquí no se mantendrá. Solo esta semana, el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz, sugirió evacuar a los palestinos de Cisjordania para hacer frente a la resistencia armada. Entonces, a pesar de la extensa continuidad y el precedente que estoy describiendo, también creo que no estamos preparados para lo que se avecina. Mil líneas rojas han sido cruzadas. La única forma en que Israel detendría todo esto es si hubiera un precio—político, económico—por sus políticas.
DS: Has descrito las poblaciones entrelazadas de colonos y palestinos en Cisjordania. El número de colonos judíos israelíes en los territorios ocupados después de 1967 ha pasado de un par de miles a casi 500,000 (con 230,000 en Jerusalén del Este y 25,000 en los Altos del Golán). ¿Cómo se ha fomentado ese asentamiento desde el aspecto ideológico y económico?
FN: Se fomenta muy fuertemente el traslado a los asentamientos porque los colonos tienen muchas subvenciones dirigidas hacia ellos y cuentan con mucha seguridad. Hay seis ministerios del gobierno que ofrecen beneficios para la educación, la vivienda, la inversión, el trabajo social y deducciones fiscales para individuos y empresas.
Los asentamientos son declarados áreas de prioridad nacional, lo que significa que reciben subsidios para el alquiler, para la educación e incluso mejoras en sus calificaciones crediticias. Esto significa que incluso los potenciales colonos no ideológicos pueden ser motivados a mudarse a los asentamientos ilegales, donde pueden disfrutar de los privilegios de la ciudadanía israelí y donde todo está tan disponible como lo estaría dentro de la Línea Verde, pero más barato.
Los asentamientos no son simplemente enclaves aislados; su construcción requiere una red de infraestructura, agua, electricidad, cercas y protección militar. Las carreteras requieren la anexión y segmentación de más territorio, lo que requiere construir cordones de seguridad, lo que requiere más anexión. Estamos hablando de agua, de electricidad, de cercas, de una presencia militar. Una presencia militar también necesita carreteras. Las carreteras requieren la anexión de más territorios, y luego tienen un cordón de seguridad alrededor del área, lo que requiere la anexión de más territorio de los palestinos.
JG: Uno de los puntos de origen que se discuten con frecuencia respecto a la anexión de Cisjordania es el Plan Allon. Dado que las narrativas principales sobre el proyecto de asentamientos tienden a asociarlo—especialmente ahora con figuras como Smotrich—con la extrema derecha de la política israelí, ¿podrías hablar un poco sobre esta historia?
FN: El Plan Allon original fue redactado por Yigal Allon después de la guerra de 1967 y la captura por parte de Israel de la Península del Sinaí, los Altos del Golán, Gaza y Cisjordania. Su propósito era esbozar los próximos pasos para la expansión de Israel. Pasó por muchas revisiones—Gaza originalmente debía ser anexada por completo, por ejemplo—pero sus diseños para la Cisjordania han permanecido notablemente consistentes, identificando el Valle del Jordán, las áreas alrededor de Jerusalén y las áreas al sur de esa.
Si miras el mapa del Área C y el mapa de la construcción de asentamientos hoy, se parece notablemente a lo que Israel esperaba hacer después de 1967. La agencia del Plan Allon era crear esta pequeña zona de autonomía entre Nablus y Jenin para que los árabes “se gobernaran a sí mismos”.
Las interpretaciones predominantes del Plan Allon no se cumplieron en realidad, pero los mapas, la lógica detrás de ellos, las áreas que fueron anexadas y las propuestas para la construcción de asentamientos son todas las mismas. Esto pone en cuestión la asociación del proyecto de asentamientos con la derecha, o con la organización extremista de la Juventud de las Colinas, o realmente con cualquier gobierno o corriente política específica en Israel. La lógica fundamental sigue siendo la misma, y la asociación de la anexión y la colonización con la derecha es un fenómeno muy reciente, desalineado con el historial de limpieza étnica de los palestinos.
DS: Me gustaría pasar al derecho internacional y a la estrategia de seguir un enfoque basado en derechos a través de apelar a instituciones internacionales. Existe un amplio consenso internacional de que el proyecto de asentamientos de Israel en Palestina es ilegal, pero, como has aludido, ese reconocimiento casi nunca se acompaña de acción o de consecuencias.
El mes pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva declarando que los asentamientos en toda la Palestina ocupada son ilegales en sí mismos, afirmando que Israel tiene la obligación legal de evacuar los asentamientos, pagar indemnización a los palestinos y honrar el derecho de retorno. ¿Cómo es recibida esta opinión por los palestinos en Cisjordania? ¿Cómo ha sido recibida la estrategia de Abbas en general en Cisjordania antes y después del 7 de octubre? ¿Crees que esta opinión, o este enfoque, abre nuevos caminos para la defensa y configuración de las demandas palestinas de autodeterminación?
FN: Hay cierta utilidad, especialmente en las relaciones públicas. Hay utilidad para la defensa porque, para muchas personas en todo el mundo, la idea del derecho internacional todavía sigue teniendo algún tipo de peso. Si un país está violando el derecho internacional, entonces tienes algo en lo que fundamentar su reclamo moral. No hay desacuerdo, digamos, entre los palestinos en la calle, de que nuestros derechos están siendo violados, que la Convención de Ginebra está siendo violada. La pregunta es: ¿qué nos trae eso?
Cuando se trata de realpolitik, no creo que, hasta ahora, haya influencia en cómo piensan los Estados. Hace apenas un par de meses, Estados Unidos declaró que una resolución del Consejo de Seguridad no es vinculante. Así que, ¿qué queda? Es todo el orden internacional el que acabas de trastocar.
La pregunta de cómo la decisión de la CIJ puede impactar la situación debe hacerse en el contexto del fracaso de las negociaciones posteriores a Oslo, que simplemente excluyeron el derecho internacional de la ecuación. En cada etapa, se presiona a los palestinos para que renuncien a sus derechos con el fin de que las negociaciones avancen. Si los palestinos se niegan a aceptar un mal acuerdo, son etiquetados como rechazadores que no desean la paz. Esta caracterización justifica una mayor ocupación y anexión, ya que se argumenta que supuestamente no se puede dialogar con ellos.
Este ha sido el modus operandi que ha perdurado por treinta años, con resultados catastróficos. La Autoridad Palestina, como aprendimos a través de los Documentos de Palestina hace unos años, básicamente ha renunciado al derecho de retorno consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Nadie consultó a los refugiados sobre ello, pero eso se sacrificó para avanzar en las negociaciones. Cuando miras las posiciones de negociación, el compromiso para Israel es simplemente una promesa de cumplir con el derecho internacional.
JG: Otro elemento sorprendente de la opinión de la CIJ fue la idea de que los asentamientos necesitan ser despoblados, dada su ilegalidad, lo que es un paso lógicamente necesario hacia una solución de dos Estados, pero también se encuentra en contradicción con los hechos sobre el terreno y la inmensa importancia política de los colonos en la política y sociedad israelí.
FN: Cuando Israel retiró a sus colonos en Gaza, desencadenó una enorme reacción pública, incluso la renuncia de Netanyahu del gobierno de Sharon. Aún hay un gran movimiento, el Movimiento Naranja, que protesta contra la desconexión de Gaza.
Luego, solo unas 8,000 personas fueron reubicadas. ¿Cómo sobreviviría Israel políticamente al reubicar a más de medio millón de colonos de sus puestos ilegales? La Autoridad Palestina incluso ofreció intercambios de tierras—intercambiando territorio israelí por asentamientos. Era un poco ridículo, pero fue producto de la desesperación surgida a raíz de la búsqueda de la solución de dos Estados. Sin embargo, fue inútil porque no había voluntad por parte de Israel para permitir un Estado palestino.
Vemos esa oposición total a un Estado palestino a diario en los comentarios de los gobernantes israelíes. Y así, en mi opinión, la solución de dos Estados—ya sea mencionada como la posición del gobierno de Estados Unidos o entre analistas y activistas—es una discusión completamente abstracta, una venda que distrae de los hechos sobre el terreno.
Para los palestinos, el número de estados no es el problema—es la soberanía. A través de Camp David, se nos ofreció una farsa de Estado sin control sobre nuestras fronteras, nuestro espacio aéreo, nuestra agua. En nuestro supuesto Estado soberano no tenemos ejército ni control sobre la mayoría de Jerusalén del Este, designada como nuestra capital. Eso es lo que se les ha ofrecido a los palestinos, y parece no tener ningún sentido.
Pero lo que los palestinos necesitan o quieren no es parte de la ecuación, y los Estados Unidos—con envíos diarios de armas y una inmensa dominancia en foros internacionales, sin los cuales Israel no puede sostenerse—no son un tercer partido neutral que actúe hacia una resolución significativa.
La progresión de las negociaciones de alto al fuego puede leerse como una analogía áspera y brutal de cómo las administraciones anteriores hablaban de avanzar hacia una solución de dos Estados: Una constante reafirmación de que la diplomacia está trabajando arduamente entre bastidores, a punto de lograr un avance, mientras la anexión y los asesinatos continúan con un apoyo inquebrantable.
Esta entrevista fue traducida del inglés al español por María Isabel Tamayo.
En el sistema legal internacional, la causa palestina ha logrado avances significativos desde el inicio de la guerra en Gaza. Además de los procesos legales que han surgido a raíz de la conducta de Israel en la guerra— Israel ha sido formalmente acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y los líderes israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, podrían enfrentar órdenes de arresto por crímenes de guerra y lesa humanidad—el denominado enfoque basado en derechos para la autodeterminación palestina ha cobrado impulso. En menos de un año, nueve países han anunciado el reconocimiento formal de Palestina, y en julio la CIJ emitió una opinión consultiva que declaró ilegal la ocupación y los asentamientos israelíes en Gaza, Jerusalén del Este y Cisjordania1.
Estos avances fortalecen la idea de que existe un Estado palestino de jure, aunque esté bajo ocupación beligerante por parte de Israel.
Desde la perspectiva de la liberación palestina, el enfoque basado en derechos tiene ventajas significativas sobre el paradigma que está reemplazando: el marco de Oslo, en el cual representantes israelíes y palestinos negocian bajo la supervisión estadounidense hacia el establecimiento de un futuro Estado palestino. Estas negociaciones bilaterales han fracasado consistentemente debido a la profunda asimetría de poder entre las partes y el rol parcial de Estados Unidos como intermediario. Al recurrir a marcos e instituciones legales internacionales para presentar reclamaciones hacia una resolución, el enfoque basado en derechos evita estos obstáculos.
Pero el enfoque legal tiene sus propias limitaciones. Al asumir la lógica de la partición, los esfuerzos en curso dentro de los marcos legales existentes pasan por alto la violencia fundamental de la desposesión y el desplazamiento palestinos que tuvo lugar mucho antes de que comenzara la ocupación israelí en 1967. En respuesta a estas limitaciones, en un reciente artículo de revisión legal, el académico palestino Rabea Eghbariah introdujo la Nakba como un nuevo concepto legal para capturar los daños precisos infligidos al pueblo palestino. (El artículo, “Toward Nakba as a legal concept” provocó la ira y censura de académicos y administradores de la Escuela de Derecho de Columbia, tal como había ocurrido anteriormente en Harvard. Finalmente, fue publicado por la Columbia Law Review en la primavera de 2024). Como abogado e investigador, Eghbariah trabaja en las restricciones a los derechos civiles y políticos de los palestinos, y está finalizando sus estudios doctorales en la Facultad de Derecho de Harvard. El editor de Phenomenal World, Jack Gross, y el abogado y escritor Dylan Saba hablaron con Eghbariah sobre la Nakba y Palestina en el derecho internacional.
Una entrevista con Rabea Eghbariah
Jack gross: Comencemos con una pregunta fundamental. ¿Qué hace única la experiencia palestina con respecto al derecho internacional?
rabea eghbariah: Hay dos formas de considerar esto. Una es desde el punto de vista de la singularidad, y otra desde el punto de vista de la relevancia, lo que podría no ser único, pero se vuelve particularmente evidente en el caso de Palestina. Por supuesto, Palestina tiene muchos aspectos únicos desde el punto de vista histórico, pero mi trabajo también se trata de demostrar que las estructuras legales internacionales implementadas en Palestina son parte de un sistema legal internacional más amplio y de las jerarquías coloniales. Es un campo para verlas en su forma más cruda.
Ahora existe una historia centenaria en torno a la cuestión palestina. Se puede rastrear hasta diferentes puntos de origen, pero un punto de referencia clave es la Declaración Balfour de 1917, cuando la administración británica se comprometió oficialmente a promover un “hogar nacional para el pueblo judío” en Palestina. A partir de ahí, el derecho internacional se convirtió en el marco que incubó el sionismo en Palestina a través del sistema de mandatos. Un aspecto único de Palestina bajo este sistema corresponde a que fue el único lugar, de todos los que fueron clasificados e incorporados por la comisión del Mandato, en ser respaldado y desarrollado como una colonia de asentamiento.
El sistema de mandatos fue un sistema de la Liga de las Naciones2. Dentro de él, diferentes naciones fueron clasificadas como Mandatos de Clase A, B o C. Palestina fue establecida como un Mandato de Clase A, lo que significaba que, según los clasificadores, estaba, entre comillas, lo más cerca de la civilización y la autoadministración. La Declaración de Balfour se emitió en 1917, le siguieron cinco años de gobierno militar, y el Mandato Británico de Palestina se formó en 1922.
El sionismo y el colonialismo británico trabajaron en conjunto bajo el sistema de mandatos. Esto se puede encontrar integrado y formalizado en todo el texto del Mandato Británico para Palestina. El Artículo 7, por ejemplo, contiene la única mención de la palabra “palestina”, refiriéndose a disposiciones para la adquisición de la ciudadanía palestina por parte de judíos. El sistema resultante sigue esta lógica, borrando al 94 por ciento de la población al definirla de manera negativa (simplemente como las comunidades no judías de Palestina), y otorga supremacía a las reivindicaciones nacionales judías sobre la tierra. El Mandato estuvo destinado a facilitar tanto la inmigración de judíos a Palestina como el desarrollo de instituciones sionistas de autogobierno, mientras suprimía o se le negaba lo mismo a los palestinos.
Todo esto, por supuesto, precede a 1948. Es la condición previa a la Nakba, el establecimiento de un sistema que negó la autodeterminación e hizo imposible que el pueblo palestino estableciera instituciones de autogobierno. Y fue claramente declarado como tal. Balfour escribiría explícitamente en una carta al primer ministro David Lloyd George: “en el caso de Palestina, rechazaremos de forma deliberada y justificada el principio de la autodeterminación”3.
El Mandato estableció la infraestructura legal internacional que realmente prepara el escenario para lo que está sucediendo hoy en Palestina.
Estamos hablando de un proyecto colonial de asentamiento promovido a través de instituciones legales internacionales que culmina en la Nakba de 1948. Hasta ese punto, el derecho internacional se reafirmó con el plan de partición. Después de la revolución árabe de 1936 contra el sistema de mandato, los británicos esencialmente buscaban una salida, y tras la Segunda Guerra Mundial, decidieron delegar la cuestión palestina a las recién formadas Naciones Unidas (ONU). La ONU envió un comité para informar sobre Palestina, y propuso dos visiones que competían entre sí: una visión minoritaria de un solo Estado, y una mayoritaria a favor de la partición 4. La mayoritaria, que, por supuesto ganó, contenía un lenguaje explícitamente racista, argumentando que los palestinos eran demasiado atrasados para tener derecho a la autodeterminación, y así sucesivamente. Este lenguaje colonialista todavía era muy influyente en 1947 e informaba la manera en que la comunidad internacional trataba con Palestina.
dylan saba: ¿Cómo entiendes el hecho de que la partición—tanto como una estrategia colonial como una tecnología legal—haya prevalecido?
re: La partición es un mecanismo desarrollado en el curso de la colonización. Los británicos la utilizaron primero en Irlanda y luego en el subcontinente indio. Se entendía como una especie de solución y una forma de descolonización—respondiendo, a través de estas medidas, a cuestiones de nacionalidad—pero, por supuesto, en cada caso, consolidó violentamente los legados del colonialismo. En el caso del subcontinente indio, esto significó una transferencia poblacional violenta—rompiendo la integridad territorial de la tierra, transformando el rango de identidades políticas imaginables y suprimiendo la autodeterminación de Cachemira.
En Palestina, la partición presentó el proyecto colonial sionista como un “conflicto” entre dos naciones en competencia, en lugar de entre una sociedad colonizadora y un pueblo colonizado. El concepto de partición también ha consolidado la lógica sionista de una identidad judía exclusivista que debe ser bifurcada y separada de las identidades políticas árabe y palestina. El mantra de dos Estados se remonta a esta premisa de partición.
Una vez que la lógica de la partición fue adoptada en Palestina, fue necesario negar su autodeterminación y fragmentar su integridad territorial para instalar el Estado judío sobre ella. La recomendación del Comité Especial de la ONU para Palestina (UNSCOP) en 1947 fue otorgar el 56 por ciento de Palestina al futuro Estado judío, en un momento en que los sionistas en Palestina solo poseían el 7 por ciento del área total del Mandato. Los autores del informe reconocieron que el 56 por ciento recomendado incluía las tierras más fértiles, mientras que la otra unidad, es decir, el futuro Estado palestino, quizás sería económicamente inviable o requeriría ayuda internacional continua para mantenerse. Por supuesto, los palestinos lo rechazaron, y es importante recordar que los palestinos continuaron articulando visiones políticas que desafiaban la partición y ofrecían horizontes políticos alternativos incluso después de 1948.
Sin embargo, la partición nunca se implementó en Palestina en su forma original, sino que dio lugar a la Nakba de 1948 y consolidó un brutal sistema de dominación, fragmentación y negación de la autodeterminación desde entonces. El Plan de Partición de la ONU, adoptado en noviembre de 1947, allanó el camino para la conquista del 80 por ciento de Palestina por parte de milicias sionistas y el desplazamiento de más de 750 mil palestinos de sus hogares entre 1947-1949, para nunca permitirles regresar. Los sionistas utilizaron la partición como pretexto para llevar a cabo esta Nakba. Como lo expresó el mismo Ben-Gurion: “Presumimos que esta es solo una situación temporal. Primero nos asentaremos en este lugar, nos convertiremos en una potencia importante, y luego encontraremos una manera de revocar la partición… No veo la partición como una solución final a la cuestión de Palestina.”
El término Nakba surgió para describir esta transformación radical y violenta de Palestina de un territorio que por más de un milenio había sido habitado por una mayoría árabe a un Estado judío autoproclamado construido sobre la destrucción del pueblo. Después de 1948, la Nakba también reflejó un problema árabe que se desarrollaba en Palestina, en lugar de un problema palestino que se proyectaba sobre el mundo árabe. La creación de Israel en Palestina significó la ruptura de la continuidad territorial del mundo árabe y, por lo tanto, reflejó la crisis de los nacionalismos árabes. Setenta años después, Palestina sigue siendo tratada como una excepción, el mundo árabe se ha fragmentado aún más, su proyecto de nacionalismo ha decaído y los gobiernos en la región perciben a Palestina como algo que necesitan gestionar.
jg: En tu artículo, describes un episodio histórico que ilustra cómo el derecho internacional ha intentado lidiar con la especificidad de la experiencia palestina—intentando utilizar conceptos para entender y actuar en el contexto de las atrocidades. En un informe posterior a la masacre de Sabra y Chatila en 1980, presidido por Sean MacBride, un grupo de abogados internacionales debatió la utilidad del concepto de genocidio y si era apropiado para dar cuenta de esa violencia.
re: El informe MacBride resulta extremadamente valioso por cómo ilustra un proceso de pensamiento. Los autores están elaborando un informe sobre la invasión israelí del Líbano y se enfrentan a la cuestión: ¿Por qué se encuentra el pueblo palestino en el Líbano? Al intentar comprender la masacre de Sabra y Shatila de 1982, concluyen que lo que ocurre en el Líbano está vinculado a los eventos simultáneos en el resto de Palestina, y que las formas de gobierno y dominación están interconectadas. Por ello, buscan un marco que les permita integrar ambos contextos.
Ante la necesidad de establecer un marco para capturar esta totalidad y vincular los diferentes aspectos, expanden el concepto de genocidio. Es decir, experimentan con el significado del término genocidio y lo que puede incluir. Citan a Lemkin y toman nota de cómo Lemkin habló sobre el genocidio cultural. Consideran cómo el “genocidio cultural” podría incorporarse en el concepto legal de genocidio. Intentan expandir la doctrina, pero finalmente llegan a un callejón sin salida. Hay una opinión mayoritaria que dice que esto es genocidio, y una opinión minoritaria que disiente de esta visión basándose en la noción de que el genocidio requiere una intención especial. Ahora bien, las masacres de Sabra y Shatila son indudablemente genocidas, y existe la resolución de la ONU que las declara como actos de genocidio en 1982. Pero los autores del informe MacBride no pueden ponerse de acuerdo sobre qué es el genocidio, por lo que terminan recomendando la creación de un comité internacional que examine el concepto de genocidio aplicado a los palestinos. Este es el único camino para llegar a una recomendación unánime.
Otro paralelo esclarecedor al comparar el pasado en relación con el presente es la retórica. El lema de “eliminar a Hamas” es hoy el pretexto para el genocidio, mientras que el eslogan de las masacres genocidas en 1982 era “eliminar a la OLP”. El informe sobre Sabra y Shatila muestra cómo la experiencia palestina ha estado marcada por la violencia genocida durante setenta y seis años, y al mismo tiempo, revela las limitaciones de los conceptos actuales para abarcar la totalidad de esta experiencia.
En el artículo, argumento que necesitamos usar el término Nakba para nombrar los crímenes contra el pueblo palestino. Así como el Holocausto introdujo el crimen de genocidio y la experiencia sudafricana introdujo el crimen de apartheid en el vocabulario legal internacional, la experiencia palestina tiene el potencial de introducir el crimen de Nakba en el derecho internacional.
Se entiende que los crímenes legales internacionales relacionados con grupos siempre se han superpuesto: el Holocausto, por ejemplo, incluyó prácticas que podemos identificar fácilmente como apartheid. Aun así, distinguimos entre estos conceptos porque comprendemos que, a pesar de esta superposición, la violencia fundamental que definió el Holocausto es la exterminación, mientras que la violencia fundamental que definió el apartheid es la segregación. Así que si miramos la experiencia palestina y nos preguntamos cuál es la violencia fundamental que define la Nakba, nos daremos cuenta de que es el desplazamiento.
Pero la Nakba nunca terminó, y su violencia fundamental de desplazamiento ha dado lugar a una estructura de fragmentación que sirve para negar la autodeterminación palestina. El concepto de Nakba busca poner la atención en este desplazamiento continuo, fragmentación y negación de la autodeterminación: la naturaleza distintiva de lo que los palestinos han experimentado durante el último siglo.
ds: En tu artículo, escribes sobre la fragmentación. Es claro a partir de tu argumento que el régimen legal en Palestina—la fragmentación territorial, los diversos estatus legales conferidos a los palestinos de diferentes áreas en el mapa—son una consecuencia de la intervención inicial de la partición. Incluso el nacionalismo judío, ahora codificado en la Ley del Estado-Nación de Israel de 2018, hace parte de esa fragmentación derivada de la partición. Cuando miramos el sistema de Mandato, vemos cómo el sistema legal internacional sirvió a los intereses de las potencias coloniales y al Estado sionista naciente. Pero hoy en día, dado el extraordinario desequilibrio de poder entre israelíes judíos y palestinos, no está claro cuál es el propósito de la fragmentación. Dicho de manera directa: ¿por qué no simplemente dominar? ¿Por qué crear todos estos sistemas tan intrincados?
re: Es claramente una dominación por fragmentación. Cuanto más fragmentado está el grupo, menos capacidad tiene para gobernarse a sí mismo o resistir en conjunto. La fragmentación crea un problema de coordinación. Existe un sistema de dominación extremadamente sofisticado que clasifica a los palestinos en diferentes estatus legales y sistemas de identificación, de modo que cada subgrupo se define por su propia lucha. Como un mapeo inicial, hay cinco estatus legales principales para los palestinos: ciudadanos palestinos de Israel, residentes de Jerusalén del Este, residentes de Cisjordania, residentes de Gaza y refugiados o comunidades diaspóricas. Cada estatus tiene una dinámica interna de control, dominación y privilegio legal relativo. Es la inversión de la estrategia divide y vencerás: Primero vencieron ejerciendo una conquista sobre el territorio, y posteriormente generaron la división. Este modo de gobernanza crea palestinos con mayores privilegios legales que otros, subconjuntos de los cuales la ocupación puede extraer diferentes funciones, grupos laborales escalonados, etc. A un nivel muy básico, esta es la misma lógica y objetivo que se observa cuando Benjamin Netanyahu promueve divisiones políticas entre Gaza y Cisjordania.
Sobre la cuestión de la dominación por fragmentación, es útil considerar este sistema como una construcción que se desarrolló a lo largo de más de setenta años, con la partición como su punto de origen, es decir, un caso supuestamente binario de fragmentación. Pero con el tiempo, este punto de origen lleva a un sistema de fragmentación más estratificado, dado que en 1967 Israel también conquistó las tierras palestinas restantes. ¿Qué hacer con todas estas personas que has conquistado? Ahora son, propiamente hablando, sujetos de tu régimen, pero no puedes convertirlos a todos en ciudadanos, porque eso sabotearía el proyecto de mantener una mayoría judía. Los palestinos representan un problema para el proyecto sionista, pues su mera existencia desafía y desestabiliza el sistema. Así, este sistema evoluciona con cada paso con el objetivo de fragmentar, controlar y gobernar aún más esa existencia. Este sistema de control está estructurado por clasificaciones legales que determinan el estatus socio-legal de cada palestino en el sistema.
ds: Lo que has identificado como fragmentación es la barrera política principal para la liberación palestina, y elaborar este problema es importante. Me pregunto cómo ves el papel de desarrollar este concepto legal de Nakba. ¿Es para nombrar el horizonte político y reafirmar una lucha contra la fragmentación? ¿Se trata de presión externa, galvanizando a los defensores internacionales para que puedan nombrar correctamente la forma de dominación? ¿Cuál es la función de la investigación jurídica al abordar problemas que no están resueltos durante circunstancias históricas en desarrollo?
re: Para abordar tu primera pregunta, diría que tienes toda la razón: unidad y fragmentación son fuerzas que co-producen lo que son hoy los palestinos. Diferentes momentos en el tiempo hacen que las manifestaciones de unidad o fragmentación sean más evidentes. En 2021, por ejemplo, las protestas contra la limpieza étnica de Sheikh Jarrah se expandieron rápidamente para manifestarse en una unidad de los palestinos entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Esta insurrección popular fue denominada, por lo tanto, “Intifada de la Unidad”. El genocidio en Gaza, en contraste, ha desvelado las fuerzas de fragmentación de manera más clara. Cada subgrupo de palestinos ha enfrentado una realidad material completamente diferente que refleja la profundidad de la fragmentación. Aun así, sería un grave error pensar en esta fragmentación/unidad en términos binarios. Las fuerzas que impulsaron la Intifada de la Unidad están siempre en juego. Al mismo tiempo, el mecanismo impulsor del sionismo es la fragmentación de los palestinos, que se encuentra en expansión constante. El concepto de Nakba articula esta dialéctica, y cómo la existencia palestina está definida por la interacción entre la unidad imaginada y la fragmentación material y legal.
Ahora, con respecto a tu siguiente pregunta, ¿por qué deberíamos siquiera intentar desarrollar este concepto? ¿Es simplemente un ejercicio intelectual? Lo que puedo decir es que estamos observando un momento en el que hay una urgencia en el lenguaje que usamos. Pienso que lo que estoy tratando de hacer es ofrecer un diagnóstico que aborde la causa raíz del problema. Existe el riesgo de que, si se limita a un subconjunto específico de la cuestión palestina, la cuestión del genocidio pueda hacer que Gaza se convierta en un caso excepcional. La cuestión palestina se convierte en la cuestión de Gaza, y la cuestión de Gaza se convierte en la cuestión del genocidio—como si esto no estuviera relacionado con lo que sucede en Cisjordania, con lo que ocurre en ‘48, con lo que pasa en Jerusalén, o con lo que sucede en los campos de refugiados. Hay una injusticia fundamental que se ha desarrollado durante los últimos setenta y seis años. Desarrollar un concepto distintivo de Nakba—como se hizo en el pasado, de manera iterativa, para el genocidio y el apartheid—nos otorga el lenguaje para hablar sobre esta fragmentación y dominación en su totalidad.
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Martin Luther King una vez llamó al gobierno estadounidense “el mayor promotor de violencia en el mundo.” Esta afirmación puede ser polémica, sin embargo, nadie niega que Estados Unidos es el mayor vendedor de armas del mundo, con una participación del 42 por ciento en el mercado global de exportación de armas.
Desde la Guerra Fría, el Congreso ha aprobado diversas leyes para regular tanto la venta y el financiamiento de armas estadounidenses, como la ayuda humanitaria a estados extranjeros. Estas leyes han cambiado con las guerras y conflictos de las décadas intermedias, y con el equilibrio de poder dentro y entre el Congreso y la Casa Blanca. Sin embargo, a lo largo de sus variaciones, estas leyes han impuesto varias limitaciones y requisitos de notificación sobre ciertos tipos de transferencias.
Desde el 7 de octubre, las transferencias de armas se han convertido en un punto de conflicto táctico sobre el apoyo de Estados Unidos al genocidio de Israel en Gaza, y en particular, entre quienes esperan poner fin a ese apoyo y quienes buscan extenderlo. Esta semana, meses despuès de que la administración de Biden declaró que la invasión israelí de Rafah, que aún sigue en curso, en la ciudad más sureña de Gaza, era una “línea roja” para Estados Unidos, el Congreso fue notificado de una nueva venta de armas de 20 mil millones de dólares a Israel. Mientras tanto, activistas solidarios con Palestina han exigido que la vicepresidenta Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia, respalde el fin de dichas transferencias por completo para obligar a Israel a que termine la guerra. La campaña presidencial de Harris aclaró que la candidata “no apoyaba un embargo de armas a Israel”, una declaración que constituye “una de sus primeras posturas políticas firmes”.
Para entender los mecanismos por medio de los cuales Estados Unidos suministra armas y equipo militar a gobiernos extranjeros, el editor colaborador de Phenomenal World, Tim Barker, y el escritor Dylan Saba conversaron con Sarah Harrison, una abogada que anteriormente trabajó en la Oficina del Consejo General del Departamento de Defensa. Entre otras funciones, Harrison se especializó en asistencia humanitaria del Departamento de Defensa, alivio ante desastres extranjeros, la Ley Leahy, asuntos de Mujeres, Paz y Seguridad, y asuntos africanos. Actualmente es Analista Senior en el International Crisis Group.
Una entrevista con Sarah Harrison
DYLAN SABA: ¿Qué sucede cuando EE.UU. realiza una transferencia de armas? ¿Cuál es la cadena de toma de decisiones desde la Presidencia, el Congreso y el Departamento de Defensa, hasta la entrega de las armas?
SARAH HARRISON: Existen dos categorías legales que determinan el curso de una transferencia de armas, dependiendo del tipo de compra: si un país está comprando equipo de una empresa privada o equipo del gobierno de Estados Unidos. Lo último se clasifica como ventas militares extranjeras o FMS (Foreign Military Sales). La primera es una venta comercial directa o DCS (Direct Commercial Sale).
En las ventas militares extranjeras, un país puede comprar armas o artículos de defensa (en términos generales, equipo de tipo militar) usando su propio dinero o a través de financiamiento militar extranjero, cuyo acrónimo es FMF. La FMF, en términos generales, es una ayuda a la seguridad concedida por Estados Unidos.
Mucha gente está familiarizada con el hecho de que Israel recibe de Estados Unidos el mayor financiamiento militar extranjero de cualquier otro país en el mundo, cerca de 4 mil millones de dólares al año. De los 3.800 millones que Israel recibe anualmente, la mayor parte es financiamiento militar extranjero, que se utiliza para comprar armas fabricadas en Estados Unidos a través de ventas militares extranjeras. En abril, el Congreso aprobó una cantidad aún mayor, como parte de un paquete de seguridad internacional con transferencias a Ucrania, Israel y Taiwán.
Una vez que se realiza una solicitud de venta, hay un proceso de revisión interno en el Departamento de Estado, que aprueba los casos de FMS. Mientras tanto, la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa (DSCA) del Departamento de Defensa supervisa y ejecuta los casos. Este proceso interinstitucional puede coordinarse con la presidencia, pero rara vez están involucrados en cada una de las ventas a cada país; diferentes administraciones tienen políticas distintas en cuanto a las ventas en las que se involucran.
Una vez que el Departamento de Estado aprueba las solicitudes para ciertas ventas de armas importantes a la mayoría de los países, hay un requisito legal en la Ley de Control de Exportación de Armas (1976) que establece que el poder ejecutivo debe notificar al Congreso treinta días antes de emitir una carta de aceptación que permita formalmente que la venta avance.1
Este período de treinta días es el margen de maniobra para el Congreso si quiere evitar que una venta se lleve a cabo. Pero para los aliados de la OTAN, Israel y ciertos otros socios importantes de Estados Unidos, esta ventana es en realidad de quince días. (“Aliado” en este contexto significa específicamente un país con el que Estados Unidos tiene un pacto de defensa, por lo que Israel suele ser referido como un “socio cercano” en el gobierno de Estados Unidos para estos fines. Al menos así nos referíamos a Israel en la Oficina del Consejo General del Departamento de Defensa cuando trabajé allí de 2017 a 2020). Una notificación formal de una venta de armas se envía al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes y al Presidente de la Cámara. Cada uno recibe una notificación, pero en la práctica, para las ventas militares extranjeras, la administración generalmente tiene primero discusiones informales con los partidos mayoritarios y minoritarios en cada comité. A esto lo llaman obtener la aprobación de los “cuatro rincones” porque es el presidente y el miembro de mayor rango en los comités de Asuntos Exteriores de la Cámara y Relaciones Exteriores del Senado – estos cuatro dan una señal informal de que no se opondrán a la transferencia. Luego, el poder ejecutivo avanza con la notificación formal y la venta, sabiendo que no se detendrá. Nunca ha habido una venta de armas que haya sido detenida con éxito durante el período de notificación del Congreso.
(Durante la administración de Trump, el Congreso aprobó una resolución conjunta de desaprobación, el término formal para detener una transferencia de armas, en protesta por una venta de armas a los Emiratos Árabes Unidos, sin embargo, Trump la vetó).
El proceso de notificación es similar bajo las ventas comerciales directas, excepto que todo pasa por el Departamento de Estado, que emite la licencia de exportación a la empresa privada que vende los artículos de defensa. Antes de que el Departamento de Estado emita una licencia de exportación para esa venta, dan el mismo aviso de treinta días al Congreso — aunque son quince días para los aliados de la OTAN, Israel y otros socios cercanos de Estados Unidos. Una vez que ha pasado el período de notificación del Congreso, se puede emitir la licencia de exportación y luego comienza el proceso de adquisición: la empresa puede fabricar el artículo de defensa o proporcionar los servicios de defensa para ese país extranjero.
Las notificaciones del Congreso sólo son requeridas por ley cuando las ventas alcanzan cierto límite, y estos límites son más altos para los aliados de la OTAN y socios importantes.2 Por ejemplo, si hubiera una venta militar extranjera con India, de, digamos, 14 millones de dólares para un equipo de defensa importante, el Congreso sería notificado, pero no sería el caso para un miembro de la OTAN o para Israel.
DS: ¿Qué tipo de detalles se muestran al Congreso?
SH: Las notificaciones al Congreso consisten en información detallada sobre la venta, incluyendo al país receptor y una descripción de la cantidad y tipos de equipo y/o servicios que se proporcionarán. Ahora bien, si un presidente quisiera evitar este período de notificación, podría aplicar la exención de emergencia, que requiere una descripción detallada al Congreso del equipo y/o servicios y la emergencia que requiere la venta o emisión de una licencia de exportación en el interés de seguridad nacional de Estados Unidos. Pero en general, la cultura institucional es que el Congreso está familiarizado con las justificaciones de política exterior del ejecutivo, y además son el organismo que estableció el marco legal para que Estados Unidos suministre miles de millones de dólares en armas a otros países, por lo que, como organismo, no supervisan significativamente esas transferencias de armas.
DS: ¿Sabemos cuántas veces ha pasado Israel por este proceso desde el 7 de octubre? Y, en términos generales, ¿cuál es el plazo total desde la solicitud hasta la entrega?
SH: Según tengo entendido, ha habido más de cien transferencias desde el 7 de octubre, pero la mayoría de ellas, si lo requerían, ya tenían notificaciones al Congreso presentadas antes de esta fecha (lo que significa que el proceso de adquisición tomó mucho tiempo), o eran transferencias que no cruzaron el límite que quiere notificar al Congreso, o, como sabemos en dos casos de FMS, recibieron una exención de emergencia.
La pregunta del plazo es complicada: no hay un plazo fijo para los casos de FMS. Depende de la demanda, la producción y la burocracia. Por ejemplo, la producción de municiones ha aumentado, pero la demanda es tan alta, en gran parte debido a la guerra en Ucrania, que no está claro que el aumento de la producción signifique que las municiones están llegando particularmente rápido a algún país en particular a través del FMS.
Existen procesos burocráticos que pueden priorizar casos o países. Una administración presidencial podría exigir a los burócratas que aceleren el proceso de un país en particular si hay papeleo que necesita moverse. Esto es posiblemente lo que el gobierno quiere decir cuando dice que está tratando de acelerar las transferencias a Israel: está agilizando ese largo proceso para que se completen las aprobaciones.
El presidente, si realmente quiere acelerar la transferencia de artículos de defensa, puede usar la Autoridad de Reducción Presidencial, que le permite acceder directamente a los inventarios del Departamento de Defensa y transferir ese equipo. Esto minimiza el tiempo de espera de un país para recibir el equipo (porque no tiene que pasar por el proceso de adquisición), que es lo que el ejecutivo ha hecho principalmente con Ucrania. Es una autoridad amplia que permite al presidente utilizar los inventarios del Departamento de Defensa en cualquier parte del mundo. La Autoridad de Reducción Presidencial es independiente de un caso de FMS o DCS.
DS: ¿Esa autoridad también es diferente al depósito de reservas de guerra, sobre el cual ha escrito?
SH: Sí. Mientras que la Autoridad de Reducción es una autoridad amplia que permite al presidente extraer de los inventarios del Departamento de Defensa en cualquier parte del mundo, el depósito de reservas de guerra se establece a través de una autoridad otorgada al Departamento de Defensa (DoD) para almacenar armas en otro país para su uso en situaciones de emergencia.
El depósito de reservas de guerra en Israel es un almacén del DoD que data de los años 80. Está ubicado físicamente en Israel, y los bienes almacenados allí están disponibles para uso del DoD o para transferirse a otro país. Este depósito de reservas está disponible para tiempos de guerra o emergencias, pero no hay requisitos legales específicos sobre su uso. Originalmente, los depósitos en el extranjero del DoD solo se permitían en países de la OTAN, pero el Congreso amplió la ley para incluir a importantes “aliados no pertenecientes a la OTAN” (un término legal que otorga ciertos beneficios), que incluye a Israel.
Las reservas en Israel se han utilizado para transferir proyectiles a Ucrania, y sabemos de casos en el pasado donde fue usado por Israel, notablemente en la guerra del Líbano de 2006 y la guerra de Gaza de 2014, pero no hay informes públicos de lo que se haya utilizado desde el 7 de octubre. Esto se debe en parte a que estas transferencias de armamentos y las políticas que las facilitan son generalmente opacas. (En el caso de 2014, por ejemplo, la presidencia no se enteró de las transferencias hasta después de que habían ocurrido, a pesar de que fue parte de una venta militar extranjera de 3 millones de dólares de Estados Unidos a Israel). Se estima que las reservas contienen un valor de 4,400 millones de dólares en equipo militar, sin embargo, no hay un requisito sólido de informes sobre estos depósitos. En el caso de Ucrania, hay algunas pruebas que sugieren que la transferencia se completó a través de una solicitud del gobierno de Estados Unidos con la aprobación final del primer ministro de Israel, lo que sugiere un grado significativo de control israelí sobre el depósito.
Grupos de la sociedad civil han solicitado a la administración Biden que sea más transparente sobre el proceso de transferencia de armas, qué tipo de armamento está transfiriendo y bajo qué autoridad se está haciendo el proceso, tal como lo hace con Ucrania mediante comunicados de prensa del Departamento de Estado y del DoD que detallan lo que se está enviando, cuánto y bajo qué autoridad. Funcionarios de la administración con los que yo y otros hemos discutido se han negado a extender esta práctica a Israel. Así que no sabemos si han utilizado el depósito de reservas de guerra después del 7 de octubre de 2023. Si existiera una verdadera emergencia, el presidente podría usar la Autoridad de Reducción para transferir rápidamente los inventarios del Departamento de Defensa a Israel.
Pero el Departamento de Defensa ha estado preocupado por el agotamiento de sus propios inventarios debido a la guerra en Ucrania y porque el Congreso tardó tanto en proporcionar más dinero para abastecerlos. El Congreso finalmente lo hizo en el importante proyecto de ley de asignaciones que mencioné anteriormente para Israel, Taiwán y Ucrania.
DS: Mencionó que no hubo una transferencia de armas que fue rechazada por el Congreso desde octubre?
SH: Nunca hubo una paralización exitosa de una transferencia de armas por parte del Congreso.
DS: ¿Lo que significa que Israel está recibiendo todas las cantidades especificas que está pidiendo?
SH: No. Según lo que entiendo basado en mi lectura entre líneas de lo que ha dicho la administración, específicamente la declaración de un general en marzo, Israel no está recibiendo todo lo que pide, y la administración de Biden no está necesariamente aprobando cada solicitud de ventas militares al extranjero. Esta no es su prerrogativa. A la vez, ellos definitivamente no están anunciando ninguna limitación, o razones para limitar, con la única excepción de las bombas de 2.000 libras que el presidente suspendió – que sin duda es una gota en el océano comparado con la abrumadora cantidad de artículos de defensa que continúan siendo enviados a Israel.
TIM BARKER: Usted ha comentado sobre la falta de transparencia y los diversos requisitos de denuncia. ¿Cuáles son los requisitos legales básicos que rigen la transparencia sobre el proceso de transferencia de armas?
SH: Depende del tipo de autoridad. Para ventas militares al extranjero, la DSCA publica en su sitio web cuando se ha emitido una notificación al Congreso para una venta de armas significativa, pero no sabemos nada de las transferencias por debajo del límite porque no se exige transparencia. Y creo que incluso si la DSCA no publicará las notificaciones en su sitio web, podríamos seguir sabiendo de ellas porque los miembros del Congreso podrían darlas a conocer al público o a los periodistas.
Pero, repito, esas notificaciones son sólo para las transferencias sobre el límite. Es posible que se intente enviar a otro país una cantidad enorme de artículos y servicios de defensa por debajo del mismo límite para eludir el tipo de transparencia que conllevan las notificaciones del Congreso. Hay grupos de derechos humanos, grupos de protección civil y grupos que promueven el control de armas que abogan por una mayor transparencia en estos trámites.
La transparencia depende específicamente de la política del poder ejecutivo—no es en ninguna manera bipartidista. Con respecto a Ucrania, la administración de Biden ha demostrado una operación bien coordinada, tanto internamente en el poder ejecutivo, y con socios y aliados en Europa, para hacer este proceso de apoyo a Ucrania en la forma más limpia, honrada y transparente posible. Eso es algo único sobre esta administración. Dicho esto, optaron por no hacerlo con Israel, a pesar de que es uno de los principales receptores de armas de Estados Unidos.
Dejando a un lado la polémica sobre si deberían enviar armas en absoluto, el poder ejecutivo debería tener el mismo comportamiento que tiene con Ucrania con cada socio y aliado en todo el mundo.
TB: Es impresionante la cantidad de información sobre las transferencias de armas que está disponible sólo porque ha sido filtrada al público de una forma u otra.
SH: Sí. La cifra que cité antes—que ha habido cientos de traslados desde octubre—procede de una filtración. No es algo que el poder ejecutivo revele en primera instancia.
TB: Quiero preguntar sobre la pausa armamentística de las bombas de gran tamaño. ¿Qué ocurre cuando una administración quiere retrasar las transferencias de armas o utilizar este proceso como una forma de presionar al socio?
SH: Por lo que sabemos, esa pausa en las bombas de 2.000 libras es la única vez durante la guerra que la administración de Biden ha utilizado públicamente su considerable influencia. Tras el ataque a la World Central Kitchen (WCK) en abril, el Presidente respondió haciendo una llamada privada a Netanyahu, durante la cual, al parecer, Biden no dijo que su política estaba cambiando, pero sí amenazó con cambiarla. Tras esa llamada, pareció que el gobierno israelí tomó medidas rapidas para abrir algunos puntos de acceso humanitario, aunque fueran de adorno, porque la Casa Blanca quería indicar que no iba a tolerar el asesinato de ciudadanos internacionales en una organización humanitaria.
La administración de Biden ha tolerado la muerte de decenas de miles de palestinos, pero aquí fue donde Israel cruzó la línea. Esto puso un hecho obvio, y es que cuando ejerces tu influencia puedes cambiar la trayectoria de un conflicto. Este Presidente ha rechazado hacer mucho más que eso porque considera que el enfoque de su administración respecto a Israel se basa en sus principios.
La pausa armamentística reflejaba cierta incomodidad por parte de la administración con el lanzamiento de bombas de 2.000 libras en lugares donde había mucha gente. Está claro que esa pausa no alcanza a lo que deberían llegar; más bien parece un intento de salvar las apariencias, ya que se han aferrado a una política sin salida. La pausa no ha hecho nada para detener el derramamiento de sangre en Palestina; la llamada telefónica después de la huelga de la WCK parecía ser un uso más eficaz de la influencia.
DS: ¿Cuál es el alcance de la prerrogativa del ejecutivo en este caso? Supongo que estas ventas pueden realizarse porque el Congreso ha asignado fondos para cubrirlas. ¿Es así?
SH: La venta de armas puede realizarse con dinero que Estados Unidos ha dado para otro país—normalmente financiamiento militar en el exterior, o FMF, como he descrito antes—o con dinero que el país extranjero tiene a través de los dólares de los contribuyentes u otros medios de ingresos. Israel suele utilizar su FMF, que asciende a 3.300 millones de dólares al año fiscal. Ese dinero se transfiere a Israel el primer mes de cada año fiscal y se deposita en una cuenta que devenga intereses. Israel ha utilizado esos intereses para pagar deudas a Estados Unidos, pero no puede utilizarlos para comprar artículos de defensa.
DS: Y esta cuenta es para la compra de armamento estadounidenses, así que ¿hasta qué punto se extiende la prerrogativa del ejecutivo sobre eso? ¿Puede el Presidente simplemente imponer un embargo de armas en ese punto de intervención e impedir las ventas hasta que se cumpla alguna condición?
SH: Creo que los abogados del Presidente dirían que sí, o podrían decir que es complicado, pero aquí hay una forma de argumentar que tienen esta autoridad en virtud de la Constitución. Y creo que los miembros del Congreso se opondrán y dirían que no, que nosotros tenemos el dinero, que nosotros decidimos cuándo los países reciben y pueden gastar dólares estadounidenses.
Esta cuestión no ha sido objeto de litigio ni ha recibido respuesta por parte de los tribunales. Esta cuestión se plantea a menudo en las discusiones con abogados que piensan hasta qué punto el presidente tiene la autoridad de simplemente no permitir el gasto de dinero que el Congreso ha autorizado y consignado. Algo así ocurrió con Ucrania y la administración de Trump, aunque fue un quid pro por interesado en lugar de un intento de hacer políticas exteriores. El Congreso autorizó y asignó asistencia de seguridad para Ucrania si Ucrania cumplía ciertos hitos. El poder ejecutivo acabó determinando que Ucrania cumplía estos hitos y que debía recibir la ayuda.
No obstante, en aquella época el presidente Trump ofreció esa ayuda de seguridad como soborno para solicitar información que pudiera perjudicar a su oponente presidencial, el entonces ex vicepresidente Biden. Este es un caso reciente en el que el Presidente retuvo dinero aprobado por el Congreso, aunque fuese en el contexto de solicitar interferencia extranjera en las elecciones nacionales. Pero ningún tribunal ha determinado el contexto específico en el que el Presidente pueda retener dinero aprobado por el Congreso para la ayuda de seguridad.
DS: Así pues, aunque existe una cuestión jurídica abierta sobre el alcance del control presidencial en este caso, hay suficiente autoridad sobre este proceso para que Biden haya podido cambiar con éxito la política israelí al hacer una llamada amenazando utilizar esta autoridad.
SH: Bueno, creo que hubo algunas propuestas de los republicanos, incluso después de la llamada telefónica de la WCK, para decir básicamente, en el estatuto, que el presidente no puede tener esa autoridad. Y creo que hay desacuerdo en el Congreso sobre dónde está el margen de maniobra dentro de la autoridad del poder ejecutivo para retener un envío, dos envíos, tres, etc. Parte del desacuerdo se refiere a la autoridad legal, y otra parte a la naturaleza de los diversos conflictos, como los casos en los que la transferencia de armas puede no redundar en interés de la seguridad nacional o en los que Estados Unidos podría infringir sus obligaciones legales internacionales o nacionales al transferir esos artículos.
DS: A este respecto, ¿nos puedes hablar de la Ley Leahy y de la disposición de la Ley de Ayuda Exterior que regula a los países que restringen el envío de ayuda humanitaria?
SH: El Congreso ya ha creado un marco jurídico a través de leyes para frenar las transferencias cuando el poder ejecutivo tiene conocimiento de violaciones del derecho internacional. Hay un grupo de leyes que prohíben las transferencias de armas o la prestación de ayuda a la seguridad a países que violan los derechos humanos o el derecho de la guerra. Las leyes principales relacionadas con los derechos humanos son las leyes Leahy y la 502B de la Ley de Ayuda Exterior, mientras que la 620I de la Ley de Ayuda Exterior se refiere al suministro de ayuda humanitaria.
Podemos empezar con las leyes Leahy. Hay dos. Hay una Ley Leahy del Departamento de Defensa y una Ley Leahy del Departamento de Estado. Ambas leyes se aplican al gasto de dinero de Estados Unidos destinado a la asistencia para la seguridad proporcionada a unidades de fuerzas de seguridad extranjeras. Estas leyes son muy estrictas y sólo se aplican a una unidad de una fuerza de seguridad extranjera, no a toda la entidad ni a todo el país. Se activan cuando el gobierno de Estados Unidos -ya sea el Secretario de Estado o el Secretario de Defensa- tiene información fidedigna de que la unidad de una fuerza de seguridad extranjera (esto no incluye a las fuerzas no estatales, sólo a las fuerzas estatales extranjeras) cometió una violación grave de los derechos humanos. Si se dispone de esa información fidedigna, esa unidad no puede recibir más ayuda de seguridad estadounidense. Sin embargo, ambas leyes contemplan una excepción a esta prohibición. La excepción del Departamento de Estado exige que los autores de la grave violación de los derechos humanos de la unidad sean reparados, lo que significa que deben ser llevados ante los tribunales, procesados y condenados. La excepción del Departamento de Defensa está más diluida que eso, pero por coherencia, los departamentos han acordado, en virtud de un memorando de política, realizar lo que se denomina un proceso de reparación al nivel del Departamento de Estado (es decir, los autores deben ser procesados y condenados para que se aplique la excepción). Esas son las leyes Leahy.
Mientras tanto, la 502B de la Ley de Ayuda Exterior recorta la ayuda de seguridad a todo un país si existe un patrón consistente de graves violaciones de los derechos humanos. La 502B se ha aplicado en el pasado, pero su aplicación no es pública porque no hay obligación de informar al Congreso ni requisito de transparencia para anunciar su aplicación. La disposición de supervisión de la 502B permite que el Senado o la Cámara de Representantes pidan un informe al Departamento de Estado en un plazo de treinta días sobre las prácticas de derechos humanos de un país determinado. El senador Bernie Sanders ya lo intentó el pasado diciembre, para forzar la elaboración de un informe y un debate en el Congreso, pero lamentablemente no se aprobó.
Y luego está la 620I de la Ley de Ayuda Exterior, que no se aplica a los derechos humanos como las Leyes Leahy y la 502B, pero sí cuando un gobierno de un país extranjero prohíbe directa o indirectamente o restringe de otro modo la ayuda humanitaria proporcionada por Estados Unidos. En el caso de Israel, lo vimos inmediatamente. El gobierno israelí anunció y ejecutó un bloqueo rápidamente después del 7 de octubre. Ese bloqueo persistente es la razón por la que ahora hay informes de hambruna allí: la gente se muere de hambre debido al bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de Israel.
Incluso funcionarios estadounidenses se sintieron frustrados por el hecho de que altos cargos del Gobierno israelí no permitieran que un envío de harina y otros productos secos llegará a Gaza desde Turquía. Se trataba de un caso muy público, y aun así el poder ejecutivo no cortaba la ayuda, a pesar de que la 620I prohíbe la ayuda en virtud de la Ley de Ayuda Exterior y la Ley de Control de Exportación de Armas a todo el país. Hay incluso una excepción en la ley en caso de que el Presidente proporcione una justificación al Congreso de por qué está aplicando la excepción por motivos de seguridad nacional, sin embargo, la administración Biden no reconoció ninguna violación de la 620I por parte de Israel, así que nunca se aplicó la excepción.
DS: Impedir la entrega de ayuda es una violación muy concreta e inequívoca de los derechos humanos. Se ha documentado mucho sobre las prácticas de Israel, que son arbitrarias, creo que es la forma más amable de decirlo, y que de hecho suponen una limitación total de la cantidad de ayuda que llega. Quería preguntarle por el informe que publicó el Departamento de Estado revisando las prácticas israelíes en la guerra. Me pareció bastante notable que en el informe se declarara que hay razones para pensar que Israel está violando el derecho internacional humanitario, o violando el principio de distinción con sus campañas de bombardeo. Sin embargo, aprueba las prácticas israelíes de restringir ayuda. ¿Por qué cree que adoptaron esa postura, a pesar de todas las pruebas?
SH: Hay algunas cosas que me gustaría comentar al respecto. Cuando se produjo el bloqueo en octubre, creo que la 620I -la ley que aborda la restricción de la ayuda estadounidense- tomó por sorpresa al poder ejecutivo. Esta ley es bastante oscura: antes de octubre del año pasado, raramente se aplicaba o se hablaba de ella. Normalmente, cuando el gobierno estadounidense trata de transportar ayuda humanitaria a otros países, se interpone, y los retos consisten principalmente en dispersar la ayuda dentro de las zonas de conflicto activo. Esa logística es realmente compleja, y Estados Unidos suele contratar a ejecutores locales para hacer llegar la ayuda a la población de esas zonas. Pero, en general, los países no se limitan a bloquear la ayuda humanitaria de Estados Unidos o de la ONU. Esa ayuda suele llegar a lugares donde la logística es difícil y hay graves problemas de seguridad, como en Somalia. Así que la pregunta sobre el 620I, relativa al bloqueo total de Israel sobre Gaza, sorprendió a los abogados y a los políticos de forma inesperada. Hizo falta la presión de los grupos de la sociedad civil que señalan la ley para que el Congreso empezará a hacer preguntas. La atención pública sobre esta ley no empezó a aumentar hasta principios de 2024.
Meses después, en marzo, hablé con funcionarios del poder ejecutivo, y dijeron que aún estaban discutiendo la interpretación legal del estatuto. La pregunta central que estaban evaluando era: ¿Qué es la asistencia humanitaria de Estados Unidos? ¿Son las contribuciones de Estados Unidos a la ONU, que luego son proporcionadas a los palestinos en Gaza a través de la ONU, equivalentes a la asistencia directa de Estados Unidos? Esto es indicativo de un enfoque jurídico; los abogados del poder ejecutivo suelen tratar de interpretar el lenguaje de los estatutos para otorgar la mayor flexibilidad posible al poder ejecutivo.
Basado en conversaciones separadas, sé que una segunda pregunta que se plantea dentro del poder ejecutivo a finales de marzo era: ¿qué significa “prohibir o restringir de otra manera” en la ley? Funcionarios de Estados Unidos le dijeron al Congreso que se inclinaban hacia una interpretación en la que «restringir de otra manera» también significaba prohibir—en otras palabras, interpretar el lenguaje de manera más restrictiva, de modo que la sección 620I solo se aplicaría en el caso de una prohibición total.
Veamos el cronograma de eventos relacionados con la sección 620I. En diciembre, el senador Van Hollen redactó una legislación para abordar la aplicación de la sección 620I a Israel, aunque el lenguaje en el estatuto era aplicable a nivel mundial. Luego, en febrero, el presidente emitió el Memorando de Seguridad Nacional 20 (NSM 20), que se basaba en el proyecto de ley de Van Hollen. En mi opinión, este fue el intento de la administración de Biden de apaciguar a los legisladores demócratas críticos que estaban tratando de responsabilizar al poder ejecutivo por las leyes que parecía estar eludiendo. Cuando se emitió el memorando, la secretaria de prensa del presidente dijo que no creaba nuevos estándares para el poder ejecutivo.
Hay una disposición en el NSM 20 que requiere garantías escritas y creíbles de cumplimiento con el derecho internacional y aseguramiento de acceso a la ayuda humanitaria por parte de los países extranjeros que reciben artículos de defensa de Estados Unidos. El NSM 20 también exige que el poder ejecutivo informe al Congreso si los países están cumpliendo con la sección 620I. Esto no es un requisito de la sección 620I en sí misma, sino una obligación impuesta por el propio memorando del presidente. Esta fue una buena noticia porque presionaba a los abogados a asesorar sobre la ley y a los responsables de políticas en el Departamento de Estado a decidir si Israel está cumpliendo con ella, implicando deliberaciones sobre qué constituye asistencia de Estados Unidos y qué se entiende por “prohibido” frente a “restringido de otra manera”.
Es posible que los abogados finalmente aplicarán el criterio de que cualquier prohibición o restricción tendría que ser arbitraria para constituir una violación de la sección 620I. Podrían haber utilizado la arbitrariedad—un estándar en el derecho internacional—como una forma de moldear la interpretación de la ley interna. No puedo asegurarlo con certeza. Mi punto es que creo que hubo diversas formas en las que el poder ejecutivo estuvo trabajando en la interpretación de la sección 620I, hasta mayo, cuando tuvieron que presentar el informe al Congreso que mencionaste.
Cuando entregaron ese informe, supuestamente habían conseguido que Netanyahu aflojara un poco las restricciones al acceso humanitario. Es probable que esta fuera la razón por la cual se sintieron cómodos al determinar que la sección 620I no era aplicable, ya que Israel no estaba imponiendo una prohibición total o arbitraria sobre la ayuda humanitaria de Estados Unidos—dado que alguna asistencia estaba entrando, cualquier ayuda que aún estuviera prohibida podría considerarse no arbitraria por motivos de seguridad. Por supuesto, sabemos que hay numerosos informes de artículos que no se han permitido entrar en Gaza de manera arbitraria, pero Israel alega que es por razones de seguridad nacional.
Creo que todo esto se reduce a que tan creativos se ven obligados a ser los abogados del poder ejecutivo para conceder la mayor flexibilidad posible al presidente, especialmente cuando el objetivo es no cortar la asistencia a Israel.
DS: Quiero alejarme un poco, pero sin dejar de plantear una pregunta jurídica. Un aspecto sorprendente de la respuesta del gobierno de Estados Unidos a esta guerra ha sido su postura declarada hacia los cuerpos de derecho internacional. Sé que Estados Unidos ha tenido durante mucho tiempo una relación conflictiva con muchas de las fuentes formales del derecho internacional y los tribunales, pero después de que el Consejo de Seguridad aprobó la resolución de alto el fuego con la abstención de Estados Unidos un portavoz del Departamento de Estado se puso detrás del atril y básicamente insinuó que la resolución del Consejo de Seguridad no era vinculante. Considerando su experiencia en el gobierno, ¿eso le sorprendió?
SH: Debido a todo lo que había sucedido hasta ese momento, no me sorprendió. Creo que la postura de Estados Unidos importaba principalmente porque seguía socavando el posicionamiento de la administración de Biden respecto a un orden basado en normas. Al abstenerse de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y luego decir que no es vinculante, cuando muchos otros la consideran vinculante, Estados Unidos sigue afirmando la narrativa de que está incumpliendo de manera hipócrita el derecho internacional con respecto a Israel, y continuará haciéndolo. Obviamente, como cuestión legal, el Departamento de Estado les aconsejó que podían decir razonablemente que la resolución no era vinculante, pero no creo que importe si un jurista internacional diría que eso es correcto; sigue siendo perjudicial para otras políticas y objetivos de Estados Unidos de promover la adhesión al derecho internacional.
DS: Tiene sentido que haya un argumento plausible y que los abogados presenten ese argumento. Pero, ¿cree que se están dando discusiones similares en torno, por ejemplo, a las medidas provisionales ordenadas por la CIJ en el caso de genocidio, que es indudablemente una declaración de derecho internacional? Me pregunto si tiene una idea de cómo el gobierno recibe órdenes como esas y cómo se les asesora sobre sus obligaciones con respecto a las órdenes de la CIJ.
SH: No creo que las opiniones de la CIJ, incluidas las opiniones consultivas de julio sobre la ocupación de Israel, hayan sido bien recibidas por esta administración, principalmente debido a las limitaciones políticas autoimpuestas sobre cómo Estados Unidos aborda su relación con Israel. Las opiniones de la CIJ, así como la solicitud del fiscal de la CPI para emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes, crean verdaderos obstáculos legales para los abogados del ejecutivo, con los que tienen que lidiar de manera seria, porque estos asuntos no pueden simplemente ser descartados. Mientras que otro país podría ignorar fácilmente lo que dice la CIJ o la CPI, los abogados del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa se enfrentarán a los fallos y las solicitudes de órdenes, trabajarán en ellas y encontrarán maneras de asesorar al Presidente sobre cómo Estados Unidos debe cumplir con sus propias obligaciones internacionales.
Por eso me frustró mucho el NSM 20 cuando se emitió en febrero. Lo vi como un intento de apaciguar a los miembros demócratas del Congreso que estaban criticando al ejecutivo. Pero lo que significó para los abogados y responsables de políticas dentro de la burocracia fue mucho trabajo, porque se toman estas cosas en serio. Nunca resultará en la suspensión de las transferencias de armas a Israel, que como sabemos es donde reside la influencia de Estados Unidos para poner fin a esta masacre.
Como sucede con NSM 20, los abogados y responsables políticos del Departamento de Estado tardarán mucho tiempo en gestionar las repercusiones de los casos de la CIJ y la solicitud de orden de detención de la CPI. Pero está claro que, al menos por ahora, no están adoptando ninguna postura que implique que Estados Unidos detenga la transferencia de armas. Así que interpreten esto como quieran. Parece bastante claro que los abogados estadounidenses no están de acuerdo con lo que ha dicho la CIJ o con lo que está haciendo la CPI. Si lo estuvieran, tendrían que aconsejar a sus clientes que dejarán de transferir armas a Israel.
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