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1. Una nueva no-alineación

   noviembre 9, 2022 12:16 am Leave a Comment

   Mientras la guerra de Rusia en Ucrania se intensificaba, el ministro de relaciones exteriores chino Wang Yi realizó en marzo de este año un viaje a Nueva Delhi para conversar con su contraparte de India, S. Jaishankar. Wang afirmó: “Si China e India unieran su voz, el mundo entero escucharía; si China e India se dieran la mano, el mundo entero prestaría atención”. La balanza geopolítica pronto comenzó a inclinarse del lado de India. 

   La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, realizó su primer viaje a Delhi, en abril, donde sentó las bases para varias semanas de frenéticas negociaciones entre la UE e India en torno a una amplia agenda que abarcaba desde defensa hasta fabricación ecológica.

   El mes siguiente, en una gira relámpago de tres días por Alemania, Dinamarca y Francia, la primera ministra Narenda Modi obtuvo concesiones que los legisladores indios han codiciado por más de dos décadas: inversiones en energía verde, transferencias de tecnología y acuerdos sobre armamento, lo que le da cuerpo a una moribunda asociación estratégica entre la UE e India.

   El canciller Olaf Scholz anunció, en Berlín, una asociación ecológica de 10 000 millones de euros para ayudar a India a lograr sus objetivos climáticos para el 2030 y a realizar transferencias de alta tecnología. El día siguiente, en Copenhague, los países nórdicos firmaron acuerdos sobre energía solar y eólica, así como inversiones en transporte marino ecológico y ciudades verdes. Macrón firmó, en París, acuerdos para invertir en centros de hidrógeno ecológico de India e incrementó las ventas de aeronaves y buques militares franceses. Por su parte, Électricité de France confirmó un acuerdo pendiente desde hace tiempo para construir seis reactores nucleares EPR-1650 en Jaitapur, el cual fue seguido del crucial acuerdo de inversión entre India y Japón por 42 000 millones de dólares para vehículos eléctricos (EVs), amoniaco e hidrógeno renovable y una transición de la industria pesada.

   La elección del momento para estas rápidas concesiones no es casual. El divorcio entre China, Rusia y Occidente le está dando a Modi una oportunidad de oro para negociar un nuevo orden geopolítico. Mientras el mundo se divide en nuevos bloques de la Guerra Fría —que se asemejan sorprendentemente a los bloques de la antigua Guerra fría— resurge la vieja estrategia india de no-alineación, y esta vez, el ascenso de China asegura que el nuevo bloque contrahegemónico gozará de recursos considerablemente mayores de lo que jamás tuvieron las antiguas potencias comunistas.

   Esa envalentonada confederación se extiende más allá del subcontinente. Los últimos treinta años de crecimiento convergente de la India se lograron en una era de primacía global estadounidense. En la actualidad, una India mucho más rica, junto con otras naciones en desarrollo que tienen intereses independientes de EE. UU. poseen la capacidad de desafiar la coercitiva hegemonía estadounidense. Brasil e Indonesia también están aprovechándose de su nuevo impulso. Ni Estados Unidos ni Europa deberían subestimar las elites poscoloniales en sus esfuerzos renovados de trazar un rumbo independiente.

   Las fricciones con Occidente están aseguradas. Pero los diplomáticos del mundo en desarrollo están preparados para pagar con el fin de evitar una confrontación arriesgada y costosa con el eje chino-ruso. La respuesta de los países en desarrollo a la pregunta de Occidente ¿quieren contener a China con nosotros? Es probablemente “sí”. Pero, la respuesta a la pregunta ¿Quieren contener a China y Rusia con nosotros? Es probablemente “no”.

   

   Desde el 11 de Septiembre del 2001, El Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos han desarrollado un panóptico sobre las redes clave de globalización. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el sistema de pagos SWIFT vigilaban los canales financieros; la internet de vigilancia de Silicon Valley de Edward Snowden proporcionaba una visión del flujo de información; y la lista de control de exportaciones de tecnologías, suministraban un mapa de las cadenas de suministros. Los cuellos de botella principales estaban situados y operaban en los estados industrializados avanzados del G7.

   Mientras tanto, Estados Unidos se mostró más dispuesto a utilizar el sistema del dólar como arma contra alborotadores. La señal para los países en desarrollo fue clara: Los EE. UU. ejercerán su control sobre las tecnologías que fundamentan el crecimiento económico y la superioridad militar si se sienten amenazados.

   El dominio del G7 sobre tecnologías clave sigue siendo la fuente de su poder duro, como quedó demostrado con el diseño de sus sanciones de guerra económica contra Rusia, a raíz de su última invasión a Ucrania. Sancionar los activos del banco central de Rusia e impedir el acceso al sistema SWIFT fue una señal de guerra financiera. Luego, una cortina de hierro tecnológica cayó, lo que bloqueó las exportaciones de alta tecnología a la economía rusa, así como piezas críticas de aviones, mientras el G7 trataba de bloquear el suministro de chips de silicio (un componente clave del hardware militar) desde Corea y Taiwán. Estados Unidos intensificó su contención de China, en octubre, mediante restricciones al control de exportaciones de chips.

   Países como China, India, Indonesia, Brasil, Sudáfrica, México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se han negado a sacrificar sus  intereses nacionales para castigar a Rusia. Más importante aún, ellos consideran que su poder de negociación en la nueva Guerra Fría resultará en mejores tratos comerciales, tecnológicos y armamentísticos con Occidente. Estos ocho países representarán por sí mismos a tres cuartos de la población mundial y el 60 % de su economía para el 2030. Ellos tienen aspiraciones de dominio regional y creen que la no-alineación sirve mejor a sus intereses. No es sorprendente, entonces, que estos países adopten una postura de no-alineación para asegurarse las mismas tecnologías clave —jets de combate, tecnología verde, chips, submarinos, energía nuclear, productos farmacéuticos avanzados, redes móviles 5G— que podrían impulsar su crecimiento convergente. El mapa de países que se han mantenido neutrales sobre las sanciones hacia Rusia no es una protesta desgarradora por la justicia global, sino un duro juego de seguridad. Antes de adherirse al nuevo régimen financiero-tecnológico-militar de Occidente, estos países pretenden conseguir las máximas concesiones. También apuestan porque Occidente tolere su dilación a las sanciones rusas y se abstenga de imponer sanciones secundarias (sanciones por incumplir las sanciones) sobre ellos. Las amenazas de salida, como cualquier negociador sabe, otorgan poder.

   ¿Qué quieren exactamente los países que se plantean una nueva no-alineación?

   1. Tecnologías básicas para impulsar el crecimiento futuro

   2. Material militar avanzado para mejorar la seguridad

   3. Ventaja en las negociaciones comerciales con Europa, Estados Unidos y el nuevo bloque chino-ruso

   4. Mercancías esenciales como comida, energía, metales y fertilizantes del nuevo bloque chino-ruso

   5. Mejores términos para reestructurar su deuda con acreedores occidentales y chinos en una crisis mundial de la deuda del dólar que amenaza su soberanía..

   

   Reliance, el conglomerado indio propiedad del billonario y partidario de Modi, Mukesh Ambani, resume la relación de los países en desarrollo con el G7. La Refinería Jamnagar de Ambani produce miles de millones importando crudo ruso y exportando diésel y gasolina al Occidente. A pesar de incumplir las sanciones, continúa recibiendo transferencias de tecnología verde. Ha invertido más de 60 000 millones de dólares de su propio efectivo y 10 000 millones de dólares en sociedades y adquisiciones de electrolizadores para producir hidrogeno (a una empresa danesa), galletas fotovoltaicas (a una empresa alemana), paneles solares (a una empresa noruega), baterías a escala de red (a una empresa estadounidense) y baterías de litio-ferrofosfato (a una empresa holandesa).

   La gestión de India en estas sociedades extranjeras dependerá de Dubái. El presidente de los EAU Mohammad bin Zayed posicionó al reino del golfo como un Club Med para que oligarcas y bancos comerciales eludan las sanciones de Occidente. Los petroestados del golfo van a ganar 1.3 billones de dólares (petróleo) más en exportaciones por los próximos cuatro años. Dubái permite a los países no-alineados evadir las sanciones mediante pagos en materias primas liquidados en yuanes, rupias y rublos para evitar los dólares. La política de Biden en el golfo Pérsico se está adaptando, se habla de garantías de seguridad para los EAU y de una nueva sociedad con los EE. UU. por un acuerdo de financiamiento de energía limpia por 100 000 millones de dólares para países en desarrollo. Entretanto, los fondos soberanos del golfo están invirtiendo en la transición energética en toda Eurasia. Es el fuerte regreso de la antigua ruta comercial indo-arábigo-europea del azúcar, las especias y el algodón. 

   

   Bajo la presidencia de Joko Widodo, Indonesia también hace movimientos tomando el control de su abundante suministro de níquel y cobre —esencial para la transición energética— e incentivando la inversión en instalaciones de procesamiento. Si el sueño de convertirse en un electroestado es nuevo, las herramientas son antiguas. Indonesia está copiando los éxitos del Estado Desarrollista de los tigres asiáticos, así como las iniciativas de nacionalización de los países de la OPEP en los años setenta. Ante los aullidos de indignación de la Comisión Europea en la Organización Mundial del Comercio, Jokowi prohibió las exportaciones de níquel, obligó a las compañías internacionales a refinarlo y procesarlo en el país y buscó la transferencia de tecnologías a las empresas estatales. 

   Indonesia tiene las mayores reservas de níquel del mundo, controladas en su mayoría por la empresa minera estatal, MIND ID. Después de que Jokowi prohibió las exportaciones de níquel, las empresas chinas acordaron crear empresas conjuntas en Indonesia, además de transferir la tecnología de lixiviación ácida de alta presión (HPAL) que es requerida para fabricar níquel para baterías. Mientras la alemana Volkswagen, la brasileña Vale y las estadounidenses Ford y Tesla buscaron inicialmente obtener el níquel sin procesar del país, Indonesia insistió en hacerse con una mayor parte de la cadena de valor mediante la creación de un campeón nacional en producción de vehículos eléctricos, Indonesia Battery Corporation, que ha establecido sociedades con la china CATL y la surcoreana LG para obtener tecnología HPAL crítica para el níquel para baterías.

   Los próximos objetivos de Jokowi para el enfoque de “prohibir las exportaciones y nacionalizar” son el estaño (Indonesia es el segundo mayor productor del mundo y el metal se usa como soldadura para conexiones eléctricas), el aluminio (Indonesia es el quinto productor más grande del mundo y el metal se usa en electricidad y automotores) y cobre (usado, bueno, en todo lo eléctrico).

   No obstante, esta independencia política sigue limitada frente a las sanciones estadounidenses. Luego de que EE. UU. amenazara a cualquier cliente de armamento ruso con la guerra económica, Indonesia canceló sus planes de adquirir jets de combate Sukhoi-35, a pesar de las ofertas rusas de un modelo para eludir al dólar de “aceite de palma a cambio de jets de combate”. En su lugar, Indonesia emprendió una importante escalada en el gasto de defensa para comprar treinta y seis F-15 estadounidenses y cuarenta y dos Rafales franceses, junto con dos de los submarinos Scorpene (estos últimos un emoliente después de que Francia perdiera en su venta de submarinos diésel con Australia) por un costo total de 22 000 millones de dólares. Cuando Rusia envió dos sistemas de misiles de defensa aérea S-400 a India en 2021, se produjo una reacción violenta de Estados Unidos y amenazas de sanciones a India por este acuerdo. Las peticiones de sanciones constructivas, no coercitivas, siguen sin ser oídas.

   

   

   Tal vez lo más sorprendente sea que, dada la proximidad de su régimen con Estados Unidos, el presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, haya optado por la neutralidad en la guerra. Los intereses materiales en juego hacen que esta elección parezca obvia —las exportaciones de soya, maíz, azúcar y carne brasileñas dependen en gran medida de los fertilizantes rusos, por esta razón, Bolsonaro ha tenido un gran interés en mantener las relaciones. Más aún, el superávit comercial de Brasil con China es más grande que todas sus exportaciones con Estados Unidos pero la corriente ideológica es más profunda.

   Con Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil profundizó las relaciones, no solo con los BRICS y otros gobiernos de la marea rosa, sino también con Estados Unidos. El ministro de relaciones exteriores alardeó, en 2011, que Brasil tenía más embajadas en África, que Gran Bretaña. Esa voluntad de hacer amigos tanto en el Pacífico como en el Atlántico norte le ha dado un gran margen de maniobra, como cuando rompió las patentes de medicamentos contra el VIH/SIDA en favor de los genéricos indios.

   La facción de libre mercado de Bolsonaro acabó con esta tendencia multilateralista, al alinearse contra India, Sudáfrica y china cuando este bloque demandó vacunas contra el Covid-19 libres de limitaciones de propiedad intelectual (PI) en la Organización Mundial del Comercio. También, se unió al G7 en políticas de libre comercio agrícola y se mantuvo al margen de peleas sobre PI. Sin embargo, los grandes esfuerzos de la derecha brasileña por acabar con el proteccionismo no fueron suficientes para superar la larga aversión del país a los planes coordinados del G7. Brasil continúa eligiendo la neutralidad ante las sanciones rusas. Las élites en Brasilia prefieren mantener sus opciones abiertas y ligeros sus compromisos.

   El crecimiento industrial ecológico obliga a tomar decisiones difíciles. De cara al futuro, Brasil necesitará priorizar a los industriales nacionales o a sus aliados externos al considerar si desarrolla carros de combustión-flexible alimentados por etanol de caña de azúcar de producción nacional o por baterías provenientes de China, Indonesia y el cercano triangulo del litio. En su discurso de victoria, rodeado por sindicalistas y campesinos sin tierra, Lula se comprometió a buscar la no-alineación estratégica: “No aceptaremos una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Tendremos relaciones con todos”. Brasil puede aplazar la elección entre norte y sur, pero la elección entre un Brasil que mira hacia adentro o uno que mira hacia afuera parece inevitable.

   Hubo una ironía especial en la captura de la derecha de Brasil. Bajo el gobierno de Bolsonaro, el país fue quizás el más cooperativo con el orden liderado por el G7 de todos los países BRICS. Pero Lula representa la mejor oportunidad del mundo en desarrollo para liderar un movimiento de no-alineación. Mientras que el antiguo movimiento de no-alineación estaba anclado por imperativos morales —descolonización, antirracismo, desarme nuclear— esta insipiente versión carece de un programa social y ético positivo. En su lugar, obedece a la fría lógica comercial y de seguridad del desarrollo. Corresponderá a ese antiguo sindicalista metalúrgico forjar una nueva coalición basada en valores compartidos.

   

   Los países en desarrollo aprovecharán este cambio violento de las condiciones geoeconómicas de esta década para construir sobre viejos modelos de crecimiento, como la política industrial y el capitalismo del Estado Desarrollista. Se espera que estados como India e Indonesia continúen imponiendo condiciones en sus, cada vez más codiciados, acuerdos de cooperación y acceso a los crecientes mercados de consumo en materia de infraestructuras duras.

   Si esta es la tendencia general, habrán enormes variaciones en la estrategia. El programa de desarrollo brasileño a través de política social, que incluye los conocidos subsidios en efectivo Bolsa Familia, podrían materializarse completamente con el regreso al poder de Lula. Por su parte, Indonesia e India —que ocupan la saliente y entrante presidencia del G20— han favorecido políticas centradas en la construcción de electricidad, carreteras y puertos, que pueden ignorar los derechos humanos y favorecer acuerdos para los titulares poderosos. En la versión extrema, consideremos el modelo de Gujarat, constituido por las bases de las agresivas campañas electorales de Modi.

   Los nuevos países no-alineados se enfrentan a las potencias del G7. Los más expuestos a este cambio en el terreno de las relaciones económicas y de seguridad son Alemania, Corea y Japón, cuyas empresas industriales temen perder sus mercados de exportación. Hasta ahora, Alemania se ha distanciado de los desacopladores de Washington. En su reciente visita a China, el canciller Scholz, acompañado de los presidentes de BASF y Volkswagen, declaró: “en un mundo multipolar están emergiendo nuevos centros de poder, y nosotros apuntamos a establecer y mantener sociedades con todos ellos”.

   Incluso mientras los países no-alineados negocian dentro del régimen de nuevas sanciones y encuentran maneras de sacarles ventaja, no deberíamos perder de vista el devastador peaje de sanciones del G7, un instrumento contundente que ha destrozado cadenas de suministro y creado presiones inflacionarias. Cuando las élites de los mercados emergentes logran negociar estas condiciones en su beneficio, es algo impresionante. Pero incluso los tratos comerciales más creativos logrados bajo los términos del G7 son insuficientes para amortiguar la volatilidad del precio de la energía y los alimentos, desencadenada por los mercados desregulados de materias primas que operan desde Londres y Chicago. Mientras tanto, el caos climático en todos los continentes agrava estas tensiones, devastando las vidas ya de por sí precarias de muchas personas. Razón de más para que el G7 siga el ejemplo de los BRICS y coordine la inversión en infraestructuras sostenibles a largo plazo.

   Este ensayo fue traducido del inglés para PW por Gabriel Gallego.

   Primera aparición de este ensayo en GREEN, una revista de Groupe d’études géopolitiques.

2. Motores de Desarrollo

   julio 16, 2022 6:00 am Comentarios desactivados en Motores de Desarrollo

   En diciembre de 2021, el presidente Joe Biden anunció un incentivo fiscal para consumidores de vehículos eléctricos (EV) fabricados en Estados Unidos por trabajadores automotrices sindicalizados.¹ El incentivo fiscal promete apoyar la transición a “tecnologías verdes”, reducir la dependencia de combustibles fósiles y “descarbonizar” la economía, fortaleciendo la negociación colectiva después de décadas de esfuerzos estatales para debilitar los sindicatos. 

   Como era de esperarse, la propuesta se encaró a la resistencia corporativa. En Estados Unidos, Honda, Kia, Nissan, Hyundai y Tesla se opusieron al proyecto, pues sólo beneficia a Ford, General Motors y Chrysler, las tres empresas grandes de Detroit con personal notablemente sindicalizado. Los analistas de negocios preguntaron, si la preocupación es el cambio climático, ¿por qué no ampliar el crédito a empresas que ya están fabricando autos eléctricos? El incentivo también provocó acusaciones de proteccionismo. El gobierno mexicano argumentó que un incentivo fiscal contraviene el Acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA o United States-Mexico-Canada Agreement) “al otorgar una ventaja indebida a los vehículos construidos en Estados Unidos”. Dado que el crédito fiscal para EV es un tipo de subsidio, va en contra de las reglas de la Organización Mundial del Comercio. La Comisión Europea también se opuso al incentivo, argumentando que discrimina a los fabricantes de automóviles y componentes de automóviles de la Unión Europea, que emplean a 420 mil trabajadores en Estados Unidos.

   La disputa sobre el incentivo fiscal expuso las tensiones entre las políticas internas y las reglas de libre comercio en una economía regional altamente integrada. Las políticas que buscan asegurar empleos para una fuerza laboral en particular pueden hacer que las oportunidades de trabajo sean más inciertos para otras fuerzas laborales empleadas en el sector automotriz de América del Norte, incluyendo a México, donde el sector automotriz representa el 20 por ciento del PIB. 

   Antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA o North American Free Trade Agreement), el sector automotriz mexicano estaba dirigido por políticas internas. Las políticas nacionales y locales tenían como objetivo construir un sector manufacturero intensivo en capital y mano de obra, sirviendo como fuente de empleo. Esto cambió en la década de 1990. Con la formación de la región geo-económica de América del Norte en 1994, la producción de automóviles comenzó a involucrar la política exterior, reglas de acuerdos comerciales, corporaciones transnacionales y sindicatos internacionales. Hoy, la producción de automóviles es mucho más compleja que simplemente establecer una fábrica en un lugar específico. Seguir el rastro de la industria automotriz mexicana a lo largo de seis décadas ilustra cómo el sector automotriz de América del Norte en la actualidad combina intereses locales, nacionales y globales, cada uno con consecuencias distintas para el trabajo, la política industrial y, ahora, la estrategia climática.

   Construyendo el sector automotriz de México

   Con el fin de impulsar el desarrollo industrial, el gobierno mexicano decretó en 1962 que el 60 por ciento de cada automóvil vendido en México debía fabricarse dentro del país.² Esto requería que las corporaciones automotrices multinacionales se asociaran con empresas locales para establecer fábricas de automóviles, fortaleciendo la oligarquía mexicana mientras se desarrollaba la industria automotriz nacional.³ Una industria automotriz nacional era fundamental para la industrialización mexicana, ya que la producción de automóviles estaba estrechamente vinculada a las industrias del hierro, acero, caucho, plástico, vidrio y petróleo.⁴    

   Las políticas internas dieron preferencia a la industria sobre la producción agrícola a pequeña escala. La industrialización dirigida por el Estado a través del modelo económico de sustitución de importaciones (ISI) benefició a las corporaciones automotrices mediante políticas proteccionistas, concesiones fiscales e infraestructura como carreteras. El gobierno también otorgó a los fabricantes un acceso barato a tierras expropiadas de campesinos, ya que consideraba que las fábricas eran de interés público. Volkswagen México, ubicada en Puebla, a 130 kilómetros al sur de la Ciudad de México, se benefició de tres expropiaciones de tierras de este tipo.⁵ El Estado también desempeñó un papel importante en la orientación de la producción: en 1969, por ejemplo, el gobierno requirió que las compañías automotrices aumentaran sus exportaciones para equilibrar el componente importado de sus vehículos.⁶

   La industria automotriz impulsó el surgimiento de una clase trabajadora asalariada, calificada y en su mayoría masculina en México. El desarrollo de la industria en la década de 1960 coincidió con el aumento de los servicios sociales e infraestructura proporcionados por el Estado: atención médica pública, crédito para comprar viviendas y tiendas de alimentos subsidiadas, dirigidas a los trabajadores automotrices y sus dependientes. Mientras que la educación pública es considerada un derecho basado en la ciudadanía, la atención médica y el crédito para viviendas sólo son accesibles para aquellos formalmente empleados en los sectores público o privado.⁷ Este sistema de servicios públicos reemplazó los salarios bajos. Los trabajadores regularmente hacían turnos dobles o triples para cubrir el costo de vida, pero aún así era posible la movilidad social de los trabajadores automotrices. La red de seguridad social tenía una clara preferencia por los trabajadores industrializados en comparación con otras secciones de la clase trabajadora como los campesinos. Bajo el ISI, las corporaciones, las empresas estatales y una fuerza laboral industrial en su mayoría masculina en los sectores petrolero, automotriz y eléctrico se beneficiaron de la política nacional.

   El trabajo tuvo poca influencia sobre la política industrial. Desde la década de 1930, los sindicatos aliados al Estado han dominado el movimiento laboral de México, y cuando se trata de la industria automotriz, respaldaron contratos que principalmente servían a los intereses de la empresa y disuadían cualquier conflicto laboral. El sindicalismo independiente surgió en el sector automotriz en la década de 1970, alentando la democracia sindical interna y el control sindical sobre el proceso laboral a nivel de fábrica, pero estos sindicatos fueron excluidos de los debates de política que concernían al sector automotriz.⁸ Sin embargo, el trabajo organizado obtuvo victorias durante los gobiernos pro-labor.⁹

   En la década de 1970, México pasó de la ISI a una estrategia de Industrialización Orientada a la Exportación (EOI o Export-Oriented Industrialization). Las fábricas que eran propiedad de corporaciones transnacionales, conocidas como maquiladoras, aún se beneficiaban de la práctica de ISI de proporcionar instalaciones a empresas que se trasladaban a México. No obstante, lo que sí cambió fue que, en las maquiladoras, los materiales traídos de los Estados Unidos se ensamblaban en México y luego se exportaban de regreso a los Estados Unidos para su venta.¹⁰ El surgimiento de la EOI fue simultáneo con las medidas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional después de la crisis de deuda de México en la década de 1980. Como resultado, en las décadas de 1980 y 1990, México redujo los subsidios estatales, privatizando empresas del Estado e instituciones de educación y atención médica. La política nacional se orientó hacia la creación de empleos con salarios bajos, sujetos a las condiciones del mercado, al mismo tiempo que deshacía el sistema de servicios sociales que definió la era de la industrialización por sustitución de importaciones. 

   El cambio de NAFTA

   Aunque el desarrollo de una estrategia orientada a la exportación de facto puso fin a la industrialización por sustitución de importaciones durante la década de 1970, sólo fue suspendida de manera formal a través de un decreto en 1989, con el fin de crear una estructura legal para NAFTA a nivel nacional. Al firmarse el tratado en 1992, NAFTA creó la zona de libre comercio más grande del mundo, y contribuyó a un orden comercial multilateral emergente en el cual los acuerdos de libre comercio efectivamente escribieron la “constitución de una sola economía global”. En este punto, el modelo de maquiladoras dominaba la industria automotriz.¹¹ NAFTA y la implementación de la producción Justo-a-Tiempo (Just-In-Time) en el sector automotriz generó una reducción de costos al aumentar la especialización flexible. La industria se fragmentó en tres procesos claramente diferenciados: la fabricación de autopartes, la distribución y el ensamblaje de automóviles.¹²

   El sistema Justo-a-Tiempo reestructuró drásticamente la producción y el trabajo. Las fábricas de automóviles continuaron con el ensamblaje, pero subcontrataron gran parte del proceso de producción a cientos de empresas que se encargaban de la fabricación de autopartes, la distribución y tareas sólo indirectamente relacionadas con la producción de automóviles, como servicios de limpieza, cafetería, y la preparación de automóviles para su envío. Hoy en día, los segmentos de la cadena de producción que emplean a la mayor cantidad de trabajadores corresponden a la fabricación y la distribución. La práctica de producción ha abierto la puerta a una mayor flexibilización y precarización laboral: durante los últimos diez años, los robots industriales, que no requieren operador humano, han desplazado lentamente a los trabajadores automotrices. Según un informe de 2018 de Stephen Woodman para el Centro de Innovación en Gobernanza Internacional, “En 2011, había 83 trabajadores automotrices mexicanos por cada robot . . . Para 2015, la proporción había disminuido de 19 a 1”.

   Con la implementación del sistema de producción Justo-a-Tiempo, los sindicatos independientes perdieron el control sobre el proceso de producción, especialmente la capacidad de influir sobre las tasas de producción, los procedimientos de promoción y la seguridad laboral. A nivel nacional, los sindicatos independientes y sus contrapartes aliadas con el Estado perdieron su limitado papel en la negociación de acuerdos, aunque los sindicatos independientes eran más propensos a organizar huelgas.¹³

   Sin embargo, el sector automotriz de México a menudo se considera un gran éxito del NAFTA. El sector automotriz ha generado empleo y ha aumentado la participación laboral de una generación más joven, absorbiéndola en las alas de la economía formal. La era post-NAFTA ha llevado a nuevas oportunidades de empleo en ingeniería, administración y gestión. En áreas con una alta concentración de corporaciones transnacionales, las políticas locales intentan preparar a los trabajadores aspirantes para el examen estandarizado requerido para el empleo. Los gobiernos locales también otorgan un pequeño bono a las empresas para que envíen trabajadores mexicanos al extranjero a capacitarse. Sin embargo, no se crean empleos bien remunerados al ritmo necesario y la mayoría de los empleos creados por el sector automotriz siguen siendo mal remunerados y precarios.

   El modelo de industrialización por sustitución de importaciones sentó las bases para un modelo de desarrollo dependiente de corporaciones privadas para el trabajo asalariado y del Estado para la expropiación de tierras. NAFTA consolidó este modelo. Bajo NAFTA, el gobierno mexicano continuó otorgando exenciones fiscales e incentivos para atraer inversiones automotrices.¹⁴ El gobierno federal y estatal ha dado millones de dólares a Toyota, Kia, Mazda, Honda, Volkswagen, Audi y Pirelli, un fabricante multinacional de neumáticos, según un informe de 2016 del Centro de Investigación de Políticas Automotrices. Kia y Audi también recibieron donaciones de tierras del gobierno: 533 hectáreas y 460 hectáreas respectivamente. En Nuevo León, el gobierno asignó a Kia 115 millones de dólares en incentivos directos, una exención de impuestos sobre la nómina de 20 años y 197 millones de dólares en gastos de infraestructura para apoyar la instalación de la planta. Las tierras para la fábrica de Audi, un parque industrial que alberga a sus proveedores y una nueva ciudad junto a la fábrica, fueron expropiadas de campesinos. Junto con las tierras, las fábricas de automóviles reciben cantidades sin precedentes de agua, que son desviadas de los campesinos hacia la economía automotriz de México. 

   A nivel nacional, las corporaciones siguen siendo actores clave del desarrollo socioeconómico. Son los principales proveedores de trabajo asalariado, y por lo tanto, de acceso a la atención médica y la vivienda. Las corporaciones tenían un dominio similar sobre el trabajo asalariado bajo la industrialización por sustitución de importaciones, pero durante esta era, el Estado mexicano tuvo un papel más importante en la delineación de la política industrial. A nivel global, las corporaciones ejercen un poder otorgado por las leyes que estructuran y regulan el libre comercio. NAFTA fue el primer acuerdo comercial en establecer el mecanismo de Acuerdo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados (ISDS o  Investor-State Dispute Settlement) que permite a los inversionistas demandar a un país por “incumplimiento de obligaciones”.¹⁵ Bajo NAFTA, el papel del gobierno fue en gran parte promover la inversión mientras mantenía el control sobre el trabajo.¹⁶

   El trabajo bajo el USMCA

   En 2020, NAFTA fue reemplazado por el USMCA. A diferencia de su predecesor, el USMCA aborda directamente los problemas laborales, con amplios efectos para el trabajo y la organización en México. El Capítulo 23 del acuerdo incluye un mecanismo para hacer cumplir los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, lo que ya ha tenido efectos positivos para ellos. En 2021, se pidió al gobierno mexicano que revisara posibles violaciones de los derechos laborales en una fábrica de General Motors en Silao y una fábrica de autopartes en la ciudad fronteriza de Matamoros. En febrero de 2022, los trabajadores de General Motors eligieron un nuevo sindicato independiente en el norte de México. El presidente del sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria Automotriz (UAW o United Auto Workers), Ray Curry, expresó su apoyo a la victoria, junto con UNIFOR, el sindicato del sector privado más grande de Canadá.¹⁷ El USMCA también incluye una cláusula para mejorar los salarios, que requiere que el “40-45 por ciento del contenido automotriz sea producido por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora”. Aunque prometedor en teoría, no está claro cómo funcionará el requisito en la práctica para los obreros en las fábricas. Hasta ahora, Jesús Seade Kuri, el principal negociador de México en el USMCA, declaró que el requisito de 16 dólares por hora se está cumpliendo a través de los salarios de ingenieros y el personal administrativo.¹⁸

   El USMCA preserva la integración del sector automotriz en México, Estados Unidos y Canadá que fue emblemática de la era de NAFTA, un sistema donde, según un informe de 2021 del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, “cientos de proveedores fabrican piezas que cruzan las fronteras siete u ocho veces antes de ser ensambladas en un automóvil terminado”. Anteriormente, NAFTA requería que el 62,5 por ciento del costo neto de un vehículo y el 60 por ciento del costo de sus partes se originara en la región geo-económica de América del Norte para obtener beneficios de libre comercio. El USMCA aumenta el valor del contenido regional a un rango del 70 por ciento al 75 por ciento, dependiendo del vehículo, y divide ese requisito de contenido en tres grupos: partes centrales, partes principales y partes complementarias. Al cambiar los valores de contenido, el USMCA se extiende aún más en la organización de la producción de automóviles y hace que el sector automotriz de cada país dependa entre sí.

   NAFTA, y ahora el USMCA, han transformado el sector automotriz en un motor significativo de empleo y crecimiento económico en los tres países firmantes. Para 2020, el sector representaba el 3 por ciento del PIB de Estados Unidos y empleaba un promedio de 4.1 millones de personas. En México, representaba 78.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos anuales y empleaba a más de 1 millón de personas en toda la nación, convirtiéndose en el sector manufacturero más grande del país liderado por fabricantes de equipos originales. En Canadá, el sector contribuyó con 12.500 millones de dólares canadienses al PIB y empleó directamente a 117.200 personas, así como a 371.400 personas de forma indirecta. Los tres países se encuentran entre los mayores productores de automóviles a nivel mundial: Estados Unidos es el segundo mayor productor de automóviles del mundo y el segundo mayor fabricante y exportador de autopartes; México es el sexto y el quinto respectivamente; y Canadá está entre los doce principales productores del mundo.

   La era de los autos eléctricos

   Hoy en día, los autos libres de emisiones han abierto un nuevo capítulo en el sector automotriz de América del Norte, pero la competencia en torno a la energía limpia ha desafiado la era del libre comercio. Considerando los vehículos eléctricos como una vía para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, los fabricantes de automóviles ubicados en México se han comprometido a eliminar gradualmente los motores de combustión interna y los autos híbridos en las próximas dos décadas. Estas promesas han llevado a importantes inversiones: Ford invirtió 420 millones de dólares estadounidenses en una fábrica en Cuautitlán que actualmente ensambla autos eléctricos; en abril de 2022, General Motors anunció una inversión de 1000 millones de dólares estadounidenses para modernizar su fábrica en Ramos Arizpe, Coahuila, para comenzar a fabricar vehículos completamente eléctricos en 2023; en marzo de 2022, el grupo Volkswagen anunció una inversión de 7.100 millones de dólares estadounidenses para producir autos eléctricos con batería en toda América del Norte. General Motors también anunció una inversión de 9.000 millones de dólares estadounidenses en sus fábricas de Estados Unidos para fabricar vehículos eléctricos o celdas de batería.¹⁹ Volkswagen modernizará fábricas en ambos lados de la frontera. Con estas inversiones simultáneas, las corporaciones parecen estar comprometidas con distribuir la producción de automóviles a lo largo del corredor de América del Norte en lugar de trasladar la producción por completo a un solo lugar. La fabricación de autopartes en México también ha visto un aumento en la producción; en 2019, produjo más de 8.000 millones de dólares estadounidenses en partes automotrices eléctricas, un aumento del 8,3 por ciento respecto al año anterior. Las inversiones se han extendido por toda la cadena de suministro. La empresa china Ganfeng Lithium, proveedora de Tesla, anunció la construcción de una fábrica de reciclaje de baterías de ion de litio en Sonora. La corporación china Contemporary Amperex Technology Co, la mayor productora mundial de baterías para vehículos eléctricos, está considerando invertir 5.000 millones de dólares estadounidenses en México, Canadá o Estados Unidos. La construcción de fábricas de producción y reciclaje de baterías es clave para cumplir con los requisitos de contenido del USMCA, dado que, hasta ahora, la mayoría de las baterías se fabrican en Asia.

   Para México, la transición hacia vehículos sin emisiones significa una oportunidad para recuperar cierto control sobre los recursos naturales que se escaparon de las manos públicas durante los veinticinco años de NAFTA. En marzo de 2022, el presidente López Obrador nacionalizó el litio, necesario para producir baterías para vehículos eléctricos, declarándole como un “mineral estratégico” para México. Al nacionalizar el litio, el gobierno mexicano tiene como objetivo construir un sector energético público fuerte y asequible. El anuncio fue controversial. Kenneth Smith Ramos, quien encabezó las negociaciones técnicas para crear el USMCA, argumentó que el proyecto contraviene el USMCA.²⁰ Katherine Thai, la Representante de Comercio de Estados Unidos, declaró que la legislación de México en relación con el litio es “anticompetitiva y contraria a las protecciones y disposiciones del USMCA” y obstaculiza las respuestas climáticas al evitar que los tres países firmantes trabajen juntos para desarrollar energía limpia.

   La iniciativa de incentivos fiscales para vehículos eléctricos de Biden y la nacionalización del litio de López Obrador son evidencia de una competencia incipiente entre Estados Unidos y México en torno a miles de millones en inversiones verdes potenciales en el sector automotriz. En una era de libre comercio, sin embargo, esta competencia no solo implica otorgar concesiones fiscales, infraestructura y la disponibilidad de una fuerza laboral calificada. También complica las reglas de los acuerdos comerciales. Así, se revela un campo desigual de las relaciones de poder, moldeado por la historia de las relaciones exteriores y el poder corporativo de cada país.

   Los esfuerzos para “re-nacionalizar” elementos de la producción de automóviles demuestran cómo el sector automotriz negocia intereses locales, nacionales y globales: las políticas que buscan apoyar a la mano de obra en un país implican intereses laborales y corporativos en otro. No obstante, hay continuidades entre los orígenes del sector automotriz de México y su estado actual. El modelo de crecimiento centrado en la fabricación del gobierno mexicano, la dependencia de la inversión corporativa y la desinversión de los servicios sociales han permitido la precarización cada vez más marcada del sector.

   Al mismo tiempo, una fuerza laboral fortalecida, como lo demuestran las recientes victorias de los sindicatos independientes, puede sugerir una nueva dirección potencial. El capítulo 23 del USMCA, junto con nuevas reformas laborales en México que requieren elecciones sindicales directas y contratos públicos, ha permitido a los trabajadores mexicanos desafiar a los sindicatos corruptos. Aunque queda por ver cómo se pueden reconciliar los diferentes intereses nacionales, los cambios en la legislación laboral en diferentes niveles de gobernanza son signos esperanzadores de posibilidades emergentes en el sindicalismo laboral.

3. ¿Cambio de régimen?

   abril 27, 2022 10:14 am Comentarios desactivados en ¿Cambio de régimen?

   El eje central de la estrategia de “conmoción y pavor” de la economía occidental a la invasión y bombardeo de Ucrania por parte de Rusia fue el congelamiento de los bienes del Banco Central del país agresor. En la edición del 7 de marzo del boletín “Reporte del Capital Mundial” de Credit Suisse, el estratega de inversiones Zoltan Pozsar escribe que el embargo de estas reservas por parte del G7 marca un cambio de régimen en el sistema monetario global. Pozsar lo denomina como Bretton Woods III. Él anticipa que los soberanos asiáticos, temiendo que las reservas extranjeras denominadas en dólares y euros están en riesgo de expropiación debido a futuras disputas políticas internacionales, ubicarán sus fondos excedentarios fuera del alcance de las autoridades financieras occidentales. Para Pozsar, esto anuncia el crecimiento de las “monedas respaldadas por commodities en el este” y conjura el desenlace de la hegemonía del dólar.

   En un artículo de seguimiento publicado el 31 de marzo, Pozsar especula que los recientes desarrollos llevarán a China a reemplazar a Occidente como los compradores de última instancia del petróleo ruso. Como resultado, los buques petroleros deberán ser redireccionados de la vía rápida, entre este y oeste a través de Suez, a un camino más largo entre Rusia y China (que requiera transferencia entre navíos). La geopolítica dará forma a la reorganización de redes reales de infraestructura, ralentizando las cadenas de suministro e incrementando el costo del crédito. Poszar predice que este reacomodamiento de los flujos mundiales de dinero y mercancías presagia un nuevo orden económico mundial, uno en el que China reemplazará a Estados Unidos como la hegemonía monetaria. El petrodólar, presagia él, será reemplazado por el petroyuan.

   El análisis de Pozsar -así como la respuesta de Adam Tooze al análisis- aprecia la asimetría en la economía mundial: entre economías avanzadas que dominan las finanzas globales y los países en desarrollo que producen la mayoría del PIB mundial (alrededor del 60 %). Asia puede ser el centro de gravedad del mundo de la manufactura, pero las firmas europeas y norteamericanas siguen dominando el grueso de las ganancias integradas en las cadenas mundiales de suministro. Esta tensión en la economía mundial no muestra señales de resolverse pronto, pero se está haciendo cada vez más disputada. La militarización de la política comercial por parte de la anterior administración republicana se ha visto reforzada por la actual administración demócrata. Un reciente discurso de la Secretaria del Tesoro Janet Yellen donde promulga “el “friendshoring” de cadenas de suministro” -en el que Estados Unidos fortalece lazos comerciales con quienes comparte intereses estratégicos y “valores fundamentales” y corta el resto- resume el nuevo tono (en su discurso, Yellen también pide revitalizar Bretton Woods basado en su visión de que el orden económico basado en el dólar nos “beneficia a todos”).

   Entender este orden económico emergente requiere complementar el enfoque de la famosa “matriz de balances contables” de Hyung Song Shin respecto a la globalización financiera, con un lente que vea el sistema global del dólar como una matriz de dominación monetaria, militar y legal. Estamos presenciando la creación de un nuevo capítulo en este sistema -si estamos en una nueva era llamada Bretton Woods III, es, hasta el momento, la versión más militarizada del sistema global del dólar. 

   Bretton Woods I

   De 1952 a 1973, Bretton Woods I reforzó la subyugación de otras monedas frente al dólar. Obtener oro requería convertir otras divisas, fuera libra esterlina o franco francés, a dólares, la única moneda que podía ser convertida en oro. La dominación del dólar dependía entonces de una tasa de cambio estable entre los dólares y el oro. Esto significó limitar el suministro de dólares -fácil de imprimir comparado con la producción de oro, una mercancía escasa. Una creciente demanda de dólares a finales de los 60 hizo que mantener una paridad fija entre dólares y oro se hiciera cada vez más difícil. En agosto de 1971, ante el temor de una caída del dólar, el presidente Nixon desligó a la moneda del oro. Ya no se podía ir a la ventana de un banco e intercambiar sus dólares por oro. Así, de facto, el orden monetario internacional conocido como Bretton Woods había acabado.

   La decisión de Nixon de desvincular el dólar del oro fue tomada junto con la amenaza de sanciones comerciales a no ser que los europeos apreciaran sus divisas, haciendo que las exportaciones de Estados Unidos fueran más baratas y más atractivas para el mercado mundial. El Secretario del Tesoro de Nixon, John Connally, declaró de manera infame a sus contrapartes extranjeras que el dólar “es nuestra divisa, pero es su problema”. La administración del dolar mundial, abandonada por Estados Unidos, generó más de una década de desorden económico marcado por la inflación alta y el desempleo.

   Poszar asemeja el momento presente a esta ruptura estructural en los regímenes monetarios. Pero ya no estamos en 1971. Cuando los mercados parecieron imperturbables en la primera semana de la guerra Rusa sobre Ucrania, en palabras del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), Jerome Powell, fue por haber “institucionalizado la provisión de liquidez”. Powell se refería a las líneas de swap y las opciones de recompra del tesoro, hechas permanentes el verano pasado, que estaban listas a suministrar dólares a los bancos centrales extranjeros y a los mercados financieros en caso de turbulencias en el mercado. Comparado con la fuerte salida de flujos financieros de China, y la ampliación y diseminación de la deuda soberana en la periferia europea en los días posteriores a la invasión ucraniana, el dólar se fortaleció y las expectativas de inflación en Estados Unidos parecieron bien ancladas, parcialmente porque la FED aseguró que estabilizaría los mercados del dólar como prestamista de última instancia.

   Como custodios del dólar -involucrados en la creación y emisión de dólares, así como de pagos y acuerdos- la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos tienen un poder sin par sobre el sistema financiero mundial. Un sistema financiero mundial asimétrico basado en una sola moneda alimenta la inestabilidad. Dejarle el dinero mundial a las vicisitudes de los mercados mundiales de divisas significó décadas de crisis financieras, sobre todo en la periferia del sistema financiero global. Sin embargo, cuando una burbuja financiera gigante estalló en el epicentro del orden mundial del dólar en 2007, las intervenciones para enfrentar la crisis se convirtieron en una parte central del mandato de la FED. El intervencionismo fue su nuevo mantra. 

   Si las sanciones son el puño de hierro, las líneas de swap son el guante de seda del orden mundial del dólar. En las dos últimas crisis financieras, los intercambios de dólar de la FED a los bancos centrales extranjeros -que sumaron casi un billón en 2008 y medio billón en 2020- fueron otorgados a una docena de bancos centrales. Tras la crisis financiera global de 2008, el dólar emergió incluso más potente en su rol como reserva global y vehículo como divisa comercial. El ciclo financiero global del dólar post 2008 significó que el dólar dictaba fluctuaciones en el comercio mundial, los préstamos internacionales, los retornos en el mercado de acciones y el crecimiento global. Los soberanos que carecían de autonomía monetaria y fiscal debieron soportar mayores limitaciones en el presupuesto, ciclos comerciales más volátiles y en tiempos de crisis, defaults en la deuda soberana. La infraestructura monetaria de la hegemonía estadounidense es más extensa y está más arraigada que nunca antes.

   Bretton Woods II 

   Indudablemente, el embargo de las reservas de divisas extranjeras de Rusia por parte del G7 llevará a China a reconsiderar su propia estrategia de acumulación extranjera en dólares y euros. Podría incluso acelerar un esfuerzo por internacionalizar los mercados de renminbi en el camino, y los países podrían verse incentivados a pasar de SWIFT a Cips, un sistema transnacional de pagos de China, el cual es menos usado y cubre a cien naciones. Pero por ahora, China permanece firmemente instalada en la vasta infraestructura monetaria de Estados Unidos. Sus préstamos -compras de bonos del tesoro de Estado Unidos para financiar la iniciativa de la Franja y la Ruta- siguen siendo principalmente en dólares. Y a pesar de las charlas de Rusia y China sobre alinearse contra los poderes occidentales. Por el momento parece que China está bloqueando la financiación de ventas de petróleo de Rusia con el fin de evitar sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos. Las externalidades en las redes son una fuerza poderosa en la economía.

   Mientras Poszar argumenta que el Banco Popular de China “puede bailar su propia tonada”, China no puede escapar al hecho de que la economía mundial sigue bailando la tonada del dólar. Las reservas de divisas extranjeras de los gobiernos, el comercio global y la deuda internacional están denominadas desproporcionadamente en dólares. Las economías de los mercados emergentes orientadas a las exportaciones confían en que los consumidores de economías avanzadas compren lo que ellos hacen. Desde finales de 1990, la economía global se caracterizó por las economías orientadas a la exportación que vinculan sus divisas con el dólar. Las ganancias de las exportaciones eran vertidas en las reservas de divisas extranjeras denominadas en dólares y los fondos soberanos de riqueza de exportadores de manufacturas y mercancías. El acuerdo fue descrito provocativamente por Michael Dooley y Peter Garber como “Bretton Woods II”, un intercambio de deuda colateralizado en el que las reservas soberanas denominadas en dólares funcionaban como colateral para asegurar la inversión multinacional corporativa en naciones anteriormente comunistas como China.

   La hipótesis de Bretton Woods II asumió que la jerarquía financiera global era estable. China acumuló más de tres trillones y medio de dólares en sus reservas de divisa extranjera. Parte de esto es dinero que pudo haberse gastado en mejorar el bienestar social de los ciudadanos chinos. Dos décadas después, la acumulación masiva en bienes denominados en dólares sigue manteniendo a flote al dólar. La pregunta es: ¿todavía están dispuestos los bancos centrales extranjeros a asumir un riesgo desproporcionado al comprar grandes sumas de deuda estadounidense o europea de bajo rendimiento cuando estos emisores de divisas fuertes han mostrado su capacidad de expropiar sus reservas extranjeras?

   En un nuevo reporte, Dooley, Garber y David Folkerts-Landau afirman que los eventos presentes validan su tesis sobre Bretton Woods II. Para los autores, las sanciones no solamente son justificadas sino que son un resultado “natural” si los países fuesen a renegar el “contrato social global”. Los colaterales deben ser tomados si los actores actúan mal. Para ellos el “secuestro” de los bienes rusos establece un ejemplo para otras naciones de que Estados Unidos es capaz de ejercer su poder para usurpar bienes en dólares. Las confiscaciones, dicen ellos, solamente reforzarán el mensaje a las economías “geopolíticamente riesgosas” de que deben aumentar sus colaterales para participar en las cadenas globales de suministro.

   Poszar advierte que China ya no va a estabilizar la supremacía del dólar de aquí en adelante, que por una variedad de razones -desde la escasez de recursos frente al cambio climático a la necesidad crítica de mercancías en la infraestructura verde- los países del este se vincularán a las mercancías. Él evita mencionar que, a diferencia de China, Estados Unidos es un gran productor de petróleo y gas. Irónicamente, la guerra ha sido muy buena para la industria estadounidense de combustibles fósiles. La liberación sin precedentes del petróleo estratégico de Estados Unidos para alivianar las disrupciones al suministro provocadas por la guerra se sumaron a penalidades contra compañías estadounidenses por no extraer más petróleo. La nueva fuerza conjunta anunciada por la administración Biden junto a la Comisión Europea (que busca lograr la llamada seguridad energética al eliminar la dependencia de la energía rusa) básicamente garantiza un mayor mercado europeo para el gas natural licuado (GNL) estadounidense al menos hasta 2030. Europa cambió completamente al establecer un compromiso con los proveedores estadounidenses de GNL, tras haber acabado con esos contratos por preocupaciones de gobernanza ambiental, social y corporativa (ESG). El aumento en exportaciones de GNL estadounidense a Europa es solo un indicador de cómo los Estados Unidos saldrán fortalecidos de la crisis actual.

   Armamentizando el dinero mundial

   Una perspectiva ingenua sobre Bretton Woods asume una visión benigna de la hegemonía del dólar, pero el dinero siempre ha sido geopolítica.

   A mediados del siglo XX, la libra esterlina todavía financiaba casi la mitad del comercio mundial. El petróleo extraído de los campos iraníes por parte de las empresas británicas era vendido en libras esterlinas. En 1950, el gobierno británico ordenó a los miembros del área esterlina -su bloque colonial donde el mandato era que los gobiernos miembros depositaran sus ganancias en divisas fuertes en Londres– que redujeran sus compras de petróleo en dólares producido por las firmas británicas y que compraran petróleo en libras esterlinas. A pesar de haber abandonado la Mancomunidad de Naciones, Egipto fue coaccionado a participar del mismo acuerdo (tras dejar la unión colonial, cuando este pidió convertir su balance en esterlinas a dólares, el Reino Unido alcanzó un acuerdo, suspendiendo la conversión de esterlinas como había hecho antes con las reservas de divisas extranjeras de India). En 1951, cuando Mossadegh nacionalizó los bienes de la Compañía Petrolera Anglo Iraní, los británicos impusieron un bloqueo de sanciones sobre Irán. Para 1953, una operación conjunta entre la CIA y el MI6 había expulsado a Mossadegh del cargo. Cuando Gamal Nasser nacionalizó la Compañía del Canal de Suez (británico-francesa) en 1956, interrumpió el movimiento de petróleo en esterlinas a través del Mediterráneo, entonces Gran Bretaña, Francia e Israel ocuparon a Suez.

   Desde 1950, casi la mitad de todas las sanciones globales han sido impuestas por Estados Unidos. A economías como la de Irán -sancionada por el presidente Jimmy Carter en 1979- se les ha impedido participar completamente de la economía global durante décadas. La globalización de los 90 trajo consigo un incremento en sanciones. Y las secuelas que dejó la crisis financiera de 2008 sumaron incluso otro incremento en general. El unilateralismo es una de las características definitivas del régimen de sanciones: han sido impuestas principalmente por Estados europeos a naciones africanas.

   Las sanciones, impuestas por Estados poderosos sobre los menos poderosos, son las entrañas feas y coercitivas de la economía global. Y hay más precedentes de situaciones en las que los poderes occidentales expropian los bienes del banco central de otro país. Recientemente, en 2018, el Banco de Inglaterra incautó mil millones de dólares en oro venezolano y lo retuvo en sus bóvedas. Esto ocurrió a pesar de las leyes de inmunidad soberana en Estados Unidos y Reino Unido, que articulan claramente la excepción soberana, como por ejemplo, la inmunidad al embargo de bienes.

   El retiro de Estados Unidos de Afganistán parece ser un caso de prueba para el uso de sanciones de la administración Biden como arma económica. El retiro de tropas de Biden en agosto de 2021 puso fin a los envíos de dólares en volumen -entregados en aviones con estibas- a Kabul (las economías con sistemas crediticios y bancarios débiles dependen del efectivo, y el dólar es efectivo). El retiro militar fue seguido por la guerra monetaria. Imponiendo sanciones financieras sobre el nuevo gobierno talibán, el Tesoro de Estados Unidos bloqueó el acceso del Banco De Afganistán, el banco central nacional, a sus reservas de divisa extranjera en la reserva federal en Nueva York. Afganistán depende de la subasta de dólares para establecer su política monetaria. Las sanciones impidieron el funcionamiento del BDA, catalizando una crisis bancaria. A medida que los dólares desaparecieron, la economía de Afganistán hizo implosión. En febrero de 2022, desplegando la Ley de Poderes Económicos internacionales de Emergencia, la administración Biden consolidó y congeló las reservas de divisas extranjeras de Afganistán en la reserva federal. Luego, ese mes, confrontados por la peor hambruna en el país, Estados Unidos relajó algunas de sus sanciones.

   Los meses recientes han presenciado la extensión de esta guerra económica. El conjunto de sanciones de Estados Unidos contra Rusia incluyó el bloqueo de instituciones financieras rusas de la transmisión y desarrollo de pagos a través de infraestructuras financieras como SWIFT y la confiscación de los bienes en el extranjero de Putin y sus asociados. Estas acciones ocurrieron por el amparo legal de los poderes de emergencia, cuyo uso mejorado data de la Ley Patriota de Estados Unidos de 2001. La guerra económica también significó una serie de intervenciones diplomáticas. Esto incluyó enviar a los representantes estadounidenses a Venezuela a renegociar la reapertura de sus reservas petroleras a los mercados mundiales (lo que requiere remover sanciones estadounidenses sobre el país); embaucar a los miembros de OPEC para producir más petróleo para reducir los incrementos en los precios de la energía; una declaración del G7 en la que los Estados Unidos se unieron a Europa para poner un tope a los combustibles fósiles de ser necesario, y enviar al consejero delegado de seguridad nacional de Estados Unidos y arquitecto de las sanciones, Daleep Singh, a India para cuestionar al gobierno por comprar petróleo ruso barato (no se ha desatado tal ira contra los alemanes, que han seguido comprando energía rusa). Algunos de los pasos tomados por la administración de Biden fueron ejercer presión en las naciones productoras de petróleo para incrementar la producción mientras se le asegura a los ciudadanos del G7 que la independencia energética estaba vinculada definitivamente con la energía limpia al largo plazo, crear nueva legislación y regulaciones sobre criptomoneda y presionar para el paso hacia un dólar digital respaldado por el sistema de la reserva federal. Estos esfuerzos hercúleos para estabilizar el orden del petrodólar vino junto a un dilema político que el sistema de reserva federal enfrentó, en el que controlar la inflación con incrementos de la tasa de interés podría resultar en el detrimento de la economía mundial. 

   La escala y la perspectiva de las sanciones financieras rusas y su naturaleza táctica cambiante -que inicialmente se enfocó en los dos mayores bancos del país y eximieron las exportaciones energéticas rusas de las sanciones, pero luego evolucionaron hacia la expropiación de las reservas extranjeras del Banco de Rusia y un veto en importaciones de Estados Unidos al petróleo ruso- es un golpe a la economía impulsada por las rentas. Esta economía ha sido formada por el legado de la terapia de shock estadounidense que destruyó el rublo en 1998. Las sanciones resultaron en la remoción de los bonos de calificación de inversión rusos de los tres mayores índices de mercados de bonos. La partida de las corporaciones occidentales, incluyendo a la BP (British Petroleum), el mayor inversionista extranjero de Rusia, significó su caída libre económica.

   Aunque los controles de capital y los aumentos de la tasa de interés impuestos por el banco central de Rusia han elevado al rublo de su colapso en los primeros días de la guerra de Ucrania, el congelamiento de la infraestructura financiera global de Rusia, la deuda externa de Rusia de alrededor de 194 mil millones de dólares es cada vez más ilíquida. Los pagos recientes de intereses por unos 117 millones en su deuda soberana denominada en dólares, procesados a través de los bancos estadounidenses correspondientes, fueron aprobadas por las autoridades estadounidenses, evitando un default soberano. Sin embargo, el 4 de abril, el Tesoro de Estados Unidos no permitió que 600 millones de dólares de pagos de cupones y pagos principales pendientes fueran procesados. El consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, anunció que Estados Unidos ya no permitiría que Rusia hiciera pagos a su deuda a través de bancos de Estados Unidos. La intención explícita de catalizar una crisis de deuda soberana en una nación no amistosa evoca ese momento decisivo en 1956 cuando Eisenhower amenazó al gobierno británico con hundir las securities en esterlinas si los británicos no se iban de Suez. Fue una de las instancias en las que las sanciones de Estados Unidos lograron su objetivo de política extranjera.

   Bretton Woods III

   Así, el orden de la economía emergente muestra un escalamiento del uso del dólar como arma. Los embargos de los activos del Banco Central de Rusia por parte del G7 no tienen precedente en su escala. Las reservas de divisas extranjeras de Rusia fuera del país sumaban unos 300 mil millones de dólares, duplicando en magnitud a las de Afganistán. Siendo el tercer máximo productor de petróleo, Rusia suma más de una décima parte de la producción global de gas y petróleo. Sus petrodólares -dólares ganados a través de la venta de exportaciones de petróleo- están depositados fuera del país en mercados monetarios globales (previo a las sanciones, 80 por ciento de las transacciones rusas en divisa extranjera eran llevadas a cabo en dólares). Los “turbocapitalistas” de Rusia tienen inversiones multimillonarias en las capitales financieras del mundo. No solo propiedades privadas en Knightsbridge o clubes de fútbol como Chelsea -cuya venta por parte del magnate ruso Roman Abramovich se ha complicado debido a las sanciones que le impuso el gobierno del Reino Unido- sino también fondos soberanos que se prestan en los mercados monetarios de Londres. De acuerdo con Poszar, Rusia ha prestado alrededor de 200 mil millones de dólares en el mercado global de swap de divisas extranjeras (Londres es el nodo dominante de este mercado global).

   El embargo coordinado de los bienes rusos por parte del G7 señala cómo el orden económico occidental se ha unido en el escalón mayor de la jerarquía monetaria global. Esto viene al costo de un multilateralismo más amplio. La postura neutral adoptada por 35 economías de abstenerse de condenar a Rusia en la Asamblea General de la ONU es algo complejo -que señala alianzas conflictivas frente al endurecimiento de ciertos campos de batalla (sentimiento capturado vívidamente por Daleep Singh en su reciente viaje a India: “los amigos no establecen líneas rojas… Nos interesa que todos los países, especialmente nuestros aliados y socios, no creen mecanismos que eleven el rublo y que intenten minar el sistema financiero basado en el dólar”). Un tercio del mundo, principalmente en el sur global, vive bajo sanciones de Estados Unidos. La escasez en suministros de trigo y de otras mercancías debido a la guerra, aparte de las penurias relacionadas con la pandemia, están causando precariedad en estos países. En Sri Lanka y en Perú, tras los motines por el combustible y los alimentos, se ha declarado estado de emergencia.

   La guerra legal económica es parte de este panorama recientemente instrumentalizado. Consideren el sistema global del dólar en sí mismo como una matriz financiera-militar respaldada por una estructura legal. Sus capitales más importantes son Nueva York y Londres. Los mayores flujos de cruces financieros entre fronteras ocurren entre Wall Street y la City of London. La Eurozona, con sus exigencias presupuestales, es una jurisdicción monetaria periférica en el sistema del dólar en el extranjero. Buena parte del dinero del mundo -de los securities de deuda internacional al oro- están almacenados en Nueva York y en Londres. Es una milla cuadrada que concentra los mercados de divisas extranjeras más grandes del mundo, y en formas clave de financiamiento en dólares como los derivativos, la ciudad de Londrés sobrepasa a Wall Street. Más del 90 por ciento de los contratos derivativos, como swaps de divisa financiera -una forma clave de financiamiento mundial- están basados en dólares. Nueva York y Londres también dominan la profesión legal global. La mitad de la resolución de disputas alrededor del mundo ocurre en las cortes de Inglaterra y Gales y un cuarto ocurre en el estado de Nueva York. La ley transnacional carga la insignia del unilateralismo estadounidense. El Segundo Circuito de Estados Unidos, que incluye a Nueva York (la jurisdicción involucrada en el embrollo de DAB), lidera la aplicación de fallos judiciales extraterritoriales. Mientras tanto, a Estados Unidos se le ponen los pelos de punta ante la aplicación de leyes extraterritoriales por parte de otros Estados soberanos sobre residentes en el país. El empleo de abogados durante las sanciones ha demostrado ser bastante lucrativo para Estados Unidos y el Reino Unido.

   Hay un aparato de seguridad transnacional que está entretejido en este sistema legal angloestadounidense y las redes financieras de defensa y riqueza. Five Eyes, la red de distribución de inteligencia más poderosa del mundo, es un acuerdo de la angloesfera. Las guerras eternas fueron comandadas por Estados Unidos y el Reino Unido como poderes ocupantes conjuntos. La amplitud global de la red militar británica está en segundo lugar con respecto a la de Estados Unidos. Aukus, el pacto de defensa de 2021 entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia demuestra una “interoperabilidad” renovada entre aquellas fuerzas. Si bien no lo imita directamente, esta nueva cooperación está ocurriendo junto a varios incrementos en reservas de divisa extranjera en dólares australianos y canadienses. La coincidencia entre el “hard power” y el “soft power” -Five Eyes y Fedwire- representa la integración de la fuerza militar, legal y económica.

   ¿Cui bono?

   Todos somos sujetos de este orden nuevo, si acaso nebuloso -puede ser llamado “Bretton Woods III”- marcado por un enraizamiento agudo del dólar y su militarización en la economía mundial. El intervencionismo estatal que resurge tras la pandemia ha sido seguido por una renovada agresión estatal. Mientras la codependencia entre China y Estados Unidos (descrita evocativamente como Chimerica) fue una característica de Bretton Woods II, Bretton Woods III es una cepa virulenta del sistema mundial del dólar. La invasión Rusa de Ucrania -que proviene del agrandamiento de la OTAN en Europa oriental- contrarrestada por un bloqueo económico occidental detalla su lógica en tiempo real. Mientras las sanciones angloestadounidenses contra Irán buscaban debilitar sus exportaciones petrolíferas, las sanciones estadounidenses contra Rusia eximieron a su sector energético. De haber excluido las exportaciones rusas de petróleo y gas (así como contratos de agricultura y derivados) de las sanciones -para estabilizar los precios de los combustibles fósiles y los mercados financieros en occidente- a un veto en las importaciones de la angloesfera a la energía rusa muestra lo impredecible de la forma y el desarrollo de la armamentización del dolar mundial.

   La guerra legal entre Rusia y el G7 solo se ha intensificado. Las demandas por parte del gobierno ruso de que sus exportaciones de gas sean pagadas en rublos en vez de dólares fueron consideradas una ruptura contractual por parte del gobierno alemán. El bloque estadounidense de pagos rusos de bonos soberanos denominados en dos dólares (subrayado en la ley inglesa) ha llevado a la administración de Putin a buscar acción legal en sus propias cortes contra las medidas que previenen que Rusia pague su deuda y recupere las reservas confiscadas de su banco central.

   Que la apreciación del dólar causará de nuevo incomodidad en las partes más pobres de la economía global ya es evidente. La estabilidad en el núcleo del sistema global del dólar, garantizada por cualquier medio necesario, será contrarrestada con una inestabilidad tremenda en la periferia. Las complejidades de emplear el dólar mundial como un arma en los enfrentamientos económicos escenifican los viejos dilemas de la gestión hegemónica de la divisa. Hay al menos dos caminos para el desarrollo de un régimen militarizado del dólar global. El camino predecible es que los regímenes del indopacífico y el medio oriente se van a alinear con el vértice del atlántico norte del orden del dólar mundial a través de la asistencia militar y monetaria (los países que reciben liquidez en dólares tienden a estar entrelazados en las redes globales de bancos estadounidenses y las redes militares).

   Los proponentes de la estabilidad hegemónica benevolente, como Charles Kindleberger y Ronald McKinnon, mientras tanto, defendieron desarmar el orden del dólar a través del multilateralismo. Para McKinnon, esto significó que la reserva federal debía tomar su responsabilidad como el Banco Central del mundo con más seriedad (no es una tarea fácil: aplacar la inflación a través de alzas en la tasa de interés tiene consecuencias financieras perjudiciales para economías en desarrollo que llevan a cabo negocios y piden préstamos en dólares, lo que despierta preguntas respecto de la capacidad de una divisa soberana de ser suficiente como dinero mundial estable). El sistema de la reserva federal actual bajo Powell ha tomado un paso en esta dirección brindando un aprovisionamiento más amplio de liquidez a los soberanos. La red de líneas de swap puede ser mucho más expandida. Un complemento aún más democrático a las líneas de swap sería desplegar las tecnologías forenses y de vigilancia en manos de la Reserva Federal y el Tesoro para acabar con la evasión fiscal y los paraísos fiscales extranjeros. Un paso en esta dirección, el acuerdo global para un mínimo fiscal, aún está por ser implementado.

   La declaración conjunta del 10 de marzo de los ministros de energía del G7 en respuesta a la invasión ucraniana defiende unas rutas más limpias hacia la independencia energética. Prometiendo “un flujo ininterrumpido de energía para las poblaciones más vulnerables”, la declaración, al inicio, puede leerse como un mensaje escrito por una organización verde progresista, pero al final entrelaza la energía limpia con el nacionalismo perjudicial de la “seguridad energética”. Las políticas perversas pueden partir del siguiente maridaje: Boris Johnson está cortejando el dinero saudí para financiar una planta de aviación sostenible en el Reino Unido, mientras convence a Arabia Saudita de incrementar la producción de petróleo.

   Un orden mundial del dólar debilitado podría involucrar la provisión de un ingreso básico para las comunidades vulnerables a través de cuentas de la reserva federal, un reestructuramiento justo de las deudas para economías pobres cuyos futuros han sido frustrados por las costosas cargas de la deuda (los países con altas deudas denominadas en dólares están en alto riesgo de crisis bancaria), y la financiación pública para la infraestructura verde en el sur global. Sin embargo, la economía global parece ir en la dirección opuesta. Los gastos militares del mundo sobrepasaron los 2 billones de dólares en 2021, un gasto sin precedentes. Estados Unidos es responsable por 40 por ciento de esta cifra. Al mismo tiempo, la campaña global para vacunar a las naciones más pobres contra el virus se ha debilitado. La administración estadounidense tiene la capacidad de desmilitarizar la globalización. Pero esto requiere un cambio de estrategia para dejar atrás el “friendshoring” a través de alianzas militares y monetarias, hacia un nuevo y verdadero multilateralismo en asuntos monetarios internacionales. Ceder algunos de los privilegios exorbitantes del dólar podría liberar a Estados Unidos de algunas de las cargas producto de la hegemonía económica.

   Este ensayo fue traducido del inglés para PW por Camilo Gonima Ruiz.

4. La Política de Clase del Sistema Dólar

   mayo 1, 2020 12:00 am Comentarios desactivados en La Política de Clase del Sistema Dólar

   El sistema global del dólar tiene pocos ganadores nacionales. En el marco típico, entender el dólar estadounidense significa comprender el «privilegio exorbitante» que le confiere a Estados Unidos. No obstante, el papel del dólar en la estructuración del sistema financiero internacional y en la configuración de la relación entre un Estados Unidos hegemónico y el resto del mundo es ambiguo (al igual que la cuestión de quién se beneficia exactamente del acuerdo actual). La primacía del dólar alimenta un creciente déficit comercial estadounidense que empuja a la economía del país hacia la acumulación de rentas en lugar del crecimiento de la productividad. Esto ha contribuido a una caída en la participación del trabajo y el capital en el ingreso, así como al aumento de los costos de servicios tales como la educación, la atención médica y el alquiler de viviendas. Con problemas como estos, ¿podemos afirmar con certeza que la moneda de reserva confiere beneficios sustanciales al país que proporciona liquidez y activos de referencia expresados en esa moneda?

   Para el resto del mundo, los males están lo suficientemente claros. En los países en desarrollo, la necesidad de asegurar sus economías contra crisis monetarias y deflación de la deuda ha significado la acumulación de dólares a expensas de las tan necesarias inversiones domésticas. Estas políticas suelen ir acompañadas de una supresión del consumo y los ingresos para establecer un superávit comercial permanente vis-à-vis el sistema dólar. Y en muchos países, el sistema dólar permite a las élites corruptas transportar de manera segura sus ganancias mal adquiridas a centros bancarios globales ubicados en jurisdicciones con leyes de propiedad opacas.

   Un análisis más detenido de las dinámicas subyacentes que sostienen este acuerdo revela por qué de manera aparente nadie quiere «desafiar al dólar», pero también por qué todos los países, incluyendo a Estados Unidos, tienen interés en hacerlo.

   En lugar de ver al sistema del dólar fundamentalmente como una herramienta nacional del gobierno de Estados Unidos, deberíamos entenderlo como la consecuencia de una economía globalizada que privilegia las preferencias de las élites financieras por el libre movimiento internacional de capital. El sistema no se basa en el apoyo activo y uniforme del dólar como moneda global, sino en la ausencia de una gobernanza monetaria internacional sólida y en las adecuaciones a los mercados monetarios internacionales. La centralidad actual del dólar no proviene de las prioridades de la seguridad nacional o los intereses de Estados Unidos. Más bien está arraigada en las preferencias de actores privados en el mercado financiero global que median entre instituciones financieras, Estados, élites políticas y empresariales. Las visiones tradicionales de la soberanía westfaliana no son suficientes para explicar las fracturas causadas por el dólar en la «matriz» de los reportes de balance interconectados que conforman la economía global financiarizada. Aunque es indudable que el sistema dólar ha tenido un efecto negativo desproporcionado sobre los países en desarrollo, las principales líneas de fractura que emergen del sistema dólar tienen mayor correspondencia con la índole de clase que con los límites nacionales.

   En este contexto, podría ser tentador retroceder a las fronteras nacionales y abogar por la desglobalización de diversas maneras. Sin embargo, el hecho de que el sistema dólar se base principalmente en un conflicto social, en lugar de geopolítico, significa que las mejores soluciones sugieren una reforma del sistema de manera que empodere a las personas que hacen parte del límite inferior de la jerarquía social global. 

   Los contornos del sistema del dólar

   La acumulación global de riqueza y los pagos por comercio y otras transacciones se generan en gran medida en dólares, convirtiéndolo en la moneda dominante para la realización de créditos y facturaciones. Dado que la mayoría de las entidades que operan en este sistema no se encuentran bajo la jurisdicción de la Reserva Federal, la mayoría de los dólares se suministran a través de créditos interbancarios extraterritoriales, financiados por depósitos en dólares de bancos no estadounidenses, o «eurodólares». Estas transacciones extraterritoriales -conocidas en inglés como offshore– requieren un colateral seguro expresado en dólares para gestionar su liquidez (de preferencia se utiliza deuda del Tesoro de los Estados Unidos).  Durante mucho tiempo, Zoltan Pozsar ha llamado la atención sobre esta característica de la plomería financiera extraterritorial, advirtiendo sobre un «agujero negro» en el mercado de financiamiento en dólares. Las reservas extraterritoriales en dólares dependen de la liquidez de los bonos del Tesoro y de sustitutos cercanos que funcionen como colateral para obtener efectivo en caso de una llamada de margen.

   La justificación de estos fondos en dólares tiene dos componentes. Primero, está la necesidad de financiar el comercio. El sistema de eurodólares facilita las relaciones comerciales entre países con diferentes monedas al darles acceso a una moneda común y estable―el dólar―en la cual llevar a cabo el comercio. El crédito en dólares permite la ejecución de contratos sin que se intercambie moneda estadounidense como tal. En cambio, el sistema funciona como un intercambio de pagarés para entregar recibos en diversos periodos de tiempo. Bancos en centros financieros importantes compensan este sistema de crédito utilizando una combinación de cuentas a plazo y, si es necesario, acuerdos de recompra para obtener dólares a través de préstamos a corto plazo, generalmente respaldados por deuda del Tesoro de Estados Unidos.

   Dado que el 80 por ciento del comercio en las economías de mercados emergentes se transa en dólares, las empresas con ingresos en su moneda nacional adquieren deudas insostenibles en dólares si la moneda nacional cae. Por esta razón, los bancos centrales intentan acumular activos en dólares, comúnmente en deuda estadounidense. Para adquirirlos, suelen mantener un superávit comercial persistente reprimiendo los salarios reales de sus trabajadores. Esto puede ser sostenible a corto plazo, pero a largo plazo conduce a periodos de estancamiento económico o guerras comerciales y de divisas internacionales.

   La segunda causa de estas reservas extraterritoriales en dólares corresponde a la desigualdad de la riqueza y los rendimientos corporativos desmesurados. Las grandes corporaciones, los fondos de pensiones y las personas extremadamente ricas no pueden depositar su dinero en el sistema bancario minorista. En cambio, lo retienen en reservas líquidas de activos denominados en dólares que pueden convertirse rápidamente en dólares. Aunque este sistema de «banca en la sombra» tiene usos legítimos, también facilita la evasión fiscal y la corrupción cleptocrática. La represión de los salarios reales solo agrava esta tendencia. La generalización de los desequilibrios comerciales globales impulsa mayores rendimientos para los dueños del capital, incrementando la desigualdad.

   Así, el sistema del dólar facilita y alimenta el poder de las élites que tienen interés en mantener el statu quo. Un sistema globalizado con una moneda clave dominante favorece la acumulación de rentas a expensas de un mayor consumo por parte de los trabajadores en países exportadores y también el acaparamiento de tales rentas aprovechando el agujero negro legal del mundo de las finanzas extraterritoriales.

   Una enfermedad holandesa financiera

   La fractura entre los beneficiarios élite y los trabajadores perdedores bajo el sistema dólar existe también dentro de los Estados Unidos. El país sufre masivas consecuencias económicas debido a su posición como emisor de la moneda de reserva dominante, cuyos efectos se distribuyen de manera desigual. La demanda de activos de alta calidad denominados en dólares carga a los Estados Unidos con una «enfermedad holandesa financiera»; en esta situación, la dependencia que genera exportar una sola mercancía eleva la tasa de cambio y, por lo tanto, excluye la producción de bienes comerciables y con valor agregado a favor de servicios y rentas financieras. Algunos ejemplos clásicos de países donde la «enfermedad holandesa» ha tenido lugar suelen corresponder a exportadores de productos básicos, como Holanda en la década de 1970 (tras el descubrimiento del petróleo del Mar del Norte), así como Nigeria y Rusia. Las economías afectadas por la enfermedad holandesa suelen dar lugar a una élite encogida y reducida cuyo poder se basa en los ingresos procedentes de las ventas de la única mercancía, o de los servicios y la gestión que florecen en torno a los flujos de caja generados por esta mercancía.

   Para Estados Unidos, esta única mercancía resulta ser el dólar. El mecanismo detrás de este proceso no es difícil de entender. Desde un punto de vista contable simple, cada activo debe ser compensado por una responsabilidad o un pasivo. Esto significa que un excedente en la cuenta de capital ―o el deseo del mundo de comprar activos seguros expresados en dólares estadounidenses― se compensa con un déficit en la cuenta corriente. Así, el déficit presupuestario de Estados Unidos y su déficit comercial son endógenos al sistema dólar. Cuando los déficits presupuestarios de Estados Unidos caen, ya sea como resultado de un aumento en el superávit comercial o de la reducción del presupuesto, el riesgo financiero aumenta a medida que los mercados sustituyen la deuda segura del gobierno de EE. UU. por colaterales riesgosos, como los infames títulos respaldados por hipotecas durante la crisis de 2008.

   El costo más visible de la enfermedad es la constante apreciación del dólar desde la década de 1980, a pesar de la disminución de la participación de Estados Unidos en el Producto Interno Bruto global. El principal síntoma doméstico corresponde al aumento de los costos de bienes no comerciables ―como medicamentos, alquileres de bienes raíces y educación― en comparación con bienes comerciables. Esta desconexión es al menos en parte responsable de la baja tasa de inflación del país, la disminución de la participación salarial y el aumento de la inseguridad económica, a pesar del acceso a una gama más amplia de bienes de consumo.

   Es difícil ver cómo Estados Unidos se beneficia económicamente de este sistema. En los primeros años de posguerra, podría haber sido cierto ―en un sentido aritmético estricto― que este arreglo era económicamente beneficioso para Estados Unidos. El costo de tener una moneda de reserva era menor después de la guerra, simplemente porque la participación no estadounidense en el Producto Interno Bruto global era considerablemente menor de lo que es ahora. En la actualidad, sin embargo, ahora que la participación estadounidense en un pastel más grande es relativamente más pequeña, los costos de la demanda global de dólares son más altos. De hecho, la mayoría de los otros gobiernos desalentarían activamente compras sustanciales y sostenidas de su moneda.  Si este sistema es tan subóptimo, ¿por qué aún está en marcha? La respuesta radica en que representa el punto focal de una nueva modalidad de política de clase transnacional.

   La política de clase de la dolarización

   Los marcos para comprender la persistencia del sistema dólar tienden a variar desde ser reduccionistas hasta obsoletos, a menudo examinando la política internacional por medio de estados nacionales discretos que son tomados como la principal unidad de análisis. Desde esta perspectiva, el dólar es producto de los intereses hegemónicos de Estados Unidos, utilizado como herramienta de la política estatal. Sin embargo, la financiarización global ha trastocado este marco: los intereses de la élite no giran en torno al límite nacional, sino al nivel internacional, y se transmiten a través del mecanismo de balanza de pagos y el sistema financiero. Los líderes y tecnócratas estadounidenses no obligan directamente a los países en desarrollo a invertir sus ingresos de la balanza de pagos en bonos del Tesoro; tampoco es la toma de decisiones activa por parte del Banco Popular de China lo que ha llevado a la acumulación de reservas en dólares chinos.

   Supongamos que las autoridades chinas quisieran que el Banco Popular de China redujera sus tenencias en dólares. Para resolver su desequilibrio externo con los Estados Unidos tendrían que abordar sus desequilibrios internos. Esto se debe a que las identidades contables básicas sostienen que todo lo que no se consume internamente se ahorra; esos ahorros se «exportan», en gran medida a los Estados Unidos, en forma de flujos de capital. Michael Pettis ha argumentado de manera constante que la baja participación que tienen los hogares en los ingresos de China (altos niveles de desigualdad causados por un crecimiento rápido) ha llevado a una alta tasa de ahorro doméstico y al subconsumo. Una gran parte del ingreso nacional está en manos de grupos con altos ahorros y que muestran preferencias de liquidez en dólares, tales como individuos que cuenten con un inmenso patrimonio neto y grandes corporaciones. Para revertir este desequilibrio, los ingresos deberían transferirse de estos poderosos intereses a los trabajadores chinos, una dinámica descrita por Albert Hirschman ya en 1958. A menos que haya una redistribución drástica de ingresos, quizás el Banco Popular podría simplemente buscar otra moneda de reserva y un activo seguro que sea equivalente. Pero ninguno de estos estaría disponible, ya que ningún país, aparte de los Estados Unidos, tiene mercados profundos y líquidos en un activo de referencia.

   La suposición implícita aquí, sin embargo, es que el sector financiero y las élites corporativas realmente quieren una alternativa. No hay razón para creer que este sea el caso. El sistema, tal como está constituido, no tiene muchas desventajas para los participantes actuales, y cualquier alternativa requeriría un cambio en la distribución. Las vastas reservas en dólares de China ilustran cómo las economías de mercados emergentes con desequilibrios internos causados por años de crecimiento desigual pueden utilizar activos denominados en dólares como un método políticamente conveniente para mantener el crecimiento sin recurrir a transferencias intersectoriales, por ejemplo, de ganancias a salarios. Los exportadores desarrollados como Japón y Alemania también mantienen un modelo de crecimiento basado en la competitividad de costos y la supresión de salarios. Un papel más destacado para el Euro o el Yen socavaría estos modelos. Para los exportadores de recursos facilita la corrupción y la evasión de impuestos a través de simples flujos de capital. En los Estados Unidos beneficia a las élites de la industria financiera, que pueden cosechar las recompensas al intermediar flujos de capital hacia los mercados estadounidenses, mientras que el costo de servicios no comerciables como las matrículas educativas, la atención médica y los bienes raíces aumenta para todos los demás. En todos los países, las élites salen ganando.

   La preferencia de las élites globales, y por lo tanto de los mercados globales, hacia el sistema dólar demuestra la futilidad de aplicar un marco westfaliano al sistema financiero global. Herman Mark Schwartz, uno de los principales expertos en el dólar y la hegemonía estadounidense, ofrece una mejor manera de pensar en el dólar, a saber, como la moneda estatal de un sistema global cuasi imperial, en el que las diferentes regiones económicas están unidas por una moneda de reserva compartida. Esta «moneda imperial» se enmarca más como un subproducto y menos como un facilitador (o incluso una restricción habilitante) del expansionismo estadounidense y el aventurismo militar, ambos anteriores al estatus del dólar como moneda. 

   Hay dos ventajas geopolíticas claras que se generan para Estados Unidos debido a su estatus como moneda de reserva: las líneas de intercambio de liquidez en dólares y el temible poder de las sanciones estadounidenses. Pero la capacidad de Estados Unidos para ejercer ese poder se ha construido de manera ad hoc, durante varias décadas y en períodos de gran contingencia. Investigaciones recientes muestran que el sistema internacional del dólar no fue diseñado a propósito, sino que fue ensamblado por élites que creían que los mercados monetarios internacionales no debían estructurarse activamente en función de un concepto del bien común, sino más bien ser respaldados por este. El sistema de redes de intercambio asociado con la crisis financiera de 2008 tuvo sus orígenes en los esfuerzos para respaldar al eurodólar ya a principios de la década de 1960, y a una decisión de los líderes de que sería mejor facilitarlo que luchar o reestructurarlo. Mientras las desigualdades internas no se resuelvan a expensas de estas élites el dólar seguirá siendo hegemónico.

   La fuente del poder de la Reserva Federal sobre el sistema del eurodólar ―y la vulnerabilidad de los mercados emergentes dentro de él―, es la dependencia global al respaldo de los bancos centrales. En la crisis del 2008-9, la Reserva Federal desplegó las llamadas líneas de intercambio de liquidez entre bancos centrales para respaldar el sistema global. Estas adoptaron la forma de acuerdos de divisas recíprocas entre bancos centrales: la Fed reponía las reservas en dólares de otros bancos centrales a cambio de moneda local. El verdadero poder de las líneas de intercambio no radica en quién las obtiene, sino en quién no las obtiene. En un artículo reciente para The Nation, Andres Arauz y David Adler resaltan cómo estas líneas de intercambio se pueden utilizar como una forma de triaje monetario, en el que Estados Unidos decide qué países tienen mejores perspectivas para resistir las tormentas económicas. Sin embargo, la crisis del Covid-19 ha puesto incluso esto en duda. No solo la Reserva Federal ha extendido su respaldo de intercambio a un rango más amplio de países que en 2008 y 2009, sino que, el 31 de marzo de 2020, abrió una instalación de recompra con autoridades monetarias extranjeras (FIMA). La FIMA Repo Facility permite a otros bancos centrales y autoridades monetarias intercambiar directamente sus títulos del Tesoro por dólares, evitando así tener que vender sus títulos del Tesoro de forma directa en un mercado ilíquido. Al hacerlo, la Fed creó una fuente adicional de liquidez en dólares para cualquier banco central.

   Reformando el sistema del dólar

   La desdolarización parece ser una perspectiva lejana. No existe un equivalente seguro denominado en euros, por ejemplo, y los mercados de capitales en la zona euro no están tan desarrollados como los de Estados Unidos. Los intentos de profundizar en los mercados de capitales e introducir un instrumento de deuda común han sido frustrados de manera repetida por países de la UE que se oponen firmemente a compartir riesgos financieros. El reciente rechazo de la propuesta de «coronabonos» ofrece amplia evidencia de esta dinámica. Mientras países como Alemania y los Países Bajos se mantengan firmes en su oposición a una integración financiera necesaria en la zona euro, la composición de divisas en las reservas internacionales seguirá estando fuertemente sesgada hacia el dólar. Las perspectivas políticas para la creación del Bancor, una moneda sintética propuesta por John Maynard Keynes, son igualmente sombrías.

   En cambio, deberíamos optar por gestionar el sistema actual para mitigar sus perjuicios, un proceso en el cual Estados Unidos debe desempeñar un papel destacado. Tenemos algunas propuestas.

   En primer lugar, Estados Unidos debería ofrecer a sus socios comerciales acceso directo al balance de la Reserva Federal a través de líneas de intercambio institucionalizadas que formen parte de acuerdos comerciales. Estados Unidos debería brindar a sus socios acceso a liquidez en dólares de alta calidad a cambio de mantener una política comercial equilibrada. Este intercambio disminuiría el déficit comercial estadounidense, al tiempo que ejercería presión al alza sobre el salario real de los socios comerciales.

   En segundo lugar, como sugirió recientemente Nathan Tankus, la Reserva Federal podría ampliar sus líneas de intercambio al Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto permitiría que el FMI actuara como un hacedor global de políticas fiscales emitiendo los llamados derechos especiales de giro (DEG). En su forma actual, los DEG son en gran medida ilíquidos y no se pueden convertir en dólares ni en otras monedas en las que esté denominada la deuda de los mercados emergentes. Proporcionar respaldo a los DEG mediante líneas de intercambio es una forma políticamente expedita de utilizar las instituciones que ya tenemos para garantizar que los DEG sean efectivamente redimibles en dólares. La propuesta de Tankus ha sido respaldada en una carta al G20 firmada por muchos líderes mundiales bajo la dirección del ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown.

   En tercer lugar, Estados Unidos debería empezar a ver su déficit no como un problema, sino como un recurso público, y gestionarlo como lo hacen los exportadores de energía mediante fondos soberanos para evitar la Enfermedad Holandesa. Para administrar este bien público, Estados Unidos debería establecer una serie de bancos públicos para financiar iniciativas económicas específicas. La Reserva Federal garantizaría la deuda de estas instituciones al descontar a una tasa de penalización por reservas o deuda del Tesoro de Estados Unidos o reservas en dólares. Estos valores podrían negociarse a un rendimiento ligeramente superior que los bonos del Tesoro y proporcionar a los inversores un producto alternativo a los bonos del Tesoro de propósito general. Las responsabilidades de estos vehículos de inversión proporcionarían un colateral global y fomentarían la estabilidad financiera al mismo tiempo que compensarían los efectos de la hegemonía del dólar en la industria nacional mediante inversiones permanentes y activas.

   Pero el conjunto correcto de herramientas no es suficiente. Para ir más allá de gestionar el statu quo, primero debemos reconocer que el sistema dólar evolucionó no como una herramienta de artesanía imperial, sino como el proyecto de una élite transnacional que ha usurpado efectivamente el control de un bien público internacional. Mientras la confrontación activa con los intereses de élite siga siendo insuficiente, el sistema dólar persistirá como un juego de suma cero, una situación que, a largo plazo, es insostenible para la economía política global. Y, siguiendo la ocurrencia de Herbert Stein: «lo que no es sostenible no se sostendrá.»

   Este ensayo fue traducido del ingles para PW por Maria Isabel Tamayo.