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1. Tráficos fronterizos

   mayo 30, 2024 2:50 pm Comentarios desactivados en Tráficos fronterizos

   La inserción de Ecuador en el crimen organizado transnacional es un fenómeno relativamente reciente. Desde la década de los noventa el país ha suministrado precursores químicos para la producción de cocaína en Colombia, pero a diferencia de sus vecinos, no se habían observado disputas violentas de poder  entre organizaciones criminales por el control y el acceso a las rutas del tráfico de drogas. Sin embargo, a principios de 2024, Ecuador captó la atención mundial al ser el escenario de la toma del canal nacional TC Televisión por parte de un Grupo Criminal Organizado (GCO) que mantuvo como rehenes al personal en Guayaquil. El aumento de la violencia en Ecuador lo llevó a ser catalogado como el país más violento de América Latina en 2023.

   ¿Qué condujo a que el país se convirtiera en un terreno de disputa entre los GCO locales y cuál es su conexión con el tráfico internacional de drogas? La explicación más significativa gira en torno al ascenso estratégico de Ecuador en la cadena logística del narcotráfico. En cuestión de pocos años, el país andino se ha convertido en un punto de interés para el crimen organizado transnacional en términos de producción y tráfico de cocaína. Hoy en día Ecuador sirve como una autopista para el transporte de esta droga hacia los Estados Unidos y Europa.¹

   Las causas del aumento del tráfico de cocaína en el país se pueden atribuir a la influencia de los GCO internacionales, las disputas entre bandas locales y la importancia de la cadena logística de la cocaína como un espacio de interés para las redes que participan en un lucrativo negocio a nivel mundial. Centrarse en las cadenas de valor ofrece una perspectiva nueva sobre el problema del narcotráfico y su crecimiento en Ecuador, pues pone el foco en factores como el nivel de riesgo de las operaciones, la distancia entre los centros de producción, así como el número de intermediarios que participan en trasladar la cocaína hacia el Norte Global. 

   ¿Por qué el costo de un kilo de cocaína, que tiene un valor inicial de producción de 1,500 dólares en Colombia, puede llegar a costar 20,000 dólares en Estados Unidos? La diferencia en precios presume que frente a las estrategias de control implementadas por Colombia y Estados Unidos, los grupos criminales se han desplazado hacia la frontera donde han aumentado los cultivos ilícitos de hoja de coca en territorio ecuatoriano. Esta relación estratégica entre la frontera de Ecuador y Colombia explica cómo esta área se ha convertido en el epicentro del narcotráfico a nivel mundial, brindando a Ecuador ingresos por aproximadamente 300 millones de dólares en 2019, además de las ganancias derivadas de la logística del narcotráfico, que se estiman en alrededor de 150 millones de dólares para los GCO del país en 2022.

   Aunque estas cifras son relativamente modestas en comparación con el contexto colombiano, el flujo de aproximadamente 500 toneladas de cocaína al año hacia Ecuador, junto con una producción aún incipiente pero en aumento, incita conflictos por el control territorial y la corrupción institucional. En medio de un escenario de guerra y anarquía criminal que ha dejado más de 15,000 muertos en tres años, el nuevo presidente ecuatoriano Daniel Noboa se ha embarcado en una búsqueda desesperada de financiamiento para la adquisición de armas, declarando un “conflicto armado interno” para combatir a los grupos criminales. Veinticuatro años después de haber lanzado el Plan Colombia, Ecuador está siguiendo una ruta similar, con el gobierno aumentando el arsenal de armamento militar en la guerra del Estado contra las drogas.

   Cambios estructurales

   Para entender cómo Ecuador ganó una posición más prominente en la cadena de valor del narcotráfico, es crucial examinar dos momentos específicos de la historia: los años 2000 y 2016. A principios del nuevo milenio, Colombia implementó el Plan Colombia, considerado por su gobierno como la estrategia principal para combatir el narcotráfico. Esta política contó con el respaldo financiero y militar de los Estados Unidos, que tenía como objetivo reducir los cultivos ilícitos y la producción de cocaína en Colombia mediante el fortalecimiento de las fuerzas militares y la policía. Hasta 2016, se estima una inversión de 141 mil millones de dólares, de los cuales 10 mil millones fueron proporcionados por Estados Unidos.

   La estrategia de erradicación de cultivos ilícitos condujo a un proceso de fronterización de los mismos, lo que influyó directamente en la participación e interés de nuevas redes fronterizas en el suministro de precursores químicos, así como en la consolidación de redes logísticas para el transporte de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. La política pública diseñada como parte de la “guerra contra las drogas” en Colombia también conllevó un aumento en la interdicción marítima a través del Comando Sur en el Mar Caribe. Aunque durante esos años se observaron resultados positivos en cuanto a la reducción del flujo de cocaína por esta ruta, las organizaciones de narcotráfico trasladaron sus redes logísticas hacia el Océano Pacífico.

   Como respuesta a la implementación del Plan Colombia y sus efectos en la interdicción marítima en el Caribe, las organizaciones criminales mexicanas asumieron un papel de liderazgo más prominente en el negocio del narcotráfico. Debido al efecto generado por los controles marítimos en el Caribe, el Cartel de Sinaloa vio una oportunidad lucrativa para establecer una red logística de tráfico de cocaína a través del Océano Pacífico. En 2006, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) advirtió que la ruta del Pacífico adquirió una mayor relevancia, y las Islas Galápagos de Ecuador se convirtieron en un punto de interés para evadir los controles marítimos y servir como punto de carga de combustible para embarcaciones de cocaína con destino a Centroamérica y México.²

   Este interés por aumentar el tráfico de cocaína a través del Océano Pacífico llevó al Cartel de Sinaloa a fortalecer su presencia en Ecuador. Desde 2003 esta organización ha operado en el país, inicialmente a través de emisarios o representantes cuyo objetivo era coordinar el transporte de cocaína desde los enclaves de producción en Colombia hacia Centroamérica y México. A partir de entonces, la organización estableció una compleja red logística encargada de movilizar cocaína desde la frontera colombo-ecuatoriana hacia los mercados internacionales, involucrando a exmilitares ecuatorianos y una red de negocios y lavado de activos facilitada a través de vínculos e intermediarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

   Ante el cambio en las rutas del narcotráfico en la región, el interés de las redes subsidiarias ecuatorianas del Cartel de Sinaloa por integrarse en el tráfico de cocaína adquirió una mayor relevancia entre 2010 y 2016. Durante este período, los GCO de Ecuador perfeccionaron su logística para el transporte de cocaína a través del Océano Pacífico. En otras palabras, el enfoque y el modelo de negocios de estas organizaciones criminales se centró en el transporte y almacenamiento de cocaína. Las Islas Galápagos, junto con otros lugares como la Isla del Coco en Costa Rica, se convirtieron en lugares estratégicos para establecer puntos de almacenamiento y transporte de cocaína mediante lanchas cargadas en alta mar.

   Sin embargo, el equilibrio de poder del crimen organizado en Ecuador sufrió  un ajuste en 2016. Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, la producción de cocaína comenzó una descentralización agresiva que afectó especialmente a la frontera entre Ecuador y Colombia. Con la salida de las FARC, se abrió campo a una mayor participación de actores criminales como mafias albanesas, italianas y mexicanas, debido al aumento en la producción destinada tanto a grupos nuevos como a aquellos ya establecidos. Estos actores experimentaron con nuevas técnicas y cadenas de suministro que involucraron a Ecuador.³

   Figura 1: Frontera entre Ecuador y Colombia

   

   La descentralización, que coincidió con la detención y extradición de “El Chapo” Guzmán a los Estados Unidos, tuvo efectos devastadores para el crimen organizado. La extradición del líder del Cartel de Sinaloa resultó en una pérdida de poder y legitimidad para el crimen organizado dedicado al negocio del narcotráfico en Ecuador, una oportunidad que fue aprovechada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El CJNG, que inició operaciones en Ecuador en 2018, tenía como objetivo movilizar los cargamentos adquiridos de las disidencias de las FARC colombianas a través de Ecuador hacia Centroamérica y México. Para lograrlo, la organización necesitaba contratar redes logísticas ecuatorianas para el transporte de la cocaína.

   Parte del interés del CJNG en establecer su modelo de negocios en Ecuador fue debilitar a la organización criminal más poderosa del país, “Los Choneros”. Esta organización había construido una alianza estratégica con Sinaloa desde 2003, consiguiendo así un monopolio criminal significativo en Ecuador. Sin embargo, con el debilitamiento de Sinaloa, la estructura del CJNG comenzó a financiar inicialmente organizaciones criminales contrarias a los Choneros, pero rápidamente captó el interés de  estructuras intermedias debido a los cambios estructurales en el negocio de la cocaína en el sur de Colombia.⁴

   Esta interdependencia entre la economía de la cocaína y los cambios en la estructura de poder del negocio provocó una fragmentación de la organización de los Choneros a finales de 2019, lo que dio lugar a una feroz disputa de rivalidades y competencias entre las redes criminales locales para quedarse con el transporte de cocaína.

   Por un lado, surgió una nueva estructura criminal producto de esta fragmentación, denominada “Alianza Nueva Generación”, compuesta por tres grupos criminales: Tiguerones, Lobos, Chone Killers y Lagartos, con el apoyo y financiamiento del CJNG. Por otro lado, quedaron aquellos leales a los Choneros, liderados por el nuevo líder de la organización, “Fito”, bajo el respaldo de Sinaloa. En medio de este panorama, surgieron mafias balcánicas que actuaban como fuentes de financiamiento para el mejor postor, generando un proceso agresivo de competencia entre las redes criminales locales y con una incidencia directa en la violencia en Ecuador.

   Estos cambios llevaron a una especie de anarquía criminal donde las alianzas y disputas entre las organizaciones criminales que llevaron a que el país fuera catalogado a finales de 2023 como el más violento de América Latina debido a sus altas tasas de homicidios.⁵

   La cadena global de la cocaína

   La economía del narcotráfico ha visto cambios estructurales significativos en las últimas décadas. Ya no prevalece el modelo gerencial tipo ‘cartel’, donde unas pocas estructuras mafiosas controlaban la producción, el tráfico y la venta de drogas ilícitas en los mercados de consumo. En consonancia con el proceso de globalización económica, los grupos criminales se han adaptado mediante una estrategia de innovación en el narcotráfico, que incluye la descentralización y especialización de las diversas actividades relacionadas con esta lucrativa industria. 

   Esta evolución ha transformado la economía del narcotráfico de un modelo dominado por grandes carteles de la droga a uno en el que numerosos actores criminales participan y se especializan en cada eslabón de la cadena. En el contexto de la globalización, estos grupos han adoptado prácticas similares al comercio internacional formal, implementando un proceso sistémico de cadenas de valor que busca reducir riesgos, aumentar utilidades y aprovechar la especialización de cada organización criminal que opera en territorios diferentes. 

   En los últimos años, grupos armados y los GCO de Colombia se han especializado en la producción de cocaína, mientras que los GCO de México lo han hecho con las cadenas logísticas que trasladan diversas drogas ilícitas hasta las redes de venta a los consumidores. Es fundamental prestar atención a los grupos dedicados a las actividades logísticas, ya que, al ser el nexo entre la oferta y la demanda de ilícitos, constituyen el eslabón más importante y rentable de la cadena de valor debido a su capacidad para influir en el precio de venta en el mercado de consumo. En esta dinámica de cadenas de valor se sitúa Ecuador. 

   Aunque históricamente se consideraba un país con bajos niveles de violencia debido a la escasa presencia del narcotráfico, este escenario cambió abruptamente desde 2019. Durante años, se construyó la percepción de Ecuador como una “isla de paz” en comparación con los graves conflictos internos de seguridad en Perú, donde la hoja de coca tiene una presencia significativa en su economía, o el conflicto armado persistente en Colombia. Sin embargo, desde 2019, Ecuador ha visto un aumento en la violencia relacionado con el narcotráfico y la criminalidad.

   La proximidad de Ecuador al crecimiento de los cultivos ilícitos y a los enclaves de producción de cocaína ha sido fundamental. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC), entre 2015 y 2019, se registró un alarmante aumento del 76 por ciento en los cultivos de hoja de coca, pasando de 96.000 a 169.000 hectáreas.⁶ Este incremento se ve agravado por los efectos del Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano, que ha influido en el aumento de los cultivos ilícitos en las zonas fronterizas. En 2016, el 30 por ciento de los cultivos en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo se encontraban a menos de 20 kilómetros de la frontera, como se puede apreciar en la siguiente imagen:

   Figura 2: Concentración por hectárea de cultivos ilícitos en frontera sur de Colombia

   

   La situación se intensificó notablemente en 2022. De acuerdo con datos proporcionados por UNODC⁷ el 47 por ciento de la producción total de cocaína en Colombia se concentra en los departamentos fronterizos con Ecuador. Además, se destaca que el 50 por ciento de estos cultivos se encuentran en un radio de menos de 10 kilómetros de la frontera. Estas cifras evidencian un proceso de expansión o fronterización de los centros de producción de cocaína hacia territorio ecuatoriano, donde los actores criminales se aprovechan de la debilidad institucional de los Estados para ejercer su control en las fronteras. A esto se suma el abandono histórico que sufren las comunidades rurales en términos de acceso a  oportunidades socioeconómicas, lo que facilita el reclutamiento de mano de obra barata dedicada al mantenimiento y cosecha de estos cultivos. 

   Para comprender el creciente papel estratégico de Ecuador en la cadena de valor del narcotráfico es esencial abordar el crecimiento de los enclaves de producción de cocaína en la frontera colombo-ecuatoriana. Ese crecimiento se puede entender en términos de enclaves productivos; de logística, y de distribución y consumo en mercados internacionales.

   Enclaves productivos

   En cuanto a los vínculos productivos de la cocaína, la siembra y la cosecha de la hoja de coca, estos se fundamentan en una economía política del crimen organizado de bienes saqueables. Estos bienes son de alto valor dentro de la economía del narcotráfico y su éxito o fracaso influye directamente en el mercado global de la cocaína.

   Centrándonos específicamente en la variación de producción del clorhidrato de cocaína en la frontera sur de Colombia, los departamentos de Nariño y Putumayo, que limitan con Ecuador, han reportado un aumento de cerca de 20 mil hectáreas de hoja de coca en 2010 a más de 100 mil en 2022. Esto implica que, para 2022, se produjeron aproximadamente 800 toneladas de cocaína en territorio colombiano destinadas a los mercados internacionales.

   A pesar de que Ecuador es considerado como un país libre de cultivos ilícitos, una investigación llevada a cabo en 2020⁸ utilizó imágenes satelitales para determinar la posible presencia de cultivos ilícitos en territorio ecuatoriano. Los resultados de la investigación identificaron 154 parcelas que representaban, en ese momento, alrededor de 700 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. La imagen siguiente muestra la presencia de cultivos ilícitos en el límite político de Ecuador.

   Figura 3: Cultivos ilícitos de hoja de coca en Esmeraldas-Ecuador (2018)

   

   Tomando en consideración los costos de mercado referentes al rendimiento de producción de cada hectárea de hoja de coca fresca, en las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos se producirían aproximadamente 4.830 kilogramos de cocaína por cada cosecha. Esto es preocupante si consideramos que los cultivos de hoja de coca pueden generar un rendimiento aproximado de 8 cosechas anuales; es decir que si tomamos como referencia la producción en la frontera norte ecuatoriana, solo en 2019 se produjeron aproximadamente 38.640 kilogramos de clorhidrato de cocaína, representando ingresos aproximados de más de 300 millones de dólares para las GCO del Ecuador.

   Logística

   Al estar situado entre los dos principales productores de cocaína del mundo y al haber adoptado  el dólar estadounidense, una moneda internacionalmente deseada, Ecuador se ha convertido en un punto clave para el tráfico de cocaína a nivel mundial. 

   Para transportar la cocaína desde los ‘enclaves productivos’ hasta los puertos ecuatorianos, las GCO utilizan la extensa red vial de la Amazonía, la costa y la sierra andina que facilita mover cientos de kilogramos de cocaína desde la frontera hasta los puertos marítimos en menos de 12 horas. Además, en cuanto al transporte de sustancias y el suministro de insumos para la producción de cocaína, se aprovechan los pasos fronterizos internacionales y alrededor de  50 pasos informales (como vías de primer, segundo y tercer orden) entre Ecuador y Colombia.

   Figura 4: Rutas del tráfico de cocaína en Ecuador

   

   Según reportes de inteligencia de la Policía Antinarcóticos de Ecuador, se estima que entre el 70 al 80 por ciento de la cocaína producida en los departamentos del sur de Colombia ingresa por la frontera norte ecuatoriana.⁹ Si se analiza esta relación entre producción y tráfico a 2022, por el Ecuador ingresaron aproximadamente 571 toneladas de clorhidrato de cocaína que tenía por destino, Europa y Estados Unidos. De estas, apenas el 32 por ciento se retiene por parte de los esfuerzos ejecutados por las autoridades de control ecuatorianas, lo que significa que 68 por ciento de esta producción generó rentabilidad económica a las redes criminales. 

   En términos de rentabilidad, de acuerdo con cifras obtenidas de la Policía Nacional del Ecuador, cada kilo de cocaína deja a las Organizaciones Criminales una rentabilidad aproximada de entre 500 a 1.000 dólares. Esto representa, únicamente en 2022, ingresos de más de 150 millones de dólares en el Ecuador. Las cifras no incluyen pagos a terceros, sobornos, ni tasas de cobro de GCO mexicanos o albaneses.

   Precisamente, la ausencia de controles, la rentabilidad y la presencia representativa de puertos de exportación hacen a la ciudad de Guayaquil en Ecuador la más importante para el tráfico de cocaína hacia mercados internacionales. Este interés explica en parte porque dentro de este proceso de guerra entre GCO, el 35 por ciento de los homicidios a nivel nacional se concentran en esta ciudad portuaria.¹⁰

   La rentabilidad e interés en la logística forjó un incremento sustancial de la violencia en el país. A partir de 2019, los homicidios iniciaron una tendencia al alza que llevaría al país a incrementar su tasa de homicidios de 5,7 en 2017 a 45,6 en 2023. Si bien existen varios tipos de violencia, en Ecuador el 80 por ciento se considera tipo criminal, es decir es producto de disputas entre GCOs o las personas involucradas tienen antecedentes criminales.  

   Figura 4: Evolución de los homicidios en Ecuador

   

   En un entorno de fragmentación criminal en Ecuador, se observa que en los corredores estratégicos donde circulan drogas ilícitas, las tasas de homicidios superan ampliamente a las tasas de homicidios en áreas con pocos casos de tráfico de drogas. Por lo tanto, el aumento o disminución de homicidios en estos corredores responde a estrategias de rivalidad y competencia entre organizaciones de narcotráfico por controlar cualquier eslabón de la cadena de suministro.

   Distribución y consumo a mercados internacionales

   Tanto las fronteras de Ecuador y Colombia, como las de México y Estados Unidos, concentran las tasas más altas de homicidio, precisamente “porque al ser estos puntos de ingreso y salida escasos, los traficantes de droga están preparados para luchar con uñas y dientes para controlarlos”.¹¹ El caso de la construcción de túneles y la presencia del Cartel de Sinaloa en Chicago y otras ciudades de Estados Unidos, recalcan la necesidad de generar estrategias que permitan controlar grandes bodegas de cocaína previo a su comercialización. 

   Es así, que, bajo esta compleja interdependencia de la economía global del narcotráfico, el microtraficante se convierte en el eslabón más débil y a la vez reemplazable de la cadena de valor. Y es que, una vez que la rentabilidad y los grandes paquetes arriban a las redes de expendio, los kilos de cocaína se dividen en pequeñas porciones hasta venderse en gramos. El consumidor constituye el último eslabón para concretar la cadena de valor del narcotráfico y a su vez cumple el rol más representativo por ser el catalizador económico de este fenómeno. Este negocio se paga en efectivo y circula su valor hasta los grandes traficantes y productores por el valor que adquiere en cada mercado de consumo. 

   Por ejemplo, según el Reporte Global de la Cocaína (2019) el gramo de cocaína en un país productor como Colombia tiene un valor inferior a cinco dólares americanos, mientras que en países como Australia superan el valor de 215 dólares por gramo. Incluso la ganancia de quienes venden la sustancia al menudeo (microtráfico) tiende a ser mayor ya que normalmente mezclan la cocaína con maicena, talco, cal o flúor para incrementar sus ganancias¹² Los Estados Unidos representan el 2.5 porciento del consumo global de cocaína, lo cual determina los destinos principales de las drogas —especialmente el clorhidrato de cocaína— producida en los Andes.¹³

   Ante un escenario de pandemia y una sobreproducción de cocaína, el consumo de este tipo de droga se incrementó a nivel mundial siendo Europa y Norteamérica los mayores consumidores de cocaína. De acuerdo con el Reporte Global de la Cocaína (2023), “el número de usuarios a nivel mundial ha crecido de manera sostenida en los últimos 15 años. En parte por el crecimiento de la población, pero también por la prevalencia de consumo a largo plazo”. ¹⁴

   Al ser un mercado de oferta y demanda, los enclaves productivos interpretan su mercado y atienden a la producción de acuerdo con las preferencias del consumidor que cada vez demanda una cocaína a menor precio, de mayor pureza y con un sinnúmero de nuevos actores que están dispuestos a proveer con todos los medios necesarios.

   ¿Hacia dónde va el Ecuador?

   El aumento de la violencia en Ecuador en menos de cuatro años es un caso de estudio particularmente notable. La previa ausencia de violencia por actividades criminales no significa que un país esté exento de la posible presencia e influencia del narcotráfico. Esta situación requiere una evaluación profunda de las políticas de seguridad en América Latina, las cuales suelen tener un enfoque tradicionalmente reactivo, centrado únicamente en acciones de interdicción de sustancias, con políticas de corto plazo para mitigar y reducir la violencia. Este enfoque ha descuidado aspectos fundamentales de la prevención, como el control fronterizo, la cohesión social y, sobre todo, el fortalecimiento de unidades de inteligencia financiera encargadas de monitorear posibles actividades vinculadas al lavado de activos y al crecimiento de economías ilícitas.

   El caso ecuatoriano ejemplifica cómo la economía del narcotráfico ha sido moldeada por factores internos y externos de la cadena de valor, lo cual se evidenció recientemente en 2019 con un aumento significativo en los índices de violencia. Aunque se reconoce de manera retórica al narcotráfico como un problema transnacional que requiere una mayor coordinación entre fiscalías e instituciones policiales del hemisferio, en la práctica persiste un alto grado de desconfianza entre los Estados y se traduce en acciones aisladas enfocadas principalmente en incrementar la interdicción y la disuasión mediante una estrategia militarizada. La militarización del narcotráfico en Colombia y México ilustran cómo, después de 20 años de aplicación, no se ha logrado lo deseado y, por el contrario, se ha contribuido al aumento del valor y la pureza de la cocaína en los mercados de consumo. 

   Además las políticas centradas en la erradicación de los cultivos han llevado al crimen organizado transnacional a especializarse y adaptar su modelo de negocios mediante alianzas y cadenas de valor que concentran sus actividades en entornos institucionales frágiles, como las fronteras estatales. El caso de Ecuador y su interdependencia con el narcotráfico colombiano demuestran cómo las estrategias de interdicción de los enclaves productivos han dado lugar a una estrategia de “fronterización” del narcotráfico, generando una mayor coordinación entre grupos criminales locales e internacionales que ha facilitado reducir sus riesgos al tiempo que logran cooptar un mayor número de funcionarios a cargo de su control. 

   Con la falta de coordinación entre los países de la región y la persistencia del enfoque reaccionario y tradicional emprendido por Ecuador, la estrategia del presidente Daniel Noboa, que llegó con una promesa de militarización y mayores incautaciones de droga, parece estar destinada al fracaso. A pesar de los esfuerzos muy publicitados de Noboa por librar una “guerra” contra actores criminales, las tasas de homicidio aún no han descendido. 

   Es por lo tanto crucial buscar alternativas más cooperativas que aborden tanto las causas como las consecuencias del narcotráfico en la región bajo una lectura de cadenas de valor de este delito, pero para esa coordinación serían necesarias alianzas políticas regionales que no serán fáciles de dar en un contexto de fragmentación ideológica en el continente. Una fragmentación que, en parte, se debe a visiones distintas sobre cómo posicionarse frente a la Guerra Contra las Drogas de los Estados Unidos. 

2. El subdesarrollo y la guerra

   mayo 18, 2024 2:44 am Comentarios desactivados en El subdesarrollo y la guerra

   En las décadas de 1960 y 1970, el gobierno nacional de Colombia, entonces bajo el proyecto político bipartidista del Frente Nacional, se embarcó en una ambiciosa reforma agraria para superar los ciclos de pobreza en zonas rurales cada vez más violentas.¹ Los esfuerzos provocaron debates locales e internacionales en torno a la naturaleza del desarrollo colombiano, sobre todo porque las políticas del gobierno—que suponía una alternancia del poder consensuada entre el Partido Conservador y Liberal—tuvieron en cuenta una serie de misiones económicas que buscaban atacar el subdesarrollo. Estas misiones fueron influenciadas por instituciones internacionales como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, así como por los debates sobre el crecimiento económico y el capitalismo que estaban ocurriendo en Norteamérica y Europa. En medio de un renovado interés a escala continental por el desarrollismo, el debate colombiano giró en torno a las condiciones de una desigualdad arraigada en las zonas rurales y el surgimiento de la resistencia armada contra el Estado.

   A medida que propuestas que entendían a la economía nacional a través de categorías como el neocolonialismo y la dependencia global empezaban a circular en los círculos intelectuales y políticos de la época, el caso colombiano puso a prueba muchos de estos diagnósticos sobre el desarrollo. La publicación en 1969 de los Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, del intelectual Mario Arrubla, vinculó estos debates sobre la dependencia con otras teorías del marxismo global. Arrubla dirigió la revista Estrategia, donde publicó originalmente los ensayos que terminaron en su libro. En una coyuntura en la cual algunos intelectuales latinoamericanos se distanciaron de los partidos comunistas locales y del liberalismo político, al mismo tiempo que abogaban por una revolución socialista, la revista reunió a un grupo de intelectuales de izquierda desilusionados tanto por el Frente Nacional como por las instituciones internacionales. En el caso de los afiliados a la revista Estrategia, la misión revolucionaria no se tradujo en una vindicación de la lucha armada. Por el contrario, el grupo ejemplificó la vía de una nueva izquierda intelectual en América Latina que impulsó renovaciones críticas en Europa y Norteamérica para superar la “esclerosis” del marxismo soviético y repudiar las tendencias imperialistas. Los aportes de Arrubla y de los investigadores de Estrategia pueden ayudarnos hoy en día a comprender algunas de las más prolongadas injusticias de Colombia: la ausencia del Estado en las regiones periféricas, una oligarquía poderosa, desigualdad elevada y violencia persistente en las zonas rurales.

   Construyendo el Estado moderno

   Colombia vivió un ciclo de políticas liberales y de expansión de derechos sociales con la victoria electoral de Alfonso López Pumarejo en 1934, con la que el Partido Liberal le puso fin a un largo ciclo de hegemonía conservadora. Su gobierno favoreció inicialmente a la industria nacional, la cual se apoyaba en las masas trabajadoras para contrarrestar el poder terrateniente, a la vez que la clase terrateniente se oponía a la burguesía compradora.² López Pumarejo también impulsó la organización sindical y legalizó el derecho a la huelga, fuertemente restringido en los gobiernos precedentes. Sin embargo, las políticas favorables al trabajo empezaron a generar fricciones dentro de su amplia coalición liberal. El poder terrateniente no se hizo esperar y se opuso al movimiento popular. Bajo los gobiernos subsecuentes de Eduardo Santos Montejo, e incluso con el retorno de López Pumarejo a la presidencia, entre 1942 y 1945, el Partido Liberal pausó el impulso de sus reformas y, en definitiva, no logró detener la gestación de una oposición conservadora.

   Con el cambio hacia la derecha del ambiente político, el breve periodo de cooperación entre los trabajadores y la burguesía industrial llegó a su fin. Además, la concentración de la tierra en los campos se acentuó y la clase terrateniente lanzó una empresa reaccionaria que masacró a las masas liberales, convirtiendo a Colombia en el “primer productor de cabezas cortadas per cápita.”³ Los intentos de “auto-defensa” de los campesinos, es decir, los trabajadores agrarios, fueron acallados con “sangre y fuego” durante el periodo histórico que fue posteriormente conocido como “La Violencia.”⁴ El desastre humanitario alcanzó enormes proporciones y le abrió el camino a una dictadura “pacificadora” con un discurso populista que protegía los intereses de una burguesía liberal derrotada en la arena política. El general Gustavo Rojas Pinilla ejerció un gobierno de facto entre el 13 de junio de 1953 y el 10 de mayo de 1957, hasta que un Frente Civil compuesto por trabajadores, estudiantes y sectores de la elite política tradicional avanzó un golpe de estado pacífico que exilió al general. 

   Con el fin de la dictadura del general Rojas Pinilla, a finales de los años 50s, toda una generación nació a la vida política. Con una sensibilidad antidictatorial, jóvenes y estudiantes impulsaron un Frente Civil que defendía una visión de democracia popular asentada en la clase trabajadora. Algunos tenían vínculos con organizaciones comunistas locales alineadas con el comunismo internacional, el cual ofrecía un marco de comprensión para la reforma agraria que prometía el nuevo régimen. En un periódico local llamado Crisis, se agitó la causa de una “Reforma Agraria Democrática” para batallar al régimen semi-feudal imperante y entregar la tierra a campesinos. Al mismo tiempo que el apoyo al frentenacionalismo crecía, los contribuyentes de Crisis, incluyendo un joven Arrubla, hablaban de generar un libre desarrollo de las fuerzas productivas en el campo para abolir la importación de productos agrícolas y construir una economía nacional independiente.⁵ Esta visión hacía eco de la reforma agraria en Alemania durante la ocupación, que enfrentó la hambruna de la posguerra, transformó las relaciones de propiedad rural y avanzó en un reparto de tierras.

   Críticas tempranas

   Antes de la consolidación del Frente Nacional, en 1957, ya circulaban entre los círculos intelectuales estudios sobre la estructura económica colombiana, el neocolonialismo y el desarrollo. Entre ellos estaban, por ejemplo, el libro Industria y protección en Colombia, 1810–1930, escrito por el historiador conservador Luis Ospina Vázquez en 1955. También, el clásico Problemas colombianos por Alejandro López, de 1927, y el texto de Luis Eduardo Nieto Arteta publicado en 1942, Economía y cultura en la historia de Colombia. Este último era el principal referente desde la economía marxista, en una época cuando la profesionalización de la economía aún era escasa en el país. Nieto Arteta fue abogado de profesión y miembro del Grupo Marxista (1933–1934) donde compartió con otros jóvenes líderes liberales como el caudillo Jorge Eliécer Gaitán y Gerardo Molina, quien llegaría a ser rector de la Universidad Nacional. Como herederos de la Segunda Internacional, los integrantes del Grupo Marxista tenían una visión determinista que veía las fuerzas productivas y la generación de la riqueza como el motor de los cambios sociales.⁶

   Algunas figuras de esa generación politizada a fines de los años cincuenta apoyaron al gobierno del Frente Nacional, participando en organismos estatales como el Incora (El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) o el Ministerio de Trabajo. A inicios de la década de 1960, académicos como el sociólogo Orlando Fals Borda o el conocido cura, guerrillero y sociólogo Camilo Torres, lideraban la profesionalización de las ciencias sociales desde la Universidad Nacional, mientras participaban en organizaciones del Estado.⁷ Otras figuras contemporáneas se alinearon con el sector crítico del Partido Liberal, representado por el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), que buscaba gestionar dentro del régimen un nuevo ciclo de modernización como compensación por el fracaso de la República Liberal. En su ensayo Colombia: violencia y subdesarrollo, de 1968, el filósofo Francisco Posada Díaz reconoció el fracaso de la revolución democrático-burguesa impulsada por López Pumarejo a la vez que impulsó el frentenacionalismo como ocasión para recuperar esa oportunidad perdida.⁸

   La comprensión de la economía colombiana en clave de dependencia también fue ensayada en los debates económicos durante el Frente Nacional, en un contexto de efervescencia de misiones internacionales que tenían en común un diagnóstico preocupante de la productividad del campo colombiano.

   “Operación Colombia”

   Durante la década de 1950, estuvieron en Colombia el Banco Mundial, la Cepal y la misión “Economía y Humanismo” dirigida por el sacerdote dominico Louis Joseph Lebret, como parte de un esfuerzo internacional para realizar diagnósticos de las economías de América Latina. Pese a sus enfoques distintos, todas las misiones coincidían en declarar una situación de emergencia social: el campo colombiano estaba en una preocupante situación de pobreza dada la distribución desigual de las tierras y la estructura de uso del suelo que se había consolidado durante los tiempos de “La Violencia.” La producción agrícola del país era de escaso valor agregado: casi el 90 por ciento de las tierras más productivas se dedicaban a la ganadería y estaban en manos de terratenientes, mientras que el campesinado había sido desplazado a las tierras de ladera y llevaba a cabo cultivos agrícolas de pequeña escala con los que apenas se cubría la subsistencia de la familia campesina.

   En Colombia, entre 1945 y 1949, el costo de la vida aumentó el 71 por ciento en la ciudad de Medellín y el 58 por ciento en Bogotá, con lo cual la moneda perdió el 41 por ciento y el 36 por ciento de su valor, respectivamente. El escenario inflacionario tampoco estuvo acompañado por un crecimiento salarial. Con el avance de la década los indicadores no fueron mejores. La Misión Lebret daba cuenta de un aumento del 21 por ciento del costo de vida entre 1950 y 1954, mientras que el índice de salarios reales en relación con el costo de vida había disminuido en un 23 por ciento. En contraste, la inflación y los bajos salarios de los trabajadores favorecieron la concentración de la riqueza.⁹

   Después de haber sido consejero del programa New Deal del presidente Roosevelt, en Estados Unidos, el economista canadiense Lauchlin Currie llegó a Colombia en 1949, como parte de una misión del Banco Mundial para examinar el deterioro de la situación económica. Como la vida en los Estados Unidos estaba presionada por un fuerte macartismo, Currie decidió quedarse en Colombia como consultor de temas económicos para el gobierno y, en 1958, el presidente frentenacionalista Alberto Lleras Camargo le confirió la ciudadanía colombiana. Cuando presentó el plan “Operación Colombia” en 1961, Currie llevaba más de una década en el país y había producido varios estudios diagnósticos sobre el campesinado. Su propuesta fue acelerar el desarrollo nacional con una rápida tecnificación de las zonas rurales. 

   El plan de Currie fue una de las dos respuestas desarrollistas discutidas por el público para la época. La otra opción fue la reforma agraria impulsada por el gobierno del Frente Nacional. Mientras Currie abogaba por ampliar las extensiones agrícolas, importar maquinaria y desplazar a las ciudades un millón y medio de campesinos que se convertirían en nuevos obreros de la industria urbana, la propuesta del Frente Nacional implicaba una planificación que permitiera aumentar la disponibilidad de divisas y las importaciones de bienes de capital para generar programas masivos de vivienda y mejoramiento de la calidad de vida. Todo lo cual era improbable porque Colombia se encontraba en déficit de pagos internacionales por cuenta de la caída internacional de los precios del café, su principal producto exportador.

   Currie llegó a ser uno de los economistas más importantes en Colombia: sus ideas influyeron las políticas públicas de los años setenta y los currículos departamentales del país. Sin embargo, en la década de los sesenta, la “Operación Colombia” no fue bien recibida. El presidente Alberto Lleras Camargo la rechazó porque la consideraba en confrontación clara con la propuesta de reforma agraria que se discutía en el legislativo con el impulso del político liberal Carlos Lleras Restrepo.¹⁰ Lleras Restrepo era cercano a las orientaciones cepalinas que defendían estrategias de desarrollo basadas en la comprensión de las relaciones de centro-periferia y de la dependencia, para así generar un Estado fuerte que le daría urgencia a la planificación, la industrialización, el proteccionismo y la sustitución de importaciones. 

   En contraste con la “Operación Colombia” de Currie, la reforma agraria del gobierno frentenacionalista defendía el pequeño y mediano minifundio que se había sostenido hasta entonces por un bajo grado de desarrollo de la agricultura y la lenta asimilación técnica por parte del campesinado. Se crearon así las Unidades de Acción Rural, en 1961, como una primera fase cooperativa para la organización de la vida en el campo. Tras pasar por los debates en el Congreso fue aprobada la Ley 135 para avanzar una reforma que, para ese entonces, estaba más en consonancia con las propuestas de Estados Unidos y de la Alianza para el Progreso (apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo) que con la orientación cepalina. El Incora fue la institución encargada de implementar la reforma por los siguientes cuatro años.¹¹

   Arrubla y el Grupo Estrategia

   En 1969, en el marco de estos debates sobre la reforma agraria, Mario Arrubla publicó Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, una colección de tres ensayos que ofrecía una crítica a la “Operación Colombia” de Currie y a la reforma agraria que se impulsaba desde el gobierno del Frente Nacional. Para ese momento, las organizaciones políticas de la nueva izquierda se habían consolidado y la población estudiantil aumentaba significativamente. El texto de Arrubla fue difundido ampliamente, con más de 60,000 ejemplares publicados y trece ediciones, sin contar el millar de reproducciones ilegales.

   El libro consta de tres ensayos publicados previamente en la revista Estrategia, un proyecto editorial de corta vida, desde 1962 hasta 1964, pero con un impacto duradero en los debates políticos y económicos del país. La revista apostó por recrear el proyecto sartreano de Les Temps modernes¹² y sintetizó una sociabilidad de izquierda en la década de los sesenta. Para inicios de la década, Mario Arrubla y Estrategia fueron más lejos e intentaron impugnar, con argumentos teóricos y políticos, las soluciones desarrollistas para la economía del país. 

   Nacido en 1936, en Medellín, Mario Arrubla fue un intelectual de izquierda que, al igual que Currie, se ocupó de diagnosticar el estado de la economía colombiana de la posguerra. Arrubla consideraba que en el país se había dado un encuentro inédito entre una alta demanda internacional de café y una mayor producción mundial exportable de este, lo que motivó un aumento sin precedentes en el precio internacional de ese producto. Con una bonanza del comercio exterior de café en un contexto de intercambio desigual, Colombia alcanzó una etapa neocolonial en la cual la burguesía industrial ejercía su predominio sobre la burguesía compradora y demás clases explotadoras. Esta clase también aprovechó un arancel aduanero adoptado en 1951 para proteger las industrias productoras de bienes de consumo y garantizar impuestos bajos sobre la venta. Fue así como avanzó la industria, pero al mismo tiempo la riqueza se siguió acumulando en manos de latifundistas, por lo que en el caso colombiano coexistieron, según Arrubla, bajos indicadores sociales, un avance industrial y un crucial problema agrario definido básicamente como una gran propiedad territorial explotada ineficientemente debido a la concentración y apropiación de tierras.

   El ensayo de Arrubla de 1962 fue uno de los primeros en criticar a Lauchlin Currie, argumentado que se inspiraba por una visión de desarrollo capitalista clásico inviable para Colombia. Por otra parte, Arrubla consideraba la reforma agraria impulsada por Lleras Restrepo como “más descarnadamente lúcida” porque a diferencia de la “Operación Colombia” no optaba por acelerar la descomposición del campesinado, sino que proponía contenerlo en el campo con unidades agrícolas que pretendían sostener la familia campesina. De esta manera se contendría la miseria de la población rural y se evitaría “una situación social insostenible” que en las ciudades podría alcanzar tintes “revolucionarios.”¹³ Desde la primera entrega de Estrategia, Arrubla daba cuenta de su escepticismo en cuanto a las intervenciones políticas de la burguesía y su intento de alterar la estructura económica nacional. No creía en la existencia de un sector industrial progresista para jalonar alternativas desarrollistas, aunque fuese una etapa necesaria en el marco de un proyecto nacional que contemplara las necesidades de la población. 

   En el tercer ensayo de Estudios sobre el subdesarrollo colombiano, Arrubla ofreció su propio análisis de la estructura de la economía colombiana. Acudiendo a estadísticas de la Cepal, argumentó que la burguesía local controlaba el mercado interno, pero carecía de interés por forzar el desarrollo industrial. Las divisas provenían más de la exportación de bienes agrícolas que de los bienes surgidos del proceso de industrialización y así el déficit comercial crecía. Con una industrialización nacional mínima, las condiciones de dependencia se profundizaban en la etapa neocolonial. A diferencia de Cepal, Arrubla llegó a la conclusión que la sustitución de importaciones no lograría sacar al país del ciclo neocolonial: en Colombia se había formado un capitalismo neocolonial que él entendió como una “deformación” de otras formas de desarrollo capitalista clásico. Se trataba de una criatura singular a la que “le faltaba la cabeza,” es decir, la industria pesada, el sector primario de la economía capitalista clásica. Dada esta carencia, el capitalismo colombiano “en dos o tres décadas llegaría a un envejecimiento prematuro contra todas las apariencias de su vigoroso impulso inicial,” pues el neocolonialismo estructural haría repetir la situación de déficit comercial hasta que la economía entrara en una etapa de crisis crónica y de parálisis. Esta convergencia favorecía una mayor penetración imperialista en la que la caída de las exportaciones daba cabida a una mayor inversión extranjera y se profundizaba la dependencia. La burguesía neocolonial, según Arrubla, era la llamada a actuar políticamente para compensar las pérdidas de capacidad para importar, pero fallaron en esto, pues el costo de las deudas superaba las inversiones y el valor unitario de las exportaciones disminuyó para fines de los años treinta. En suma, para Arrubla, la vía desarrollista no era factible en Colombia. 

   Arrubla y la revista Estrategia desarrollaron sus críticas a partir de reinterpretaciones del marxismo que circulaban por todo el continente en la década de los cincuenta y los sesenta, por ejemplo, las obras del economista norteamericano Paul Baran y su colega Paul Sweezy, especialmente La teoría del desarrollo capitalista y La economía política del crecimiento. Desde finales de los cincuenta, la revista Monthly Review—dirigida a partir de 1948 por Leo Huberman, Francis Otto Matthiessen, y Sweezy—llegó a ser un punto de referencia de la nueva izquierda internacional y aportó a los campos de la historia económica marxista y el keynesianismo. 

   Baran y Sweezy produjeron un trabajo fundamental para el desarrollo de las teorías marxistas de la dependencia. Mostraron que el intercambio de capital con el mundo subdesarrollado estaba regido por las lógicas imperialistas que generaban una situación de dependencia. Tanto las burguesías de los países dependientes, que ellos llamaron compradoras o lumpen por ser herederas del colonialismo, como su militarismo, eran punto de apoyo para esa relación desigual. Esta perspectiva «desvelaba las aporías de cualquier transformación de los regímenes económicos del mundo subdesarrollado en los límites del capitalismo.»¹⁴ Los textos de Baran durante los años cincuenta fueron nodales para pensar el problema de la revolución en el Tercer mundo, pues la “morfología del atraso” era para ellos una consecuencia del colonialismo y del imperialismo. Según su investigación, cuando se generan esfuerzos en favor del desarrollo en los países dependientes se producen dos movimientos contrarios: uno progresivo, marcado por un proceso de destrucción creadora de las fuerzas de producción, y uno regresivo que conserva los sistemas arcaicos del trabajo existentes. Para Baran la planificación—en definitiva socialista—era la condición indispensable para superar el atraso, contrarrestar el consumo improductivo y el despilfarro, y para el uso productivo del excedente. 

   Arrubla tradujo las ideas de Baran y Sweeny al medio local. Su segundo ensayo caracteriza a Colombia como parte de una región que ha sido insertada de forma desigual en la economía mundial y vinculada a las grandes metrópolis. El ensayo periodiza tres etapas de este proceso. En la primera etapa colonial los países latinoamericanos avanzaron en un desarrollo semicolonial hasta los años treinta. En la segunda etapa la crisis imperialista y su consecuente proceso de sustitución de importaciones crean las condiciones para el nacimiento de una “nueva criatura,” la industria latinoamericana que impulsó los capitalismos latinoamericanos. Finalmente, en la tercera etapa algunos países pasaron desde semicolonias hacia neocolonias.  

   Según este esquema, un país “subdesarrollado” o dependiente estaba estructuralmente limitado en la economía global porque “un miembro del equipo se especializa en morirse de hambre en tanto que el otro lleva la ‘carga del hombre blanco’, consistente en recoger las ganancias.”¹⁵ Aunque Arrubla también hizo una crítica de Baran cuestionando al autor norteamericano por no ofrecer una caracterización más profunda de las colonias que se formaban en contrapunto con el imperialismo creciente de los países capitalistas clásicos. Así fue como Arrubla asumió la tarea de caracterizar las colonias construyendo modelos y tipologías de economías coloniales y semicoloniales, a las que él llamaba tipo A y tipo B. Las de tipo A eran aquellas en las cuales los recursos naturales—minerías y plantaciones—eran explotadas por extranjeros: Venezuela, Bolivia y Cuba eran de este tipo, y su intercambio comercial era más cercano al clásico “saqueo.” En las de tipo B, como Argentina, Brasil y Colombia, los productos primarios de exportación, a menudo agrícolas, eran explotados por nacionales, mientras se generaba un ingreso constante y entrada de divisas. 

   Las colonias de tipo A y las de tipo B se enfrentaban a diferentes efectos políticos, como resultado de sus respectivas condiciones. En Cuba, por ejemplo, se daba una dominación imperialista por cuenta de la explotación de productos primarios por inversionistas extranjeros a espaldas del mercado mundial, y así los cubanos podían reconocer más claramente el “enemigo.” Por otro lado, en Colombia, donde se había armado un mercado de relativa importancia con formación de capitales por parte de grandes comerciantes como banqueros y terratenientes, la dominación era ejercida por la burguesía nacional y entonces “la conciencia nacionalista” tendía a “adormecerse más fácilmente.”

   Legados políticos

   La pretensión inicial de los promotores de Estrategia fue más agitacional que militante. Estrategia no se declaró órgano de ningún partido, pero sus promotores crearon una organización a la que nombraron Partido de la Revolución Socialista (PRS) con el que querían “colaborar en la tarea de crear cuadros marxistas y vincularlos a la clase obrera.” Estos cuadros eran principalmente estudiantes de universidades públicas, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional en su sede de Bogotá, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad del Valle.

   Mario Arrubla y Estanislao Zuleta, otra figura líder de Estrategia, contaban con una experiencia previa de formación campesina en el páramo del Sumapaz y en las escuelas sindicales de Medellín. El PRS aprovechó estas militancias tempranas y generó su base social de apoyo entre los sindicatos de empresas antioqueñas como Fabricato, Peldar, Tejicondor, Propalia y Everfit, asociadas con la creación de la Federación de Trabajadores de Antioquia (FEDETA). Asimismo, fueron cercanos a la resistencia de los trabajadores mineros del municipio de Segovia contra la Frontino Golds Mines.

   El PRS apoyaba una revolución socialista, antiimperialista, antiburguesa y antifeudal, pero sus propuestas resonaban más con los estudiantes que con el sector industrial. El grupo sólo duró un año. Los miembros estaban en desacuerdo sobre la decisión de emprender una lucha armada insurgente contra el Estado. Los líderes de Estrategia decían que la lucha armada requería condiciones insurgentes para mantener unidas a las masas, y se debatieron alrededor de un equilibrio delicado entre la necesidad de afirmarse como intelectuales de izquierdas al tiempo que tomaban distancia de la creciente vía de la lucha armada desde la izquierda.

   A pesar de la disolución del PRS, los Estudios sobre el subdesarrollo colombiano tuvieron una larga vida. Los ensayos y su diagnóstico de la economía colombiana y global funcionaron como referente de autoridad en las universidades hasta entrada la década de 1980 y también para varias organizaciones políticas revolucionarias. Desde mediados de los años setenta, el texto sirvió de referencia para la historia económica marxista y concepciones del neocolonialismo, a la vez que el estudio profesional de la historia fue cambiando desde lo que se denominaba “historia académica” hacia la “revolución historiográfica” que le dio prioridad al punto de vista “desde abajo.”¹⁶ El texto de Arrubla conectaba con una perspectiva de economía mundial de larga duración que iluminaba los últimos cinco siglos como un proceso de desarrollo desigual y desafiaba el esquema rectilíneo en El Manual de Economía de la Academia de Ciencias de la URSS que planteaba que cada sociedad debía desarrollar al máximo las potencialidades productivas antes de poder pasar a una forma superior. 

   De 1974 a 1979, Arrubla también editó la revista Cuadernos Colombianos, que junto con la nueva revista Ideología y Sociedad (1972–1977) se constituyeron como puntos en una red de revistas culturales de la década de 1970 que deja ver el paso a la profesionalización de la historia y las ciencias sociales. Aunque Ideología y Sociedad se alineó inicialmente con los diagnósticos de Arrubla, pronto empezó a circular críticas a su argumento. La más notable fue del economista colombiano Salomón Kalmanovitz, que también tenía formación marxista. Su crítica contaba con indicadores macroeconómicos de la segunda mitad de los años sesenta que dejaban ver un crecimiento en el desarrollo nacional, demostrando que la ausencia de bienes de capital no impedía que, vía materias primas o productos intermedios, pudiese haber avances desarrollistas. Kalmanovitz arguyó que, al no considerar las relaciones de producción, el análisis de Arrubla carecía de un examen más cuidadoso de los bienes intermedios y enfatizaba en su lugar las condiciones externas.¹⁷

   Kalmanovitz refutó la noción de dependencia en los ensayos de Arrubla argumentando que “explica el no desarrollo del capitalismo, sin referirse específicamente a la transformación de las relaciones de producción.” Kalmanovitz estaba más interesado en debatir la superioridad teórica del marxismo que él oponía radicalmente a la perspectiva dependentista de Arrubla. Uno de los referentes explícitos de Kalmanovitz con relación a este asunto era el politólogo brasileño Francisco Weffort, que negaba la existencia “histórico-real de una contradicción entre la nación (como unidad autónoma, con necesaria referencia a las relaciones de poder y de clase) y la dependencia (como vínculo externo con los países centrales)” y criticaba el “mecanismo muchas veces sugerido por algunos dependentistas cuando hablaban de “relación concomitante” entre los cambios operados en los países periféricos y los cambios producidos en los países centrales, porque anulaba la posibilidad de gestar una transformación desde los países dominados.” En contraste, el planteamiento teórico de Arrubla consideraba la relación de dependencia con la metrópolis no como un hecho “externo” sino como un elemento estructural de la economía nacional. 

   Dependencia y el conflicto armado

   Las intervenciones de Mario Arrubla y Estrategia reflejan un desacuerdo con la forma de industrialización perseguida en Colombia a mediados del siglo XX. Como muchos de su generación, Arrubla rechazó el proyecto político frentenacionalista principalmente porque al final dejó por fuera al pueblo y las fuerzas políticas externas en un acuerdo bipartidista. El desencanto con ese proyecto se extendió hacia el desencanto con los comunistas locales que sostuvieron una alianza con los sectores críticos del liberalismo, participando en el régimen de una manera indirecta y de su mirada desarrollista. Esa distancia alimentó la elaboración teórica de Arrubla y su postura antidesarrollista, que se acentuó al vincular el desarrollo de la industria nacional alcanzado por Colombia con una sangrienta historia de la violencia. Según Arrubla, el predominio de la burguesía industrial, el contexto de intercambio desigual y  la descomposición violenta del campesinado tenía implicaciones mucho peores en condiciones neocoloniales, como las de Colombia, que requerían el más alto “costo social”: “una cuota particularmente elevada de dolor para las masas populares,” pues “en ausencia de industria pesada las posibilidades de empleo quedan ampliamente a la zaga de la oferta de trabajo, por lo que ejército de reserva adquiere proporciones monstruosas.”¹⁸

   En Colombia se había logrado, a “sangre y fuego,” ese proceso agudo de disolución de la vida del campo. Las burguesías de los países dependientes habían entendido que debían “introducir modificaciones más o menos importantes en las formas políticas de su dominación,” lo que podía implicar gobiernos fuertes, “gran-burgueses” o dictaduras de diferente tipo. Mientras tanto, los grupos guerrilleros se decidieron por la vía armada. Las primeras tentativas de lo que serían los procesos guerrilleros de los años sesenta ya se habían expresado en el país y se fortalecerían poco después. En consonancia con la vieja izquierda, las viejas guerrillas comunistas se reagruparon y dieron origen a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la guerrilla más longeva del continente, como respuesta al ataque, en mayo de 1964, donde el ejército desplegó una sanguinaria operación militar contra una de las zonas de autodefensa campesina, el pequeño territorio de Marquetalia perteneciente al departamento del Tolima. Al año siguiente hizo su aparición pública el ELN (Ejército de Liberación Nacional), de inspiración guevarista, en Simacota, departamento de Santander. Faltaba poco para que la figura de Camilo Torres emergiera como el intelectual revolucionario de ese periodo. Torres, en consonancia con la decidida emergencia de la nueva izquierda política, marcaría el eclipse del intelectual comprometido tipificado por el grupo Estrategia en el medio nacional, que en vez de optar por el fusil radicalizó su postura como intelectuales.

   Ya exiliado en Estados Unidos, en el siglo XXI, Arrubla matizó su vieja utilización de la noción de dependencia, aunque se reafirmaba en considerar “el verdadero carácter del imperialismo” como una variable para entender la política económica.¹⁹ La trayectoria político biográfica de Arrubla le había llevado a considerar la Revolución como un asunto cada vez más utópico, una especie de horizonte lejano favorable a la justicia social. Entre tanto, las derivas históricas de Colombia lo llevaban a un escepticismo profundo a fines de la década de 1970: descreía de las apropiaciones del marxismo que hacía la izquierda.

   La trayectoria de Arrubla es un eslabón en la historia de las teorías de la dependencia, vistas en retrospectiva de una forma más plural y reconociendo a su interior los entrecruzamientos con el marxismo. Desde los años sesenta el pensamiento crítico latinoamericano también se puso en juego dentro una amalgama de teóricos que reconocieron la necesidad de pensar la economía nacional desde el binomio dependencia-imperialismo: Faletto y Cardoso, por ejemplo. En el presente se puede hablar de esfuerzos teóricos y políticos de muy distinto tipo que propenden por la renovación de las teorías del imperialismo: el “socialismo del siglo XXI,” el “bolivarianismo” o el “buen vivir.”

   Más de medio siglo ha pasado desde que Arrubla diagnosticara la economía colombiana como neocolonial, tiempo durante el cual la violencia política se ha intensificado y los indicadores macroeconómicos siguen arrojando resultados decepcionantes. Ahora se habla de la débil industrialización o incluso desindustrialización de la economía colombiana. Mientras tanto, la cuestión agraria y la feroz concentración de la tierra siguen siendo el nudo gordiano de la llamada era del posconflicto. El actual gobierno de Gustavo Petro ha propuesto una transformación estructural de la economía colombiana, pero sigue enfrentándose a retos políticos internos, así como a las siempre presentes limitaciones de las finanzas globales. Estos obstáculos persistentes—presentes tanto en el ámbito local como en el internacional—dan fe de la perdurable resonancia del diagnóstico de Mario Arrubla sobre la sociedad y la economía colombianas en la actualidad. 

3. Desenrola Brasil

   abril 25, 2024 6:49 am Comentarios desactivados en Desenrola Brasil

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   Innovando en su tercer mandato, el presidente Luís Inácio Lula da Silva lanzó un ambicioso programa de renegociación de deudas con enfoque en la población morosa, que ha crecido de forma exponencial en los últimos años gracias a una expansión sin precedentes del mercado de crédito en Brasil. El Programa Desenrola Brasil, una promesa de campaña, surge como un salvavidas para decenas de millones de brasileños que han acumulado retrasos en sus pagos, alimentando niveles crecientes de morosidad. Atrapados en la negatividad, han perdido acceso al consumo financiado a través de endeudamiento con el sector financiero, así como a través del crediticio, una forma popular de financiar compras en el gran comercio minorista. Si el crédito en Brasil es caro, muy caro, en particular el crédito al consumo, la exclusión del mercado de crédito donde se pueden financiar necesidades básicas que los salarios no alcanzan representa una amenaza para la propia reproducción social de las clases trabajadoras.

   Este fenómeno insólito en el que el endeudamiento garantiza la supervivencia en una economía de mercado es reciente en Brasil. La bancarización masiva de las clases populares y su «inclusión financiera» señalan la generalización de la expropiación financiera que arrastra a los sectores populares hacia el sistema financiero, convirtiéndolos en piezas clave en la creación de riqueza financiera, la contrapartida de la deuda de la que se apropian las élites. 

   Por lo tanto, no sorprende el aumento acelerado y continuo del número de personas endeudadas y del grado de compromiso de los ingresos familiares disponibles con el pago de deudas. Según el Banco Central de Brasil ¹ al final de 2020, había alrededor de 85 millones de personas endeudadas con el sector financiero, algo así como el 46% de la población adulta, siendo poco más de 8 millones designadas como «endeudados de riesgo» ² La morosidad alcanzaba a 8.9 millones de personas.

   Sin embargo, en poco más de dos años, este panorama se deterioró significativamente en medio de la crisis de covid. Mientras que el número de prestatarios de crédito continuó expandiéndose a un ritmo esperado, superando la cifra de los 105 millones, el número de endeudados de riesgo prácticamente se duplicó y alcanzó los 15,1 millones en marzo de 2023 ³ debido a la explosión de la morosidad, que afecta a varias decenas de millones de personas, acumulando una deuda por valor de $350 mil millones de reales ($70 mil millones de dólares) ⁴ Los pobres por deuda ⁵—esto es, aquellos que caen bajo la línea de pobreza oficial por comprometer una porción muy elevada de su renta al pago de préstamos, ya hacen parte del escenario cada día más complejo de lucha contra las desigualdades sociales. 

   Independientemente de las cifras y los montos estimados, está claro que se ha vuelto urgente no sólo medir y escuchar el universo de los endeudados, y las deudas impagadas o atrasadas, sino también formular alternativas para resolver el bloqueo que tal realidad provoca el recalentamiento del mercado interno, al inhibir el consumo de las familias trabajadoras. De ahí el lanzamiento, en julio de 2023, de un programa inédito por parte del gobierno federal, el Desenrola Brasil, cuya finalidad consiste en ofrecer condiciones para que las personas con deudas pendientes puedan renegociarlas y, así, reducir su grado de vulnerabilidad financiera, restableciendo su capacidad de endeudamiento, necesaria para la reanudación de un nuevo ciclo de expansión financiera. Esto es así porque el propio Banco Central ⁶ ha reconocido que el elevado apalancamiento de las familias y las crecientes pérdidas que dicho apalancamiento impuso al sector financiero no solo provocaron una retracción en la oferta de crédito a las familias, sino también pusieron en jaque la rentabilidad de los bancos. 

   El objetivo de este artículo es triple. En primer lugar, contextualizar cómo tiene lugar el proceso de endeudamiento crónico de las familias brasileñas. En segundo lugar, situar y mapear el perfil de iniciativas pasadas que eligieron la deuda como objeto de tratamiento por parte del poder público, lo que ocurrió a gran escala durante la pandemia del coronavirus. Finalmente, reflexionar sobre lo que cambia con la gestión del endeudamiento familiar, que se convierte en una dimensión explícita e institucionalizada de las políticas públicas, con la creación del Programa Desenrola Brasil.

   De la financiarización masiva (1995 – 2015) a la crisis de rentabilidad (2016 – 2021)

   El proceso de financiarización en Brasil comienza después del fin del “milagro económico” (1967-1973) y puede dividirse en dos fases. La primera fase, conocida como “financiarización elitista”, ocurrió de 1981 a 1994 y estuvo marcada por el contexto de la crisis de la deuda externa y la inflación creciente. En esta fase, el sistema bancario implementó mecanismos de indexación que garantizaron la obtención de ganancias financieras para una pequeña clientela privilegiada. Durante estos años, en contraste con el crecimiento de los ingresos provenientes de títulos financieros, se observa un estancamiento de las inversiones productivas.

   La segunda fase, denominada “financiarización masiva”, dura de 1995 a 2015. En este periodo se produjo una reducción de la inflación y de los tipos de interés reales, acompañada de un notable aumento de las operaciones de crédito. En el plano institucional esta etapa está marcada por un régimen que concilia la ampliación de las políticas sociales, en particular las transferencias monetarias, como vector de expansión de la acumulación financiarizada. Durante estos años, el país pasa de una fase de estancamiento de las inversiones productivas, característica de la primera fase, a la consolidación de un proceso de desindustrialización y bajo crecimiento económico.

   

   La fuerte expansión del mercado de crédito en la segunda fase se visualiza en el Gráfico 1, que recopila datos de una cesta representativa del sector financiero-bancario para el período de 2000 a 2023⁷ El gráfico muestra las variables: beneficio neto (línea lila), ingresos por crédito (destacados por la barra naranja) e ingresos por Títulos de Valores Mobiliarios (TVM)⁸. que son los ingresos asociados a los títulos de deuda pública (representados por la barra azul). Los ingresos por crédito y por títulos de valores mobiliarios son las dos principales fuentes de ingresos del sector. Como se ilustra, el beneficio neto del sector continúa creciendo de manera casi ininterrumpida; y, a diferencia de la primera fase, en la que el mercado de títulos de deuda era central, se destaca cada vez más la importancia de los ingresos provenientes de las operaciones en el mercado de crédito.

   En relación con la tendencia de los dos ingresos, los datos respaldan la periodización que delimita la «financiarización masiva» de 1995 a 2015. El año 2015 marcó el agotamiento de los impulsores del crecimiento de la rentabilidad del sector. A partir del año siguiente, en medio de una profunda recesión, los ingresos comenzaron a caer. Ante este escenario, esta sección propone un análisis desde la perspectiva de los ciclos financieros. De este modo, discutiremos dos puntos. El primero destaca que la caída en los dos principales ingresos bancarios ya se estaba manifestando como tendencia incluso antes de la crisis del Covid y, por esta razón, podemos considerar que tiene una dimensión más estructural. El segundo punto llama la atención sobre el papel del Estado en la recomposición de la rentabilidad del sector.

   El análisis del periodo de crisis de rentabilidad también revelas aspectos interesantes. Según Mader ⁹ ante la disminución de las dos fuentes de ingresos a partir de 2016 y hasta mediados de 2021, la estrategia del sector bancario para impulsar el crecimiento del beneficio neto y estabilizarlo (línea lila) se basa en el aumento del margen aplicado en las operaciones de crédito, es decir, del spread. El spread es importante ya que representa el monto efectivamente retenido por el sector bancario en las operaciones de crédito (calculado por la diferencia entre los ingresos por crédito y los costos de captación). Los ingresos del spread actúan como un canal rentista. Los bancos han reaccionado a la caída de la rentabilidad utilizando su poder monopolístico en el mercado crediticio, aumentando el margen que cobran y trasladando la carga de la crisis a los prestatarios.

   Lavinas y otros ¹⁰ observan que esta carga recayó principalmente sobre las familias. Al analizar el saldo de crédito a empresas no financieras y familias, los autores identifican que, a partir de finales de 2016, por primera vez en la serie histórica, el saldo de crédito a las familias superó al de las empresas no financieras, prevaleciendo de manera continua e ininterrumpida hasta la actualidad ¹¹ Y son ellas, por lo tanto, y en particular las de menores ingresos, las que soportan intereses prohibitivos. 

   

   El gráfico de arriba muestra la evolución reciente de las tasas de interés medias cobradas por el sector financiero, comparando la tasa Selic y el IPCA. Destaca la centralidad de la Selic para comprender cómo se recupera la rentabilidad del sector bancario y el aumento del endeudamiento. Queda claro que, a partir de 2021, siguiendo el rápido aumento de la Selic, las tasas de interés practicadas en las modalidades de crédito a las familias experimentan un aumento significativo. El crédito consignado, con descuento automático en la nómina y de menor riesgo, aumenta en promedio del 19.98% anual en mayo de 2020 a más del 25.81% en mayo de 2023, mientras que el crédito de recursos libres, que agrupa todas las modalidades de préstamos a las familias, pasa del 25% al 38.22% anual en promedio en el mismo período. En el mes anterior al lanzamiento del Desenrola Brasil (mayo de 2023), con una inflación de alrededor del 4%, la tasa de interés del saldo de crédito a las familias se sitúa casi 7 puntos porcentuales por encima de la practicada en el saldo total de crédito.

   Por el lado de la oferta de crédito, a partir de 2012, el 90% de las nuevas concesiones de crédito corresponden a crédito no inmobiliario ¹²  es decir, crédito al consumo, que no se destina a la acumulación de activos en una estrategia de prevención de riesgos. 

   La tasa Selic también es una variable crucial para comprender la expansión del mercado de crédito brasileño. Esta relación se evidencia en el Gráfico 3, donde la relación entre los ingresos de Títulos de Valores Mobiliarios (TVM) y los de crédito (línea roja) presenta una correlación negativa con la tasa Selic nominal (línea punteada). Esta correlación indica que el sector bancario expandió sus operaciones de crédito de acuerdo con los cambios en la política monetaria: cuanto más bajaba la Selic, más dependía el sector de los ingresos por crédito.

   

   Según el eje representando a la izquierda en el Gráfico 3, el valor más bajo de esta relación fue más de 0.9 en 2002, cuando la tasa Selic nominal estaba en promedio por encima del 20% anual. El valor de 1 indica que ambos ingresos tienen el mismo peso para el sector bancario brasileño. El valor más alto registrado fue 3.1 en diciembre de 2021, cuando la Selic alcanzó su mínimo histórico (2% anual), siendo negativa en términos reales. Es importante destacar, además, que con el aumento de la tasa Selic en 2022, la relación volvió al nivel de 2004, alcanzando el valor de 1.3. 

   En comparación con 2021, como se muestra en el Gráfico 1, el año se destaca por revertir las tendencia de declive de los dos ingresos. Una explicación bastante plausible, a partir de la lectura combinada de los dos gráficos, es que la tasa Selic desempeñó un papel crucial en esta reversión. Como es ampliamente conocido, la política monetaria brasileña se diferenció de otros Bancos Centrales cuando, a partir de 2021, tras la salida de la crisis del covid, el BCB adoptó prematuramente un enfoque contractivo, elevando la tasa Selic al 13.75% en agosto de 2022, poniendo nuevamente al país en la cima de la lista de la tasa de interés reales más altas del mundo ¹³ Por lo tanto, otro aspecto importante a destacar es que, en 2022, el Estado, a través de la tasa Selic, fue crucial para recomponer la rentabilidad del sector financiero-bancario.

   Más específicamente, anclado en el marco de la coalición financiero-clase rentista¹⁴ es posible inferir que la tendencia declinante de los ingresos hace que la hegemonía financiera, al borde de una crisis de rentabilidad, intensifique la predominancia de los canales rentistas que operan en el mercado de títulos de deuda, en favor del aumento de la Selic. Esto ocurre porque no solo se vuelve preferible, sino imperativo para el sector financiero tener al Estado como deudor (mercado de títulos de deuda, en lugar de familias y empresas (mercado de crédito). Esta necesidad surge debido a que el Estado es el único agente económico sin restricciones presupuestarias, a diferencia de familias y empresas, que son agentes no emisores. En comparación, estos últimos no tienen la capacidad de expandir y honrar su deuda de la misma manera que el Estado ¹⁵.

   Es en este contexto, de un ciclo financiero en fase contractiva, y con el Estado en su formato de “garantía de ingresos de última instancia”, que nace el Programa Desenrola, interpretado aquí como uno de los pilares para inaugurar un nuevo ciclo expansionista financiero. 

   Sin embargo, antes de explicar el contexto que llevó a la creación e implementación del Programa Desenrola Brasil, interesa examinar los cambios provocados por la crisis de Covid-19 y cómo impactaron en la relación entre los deudores y el sistema financiero. 

   Covid-19 y la crisis social

   Durante la pandemia de coronavirus, que provocó bloqueos y otras formas de aislamiento social, se tomaron medidas de emergencias destinadas a aliviar el sufrimiento de las familias y evitar que las empresas cerraran definitivamente, dejando a muchas personas sin empleo. En este sentido, a diferencia de la gran crisis financiera de 2008, prevaleció el bailout a las familias en el marco de las iniciativas para hacer frente a la crisis económica, social y sanitaria provocada por el Covid-19 a escala global. Se observó, así, en todas partes, la implementación de diversos programas de garantía de ingresos y empleo, cuya característica común fue asegurar transferencias monetarias a una parte significativa de la población que no podía trabajar, en niveles superiores a los vigentes en los sistemas de protección social de cada país. 

   Brasil no escapó a esta regla y adoptó programas ad hoc de gran impacto en medio del Covid-19, entre los cuales se incluyen: ayudas de emergencia para personas en situación de vulnerabilidad; prestaciones de emergencia; prestaciones de emergencia para el mantenimiento del empleo y la renta; y la concesión de financiación para el pago de nóminas. Estos programas de garantía de ingresos consumieron el 63,5% del “presupuesto de guerra” efectivamente gastado en 2020¹⁶.

   Los generosos paquetes de alivio fiscal por el Covid evidenciaron la insensatez de la ortodoxia fiscal y monetaria que anteriormente restringía el gasto público, reduciendo enormemente el poder redistributivo y de minimización de riesgos de las políticas sociales. Después de cuatro décadas de neoliberalismo, quedó claro que las políticas de austeridad habían desmantelado la provisión de servicios públicos, fomentando la privatización y la financiarización. Una de las evidencias de la dominancia financiera en el ámbito de la reproducción social, expresada en el endeudamiento crónico, surge precisamente con la adopción de otro conjunto de medidas con ocasión de la crisis del coronavirus: la suspensión temporal del pago de distintas modalidades de deudas asumidas por las familias, especialmente en la década anterior a la explosión de la pandemia. Esto se debe a que la deuda privada de las familias había alcanzado niveles alarmantes, comprometiendo una parte considerable de los ingresos disponibles del hogar. Con la violenta caída de los ingresos debido a la interrupción de la actividad económica, las tasas de incumplimiento, ya en constante aumento, corrían el riesgo de propagarse y empeorar aún más las condiciones de supervivencia de los grupos fuertemente endeudados, además de provocar inestabilidad en el sistema financiero. 

   Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, España, Italia y muchos otros países adoptaron temporalmente medidas similares, combinando generosas transferencias monetarias con la suspensión temporal del reembolso de deudas y de las sanciones aplicadas hasta entonces a los morosos o con cuentas atrasadas. Una vez más, Brasil no fue una excepción. Paralelamente a la implementación del Auxilio Emergencia, que benefició a 67 millones de personas durante ocho meses, algunas deudas fueron suspendidas, como la deuda de los estudiantes con el FIES¹⁷ Sin embargo, la ley aprobada en el Congreso en julio de 2020 restringía dicho beneficio solo a los deudores al día con sus pagos o con un retraso inferior a 180 días ¹⁸. Además, también ofrecía descuentos significativos para aquellos que aceptaran renegociar su deuda durante la vigencia de la ley. Sin embargo, no se aprobó ningún dispositivo federal para suspender el pago de deudas con hipotecas, alquileres o facturas pendientes. 

   Lo que vimos en pleno Covid, tanto en Estados Unidos¹⁹ como en Brasil, fue una sorprendente y fuerte reducción de los niveles de incumplimiento y pagos atrasados como efecto de los paquetes de estímulo fiscal adoptados, que garantizaron una alta liquidez a las familias, al mismo tiempo que, a través de medidas de suspensión de deudas y otros instrumentos administrativos similares, estimularon una ola de renegociación de deudas con un liderazgo manifesto de los bancos privados.²⁰

   En Brasil, “las familias redujeron los montos en mora y los pagos atrasados, al mismo tiempo que el saldo de crédito aumentó, junto con el plazo medio de las carteras. De esta manera, se produjo un fortalecimiento de la dependencia con respecto al mercado financiero: por un lado, se otorgaron nuevos préstamos, renovando los vínculos que unen a estos dos agentes; por otro lado, estos serán pagados en un plazo más largo, lo que hace que esta relación de dependencia sea aún más duradera y estable”²¹.

   No obstante, al comparar Estados Unidos y Brasil, observamos un modelo diferente de intervención estatal en el establecimiento de un marco regulador para los procesos de suspensión y renegociación de la deuda. En Brasil, este proceso de restablecimiento de la capacidad de endeudamiento de las familias tuvo lugar al margen de la acción coordinada del Estado, es decir, se produjo de forma espontánea, o sea, fue iniciativa del propio sector bancario. Como resultado, las familias y los trabajadores más vulnerables²² y beneficiarios del programa de transferencias monetaria de emergencia empezaron a dirigirse a los bancos para renegociar sus deudas. Los bancos y otras instituciones financieras gastaron alrededor de 60.000 millones de reales (12.000 millones de dólares) en programas de ampliación de la deuda entre marzo y el 31 de diciembre de 2020, sin renegociar los tipos de interés que, en ese momento, como se sabe, estaban en caída libre²³.

   En lo que respecta al reembolso de préstamos hipotecarios, el Consejo Monetario Nacional recomendó en ese momento a las instituciones financieras suspender los pagos de financiamiento inmobiliario hasta por 120 días, extendidos posteriormente a 180 días. Esto se aplicó a aquellos deudores al día o con un máximo de dos pagos atrasados (en el caso de los prestatarios de la Caixa Econômica Federal). No hubo condonación de intereses, que continuaron aplicándose sobre los demás pagos. En cuanto a los beneficiarios del programa Minha Casa Minha Vida ²⁴ cuya categoría 1 es financiada en un 90% con recursos públicos, se requirió aprobar una ley específica para suspender estos pagos, ya que en diciembre de 2020 la morosidad superior a 360 días ya alcanzaba el 33,2% de los contratos²⁵. Este proyecto de ley (795/2020) fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero hasta el día de hoy sigue en trámite en el Senado, y su urgencia debido a la crisis provocada por el coronavirus ya no tiene sentido. Esta legislación nunca fue considerada en el Senado, pero el aumento en el porcentaje de morosos con atrasos superiores a un año ha aumentado regularmente desde entonces, alcanzando un récord en diciembre de 2022: el 45% de los beneficiarios de la categoría 1 del programa.²⁶.

   La reestructuración de las deudas individuales se realizó, por lo tanto, caso por caso, lo que sugiere que puede no haber sido totalmente favorable para el deudor, lo que, por lo tanto, no resultó en una reducción del capital y la tasa de interés. Se estima que en un contexto de desempleo extremadamente alto y niveles crecientes de inseguridad alimentaria grave durante la crisis del covid, la opción de la población con “deudas de supervivencia” ²⁷ fue asegurar principalmente medios para seguir endeudados para hacer frente a sus necesidades más inmediatas y evitar la exclusión. Esto indica que la «inclusión financiera» se ha convertido en la base material ineludible de su inclusión social para un gran número, aunque con una alta vulnerabilidad financiera.

   En 2023, la renegociación de deudas reaparece, esta vez elevada a la condición de política pública federal, con un diseño formulado por el Ministerio de Hacienda y lanzada con pompa y circunstancia, como uno de los hitos fundacionales de la administración Lula 3. 

   ¿Se trata de rescatar una iniciativa puntual exitosa, implementada por los bancos durante el Covid, y ahora nuevamente activada, esta vez con la participación del Estado? ¿O se trata de una nueva estrategia de reestructuración dentro del espectro de mecanismos de regulación del mercado crediticio para apoyar un nuevo ciclo expansionista financiero, que podría adquirir rango de política pública?

   Centrarse en el moroso, no en la deuda

   Reelegido para gobernar el país a partir de 2023, el PT (Partido de los Trabajadores) presentó el proyecto de ley «Desenrola Brasil», que fue aprobado en septiembre en la Cámara de Diputados con una amplia mayoría. Su objetivo principal consiste en abrir un canal de renegociación de deudas entre deudores morosos y acreedores institucionales (bancos, financieras, proveedores de servicios públicos) bajo la tutela del Estado, a través de la oferta de garantías.

   Inicialmente, el gobierno estimaba atender hasta 32 millones de personas ²⁸ restringiéndose a aquellas con deudas incumplidas realizadas entre enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2022 y registradas en las agencias de crédito. Dado el perfil bastante heterogéneo de los deudores morosos, el programa se estructuró en dos niveles. El Nivel 1 concentra a 21 millones de deudores morosos, aquellos con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales, que predominan entre los tomadores de crédito (66%), lo que equivale a $2.824 reales ($656 dólares). El Nivel 2 abarca a aquellos con ingresos mensuales entre 2 salarios mínimos y $20.000 reales (hasta $4.036 dólares), lo que corresponde a un universo potencial de 11 millones de deudores morosos. 

   En cuanto al marco legal, en el Nivel 1, el Estado asume una parte significativa del riesgo: en caso de reincidencia de la morosidad, garantiza a los bancos el pago del principal (establecido después de la renegociación de la deuda), corregido por la tasa Selic. En el ámbito del Nivel 2, el riesgo es asumido íntegramente por las instituciones financieras. Es decir, en contraste con el Nivel 1, el incentivo a la renegociación del Nivel 2 es de naturaleza meramente regulatoria: las deudas renegociadas generan «crédito presumido», lo que reduce el capital mínimo requerido en las exposiciones de los bancos en sus activos, proporcionando una mayor liquidez. La renegociación del Nivel 2 comenzó en julio de 2023. El Nivel 1 comenzó a ser atendido en septiembre de 2023.

   En el Nivel 1, la renegociación se lleva a cabo a través de la Plataforma Digital «Desenrola Brasil», accesible desde el portal del gobierno (gov.br). Esta plataforma fue desarrollada por la empresa PdTec, vinculada a B3, con el objetivo de consolidar deudas y estrechar la relación entre acreedores y deudores. Esta empresa tiene experiencia en el área de cobros digitales, actuando en la recuperación de créditos morosos a través de notificaciones  electrónicas. En la plataforma, cuyo acceso es facilitado en el sitio web del gobierno, las empresas acreedoras participan en una subasta, ofreciendo descuentos sobre el valor de las deudas. Los parámetros que determinan el monto de los descuentos son definidos por los acreedores caso por caso, sin regla general. El pasivo de deudas morosas fue estimado inicialmente en $150 mil millones de reales ($30 mil millones de dólares). Según el Ministerio de Hacienda, las subastas organizadas por los acreedores terminaron promoviendo un descuento significativo, del orden de $126 mil millones de reales ($25,2 mil millones de dólares), reduciendo la deuda morosa a renegociar a solo $24 mil millones de reales (aproximadamente $ 5 mil millones de dólares). El descuento medio previsto para ser del 60% finalmente llegó al 83%.

   En cuanto a las deudas que pueden ser renegociadas, el programa abarca débitos provenientes de préstamos consignados y no consignados, incluyendo también deudas no bancarias. Las deudas que no son elegibles para renegociación son aquellas que están respaldadas por garantía real o que están vinculadas a crédito rural, financiamiento de viviendas y operaciones que implican funding o riesgo de terceros. En resumen, el programa prioriza los préstamos «persona física recursos gratuitos» (crédito al consumo).

   En el Nivel 1, el Estado otorga una garantía exclusivamente para las deudas con valores de negatividad que no superen los $5.000 reales ($1,000 dólares)  totalizando alrededor de $13 mil millones de reales ($2,6 mil millones de dólares). Por lo tanto, se estima que las principales deudas renegociadas son las relacionadas con servicios básicos, como agua, luz, teléfono, minoristas y obligaciones bancarias. Las reglas ofrecen la opción de pago al contado o mediante financiamiento bancario, sin necesidad de entrada. Los intereses en el Nivel 1 corresponden a un máximo de 1,99% mensual, equivalente a una tasa anual del 26,68%, con el primer pago venciendo después de un máximo de 60 días. El pago mínimo será de $50,00 reales ($10 dólares) y el plazo de pago es de 2 a 60 meses, con cuotas decrecientes. En términos reales, el techo para la cobranza de intereses es significativamente alto, lo que encarece la nueva deuda, dado que el IPCA fue del 4,68% en 2023. Para 2024, se prevé que la inflación sea aún menor, del 3,25%²⁹.

   La garantía ofrecida por el Tesoro Nacional se realiza a través del Fondo de Garantía de Operaciones (FGO), un programa lanzado originalmente en 2009 en el contexto de la gran crisis financiera internacional. En términos de estructura legal, por lo tanto, el FGO de «Desenrola Brasil» no es una novedad, pero renueva al ampliar el marco existente de personas jurídicas a personas físicas. El gobierno inicialmente destinó $87,5 mil millones de reales ($ 17,50 mil millones de dólares) al Tesoro Nacional para completar el FGO del Nivel 1.

   En el Nivel 2, cada institución financiera tiene la autonomía para renegociar deudas a través de sus propios canales o en conjunto con sus socios, en un enfoque similar al adoptado durante la crisis de la Covid-19, entre 2020 y 2021. Para formar parte de este proceso, las personas con deudas susceptibles de renegociación en el Nivel 2 deben comunicarse directamente con la institución financiera con la que tienen deudas pendientes.

   A diferencia del Nivel 1, en el Nivel 2 no cuenta con un Fondo de Garantía de Operaciones (FGO) ni una plataforma digital, y la deuda debe pagarse a plazos con descuentos. Sin embargo, ante el lento crecimiento de la demanda, el gobierno decidió revisar las reglas del Nivel 2 y permitió el pago a plazos de la deuda morosa. Se ofrecen incentivos regulatorios para animar a las instituciones financieras a aumentar la oferta de crédito. Este incentivo se materializa en la generación de crédito presumido. El incentivo para el banco es tener el valor de la renegociación como crédito presumido con el gobierno. Si el descuento para la persona es de $ 7.000 reales ($1,400 dólares), el crédito [presumido] para el banco será de $7.000 reales», dijo el ministro Fernando Haddad ³⁰ Por lo tanto, al renegociar deudas, los bancos tienen un «crédito presumido», lo que significa que necesitan tener menos dinero inmovilizado en efectivo, disponiendo de más recursos para la inversión.

   En resumen, sintetizando las principales diferencias entre el Nivel 1 y la 2 tenemos: en el Nivel 1, un respaldo fiscal, a saber, el Fondo de Garantía de Operaciones (FGO), que recibe aportes del Tesoro Nacional para cubrir íntegramente el principal, corregido por la Selic, en caso de incumplimiento por parte del deudor en la deuda inicial renegociada. El Nivel 2, en cambio, fomenta las renegociaciones a través de un incentivo contable, permitiendo que los bancos alteren el monto de capital mínimo requerido en las exposiciones de riesgo: las deudas renegociadas generan crédito presumido, reduciendo el monto total de inmovilización del capital.

   Con el programa en marcha, el gobierno federal decidió ampliar el alcance de actuación de Desenrola. Ahora incluye como público objetivo tanto a los MEI (microemprendedores individuales) como a los estudiantes financiados por el FIES en situación de impago. En el caso de Desenrola FIES, se beneficiarán los contratos firmados hasta 2017 y en situación de mora hasta el 30 de junio de 2023, lo que debería beneficiar a alrededor de 1,2 millones de estudiantes. El plazo en este caso se extiende hasta mayo de 2024. Los canales para la renegociación son el Banco do Brasil, la Caixa Econômica y el Ministerio de Educación (FNDE), lo que indica que corresponde exclusivamente al gobierno, como acreedor del préstamo estudiantil, definir las reglas de renegociación sin la participación del sistema financiero privado. Se han creado tres perfiles distintos para refinanciar la deuda, que puede ser parcelada (de 15 a 150 meses), y se contempla con diferentes porcentajes de descuento del principal (variando entre el 77% y el 99%) o de los cargos (100%), dependiendo de la situación del deudor, si está inscrito en el CadÚnico y/o es un beneficiario anterior del Auxilio Emergencial, así como del tiempo de retraso acumulado ³¹

   Descomplicándonos

   El Ministerio de Hacienda reconoció a finales de 2023 que las metas alcanzadas por el Programa Desenrola habían quedado por debajo de lo previsto, aunque alrededor de 11 millones de personas (Niveles 1 y 2) se beneficiaron (en comparación con estimaciones de más de 32 millones de potenciales deudores). Solo 1 millón de personas (5% del público objetivo) del Nivel 1 lograron renegociar y parcelar deudas por un monto de R$ 5 mil millones (US$ 1 mil millones), deudas principalmente contraídas con bancos y financieras. En cuanto el Nivel 2, 2,7 millones de personas liquidaron deudas de R$ 24 mil millones (US$ 4,8 mil millones) mediante negociaciones directas con las instituciones financieras. Hasta finales de 2023, se habían renegociado R$ 29 mil millones (casi US$ 6 mil millones). Lo mismo ocurrió con Desenrola FIES, donde apenas 14% de los estudiantes³².

   Sin embargo, el mayor número de personas eliminadas del registro de morosos a través del Desenrola – 7 millones – estaba en el registro de morosos con deudas insignificantes, inferiores a R$ 100 (US$ 20), que incluso podrían haber sido condonadas. Y no lo fueron porque sería incompatible con la moral de la deuda: la deuda debe ser pagada, sea cual sea su monto y las condiciones -abusivas o no- que la materializaron. A modo de ilustración, vale indicar que la renegociación de la deuda individual de R$ 100 (US$20) de 7 millones de morosos, si se mantuviera íntegramente sin descuento, equivaldría como máximo a R$ 700 millones (US$140 millones), lo que representa el 0,2% de los ingresos totales por créditos obtenidos por los bancos en 2022, según datos contabilizados por el Banco Central.

   Aunque es prematuro hacer una evaluación definitiva de un programa aún en desarrollo y sujeto a ajustes, como que su vigencia fue extendida dos veces, algunas consideraciones parecen dignas de notar. Comenzando por las razones que parecen justificar realmente el lanzamiento de una política pública por parte del gobierno federal para reducir la morosidad.

   El crédito a las familias emerge como una variable sensible y estratégica en la recuperación del crecimiento bajo la gestión de Lula 3, especialmente después de la aprobación por parte del Congreso en 2023 del Nuevo Marco Fiscal (NAF), que consiste en nuevas reglas en cuanto a la progresión del gasto público. En resumen, el gasto público primario (excluyendo el pago de intereses) sólo puede crecer hasta el límite del 70% de los ingresos fiscales del año anterior. En caso de que estos crezcan por encima del 3,57% anual, se impondrá un garrote adicional al gasto público, que quedará limitado a un aumento real de máximo el 2,5% anual. Aunque la salud, la educación y los gastos de pensiones se han quedado por ahora fuera del NAF, en respeto a la Constitución, otros gastos sociales serán fuertemente reprimidos, de lo contrario el NAF será inviable ³³. Como señala Bastos ³⁴ si esta regla se incumple, «la sanción prevista es el crecimiento de los gastos en el año siguiente a una tasa un 50% inferior a la tasa de crecimiento de los ingresos». En este cuadro de austeridad fiscal donde se deja en manos del capital privado el impulso del crecimiento, el consumo de las familias depende aún más fuertemente de su financiamiento a través del acceso al crédito.

   Además del NAF que impone frenos a la expansión del gasto público, la Nueva Industria Brasil (NIB), una política lanzada en enero de 2024 para revertir el proceso de primarización de la economía, fomentando un ciclo de reindustrialización que eleve los salarios en función de los aumentos de productividad, demanda tiempo para surtir efectos positivos. Mientras tanto, el endeudamiento masivo de las familias sigue siendo un mecanismo indispensable para compensar la retracción del Estado y llenar la transición esperada hacia un ciclo virtuoso de crecimiento con salarios reales en aumento. Si no es la inversión pública la que impulsará el consumo de las familias, estas dependerán una vez más del acceso al mercado de crédito, que debe ser abierto, consolidando, se espera, el optimismo de los inversores privados.

   Por lo tanto, limpiar un cuadro de morosidad extremadamente alta es una tarea urgente. Incluso porque, como afirma el ministro de Hacienda, la recuperación del crecimiento se llevará a cabo privilegiando las asociaciones público-privadas (APP), cuyo alcance solo aumenta, por lo que es necesario reducir el riesgo de que la morosidad de las familias ponga en peligro el modelo de financiamiento al desarrollo que el gobierno ha estado diseñando. 

   Reducir la morosidad sin abordar el endeudamiento de alguna manera refleja una estrategia de reducción de riesgos, en la medida en que garantiza que, a través de préstamos, las familias puedan pagar los servicios cobrados por los inversores privados, en caso de que los ingresos familiares no cubran todas las necesidades. En su mayoría, estos son inversores institucionales que operan en el área de infraestructura social y urbana, especialmente en salud, energía y saneamiento. En estos sectores, el precio de las tarifas para el consumidor tiende a aumentar en términos reales para garantizar un «buen» retorno a la inversión privada. Esto, sin mencionar el nuevo marco regulatorio disponible para el sistema financiero para respaldar sin mayores incertidumbres un nuevo ciclo de expansión del mercado crediticio.

   Se observa que las causas de la morosidad no están siendo abordadas. El Desenrola no ha venido a ofrecer mecanismos de protección contra el endeudamiento crónico de las familias, que actualmente asciende a aproximadamente R$ 3,5 trillones (US$ 670 mil millones o el 32% del PIB) frente al sector financiero. Parece bajo en términos comparativos, pero es bueno recordar que se trata de una deuda contraída fundamentalmente con crédito de consumo de corto plazo para financiar la reproducción social. 

   Cabe recordar que, en 2021, ante un panorama de deterioro del grado de endeudamiento de las familias, con tasas de morosidad y retrasos alcanzando récords sucesivos, se aprobó la Ley del Sobreendeudamiento, que establece un marco legal extrajudicial para la renegociación de deudas. La Ley, fruto de una fuerte movilización de las entidades de defensa del consumidor durante varios años, abarca el mismo perfil de deuda cubierto por el Desenrola, es decir, deudas relacionadas con el consumo o vinculadas a instituciones financieras. Sin embargo, tiene como objetivo al superendeudado, moroso o no: toda persona de buena fe que ha acumulado deudas para satisfacer sus necesidades básicas y que no dispone de ingresos suficientes para pagarlas, sin comprometer su mínimo vital. La reserva del mínimo vital es una innovación importante porque constituye una salvaguardia para el deudor al definir que el pago mensual de las deudas no puede comprometer más del 35% de los ingresos del sobreendeudado. La ley también establece criterios que las instituciones financieras deben cumplir, como prevenir prácticas abusivas en la concesión de créditos y la cobranza de deudas que puedan amenazar a grupos sociales vulnerables.

   Por lo visto, la Ley de Superendeudamiento no ha dado los resultados esperados, ya que no fue suficiente para revertir, en dos años, una tendencia que se está extendiendo, vivir altamente endeudado, y que sugiere que fue necesario formular una política pública más ambiciosa, con un enfoque diferente, esta vez para abordar la morosidad.

   Es cierto que el gobierno federal marcó un gol al incluir en la Ley del Desenrola un límite al reembolso de las deudas refinanciadas en el crédito rotativo de la tarjeta de crédito. Según la ley, el interés acumulado no puede exceder el valor del principal, poniendo fin a porcentajes delirantes que alcanzaban tasas de interés superiores al 430% anual, como al final de 2023. Este es un paso importante, que se inscribe en la misma lógica de estimular el endeudamiento de las familias como impulso del rentismo, alejando, sin embargo, la amenaza de la morosidad esencial para la estabilidad del sistema financiero.

   La idea de hacer permanente el Programa Desenrola fue anunciada ofreciendo un marco legal y recurrente para la renegociación de deudas incumplidas para familias de bajos ingresos. Eso  sugeriría que también el FIES Desenrola debe llegar para quedarse, considerando que una nueva expansión del FIES para financiar el acceso a la educación universitaria privada y paga ya está sobre la mesa del Ministro de Educación. Sin mencionar la demanda del Ministro de Emprendimiento, Microempresa y Pequeña Empresa, que quiere un Desenrola para llamarlo propio. Es decir, el Desenrola, en las formas que pueda tomar, representa la adopción de un marco institucional y legal inédito para la gestión de la deuda, a través de políticas públicas, articulado entre el gobierno y las instituciones financieras, para redefinir el papel de la deuda de las familias en la actual fase de reestructuración de la economía brasileña, bajo la dominación financiera.

   Sin una decisión definitiva, lo que se ve es al gobierno renovando continuamente el plazo de vigencia del programa, del 31 de diciembre de 2023 al 31 de marzo de 2024, y ahora hasta el 20 de mayo de este año, exclusivamente para el público de Nivel 1. De la misma manera, con la intuición de volver más efectiva la adhesión al Programa por parte de los endeudados- que no llegaron como era esperado- el gobierno flexibilizó el acceso a la plataforma digital para la renegociación de deudas incumplidas a través de convenios con Correos, instituciones financieras y empresas como Serasa. Serasa Expedia es un conglomerado privado de recuperación de deudas, consulta y concesión de crédito que se consolidó en el mercado nacional prestando a endeudados excluidos del circuito financiero a tasas de interés prohibitivas, muchas veces superiores a las ya elevadas tasas puestas por los bancos. El balance en términos de cobertura mejoró, pero apenas llegó al 50% de la audiencia definida. Según los números más recientes del Ministerio de Hacienda: en Desenrola Brasil cerca de 14 millones de personas renegociaron R$ 50 billones en deudas en Nivel 1 y Nivel 2 hasta mediados de marzo de 2024.

   Resta explicar por qué un programa ambicioso y tan propagado por el gobierno no logró atraer a los grupos más pobres y endeudados de la población, para quienes el programa fue diseñado prioritariamente, y que se mostraran algo indiferentes a permanences endeudadas.    

   De esta manera, la retórica adoptada por el gobierno de que el Desenrola está reconfigurando los marcos de la política social al aliviar la carga de la deuda para los morosos pierde fuerza. ¿Cuánto pagaron previamente como servicio de la deuda antes del incumplimiento y cuáles son los criterios adoptados por el sector financiero para los descuentos y subastas? ¿Cómo ha intervenido el gobierno en esta regulación para que, más allá de aquellos que incumplen, las familias brasileñas altamente endeudadas, fuera de las tarjetas de crédito, pudieran escapar de la espiral de refinanciamiento persistente de deudas para sobrevivir? Esta parece ser una estrategia funcional que sustenta el consumo masivo a través del endeudamiento con fines de acumulación rentista. La novedad reside en el hecho de que el Estado asume la gestión de la deuda como forma de enfrentar las contradicciones que la propia acumulación rentista engendra, y así haciendo de esta política una dimensión de política social.  

   La financiarización en Brasil avanza articulando rentabilidad en el mercado de bonos (cuando es necesario) y en el de crédito. Una realidad que tiene un nuevo socio, el Programa Desenrola Brasil. De una sociedad sin crédito, Brasil se ha convertido en 20 años en una nación donde el refinanciamiento de deudas es parte de la lucha por la supervivencia, un rasgo que, por el rumbo de las cosas, parece estar aquí para quedarse.

   Este artículo fue traducido al español por Aminta Zea.

4. El Estado desarrollista del vehículo eléctrico

   abril 11, 2024 2:39 pm Comentarios desactivados en El Estado desarrollista del vehículo eléctrico

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   A finales de la década de 1970, los mercados occidentales se vieron inundados de automóviles japoneses de marcas poco conocidas en ese entonces, como Toyota, Mazda, Datsun y Honda. La combinación de un producto de alta calidad, un consumo eficiente de combustible y un precio bajo hizo que estas marcas fueran muy populares en los Estados Unidos y Europa tras la crisis del petróleo de los años 70, lo que provocó una disminución de la cuota de mercado de los fabricantes locales y quejas de empresarios y sindicatos por competencia desleal.

   El “impacto japonés” pronto generó una respuesta política proteccionista. Estados Unidos y Reino Unido negociaron con Japón cuotas de importación voluntarias para limitar la presión competitiva sobre sus industrias automotrices, y los países europeos adoptaron medidas similares. Pero este fue solo el primer paso de una transformación más profunda de la industria occidental. En la búsqueda desesperada de posibilidades para recuperar la competitividad internacional y apaciguar el creciente malestar laboral interno, las empresas del sector automotor mundial y de otros sectores empezaron a imitar a sus rivales japoneses. El “método Toyota”, descrito por el principal ingeniero industrial de la empresa, Taiichi Ohno, se convirtió en lectura obligada para cualquier administrador industrial serio, mientras que las escuelas de negocios del Atlántico Norte empezaron a enseñar los métodos kaizen y kanban de la producción “justo a tiempo”. Este cambio cultural, a veces descrito como parte de un proceso más amplio de “japonización”, sirvió para acelerar la adopción de lo que los sociólogos denominan estrategias de administración “posfordistas”, las cuales se centraban en la flexibilidad y la reducción de costos, al mismo tiempo que rechazaban los modelos de producción integrados verticalmente de los líderes automovilísticos estadounidenses y europeos de la década de 1950.

    Casi cincuenta años después del “impacto japonés”, la actual industria automotriz mundial se enfrenta a una transformación mucho más sistemática, que podríamos denominar “el impacto de los vehículos eléctricos [EV o Electric Vehicle] chinos”. Hasta hace poco, la industria automotriz china se desestimaba como una copia de baja calidad de los modelos occidentales o japoneses. Sin embargo, desde entonces ha logrado una impresionante competitividad en calidad y precios en el estratégico sector de los EV: en 2023, el gigante chino BYD superó a Tesla como el mayor productor de estos autos, con tres millones de vehículos de energía alternativa [NEV, también conocidos como New Energy Vehicles]. Ese año, las exportaciones chinas de NEV crecieron un 64%. Gracias a las buenas ventas de motores de combustión interna [ICE o Internal Combustion Engine] y la demanda rusa inducida por las sanciones de Occidente, China ya superó a Japón como el mayor exportador mundial de automóviles.

   Figura 1: Ventas trimestrales de EV (2018-2023)

   

   Es una cuestión primordial para el siglo XXI saber cómo responderán los gobiernos occidentales a la competencia en una industria considerada por mucho tiempo como la prueba mayor de destreza económica. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, el auge de los EV chinos se ha condenado como el resultado de prácticas desleales. Al anunciar en septiembre una investigación sobre los vehículos eléctricos chinos y la ayuda estatal, Ursula Von der Leyen afirmó que su competitividad era el resultado de la “manipulación del mercado”. De manera similar, Joe Biden se ha comprometido a impedir que los EV chinos “inunden nuestro mercado”, y Donald Trump describió el impacto de los EV chinos como una “masacre” económica.

   Sin embargo, tras esos comentarios incendiarios subyace una transformación industrial no menos significativa que la de los fabricantes de automóviles japoneses de la década de 1980. El auge de la industria china de vehículos eléctricos ha sido posible no solo por los generosos subsidios estatales, sino también por profundos cambios de estrategia y organización y, en particular, por un distintivo resurgimiento de la integración vertical, tanto a nivel de empresa individual como a nivel nacional. BYD ejemplifica perfectamente este enfoque, ya que ha intentado controlar prácticamente todos los aspectos de la cadena de valor: desde la tecnología de baterías—que inicialmente era su principal negocio—hasta los microchips, e incluso expandiéndose a la posesión de minas de litio y de buques de transporte de automóviles. Además, aprovechando los costos de mano de obra significativamente más bajos en China que en países como Japón, Alemania y Estados Unidos, la empresa se ha valido de un ejército masivo de trabajadores de fábrica con un proceso de producción mucho más intensivo en mano de obra que sus competidores. Este enfoque neofordista le ha permitido a BYD reducir costos al mismo tiempo que coordina y acelera la innovación de diferentes componentes claves durante una fase fundamental en la evolución de la industria. Así mismo, le ha permitido a la empresa mitigar incertidumbres operativas y enfrentar la escasez de varios factores de producción y servicios, como la escasez de chips que ha tenido lugar desde el año 2020.

   Paralelamente, el gobierno chino ha estado impulsando la integración vertical a nivel nacional, asegurando que el 80% de la cadena de valor de los EV esté contenida dentro del país a través del plan “Made in China 2025”, cuyo objetivo es minimizar los efectos de las interrupciones y establecer las condiciones para reforzar y mantener la supremacía tecnológica. Aunque es probable que el modelo cambie a medida que evolucionen las relaciones laborales, este giro hacia la “reintegración” y la “reinternalización” conlleva importantes lecciones sobre el futuro de la organización económica y la política industrial.

   La revolución del vehículo eléctrico

   Peter Drucker, el teórico estadounidense de la administración, llamó célebremente a la industria automotriz la “industria de las industrias”: durante más de un siglo, la fabricación de automóviles ha representado la prueba definitiva del desarrollo industrial, debido a la complejidad de los factores de producción, la variedad de industrias complementarias y los elevados requisitos de capital y conocimientos. Los automóviles dependen de los sectores minero, químico, siderúrgico y electrónico, así como de ejércitos de técnicos y trabajadores de producción, y de maquinaria e instalaciones costosas. La producción de automóviles tiene enormes barreras de entrada a un mercado e implica grandes riesgos empresariales; por eso, relativamente pocos países pueden reclamar una membresía en el exclusivo club de fabricantes de automóviles. Esos desafíos se vuelven incluso más exigentes en el caso de los EV. 

   Al igual que otras tecnologías limpias, como los paneles solares, los EV no son completamente nuevos. A principios del siglo XX, algunos de los primeros automóviles funcionaban con baterías primarias de plomo-ácido; así, un tercio de los automóviles de Nueva York en 1900 eran eléctricos. Pero en aquella época los vehículos de gasolina superaban a los eléctricos debido a su mayor autonomía y velocidad, así como a sus menores costos de operación gracias al petróleo barato y abundante. En los últimos años este equilibrio ha cambiado drásticamente.  Además de contar con un rendimiento más deportivo (contrario a la percepción popular), los EV ofrecen menores gastos de funcionamiento, mantenimiento y reparación; así como mayores ventajas en el uso diario y menos ruido. El ahorro en gastos de funcionamiento es particularmente impresionante, pues se estima que la recarga de los EV “reducirá los gastos energéticos de un vehículo entre un 50-80% hasta 2030, en relación con un vehículo de gasolina similar”. Por supuesto, mientras la tecnología y la infraestructura se desarrollan, persisten desventajas significativas en costos iniciales más elevados, una autonomía más limitada, mayores tiempos de carga y, en muchos países, la escasez de puntos de recarga.

   Las baterías eléctricas son lo que los economistas especializados en innovación describirían como la “tecnología facilitadora” de los EV, pero también son su cuello de botella estructural. La batería de iones de litio [LIB o lithium-ion battery], inventada en 1991, sustituyó a su predecesor de níquel-cadmio. Al ser más pequeñas, las LIB fueron capaces de impulsar todo tipo de productos alimentados por batería que antes eran impensables: desde teléfonos inteligentes hasta tabletas, aspiradoras robot y la llamada “micromovilidad” de las bicicletas eléctricas y scooters. Sin embargo, su aplicación automotriz promete tener las consecuencias más revolucionarias. Desde la invención de las LIB, su densidad energética se ha triplicado, mientras el costo por kilovatio-hora ha disminuido en más del 90%. De este modo, la misma tecnología que en la década de 1990 respaldó los teléfonos de Nokia y Motorola ahora puede impulsar automóviles e incluso buses. Adicionalmente, las mejoras en la variante de litio-hierro-fosfato [LFP o lithim-irion-phosphate], ya utilizada por BYD en sus baterías blade, y un cambio de electrolitos líquidos a sólidos en las LIB podría aumentar considerablemente la capacidad y proporcionar una carga más rápida.

   La trascendencia de la tecnología de las baterías para el sector de los EV también explica la importancia que se le atribuye a la construcción de las llamadas “gigafábricas” (enormes plantas de fabricación capaces de producir baterías cuyo almacenamiento total es de miles de millones de vatios-hora) y por qué el acceso al litio ahora se ha vuelto tan estratégico. Este metal alcalino no es escaso en la corteza terrestre; sin embargo, solo unos pocos lugares del mundo disfrutan de un grado de concentración suficiente para que la extracción de litio sea económicamente viable. Las naciones con mayor dotación de litio son Chile, Argentina y Australia. Para garantizar la seguridad del suministro, algunas empresas de EV están entrando directamente en el negocio de la extracción minera de litio, ya sea como accionistas o como propietarios únicos.

   El nuevo Henry Ford

   El auge de la industria automotriz china ha generado unas 140 marcas diferentes de EV, pero solo unas pocas están al nivel de BYD, que en 2023 superó a Tesla como el mayor productor de EV del mundo. La empresa fue fundada en Shenzhen en 1995 por Wang Chuanfu, un huérfano de la región rural pobre de Anhui quien estudió química y ciencia de materiales. En muchos sentidos, las operaciones de la compañía parecen ser el resurgimiento eléctrico de la lógica fordista de la producción en masa, con un proceso de producción altamente intensivo en mano de obra, un gran ejército de trabajadores de fábrica y métodos tayloristas de organización científica del trabajo.

   Sobre todo, BYD repite el énfasis fordista en la integración vertical. Así como Ford adquirió minas de hierro y carbón para producir acero; plantaciones de caucho en Brasil para producir neumáticos (antes de que la invención de la vulcanización eliminará la necesidad de caucho natural); minas de arena de sílice blanca para fabricar parabrisas, ventanas y espejos de los automóviles; y hasta bosques para la producción de las piezas de madera de los autos, BYD ha pasado a controlar la producción y el ensamblaje de celdas de batería, la fabricación de trenes de potencia eléctricos, los semiconductores y módulos electrónicos, y ahora, incluso, la minería de litio. También produce “en casa” los ejes de transmisión, las cabinas, los frenos y las suspensiones de los automóviles. A su vez, al igual que las gigantescas fábricas fordistas de Highland Park y River Rouge, BYD ha construido enormes plantas industriales para producir baterías y otros componentes esenciales, y otras para el ensamblaje de automóviles. Cuatro de ellas están ubicadas en la ciudad natal de BYD, Shenzen, veinte en otros lugares de China y, actualmente, se están construyendo nuevas plantas en el extranjero, desde Hungría hasta Brasil.  

   En la primera parte del siglo XX, la integración vertical le permitió a Ford y a otras empresas reducir los costos de intermediación, controlar la producción y coordinar la innovación en las diferentes etapas de fabricación, desde la adquisición de caucho y acero hasta la estandarización de piezas y proveedores. La alta productividad y los elevados salarios en un mercado oligopolístico garantizaron unas ganancias estables en un entorno macroeconómico expansivo, es decir, la época dorada del fordismo, que abarca desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales de la década de 1960. La crisis del petróleo de la década de 1970 reveló la rigidez de este modelo industrial, ya que la inflación salarial y la demanda de vehículos más eficientes hicieron que los fabricantes de automóviles estadounidenses fueran menos competentes. Los industriales occidentales se inspiraron entonces en la producción flexible del método “justo a tiempo”, implementado por empresas japonesas como Toyota, la cual se apoyaba en una red de proveedores externos y en mano de obra temporal para amortiguar las fluctuaciones del mercado, desligándose de la producción de componentes. Los fabricantes de automóviles japoneses dividieron la cadena de montaje en islas de producción manejadas por equipos de calidad, cooptando a los sindicatos en los objetivos corporativos. Esta lógica de organización empresarial condujo a una disciplina más eficiente de la mano de obra y a la desorganización de los sindicatos, cuyo poder de negociación colapsó cuando ya no pudieron amenazar con paros laborales en todas las etapas de la producción.

   La externalización, o outsourcing, fue de la mano de la deslocalización (o offshoring) de gran parte de la cadena de valor a países con costos salariales más bajos. El economista Raphäel Chiappini argumentó que “desde finales de la década de 1980, los fabricantes de automóviles en Europa, Japón y Estados Unidos, como General Motors, Ford, Toyota, Honda, Volkswagen, Audi y Daimler Chrysler, han externalizado una parte cada vez mayor de la producción automotriz a países emergentes para beneficiarse de los costos de producción más bajos”. Esto ha dado lugar a una “división internacional del trabajo” o, dicho de una manera más negativa, a una “fragmentación internacional”, es decir, una situación en la cual varios países se especializan en distintas etapas de la cadena de suministro en las que acumulan una ventaja competitiva. Aunque su intención es mejorar la calidad y reducir los costos, este cambio también contribuye a que los fabricantes de automóviles sean vulnerables a una interrupción en la cadena de suministro, lo cual se está convirtiendo en un riesgo cada vez mayor en estos tiempos inestables.

   El regreso de la integración vertical

   Las debilidades de las cadenas de suministro mundiales se han hecho cada vez más evidentes luego de la pandemia y en el contexto de una mayor competencia en materia de seguridad. Como resultado, los conceptos de “deslocalización” e “internalización” se han filtrado en los debates políticos. En este sentido, BYD presenta un ejemplo fascinante de la “reinternalización” contemporánea de la producción nacional y su relación con la tendencia más amplia de las nuevas políticas industriales. La empresa sigue la estructura típica del conglomerado integrado verticalmente: la empresa matriz (BYD Company) controla varias filiales: BYD Auto, BYD Electronics, BYD Semiconductors, BYD Transit Solutions y BYD FinDreams (el brazo responsable de la producción de baterías y de diversos componentes de automóviles). Aunque la integración vertical es común a otros competidores de EV como Tesla, BYD ha alcanzado un mayor grado de integración que la empresa de Musk, que le compró cerca del 90% de sus baterías a compañías como Panasonic y CATL.

   Inicialmente, la principal actividad de BYD era la producción de baterías, lo que garantiza una gran capacidad en la producción del componente más esencial y potencialmente innovador de los EV. A través de su filial BYD Semiconductors, la empresa también controla la producción de microchips, lo que supuso una importante ventaja durante la escasez de microchips posterior a 2020, derivada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La empresa de Chuanfu también produce sus propias piezas de metal y plástico, ha comprado acciones de la principal minera china de litio (Shengxin Lithium Group) y está comprando minas en Brasil. De este modo, BYD ha alcanzado un control incomparable sobre su ciclo de producción: según la firma, solo los neumáticos y las ventanas se subcontratan por completo. Un artículo del New York Times destacó que, en la fabricación del Sedan Seal con puerta trasera BYD produce internamente nada más y nada menos que tres cuartas partes de todos los componentes, en comparación con solo un tercio en el caso de un auto eléctrico similar de Volkswagen, lo que le da una ventaja de costos del 35%.

   BYD también es cada vez más activa en la última etapa de la industria automotriz, es decir, las ventas y el servicio. Recientemente ha entrado en el sector del transporte marítimo con el BYD Explorer 1, un buque Ro-Ro capaz de transportar 5 mil autos y el cual se espera que sea el primero de una flota en expansión, lo que garantiza a BYD un mejor control de la entrega de sus productos. Al igual que el modelo fordista, la estrategia de integración vertical de BYD requiere mucha mano de obra. Los empleados de la empresa se han duplicado en solo dos años; en 2023 llegaron a 570.000 (justo por debajo de los 670.000 de Volkswagen y significativamente por encima de los 370.000 de Toyota). BYD ha descartado el modelo japonés de producción altamente automatizada que requiere maquinaria costosa; en su lugar, por mucho tiempo ha dependido de trabajadores manuales comparativamente baratos que realizan un sinnúmero de pequeñas tareas. Esta menor “intensidad de capital” ha demostrado hasta ahora ser una excelente fórmula para aumentar los ingresos y beneficios, pero esto puede cambiar a medida que aumenten los costos de mano de obra debido a la competencia entre las empresas automovilísticas.

   Figura 2: Activos totales y número de empleados de los mayores fabricantes de automóviles (2023)

   

   Aprendiendo de la política industrial china

   El éxito de BYD, sin embargo, es el producto de una política industrial sostenida. Aunque sus esfuerzos prolongados de conseguir un “desarrollo intensivo” en la industria automotriz ha terminado constantemente en decepciones, finalmente China ha logrado explotar lo que Alexander Gerschenkron llamó la “ventaja del atraso”. Siguiendo las lecciones de otros países de Asia oriental, como Japón y Corea, China ha aplicado políticas estatales de desarrollo para pasar de la producción de baja calidad a la de alta calidad, dándole una particular importancia a las “tecnologías limpias”.

   La primera vez que los vehículos de energía alternativa tuvieron una mención política fue en el décimo Plan Quinquenal (2001-2005); sin embargo, fue sólo después de la crisis financiera de 2007-2008 cuando “se designaron como una industria emergente estratégica, junto con la energía solar y la eólica”. Un importante punto de inflexión en la política industrial para los EV fue el lanzamiento, en 2015, del plan “Made in China 2025”, anunciado por Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang. El plan declaraba que “la fabricación es el núcleo de la economía nacional, la raíz sobre la que se establece el país, la herramienta para la revitalización nacional y la base de un país fuerte”. Los EV figuraron entre los diez sectores considerados como fundamentales para el futuro éxito del país, además de los circuitos integrados, los equipos aeroespaciales y los nuevos materiales. En especial, el plan recomendaba que el 80% de todos los factores de producción necesarios para la industria de los EV se adquirieran en China para garantizar un alto grado de “independencia” en su producción. Este impulso al abastecimiento nacional condicionó enormemente las estrategias de producción de las empresas nacionales.

   China se encuentra ahora en un lugar de supremacía aparentemente irrefutable en esta industria: 60% de todos los EV producidos en 2023 fueron fabricados en China. Además, las empresas chinas tienen una extraordinaria ventaja en términos de costos sobre sus competidores tradicionales, estimada en un 25% en el caso de BYD, según el banco suizo UBS. Como todos los países, China debe importar algunas materias primas, especialmente carbonato de litio desde Chile y Argentina, y cobalto desde el Congo. Pero también controla elementos claves para el suministro de materiales esenciales: más de la mitad de la producción mundial de litio, más del 60% de la producción de cobalto y el 70% de materiales de tierras raras. Adicionalmente, la industria china concentra más del 70% de los componentes de las celdas de las baterías y de la producción de celdas de batería. Dos tercios de la producción mundial de baterías se localiza en China. CATL y BYD representan más del 50% de la producción mundial. Este impulso por desarrollar una cadena de valor independiente y en gran medida autosuficiente ha demostrado ser visionario en la anticipación de las interrupciones a las que se enfrentan las cadenas de suministro mundiales debido al clima extremo, las guerras y la creciente rivalidad entre potencias. Una elevada participación en la cadena de valor de los EV proporciona a China una importante ventaja competitiva frente a sus competidores, al tiempo que le otorga las condiciones para defender la supremacía en innovación y propiedad intelectual que probablemente China vaya a alcanzar en los próximos años.

   El gobierno chino promovió estos avances a través de una generosa financiación en ciencia y tecnología, como con el famoso Programa 863. Bajo la dirección del ingeniero automotriz Wan Gang (2007–2018), el Ministerio de Ciencia y Tecnología apoyó decididamente el sector de los EV. A través de empresas conjuntas como SAIC-Volkswagen y las adquisiciones de proveedores occidentales de automóviles, el gobierno chino buscó transferencias de tecnología de empresas extranjeras. También ofreció subvenciones o préstamos a empresas automovilísticas para, entre otras cosas, la creación de plantas de fabricación y la prevención de la quiebra; no obstante, el principal instrumento político han sido los subsidios.

   Se estima que el gobierno chino gastó 60.000 millones de dólares en subsidios para los EV entre 2009 y 2017. Los subsidios para los consumidores han sido más generosos que el crédito fiscal de 7.500 dólares ofrecido por la Ley para la Reducción de la Inflación de Biden, con créditos fiscales nacionales compuestos por créditos fiscales de gobiernos locales. Las veintitrés autoridades locales (diecinueve provincias y cuatro áreas metropolitanas) son responsables de cerca del 70% del gasto público. Estos gobiernos locales dirigen su política industrial apoyando a los productores locales mediante subvenciones, créditos económicos, rescates financieros y suministro de tierras, y orientando la contratación hacia las empresas locales (por ejemplo, abasteciendo la flota local de taxis con autos de la empresa automotriz local).

   Además, entre las empresas estatales chinas se incluyen muchas compañías automotrices. Las empresas estatales de propiedad central se coordinan a través de la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado y se espera que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del gobierno. En cambio, algunas empresas estatales automotrices como SAIC, BAIC y Chery son propiedad de las autoridades provinciales, que son conocidas por apoyar industrias no rentables para proteger los empleos y la capacidad de fabricación.

   Se sabe que el respaldo político a “campeones locales” por parte de las autoridades provinciales, combinado con las intervenciones de estímulo del gobierno central, conduce a una sobrecapacidad estructural, como fue el caso del sector siderúrgico a mediados de la década de 2010, cuando el gobierno central finalmente se vio forzado a imponer cierres y consolidaciones. Aunque la sobrecapacidad puede considerarse como un despilfarro económico, genera una lucha darwiniana por la supervivencia empresarial y la innovación tecnológica, la cual alienta a los internacionalmente competitivos campeones de la exportación. Esto es lo que le espera actualmente al sector de los EV, afectado por una fragmentación severa. La incipiente guerra de precios se intensificará a medida que los subsidios se reduzcan progresivamente y la demanda interna en China continúe siendo débil. Sin embargo, ofrecer mayores economías de escala a los eventuales ganadores en este momento de ajuste de cuentas es probable que haga que los EV chinos sean aún más competitivos a nivel internacional.

   La adopción por parte de BYD y el gobierno chino de una política industrial dirigida por el estado y de la producción integrada verticalmente refleja, de una manera más general, una tendencia destacada, aunque incipiente, dentro de la economía mundial. Mientras que esta tendencia tiene eco en el giro industrial impulsado por los subsidios de Biden, la Unión Europea se sigue aferrando a una visión posfordista y a una nostálgica esperanza de revivir la globalización y sus largas cadenas de suministro. La investigación en curso que adelanta la Unión Europea sobre los EV chinos probablemente recomiende un aumento en los aranceles de importación, que actualmente corresponden a un tercio de los aranceles estadounidense, con un modesto 9%. En marzo de 2024, la Unión Europea comenzó el registro de los EV chinos en las aduanas, lo que significa que estos aranceles podrían aplicarse retroactivamente. Sin embargo, los aranceles de importación darán poco consuelo sin una reflexión más profunda sobre la estructura cambiante de la producción mundial. Los países occidentales deberían darse cuenta de que en muchos sectores, como en el de los EV, están —por primera vez en la historia moderna— en una situación de rezago tecnológico con respecto a un competidor más avanzado, al cual también consideran como un rival geopolítico clave. En lugar de centrar su atención en incrementar el gasto militar y en avivar el miedo a una guerra mundial, los países occidentales deberían tomarse en serio el desafío tecnológico e industrial de China.

   Este artículo fue traducido del inglés por Natalia Silva.

5. La inflación como lucha distributiva

   abril 5, 2024 12:29 pm Comentarios desactivados en La inflación como lucha distributiva

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   El 24 de enero de 2024, la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina convocó a una huelga general de doce horas, la primera en casi cinco años, apenas cuarenta y cinco días después del inicio del mandato del presidente Javier Milei. Esta acción fue una respuesta directa a las primeras medidas propuestas por la nueva administración y representó parte de la lucha por mantener los logros laborales frente a reformas que amenazan con desmantelar los pilares de los derechos de los trabajadores. Una semana después de la huelga, uno de los principales líderes sindicales, Pablo Moyano, advirtió sobre futuras acciones intensificadas en respuesta al debate en torno a la “Ley Ómnibus” en el Congreso.¹ La CGT está “más unida que nunca” después de la huelga, afirmó, señalando un sindicalismo fortalecido y altamente alerta.

   Desde la victoria de Néstor Carlos Kirchner en 2003, Argentina ha experimentado una creciente polarización política. Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, gobernaron desde 2003 hasta 2015 con un claro sesgo hacia los trabajadores. En 2015, la coalición gobernante liderada por los Kirchner fue derrotada por Mauricio Macri, un empresario que impuso una agenda “gradualista” pro-capital. En 2019, Macri fue derrotado por la coalición liderada por Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidente, volviendo a un gobierno con una orientación más pro-trabajo. Milei es parte de este ciclo de alternancias volátiles. Su gobierno se presenta como un “shock” pro-capital.

   En los primeros días de su mandato, Milei nombró a exfuncionarios del gobierno de Macri como ministros y/o asesores: Caputo (ex-ejecutivo de JP Morgan y ex-ministro de Finanzas), Sturzenegger (ex – Presidente del Banco Central), Bullrich (ex – ministra de Seguridad).² Y apenas unos días después de asumir la presidencia, el Tribunal Oral de Corrientes (una de las provincias argentinas donde el partido de Milei ganó) concedió la libertad condicional al represor Horacio Losito, que tenía tres cadenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Después de su inauguración el 10 de diciembre, Milei enfatizó la necesidad de reducir el déficit fiscal en un 5 por ciento del PIB, cuya carga recaería en el “Estado y no en el sector privado.” Esto implica que el ajuste seguiría a partir de una reducción del gasto en lugar de un aumento de impuestos, con los mayores efectos en los empleados públicos.

   El diagnóstico de Milei es que la inflación es impulsada por el déficit fiscal financiado a través de la emisión de moneda. Esta es una visión de consenso en el ámbito mainstream argentino, y respaldada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para Milei, la inflación es un fenómeno monetario y la única solución es un ajuste de shock. Pero este diagnóstico es profundamente defectuoso: la utilización de la capacidad instalada en la industria apenas alcanza el 65 por ciento y no hay tal cosa como “exceso de demanda” en la economía. El resultado más probable del ajuste de Milei es una profunda recesión.

   Un diagnóstico alternativo

   En Argentina, las tasas de crecimiento han sido bajas durante varios años; el empleo registrado total y la actividad económica han permanecido estancados desde 2011, y la población que vive por debajo de la línea de pobreza ha alcanzado el 40 por ciento. Los salarios reales han estado disminuyendo desde al menos 2017, todo acompañado por una inflación crónica que alcanzó el 276,2% interanual (datos de febrero de 2024). Los gobiernos alternativos han sido incapaces de abordar estos problemas económicos.
   
   Las bajas tasas de crecimiento de Argentina se atribuyen a sus bajas reservas internacionales: 28 mil millones de dólares en reservas totales cuando el país necesita 5 mil millones de dólares por mes para importaciones. En consecuencia, hay un espacio limitado en la política económica para impulsar la demanda interna sin profundizar la crisis de balanza de pagos. En Argentina, como en otros países con una estructura productiva incompleta, un aumento en la demanda interna impulsa la producción local, fomenta la inversión y conduce a un aumento en las importaciones (la mayoría de la maquinaria y equipos necesarios para aumentar la producción se importa). Si las exportaciones no aumentan lo suficiente y el lado financiero de la balanza de pagos está prácticamente cerrado, como en Argentina, el sector externo queda estrangulado. El Banco Central comienza a perder reservas internacionales; debe devaluar la moneda porque no puede defender el tipo de cambio. El aumento en el tipo de cambio resulta en un aumento en los niveles de precios internos: tanto los productos importados como los exportados se vuelven más caros en la moneda local. Dado los salarios nominales, los trabajadores ven una disminución en los salarios reales y tienen una menor participación en el ingreso nacional, lo que crea una recesión. Este fenómeno se conoce como ciclos de stop-and-go.³

   En este diagnóstico, la alta inflación no se explica por un “exceso de demanda,” sino que se explica por el conflicto sobre la distribución del ingreso.⁴ En Argentina, hay una presión constante por parte de los sectores agrícolas e industriales exportadores para devaluar la moneda y reducir los costos de producción en dólares. Por otro lado, en un país con fuertes bases sindicales, los trabajadores locales y los capitalistas no exportadores buscan proteger el mercado interno. Después de una devaluación, los trabajadores reclaman salarios nominales más altos. Así, la inflación se convierte en conflicto.

   En una economía con alta inflación, los costos de producción aumentan a tasas elevadas. Múltiples factores influyen en los precios: salarios, beneficios, tipo de cambio nominal, tarifas de servicios básicos, precios de productos importados y exportados, entre otros. En medio de una crisis de balanza de pagos, los salarios nominales y el tipo de cambio nominal son las variables más importantes en Argentina para explicar cambios en el nivel de precios.  

   Los salarios nominales dependen de una canasta de subsistencia para los trabajadores (que es un salario mínimo o piso salarial) y la capacidad para negociar salarios más altos en la lucha por la distribución del excedente. En Argentina, los sindicatos son fuertes y tienen el poder de vetar gobiernos, pero lo mismo ocurre con los rentistas agrarios, representados por la Sociedad Rural Argentina.

   Argentina exporta productos agrícolas, y la escasez de reservas en el Banco Central le permite a la Sociedad Rural retrasar o detener la venta de granos para exportación, lo que obliga a una depreciación del tipo de cambio nominal. La depreciación del tipo de cambio nominal permite a los rentistas exportadores reducir sus costos en dólares, ya que los salarios en dólares disminuyen. La depreciación del tipo de cambio nominal aumenta el precio de los bienes importados, tanto productos de consumo como equipos relacionados con la producción, en moneda local, lo que da a los trabajadores menos poder adquisitivo. La depreciación también afecta el precio de los bienes exportados y sus derivados, como carne, trigo y maíz, en moneda local, al aumentar el costo de la canasta básica de consumo. Dados los salarios nominales, los salarios reales disminuyen. La lucha por la distribución del ingreso se despierta entre los trabajadores que quieren salarios reales más altos y los exportadores agrarios/capitalistas que quieren salarios reales más bajos.⁵

   Veinte años de inflación

   Argentina es un exportador de materias primas, y las materias primas, directa o indirectamente, determinan la canasta básica de consumo. Los precios de las materias primas aumentaron drásticamente a finales de la década de 2000: en septiembre de 2006, el precio de la soya era de 200 dólares por tonelada. Para agosto de 2012, había alcanzado los 622 dólares por tonelada. A medida que aumentaba el precio de los alimentos, también lo hacía el costo de la canasta básica de consumo.

   En 2007, Néstor Kirchner restableció los convenios de negociación colectiva, otorgando a los sindicatos la capacidad de negociar sus salarios nominales con los empresarios. Esta medida fue extremadamente importante para mejorar la distribución del ingreso, pero al mismo tiempo abrió la puerta a la inflación debido al conflicto distributivo. Guiada por una poderosa política fiscal, la economía creció de manera constante a mediados de la década de 2000, y la tasa de desempleo cayó del 20 por ciento en 2003 al 7 por ciento en 2008.⁶ La incipiente lucha distributiva entre los trabajadores y los capitalistas preocupados por el mercado interno, por un lado, y los exportadores de productos agrícolas e industriales, por otro, había comenzado a tomar forma.

   Para 2015, Argentina alcanzó una tasa de inflación de aproximadamente el 25 por ciento anual. La situación empeoró bajo el mandato de Macri, quien comenzó su mandato con un tipo de cambio de 9 pesos por dólar. Para 2019, al final de su presidencia, la tasa se ubicaba en 59 pesos por dólar, marcando un aumento seis veces mayor. El tipo de cambio aumentó los precios, y los trabajadores negociaron salarios nominales más altos en los acuerdos salariales.⁷ Ese año, la tasa de inflación anual había crecido a más del 50 por ciento.

   Con cada aumento en el tipo de cambio nominal, o en el precio internacional de las materias primas, el precio local de estas materias primas también aumenta. A su vez, esto eleva el precio de la canasta de consumo. Los trabajadores, a su vez, demandan salarios nominales más altos para mantener su poder adquisitivo, lo que a su vez puede generar nuevos aumentos de precios. A través de este mecanismo, rondas sucesivas de lucha entre el tipo de cambio, los precios y los salarios conducen a una inflación persistente y crónica, y en el contexto de escasez de dólares podría llevar a la hiperinflación. Este fue el caso en Argentina. Al igual que su predecesor, Alberto Fernández no logró detener esta dinámica entre el tipo de cambio nominal y los salarios. La inflación alcanzó el 100 por ciento en 2022.

   Las primeras medidas de Milei

   En su primera política económica significativa, Javier Milei depreció la moneda local (en términos reales y nominales) casi un 100 por ciento, cambiando el tipo de cambio oficial de 400 a 800 pesos por dólar. Además, su gobierno introdujo un paquete de medidas para recortar el gasto público y reducir los subsidios a los servicios básicos. La depreciación real sustancial de la moneda local impactó significativamente en los niveles de precios, como lo demuestran los incrementos mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC): 25.5 por ciento en diciembre, 19.6 por ciento en enero y 13.2 por ciento en febrero. Estos incrementos representan acumulativamente un aumento del 70 por ciento en los precios durante el período de tres meses, resaltando los efectos inmediatos y profundos de la depreciación de la moneda en la economía. Se espera una disminución sustancial en los salarios reales y la participación de los salarios en el ingreso, ya que las tendencias históricas muestran que las depreciaciones reales a menudo van acompañadas de reducciones en los salarios reales. La Figura 1 ilustra cómo la participación de los trabajadores en el ingreso es esencialmente un reflejo del tipo de cambio real. Por supuesto, el FMI apoyó estas medidas (ver Figura 2 – X de la Directora del FMI).

   Figura 1: Tipo de Cambio Real (línea sólida) y Participación de los Trabajadores en el Ingreso en Argentina (línea guionada) (1946 – 2024).

   

   Figura 2:  Cuenta oficial de X de Kristalina Georgieva.

   

   La depreciación real del tipo de cambio también beneficiará a los sectores relacionados con las exportaciones de productos básicos que tienen ingresos denominados en dólares. A medida que disminuye la participación de los salarios, aumenta la participación de las ganancias. Este es el caso, por ejemplo, de los exportadores de soya y de bienes industriales, quienes verán una mejora en su rentabilidad esperada.

   La disminución de los salarios reales, junto con la reducción planificada del gasto público, llevará a un colapso en los niveles de actividad.⁸ Con la producción en declive, la cantidad de insumos importados necesarios para la producción también disminuirá. Esto permitirá al Banco Central continuar con la política de acumulación de reservas internacionales, que es crucial para estabilizar el tipo de cambio nominal y, consecuentemente, el nivel de precios. Como se puede ver en la Figura 3, el proceso de acumulación de reservas ya ha comenzado.

   Figura 3: International Reserves (in millions of $US)

   

   Las medidas tomadas por el gobierno de Milei, a corto plazo, resultarán en una disminución de los salarios reales y la participación de los salarios en la distribución del ingreso. Por el contrario, la participación capitalista en el ingreso nacional aumentará. Una disminución en los salarios reales y el gasto público real llevará a una caída en la producción y el empleo. En consecuencia, la cantidad de importaciones disminuirá, lo que permitirá al Banco Central acumular reservas para anclar el tipo de cambio nominal e intentar frenar la inflación impulsada por el tipo de cambio.

   La gran incógnita

   No está claro cómo las políticas económicas de Milei lograrán su objetivo de reducir el déficit fiscal. Una reducción del gasto público disminuiría la actividad económica y la demanda interna, lo que resultaría en una menor empleo e inversión privados, y a su vez, una caída en los ingresos públicos.

   Un superávit fiscal en este escenario es improbable. En algunas provincias y municipios de Argentina, el 90 por ciento del presupuesto se destina a salarios; las reducciones en el gasto requieren la disminución de los salarios, con efectos negativos en el consumo y la demanda. Aunque el gobierno puede elegir cuánto gastar al principio del año, el déficit es una función del nivel de actividad. 

   Por otro lado, reducir el déficit no garantiza la estabilización del tipo de cambio nominal sin acumulación de reservas internacionales. Los factores externos, como el tipo de cambio nominal, afectan la búsqueda de un superávit fiscal, y el gobierno de Milei tiene la intención de depreciar aún más el peso. Aunque el gobierno tiene como objetivo lograr un tipo de cambio con crecimiento del 2 por ciento mensual, lo que permitiría que la tasa de interés nominal del 80 por ciento (ver Figura 4) ofreciera ganancias sustanciales en términos de dólares, esto depende de la acumulación de reservas internacionales, que a su vez, depende de la tasa de interés..

   Figura 4: Tasa de Política Monetaria del BCRA

   

   Después de una depreciación del 100 por ciento con una tasa de inflación que supera el 200 por ciento, es probable que los participantes en el mercado cambiario esperen una depreciación adicional. Si la depreciación esperada sigue siendo alta, es posible que las tasas de interés actuales no sean suficientes para convencer a los participantes del mercado. Además, durante marzo, el Banco Central decidió reducir la Tasa de Política Monetaria al 80 por ciento.

   ¿Por qué el gobierno no aumenta las tasas de interés? Hay algunas posibles explicaciones. Varios componentes importantes de la coalición política de Milei se benefician de tasas bajas en relación con la evaluación esperada. Alternativamente, el gobierno podría estar llevando a la economía hacia la hiperinflación para imponer más tarde un régimen de dolarización.⁹

   La puja distributiva 

   El principal desafío del problema económico de Milei, sin embargo, radica en enfrentar la continua lucha distributiva sobre la inflación. Estabilizar el nivel de precios en Argentina requiere estabilizar el tipo de cambio nominal a través de reservas internacionales. Aunque el Sr. Milei declaró públicamente un congelamiento salarial para los empleados públicos, implementar esta política puede no ser tan sencillo como parece. En respuesta a propuestas que apuntan a los derechos de los trabajadores y a la privatización de empresas públicas, la CGT, la organización sindical más poderosa de Argentina, ha lanzado un plan de resistencia. Otras federaciones sindicales se han unido. El gobierno luchará por manejar las nuevas demandas de los sindicatos para ajustes salariales nominales. Por ejemplo, los sindicatos de maestros están negociando activamente salarios más altos, han rechazado la oferta del gobierno nacional y han convocado a un “Día Nacional de Protesta.” Si sus demandas no se cumplen, planean coordinar una huelga nacional con otros sindicatos.

   En Argentina, el poder de los trabajadores formales radica en los sindicatos, que negocian con una variedad de partidos políticos y gobiernos. Desde la década de 1940, la emergencia del peronismo forjó una relación simbiótica entre los sindicatos y el Estado, asignando a los sindicatos un papel fundamental en la política y la distribución de beneficios sociales. El establecimiento de sistemas de salud administrados por sindicatos durante la dictadura de Onganía en 1970 marcó otro hito significativo, solidificando a los sindicatos como un apoyo esencial para el bienestar de los trabajadores. La alta tasa de afiliación sindical en Argentina es un testimonio de su poder.¹⁰

   Figura 5: Relación entre cambio del salario real y cantidad de huelgas, por gobierno (1983-2023).

   

   La relación de Milei con los sindicatos determinará el destino de su gobierno. En su mensaje mesiánico de año nuevo, el Sr. Milei anticipó: “Si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre, que no quieren que nada cambie – no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas”. La capacidad para determinar el tipo de cambio nominal a través del Banco Central es la principal herramienta a disposición de Milei para disciplinar a los trabajadores, más allá del monopolio estatal de la fuerza. Milei podría buscar la hiperinflación, como él la llama, una “catástrofe social de proporciones bíblicas,” y culpar a los líderes sindicales por sus efectos, como ha amenazado en el pasado. O Milei podría optar por manejar hábilmente un acuerdo de precios y salarios con gran flexibilidad política, pero esto está en desacuerdo con la agenda propuesta. Si las propuestas de Milei no son aprobadas por el Congreso, la hiperinflación podría ser el próximo punto en la agenda.

   El desafío de cada gobierno argentino es cómo acumular reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio nominal mientras se gestionan simultáneamente las demandas políticas. La solución propuesta por el gobierno para la escasez de dólares es recortar el gasto y reducir los salarios reales, pero no está claro si este camino será políticamente sostenible. De 1999 a 2001, el gobierno de Fernando De La Rúa intentó reducir el gasto público para alcanzar un superávit fiscal, pero su mandato terminó prematuramente con la crisis social de 2001. Por lo tanto, el problema ahora comienza a ser político y social, girando en torno a la sostenibilidad política del gobierno. El coctel de tasas de pobreza en aumento, reducción del salario real y recortes en el gasto público tiene el potencial de generar importantes disturbios sociales.

   La administración de Carlos Menem implementó con éxito un ajuste similar en los años 90 después de una hiperinflación, pero el contexto político nacional e internacional era muy diferente: el Consenso de Washington estaba en su apogeo y una parte de los sindicatos participaron en las negociaciones. Hoy, las consecuencias políticas de tal ajuste son mayores. Macri intentó un enfoque “gradual” para el ajuste fiscal y no tuvo éxito. ¿En qué se diferenciaría un gobierno de “shock”? Históricamente, los gobiernos democráticos que no lograron negociar con los sindicatos recurrieron a la violencia institucional contra sectores populares o experimentaron hiperinflación y terminaron teniendo mandatos cortos en el poder ejecutivo.

6. Tesoro marítimo

   marzo 21, 2024 2:17 pm Comentarios desactivados en Tesoro marítimo

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   Desde el descubrimiento de algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo en 2015, Guyana ha entrado en un periodo de reconfiguración económica y geoestratégica. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), Guyana posee la sexta mayor reserva de petróleo de América y la decimonovena del mundo. Con un producto de alta calidad, costos de producción inferiores al promedio y un bajo consumo local, las reservas tienen un enorme potencial de exportación. Guyana se ha convertido rápidamente en el mayor productor de petróleo del mundo per cápita. 

   Aún está por verse si Guyana puede aprovechar esta oportunidad histórica. El actual acuerdo firmado entre el gobierno guyanés y ExxonMobil favorece a la multinacional estadounidense, pues asigna sólo el 54 por ciento de los ingresos a Guyana y carga al gobierno con impuestos y costos de desarrollo. En julio de 2017, el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI escribió en un informe restringido que el contrato era «demasiado generoso con el inversor» y contenía «una serie de lagunas»; además, señala que los «acuerdos actuales de producción compartida parecen tener regalías muy por debajo de lo que se observa a nivel internacional».

   Para aprovechar su riqueza en recursos, el gobierno guyanés debe navegar por una compleja red de presiones internacionales y nacionales. El descubrimiento de petróleo ha avivado tensiones imperiales de larga data y creado otras nuevas. Las disputas territoriales con Venezuela y las rivalidades regionales entre Estados Unidos, China y Rusia han agravado la inestabilidad interna. A medida que aumenta la producción, Guyana se ha convertido de nuevo en un campo de batalla para las ambiciones geopolíticas¹

   Gran lucha de poderes

   Guyana está situada cerca del océano Atlántico y el Gran Caribe, en las proximidades del canal de Panamá. Limita con Brasil, Venezuela y Surinam; estos dos últimos han sostenido permanentes disputas territoriales con el país. Antes del descubrimiento de petróleo, Guayana funcionaba como una economía agrícola menor, altamente dependiente de los ingresos por exportaciones de azúcar, arroz, oro, madera y bauxita. A pesar de su ubicación y reservas minerales, sigue siendo el segundo país más pobre de Suramérica, con un tercio de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza.

   Guyana está situada cerca del océano Atlántico y el Gran Caribe, en las proximidades del canal de Panamá. Limita con Brasil, Venezuela y Surinam; estos dos últimos han sostenido permanentes disputas territoriales con el país. Antes del descubrimiento de petróleo, Guayana funcionaba como una economía agrícola menor, altamente dependiente de los ingresos por exportaciones de azúcar, arroz, oro, madera y bauxita. A pesar de su ubicación y reservas minerales, sigue siendo el segundo país más pobre de Suramérica, con un tercio de la población viviendo por debajo del umbral de pobreza ² 

   Los intereses estadounidenses en Guyana datan del siglo diecinueve, cuando pensadores geopolíticos como Alfred Mahan describieron el mar Caribe y el golfo de México como el «Mediterráneo americano». Mahan argumentaba que el control sobre la región, en particular mediante la construcción del canal de Panamá, otorgaría a la Armada estadounidense una fácil movilidad entre el Atlántico y el Pacífico —lo que le permitiría reunir rápidamente sus flotas sin dividirlas entre dos océanos—, ofreciendo una ruta comercial segura para las exportaciones y el bloqueo a la entrada de rivales militares y económicos. 

   En el periodo de posguerra, esta perspectiva fue revivida por Nicholas Spykman, quien sostenía que Suramérica está separada del «Mediterráneo americano» por la selva amazónica y la cordillera de los Andes. En esta concepción del territorio americano se incluía una gran parte de México, cadenas de islas a lo largo de Centroamérica y países del norte de Suramérica como Venezuela y Colombia. Por su proximidad al punto de estrangulamiento bioceánico, Guyana estaba en el centro de este territorio. Hacía parte del interés imperial de Estados Unidos asegurar que el Estado continuara siendo totalmente dependiente a nivel económico y militar. No es casualidad, entonces, que, junto con Honduras, Aruba y Curazao, El Salvador, Colombia y Surinam, Guyana haya sido obligada durante mucho tiempo a actuar como base militar y defensora de los intereses regionales de Estados Unidos.³ El descubrimiento de petróleo no ha hecho más que exacerbar estas aspiraciones imperiales.

   Estados Unidos no es la única potencia interesada en el futuro de Guyana. Guyana y Brasil comparten una frontera terrestre permeable de 1.605 kilómetros en la Amazonia. A finales del siglo diecinueve y principios del veinte, comandantes militares de Brasil como Mário Travassos y Carlos Meira Mattos veían a Guyana como una plataforma de acceso a los puertos del norte del continente, el Caribe y el Atlántico Sur. Guyana era considerada como el punto ideal desde el cual defenderse de las incursiones estadounidenses en Suramérica. Se aseguraba que los abundantes recursos estratégicos de la Amazonía atraerían la «codicia externa», por lo que era necesaria una estrecha integración entre los países amazónicos. En décadas más recientes, Brasil ha actuado con base en estos objetivos a través de la promoción de un polo de desarrollo transnacional entre Brasil, Guyana y Venezuela. Este objetivo también se ha amplificado por el descubrimiento de petróleo.

   La relación altamente conflictiva de Venezuela con Guyana gira en torno a una disputa territorial sobre el Esequibo y las zonas marítimas que se remonta a 1841, cuando las potencias coloniales británicas invadieron este rico territorio. Aunque la disputa se resolvió nominalmente en 1899 mediante arbitraje internacional, nunca se zanjó por completo. Pensadores venezolanos como Rubén Castillo mostraron la pérdida territorial como un desastre para la seguridad y la economía de Venezuela. En la década de 1960, una nueva lectura venezolana del caso de 1899 condujo a entablar nuevas denuncias ante las Naciones Unidas (ONU) en 1963 y 1965, en las cuales se sostenía que el arbitraje anterior estaba sesgado por la manipulación británica de evidencia cartográfica y una composición desequilibrada del tribunal. El resultado, según los teóricos jurídicos venezolanos, fue un «compromiso obtenido por extorsión».

   Después de una comisión de investigación en 1966, Guyana y Venezuela firmaron el Protocolo de Puerto España, que suspendía cualquier reclamación de soberanía sobre el territorio durante los siguientes doce años. Bajo el gobierno de Hugo Chávez, surgió un espíritu de cooperación e integración, que incluyó la condonación de las deudas de Guyana con Venezuela y, en los posteriores gobiernos, el intercambio de arroz y petróleo en el marco de los acuerdos de PetroCaribe, firmados en 2009. ⁴ 

   La intervención de Exxon

   Dada la limitada capacidad estatal de Guyana, la extracción, el procesamiento o la regulación, la investigación y la explotación de los recursos petroleros se han llevado a cabo en gran medida por compañías extranjeras, principalmente estadounidenses. El interés de ExxonMobil por Guyana se remonta a mediados de la década de 1990, cuando, tras completar una serie de estudios geológicos, la compañía identificó las aguas profundas del país como una «zona de interés petrolero». En 1999, una filial firmó un acuerdo para perforar en una vasta concesión marítima. Durante años, la compañía no logró mucho, principalmente debido a la disputa por la frontera marítima entre Guyana y Surinam, que comenzó en 2000 y se resolvió en 2007, lo que allanó el camino para que Exxon reiniciara la explotación un año después. 

   En mayo de 2015, Exxon anunció su primer gran descubrimiento en Guyana: el yacimiento Liza 1. Para 2020, Exxon había invertido cerca de 5.000 millones de dólares en la producción de petróleo guyanés. Hasta ahora, se han encontrado dieciocho pozos en el bloque Stabroek, situados a unos 200 kilómetros de la costa de la capital, Georgetown, en aguas de entre 1.500 y 1.900 metros de profundidad, con reservas que están a unos 3,6 kilómetros por debajo del lecho marino. ⁵ La mayoría de los pozos se encuentran en el territorio oriental de la costa guyanesa, fuera de la región de Esequibo. 

   Hasta la fecha, Guyana no ha sido capaz de reunir los requerimientos tecnológicos o de mano de obra cualificada necesarios para desarrollar su industria energética; sin embargo, las aspiraciones de desarrollar capacidad estatal e incrementar la inversión han sido el motor de la política nacional de la última década. En 2018, el gobierno anunció su intención de formar una compañía petrolera nacional y aplicar una política de contenido local, creando centros logísticos e institutos científicos y tecnológicos especializados, además de formular una legislación fiscal apropiada. Raphael Trotman, el entonces ministro de recursos naturales, hizo explícitos esos planes, mientras el ministerio redactaba un borrador de políticas de contenido local. Pero no ha habido ningún progreso: la última vez que el gobierno mencionó la posibilidad de una compañía nacional petrolera fue en 2020. ⁶

   Para enfrentar la gran falta de capacidad, en 2019 el gobierno guyanés obtuvo un préstamo de 20 millones de dólares del Banco Mundial, destinado al desarrollo de capacidades administrativas y reguladoras en el sector petrolero, que actualmente depende de trabajadores cualificados de países vecinos como Trinidad y Tobago, Venezuela, Brasil y Estados Unidos.⁷ Como era de esperarse, Exxon y otras grandes compañías petroleras privadas han podido explotar las etapas iniciales de la industria cooptando e influyendo en las políticas nacionales. Las divisiones étnicas y políticas existentes en el país han ofrecido un entorno ideal para este tipo de intervenciones externas. Desde que Guyana se independizó del Reino Unido en 1966, la población indoguyanesa —que constituye el 40 por ciento del país y está representada por el Partido Popular Progresista (PPP)— ha disputado el poder con la Asociación para la Unidad Nacional (APNU, por sus siglas en inglés), la cual representa a la población afroguyanesa —que constituye el 30 por ciento del país—.

   En mayo de 2015, el partido de oposición APNU, liderado por David Granger, ganó las elecciones generales de Guyana, lo que puso fin al ciclo de veintitrés años de mandato del PPP. El gobierno de coalición del APNU obtuvo una frágil mayoría, liderando con un solo escaño. Solo nueve días después de las elecciones, ExxonMobil anunció el éxito de los descubrimientos de petróleo de Stabroek. Al año siguiente, el gobierno de Granger firmó un nuevo contrato con ExxonMobil, con el cual se revisaba y modificaba el acuerdo de 1999. A pesar de algunas ganancias adicionales para Guyana, el contrato favorecía abrumadoramente a la compañía petrolera. Muchos ciudadanos guyaneses se opusieron a la falta de transparencia en torno al contrato, y una cláusula que concedía una bonificación de 18 millones de dólares al gobierno tras la firma del contrato generó aún más sospechas. 

   Cuando el contrato finalmente se hizo público, reveló enormes oportunidades perdidas. Open Oil, una empresa de análisis alemana, estimó que Guyana no captaría más del 54 por ciento de los recursos económicos del contrato. A modo de comparación, el acuerdo de Ghana para la extracción de petróleo marítimo le otorgó el 64 por ciento. Un análisis exhaustivo del contrato señala que, en términos de superficie, el contrato de arrendamiento de Guyana es más de 100 veces mayor que el de Estados Unidos en el golfo de México. El gobierno guyanés pagará impuestos en nombre del contratista y será responsable de reembolsar todos los costos de desarrollo para poder acceder a los ingresos de la inversión, estimados en 20.000 millones de dólares para 2024. Una cláusula contractual también prohíbe a Guyana renegociar, enmendar o modificar unilateralmente el acuerdo. El 45 por ciento de las participaciones en el bloque Stabroek está en manos de un consorcio compuesto por una empresa privada estadounidense llamada Hess Guyana Exploration y la empresa estatal China National Offshore Oil Corporation (CNOOC); además, el contrato exige que se indemnice al consorcio si cualquier acción gubernamental afecta los beneficios económicos acumulados.

   La producción comercial en Stabroek comenzó a finales de 2019. En julio de 2020 Exxon ya producía 98.000 barriles de petróleo al día en Liza 1, con el objetivo de alcanzar los 120.000 barriles al mes siguiente y 750.000 barriles al día para 2025. De tener éxito, estas cifras convertirían a Guyana en el sexto mayor productor de petróleo en América.⁸ However, the Guyanese government recently estimated that the consortium produced and sold 31.8 million barrels in 2020 (87,000/day), its first full year of production, failing to meet the annual target of 100,000 barrels per day.⁹

   Algunas estimaciones sugieren que la producción futura tiene el potencial de cuadruplicar el PIB actual del país, con entradas anuales de 15.000 millones de dólares, y los ingresos públicos podrían alcanzar los 5.000 millones a finales de la próxima década. Estimaciones más audaces sugieren que la extracción podría generar entre 7.000 y 27.000 millones de dólares en ingresos brutos al año durante los próximos treinta años.¹⁰ The excitement over the discovery was so great that Neil Chapman, a member of Exxon’s board of directors, called it “a fairy tale.”¹¹ La expectativa por el descubrimiento fue tan grande que Neil Chapman, miembro del consejo de administración de Exxon, lo calificó de «cuento de hadas».Más tarde, en 2018, Rex Tillerson, el ex director general de Exxon y ex secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que los descubrimientos permitirían «convertir nuestro hemisferio en el centro indiscutible del suministro energético mundial».¹² 

   Sin embargo, hasta ahora, estas expectativas han demostrado ser demasiado ambiciosas. La rentabilidad del 25 por ciento que Exxon dio a sus inversores en 2012 se redujo al 6,5 por ciento en 2019, mientras que su capitalización bursátil cayó de 527.000 millones de dólares en 2007 a 150.000 millones de dólares en la actualidad. Con el reciente anuncio de Exxon de que recortaría sus inversiones, el proyecto en Guyana se ha convertido en el activo estratégico clave para la compañía, mientras lucha por mantener la confianza de los inversores. 

   El regreso del imperio

   Por el momento, el hallazgo de petróleo también ha avivado disputas globales y regionales centenarias, como las tensiones entre Guyana y Venezuela. En 2007, Exxon despejó el camino para sus primeras incursiones en Guyana, justo cuando Hugo Chávez nacionalizó proyectos gestionados por British Petroleum, Exxon, Chevron, Conoco Philips y Total and Statoil, los cuales constituían el 25 por ciento de la producción de petróleo de Venezuela, con más de 17.000 millones de dólares en inversiones. Exxon entró prontamente en largas disputas legales contra el gobierno venezolano en torno a la explotación petrolera, pero fue derrotada en los tribunales y sufrió grandes pérdidas financieras.¹³ En octubre de 2013, un buque de la Armada venezolana interceptó una embarcación de exploración petrolera perteneciente a la compañía texana Anadarko Petroleum, la escoltó y arrestó a su tripulación, que incluía a cinco estadounidenses. La oposición a Estados Unidos y una mayor apropiación de los ingresos del petróleo habían sido pilares de las políticas de Chávez desde el intento de golpe militar respaldado por la CIA en 2002.

   Tras el descubrimiento de Exxon en 2015, la Armada venezolana declaró una «zona de defensa integral» que abarcaba el área marítima en disputa con Guyana. El gobierno guyanés, respaldado por Colombia y Surinam, rechazó esta reclamación y prometió llevar el asunto ante la ONU, la Organización de Estados Americanos, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Mancomunidad de Naciones.¹⁴ El caso se sometió de nuevo ante la Corte Internacional de Justicia, y con las ganancias de Exxon se les pagó a los abogados de Guyana. 

   Las crecientes disputas territoriales con Venezuela empujaron aún más a Guyana hacia las manos de Estados Unidos, vinculando la defensa guyanesa con los intereses económicos de Exxon. Estados Unidos se ha aliado estrechamente con Guyana para defender su acceso estratégico a los recursos y preservar las relaciones con un gobierno amistoso que a la par es hostil a los intereses venezolanos. Entre mayo y agosto de 2019, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses promovió el ejercicio militar anual Nuevos Horizontes en Guyana, proporcionando capacitación a sus tropas en ingeniería, construcción y atención médica, lo que involucró un aparato militar desproporcionado para el supuesto propósito de asistencia cívica humanitaria. Durante la ceremonia de clausura, el general Andrew Croft, comandante de la Fuerza Aérea del Sur, declaró que Guyana se encuentra en una ubicación estratégica al borde de Suramérica y el Caribe. ¹⁵ Algunos analistas han señalado que la presencia militar estadounidense en Guyana es una maniobra para cercar a Venezuela, lo que se suma a la presencia militar y las bases de Estados Unidos al occidente del país, en Colombia.

   La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2017, así como la Estrategia de Estados Unidos para el Compromiso con el Caribe 2020, de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, determinan la política de compromiso para combatir el narcotráfico y la delincuencia transnacionales en el Caribe. 

   La militarización estadounidense ha respondido a la creciente presencia económica y militar de poderes externos aliados al gobierno de Maduro, especialmente de China y Rusia. El modelo de «petróleo por préstamos» comprometió cerca de la mitad del los ingresos petroleros venezolanos con China y Rusia. Aunque China tiene una participación marginal en la explotación de petróleo en Guyana es, sin embargo, un actor crucial en la disputa de poder global y en Suramérica. En julio de 2018, el gobierno de Guyana firmó un memorando de entendimiento con China para sumarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), con varios proyectos destinados a transformar la ciudad guyanesa de Lethem en un importante centro de comercio. La petrolera estatal china CNOOC es la tercera mayor operadora del bloque Stabroek¹⁶Guyana podría considerarse otro potencial objetivo para la creciente necesidad de China de encontrar recursos naturales por fuera de sus fronteras. 

   En medio de estos acontecimientos contrapuestos, el norte de Suramérica se ha transformado de nuevo en un frente de batalla para las grandes potencias: mientras Estados Unidos y la Unión Europea dominan en Guyana y Surinam, Venezuela acoge a China y Rusia. A medida que se intensifique la competencia por los recursos, el Gran Caribe seguirá siendo una región estratégica para el poder de Estados Unidos, una región en la que ese gobierno está dispuesto a emplear su vasta presencia militar en el mundo.

   Este artículo fue traducido del inglés por Natalia Silva.

7. Cien días de Milei

   1:24 pm Comentarios desactivados en Cien días de Milei

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   La elección de Javier Milei a la presidencia argentina en noviembre provocó conmoción por todo el país. Aunque su personalidad mediática no lo hacía del todo un outsider, a su partido La Libertad Avanza (LLA), formado en 2021, le faltaba fundamentalmente experiencia política: hasta la inauguración de su gobierno en diciembre, este no contaba con gobernadores ni representantes en el Senado y con apenas tres puestos en la Cámara de Diputados. 

   La efectividad de este relato de la extrema derecha de Milei se explica por una larga agonía de estancamiento, empobrecimiento e inflación. Argentina terminó el año 2023 con todos los números en rojo: el salario promedio más bajo (320 USD) desde la gran crisis del 2001, una devaluación del peso del 78 por ciento, una caída del 1,8 por ciento del PBI, el 44 por ciento de la población viviendo bajo la línea de pobreza, sin reservas financieras para hacerse cargo de una deuda externa asfixiante y una inflación anual del 160 por ciento y en clara aceleración. Ante las sucesivas crisis de los proyectos neoliberales y del ocaso de los proyectos progresistas latinoamericanos, Milei llegó a la presidencia blandiendo una motosierra y prometiendo recortes, ajuste, austeridad y sufrimientos colectivos. 

   En los meses posteriores a las elecciones, muchos analistas han especulado sobre los tipos de políticas que el autoproclamado capitalista libertario podría atreverse a hacer y, en última instancia, lograr aprobar. Las dos propuestas más destacadas de Milei, el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) y la “ley ómnibus,” se han tambaleado en medio de disputas políticas con opositores e incluso antiguos aliados. Después de los primeros 100 días de su presidencia, ¿qué ha logrado Milei? ¿Y qué presagia esto para los años venideros?

   Una agenda desenfrenada

   En su primera semana de gobierno, Javier Milei armó un gabinete cooptando algunos dirigentes opositores y manteniendo distancia de los espacios políticos que le habían dado su apoyo en el balotaje. Con alianzas políticas precarias a las que nunca dejó de mirar con desconfianza, Milei comenzó a dominar la agenda política de forma frenética. A los días de asumir presentó un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) para desregularizar una gran variedad de sectores económicos: apertura a la privatización de varias empresas estatales, desregulación de los controles de precios, flexibilización de la ley laboral, liberalización de los mercados inmobiliario, energético, turístico, farmacéutico, de comunicación y de salud, entre otros.

   Esta iniciativa iba más allá de un intento desregulatorio: por sus dimensiones y alcances, el DNU pretendía refundar toda la vida social del país sobre un dogmatismo ultra-capitalista. Bajo el mismo espíritu, a la semana siguiente Milei envió al congreso una ley ómnibus de más de 660 artículos con el simbólico nombre de “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Por su profundidad era prácticamente una reforma constitucional. Además, incluía dos puntos que despertaron la alarma tanto de la clase política como de diversas fuerzas sociales.

   Por un lado, la propuesta pedía declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, tarifaria, energética y administrativa, lo que le daría al presidente “facultades extraordinarias” para decidir sobre esos temas sin pasar por el congreso por casi la totalidad de su mandato. Por otro, la ley promovía un código de seguridad destinado a penalizar toda forma de protesta social, con penas de hasta 5 años “a quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación” que obstaculice la circulación urbana y otras condiciones ridículas, tales como el cobro de multas a las organizaciones que participen en protestas o la prohibición de interrumpir el tránsito.

   La suerte de Milei con ambas iniciativas no fue muy auspiciosa. La misma noche del decreto las calles de la Ciudad de Buenos Aires se poblaron de protestas. Mucho más potente aún fue la convocatoria a un paro general para finales de enero. Al mismo tiempo el poder judicial respondió a las solicitudes de medidas cautelares presentadas por asociaciones civiles y centrales sindicales declarando la inconstitucionalidad de varios puntos del decreto. Así se logró derribar, por ejemplo, la parte del decreto que planteaba la desregulación del derecho laboral, limitaba el derecho de huelga y flexibiliza el régimen contractual y de indemnizaciones.

   Sin embargo, a la hora de pasar la ley por el Congreso el gobierno encontró la oposición menos esperada de parte de liberales y conservadores, es decir, sus potenciales aliados. Luego de dos semanas de sesiones infructuosas, LLA no consiguió los votos necesarios para aprobar la ley en la cámara de Diputados debido, en gran medida, a su inexperiencia parlamentaria y a la intransigencia del poder ejecutivo.

   Una semana después, Milei abrió un nuevo foco de conflicto, esta vez con los gobernadores de las provincias por la distribución de los impuestos y recursos nacionales. Esta situación disparó una rebelión de los gobernadores y reavivó la disputa histórica entre federalismo y centralismo. Asimismo, al confrontarse con gobernadores y espacios políticos que le habían acompañado en el balotaje, no está claro aún si se trata de una estrategia para monopolizar todo el voto de derecha o para aprovechar la primavera de los primeros 100 días de gobierno y avanzar con reformas radicales, o simplemente sea una muestra de su inoperancia política para construir alianzas. 

   Es imposible gobernar desentendiendose del juego político inherente al funcionamiento del Estado y las fuerzas sociales. LLA acumula solo 38 de 257 bancas en la Cámara Baja, 7 de 72 en la Cámara Alta. No posee ni gobernadores ni intendentes, y tampoco tiene un armado político propio en esos territorios. Con esta débil construcción política la gobernabilidad depende del apoyo de otras fuerzas políticas. Además, cualquier medida gubernamental nunca es ajena a lo que sucede en las calles, en un país con larga tradición de organización social y en medio de una crisis social que no cesa de empeorar. 

   Un ajuste

   La total desregulación de precios, la quita de subsidios a la energía, la devaluación del 100 por ciento del peso con respecto al dólar se sumaron a la inercia inflacionaria para confluir en un aumento de precios de casi el 50 por ciento sólo en diciembre y enero. Sin embargo, esta pauperización de los ingresos no es una consecuencia no deseada, sino parte sustantiva del plan económico de Milei: desde un primer momento la política antiinflacionaria consistió básicamente en una licuación de los salarios y las jubilaciones, y una brutal recesión autoinducida.

   Esto ha implicado importantes recortes de gastos. Según los datos publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en enero los gastos totales de la Administración Nacional registraron una caída real de 11,9 por ciento interanual (a/a), donde el rubro de los programas sociales fue el más fuertemente afectado con un recorte de casi el 60 por ciento respecto al año anterior. En estos sectores la gravedad de la situación es acuciante y se hace cada vez más difícil esperar el cumplimiento de promesas mesiánicas. 

   En primer lugar, se ha acelerado la pérdida del poder adquisitivo de los salarios formales. Si bien Argentina aún cuenta con un nivel alto de sindicalización en términos latinoamericanos, lo que permite un mínimo de protección mediante negociaciones paritarias y luchas gremiales, la ofensiva contra el trabajo es una de las batallas principales del gobierno libertario. Distinta es la situación de los trabajadores informales y cuentapropistas, que en Argentina explican el 45 por ciento de la mano de obra empleada y quienes dependen día a día del nivel de la actividad económica. 

   Las clases medias también se han visto golpeadas debido a que la mayoría de los productos que están en el centro de sus patrones de consumo -educación privada, obra social prepaga, vacaciones, combustible- aumentó por encima del promedio de la inflación, y no existen instrumentos de ahorro para protegerse debido a la baja de la tasa de interés.

   Aunque por supuesto donde la crisis está golpeando con más dramatismo es en los sectores de más bajos ingresos, con un impacto aún mayor en las mujeres. Estas serán las más perjudicadas debido a que la feminización de la pobreza se profundiza con cada crisis que agrava la brecha de ingresos, las diferencias en el acceso al mercado laboral y la desigual distribución de las tareas de cuidado. Hay que añadir que, junto con las mujeres, son las personas trans, travestis y no binarias -ausentes en las estadísticas públicas- quienes registran los niveles más altos de informalidad laboral.

   Igual de alarmante es la situación de los jubilados y pensionados, un sector que viene siendo muy castigado por las dos administraciones anteriores, pero que ahora se ha convertido en la principal variable de ajuste para lograr el ansiado superávit fiscal: la reducción del gasto provisional, mediante una licuación feroz de las jubilaciones, explica el 1.5 por ciento de la proyección de reducción del déficit fiscal prevista para este año.

   Este combo puede convertirse en un problema para Milei quien encontró apoyo entre todos estos sectores y que no han recibido ninguna buena noticia en estos meses; algo que representa un punto crítico para cualquier gobierno pero sobre todo para un gobierno que no logró, y que parece no desear, traducir ese apoyo popular en fortaleza institucional. Las señales económicas tampoco son claras y el presidente parece más concentrado en confrontar y polarizar contra ese enemigo amorfo que llama “casta” que en gestionar el Estado, forjar alianzas, paliar la crisis social y encauzar un modelo económico comprensible.

   El capítulo Milei

   Por lo pronto, las encuestas muestran que Milei sigue teniendo un nivel de apoyo alto entre quienes lo votaron, aunque no logró capturar nuevas adhesiones en una sociedad cada vez más polarizada. Pero a medida que pasa el tiempo y la crisis empeora, es probable que la paciencia con el gobierno “antisistema” de Milei disminuya. La noche del 20 de diciembre y tras el anuncio del decreto de necesidad y urgencia por cadena nacional se produjeron protestas en las puertas del Congreso Nacional. La fecha elegida tiene una alta carga simbólica debido a las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001 cuando se produjeron revueltas populares en todo el país que culminaron con la renuncia del presidente, 39 muertos y el comienzo de una crisis política que daría lugar a un nuevo ciclo histórico.   

   Ese mismo día y de forma confrontativa, el gobierno buscó estrenar el llamado “Protocolo Antipiquetes”. Desde la mañana hubo un fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en los puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, en el transporte público efectivos policiales filmaban pasajeros y controlaban sus pertenencias y en los altoparlantes de las estaciones de tren se leían mensajes amedrentadores. Con esto el gobierno buscaba instalar su posicionamiento frente a algunos de sus principales enemigos políticos, las organizaciones sociales, y afianzar así su política de control, disciplinamiento y persecución de la protesta social. 

   A 45 días de iniciado su mandato Javier Milei afrontó un paro general en tiempo récord. Fue más que una medida de fuerza gremial, ya que a las centrales sindicales se les sumaron movimientos sociales, colectivos feministas, organizaciones culturales y asambleas barriales recientemente reactivadas, convirtiendo el paro en una auténtica protesta multisectorial en rechazo a la Ley Ómnibus y el DNU. Aun es muy temprano para pensar si este giro aperturista de los sindicatos tendrá continuidad de aquí más, pero las alarmas están encendidas.

   Mientras la crisis social se agudiza, en el mes de marzo, el inicio de año escolar y los conflictos por las negociaciones salariales en el sector educativo, convergen con las dos movilizaciones más importantes del país: la huelga feminista que ya occurió el 8 de marzo y la marcha por los derechos humanos del 24 de marzo. 

   Como si no alcanzaran los motivos, tras la derrota parlamentaria de la Ley Omnibus, el gobierno insiste con provocaciones casi diarias a diferentes sectores: desfinanciamiento de organizaciones culturales, anuncios de cambios en las leyes migratorias, declaraciones sobre derogación de la ley del aborto, cierre de organismos ligados a los derechos humanos, etc. Se trata de una estrategia de apertura de múltiples frentes simultáneos para generar desgaste y, por ende, menores niveles de movilización. 

   Esto plantea un desafío estratégico para las organizaciones populares quienes deben moverse en el espacio de la respuesta ante cada ataque puntual del gobierno y la acumulación de fuerzas políticas, la formación de alianzas y el rearmado de estructuras militantes para transformar el escenario actual. No obstante, Argentina cuenta con una tradición potente de experiencias y resistencias desde abajo. Milei está tratando de remodelar el tejido social de Argentina, pero después de sus primeros 100 días en el gobierno, aún no está claro si lo logrará. 

8. ¿Paz Total?

   febrero 29, 2024 2:48 pm Comentarios desactivados en ¿Paz Total?

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   La llegada a la presidencia de Gustavo Petro en Colombia marca un punto de inflexión en su historia democrática, por ser la primera presidencia de izquierda al frente del gobierno, pero también por el papel central que le otorga a la paz dentro de su agenda política. El conflicto armado colombiano es el más violento de la historia del siglo XX (y XXI) de América Latina. Ha dejado más de 450 mil muertes, 50 mil secuestros y 8 millones de desplazamientos. Aparte, es el más longevo, pues inicia a mediados de los sesenta, y buena parte de sus raíces se remontan a los años cincuenta. Además, en el tablero de la violencia colombiana ha desembocado decenas de guerrillas, disidencias y facciones a las que se añaden estructuras paramilitares, violencia extrajudicial del Estado y cárteles de la droga. 

   El proceso de paz que impulsó el presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) (2012-2016) se vio severamente debilitado por las resistencias gubernamentales del presidente Iván Duque (2018-2022), el predecesor de Petro, a las condiciones del acuerdo. Gustavo Petro, por la otra mano, realiza una apuesta que funciona como una suerte de paz completa que, de partida, integra al Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero también a las disidencias de las FARC-EP surgidas tras 2016 y, asimismo, grupos herederos del paramilitarismo tras la entrega de armas de 2005. Estas negociaciones transcurren en un momento de erosión de la seguridad en el país, no solo por los niveles de producción cocalera de las últimas décadas, sino por la existencia de más de medio centenar de organizaciones armadas.

   Hoy el ELN es más fuerte que antes, dispone de más recursos armados y presenta una presencia territorial mucho mayor a la que tenía hace siete años. En 2010, el ELN tenía aproximadamente 1.800 miembros. En la actualidad, las estimaciones hablan de más de 3.500–4.000 guerrilleros, los cuales se han acogido a un cese al fuego intermitente con el gobierno. 

   Esta no es la primera vez que la guerrilla del ELN—guevarista en sus inicios en 1964—dialoga con el Estado colombiano. Desde comienzos de la década de los ochenta, los sucesivos gobiernos colombianos casi siempre otorgaron una atención especial a la paz, pero estos se han visto dificultados por un Estado que tiene más territorio que capacidades institucionales, y por las ganancias de las economías ilícitas—minería ilegal y narcotráfico—que nutrieron las finanzas de la violencia

   El proceso de paz del presidente Petro es excepcional por ser la primera ocasión en la que una agenda de negociación se construye sobre los avances de un proceso de paz previo, como fue el de Juan Manuel Santos, en 2016, con la guerrilla de las FARC. También es la primera vez que se propone una negociación que involucra simultáneamente a actores armados de distinta y opuesta naturaleza, y que hace un diagnóstico del conflicto en el que asume que es necesario sacar a todos los actores que incurren en la violencia al mismo tiempo. Esto para evitar que esos grupos se sigan transformando en nuevas disidencias y que sigan repitiéndose los ciclos de violencia que se han dado en las últimas décadas. El proceso ha tenido reveses: el ELN suspendió los diálogos la semana pasada, antes de anunciar esta semana que los reanudaría antes de las negociaciones programadas para abril.

   Hay mucho en juego: si el presidente Petro tiene éxito con esta agenda de paz “maximalista” el país podría ver una reducción significativa de la violencia y la democracia colombiana se vería fortalecida por una creciente legitimidad del Estado en su apuesta de integración social de los grupos armados disidentes. Sería también una validación del gobierno progresista de Petro. En contraste con administraciones previas, su diagnóstico identifica el conflicto histórico como una respuesta a inequidades estructurales en la distribución de la tierra y las oportunidades económicas de las personas. En un país sacudido por la violencia durante gran parte del siglo pasado, la ambiciosa promesa de paz tiene el potencial de determinar el legado de Petro. 

   Negociaciones fallidas

   El conflicto armado colombiano ha sido difícil de gestionar para los gobiernos de Colombia. Desde el final de la dictadura de Rojas Pinilla (1958–1982) el Estado colombiano funcionaba con los postulados del Frente Nacional: un acuerdo bipartidista, de alternancia perfecta, entre Partido Liberal y Partido Conservador.¹ Los gobiernos del Frente Nacional tuvieron como rasgo general la apuesta por crear las bases de un Estado moderno, invirtiendo mayormente en infraestructura, políticas sociales básicas e industrialización, de manera tal que el problema del conflicto armado, incipiente hasta finales de los setenta, no era una prioridad. Tampoco lo era la mitigación de unas condiciones estructurales que atizaron la violencia, como la falta de una reforma agraria o el desarrollo de mejores instrumentos redistributivos de la riqueza.    

   El primer intento formal por negociar con una guerrilla fue, en 1984, bajo la presidencia de Belisario Betancur con las FARC-EP y con el M-19, un grupo guerrillero y urbano activo hasta 1991. Desde entonces, un rasgo común en la mayoría de los procesos negociadores fue la falta de claridad para concebir una paz posible entre el Estado colombiano y la guerrilla por imprecisiones sobre lo que las partes entendían por democracia o la transformación de la sociedad.

   En el caso de las FARC-EP, inspiradas en el agrarismo radical, creían que era posible tomarse el poder por la vía revolucionaria, especialmente desde 1982, cuando dicho objetivo era más viable por la presencia débil del Estado. Por su parte, el ELN, por su firme convicción marxista-leninista, además de recelar cualquier llamado al diálogo durante toda la década de los ochenta y comienzos de los noventa, entendía que cualquier negociación requería cambios en el modelo económico profundamente extractivo, que eran difíciles de asumir en un proceso de paz que defendía la legitimidad del Estado. 

   Ambas guerrillas, desde mediados de los ochenta, fueron acumulando recursos y expansión territorial. Mientras que las FARC-EP llegaron a tener 18.000 combatientes y presencia en un tercio del país en la década de 2000, el ELN llegó a tener 5.000 efectivos, especialmente concentrados en emplazamientos concretos de Antioquia y Bolívar, y varios lugares del litoral Pacífico. Por supuesto, mucho tuvo que ver esa expansión territorial con las ganancias provenientes de las economías ilícitas, asociadas al secuestro y la extorsión. En concreto, el negocio cocalero en el caso de las FARC-EP, y el contrabando y la minería ilícita en el del ELN. Algunos trabajos estiman, por ejemplo, que el negocio de la droga llegó a superar, a finales de los noventa, más de 1.200 millones de dólares anuales. Así mismo, el secuestro se consolidó como la principal fuente de ingresos del ELN. Esto mientras el Estado carecía de una robusta presencia militar, pues a mediados de los noventa carecía de un solo policía en más de 300 municipios, mientras seguía siendo uno de los tres países con mayor inequidad de toda la región.

   El cambio con Santos

   La Política de Seguridad Democrática impulsada por el presidente Álvaro Uribe (2002–2010) partía de una premisa clara: alcanzar la paz en Colombia con base en la derrota militar de las guerrillas. Durante sus ocho años de gobierno se invirtió casi un 4 por ciento del PIB en Seguridad y Defensa, ampliando el número de estructuras al interior de las Fuerzas Militares, modernizando su doctrina y equipamiento. Por ejemplo, con la ampliación del cuerpo de policías y militares de 313.000 a 440.000. Todo esto mientras los paramilitares, por otro lado, no sufrieron las campañas militares dirigidas por el Estado. Mientras que al paramilitarismo se le ofreció un marco jurídico desmovilizador para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que benefició a más de 30.000 paramilitares (la controvertida Ley de Justicia y Paz) para las guerrillas se destinó una política estrictamente militarista. El resultado sería evidente: las FARC-EP y el ELN redujeron a la mitad su número de efectivos y su presencia territorial. Exhibieron una derrota estratégica, pero, asimismo, una capacidad de resiliencia en la periferia territorial colombiana en donde, desde 2010, se enquistaría el conflicto armado.

   Este enfoque cambió bajo la presidencia de Juan Manuel Santos (2010–2018) que, aun siendo inicialmente continuador de la política de confrontación uribista, terminó por asumir la necesidad de propiciar un diálogo de paz con la guerrilla de las FARC-EP que, a su vez, repercutió en el impulso de un diálogo con el ELN.

   Aunque el proceso con las FARC-EP no implicó una interrupción de la confrontación como condición para negociar, lo que hubo fue un claro desescalamiento del nivel de activismo armado por parte de la guerrilla, que mostró su compromiso por abandonar definitivamente la violencia armada. Esta actitud queda reflejada con un dato: si en 2012 las FARC-EP protagonizaron 824 acciones armadas en un total de 190 municipios, en 2015 esta cifra decaía en un 85 por ciento. Además, 2016 fue el primer año de la historia de Colombia en décadas en el que no se dio ninguna muerte entre la fuerza pública por acciones contra la guerrilla.

   El acuerdo diseñó un marco transicional de justicia que evitaba la aplicación de la jurisdicción ordinaria a cambio de tratos penitenciarios mucho más favorables y de exigir a la guerrilla su contribución especial a la verdad, justicia, reparación y no repetición. También se fortalecieron los mecanismos de protección y garantía para el ejercicio de la actividad política local de la guerrilla, un punto que sigue siendo una deuda pendiente ya que la violencia dirigida contra excombatientes de las FARC-EP o líderes sociales ha dejado, en los últimos años, más de 360 y 1.800 muertes, respectivamente, como resultado del vacío de poder que surgió tras el acuerdo. Finalmente, se recurrió a una entrega de armas bajo un dispositivo de verificación y seguimiento internacional y tripartito, formado por la guerrilla, el gobierno y las Naciones Unidas, que logró que se entregaran más 1,2 fusiles por cada exguerrillero desmovilizado.

   Paralelamente, y tras tres años de conversaciones exploratorias, a la vez que se había conseguido negociar con las FARC-EP y prácticamente cerrar el diálogo de paz de manera exitosa, el 30 de marzo de 2016, desde Caracas, se anunció el inicio formal de un proceso con el ELN. La agenda se reducía a seis cuestiones centrales: 1) participación de la sociedad por parte de ex combatientes, 2) democracia para la paz, 3) justicia para las víctimas, 4) transformaciones para la paz, 5) seguridad y paz para la dejación de armas y, finalmente, 6) garantías para el ejercicio de la acción política.

   Las dos estructuras más poderosas del ELN, el Frente de Guerra Occidental (FGOC), activo en Chocó, y el Frente de Guerra Oriental (FGO), con fuerte arraigo en Arauca, nunca mostraron una posición firme en favor de avanzar el diálogo. Pero los compromisos que se mencionaban desde la mesa de negociaciones rápidamente quedaban desdibujados por acciones armadas, hostigamientos y secuestros.

   Pese a todo, el proceso arrancó en febrero de 2017, aunque con muchos reveses, pues fuera de la mesa de diálogo la confrontación se intensificó, especialmente desde septiembre de 2017, cuando se registraron numerosas acciones armadas en Chocó y Arauca. Después de varias erupciones violentas durante un cese de fuego breve con Iván Duque como presidente y el proceso de diálogo paralizado, este llegó a una parálisis definitiva con el atentado del 17 de enero de 2019, dirigido contra una escuela de cadetes de la Policía Nacional, al sur de Bogotá, que dejó 23 muertos y 90 heridos.² A pesar del gran avance de Santos con los acuerdos de las FARC-EP, la paz después de 2016 siguió siendo difícil de alcanzar.

   La llegada de Gustavo Petro

   En los cuatro años de presidencia de Duque (2018–2022) fue impracticable cualquier escenario de interlocución con el ELN. Esto devino en una profunda erosión en materia de seguridad y defensa en el país, a lo que se añadieron trabas e incumplimientos al acuerdo con las FARC-EP. Entre 2018 y 2022, el ELN fue consolidando su posición en aquellos enclaves en donde tuvo especial arraigo y, asimismo, una condición cuasi-hegemónica. (Véase Mapa 1). Tal fue el caso de Arauca, la región del Catatumbo, el sur de Bolívar, el centro y norte de Chocó o emplazamientos concretos de Antioquia, Cauca y Nariño. 

   Mapa 1: Presencia territorial del ELN, 2018-2020

   

   En este tiempo proliferaron también numerosas disidencias que se reivindican como legítimas herederas de las FARC-EP y que se caracterizan por confrontar violentamente con el ELN, en yuxtaposición a otras presencias violentas, como el Clan del Golfo, que es el mayor heredero del proyecto paramilitar desmovilizado. Entre ambas expresiones de violencia, esto es, las directamente asociadas a las FARC-EP y las vinculadas con el paramilitarismo, se eleva a medio centenar el número total de grupos armados que rivalizan entre sí y a la vez con el Estado.

   El presidente Gustavo Petro, quien comenzó su mandato en julio de 2022, llegó a un panorama caracterizado por violencia extrema y conflicto territorial entre múltiples actores opuestos, todos los cuales tenían una relación distinta entre sí. Sobre estas circunstancias, la iniciativa de paz del presidente Gustavo Petro recibe el nombre de “Paz Total” (Ley de Orden Público 2272 de 2022), la cual es reconocida en su Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), y asume la transformación de la violencia producida por el conflicto armado como una cuestión prioritaria de su agenda de gobierno, una actitud que contrastaba con la del gobierno de Iván Duque, el cual, además de debilitar profundamente la implementación del Acuerdo de Paz, objetó muchos de sus componentes más importantes, como la Jurisdicción Especial para la Paz, optando por una aplicación selectiva del contenido suscrito por las FARC-EP. Tanto es así que, como recuerda el Instituto Kroc en sus informes, los avances integrales en su cumplimiento apenas han sido de un 2 por ciento anual.  

   Quedan varios obstáculos por delante. En los últimos procesos de negociación del ELN, una de las principales debilidades fue la persistencia de una constante agenda maximalista, conformada sobre diálogos imprecisos, generalistas y sobre elementos difícilmente mensurables. En el caso de la negociación del gobierno Petro uno de los retos está en lograr traducir las demandas grandes de transformación social y económica del ELN a una agenda específica de temas y acuerdos a los que se les pueda hacer seguimiento. 

   Otro de los puntos con los que no cuenta la negociación entre el gobierno Petro y el ELN es con un acuerdo alrededor de una entrega de armas como esquemas progresivos. Precisamente, la entrega integral de armas, como sucedió con las FARC-EP, fue uno de los elementos más exitosos de aquel proceso, aunque para la guerrilla supuso la pérdida del elemento con el que presionar el cumplimiento íntegro de lo suscrito. 

   En Colombia, desde mediados de los ochenta, los diferentes procesos de paz no han incorporado como elemento necesario para impulsar negociaciones el cese al fuego entre las partes contendientes. Cuando sí se instauró, como en los procesos de paz de La Uribe y Corinto, en 1984, respectivamente con las FARC-EP y el M19, resultó impracticable.     

   En esta ocasión, el cese al fuego ha estado presente como propósito desde el comienzo, y aunque el gobierno y la guerrilla consideraron esto como una prioridad, se han necesitado tres rondas de negociaciones para establecer un primer compromiso real por reducir las hostilidades. Desde el 3 de agosto de 2023 y hasta comienzos de 2024, por un periodo de seis meses, está prevista una ausencia plena de acciones armadas vigiladas por un mecanismo de verificación de dicho compromiso. 

   Por el momento, los niveles de desescalamiento han sido notorios, aunque desdibujados por un asesinato, justificado por la guerrilla y cometido el agosto de 2023, en San Vicente del Chucurí. Además, en contraste con los equipos de negociación previos, el actual equipo negociador por el que ha optado Gustavo Petro tiene una composición más amplia y heterogénea. En esta ocasión, el equipo negociador disfruta de una mayor paridad de género y pluralidad étnica, si bien sobresalen algunas importantes figuras políticas, como el senador Iván Cepeda y el presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Lafaurie. 

   En 2016, las negociaciones colapsaron en gran medida como resultado de la composición descentralizada y federal del ELN: los presentes en la mesa de negociaciones no controlaban a los de la FGO o la FGOC. Aun cuando dispone de órganos de mando centrales, en el ELN la toma de decisiones no es vertical, como sucedía con las FARC-EP. Por esa razón, las decisiones se hacen desde el diálogo horizontal con los Frentes de Guerra, de manera que la obediencia a posiciones se torna más compleja y conflictiva. Ya en el pasado esta ruptura de posiciones precipitó el fin del proceso negociador con el gobierno colombiano. Queda por ver el éxito de las iniciativas actuales, con el enfoque progresista pero todavía maximalista de Petro.

   Alcanzando Paz Total

   Si comparamos las capacidades de ELN en la actualidad con relación a las que tenía en 2017, todos los informes coinciden en destacar una vigente posición de fortaleza y consolidación territorial, especialmente en Arauca, Norte de Santander, Cesar, sur de Bolívar, Antioquia y parte del litoral Pacífico. Las cifras muestran tres tipos de tendencias crecientes y favorables para el ELN. Primero, todos los reportes coinciden en señalar un aumento notable en el número de efectivos, que en apenas siete años se habría duplicado, superando los 4.000. Por otro lado, las dinámicas de la geografía de la violencia apuntan a una consolidación cuasi-hegemónica en muchos lugares anteriormente controlados por las FARC-EP. En tercer lugar, parece innegable una mayor condición binacional, que le ha llevado a hacer más visible su presencia en los estados venezolanos de El Zulia, Apure, Táchira y Amazonas.

   El progreso de la Paz Total dependerá de muchos aspectos. Con el proceso de diálogo, los avances serán definidos por la consecución de consensos, pero eso dependerá de que el ELN logre garantizar una posición unívoca entre los frentes y estructuras más beligerantes y menos políticos de la guerrilla. En segundo lugar, para Petro, todavía falta ver si el cese al fuego contribuye a fortalecer una confianza ciudadana, particularmente en las comunidades que han sufrido los efectos del conflicto armado. Finalmente, será decisivo ver si el avance de las negociaciones de la Paz Total es capaz de neutralizar las confrontaciones internas entre grupos armados, las cuales tienen sus propias dinámicas de confrontación en torno a las economías ilegales, y hoy enfrentan al ELN, las disidencias de las FARC-EP y los herederos del post-paramilitarismo. 

   La negociación del gobierno de Gustavo Petro con el ELN sigue estando en curso. Ya terminó el sexto ciclo de diálogos (son ciclos de veinte días) entre el grupo guerrillero y el gobierno. Mientras tanto, se ha extendido el cese al fuego hasta agosto de 2024, así como la suspensión de secuestros extorsivos y el reclutamiento de menores de edad por parte del ELN. 

   Para el gobierno del presidente Petro, de todas las negociaciones que adelanta en el marco de la Paz Total, esta es la que está más avanzada, y la que tiene más promesas de salir adelante. Por eso al gobierno le resulta de la mayor prioridad mostrar que al menos esta negociación sí la puede completar en el caso de que las otras negociaciones de paz con grupos insurgentes no terminen en un acuerdo entre las partes. No sólo porque es una de sus promesas principales de gobierno y una de las razones por las cuales fue elegido, sino porque, de no lograrlo, le daría un triunfo importante a sus opositores en la derecha, que han defendido regresar a un enfoque militarista para enfrentar estos grupos guerrilleros, por lo que puede comprometer la consolidación de la izquierda en el poder político colombiano.  

   Pero aún si firma la paz con el ELN, tendrá todavía el reto de demostrar que la salida de este grupo sí tiene un efecto en la reducción de los indicadores de violencia, secuestros y narcotráfico. Actualmente no está claro que la salida del ELN se traduzca en mejores resultados de seguridad o que termine transfiriendo el poder a otros grupos armados. La violencia ya se ha trasladado a las principales ciudades, y muchos temen que se repita el acuerdo de paz entre las FARC-EP, en el que el desarme de un importante grupo armado fortaleció inadvertidamente a otro. Al menos, la paz con el ELN implicará el regreso a la vida civil de 5.850 combatientes, que según cálculos de inteligencia militar, son los integrantes actuales del grupo. Después de décadas de militancia y tráfico de drogas en zonas remotas del país, un plan de reintegración de esta escala requiere fortalecer el papel de la sociedad civil en la paz. 

   Y es que el ELN es una especie de confederación de grupos regionales que representan problemáticas específicas en las regiones. Por esa razón, la negociación con el ELN es también una oportunidad para que el gobierno pueda tramitar las transformaciones territoriales que las comunidades vienen pidiendo desde décadas atrás. Estos cambios, sin embargo, implicarán inversiones a largo plazo en infraestructura civil y provisiones básicas para corregir décadas de negligencia por parte del Estado. Una tarea tan inmensa, que requiere mucho más que las estipulaciones en la mesa de negociaciones, parece difícil de lograr en los próximos dos años y medio que quedan del mandato de Petro.

9. El G20 en el Sur

   febrero 24, 2024 10:20 am Comentarios desactivados en El G20 en el Sur

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   En diciembre de 2023, Brasil comenzó a presidir el G20. La presidencia de un año, que culminará en la cumbre anual que se celebrará en Río de Janeiro en noviembre de 2024, es la tercera de cuatro mandatos liderados desde el Sur global, después de Indonesia en 2022 e India en 2023, y precediendo a la ya decidida presidencia sudafricana en 2025. Cuando el primer ministro de la India, Narendra Modi, entregó formalmente la presidencia a Brasil el pasado noviembre, Lula anunció tres prioridades para “poner la reducción de las desigualdades en el centro de la agenda internacional: (i) inclusión social y lucha contra el hambre (ii) transición energética y desarrollo sostenible en sus tres aspectos (social, económico y ambiental) y (iii) reforma de las instituciones de gobernanza global.” Las propuestas fueron bien recibidas internacionalmente. Desde ahora hasta la cumbre de noviembre, la tarea es construir propuestas y acuerdos concretos que puedan cumplir estos objetivos.

   Aunque las propuestas del gobierno brasileño son progresistas, el diálogo multilateral del G20 continúa en el contexto de instituciones internacionales que existen desde hace mucho tiempo, reflejando el equilibrio del poder económico global a mediados del siglo XX. Forjadas después de la Segunda Guerra Mundial, instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ahora sustentan un sistema de gobernanza internacional que no representa los enormes cambios que han ocurrido en la economía mundial desde la década de 1970. Dominadas por países cuyas economías representan una parte cada vez menor de la producción y el comercio mundial, estas instituciones reproducen asimetrías de poder sobre los temas de la diplomacia multilateral, que hoy son indispensables para mitigar el cambio climático global y extender protecciones sociales sobre las poblaciones económicamente y socialmente vulnerables del mundo.

   El creciente protagonismo del Sur global entre los países que componen el G20 indica un cambio en el equilibrio de fuerzas dentro del grupo, y muestra cómo el momento es propicio para un cambio de estrategia. La última cumbre del grupo en Nueva Delhi ilustró la relevancia creciente del Sur global. Bajo la presidencia India, dos eventos importantes marcaron un cambio hacia la multipolaridad: la ausencia de una posición unilateral sobre la guerra en Ucrania y, más importante aún, la inclusión de la Unión Africana (UA) como miembro permanente del grupo.

   Figura 1: Miembros del G20 tras la Cumbre de 2023

   

   El crecimiento de protagonismo y, en consecuencia, de poder político del Sur global dentro del G20 favorece una nueva agenda global para el siglo veintiuno. Al asumir la presidencia rotativa por primera vez, el gobierno brasileño tiene una gran oportunidad para promover la coordinación entre países de ingresos medios para perseguir objetivos comunes.

   Aunque la diversidad política dentro del Sur global significa que una estrategia diplomática más formal para estructurar un bloque económico podría seguir siendo esquiva, las prioridades listadas por el gobierno brasileño identifican intereses comunes que pueden fortalecer la acción conjunta.

   El sur global en el G20

   Con la reciente incorporación de la Unión Africana, el mapa del G20 ha cambiado sustancialmente, con una participación mucho más amplia del globo representada ahora en las deliberaciones. Considerando criterios geopolíticos, así como geográficos y económicos, distinguimos a los miembros del Norte global del G20 como Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, República de Corea y la Unión Europea. Aquellos del Sur global son Sudáfrica, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, China, India, Indonesia, México, Rusia, Turquía y la Unión Africana.

   Agrupar a los países miembros del G20 según esta división ilustra los cambios de las últimas décadas. Las participaciones en el PIB global son un criterio ampliamente utilizado para el análisis económico internacional: desde el comienzo del siglo veintiuno, ha habido una transformación rápida en la importancia de los dos grupos de países. Los últimos datos de 2022 muestran que estamos viviendo en el preciso momento en que el Sur global está superando al Norte.

   Figura 2: Participación en el PIB mundial (en paridad de poder adquisitivo)

   

   Con el crecimiento de la economía mundial entre 1990 y 2022, la participación combinada en el PIB mundial de los países del G7 del Norte global cayó en una quinta parte, pasando del 57 por ciento al 37 por ciento (figura 3). El aumento de la participación en el PIB mundial del Sur global convierte al G20, en lugar del G7, en un foro de gobernanza global de indudable importancia.

   Figura 3: Participación del G7 en el PIB del G20 (en paridad de poder adquisitivo)

   

   Aunque la economía china lidera significativamente la trayectoria ascendente del Sur global, eso por sí solo no es suficiente para explicarlo. Al aislar las dos economías más grandes del planeta (EE. UU. y China), la Figura 4 muestra que la contribución de los otros países del Sur al crecimiento real del PIB del G20 ha sido, desde el comienzo del siglo veintiuno, casi invariablemente mayor que la de los otros países del Norte.

   Figura 4: Contribución al crecimiento del PIB real del G20 (%)

   

   Cuando analizamos la producción industrial, la transformación también es bastante significativa. Aunque existen diferencias sustanciales en la participación de cada uno de los países del Sur global en las cadenas de valor globales, en términos cuantitativos agregados la evolución del grupo de países es notable. En el momento de la creación del G20 en 1999, la participación de los países del Sur global en la producción industrial total del grupo era de alrededor del 10 por ciento. A partir de 2005, esta participación comenzó a crecer rápidamente, alcanzando casi el 50 por ciento en 2021 (figura 5). En los próximos años, a pesar del movimiento de “reshoring” promovido por los EE. UU., es probable que el Sur global supere al Norte, según este criterio.

   Figura 5: Producción industrial (% de valor añadido en relación con el total del G20)

   

   Desde el punto de vista del comercio internacional, la participación de los países del Sur global también está aumentando. Cuando se creó el G20, la participación del Sur en las exportaciones totales era de aproximadamente el 13 por ciento. En 2021 fue más del 30 por ciento (figura 6). El aumento en las exportaciones refleja el crecimiento en la producción de bienes industriales, como se demostró anteriormente, pero también la gran relevancia de los países del Sur global en la producción y exportación de bienes agrícolas y minerales. La figura 7 muestra la importancia del Sur en la producción de algunos de los alimentos más relevantes para la dieta de la mayoría de la población mundial. El Sur global ha sido durante mucho tiempo líder en la producción de arroz (China e India) y caña de azúcar (Brasil, India y China), pero en las últimas tres décadas los países del Sur también han expandido la producción de otros alimentos donde tradicionalmente la producción estaba concentrada en el Norte del G20.

   La producción de trigo y carne en el Sur global, por ejemplo, superó la del Norte en la década de 1990 y actualmente representa alrededor del 60 por ciento del total producido por el G20. El Sur comenzó a dominar la producción de soja a principios del siglo veintiuno, con una participación actual de alrededor del 60 por ciento (con énfasis en Brasil y Argentina). En la producción de maíz, los Estados Unidos sigue siendo el productor más importante individualmente, pero en nuestro análisis, al dividir los países participantes en dos bloques, el Sur global se ha vuelto más relevante que el Norte (principalmente debido a la producción china y brasileña), hasta con el maíz.

   Figura 6: Proporción del Sur global en las exportaciones totales del G20 (%)

   

   Figura 7: Producción alimentaria, productos alimenticios seleccionados (% en relación con el total del G20)

   

   En la imprescindible cuestión de la producción de electricidad entre los países del G20, los países del Sur global ya superaron al Norte en 2013 y actualmente superan la producción de este último en más del 40 por ciento. Aún más relevante que la cantidad producida es la diversidad de fuentes. La figura 8 muestra que el Sur global tiene una producción equivalente o mayor en fuentes consideradas limpias (como la energía hidroeléctrica, eólica y solar), pero que el volumen de producción de energía mediante la quema de carbón mineral sigue siendo extremadamente grande, principalmente debido a China e India.

   Estos datos demuestran la imposibilidad de pensar en la transición energética a nivel global sin la inclusión del Sur. Por un lado, esto subraya la importancia de que los países del Sur se comprometan con la reducción de emisiones, y por otro, exige una colaboración seria y un compromiso por parte del Norte hacia el Sur, incluyendo transferencias tecnológicas y acuerdos que aseguren que la transición se realice rápidamente y sin reforzar las desigualdades estructurales. También existen importantes heterogeneidades entre los países del Sur global, lo que hace que la transición energética sea más desafiante para unos que para otros. Por lo tanto, es crucial que la agenda ambiental dentro del ámbito del G20 se formule teniendo en cuenta los principales impulsores del aumento (y la reducción potencial) de las emisiones de carbono para cada país.

   Figura 8: Producción de electricidad, por fuentes, G20 (TWh)

   

   La otra cara de la moneda

   La relevancia creciente del Sur global en el G20, revelada por métricas económicas relacionadas con la producción y el comercio, no se refleja en el funcionamiento de los sistemas monetarios y financieros internacionales. Para el conjunto de los mercados internacionales de divisas, el volumen de transacciones que involucran al dólar estadounidense representaba el 90 por ciento en 1989 y el 88 por ciento en 2022.¹

   La resistencia del dólar contrasta con la pérdida de importancia relativa de la economía estadounidense en la producción mundial. En el mismo período, la única moneda emitida por el Sur global que ha experimentado un aumento notable es el renminbi chino, que ha pasado del 0 por ciento de las transacciones en 1989 al 7 por ciento en 2022. Considerando que el PIB de China actualmente representa alrededor del 15 por ciento del PIB mundial (en paridad de poder adquisitivo), esta sigue siendo una discrepancia enorme. Las monedas de grandes economías del Sur global, como India (2 por ciento) y Brasil (1 por ciento), son absolutamente marginales en la escena internacional.

   Esta asimetría en los sistemas monetarios y financieros internacionales tiene importantes impactos macroeconómicos globales, generando lo que Valérie Giscard D’Estain en una era anterior de política monetaria describió como un “privilegio exorbitante” para el país que emite la moneda clave y, para los países que emiten monedas periféricas, lo que hemos llamado una “carga obligatoria,”² ya que la marginalidad de su moneda legal en los mercados mundiales significa que a menudo enfrentan una mayor volatilidad en sus tipos de cambio, tasas de interés más altas en sus préstamos y, en consecuencia, menos autonomía en la política económica.³ La asimetría monetaria también es, por supuesto, una fuente de poder geopolítico. Con naciones dependientes de las ganancias en dólares en el comercio y los mercados financieros, los Estados Unidos utilizan su moneda, y los sistemas monetarios y financieros internacionales basados en ella, como armas de guerra.⁴

   Junto con la hegemonía del dólar estadounidense, las principales instituciones financieras multilaterales mantienen reglas de gobernanza que rozan lo anacrónico. El impacto profundo del voto y del poder de veto que tiene Estados Unidos en el FMI, por ejemplo, ignora los vastos cambios geopolíticos y económicos que han ocurrido en el mundo desde 1945, y refuerza las desigualdades entre países. La creación de los Derechos Especiales de Giro a finales de la década de 1960, si bien representa un cambio hacia el reconocimiento de un mundo emergente posterior a la Segunda Guerra Mundial, significa poco cuando el control sobre la institución emisora sigue estando tan fuertemente en manos de Estados Unidos.

   Más allá de la economía, el pueblo

   Junto con el análisis de los indicadores económicos, es pertinente analizar los datos demográficos de los países miembros del G20. La porción de población del Sur global ya era vastamente superior a la del Norte para el año 2022, y la entrada de la Unión Africana en el grupo a partir de 2023 desequilibró aún más este panorama. La Figura 9 muestra que más del 80 por ciento de la población del G20 (incluyendo a los miembros de las federaciones nacionales) se encuentra en los países del Sur. Según estimaciones de las Naciones Unidas (ONU), las poblaciones del Norte y del Sur global fuera de la UA se mantendrán relativamente estables o experimentarán un crecimiento modesto en las próximas tres décadas. Mientras tanto, se espera que la población de la UA aumente en alrededor de mil millones de personas, elevando la participación demográfica del Sur global en el G20 a alrededor del 86 por ciento del total.

   Figura 9: Población total, miembros del G20 (miles de millones de personas)

   

   Si sólo consideramos la población menor de veinte años, la discrepancia es aún mayor. La figura 10 muestra que, con la inclusión de la UA, el Sur global concentra actualmente casi el 90 por ciento de la población joven del G20, una situación que probablemente se mantendrá en las próximas décadas.

   Figura 10: Población menor de 20 años, G20 (miles de millones de personas)

   

   Estas métricas económicas y demográficas revelan la gran y constante importancia de los países del Sur global en el G20. Estas tendencias tienen indudables efectos geopolíticos, que indican el aumento del poder del Sur y favorecen su actuación como bloque en la búsqueda de intereses comunes.

   Agendas del Sur al Sur

   El aumento de peso y el consiguiente aumento del poder de negociación del Sur global en el G20 revela que estamos viviendo en un momento propicio para presionar en favor de una nueva estructura de gobernanza global que represente de manera más concreta las transformaciones económicas y geopolíticas de las últimas décadas. El esfuerzo del Sur global por ampliar su voz en las arenas internacionales no es nuevo, pero la situación actual permite que la presidencia brasileña aproveche las demandas de este grupo de países.

   Un factor importante es la expansión exponencial del poder geopolítico chino. Si los países del Norte global no ceden espacio a los demás países del Sur, favorecerán un acercamiento continuo con China. La expansión de los BRICS para incluir a seis nuevos países (Arabia Saudita, Irán, Etiopía, Egipto, Argentina y Emiratos Árabes Unidos), comenzando en 2023, por ejemplo, puede representar la creciente importancia de los foros de coordinación internacional al margen del G20.

   El contexto doméstico de Brasil también configura este importante momento en la política mundial. Después de seis años como paria internacional entre las naciones, Brasil está regresando a su papel de representar la posibilidad de desarrollo democrático social en el escenario mundial con la reelección de Luís Inácio Lula da Silva. En los primeros meses de su tercer mandato, Lula se reposicionó como un líder mundial clave, especialmente en temas relacionados con la paz, la lucha contra el hambre y la crisis climática. Para alcanzar estos objetivos en la economía mundial, es importante que la presidencia brasileña del G20 defienda vigorosamente propuestas de alivio o condonación de deudas para los países de bajos ingresos, especialmente en un contexto de ajuste fiscal ampliamente fomentado por los sistemas monetarios y financieros internacionales.

   El G20 ya ha demostrado su capacidad para este liberalismo fiscal. En 2020, buscando minimizar los impactos de la pandemia y las deudas públicas en las trayectorias de crecimiento de los países de bajos ingresos, el G20 estableció la Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI). Desde mayo de 2020 hasta diciembre de 2021, la iniciativa suspendió 12.9 mil millones de dólares en pagos de servicio de deuda para los países participantes,⁵ extendiendo el gasto social a los socialmente vulnerables en un momento de turbulencia económica global. Sin embargo, el valor fue solo un poco más de un cuarto del total anunciado en el lanzamiento.⁶ En 2022, el programa fue reemplazado por el Marco Común para el Tratamiento de Deudas Más Allá del DSSI, actualmente en vigencia. Ambos programas demostraron ser lentos, excluyentes de los países de ingresos medios y no pudieron atraer la participación completa de los acreedores.⁷ Hay espacio para avanzar con un proyecto mejor y más integral para renegociar o perdonar deudas para los países del Sur global.

   El tema de la deuda externa y la consiguiente falta de espacio fiscal están vinculados a otro problema crucial: el aumento de los costos de financiamiento climático. Los países sobreendeudados necesitarán aumentar el gasto en la transición verde si el G20 quiere alcanzar sus objetivos comunes. La renuencia de la comunidad internacional a proponer alternativas a la deuda de los países de bajos y medianos ingresos hace imposible que los países más vulnerables al cambio climático inviertan en mitigación y adaptación.⁸ El hecho de que el gobierno brasileño sea hoy un acreedor neto internacional solo aumenta la legitimidad de esta demanda.

   La política global de normas fiscales nacionales revela asimetrías en los sistemas monetarios y financieros internacionales que la presidencia brasileña del G20 puede comenzar a abordar. La resistencia de los países del Norte global a las reformas sigue siendo muy fuerte, pero el reconocimiento de las disfuncionalidades del sistema actual legitima las demandas del Sur. Algunos cambios no vendrán de cuerpos multilaterales deliberativos, sino más bien de transformaciones económicas y geopolíticas dramáticas e impredecibles. Sin embargo, las instituciones multilaterales en Bretton Woods son herramientas importantes y deben estar sujetas a diálogo y presión en las reuniones del G20.

   Además, la iniciativa brasileña de crear una Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza podría tener amplias repercusiones globales, si culmina en una propuesta concreta que incluya, sobre todo, una estructura de financiamiento y coordinación entre los diversos organismos gubernamentales. Con voluntad política y un diseño institucional efectivo, es posible mitigar la triste realidad de casi 800 millones de personas que pasan hambre en un mundo que produce cantidades suficientes de alimentos para alimentarlas. Este diseño puede basarse en historias de éxito del propio Sur global, como la de China, con su política de alivio de la pobreza dirigida, y la de Brasil, con su Política de Hambre Cero.

   Finalmente, el tema de la sostenibilidad, en sus iteraciones económicas, sociales y ambientales, debe tener prioridad, ya que atraviesa todas las cuestiones de financiamiento y coordinación planteadas por la agenda del G20 de Brasil. Financiar la transición verde, garantizar condiciones para la no explotación de áreas ambientales preservadas y la carga diferenciada de reducción de emisiones de carbono para los países del Sur y del Norte global son centrales.

   Brasil enfrenta aquí un impasse compartido por otros países del Sur y del Norte global: una situación en donde la transición energética ocurre lentamente presenta continuas oportunidades económicas para que uno de los mayores productores de petróleo del mundo siga con la exploración de petróleo en áreas como el Margen Ecuatorial. También ofrece nuevas formas de poder geopolítico (véase el movimiento para unirse a la OPEP+). En medio de la gravedad de la crisis ambiental actual, el gobierno actual debe mantenerse firme en la defensa de políticas ambientales efectivas. Dada la centralidad de la transición verde en la agenda del G20, y el hecho de que Brasil también será sede de la COP30 en 2025, el momento es oportuno para abrir canales de diálogo, asociaciones y financiamiento para mantener estos compromisos ambientales.

   Estos son algunos ejemplos de cómo los ejes prioritarios definidos por la presidencia brasileña del G20 pueden articular la creciente importancia del Sur global en el bloque e influir en cambios efectivos en las resoluciones de la cumbre de 2024. No hay soluciones nacionales para problemas globales. La pandemia claramente demostró el fracaso de las estructuras de gobernanza global actuales para coordinar soluciones colectivas. La vergonzosa carrera para comprar vacunas, cuando los países ricos garantizaron cantidades de dosis que superaban con creces sus necesidades mientras que la mayor parte del Sur global ni siquiera había garantizado la primera dosis para su población, ilustró claramente la necesidad de transformaciones.

   Asimismo, los problemas relacionados con las desigualdades estructurales o la crisis climática no se resolverán si los países ricos persisten en los mismos patrones de un sistema evidentemente defectuoso. Si el G20 no puede desafiar estas estructuras, no tiene sentido que sobreviva como un foro relevante. Por cada diez jóvenes en el G20, nueve están en el Sur global. Si la agenda del grupo presta más atención a un joven del Norte global que a nueve del Sur, el foro habrá fracasado. En este sentido, la presidencia de Brasil en el G20 puede desempeñar un papel histórico en la reorganización de la gobernanza global. Para hacerlo, tendrá que ser cautelosa en relación con las agendas impuestas por las instituciones multilaterales tradicionales, priorizando las necesidades del Sur global y favoreciendo la coordinación entre estos países, para actuar como bloque en la defensa de intereses comunes.

   Este ensayo fue traducido del portugués por Aminta Zea.

10. Anarcocapitalismo

    diciembre 21, 2023 6:49 pm Comentarios desactivados en Anarcocapitalismo

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    Desde principios de la década del 2000, la financiación del desarrollo en Argentina ha sufrido una profunda transformación.¹ En medio de una mora cíclica en la deuda y de interminables negociaciones con inversionistas extranjeros y el FMI, los préstamos chinos para inversión en el extranjero han captado poco a poco el interés del público. Entre los años 2007 y 2020, Argentina recibió $10,65 mil millones de dólares en inversión provenientes de compañías chinas, concentrados en los sectores de energía, minería y financiero.² Hoy en día, Argentina es el cuarto país dentro de la región que más recibe préstamos de China, con alrededor de $17 mil millones de dólares en total. Estos préstamos están destinados principalmente a apoyar la infraestructura del transporte, los proyectos energéticos y el impulso de las exportaciones nacionales. En el año 2022, el presidente Alberto Fernández acordó abrir líneas de financiamiento con China para un total cercano a los $23 mil millones de dólares a través del Diálogo Estratégico para la Cooperación y Coordinación Económica (DECCE) y de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, aunque esta última está aún pendiente de ser activada.

    Es dentro de este cambiante paisaje de préstamos que Javier Milei, quien se define a sí mismo como el “primer y verdadero reformista del libre comercio y presidente libertario de la historia”, ha sido elegido. Milei venció en las urnas a su contrincante, el exministro de finanzas Sergio Massa, en un país sufriendo una inflación del 140 por ciento y una caída vertiginosa en las exportaciones gracias a una sequía que terminó en pérdidas de $19 mil millones de dólares, casi el 3% del PIB nacional. 

    En términos económicos, Milei produce una sensación de déjà vu que recuerda a personalidades neoliberales de los 70, de los 90 y de la era Macri. Tanto su partido político como su gabinete provienen de administraciones anteriores, con figuras como Ricardo Bussi (el hijo del dictador y gobernador de la provincia de Tucumán), y miembros de la administración de Menem, dentro de quienes se encuentra el sobrino de Menem, Martín Menem, como presidente de la Cámara de Diputados. Es notable la cantidad de exministros del gobierno de Macri que forman parte del gabinete de Miliei, como Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Bausili, entre otros.

    Milei defiende las reformas al libre comercio radical y una robusta política de ajustes. Con la esperanza de abrir paso a una nueva era nacional de endeudamiento sustancial hacia la economía de occidente, originalmente prometió romper lazos con gobiernos “comunistas” como el de China y Brasil y, de forma, notoria, también prometió dolarizar la economía y liquidar al Banco Central. 

    Pero en menos de un mes desde su elección, la actitud de Milei hacia China dio un giro dramático: actualmente Argentina tiene una reserva neta en el Banco Central de menos de $10 mil millones de dólares, con reservas brutas que alcanzan los $23 mil millones de dólares. El 75 por ciento de las reservas está ligado a un acuerdo de permuta financiera (swap) con China. Cuando la embajada china suspendió el acuerdo, Milei se vio obligado como una de sus primeras movidas políticas  a disculparse con Xi Jinping.. Sin embargo, no fue suficiente – China suspendió la activación de 47 mil millones  de renminbis (equivalentes a 6,5 mil millones de dólares) de la permuta.

    La trayectoria de la orientación de Milei hacia China crea interrogantes en relación con desarrollos más profundos en el paisaje económico mundial. Esto sugiere que hay mucho más en juego que sólo la ideología — que, en ciertos contextos, los Estados Unidos y sus instituciones financieras afiliadas ya no pueden pretender ser los financiadores de las necesidades de desarrollo del sur global, y que la inversión china está aquí para quedarse. Además, esto indica que no todos los países del sur global están igualmente empoderados con el aumento de la competencia geoeconómica. Por el contrario, algunos se encuentran atrapados entre los poderes mundiales. 

    Ciclos de deuda

    En el mes de diciembre de 1982, el Banco Central argentino nacionalizó casi $17 mil millones de dólares en deuda privada, concluyendo un periodo de dictadura apoyado por Kissinger y caracterizado por algunos de los primeros experimentos con la reestructuración neoliberal. Esta decisión allanó el camino hacia la crisis de deuda de la década de los ochenta, la subsecuente desindustrialización y las políticas de reformas de ajustes, todo a  la mano de la represión social. 

    La economía argentina se ha mantenido en esta trayectoria cíclica desde ese entonces: un endeudamiento significativo da lugar a una crisis económica, que luego se usa para justificar las medidas de austeridad y la privatización. Estas medidas, en lugar de incentivar el crecimiento económico, generalmente empeoran la crisis y traen consigo un periodo de salida de capital.³ En las elecciones que siguen a este periodo, la coalición de centroizquierda en el poder se abstiene de desafiar el ciclo y escoge renegociar y volver a pagar la deuda en su lugar. 

    Es debido a este patrón que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denominó a la Argentina un “pagador serial”. Esta estrategia puede tener victorias temporales en circunstancias exógenas favorables, como un boom de mercancías. Pero, durante una recesión interna, la estrategia se confronta con políticas de ajuste estructurales y ello crea una enorme insatisfacción. La coalición de derecha eventualmente vuelve al poder.. 

    Figura 1: La Argentina como “Pagador Serial”: Deuda bruta por moneda como porcentaje del PIB

    

    La relación tóxica del país con el FMI ha estimulado su ciclo de deuda de forma persistente. En el 2018, los desastrosos efectos de los préstamos del FMI alcanzaron nuevos niveles, lo que hizo que se sobrepasará la capacidad de endeudamiento y diera lugar a una salida de capital que contradijo los estatutos del FMI.⁴

    Las políticas del FMI han sido conducidas por una agenda política distinta: Mauricio Claver, director ejecutivo del FMI y un consejero crucial para la administración de Trump en asuntos latinoamericanos, afirmó: “Todo lo que Trump hizo en el FMI fue para ayudar a Macri y prevenir que el Peronismo regresará a la Casa Rosada (el palacio presidencial argentino)”. Con la priorización de la exclusión de la izquierda política, estas políticas, sin pensarlo, le abrieron campo a la derecha.

    Luis Caputo, quien ahora funge como ministro de economía de Milei, tuvo el mismo cargo durante la administración de Macri. Caputo, economista con experiencia en el JP Morgan y en el Deutsche Bank, implementó un mecanismo de fuga de divisas a través del Banco Central durante el período de Macri. Este mecanismo implicó subastas de dólares con un valor inferior a las tasas del mercado, lo que resultó en una pérdida substancial de 66 mil millones de pesos. La conexión entre esta pérdida y los fondos del préstamo récord de Macri con el FMI se revelaron más adelante, lo que causó preocupación acerca de las salidas de capital. Como sorprendentemente lo reveló el mismo Milei en una entrevista en el año 2018, “Caputo lo vendió todo, esfumó $15 billones de dólares del FMI, y él es el responsable del desastre en el Banco Central.”

    Figura 2: Países con mayor endeudamiento con el FMI, en billones de dólares.

    

    Al asumir la presidencia, el gobierno del expresidente Alberto Fernández prometió separarse del neoliberalismo y preparar el camino hacia el crecimiento. Sin embargo, la reestructuración de la deuda liderada por el entonces ministro de economía Martín Guzmán, involucró la solicitud de un nuevo préstamo al FMI dentro del marco del Programa de Servicio Ampliado del FMI (SAF) y su aprobación en el Congreso. La evidencia histórica indica que los programas de ajuste estructurales, sean éstos “blandos” o “estrictos”, se quedan cortos en la resolución de problemas en Latinoamérica, y más bien los empeoran.⁵

    El acuerdo en sí resultó ser inflacionario y restringió la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas contra la inflación. Guzmán renunció luego de la firma del acuerdo con el FMI, y Sergio Massa, un curtido político, asumió el papel de ministro de economía. 

    Apertura a China

    Es en el periodo posterior a décadas de préstamos de instituciones occidentales que China se ha alzado como una alternativa atractiva. Los préstamos chinos ofrecen ventajas importantes si se les compara con los ofrecidos por su contraparte. Mientras que las finanzas en occidente vienen acompañadas de condicionamientos políticos y económicos a nivel local, China ofrece préstamos sin condicionamientos para grandes proyectos de infraestructura. Luego de un periodo de gracia de entre cinco y diez años, se espera que los países receptores devuelvan los préstamos gracias al crecimiento económico esperado. 

    Una condición que sí exigen los préstamos otorgados por China es que la tecnología china constituya entre un 30 y un 40 por ciento de las importaciones del país receptor, lo que amplía los mercados de exportación de China. En general, la economía occidental ha sido mucho más especulativa y de corto plazo que el “paciente” capital chino.⁶ Como lo indica la Tabla 2, los préstamos entre los estados de China y Argentina a través de garantías soberanas ascienden a casi $7,8 mil millones de dólares, y la mayoría de líneas de financiamiento se otorgó a proyectos de transporte y energía.

    Tabla 1: Tabla comparativa entre las economías occidental y china en Argentina

    Aspecto	Financiamiento de occidente	Financiamiento chino
    Condicionamientos	– Condicionamientos políticos y económicos locales – En su mayoría relacionado con programas de ajuste  – Condicionamientos geopolíticos	– Condicionamientos sin considerar la política local – Cláusula de tecnología: mínimo entre 30-40% de importación de tecnología china para impulsar exportaciones chinas7 – Cláusulas recíprocas de incumplimiento: si se detiene un proyecto, los demás se ven afectados
    Ciclo	– Especulativo y de corto plazo  – No genera condiciones de devolución – Generalmente sale del país – Vinculado a la expansión económica de los Estados Unidos	–Relacionado con proyectos en la economía real (embalses, plantas solares, líneas de exportación, etc.) – Espera generar condiciones de devolución  – Los swap son a largo plazo, de capital “paciente».8 Sin costo anterior a su activación.  – Vinculados a la expansión material china.
    Interest Rate	– FMI: alrededor del 10%	– Los préstamos e intercambios chinos son más bajos que las tasas de interés del mercado.  – Préstamos alrededor del 3%, intercambios alrededor del 6%.
    Adaptability	– Baja	– Alta

    Tabla 2: Préstamos dirigidos por bancos de desarrollo desde China hacia la Argentina (2010-2019). Por ente de financiamiento, proyecto, cantidad, tasa de interés y madurez.

    Año	Ente de financiamiento	Proyecto	Millones de dólares	Tasas de interés	Madurez (en años)
    2010	Banco de Desarrollo de China (CDB) y CITIC	Suministro de locomotoras, vagones de pasajeros, repuestos, herramientas, documentos técnicos, servicio técnico y capacitación técnica para la Vía Férrea San Martín	273	Libor + 3.15%	10
    2010	Export-Import Bank of China (CHEXIM)	Suministro de vagones de pasajeros, repuestos, herramientas, documentos técnicos, servicio técnico y capacitación técnica para la Vía Férrea San Martín	114	Información no disponible	8
    2014	Banco de Desarrollo de China (CDB) e ICBC	Rehabilitación de la Vía Férrea Belgrano Cargas	2100	Libor a 6 meses Tasas de interés Libor +2,9%, obligación del 0,125% y cuota de manejo del 0,20%	15,5 (con un periodo de gracia de 4,5 años)
    2014	Banco de Desarrollo de China (CDB); ICBC Y Banco de China (BoC)	Represas Hidroeléctricas del Río Santa Cruz	4714	Libor a 6 meses Tasas de interés Libor +3,8%, compromiso del 0,125% y cuota de manejo del 0,20%	15 (con un periodo de gracia de 5,5 años)
    2017	Export-Import Bank of China (CHEXIM)	Parques solares fotovoltaicos Cauchari I, II y IIIA	331	Tasas de interés al 3% (Préstamo basado en políticas – PBL) cuota de compromiso +0,75% y cuota de manejo 0,75%	15 (con un periodo de gracia de 5 años)
    2019	Banco de Desarrollo de China (CDB)	Adquisición de material rodante ferroviario para la Línea Eléctrica Roca	236	Libor a 6 meses Libor +2,4% de margen	10 (con un periodo de gracia de 3 años)
    Total			7768

    Las líneas chinas de intercambio de divisas han tenido un rol crucial en la estabilización de la macroeconomía argentina desde el año 2009, y han fortalecido las reservas del país en el Banco Central sin costos adicionales cuando se usan como un mecanismo de reserva. Desde 2008, el Banco Popular de China ha formado parte de acuerdos bilaterales de intercambio de divisas (BSAs, por sus siglas en inglés) con bancos centrales extranjeros, valiéndose de estos acuerdos para ofrecer soporte de liquidez a corto plazo a países socios más allá de las instituciones Bretton Woods. La Argentina ha sido un beneficiario significativo de estos acuerdos. El acuerdo de intercambio de divisas inicial, estimado en 70 billones de yuanes ($9,98 billones de dólares) se cerró entre el Banco Popular de China (PBoC) y el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

    En el 2017, durante la administración de Macri, el PBoC y el BCRA renovaron el acuerdo bilateral de intercambio de divisas por 70 mil millones de yuanes. Se firmó un acuerdo adicional de intercambio de divisas por 60 mil millones de yuanes en 2018, ascendiendo a un total de 130 mil millones de yuanes ($20 mil millones de dólares). En el 2022, Alberto Fernández renovó y extendió el intercambio con China a 150 mil millones de yuanes ($23,4 mil millones de dólares). Durante el período de Sergio Massa como ministro de economía, se habilitaron dos tramos de préstamo adicionales: el primero, equivalente a $5 millones de dólares, y al amortizarse este, se activó un segundo tramo por $6,5 mil millones de dólares. De esta última cantidad, se destinaron fondos para hacer tres pagos al FMI en yuanes: el 30 de junio, por $1,08 mil millones, el 1 de noviembre por $796 millones, y el siete del mismo mes por otros $884 millones.

    Tabla 3: Reservas del Banco Central de la República Argentina, desglosados – agosto de 2023

    Concepto	Mil millones en dólares
    1. Reservas internacionales brutas	23.8
    Pasivos brutos -Líneas de intercambio -China (de las cuales se activaron) – BIS Depósitos de requerimiento de reserva para moneda extranjera Otros (incluido el seguro de depósito) -SEDESA -Otros	34.1 20.9  17.9 6.5 3.0 10.3 2.0 1.8 1.0
    2. Reservas internacionales netas	-10.3
    Oro DEG Reservas de liquidez	3.8 0.0 -14.1
    Pro-memoria
    Tasas de interés nominal Forward de cobertura bancaria del Banco Central	-6.3 3.1

    Comercio chino y transformación industrial

    Hay que pagar un precio por el aumento de inversión proveniente de China. Desde principios de la década del 2000, China ha superado a los socios económicos tradicionales de Argentina, dentro de los que se encuentran Estados Unidos y Europa. En la actualidad, China ocupa el segundo lugar como socio comercial de la Argentina, seguido de Brasil. Típicamente, el comercio chino constituye entre el 8 y el 10 por ciento de las exportaciones argentinas. Sin embargo, el saldo comercial de Argentina ha sufrido déficits crecientes, especialmente con China y Estados Unidos.

    Figura 3: Balance comercial de Argentina con Estados Unidos y con China

    

    Mientras China escapaba de las políticas de “terapia de choque”,⁹ Argentina sufría las consecuencias de las recurrentes olas neoliberales, el desarrollo industrial en los países experimentaba caminos divergentes.¹⁰ Esto llevó a un giro significativo en la matriz productiva, a medida que Argentina sufría una desindustrialización gracias al aumento en la demanda de materia prima y de recursos naturales.¹¹

    Figura 4: Porcentaje de participación de la industria en el PIB de Argentina y China.

    

    El aumento del comercio con China ha intensificado aún más este giro. La soya constituye el principal producto de exportación de Argentina hacia China, lo que equivale a un tercio del total. Cumplir con la demanda de soya de los chinos a su vez ha transformado el paisaje económico argentino por completo.¹² Las Figuras 5 y 6 ilustran el profundo desequilibrio en la diversidad de exportaciones e importaciones entre los dos países. 

    Figura 5: Exportaciones de Argentina hacia China

    

    Figure 6: Argentina Imports from China

    

    Limitaciones estructurales

    Milei no es el primer líder argentino en oponerse a los crecientes lazos económicos con China. Desde el 2015, la administración de Macri ha intentado restringir la cooperación y hacer énfasis en una alianza geopolítica con los Estados Unidos. Pero más adelante, también, las realidades económicas obligaron al gobierno a revertir el curso. Durante los primeros siete meses del gobierno de Mauricio Macri, China redujo las importaciones de soya en un 30 por ciento y las importaciones de aceite de soya en un 97 por ciento. Durante la reunión del G20 de 2016 en China, Macri logró restaurar el comercio de soya. Debido a que los proyectos financiados por la China generalmente incluyen una cláusula “recíproca de incumplimiento” que garantiza el cese de todos los proyectos, si tan sólo uno se detiene, las repercusiones de retirarse son enormes. 

    Entonces, la orientación de Milei hacia China no es algo nuevo. A pesar de que sus relaciones económicas con China se solidifican, Argentina sigue casada con su alineación al occidente. Pero, al igual que gobiernos anteriores, el de Milei deberá llegar a acuerdos con la cambiante conformación de la economía mundial: el pago de la deuda que Argentina tiene con el FMI depende de la continuación de sus exportaciones a China.

    La incapacidad de Milei para conseguir nuevo financiamiento de los entes de financiamiento occidentales puede llevar a su administración a aceptar los avances económicos diplomáticos de China, lo que llevaría a una situación similar a la de Bolsonaro en Brasil.¹³ Esto puede resultar en una fortalecida dependencia económica en las manos de China. Sin embargo, mientras Brasil está capitalizando las relaciones con China mediante un importante superávit comercial, centros de innovación y fondos del Nuevo Banco de Desarrollo, Argentina se presentará a China como un “deudor desesperado”. El gobierno chino está presionando a Milei para que confirme que su administración mantendrá el interés de China en Argentina.  

    El caso de Argentina entonces pone en presente dos duras realidades: la primera es que el financiamiento y la inversión china en el sur global cumple más con una necesidad estructural que con una elección política; la segunda es que, aunque el surgimiento de superpotencias que entran en competencia generalmente crea oportunidades para los países del sur, también puede hacerlos caer en un pozo sin fondo. El caso de Argentina es una excepción, al estar atrapado en giros pendulares sin una clara estrategia internacional.